A recordar

20 de febrero de 2019

La criminalidad de Felipe Solá se asocia con la masacre de Pte Pueyrredón y con la legalización, y cómo la hizo, del modelo de soja transgénica-glifosfato

 15 años de soja: La prueba del delito


La soja transgénica y el uso de glifosato fueron aprobados hace 15 años en un trámite exprés, sólo 81 días, y en base estudios de la propia empresa Monsanto. Por primera vez el expediente de 146 páginas es analizado en clave científica por seis investigadores.

Por  Darío Aranda, especial para lavaca

El lunes 25 de marzo de 1996 fue un día soleado en la ciudad de Buenos Aires, fresco por la mañana, calor por la tarde, como tantos del comienzo del otoño. En el amplío despacho de Paseo Colón 982, entonces Secretaría de Agricultura, se aprobó el expediente que iba a modificar radicalmente la estructura agropecuaria de Argentina. Luego de un trámite que sólo llevó 81 días, el secretario de Agricultura Felipe Solá firmó la resolución 167 que autorizó la producción y comercialización de la soja transgénica, con uso de glifosato. A quince años de ese día, por primera vez, científicos de distintas disciplinas tuvieron la posibilidad de leer el expediente y estudiar las pruebas sobre la supuesta inocuidad del cultivo. De la lectura se confirma que la autorización carece de estudios sobre efectos en humanos y ambiente, la información es incompleta y tendenciosa, y cuestionaron que el Estado argentino no haya realizado investigaciones propias y tomara como propios los informes presentados por la parte interesada (la empresa Monsanto). En Argentina hay 19 millones de hectáreas (el 56 por ciento de la superficie cultivada) y se utilizan al menos 200 millones de litros de glifosato.
Cuando el periodista se comunicó con el área de prensa del Ministerio de Agricultura y solicitó “las pruebas que sirvieron para aprobar la soja transgénica”, del otro lado del teléfono se escuchó una risa seguida de un amplio “¿qué?”. Al instante, ya recobrada la compostura, el prensa ministerial prometió que haría todo lo posible y llamaría al redactor. Como era de esperar, nunca hubo llamado de respuesta.
La foja número 1 es un carta, fechada el 3 de enero de 1996, del subsecretario de Alimentos de la Secretaría de Agricultura, Félix Manuel Cirio, dirigida al presidente del Instituto de Sanidad y Calidad Vegetal, Carlos Lehmacher. “Tengo el agrado de informarle que la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (Conabia), en su reunión de 21 de septiembre, consideró que en lo referente a bioseguridad agropecuaria no habría inconvenientes para la comercialización de la semilla”, informa Cirio, pero no se adjunta ninguna nota donde se informe en base a qué estudio la Conabia habría dado el visto bueno.
En el segundo párrafo da un paso más. “En lo concerniente a bioseguridad para consumo humano y/o animal, le adjunto copia de la documentación presentada por la empresa Monsanto ante la Administración de Alimentos y Drogas (FDA)”. Le siguen 106 carillas en inglés, un informe fechado en 1994 y con carátula de la empresa productora de semillas transgénica y glifosato.
La foja 135 es tan breve como contundente: “Autorizase la producción y comercialización de la semilla y de los productos y subproductos derivados de ésta, provenientes de la soja tolerante al herbicida glifosato”.


“Tendencioso, arbitrario y poco científico”
En enero de 2009 la presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó un decreto por el cual ordenó la creación de la Comisión Nacional de Investigación sobre Agroquímicos. Seis meses después, trascendió un informe titulado “Evaluación de la información científica vinculada al glifosato en su incidencia sobre la salud y el ambiente”. Seis capítulos y 130 carillas que recopiló estudios y donde fue recurrente una conclusión: la necesidad de investigaciones sobre los efectos del glifosato. No definió si es inocuo o perjudicial. A pesar de la incertidumbre, la Comisión no cuestionó que se continúe utilizando en el país 200 millones de litros de glifosato al año. En el escrito influyó la mirada del Ministro de Ciencia, Lino Barañao, reconocido funcionario afín a la industria biotecnológica y con pasado laboral en empresas del sector.
Pocos científicos se animaron a opinar en ese momento, temerosos de perder sus becas de trabajo y subsidios estatales.
Profesora titular de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de la Plata (UNLP) e investigadora independiente del Conicet, Norma Sánchez, fue una de las pocas científicas que se animó a analizar, y cuestionar, el informe que en 2009 realizó el Ministerio de Salud, Conicet y Ministerio de Ciencia sobre la supuesta inocuidad del glifosato.
“El objetivo del informe implica una visión reduccionista y fragmentaria que pretende simplificar una situación compleja, excluyendo al sujeto y parcializando la construcción del conocimiento. El informe es una simple enumeración de bibliografía, con muy poco análisis crítico, reflexivo y comparativo de sus resultados. Las conclusiones son inconsistentes y confusas. Parece ignorar que la ciencia es una construcción social que debe cuestionar aspectos éticos y contribuir a alterar políticas de acción que no conduzcan al bien común”, lamentó la investigadora en 2009.
Cuando en 2010 el periodista la invitó a analizar la resolución de Agricultura que liberó el uso de la soja, no lo dudó. “El expediente de aprobación es, desde el punto de vista científico, tendencioso, arbitrario y poco científico. La mayor parte de los resultados en puntos de extrema importancia como la parte de consumo humano, o los tests ecotoxicológicos en ratones, pollos y peces, donde no encuentran ningún problema, corresponden a sus propias investigaciones que figuran en referencias como reportes técnicos de Monsanto. Pero también hay algo engañoso, citan trabajos de científicos, publicados en revistas científicos conocidos, pero que pertenecen al grupo de investigación de Monsanto. Son juez y parte”, denuncia Sánchez.
El expediente asegura la falta de aparición de malezas resistentes al glifosato y la nula toxicidad en vertebrados. “Está bien que para 1996 no había tantos trabajos como ahora, pero esto ya está totalmente demostrado que es falso”, explica Sánchez y adjunta un listado de investigaciones actuales que desmienten a Monsanto. Califica como un “reduccionismo” que los estudios solicitados a Monsanto analicen sólo los efectos de la planta cuando es consumida por humanos y animales: “Esto es recortar el problema. Este cultivo transgénico forma parte de un ‘paquete tecnológico’ que ineludiblemente conlleva al uso de glifosato en grandes cantidades. ¿Y entonces? Aunque la soja fuera totalmente inocua, que hacemos con el glifosato?”.
“Hay innumerables puntos para marcar en el expediente. Un ejemplo grosero se encuentra en el folio 13, donde se reconoce que en algunos experimentos los resultados no le permitieron hacer los análisis estadísticos correspondientes, pero no obstante sacan conclusiones en relación a la calidad nutritiva de la soja transgénica. No dan una sola cita bibliográfica que apoye lo que están diciendo. Mencionan estudios hechos por Monsanto, pero no los citan en bibliografía ni dicen quién los evaluó”, puntualiza.
Sánchez, docente de la cátedra Ecología de Plagas de la UNLP, no tiene dudas de que el expediente “resulta altamente cuestionable por la falta de independencia. La mayor parte de la bibliografía es del grupo de investigación de Monsanto. Lo fundamental pasa por la irresponsabilidad de todo el procedimiento”. La investigadora explica que la Conabia debería haber evaluado la solicitud de permiso a través de estudios multidisciplinarios específicos llevados a cabo tanto localmente como en el exterior, con aplicación del enfoque precautorio, criterios técnicos y en base a conocimientos científicos independientes. “En este caso todo el conocimiento provino de las investigaciones realizadas en Estados Unidos y por investigadores, en su mayor parte, ligados a la empresa interesada”.

