A recordar

8 de marzo de 2020

III. Rige el Plan Estratégico Agroalimentario 2010-2020. Envenenador, deforestador y etnocida, genocida

La República Unida de 

la Soja recargada

12 de junio de 2013

Por GRAIN | A contrapelo


En el año 2003, la corporación Syngenta publicó un aviso publicitando sus servicios en los suplementos rurales de los diarios argentinos Clarín y La Nación bautizando con el nombre de “República Unida de la Soja” a los territorios del Cono Sur en los que se sembraba soja -Integrados por Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia-. A partir de allí, esta declaración explícita de neocolonialismo quedó como “marca de fábrica” del proyecto que desde las corporaciones se estaba instrumentando.
Durante el año 2012 se produjo en estos países una embestida de las corporaciones del agronegocio sobre los territorios y las instituciones imponiendo nuevos transgénicos, mayores riesgos por aplicación de agrotóxicos y cambios en las políticas que sólo tiene precedentes en la primera imposición de los transgénicos, durante la segunda mitad de los años 90. Esta nueva avanzada corporativa se da en un marco distinto, ya que ahora ocurre con la presencia en toda la región (por lo menos hasta junio del año pasado) de gobiernos “progresistas” críticos del neoliberalismo y que en algunas de sus políticas han comenzado a modificar las políticas neoliberales impuestas en los años 90 con una mayor presencia del Estado regulando la economía y asumiendo un rol activo en aspectos sociales, educativos y sanitarios.
Sin embargo, en términos de modelo agrícola y producción de alimentos no sólo no ha habido en todo este tiempo un cambio de modelo ni una autocrítica a los problemas producidos por la implantación masiva del cultivo de soja transgénica con alto altos niveles de uso de agrotóxicos. Por el contrario, este modelo se ha ido consolidando y es defendido a rajatabla por todos los gobiernos de la región que lo asumen como política de Estado, en todos los casos. Los graves problemas que han surgido o se han agudizado, tales como los impactos de los agrotóxicos, los desplazamientos de campesinos y pueblos originarios, la concentración de la tierra o la pérdida de producciones locales, son considerados “efectos colaterales” y se abordan, cuando la presión social lo consigue, de manera fragmentada y puntual. No incluimos en este análisis a Bolivia, pues si bien la región de la “medialuna”, con Santa Cruz de la Sierra a la cabeza, es parte de la “República Unida de la Soja” las posiciones, políticas y debates planteados desde el Gobierno de Evo Morales se diferencian ampliamente del resto de los gobiernos (y esto le vale el enfrentamiento con estos sectores del poder de la medialuna que claramente han planteado su intención separatista).
Ya en otros A Contrapelo 1 2 3 hemos ido denunciando que este avance fue consolidando la imposición del modelo productivo de los agronegocios, y el Cono Sur se ha convertido en la región donde más transgénicos se siembran en el mundo y en la que mayor cantidad de agrotóxicos se aplican per cápita a nivel global. En este A Contrapelo intentaremos brindar algunas luces que ayuden a comprender cómo se está produciendo este avance y sus consecuencias a nivel de las comunidades campesinas y la sociedad en general.
Los impactos del “modelo” no reconocen fronteras entre el campo y la ciudad y se sienten profundamente en ambos espacios: las poblaciones fumigadas en los territorios rurales y en las zonas periféricas de las ciudades, las y los campesinas/os desplazadas que día a día migran para engrosar los cordones de pobreza de las grandes urbes, las economías regionales destrozadas con su correlato de los altos precios de los alimentos en las ciudades, los alimentos contaminados enfermando a unos y a otros. En fin, una catástrofe socio-ambiental que hace agua por todas partes y que ya no permite “mirar para otro lado”.
Los responsables de esta cadena destructiva son un puñado y tienen nombre y apellido: Monsanto y algunas corporaciones biotecnológicas más a la cabeza (Syngenta, Bayer); terratenientes y pooles de siembra que controlan millones de hectáreas (Los Grobo, CRESUD, El Tejar, Maggi son algunos de los principales); Cargill, ADM y Bunge transportando los granos al otro lado del mundo. Y, por supuesto, los gobiernos de cada uno de los países que apoyan de manera entusiasta este modelo. A ellos se suman un extenso número de empresas que aprovechan el “derrame” y proveen servicios, maquinaria agrícola, fumigaciones, insumos, etc.
En números concretos, esta región cubre en la actualidad una superficie de más de 46 millones de hectáreas de monocultivo de soja transgénica, fumigadas con más de 600 millones de litros de glifosato y provoca una deforestación de -como mínimo- 500 mil hectáreas por año.
Si bien las consecuencias de este modelo se expresan a nivel regional de manera contundente e interconectada, intentaremos diseccionar sus impactos para analizarlos de manera más profunda. El telón de fondo del golpe de Estado en el Paraguay resulta insoslayable, pues es allí donde los poderes fácticos han actuado de manera más brutal y explícita. Sin embargo, su carácter ejemplificador es válido para toda la región y sin duda ha intentado marcar un rumbo y un límite a los gobiernos de la región.
Repasemos un decálogo (con complementos) de los resultados concretos e indiscutibles de esta última embestida del agronegocio.
El agronegocio mata
Este hecho se ha expresado de manera continua durante estos últimos años y, tal como lo hemos expresado, fue en Paraguay donde más duramente se han sentido sus impactos. Quizás podamos ubicar el pico de violencia en la matanza de Curuguaty, perpetrada el 15 de junio del 2012 en donde –y como resultado de tensiones y represión estatal y paraestatal- murieron once campesinos y seis policías. La matanza fue utilizada para emprender el juicio político y dar el golpe institucional que terminó con la gestión del presidente Lugo.
Previo al Golpe, y más aun posteriormente, se desencadenó una ola represiva sobre los dirigentes campesinos que -en la nueva etapa- se comenzó a expresar bajo la forma de asesinatos selectivos que cobraron la vida de los líderes campesinos Sixto Pérez, Vidal Vega y Benjamín Lezcano, acribillados en un lapso de 8 meses de gobierno de Federico Franco.4 La CONAMURI (Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas) ha dicho que en el caso del asesinato de Benjamín Lezcano se observa “el mismo modus operandi que se practicó en los casos de Sixto Pérez –el 1°de septiembre pasado, en Puentesiño (Dpto. Concepción)– y de Vidal Vega –el 1°de diciembre último, en Curuguaty (Dpto. Canindeyú). El objetivo, igualmente, parece ser común: descabezar las organizaciones campesinas”.5