“Es el informe oficial de Monsanto”
En 2004, cuando pocos científicos fijaban su mirada en los efectos sanitarios del modelo agropecuario, el médico Alejandro Oliva coordinó una investigación que llevó tres años, abarcó seis pueblos de la Pampa Húmeda y confirmó la vinculación directa entre malformaciones, cáncer y problemas reproductivos con el uso y la exposición a contaminantes ambientales, entre ellos los agrotóxicos utilizados en los agronegocios. El trabajo fue realizado por Oliva junto a su equipo del Hospital Italiano de Rosario, el Centro de Investigaciones en Biodiversidad y Ambiente (Ecosur), la Universidad Nacional de Rosario, la Federación Agraria local y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
Oliva leyó el expediente pero (de manera cortés) rechazó hacer un análisis punto por punto. Y argumentó por qué: “Este (el expediente) es el informe oficial de Monsanto presentado a la FDA, y que se usó en la aprobación a nivel nacional. Es un documentos respaldado por investigaciones publicadas, por supuesto que por investigadores afines a Monsanto”.
Oliva apunta desde hace años a la necesidad de estudios epidemiológicos en zonas con uso de agroquímicos y también señala las responsabilidades políticas. “El debate alrededor del expediente de aprobación es de irresponsabilidad de gestión política, sin haber ni siquiera traducido el documentos ni pedir dictámenes de expertos”.

“Hay razones para pedir una reevaluación”
Oscar Scremin es especialista en neurofisiología, estudia las afecciones que sufre el sistema nervioso central como consecuencia del contacto con plaguicidas. Recibido en 1963 en la Universidad Nacional de Rosario (UNR), era decano de la Facultad de Medicina en 1976. Dictadura militar mediante, tuvo que emigrar. Recaló en la Universidad de California (Estados Unidos), donde es profesor e investigador.
A Scremin le cuesta creer que ese expediente de 146 fojas haya sido una de las bases de la liberación de la soja modificada en laboratorio y del uso masivo de glifosato. “No existe en el expediente una sola palabra referente a la toxicidad del glifosato que necesariamente se utilizaría para obtener las ventajas de resistencia de la soja y vulnerabilidad de casi todas las otras plantas a ese herbicida. Tampoco hay ninguna referencia sobre la reducción de la biodiversidad que obviamente podía resultar, como los hecho han demostrado”, remarca sin salir de su asombró y precisa que los documentos aportados por Monsanto se limitan a describir estudios sobre la proteína que produce el gen de su patente a través de “un número reducido de análisis, con breves estudios, limitados a unas pocas semanas de administración en animales con métodos crudos (peso del animal, pesos de órganos y sobrevida)”.
Scremin apunta al fondo de la cuestión. ”Hay razones para pedir una reevaluación porque se han omitido los efectos potenciales más serios a saber, como el perjuicio ecológico y los efectos sobre la salud humana. Se impone revisar el proceso de registro, prestando especial atención a los efectos sobre el medio ambiente y la salud humana de todos los herbicidas e insecticidas que se agregan al ‘cocktail’ de agroquímicos que son utilizados en conjunción con la soja”.
Aclara que una reevaluación debe incluir a entidades sin conflictos de intereses económicos, como universidades e instituciones de investigación sin fines de lucro, de Argentina y el exterior. “Existe una abundante bibliografía que va mas allá de los estudios efectuados por Monsanto o por consultores a su servicio y que debiera tenerse en cuenta”, solicita.
En la misma línea se expresan desde hace una década familias rurales y organizaciones ambientales, pero siempre chocaron con la negativa de empresas y funcionarios.

Expediente fantasma
Los estudios base para la aprobación de la soja y el glifosato son el tesoro mejor guardado de los distintos gobiernos nacionales. Carlos Menem dio luz verde, pero todos los gobiernos que le siguieron mantuvieron en secreto cómo fue aprobado el “paquete tecnológico” (semilla y agroquímico) que modificó el modelo agropecuario de Argentina.
En abril de 2009, cuando aún estaba fresco el conflicto por la resolución 125, el periodista Horacio Verbitsky dio a conocer las irregularidades administrativas del expediente, desde la falta de traducción del informe de Monsanto hasta la rapidez de su trámite (81 días). “Se violaron los procedimientos administrativos vigentes, se dejaron sin respuesta serios cuestionamientos de instancias técnicas y no se realizaron los análisis solicitados”, aseguraba Verbitsky.

La lectura del expediente no deja dudas. La foja 113, fechada el 26 de enero, solicita a Monsanto: “Sería importante disponer de información sobre la respuesta a las consideraciones efectuadas por el FDA “. Firmaba el director de Calidad Vegetal del Iascav, Juan Carlos Batista. El 9 de febrero reiteró el pedido (folio 115). Y el 25 de marzo de 1996, Batista envió un fax a las 13.04 a la embajada de Estados Unidos, “Departamento Agrícola”. Solicitó información sobre “inocuidad como alimento” a la FDA. El mismo 25 de marzo, el coordinador del Área Productos Agroindustriales, Julio Pedro Eliseix, escribió a Batista y propuso tres “criterios de evaluación”: “A) Identidad y nutrición. B) Aparición de efectos no deseados: alergenicidad, cancerogénesis, otras toxicidades. C) Se cree conveniente que la empresa garantice un correcto rastreo y recupero de la mercadería” (folio 126).
No hubo respuesta. Ese mismo día, el secretario de Agricultura, Felipe SSolá, firmaba la resolución 167 que autorizó la producción y comercialización de soja transgénica tolerante a glifosato.

“No se puede perder más tiempo”
El jefe del Laboratorio de Embriología Molecular de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), Raúl Horacio Lucero, recuerda que en la década del 90 comenzó a recibir en su consultorio niños con malformaciones. Bebés sin dedos, chicas con brazos sin articulación, datos de fetos muertos, abortos espontáneos. Todos provenían de parajes con uso masivo de agroquímicos. Las historias clínicas de Lucero muestran una directa relación entre el aumento de uso de agroquímicos en Chaco y casos de malformaciones, siempre en zonas con uso masivo de herbicidas y plaguicidas. En todos analizó la genética de los padres y confirmó que los cromosomas no presentaban problemas. Alertó a otros investigadores e, incluso, a la Legislatura del Chaco, pero no tuvo respuesta.
Recibió el expediente con mezcla de intriga e indignación. “Llama la atención que en un documento de 100 páginas sólo haya una referencia respecto del herbicida glifosato, en la página 14 hablan de la ‘extremadamente baja toxicidad para mamíferos, aves y peces’, y refiere un trabajo de 1989”, detalla Lucero y explica que para analizar la seguridad de un nuevo producto se deben investigar parte por parte todo lo que conlleva el “paquete tecnológico”.
En el expediente la Conabia consigna que “en lo referente a bioseguridad agropecuaria no habría inconveniente para la comercialización de la semilla transgénica”. Lucero sonríe: “Se les pasó el pequeño detalle que es evaluar desmenuzadamente el herbicida que viene en el ‘paquete’ ya que no puede existir esta semilla sin la ayuda protectora del glifosato. La palabra bioseguridad engloba medir el impacto de todo lo que modificará el escenario con la entrada de una nueva tecnología”.
El expediente da cuenta, en propias palabras de Monsanto, que Estados Unidos clasificó al glifosato como categoría E (sin evidencias de efectos cancerígenos en humanos). “Pareciera que nuestros evaluadores dieron por descontado que la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Estados Unidos tiene injerencia directa sobre nuestras políticas ambientales nacionales”, retruca Lucero y recuerda que esa clasificación fue en base a un informe de Gary Williams, quien realizó un extracto de las principales conclusiones de un estudio nunca publicado del Environment Health Laboratory perteneciente a Monsanto.
El investigador de la UNNE resalta que la misma Agencia (EPA) explicitó que esas conclusiones no deben tomarse como definitivas ya que el glifosato podría ser cancerígeno bajo ciertas circunstancias. Lucero afirma que urge un debate sincero y reclasificación, sobre todo en base a trabajos científicos que vinculan el producto comercial y el herbicida puro con alteraciones en el material genético, abortos espontáneos y malformaciones embrionarias. “Debemos analizar la situación quince años después de la aplicación masiva de este producto y obrar en consecuencia ante la evidencia científica y epidemiológica, no se puede perder más tiempo”.

Equivalencia sustancial
Rubens Onofre Nodari es biólogo molecular. Investigador del Centro de Biotecnología de la Universidad Federal de Santa Catarina (Brasil) y profesor titular de Postgrado en Recursos Genéticos Vegetales. También llamó la atención sobre la “falta de independencia” de un Estado que toma como propio los informes empresariales. Recordó que ni siquiera la FDA solicitó estudios completos e independientes y precisó que en muchas partes del expediente hay afirmaciones sin fundamento científico o basadas en estudios no publicados.
El doctor en genética de la Universidad de California llama la atención sobre la ausencia de referencia en cuanto al riesgo para el medio ambiente o la salud humana, y recuerda que la comunidad científica de la última década ha demostrado los efectos en la biodiversidad, especialmente acuática, y la vinculación entre herbicidas y cánceres.
Nodari apuntó a la arista quizá más silencia de los transgénicos, y que más duele a la industria semillera mundial. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos nunca aprobó como seguro ningún alimento transgénico. Lo que realizó fue implementar, en la década del 90, el concepto de “equivalencia sustancial”, mediante el cual determina que un producto modificado en laboratorio (en este caso la soja) no necesita pruebas específicas de seguridad. La equivalencia sustancial es un concepto determinado por sectores políticos, no por científicos ni adoptado por la Justicia.
Nodari, que además es miembro del Consejo Nacional de Desarrollo Científico del Ministerio de Ciencia de Brasil, ejemplificó que la industria transgénica, y los organismos estatales, toman como referencia la similitud de composición e infieren que la seguridad alimentaria es sustancialmente equivalente. “Con la misma comparación, la carne de las vacas locas puede ser tan segura como la carne de vacas sanas, ya que ambos tienen similitud muy elevada en la composición química”, compara el investigador y puntualiza media decena de estudios que exhiben resultados negativos al alimentarse con soja transgénica.

“Desde el Conicet o las universidades podrían haber escuchado”
Walter Pengue es ingeniero agrónomo con especialización en genética vegetal y magíster en Políticas Ambientales de la Universidad de Buenos Aires. Doctor en Agroecología, profesor de grado y posgrado de la UBA. “¿Cómo es posible que esta liberación haya residido y se haya apoyado solamente en una recomendación enviada a la Conabia por Félix Cirio en enero de 1996 indicando que no habría problemas comerciales en los productos derivados por esta soja y que se basaba asimismo en otro informe y lo remitía en un estudio sobre la situación de esta soja RR presentado a la EPA por la compañía Monsanto en 1994”, pregunta Pengue, y se indigna: “Es tremendamente pobre el aporte en estudios vinculados a los impactos ambientales y hasta agronómicos derivados de tal liberación”.
Recuerda que hace quince años existían dudas que circulaban en ámbitos académicos, por ejemplo la posible proliferación de malezas resistentes a los agroquímicos. “En lugar de responder a ello, ecólogos o ingenieros agrónomos, algunos biotecnólogos argentinos, muy livianamente indicaban que eso no podría suceder, sin respaldo científico alguno de estos argumentos, más allá de cierta obnubilación y compromiso solo con sus laboratorios, institutos y empresas”, apunta y precisa que esos efectos se dieron rápidamente. En la actualidad existe una decena de malezas resistentes al glifosato, lo cual implica el uso de más herbicida, más efectos secundarios y mayores costos.
Pengue denuncia que el expediente carece de estudios que den cuenta del impacto del herbicida en la salud y el ambiente “a pesar del semejante nivel de volumen liberado” y vuelve a apuntar al ámbito científico: “Desde el Conicet o las mismas universidades podrían haber escuchado y haber avanzado en proyectos de evaluación de impactos. Todo lo contrario hicieron, incluso las cátedras se fueron vaciando de expertos, e incluso algunos fueron comprados y se trasladaron a trabajar en las empresas privadas”.
El docente e investigador solicita realizar estudios integrales, donde intervengan desde biólogos moleculares y agrónomos hasta agroecólogos y sociólogos. Y vuelve al inicio del expediente: “El cultivo que más impactos generó de todo tipo en la Argentina contemporánea fue liberado en el país sólo utilizando un informe desarrollado por la empresa interesada. El Estado argentino debiera ser el contralor del bien común de todos y no sólo de los interesados en que un determinado producto llegue al mercado, la madre de todos los motivos de estas discusiones”.

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III. Las leyes, como el sistema de deuda, rigen desde la dictadura garantizando la constante acumulación gran capitalista.

EL PAIS › EL INVESTIGADOR BRUNO NAPOLI HABLA DEL ROL DEL CAPITAL FINANCIERO EN LA ULTIMA DICTADURA

“Decidían qué leyes salían”

20 de octubre de 2015 
El coautor de La Dictadura del Capital Financiero. El golpe militar corporativo y la trama bursátil cuenta cómo el terrorismo de Estado no sólo benefició a las grandes empresas sino que sus representantes tomaban las decisiones.


 Por Eduardo Febbro
Desde París
La verdad tiene muchos vericuetos e interpretaciones. Pero hay uno inapelable: el financiero, el dinero. En un libro presentado en la embajada argentina en París, La Dictadura del Capital Financiero. El golpe militar corporativo y la trama bursátil, los investigadores Celeste Perosino, Bruno Nápoli y Walter Bosisio desmenuzan el papel que jugaron las finanzas en el dispositivo represor de la última dictadura. De esta investigación, basada en el análisis de documentos exclusivos, los autores extraen una conclusión: las corporaciones empresariales y financieras de la Argentina le dictaban a las Fuerzas Armadas las leyes que más le convenían al capital. Este libro viene a desnudar uno de los aspectos menos conocidos de la relación entre las burguesías financieras locales y el poder militar. Ambos trabajaban en tareas distintas: los primeros ganando dinero y desmantelando al país, los segundos asesinando en beneficio de los primeros. El ensayo contiene momentos clave de la elaboración de dispositivos económicos nocivos como las leyes de Entidades Financieras, Inversiones Extranjeras y Descentralización de Depósitos y la forma en que se crearon empresas y compañías financieras desde la misma ESMA.
Este libro completa dos trabajos anteriores: el informe de 2013 Economía, Política y Sistema Financiero-La última dictadura cívico militar en la Comisión Nacional de Valores. Y el libro Cuentas Pendientes, de Horacio Verbitsky y Juan Pablo Bohoslavsky.
–¿En qué documentación se basaron para realizar este trabajo? –preguntó Página/12 a Nápoli.
–En 2013, la Comisión Nacional de Valores decidió abrir sus archivos. Fue el primer archivo del sistema financiero en la Argentina que se abrió a investigadores que no eran ni economistas ni abogados. Estos materiales y este libro permitieron la reapertura de causas contra funcionarios civiles de la Comisión Nacional de Valores.

El libro muestra un proceso político con una acción, decidida, planeada y ejecutada a cualquier precio.

–Trata de reflejar que, para que funcione la dictadura del capital financiero o el gobierno de las finanzas, tiene que haber gobiernos, tanto civiles como militares, que hagan leyes que beneficien al gran capital. Nada se hace por fuera de la ley para hacer los grandes negocios entre Estado y corporaciones. Pero también es cierto que el negocio financiero siempre va a estar ligado a algún tipo de delito. Corre siempre un paso delante de la misma legislación. Por eso es tan complejo perseguir la delincuencia financiera. Se trata de un proceso político que entendieron los empresarios. En la Argentina, a partir de la dictadura de Onganía, los empresarios comprendieron que si querían hacer negocios privados había que ocupar el Estado. En el Onganiato hay más de treinta funcionarios civiles, todos cabezas de empresas. Luego, bajo Videla, hay 15 funcionarios, todos representantes de las más grandes corporaciones financieras y empresariales de la Argentina. Entendieron que podían combinar negocios privados con la función pública.

–¿Cuántas empresas están detrás del diseño de la última dictadura?