En Argentina, durante los últimos tres años se produjeron en Santiago del Estero tres asesinatos de campesinos ligados directamente al avance del modelo sojero (Sandra Ely Juárez, Cristian Ferreyra y Miguel Galván) y en la provincias de Formosa y Salta el hostigamiento a las comunidades es permanente y sostenido.6
En Brasil, también el movimiento campesino y especialmente el MST (Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra) han sufrido la violencia del agronegocio y recientemente la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) divulgó un informe preliminar de la violencia en 2012 contabilizando 36 muertes motivadas por conflictos agrarios.7 Durante el año 2013 ya son tres los dirigentes del MST que han sido asesinados (Cícero Guedes dos Santos, Regina dos Santos Pinho y Fabio dos Santos Silva).
Todo esto se da en el marco de una avanzada de la criminalización de las luchas sociales que no sólo se expresa en la persecución y estigmatización de los movimientos sino también en forma concreta en la avanzada de leyes represivas. El caso de la aprobación de la Ley antiterrorista en Argentina en diciembre del 2011 se suma a las leyes ya existentes en varios de los países de la región.
El agronegocio contamina
Una de las grandes mentiras que desde las corporaciones, los medios masivos y un sector de la academia se utilizó para justificar la introducción de las semillas transgénicas, fue que las mismas ayudarían a emplear menos agrotóxicos en la agricultura. Tal como muchas organizaciones lo anunciaron durante las últimas dos décadas, la realidad ha marcado absolutamente lo contrario y hoy en día el incremento del uso de agrotóxicos es cada vez más alarmante y sus impactos en toda la región son cada vez más difíciles de ocultar.
Todo esto no puede extrañarnos si asumimos el hecho evidente de que quienes impulsan las semillas transgénicas son las corporaciones dedicadas a la venta de agrotóxicos, con Monsanto a la cabeza, y que las semillas transgénicas que más se cultivan tienen como característica diferencial la resistencia a herbicidas.
Brasil está al frente de las estadísticas convirtiéndose desde el año 2008 en el mayor consumidor per capita de agrotóxicos del mundo y responsable del 20 % de todos los agrotóxicos usados en el planeta; con un consumo per cápita de 5,2 litros de agrotóxicos cada año.8 9. La escalofriante cifra de 853 millones de litros de agrotóxicos empleados durante el año 2011, con un crecimiento del mercado brasileño del 190 % en la última década, es más que elocuente. El 55 % de este consumo de agrotóxicos se empleó en cultivos de soja y maíz, siendo la soja responsable del 40% del consumo total.10Solamente el glifosato representa cerca del 40% del consumo de agrotóxicos en Brasil.
Argentina no se ha quedado atrás. Durante el año 2011 se aplicaron 238 millones de litros de glifosato que implican un incremento del 1190 % con respecto a la cantidad utilizada en el año 1996, año en que se introdujo la soja transgénica resistente al glifosato en el país.11
En Paraguay, que es el sexto productor mundial de soja transgénica, el uso de glifosato en las cifras del año 2007 significó la aplicación de más de 13 millones de litros de este agrotóxico.12
En Uruguay, también de la mano del avance de la soja transgénica las cifras llegan a un mínimo en el año 2010 de más de 12 millones de litros.13 Es justamente en Uruguay donde en la actualidad, y a raíz de la contaminación del agua en la ciudad de Montevideo, la población urbana está comenzando a reaccionar con alarma frente a la falta de disponibilidad de agua potable para el consumo.
El balance regional nos permite suponer un mínimo de aplicación de más de 600 millones de litros de glifosato, cifra escalofriante y que tiene su correlato en las innumerables denuncias que se producen cada día por los daños ya mencionados a la salud, a los ecosistemas, a la agricultura y a las comunidades que semejante baño de agrotóxicos produce.
Pero tan grave como estas cifras, son las del incremento del uso de otros agrotóxicos que se emplean asociados al glifosato o para compensar su falta de acción frente al surgimiento inevitable de malezas resistentes. Así es como el empleo del paraquat ha crecido llegando a utilizarse 1,2 millones de litros en Argentina y 3,32 millones en los cinco países productores de soja. Es importante recordar que el paraquat está vinculado a desórdenes neurológicos y por esta razón fue prohibido en 13 países de la Unión Europea en el año 2003.14
Sin lugar a dudas, el empleo de agrotóxicos es otra de las formas que tiene el agronegocio de matar.
El agronegocio impone los transgénicos
La introducción de nuevos transgénicos ligados al uso de nuevos agrotóxicos es parte de la estrategia de las corporaciones, y ha estado a la orden del día durante el año 2012.
El anuncio oficial de la presidenta argentina Cristina Fernández en el Council of Americas el 15 de junio del 2012 sobre las nuevas inversiones de Monsanto en Argentina preanunció lo que sería durante el resto de año una catarata de proyectos, anuncios e intentos de modificación de la legislación que marcó la agenda oficial y corporativa durante los meses siguientes.
Así fue que en agosto del 2012 el Ministro de Agricultura Norberto Yahuar anunció junto a ejecutivos de Monsanto la aprobación de la nueva soja rr2 “Intacta”, que trae como novedad la acumulación de la resistencia al glifosato con la producción de la toxina Bt. O sea que la única novedad es la conjunción de las dos únicas características que la industria biotecnológica logró poner en el mercado en 20 años de existencia.