–Nosotros la definimos como una dictadura militar corporativa, no cívico-militar. Los civiles que ocuparon cargos económicos fueron elegidos como representantes de las principales corporaciones. Por ejemplo, los representantes de los bancos en la Argentina se quedan con el Banco Central y con el Banco Nación. El Consejo Económico argentino se queda con el Ministerio de Economía, gente de la Bolsa de Comercio se queda con la programación técnica y a la Sociedad Rural le dan la secretaría de Agricultura Ganadería y Pesca. Es increíble la transición de esos empresarios oriundos de unas 15 corporaciones que intervienen en el diseño de esa dictadura y también en el diseño legal de la misma. Discuten palmo a palmo los empresarios con los militares, les dicen qué leyes tienen que aprobar para beneficiar a los 63 bancos que había en ese momento y a las 15 grandes corporaciones. Los 10 principales bancos eran privados y esos son los que, en el 77, dictan la ley de Entidades financieras, que, con algunos cambios y parches sigue vigente. Lo mismo ocurre con la ley de Inversiones Extranjeras que permitía la fuga de capitales millonaria, una ley que siguió vigente hasta 2012, o la ley de Privatizaciones, que siguió hasta 2009. Todas estas leyes fueron escritas por Videla y Martínez de Hoz.

¿Cuál fue la función de la deuda en ese dispositivo?

–Su función fue lograr que los mecanismos económicos y productivos fueran absolutamente dependientes de un capital extranjero. La otra función fue la fuga constante de capitales hacia el exterior. Las 500 principales empresas de la Argentina tomaron deuda en dólares y le avisaron al Estado que no la iban a pagar. El Estado se hizo cargo en un proceso de tres pasos: seguro de cambio, una deuda consolidada y finalmente la nacionalización de la deuda. Así se pudieron enriquecer. Todos esos préstamos en dólares los terminó pagando el Estado. Se trató de una sumisión del aparato productivo a los grandes espacios financieros internacionales. La dictadura comienza con el terror de los cuerpos y la desaparición y finaliza con el terror de los cuerpos a partir de los cuerpos endeudados. Viene a cerrar un proceso muy extenso que comienza con la dictadura de Onganía y las primeras leyes, por ejemplo la ley de Defensa Nacional, que es la primera ley que dice que para que haya desarrollo económico tiene que haber represión del cuerpo subversivo que está en contra de la economía. Lo único que hicieron fue cerrar un esquema y dejar la legislación hacia el futuro para asegurar el poder económico de las grandes corporaciones financistas de la Argentina.

–Ese poder es, paradójicamente, nacional. La intervención extranjera parece limitada.

–Las entidades convocadas a discutir qué leyes había que promulgar son entidades nacionales, grupos financieros locales. Los militares se encargan de la matanza y la parte empresarial de legislar hacia futuro y asegurar la continuidad del capital financiero.

–En la Argentina también se da un sistema de acumulación financiera, una suerte de oligopolio pequeño pero muy eficaz.

–Hoy hay sólo 63 bancos que manejan 11 millones de sueldos. El mercado de capitales del país, o sea la compra venta de acciones, está manejado por 185 agentes que manejan un monto de 200 mil millones al año. Tienen un poder de fuego muy grande porque de hecho alimentan al Estado de dinero. Los bancos le prestan dinero al Estado y cuando el mismo Estado saca un bono se lo compra el mercado de capitales. En suma, el mercado de capitales financia a los Estados y después no quieren que lo regulen. Es muy difícil regular a quien presta dinero. Por eso vemos esa continuidad: algo que la dictadura firmó con una matanza y con leyes específicas la democracia no puede sacárselo de encima. Además, todo ese mercado financiero está entrelazado. Cuando no pueden hacer una operación acá la hacen en la bolsa de Tokio. El capital no se siente soberano ni con una nacionalidad. Es internacional, circula y en ese espacio es muy difícil hacer un control.

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-284219-2015-10-20.html

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II. Las leyes, como el sistema de deuda, rigen desde la dictadura garantizando la constante acumulación gran capitalista.

La ley de entidades financieras,

deuda de la democracia


Domingo 26 de Marzo de 2017
Hace 40 años el sistema financiero argentino dio un giro de 180 grados: la dictadura cívico militar sancionó la ley de entidades financieras y la de descentralización de depósitos, que desregularon la actividad en beneficio de los grandes jugadores del sector. Ambas normas apuntalaron el naciente modelo de valorización financiera, y luego de tres décadas de gobiernos constitucionales aún siguen vigentes.
Para el sociólogo e investigador del Conicet Martín Schorr la reforma de 1977 implicó "la retirada del Estado con una intervención efectiva del crédito" que no apuntalaba ya "el desarrollo productivo, sino el negocio financiero"
En la misma línea, el economista Sergio Arelovich plantea que la nueva normativa "dio centralidad al sistema financiero dentro de la estructura capitalista del país, en línea con las transformaciones que ocurrían a nivel global, lo cual provocó un proceso ininterrumpido de concentración y extranjerización del sistema, en especial en los noventa, catalizando un proceso homólogo en el resto del mundo empresario local".
La transformación fue profunda. Antes de 1977 operaban en el país 725 entidades: 423 cooperativas de crédito y 110 bancos comerciales. "Había un abanico de entidades especializadas tales como el Banco Hipotecario, el Banco Nacional de Desarrollo (en Santa Fe su homólogo), la Caja Nacional de Ahorro y Seguro, una treintena de sociedades de ahorro y préstamo, entre otras. La reforma pulverizó la especialización, todos los bancos pasaron a ser comerciales, tarea que culminó el gobierno de Menem en los 90" señala Arelovich.
Entre 1973 y 1976 había regido el sistema de nacionalización de depósitos: las entidades captaban depósitos por cuenta y orden del Banco Central, que libraba líneas de redescuento para colocar tales fondos en actividades/segmentos de empresas específicas con tasas y condiciones especiales.
En 1977 el entonces ministro de Economía de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz, argumentó a favor de la reforma: "Esto es un cambio de estructura de las instituciones financieras argentinas, una pequeña revolución que va mucho más lejos de lo que la gente ve. Los vamos a cambiar a todos y a cambiar la mentalidad, que es lo importante".
Hoy sólo funcionan 78 entidades financieras, de las cuales 63 son bancos. De ellos sólo 10 controlan el 70% de un mercado que movió en 2016 unos 74.560 millones de pesos, según datos del BCRA.

Sin cambios

Desde su sanción la ley 21.526 sufrió 70 modificaciones pero sus pilares siguen en pie. Arelovich considera que "el capitalismo argentino realmente existente es inimaginable sin el sistema financiero que creó la dictadura y profundizó el neoliberalismo de los noventa". En este marco, evalúa que "los ensayos contenidos en los proyectos truncados en la Legislatura nacional y la reforma de la carta orgánica (del BCRA) durante el gobierno de Cristina Fernández fueron buenas iniciativas pero insuficientes para deconstruir la estructura heredada".
Ambos especialistas resaltan la relación entre la normativa de la dictadura, la composición de la cúpula empresaria y las posibilidades de reformas estructurales.
De acuerdo a Arelovich "no puede pensarse en una reformulación del sistema financiero sin a la vez hacerlo sobre el mundo empresario en general, sobre todo relativo a las elites", dada la concentración económica desde la dictadura hasta la actualidad.
En el mismo sentido, Schorr advierte que "cualquier proyecto de desarrollo que no plantee derogación esa norma, está condenado al fracaso".
Fuente: https://www.lacapital.com.ar/economia/la-ley-entidades-financieras-deuda-la-democracia-n1364352.html


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I. Las leyes, como el sistema de deuda, rigen desde la dictadura garantizando la constante acumulación gran capitalista.

Una de cada 10 leyes vigentes

fue creada durante la última dictadura


Viernes 24 de Marzo de 2017


Una investigación del colectivo de periodistas Sin Fin, con el apoyo de Memoria Abierta, puso el foco sobre estas 417 leyes con el objetivo de fomentar un debate sobre la necesidad de que la democracia genere una legislación acorde a los estándares de respeto a los derechos humanos, sociales, culturales y económicos.

De las 4.449 leyes vigentes, 417 sancionadas durante la última dictadura cívico militar. Es decir, que casi una de cada diez normas que hoy regulan nuestra sociedad fue creada durante el gobierno de facto más sangriento de la historia argentina y carga con el espíritu de aquella época.
Estas leyes afectan muchos aspectos de la vida cotidiana: desde el funcionamiento de los bancos y la relación del Estado con la Iglesia, hasta la estructura judicial y aduanera. El colectivo de periodistas Sin Fin, integrado por Gerardo Aranguren, Javier Borelli y Luciana Rosende identificó esas normas y las hizo accesibles para fomentar el debate sobre la necesidad de que la democracia genere una legislación acorde a los estándares de respeto a los derechos humanos, sociales, culturales y económicos.

La investigación está disponible en el sitio www.leyesdeladictadura.com y permite acceder a una base de datos con la totalidad de las normas sancionadas durante la última dictadura militar que siguen vigentes. Contiene entrevistas a investigadores, abogados, jueces y especialistas que analizan la legalidad y los efectos de estas leyes, así como también permite acceder a fuentes documentales de primera mano para que el interesado pueda indagar por su cuenta.
Además, se hace foco en tres normas fundamentales como son el actualmente debatido Régimen Penal de Minoridad, la Ley para el Personal de la Policía y la Ley de Entidades Financieras.
La última dictadura militar también contó con otra particularidad. Fue la única en constituir un órgano especial para la sanción de leyes. La Comisión de Asesoramiento Legislativo (CAL) estaba integrada por nueve miembros, tres oficiales por cada una de las fuerzas y operaba en el área del Senado del Palacio legislativo. 
Entre 1976 y 1983, pasaron por la CAL 178 militares de alto rango que confeccionaron más de 2000 leyes. En sus deliberaciones, también se permitía el ingreso a civiles, por lo que los registros dan cuenta de que los principales actores económicos de la época se sentaban a la mesa a elaborar las leyes económicas de acuerdo a su conveniencia.
Las 417 leyes de la última dictadura no son las únicas que provienen de un gobierno de facto. Si analizamos todo el digesto jurídico vigente, encontraremos 998 que fueron promovidas por distintos gobiernos de dictatoriales. Es decir que casi una de cada cuatro leyes actuales no tienen un origen democrático.
La iniciativa "Leyes de la dictadura" fue realizada en conjunto con Memoria Abierta, acción coordinada de organismos de derechos humanos, y cuenta con el apoyo financiero de Bertha Foundation. 


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19 de diciembre de 2018

II. Invocar al pueblo o al protagonismo popular en las calles excluye el imperativo de política anticapitalista ya en disputas territoriales.

América Latina y El Caribe y 
su extractivismo político
19 de diciembre de 2018

Por Eduardo Camín
 Rebelión


El neoliberalismo es la expresión actual de la transición del capitalismo a una nueva fase de la internacionalización del capital, caracterizada por la supremacía de las corporaciones trasnacionales y el predominio, a una nueva escala, del capital financiero internacional sobre el capital productivo. En esta nueva fase del capitalismo no crece -como se afirma- la interdependencia, sino que se agudiza y profundiza la dependencia de los países subdesarrollados.

Es cierto que hay una nueva interrelación dinámica entre lo internacional, regional y lo nacional, pero el elemento nacional no desaparece y prueba de ello son las agudas pugnas o guerras comerciales entre Estados Unidos, los países de la Unión Europea, China y Japón, así como las contradicciones al interior de la propia Unión Europea, que es en principio el esquema de integración que (pareciera que) más ha avanzado en el mundo.
En todo caso, donde sí está desapareciendo la cultura de lo nacional es en los países del llamado Tercer Mundo, en virtud del incremento de su dependencia de las grandes potencias industrializadas, lo que se manifiesta a través de la extranjerización de sus economías, la pérdida de sus recursos naturales, la erosión de su soberanía y el incremento de la injerencia y la intervención foránea.

En estos últimos años, la avalancha ideológica neoliberal ha sido de tal magnitud, que incluso ejerce una influencia determinante en la producción teórica y en la práctica política de diversos sectores de la izquierda. Con diferentes matices, se afianzó la idea de que la revolución social es irrealizable, por lo que es necesario adaptarse a las reglas del capitalismo y tomar distancia del lenguaje y los programas radicales, de cambios estructurales.

El comandante Ernesto Che Guevara, decía que "el capitalismo recurre a la fuerza, pero, además educa a la gente en el sistema. La propaganda directa se realiza por los encargados de explicar la ineluctabilidad de un régimen de clase, ya sea de origen divino o por imposición de la naturaleza como ente mecánico. Esto aplaca a las masas que se ven oprimidas por un mal contra el que no es posible luchar" ("El socialismo y el hombre en Cuba", 1965).

Algunos renunciaron hace ya mucho tiempo al socialismo, mientras que otros diluyen su esencia y lo convierten en una especie de capitalismo idílico, dentro del cual será posible satisfacer los intereses del conjunto de la nación. Argumentan que a lo que más se puede aspirar es a moderar los excesos de las políticas antipopulares y que los oprimidos deben seguir cediendo paulatinamente, porque corren el riesgo de perderlo todo.
En realidad la izquierda ha sido incapaz de responder de manera efectiva a los diferentes ciclos de crisis financiera, y al rol del Estado, por un lado contrario a las iniciativas “genuinamente” públicas, y por otro a la puesta en marcha de políticas a favor del mercado. Los ejemplos más elocuentes son las asociaciones públicas privadas (PPP, modelo del Banco Mundial).

Esta actitud de la izquierda progresista genera descontento y desconfianza en los sectores populares, y estimula de alguna medida la agresividad de la derecha, para la cual, quien provenga de la izquierda, jamás terminará de expiar sus culpas. En cualquier caso la derecha no engaña a nadie, se comporta y gobierna de acuerdo a su ideología, asume el desprecio por las clases trabajadoras y a las ventajas concedidas al capital.
En realidad la derecha es derecha de acuerdo a una serie de valores, a unas acciones y unos intereses de clase que desarrolla, defiende e impulsa, mientras que la izquierda representa la negación de esos valores, acciones e intereses.
Pero si se observan las políticas que en la actualidad se ejecutan, a lo largo y ancho del planeta podemos afirmar que la diferencias entre derecha e izquierda parece puramente semántica, y que solo las controversias surgen y se hacen más visibles en periodos electorales, cuando se intensifica la competencia en un mercadeo en pos de los votos de los ciudadanos.

En la actualidad, frente a los síntomas de incremento de la crisis económica, política, social, y moral se pretende nuevamente tomar la iniciativa para mediatizar otros reclamos populares. Ahora nos hablan de un Estado redistribuidor y de la necesidad de políticas sociales que promuevan el desarrollo humano, al tiempo que condenan la desigualdad y la pobreza.

¿Acaso no nos explicaban hasta hace poco que la economía imponía un límite? ¿No nos decían que ese límite hacía inevitable que una parte creciente de nuestras sociedades quedase condenada a un eterno estatus infrahumano? ¿Cómo explicar que nuestro subcontinente es el que registra el mayor índice mundial de crecimiento simultáneo de la riqueza y la pobreza?
Si hay más riqueza: ¿por qué tiene que haber mayor pobreza? ¿Será cierto que la economía impone tal límite al desarrollo humano o es que el límite lo impone el deseo de elevar las tasas de ganancia a cualquier costo? ¿Es éste el entorno "moderno" que le permitirá a la izquierda construir la democracia, con justicia social y desarrollo sostenible?
Con el denominado desarrollo sostenible, nos sucede algo similar a lo que ocurre con las limitaciones del sistema capitalista, ya que se ha convertido en un concepto polivalente que se recita como una especie de mantra por parte de todo tipo de agentes económicos, sociales, políticos, culturales y ambientales, incluso por aquellos que más contribuyen con sus acciones al deterioro ambiental.

Dichas nociones se han magnificado de forma interesada al mismo tiempo que se integran en la engrasada maquinaria de la mercadotecnia y la publicidad. Se convierte en algo de buen tono, propio de ciudadanos comprometidos y progresistas, hablar de ecología, desarrollo sostenible, crecimiento sustentable, recursos ambientales, en cuanto surge la mínima ocasión.

Claro, sin cuestionar que estos conceptos encierran en sí mismo una contradicción insalvable con la esencia inmanente del modo de producción capitalista, pues éste genera antagonismos que lo hacen insostenible hasta el punto de tener suficiente poder ideológico, cultural, técnico económico-político como para destruir el planeta.
Hace ya algunos años que en los foros de izquierda se insiste en la necesidad de encontrar proyectos alternativos al neoliberalismo, pero la búsqueda es tan retórica como infructuosa. Y seguirá siendo infructuosa y eterna mientras se mantenga como premisa la aceptación de que el status quo impuesto por la globalización neoliberal es inmutable.