Pero además de este anuncio existen aprobaciones y ensayos de campo de otros transgénicos, entre los que destacan los de soja y maíz resistentes a nuevos herbicidas, entre ellos el glufosinato y el 2,4 D. Andrés Carrasco, investigador del CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) de Argentina planteaba hace pocos meses con claridad la problemática: “hay un aspecto interesante a considerar en lo inmediato en la Argentina, es que 5 de esos 10 eventos transgénicos aprobados, 3 de maíz y 2 de soja, combinan la resistencia al glifosato con otra al glufosinato de amonio (un bloqueante de la síntesis del aminoácido glutamina) para reforzar los efectos de aquel. La necesidad de asociar en las nuevas semillas el glifosato con el glufosinato, da cuenta de las inconsistencias de la tecnología de los transgénicos tanto en su construcción como en su comportamiento en el tiempo. Sin embargo, se sigue huyendo hacia delante intentando remediar las debilidades conceptuales de la tecnología transgénica, con soluciones que tienden a ser cada vez más peligrosas”.15
En Paraguay, a pocos meses del golpe institucional, el Ministerio de Agricultura aprobó el maíz transgénico que venía siendo resistido por las autoridades del gobierno depuesto y que enfrenta un rechazo explícito y contundente por parte de las organizaciones campesinas, debido a la amenaza que representa para las muchas variedades locales de maíz cultivadas por pueblos indígenas y campesinos. Así fue como en octubre del 2012 se aprobaron cuatro variedades de maíz transgénico de Monsanto, Dow, Agrotec y Syngenta.16 Ya en el mes de agosto el presidente de facto Franco había autorizado por decreto la importación de semillas de algodón Bt-rr, probando claramente para quién gobernaba.
En Brasil la escalada comenzó a fines del año 2011 cuando se anunció la aprobación por parte de la CTNBio (Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad) del primer frijol transgénico comercial “íntegramente desarrollado en Brasil” y resistente al mosaico dorado del frijol. Este evento, por ser desarrollado por una institución pública como el Embrapa y por poseer características distintas a los transgénicos más difundidos (Bt y rr) fue utilizado como bandera pro transgénica destacando su importancia “social y alimenticia”.17 Sin embargo, su aprobación ha sido fuertemente cuestionada por funcionarios públicos, la comunidad científica y la sociedad civil. Así es que Renato Maluf, presidente del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Consea), cuestiona su rápida liberación en respeto al principio de la precaución. "Creemos que es una temeridad la prisa por liberar un producto que consumirá toda la población y sobre el cual no tenemos certeza de seguridad alimenticia y nutricional", lamentó. Mientras tanto, Ana Carolina Brolo, asesora jurídica de la organización humanitaria Tierra de Derechos, coincidió con Maluf al indicar que "fue una aprobación comercial que tuvo como característica la falta de respeto a la legislación nacional e internacional de bioseguridad".18
El balance general es que la avalancha de nuevos transgénicos se ha intensificado y en la mayor parte de los casos la misma implica su cultivo ligado a agrotóxicos, en algunos casos los mismos que ya se están utilizando (glifosato fundamentalmente) y, en otros, la introducción de nuevos herbicidas aún más tóxicos y peligrosos (dicamba, glufosinato, 2,4 D). En Brasil el Movimiento de Pequeños Agricultores (MPA), integrante de la Vía Campesina, denunció en abril del 2012 la pronta aprobación de semillas transgénicas de soja y maíz resistentes al herbicida 2,4 D.19 Estas mismas semillas ya se encuentran en etapa de experimentación a campo en Argentina.
El agronegocio se propone controlar de manera absoluta las semillas
La imposición de nuevas leyes de semillas también ha estado a la orden del día en toda América Latina, pero tuvo en Argentina, y con una ligazón directa al acuerdo con Monsanto antes mencionado, uno de los focos de acción más visibles y activos. El mismo día del anuncio de la aprobación de la soja rr2 “intacta” el Ministro de Agricultura anunció el envío de un Proyecto de Ley de Semillas para que fuera tratado en el Congreso antes de fines del 2012.
El proyecto nunca se hizo oficialmente público, ni se sometió a un debate amplio, si no que fue discutido a puertas cerradas dentro del Ministerio de Agricultura por una parte de los sectores del agronegocio argentino. Sin embargo, su contenido trascendió las fronteras del Ministerio y su análisis permitió confirmar lo que ya se podía presumir luego del anuncio oficial: la nueva Ley busca subordinar la política nacional de semillas a las exigencias de la UPOV y las transnacionales.
El Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) denunció que “La ley propuesta no protege los conocimientos ni la biodiversidad, sólo fomenta la privatización y protege la propiedad sobre lo que es un patrimonio colectivo de los pueblos, especialmente de las comunidades campesinas y los pueblos indígenas; abre las puertas para que se profundice la expropiación y privatización de la biodiversidad agrícola y silvestre de Argentina; ilegaliza o restringe gravemente prácticas que han estado en vigencia desde los inicios de la agricultura, como es el seleccionar, mejorar, obtener, guardar, multiplicar e intercambiar semilla libremente a partir de la cosecha anterior; fortalece las condiciones para que se profundice la introducción de nuevos cultivos transgénicos y su expansión, al otorgar propiedad sobre variedades sin exigir prueba efectiva de mejoramiento y en base a la simple expresión de un carácter y otorga a las empresas semilleras el poder de policía, ya que deja en sus manos el asegurar que las disposiciones de la ley se observen adecuadamente”.20
La movilización de diversos sectores logró que se postergara su presentación y debate en el Congreso Nacional; pero la amenaza de su imposición permanece latente.
Es muy claro que controlar este primer eslabón de la agricultura es uno de los objetivos principales de las corporaciones para de esta manera poder tener control sobre todo el sistema agroalimentario y garantizarse así un monopolio sin fisuras. Y también es claro que este control impacta de manera directa sobre los pueblos, impidiendo el ejercicio de la soberanía alimentaria y condenando al hambre a millones.
El agronegocio destruye los bosques
La deforestación en toda la región ha cobrado una escala dramática y aún con medidas que intentan detenerla (como la Ley de Bosques en Argentina o las regulaciones que se generan en Brasil) la misma no sólo no se ha detenido sino que durante estos últimos años se ha intensificado, teniendo como principal detonante el avance de la frontera agrícola (o el desplazamiento de la frontera ganadera como consecuencia de lo anterior).
Un vez más, Brasil encabeza las posiciones con 28 millones de hectáreas de pérdida neta de bosques para el período 2000-201021 con una desaparición de 641.800 hectáreas de bosques amazónicos entre agosto del 2010 y julio del 201122 festejada como un gran triunfo por las autoridades nacionales.
Las cifras para Argentina nos dicen que “entre 2004 y 2012 las topadoras arrasaron 2.501.912 hectáreas, el equivalente a 124 veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires. Otra forma de decir lo mismo: en Argentina se arrasan 36 canchas de fútbol por hora. Los datos surgen del cruce de relevamientos oficiales y de oenegés. El último informe de la Secretaría de Ambiente de la Nación relevó el período 2006/2011 y contabilizó que se arrasaron 1.779.360 hectáreas de monte nativo”.23
En Paraguay la situación es quizás una de las más graves en términos de porcentaje de deforestación: por un lado, la deforestación histórica en la región oriental que significó que entre 1945 y 1997 se perdiera el 76.3% de la cobertura boscosa original por su conversión a tierras para la producción agropecuaria.24 Y por otro, la actual deforestación en le región occidental (bosque chaqueño) donde el año 2011 culminó con una pérdida de 286.742 hectáreas de bosques, lo que superó en un 23% a la cifra de 232.000 hectáreas deforestadas durante 2010.25
Una mirada global a esta tragedia nos permite cobrar mejor dimensión de los que está ocurriendo: un estudio publicado por la FAO en el año 2011 26 señala que el promedio anual de pérdida neta de bosque en el período 1990 y 2005 es de cerca de 5 millones de hectáreas (en el mundo), de los cuales 4 millones se encuentran en Sudamérica.
Aquí también el agronegocio vuelve a matar: a los ecosistemas únicos de la región y a todos los pueblos que durante milenios han vivido, crecido y convivido con los bosques, cuidándolos y alimentándolos.
El agronegocio concentra la tierra en pocas manos
La concentración de la tierra es otro de los fenómenos que ha caracterizado los últimos años de implantación de la soja transgénica en todo el Cono Sur. Países en los que ya la concentración de la tierra era enorme vieron durante estos años como esa concentración se profundizaba y se reducía el número de manos que la controlaban.
Fue también Paraguay, uno de los países con peor distribución de la tierra en América Latina, donde el impacto se hizo sentir más y hoy ostenta la escalofriante cifra de un 2 % de los productores controlando el 85 % de la superficie agrícola. Esta situación se agrava aún más cuando desde los países vecinos - fundamentalmente Brasil, pero también Argentina- se está produciendo una embestida sobre sus territorios para avanzar con el cultivo de soja transgénica.
El modelo impuesto ha significado una profunda transformación en la forma en que se produce la concentración de la tierra ya que en la actualidad y en su mayor parte la misma no es adquirida si no arrendada por los grandes productores. Por otro lado, los productores ya no son personas físicas identificables sino pooles de siembra alimentados en su mayor parte por grupos de inversión especulativos.
Las consecuencias para las comunidades locales, campesinos y pueblos indígenas son siempre las mismas: la expulsión de sus territorios, en muchísimos casos a través del uso directo de la violencia, como ya hemos compartido analizando otras facetas de este modelo.
Si bien las cifras de los expulsados son difíciles de evaluar porque no existen estadísticas certeras para cada país y mucho menos a nivel regional, algunos investigadores han encontrado, por ejemplo, que en Paraguay el avance de la soja llevaría a una cantidad de familias campesinas expulsadas que alcanzaría el número de 143 mil, más de la mitad de las 280 mil fincas con menos de 20 hectáreas registradas en el censo agropecuario de 1991 28 como consecuencia del avance de las soja para alcanzar las 4 millones de hectáreas que el agronegocio se propone. Para Argentina este modelo ha generado un éxodo rural sin precedentes que para el año 2007 ya suponía la expulsión de más de 200.000 agricultores y trabajadores rurales con sus familias del agro argentino (26). En Brasil, desde la década de los años setenta del siglo XX la producción de soja ha desplazado a 2,5 millones de personas en el estado de Paraná y a 300.000 en el de Río Grande do Sul.29
El agronegocio busca consolidarse como dictador en la República Unida de la Soja
El golpe institucional en Paraguay demuestra cómo el agronegocio, con las corporaciones actuando junto a los terratenientes y cómplices a nivel nacional, no se detiene frente a los avances y los límites, que aun tímidamente, intentan instrumentar algunos gobiernos.
En Paraguay el gobierno del presidente Lugo, aún con minoría parlamentaria, intentó desde algunas áreas de gobierno (Ministerio de Salud, Ministerio de Medio Ambiente, Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas - Senave) poner límites a algunas cuestiones graves como lo son los impactos de las fumigaciones y la aprobación de nuevos transgénicos, en especial el maíz rr y el algodón Bt. También estableció un diálogo con las organizaciones campesinas en la búsqueda de frenar la histórica violencia existente en el campo fruto de la tremenda concentración de la tierra que existe en el país.
Los poderosos sectores del agronegocio agrupados en la UGP (Unión de Gremios de la Producción), que cuenta con el apoyo de corporaciones como Monsanto y Cargill, desató una guerra contra las autoridades responsables de estas áreas, pidiendo su cabeza y amenazando y ejecutando acciones públicas en ese sentido.
La matanza de Curuguaty fue la excusa que encontraron para derrocar -de la mano de sus aliados parlamentarios- al presidente Lugo en menos de dos horas de sesión y así imponer sus intereses en todos los ámbitos.
Así fue como junto con el presidente Lugo salieron todos los funcionarios comprometidos con estos procesos de cambio y rápidamente se impusieron las medidas que el agronegocio pretendía: fin a los límites a las fumigaciones, aprobación de nuevos transgénicos, promesas de cambio en la Ley de Semillas, etc.
La reciente elección que consagró al empresario Horacio Cartés como nuevo presidente llevando nuevamente al gobierno al partido Colorado fue el último paso para consagrar la impunidad y el poder ilimitado del agronegocio.