Es verdad que el mundo experimenta transformaciones irreversibles, en virtud del desarrollo de la Revolución científico-técnica, pero la globalización neoliberal impone un orden económico, político y social aún más esclavista y explotador, no es el camino al futuro, sino un callejón sin salida para toda la humanidad.

Por este motivo, esos sectores de la izquierda que supuestamente tienen un enfoque moderno de las nuevas realidades, deberían estudiar cómo el neoliberalismo altera el sistema político dentro de sus respectivos países, para evaluar adecuadamente el valor real de la simple cosecha electoral, cuando se carece de un proyecto de poder. De lo contrario, seguirán siendo ellos los que tienen una lectura equivocada de la realidad y continuarán midiendo los resultados de su gestión política por parámetros obsoletos.
Ese camino conduce a administrar o coadministrar la crisis del capital en beneficio de los capitalistas y a cargar con los costos que a ellos les corresponden. El capitalismo, en su fase neoliberal, demostró ser un sistema basado en el incremento sin límites de la desigualdad y la marginación, que beneficia exclusivamente a las trasnacionales y las élites locales a ellas asociadas.

Puede que la transformación profunda de la institucionalidad sólo sea posible a mediano o largo plazo, pero el combate frontal contra el neoliberalismo es una tarea impostergable, porque mientras más avance más desintegradas quedarán nuestras naciones.

¿Qué países tendremos los latinoamericanos cuando no queden escuelas, sino sólo colegios privados; cuando no queden hospitales, sino sólo clínicas privadas; cuando no queden parques, ni carreteras, ni recursos naturales propiedad del pueblo, todo ello combinado con una reducción indetenible del poder adquisitivo de la ciudadanía en general?

El capitalismo neoliberal ya no sólo descarta y cierra las puertas a los humildes, sino también, entre muchos otros, a los pequeños medianos -e incluso grandes- empresarios que no pueden competir dentro de sus propios países, en virtud de la apertura unilateral y discriminatoria de mercados.
El capitalismo carece de respuestas y soluciones para las necesidades y aspiraciones de los pueblos. Podemos afirmarlo abierta y francamente, aunque en esta etapa de la lucha no todos estén de acuerdo con el socialismo. Podemos afirmarlo porque dentro del capitalismo no hay alternativa. Ya está demostrado que, incluso donde hubo -y donde hay- crecimiento económico, sigue y seguirá aumentando la pobreza y la marginación.
Eduardo Camín. Periodista uruguayo, miembro de la Asociación de Corresponsales de prensa de la ONU en Ginebra. Asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=250385

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18 de diciembre de 2018

I. Invocar al pueblo o al protagonismo popular en las calles excluye el imperativo de política anticapitalista ya en disputas territoriales.


Elementos para una 
formación política anticapitalista.
Una perspectiva ecosocialista.