Sin embargo, en el resto de los países de la región la situación - si bien no presenta la cruda realidad de Paraguay- también es evidente la manera en que el agronegocio establece las políticas públicas en las cuestiones referidas al agro y la alimentación e interfiere en cualquier intento de modificación de las mismas desde otras perspectivas diferentes a las de sus intereses corporativos.
Todo esto confirma algo que a nivel global se está haciendo evidente y que se denuncia en todo el mundo: la democracia es incompatible con el dominio del control corporativo y es necesario desmantelar sus estructuras para poder pensar y avanzar en cualquier proceso de democratización que privilegie el bien común.
El agronegocio somete y coloniza a las instituciones de investigación y que regulan la ciencia y tecnología en cada país
Las universidades e institutos de investigación de toda la región, salvo honrosas excepciones, se encuentran colonizadas por el poder y los fondos de las corporaciones del agronegocio que las utilizan como engranaje para imponer sus transgénicos y sus modelos de producción industrializados.
Durante el año 2012 cobró estado público y fue denunciado por la sociedad civil el acuerdo de Monsanto con el INIA (Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria) en Uruguay para incluir en el germoplasma de soja local que maneja el instituto transgenes propiedad de la empresa.30 La firma del acuerdo fue cuestionada por la Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR), la gremial que agrupa y representa a los productores familiares en la Junta Directiva del INIA y por diversas organizaciones de la sociedad civil, entre ellas REDES-Amigos de la Tierra. El convenio, no accesible al público, suscitó un pedido de informes por parte de legisladores del Frente Amplio (FA).
También con posterioridad al golpe en Paraguay, el nuevo ministro de Agricultura y Ganadería del país guaraní, Enzo Cardozo anunció que “Paraguay va a producir su propia semilla transgénica que va a estar a disposición de todos los productores”. La producción estaría a cargo del Instituto Paraguayo de Tecnología Agropecuaria (IPTA), que recibiría “transferencia tecnológica” de Monsanto, para la cual el gobierno comandado por el presidente de facto Federico Franco pagaría un monto a convenirse.31
Pero Monsanto ya posee acuerdos de “cooperación” con instituciones públicas en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil desde mucho antes de esta última avanzada y las utiliza como mano de obra barata para sus investigaciones y como cadena directa para realizar la “extensión rural” de sus transgénicos. De la misma manera muchos de los funcionarios políticos actúan como brazo ideológico de las corporaciones en sus intentos de imponerse, siendo un caso paradigmático el del Ministro argentino de Ciencia y Tecnología Lino Barañao, que no pierde ocasión para ejercer su descarado lobby pro-transgénico.
El agronegocio es una forma más de extractivismo que está saqueando los territorios
La agricultura industrial es una actividad extractivista porque sus principios se basan en considerar a los suelos un sustrato inerte del que se extraen nutrientes (proteínas y minerales) sobre la base de la utilización de tecnología y productos químicos sin respetar a los suelos como organismos vivos ni reponer los nutrientes extraídos de forma natural.
Este extractivismo se expresa de manera brutal con el cultivo de soja transgénica pues ni el discurso de la “siembra directa” puede encubrir la cruda realidad de que la soja no devuelve ni remotamente la cantidad de nutrientes que extrae a los suelos, ni puede la siembra directa sostener la estructura y capacidad de retención de agua de los mismos.
Ya en otros documentos hemos compartido la forma en que en Argentina se están degradando los suelos y se están extrayendo millones de toneladas de nutrientes y miles de millones de litros de agua.32
El agronegocio actúa en complicidad con los grandes medios masivos de comunicación
Todo este proceso de imposición cuenta en toda la región con un aliado poderoso: los medios de comunicación corporativos y dominantes que actúan como brazo comunicacional incondicional del agronegocio (la única condición son la millonarias publicidades con que se llenan páginas y horas de radio y televisión).
Los mecanismos con los que funciona esta alianza se reducen a algunos lineamientos básicos que podemos resumir en:
- La ponderación absoluta de la agroindustria como panacea para la producción de alimentos creando una ligazón absoluta con el “progreso”, el “desarrollo” y el bienestar de la sociedad.
- La cooptación del discurso del desarrollo sustentable para convertir, desde la propaganda, en “sustentable” cualquier iniciativa desde miradas parciales y fragmentarias.
- La negación absoluta de todo debate o información sobre las luchas sociales de resistencia, los debates científicos o económicos o los impactos en las comunidades y en el ambiente.
- La estigmatización y criminalización de los movimientos y organizaciones sociales mostrándolos como “subversivos”, violentos, antisociales o “atados al pasado”.
Quizás uno de los países donde esta alianza es más evidente es en Paraguay, donde la mencionada UGP está vinculada al Grupo Zuccolillo, dueño del poderoso diario ABC Color que fue uno de los medios desde donde se montó la campaña golpista contra Lugo. Zuccolillo es además presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa SIP.33
Y por si esto fuera poco: el agronegocio cambia el clima
El vínculo entre la Crisis Climática que estamos sufriendo a nivel global y la agricultura industrial se halla ampliamente demostrado y presenta cifras alarmantes: como mínimo, entre el 44 y el 57 % de los Gases de Efecto Invernadero (GEI) se deben a la cadena de producción agroindustrial en sus distintas etapas.
Es evidente que un territorio donde la agricultura industrial se ha impuesto de manera brutal tiene que ser uno de los principales contribuyentes a esta crisis global. Pero también resulta evidente en toda la región que la conjunción de los problemas globales con aquellos regionales tal como la deforestación están trayendo consecuencias gravísimas, que se sufren en las zonas rurales con extensos periodos de sequía y ciclos de inundaciones, y en las ciudades con lluvias, fenómenos climáticos extremos e inundaciones para los cuales no existe infraestructura capaz de contener y cuyas principales víctimas son justamente los expulsados del campo.

Consideraciones finales
Esta dramática realidad encuentra en toda la región una amplia y articulada movilización que está enfrentando el despojo desde la resistencia local, la movilización, la denuncia pública, la construcción de alternativas y la lucha en todos los frentes posibles que van desde las vías legales hasta la desobediencia civil y la recuperación de territorios por parte de las comunidades despojadas.
Si bien es cierto que existe aún una gran fragmentación de las luchas sociales, también es una realidad que ninguna de ellas se queda en el análisis, en la mera lucha puntual, sino que se está construyendo una mirada integral que pone a la soberanía alimentaria en el centro de las luchas y a la autonomía y el bien común como horizontes.
Esperamos que este A Contrapelo sume una semilla a los nuevos cultivos y culturas que en el Cono Sur están germinando.
 Notas: (…)
Fuente: https://www.grain.org/es/article/4739-la-republica-unida-de-la-soja-recargada

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II. Rige el Plan Estratégico Agroalimentario 2010-2020. Envenenador, deforestador y etnocida, genocida

Críticas al modelo extractivo

16 de abril de 2012

Una resolución del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Agrarias declara “discrepancias con los lineamientos generales del PEA”. Sostiene que tendrá impacto negativo al consolidar el modelo de los agronegocios y la industria extractiva.

Por Darío Aranda

El Plan Estratégico Agroalimentario (PEA) fue presentado el año pasado por el gobierno nacional. Prevé metas productivas para los próximos diez años, entre ellas insta a aumentar un 60 por ciento la producción granaria e incorporar nuevos territorios al modelo de agronegocios. “El Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata declara su discrepancia con los lineamientos generales del PEA”, destaca la resolución 048/2012 de la Facultad y advierte: “El Plan Agroalimentario tendrá un profundo y negativo impacto en el complejo sistema productivo de nuestro país, al consolidar el modelo de país agroexportador basado en la agricultura industrial, pools de siembra, agrotóxicos, monocultivos, despoblamiento rural y enormes ciudades insustentables.”

El PEA está plasmado en 160 carillas, repleto de estadísticas, cuadros y gráficos. Fue presentado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en septiembre ultimo en Tecnópolis. Contó con el apoyo de gobernadores y empresas del sector. En la página 15 figuran las 43 “unidades académicas” que “participan en la elaboración” del PEA, entre ellas Agronomía de La Plata –una de las referentes en la formación de profesionales e investigadores de la Argentina rural.

En la resolución, el Consejo Superior de la Facultad identifica al “modelo dominante” en el país como “agro-minero exportador” caracterizado por “una fuerte intervención del capital financiero en la actividad, uso indiscriminado de insumos derivados del petróleo, contaminación, exclusión de pequeños productores y pérdida de biodiversidad”. Afirma que, en el modelo vigente, las ganancias “formidables son para las cada vez más grandes empresas”.

“La agricultura industrial tiene un fuerte impacto negativo sobre el ambiente, por merma de nutrientes en el suelo, reducción de biodiversidad, uso indiscriminado de agroquímicos y la introducción del riego en zonas donde el agua es un recurso escaso. Se genera un modelo de agricultura sin agricultores”, alerta la resolución.
Y precisa respecto al plan oficial que “el PEA lejos está de promover políticas que vislumbren modificaciones a las tendencias actuales del modelo productivo”. Explicita que el Gobierno pretende aumentar la superficie sembrada de 32 millones de hectáreas a 41 millones (27 por ciento más) y, en línea con organizaciones campesinas, cuestiona que “Avanzará la frontera agrícola hacia territorios donde hoy las comunidades campesinas e indígenas están resistiendo desalojos”.

“Todo indica que el modelo antes descripto tenderá a profundizarse”, advierte la Facultad. Precisa que el PEA promueve que la soja transgénica ocupe no menos del 45 por ciento de la superficie a sembrar y que el maíz sea utilizado para producción de agrocombustibles. “Ambas medidas están absolutamente enfrentadas a la defensa de la soberanía y seguridad alimentaria de nuestro pueblo”, asegura la resolución, fechada el 23 de marzo último (la sesión fue el 20 de diciembre), y que, en su parte resolutiva, crea una comisión interclaustro para diseñar un “PEA alternativo”.

Augusto Calandrelli, consejero superior por el claustro estudiantil, explicó que las universidades participaron de debates y realizaron propuestas para la confección del PEA, pero aclaró que “ninguno de los aspectos críticos al modelo” fueron tenidos en cuenta por “la mesa chica del Ministerio de Agricultura” que redactó el documento final. “El PEA no es una síntesis debatida con universidades ni con organizaciones de la agricultura familiar, sino que es una decisión de funcionarios del Gobierno”, explicó.

La resolución de nuestra Facultad es un primer paso para cuestionar un modelo de producción que mantiene profundas continuidades con el neoliberalismo de los años ’90”, avisó el consejero superior. La Facultad de Agronomía de La Plata, fundada en 1906 y referente entre las casas de estudios, se sumó a las facultades que cuestionan el modelo extractivo. La Universidad Nacional de Córdoba y la de Río Cuarto alertaron, en 2009 y 2010, sobre los efectos ambientales y económicos de la megaminería. La Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario denunció, en marzo pasado, al modelo extractivo por sus “consecuencias comprobadas” en el ambiente y en la salud de las poblaciones. Y la Universidad de Buenos Aires también cuestionó la megaminería, el miércoles pasado, en una declaración de apoyo del Consejo Superior (el más alto espacio político de la UBA): apuntó a los efectos ambientales, pero también a la represión y violación de derechos que padecen las poblaciones que rechazan la cuestionada actividad (puntualizó casos de Catamarca y La Rioja).