18 de diciembre de 2018

Por Renán Vega Cantor
Herramienta
Me parece que es necesario actualizar un programa de formación política anticapitalista, acorde con las necesidades de hoy. Al respecto propongo cuatro grandes asuntos, en su orden: una formación política clásica; aspectos fundamentales de una crítica ecosocialista; una visión crítica de la tecnología (o mejor aún, de la tecnociencia); y, una formación crítica en medios de comunicación e información. Estos cuatro grandes temas se constituyen en ejes medulares de una renovada crítica al capitalismo, que supone que los sujetos interesados en enfrentarlo deberían tener en cuenta, porque allí están involucrados las grandes cuestiones y retos a que nos enfrentamos por la expansión mundial del capital hasta el último rincón del planeta.
Se trata de abrir una ventana de reflexión, que nos permita pensar en un amplio espectro de formación política, que incorpore los problemas acuciantes de nuestro tiempo, y vaya más allá de lo que tradicionalmente se entiende por formación política, la cual se suele reducir, en el mejor de los casos, a lo que aquí se considera en el primer punto. Pensamos que ahora, como en tiempos de los grandes revolucionarios anticapitalistas –desde mediados del siglo XIX–, la reflexión crítica es un soporte de una acción transformadora y eso requiere una necesaria actualización del análisis, que vaya más allá de los elementos que tradicionalmente han formado parte del acervo formativo de las izquierdas. Un pensamiento emancipador en nuestro tiempo exige entender, para enfrentar y proponer soluciones que reafirmen la justeza del anticapitalismo - para mencionar un hecho apremiante -, las implicaciones del calentamiento global en marcha, y cómo ello se constituye en un telón de fondo de cualquier proyecto de sociedad que supere al capitalismo.
Lo mismo puede decirse de la tecnología, sobre la cual las diversas izquierdas tienen una visión apologética, que no se distingue de ninguna forma de la racionalidad capitalista dominante en ese terreno. Eso explica que los militantes políticos crean, en sentido general, en la pretendida neutralidad de las fuerzas productivas, y no hayan entendido la misma noción de fuerzas productivas-destructivas, acuñada por Carlos Marx a mediados de la década de 1840. 
Primero: La formación política clásica 
En este caso me refiero a la formación encaminada a estudiar y desentrañar las raíces de la explotación, la injusticia, la desigualdad y la explotación que caracterizan a la sociedad capitalista. Para ello debería hacerse una aproximación múltiple que incorpore al análisis marxista, junto con elementos del pensamiento anarquista y otras corrientes críticas anticapitalistas, forjadas en diversos lugares del mundo y en distintas épocas. Al respecto, debería incorporarse entre otros, estos aspectos: elementos de la crítica de la economía política (que apunten a delinear las características del capitalismo e imperialismo), aspectos centrales de la concepción materialista de la historia, historia de las luchas sociales y políticas de Colombia y América latina (con especial énfasis en la trayectoria de los trabajadores urbanos y rurales). Incluir asimismo una perspectiva crítica sobre los proyectos de construcción socialista y las razones que explican su fracaso (empezando por el caso de la Unión Soviética, pero incluyendo también a China y otras experiencias). Debe enfatizarse la importancia del análisis feminista para incorporar las complejas relaciones entre sexo-género y clase, y la crítica al patriarcado, como complemento necesario a la crítica a la dominación de clase.
Es imprescindible comprender las características que hacen que el capitalismo sea un sistema explotador, pero, además, que deshumaniza, aliena y destruye a una gran porción de los seres humanos. En este sentido, una formación política debe recobrar un vigoroso y sustentado anticapitalismo, enraizado, por supuesto, en las luchas prácticas que llevan a cabo las clases subalternas en diversos lugares del mundo, de América Latina y de Colombia. En este ámbito debería tenerse en cuenta, pese a que se afirme lo contrario, que el capitalismo está llegando a un momento de agotamiento, como producto de un sinnúmero de contradicciones internas, que finalmente son resultado de su espíritu autodestructivo, con lo cual conduce a la humanidad a un colapso catastrófico. Si eso es así, nos debemos contentar con ser observadores mudos y pasivos de la huida hacia el abismo, o, como lo sugería con lucidez, el marxista Walter Benjamin, deberíamos accionar los frenos de emergencia para evitar que el capitalismo nos lleve más rápidamente hacia el hundimiento.
Sobre este tópico, un autor alemán, Wolfagang Streeck, recientemente publicó un libro con el llamativo título:¿Cómo terminará el capitalismo? Ensayos sobre un sistema en decadencia. Este autor afirma en forma tajante:
El hecho de que el capitalismo haya logrado sobrevivir hasta ahora a todas las predicciones de su muerte inminente no tiene por qué significar, que siempre será capaz de hacerlo; no hay ninguna prueba inductiva al respecto y no podemos descartar la posibilidad de que la próxima vez la caballería que el capitalismo pueda requerir para su rescate no aparezca a tiempo. [1] 
Aunque el autor citado considere que el capitalismo está en vías de desaparición, cree que esto es resultado de fuerzas internas y endógenas, que no necesitan de ningún sepulturero (como lo señalaba Karl Marx en el Manifiesto comunista , hablando de los trabajadores), sino que será un fenómeno sin sujeto y sin reemplazo a la vista. Para nosotros, esta afirmación es fatalista, porque nos quita la posibilidad de pensar en otra realidad postcapitalista, en la que múltiples sujetos impidan con su accionar concreto que el capitalismo nos destruya a todos. Justamente, en esa dirección debería apuntar una nueva formación política: a romper con ese prejuicio que se ha convertido en una pretendida verdad indiscutible de que, como lo ha dicho Frederick Jameson, ahora se supone que es más factible el fin del mundo que el fin del capitalismo.
En este terreno resulta necesaria una mirada global y sintética al mismo tiempo que rompa con dogmatismos y sectarismos e incluya un acercamiento entre la tradición marxista y otros pensamientos emancipatorios, superando el eurocentrismo y el colonialismo, pero eso sí evitando caer en el culto a modas teóricas de ocasión, que en muchos casos son de corta duración y no contribuyen al esclarecimiento de la lógica destructiva del capital.
Segundo: Fundamentación de una crítica ecológica del capitalismo
Es imprescindible una formación política que incluya la consideración de los problemas ambientales del mundo de hoy, y las razones que explican por qué el capitalismo destruye los ecosistemas y las condiciones naturales de producción. En esta perspectiva, una educación política hoy debería encaminarse a romper con la ilusión de que es posible un crecimiento económico ilimitado en un planeta finito. Debe enfatizarse que un proyecto anticapitalista no puede repetir las equivocaciones de copiar la lógica del funcionamiento capitalista, como si eso fuera posible y sostenible a largo plazo, como hicieron las experiencias revolucionarias en el siglo XX. Es necesario romper con la falsa interpretación, entre muchas izquierdas “progresistas”, de que la ecología es un lujo de los ricos y no tiene que ver con la explotación y la desigualdad. Por ello, se requiere de una alfabetización ambiental para afrontar el ecocidio planetario en marcha y sus manifestaciones particulares en Colombia y América Latina.
Grandes problemas que afectan en la actualidad a una gran parte de los seres humanos y a otras formas de vida son producidos por la lógica intrínseca del capitalismo, que se basa en la idea de que es posible producir en forma ilimitada, con el fin de obtener ganancias, que se transforman en dinero y que dicho proceso puede renovarse en forma indefinida. El problema con este tipo de apreciación es que choca con los hechos más elementales, aunque eso no se suela ver por parte de la mayor parte de las izquierdas: sí, cada día se produce una gran cantidad de mercancías, gran parte de ellas innecesarias y nocivas, pero eso viene acompañado al mismo tiempo de la destrucción de los ecosistemas, la aniquilación de la biodiversidad, la extinción de especies animales y vegetales, la contaminación de mares, tierras y el aire, el calentamiento global…., problemas de dimensión mundial que cada día se tornan más apremiantes y críticos.
Para sopesar la verdadera dimensión de ese carácter destructivo del capitalismo, el pensamiento ecologista nos proporciona un concepto de indudable importancia, el de límites. Dicho concepto tiene múltiples implicaciones –y alrededor del mismo debería emprenderse un proyecto de educación ecosocialista teórica y práctica–, como lo indica el australiano Ted Trainer:
El núcleo de la cuestión en el asunto de los límites es que estamos entrando en una era de intensa e irremediable escasez, que invalidan las nociones de emancipación basadas en sistemas mundializados o centralizados, industrializados y técnicamente sofisticados, economías del crecimiento o estilos de vida opulentos. [2] 
Una nueva formación política anticapitalista debería educar en la idea de los límites, porque justamente el capitalismo se sustenta en el terrible equivoco, que se ha convertido en un lugar común como si fuera cierto, de que nada puede impedir el crecimiento perpetuo de la acumulación de capital, y que si existiesen problemas coyunturales estos pueden ser superados por los desarrollos científicos y tecnológicos. Un pensamiento de los límites es modesto, consciente de nuestra finitud y fragilidad como especie, no aspira a viajar a Marte, ni a disparates por el estilo.
Ahora bien, una formación política anticapitalista de tipo ecologista requiere superar dos impases o malentendidos: el que niega la importancia de los problemas ecológicos – dominante en unas izquierdas que le rinden culto al productivismo y al crecimiento, como hoy lo ejemplifican los cultores del modelo chino– y el de los ecologistas convencionales que niegan la existencia del capitalismo, como realidad esencial que destruye a la naturaleza. Esta disociación, aparentemente irreconciliable, debe ser superada en un nuevo proyecto anticapitalista, que exige un mutuo aprendizaje y reconocimiento, que lleve a entender que una lucha política tiene que estar acompañada de una sensibilidad ecológica. Como lo ha dicho con claridad el pensador ecosocialista Jorge Riechtmann: 
La mayor parte del (muy minoritario) movimiento ecologista/ambientalista no es anticapitalista. La mayor parte del (muy minoritario) movimiento anticapitalista no es ecologista. A unos les falta comprensión de lo que es la acumulación de capital, y cómo condiciona casi todo. A otros les falta comprensión de lo que es el cenit del petróleo, el calentamiento climático y la Sexta Gran Extinción, y cómo condicionan casi todo. En la intersección de esas dos pequeñas minorías tenemos un minúsculo grupo de ecologistas anticapitalistas (que deberían ser también feministas y animalistas) con una comprensión más o menos adecuada de dónde estamos en realidad, de en qué mundo vivimos de verdad. Los llamamos, para abreviar, ecosocialistas. Somos cuatro gatos. [3] 