“En las últimas semanas, han sido vulnerados derechos constitucionales de ciudadanos y ciudadanas de las regiones en conflicto al ser violentamente reprimidos por las fuerzas de seguridad del Estado en los cortes selectivos contra la Minera Alumbrera en las localidades de Belén, Amaicha del Valle y Tinogasta”, denunció la UBA y coincidió con Agronomía de La Plata respecto de los agronegocios: “Este modelo productivo extractivo-exportador está íntimamente asociado con el avance de la frontera agraria a costa del despojo de la tierra a campesinos y el desmonte y deforestación, con la utilización excesiva de agrotóxicos en las fumigaciones”.

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I. Rige el Plan Estratégico Agroalimentario 2010-2020. Envenenador, deforestador y etnocida, genocida

11/01/2013 :: ARGENTINA
El modelo productivo argentino y sus víctimas. Nuevas muertes en la comunidad qom


Es preciso desentrañar cuál es el fondo de este etnicidio que no sólo tiene que ver con la falta de políticas públicas. Por detrás hay un modelo de producción extractivista

El viernes pasado desapareció Imer Ibericio Flores de 12 años de la comunidad Qompi Naqona’a de Villa Bermejito (El Impenetrable, Chaco) en Argentina . Fue encontrado muerto la mañana del sábado cerca de la playa. Golpeado, con el rostro desfigurado, su tatuaje símbolo de la etnia qom, único elemento para que sus familiares pudieran reconocerlo, intentó ser removido. Hasta ahora un solo sospechoso, Nino Franco, un criollo del paraje El Colchón, quien ya protagonizó varios episodios de violencia con otros miembros de la comunidad.
El racismo es sistemático y la complicidad del gobierno argentino y la policía evidente. Son recurrentes en la zona los asesinatos a miembros de la comunidad. Medrano (mayo de 2011) fue asesinado casi en el mismo lugar, apuñalado por tres criollos, a pocos meses del asesinato de Alberto Galván, otro miembro de la comunidad cuyo cuerpo fue mutilado y arrojado al río.
Al momento de escribir estas líneas comenzó a correr la noticia de otro asesinato, esta vez en la provincia de Formosa. Daniel Asijak de 16 años fue encontrado al costado de la ruta con una fractura de cráneo producto de un fierro. Se trata del sobrino de Félix Díaz, el qarashé de la comunidad qom Potae Napocna Navogoh, referente de la lucha por la posesión de las tierras ancestrales. Daniel circulaba con su moto por la ruta antes de aparecer tirado, los médicos aseguran que padeció una golpiza. Celestina Jara y su nieta Natalia, de la misma comunidad murieron hace un mes luego de ser atropelladas por el gendarme Walter Cardozo quien se acercó tras el accidente a patear en el estómago a Ricardo Coyipe, compañero de Celestina y conductor de la moto en la que fueron atropellados.
Avanza con sangre la frontera
Es preciso desentrañar cuál es el fondo de este etnicidio que no sólo tiene que ver con la falta de políticas públicas, y la imposibilidad de acceso, de estos sectores marginados, olvidados, proscriptos, a derechos básicos como alimentación, vivienda y salud (más de once qom murieron durante el 2007 por desnutrición y enfermedades prevenibles). Por detrás hay un modelo de producción extractivista, saqueador y depredador que pretende arrasar con los bienes comunes y con todo lo que se interponga en su camino.
En los últimos 10 años la frontera agrícola en Argentina creció un 60% avanzando por sobre bosques, selvas y economías familiares. Se trata de un modelo basado en los agronegocios, es decir una agricultura industrial que se desarrolla a partir de un paquete tecnológico: semillas OGM (Organismos Genéticamente Modificados) y fumigaciones con agrotóxicos. Empresas transnacionales como Monsanto, tienen vía libre en el país para incidir de manera directa en la producción, determinando qué producir, de qué modo y para qué/quiénes. La soja ha adquirido un notable desarrollo y su monocultivo se ha extendido no sólo en la región pampeana, sino en zonas antes poco aptas para el cultivo, como las provincias de Chaco, Formosa, Tucumán, Santiago del Estero, Misiones y Salta.
La frontera agrícola avanza y a su paso resuenan los muertos en manos de este modelo. Miguel Galván (10 de octubre), militante del MOCASE-VC, fue asesinado en nombre de un empresario que intentaba acaparar sus tierras en Santiago del Estero, y así sembrar el terror entre los campesinos e indígenas que luchan contra los desalojos. La misma suerte corrió Cristian Ferreyra (16 de noviembre de 2011), miembro del MOCASE-VC cuando fue baleado tras resistir el desalojo del campo donde vivió toda su vida, en Santiago del Estero. Roberto López (23 de noviembre de 2010), de la comunidad qom, fue asesinado durante un corte de ruta en Formosa en reclamo de la devolución de sus tierras. La campesina Sandra Juárez (13 de marzo del 2010), murió de un paro cardíaco frente a la topadora que pretendía arrasar con su vivienda en Santiago del Estero. Javier Chocobar (12 de octubre de 2009) diaguita, fue asesinado por ex-policías y un empresario que buscaban apropiarse de sus tierras en Tucumán.
Plan estratégico agroalimentario y las leyes de la entrega
Desde el Ministerio de Agricultura se anunció el PEA 2020 (Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial Participativo y Federal 2016/2020), a partir del cual se pretende convertir a la Argentina en “un líder agroalimentario mundial”, aumentando la producción de granos en un 58%, esto implica ampliar la superficie sembrada en un 27% (el equivalente a 42 millones de hectáreas). Mientras tanto hace más de un año que espera a ser tratado en el Congreso el proyecto de ley que frena los desalojos (durante 5 años) y reconoce las tierras que habitan desde hace años indígenas y campesinos. “Para que en Buenos Aires se hable de tierras tiene que morir alguien. Antes fue Cristian (Ferreyra), ahora Miguel (Galván), pero pasa el velorio y no se habla más de tierras. Son disputas que se dan en el campo, no se ve de la General Paz para adentro. Y porque en lugares decisivos, nacional y provincial, no hay interés ni voluntad política de encontrar soluciones. Sólo hay interés económico y político de extracción de recursos naturales” afirma José Luis Castillo, campesino de la organización Obreros del Surco del norte de Santa Fe durante la Asamblea Campesina e Indígena del Norte Argentino reunida a fines de diciembre.
La Ley de Semillas (o Ley Monsanto) por otro lado, deambula para ser tratada prontamente en el Congreso. Una ley que pone en jaque la soberanía alimentaria y un derecho histórico de los pueblos, al limitar el uso propio de las semillas (es decir, las semillas de la cosecha) y otorgar nuevos privilegios a las transnacionales con el argumento de respetar la “propiedad intelectual”, se trata del cobro de regalías para quienes desarrollan las semillas OGM, entregando el control de las semillas a las empresas.
No es casual que la lista de muertos en manos de este modelo de producción se agrande, no es casual que ellos sean indígenas y campesinos. Los asesinos son empresarios, comerciantes o sicarios de la zona, pero son ayudados por la policía, son respaldados por un poder judicial, por gobiernos provinciales y nacional que eligen callar y eligen gobernar para los de siempre, los poderosos, para las multinacionales y sus socios de turno. Mientras tanto el pueblo qom pide a gritos justicia y espera una respuesta por los asesinatos de su gente.