Un tema que debería estar en todas las agendas anticapitalistas de nuestro tiempo –porque así no se proponga conscientemente va a determinar, gústenos o no, el presente y el futuro inmediato– es el del trastorno climático global, cuya principal manifestación es el aumento de la temperatura promedio del planeta tierra. Este es un tema urgente y obligatorio, que debe ser estudiado y comprendido –aunque sobre el mismo no exista el más mínimo atisbo de conciencia que la situación exige– por el impacto que tiene y tendrá en el futuro inmediato.
Desde este punto de vista, el clima es un asunto político, puesto que incide de forma directa e inmediata en la vida cotidiana de todos nosotros, como se ve a diario, con las inundaciones, las sequias, los huracanes cada vez más destructivos, el frío extremo, el calor asfixiante… No podemos pensar que esos sean fenómenos naturales, al margen de la realidad capitalista, con su lógica de producción incesante de mercancías y búsqueda insaciable de ganancias. Es lógico hablar de capitaloceno , porque esa denominación recalca que el capitalismo tiene un sello, casi de tipo geológico, que deja una huella destructiva por doquier.
Tercero: Una visión crítica de la tecnología
Es necesario incluir una formación política que apunte a develar el papel que cumplen las “nuevas tecnologías” como soporte de nuevas formas de explotación, dominación y alienación y base esencial del capitalismo. En una perspectiva dialéctica debería mostrarse ese carácter destructivo, pero también lo que se pudiera rescatar en un horizonte emancipador. Se trata de no dejar este campo en manos de los tecnócratas ni tampoco aceptar el culto acrítico de las tecnologías informáticas por el solo hecho de que son usadas en forma permanente y cotidiana (como internet, Facebook, celular…) por todos nosotros, sin ningún tipo de reserva crítica (ni teórica ni mucho menos práctica) que nos permita romper con la subordinación a la tecnología, a partir del discutible supuesto que esta es neutral. Justamente, uno de los puntos fuertes de una apuesta de un tipo distinto de formación es romper con el prejuicio, profundamente negativo y desmovilizador, de la pretendida neutralidad de la tecnología.
Una alfabetización crítica y política en materia de tecnología es necesaria, si tenemos en cuenta la tecnolatriadominante en nuestros días, que se expresa en el fetichismo hacia ciertos objetos, empezando por el infaltable teléfono celular, como si fueran en sí mismos y por sí mismos instrumentos de emancipación. Uno esperaría que, al respecto, la gente que se denomina de izquierda tuviera un acercamiento de otra índole con relación a esas tecnologías, y que fuera más allá de la concepción dominante de que estas son la expresión máxima de progreso humano y que son neutras. Habría que indagar, por ejemplo, sobre los efectos negativos de las tecnologías, en concordancia con la lógica capitalista, que busca maximizar ganancias, ahorrar costos y aumentar la explotación humana. Asimismo, habría que considerar el gasto energético y de materiales que genera la producción y consumo de un determinado artefacto tecnológico, en momentos en que hemos entrado en el pico del petróleo y de todas las fuentes materiales y energéticas fundamentales para el funcionamiento de la sociedad capitalista, que anuncia una irreversible escasez de petróleo, carbón, minerales, agua…. A partir de esa situación, es bueno preguntarse sobre su costo ambiental, humano y social de las tecnologías y si ello justifica su existencia.
Esto, desde luego, no supone renunciar a la técnica –algo imposible, puesto que este es un componente distintivo de los seres humanos– sino entender que la tecnología funcional al capitalismo es energéticamente despilfarradora, derrocha materiales a granel, genera nuevas formas de alienación y sojuzgamiento, destruye los vínculos sociales, aumenta el desempleo y la explotación… Por ello,
Debería quedar claro que criticamos no el concepto de tecnología en sí mismo […] sino la suicida dependencia de determinadas tecnologías en las que nos hemos embarcado ciegamente en este apenas siglo y medio de auge industrial. Así, defendemos otras tecnologías posibles, de hecho, ya existentes y contrastadas por su uso histórico: tecnologías democráticas, sencillas, eficientes, de bajo costo material y energético, fáciles de entender y hacer nuestras […] y cuyo uso no nos expone a riesgos relevantes en caso de colapso económico. [4] 
Una visión crítica de la tecnología debe apuntar a mirar con circunspección y distancia cualquier invento e innovación tecnológica, y dudar de los cantos de cisnes que entonan alabanzas a cualquier artefacto, invento o área del conocimiento dominada por los intereses de la tecnociencia. En concreto, preguntarse siempre, por ejemplo: ¿para qué sirve un robot? ¿Cuánto desempleo genera la introducción de robots en una determinada rama de la actividad económica? ¿Cuánta energía y bienes materiales necesita un robot para funcionar? ¿Qué tan útil y necesaria es una aplicación informática que nos dice que está lloviendo o está haciendo sol, si eso lo podemos constatar en forma elemental? ¿Quién o quiénes se benefician y perjudican con un nuevo artefacto técnico?
Y esta es una cuestión esencialmente política y no técnica, dado que en el capitalismo actual la tecnología se ha convertido en una fuerza productiva-destructiva, fundamental para su funcionamiento, es decir, para generar ganancia, acumular capital, explotar trabajadores, alienar consumidores y destruir los ecosistemas.
Se hace necesaria una alfabetización política sobre el sentido, alcances y consecuencias de las innovaciones tecnológicas, puesto que estas son un motor esencial del poder del capital, del establecimiento de sofisticados mecanismos de alienación y explotación y, además, porque se convierten en poderosos instrumentos de desmovilización política, de conservadurismo social y de tecnofacismo.
Cuarto: Una formación política crítica en medios de comunicación e información
Se pretende proporcionar elementos de análisis para acercarse a la comprensión de la forma como funciona el modelo de propaganda construido por el capitalismo y el imperialismo, tanto para conocer uno de los engranajes ideológicos, económicos y culturales centrales de la dominación capitalista, como para buscar vías alternas por parte de los movimientos anti sistémicos. Así como Lenin, por ejemplo, fue un teórico del periodismo revolucionario, cuando la escritura era una forma privilegiada de comunicación para concientizar obreros y campesinos, hoy sabemos que la escritura tiene un alcance reducido y limitado, por el peso apabullante de la imagen visual. En esa dirección, habría que proporcionar elementos que permitan combatir la desinformación y encausar formas de comunicación alternativas para los sectores populares, en las que estos mismos sean sujetos protagónicos.
En este tema es prioritario emprender análisis que ayuden en diversos frentes: el de la información y la desinformación propiamente dicha; el de la creación de instrumentos alternativos de información y comunicación; el de potenciar medios de toda índole (impresos, virtuales, visuales, radiales…) que apunten a formar otro tipo de opinión, que rompa con el dominio casi absoluto que hoy tienen los medios de comunicación convencionales, de tipo comercial, y que ideológica, cultural, social y económicamente responden a los intereses del capitalismo.
Una alfabetización política en el frente de la información es crucial porque ahí el triunfo cultural del capitalismo es indiscutible, y es por ese medio que se ha creado el prejuicio de que no existen alternativas, que el capitalismo es eterno, que forma parte de la naturaleza humana, y tonterías por el estilo que forman parte del sentido común de buena parte de la humanidad. Como lo dice Pascual Serrano:
Si no desarrollamos un espíritu crítico y un sentido de búsqueda de la información alternativa a las vías formalmente establecidas, estamos condenados a la desinformación, a la incapacidad para comprender nuestro mundo y, por tanto, incapacitados, para actuar en libertad. [5] 
Aunque no se trata de renunciar a la utilización de las nuevas formas de comunicación de tipo virtual (internet, redes sociales…), es recomendable combinar su uso con el empleo de los medios convencionales, como prensa escrita, libros, conversaciones en directo, porque la política virtual es la negación de la política, como se demuestra a diario con la ruptura que ha significado para las diversas izquierdas el apostarle a formas de comunicación virtuales como forma de sustituir el trabajo político cara a cara, que paradójicamente queda en manos de la derecha más reaccionaria, como lo hacen, por ejemplo, los pastores evangélicos y cristianos.
Una alfabetización política en materia de información y comunicación debe situar la explosión actual de información en su justa dimensión, como una forma paradójica de desinformación generalizada e intoxicación masiva y debe proporcionar herramientas e instrumentos que permitan discernir lo que es importante y lo que no lo es, lo que es verídico y lo que es mentira, lo que sirve para reforzar la dominación y lo que podría utilizarse para combatirla.
Esa alfabetización está relacionada con un aspecto esencial de la lucha y el quehacer político: el manejo del tiempo, puesto que es bueno recordar que, como decía Oscar Wilde, la lucha por el socialismo necesita de muchas tardes libres. El tiempo es algo que se nos expropia y mercantiliza todos los días y a cada hora: no tenemos tiempo para nada importante en la vida, pero sí para banalidades, como estar consultando el celular cada dos minutos o enviar estúpidos mensajes por whatsap , en forma delirante; no tenemos tiempo para nuestros hijos y amigos, pero sí para estar al tanto de los chismes de la farándula o del fútbol; no tenemos tiempo ni para leer ni escribir, pero sí para estar al día en el último grito de la moda en materia de una nueva aplicación para el celular… En fin, el tiempo es un asunto crucial en el frenético mundo actual y por tal razón debe ser también un aspecto central en un programa de formación política, que apunte a la cuestión de cómo recuperar el tiempo para las cosas importantes de la vida, y una muy significativa es la acción política.
En conclusión, una formación política anticapitalista en estos momentos requiere de una educación temporal, que nos ayude a orientarnos en medio del despojo generalizado que sufrimos de nuestro propio yo, expropiación en la que participamos activamente porque le hemos dejado al capital que nos administre hasta los elementos más recónditos y privados de nuestra existencia y hasta el último minuto de nuestro tiempo, como lo hace a través del celular y sus diversas variantes. ¿Y si eso no es político, entonces cómo se puede catalogar?

Notas
[1] Wolfgang Streeck, ¿Cómo terminará el capitalismo? Ensayos sobre un sistema en decadencia, Editorial Traficantes de Sueños, Madrid, 2017, p. 18.
[2] Citado en Manuel Casal Lodeiro, La izquierda ante el colapso de la civilización industrial. Apuntes para un debate urgente, Editorial La Oveja Roja, Madrid, 2016, p. 43.
[3] Jorge Rietchmann, Un poquito de física, un poquito de matemáticas, un poquito de economía política, Rebelión, mayo 6 de 2015.
[4] M. Casal Lodeiro, op. cit. , pp. 64-65.
[5] Pascual Serrano, Desinformación. Cómo los medios ocultan el mundo, Editorial Península, Barcelona, 2009, p. 594.

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