Fuente: https://www.lahaine.org/mundo.php/el-modelo-productivo-argentino-y-sus-vic

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19 de diciembre de 2019

Recuperamos 19/20 si asumimos al Estado como motor de la capitalista «contrarreforma agraria»

La «contrarreforma agraria integral» del sistema mundo capitalista (bajo gestión neoliberal o progresista) impone "transformar a la naturaleza en un mero medio de producción, y a todos los procesos vivos que le son inherentes en potenciales mercancías, y destruir todas aquellas relaciones sociales, constelaciones culturales y lenguajes de valoración propios de otras matrices civilizatorias para subsumirlas a la lógica unidimensional del mercado (el tiempo abstracto, el individualismo y la ganancia privada). La violencia y el despojo constituyen la condición y signo del origen neoextractivista".
 
La «contrarreforma agraria integral» del sistema mundo capitalista garantiza el orden social donde "los procesos de expropiación ecológica tienen profundas consecuencias económicas y políticas; implican inexorablemente que lo que unos consumen es lo que a otros les es quitado. El agua y la energía que consumen las mineras en los territorios de nuestra región, por ejemplo, es agua y energía que es negada y expropiada a las propias poblaciones locales".

Espiral (Guadalaj.) vol.23 no.66 Guadalajara may./ago. 2016

Neoextractivismo y conflictos medioambientales
en América latina
 
Marco Antonio Merchand Rojas

Conclusiones
Se ha analizado cómo los Gobiernos de América Latina justifican un estilo de desarrollo extractivista que genera círculos viciosos no sólo en la población (explotación desmedida, bajos salarios, no se cuenta con prestaciones labores -seguro médico, ahorros, etc.-), sino también en el entorno territorial de estas poblaciones: al estar sometido a una sobrecarga de sus recursos naturales, se tiene como resultado depredación y degradación de su medio ambiente.
Esta paradoja perversa del sistema es propia de la lógica que opera en los Gobiernos en comparsa con las empresas para mantener un sistema productivo con altos rendimientos para una clase empresarial nacional y extranjera. Sin embargo, estas empresas productivas que comercializan exitosamente sus productos en el exterior, aprovechando sus "ventajas comparativas", no generan para sus trabajadores una vida digna y decorosa.
Las comunidades originarias y dueñas de sus recursos (tierra, agua) son despojadas arbitrariamente de sus medios de subsistencia. Estas poblaciones inertes e indefensas luchan por que se les restituya lo que les pertenece. Esto genera creciente conflictividad socioambiental entre los actores involucrados (Estado, empresas y trabajadores). No obstante que han crecido los conflictos por disputas y conquistas de territorios entre los involucrados, el Estado sigue manteniendo una política de defensa a favor de los intereses empresariales que socavan y depredan la biodiversidad de los territorios ocupados, destruyendo por consecuencia el tejido productivo social y cultural de sus pobladores originarios.
Habría que agregar, también, que el negocio lucrativo sobre el aprovechamiento de los recursos naturales se expresa en un neoextractivismo que constituye un escenario favorable para una próspera clase rentista (empresas nacionales, transnacionales y operadores de Gobierno) que acumula más y más riqueza y poder y es situada privilegiadamente en un sistema económico-político exclusivo y explotador de fuerza de trabajo y recursos naturales. El dominio que ejerce la clase rentista (por ejemplo, los titulares de los derechos de propiedad minera, agrícola, petrolera) sobre los denominados activos y recursos "naturales" le permite crear y manipular la escasez, así como especular con el valor de los activos que controla.
Esta clase rentista ejerce el derecho del "acaparamiento de tierras" que se está llevando a cabo actualmente en todo el mundo (América Latina, África), y que tiene que ver más con la creciente competencia por monopolizar los recursos y la cadena alimentaria con vistas a la extracción de rentas que con el temor a unos inminentes límites naturales impuestos a la producción de alimentos y la extracción de minerales.
También es a través del comercio internacional de materias primas que existe una transferencia real o virtual de insumos (agua, energía, minerales, biomasa y nutrientes, así como los efectos del trabajo humano) de una parte a otra del planeta. Este comercio es el adhesivo que mantiene unido el sistema capitalista, y es su expansión la que extiende e intensifica las actividades que tienen lugar dentro del mismo. En este sentido, la categoría de transferencia ecológica se ejemplifica en el caso de la explotación de petróleo crudo de México, que se exporta a Estados Unidos y que este regresa procesado como gasolina o gas.
El sistema capitalista está plagado de desigualdades y desarrollos geográficos irregulares, precisamente como consecuencia del patrón desigual de estas transferencias. Los beneficios se amontonan en una parte del mundo a costa de la otra. Un claro ejemplo de esto es lo que ha acontecido con América Latina en cuestión de transferencia de los beneficios ecológicos a partir de la explotación de su naturaleza y recursos naturales. Hay que recordar que el capital ha agotado, e incluso destruido, de forma irreparable los recursos latentes en la naturaleza de ciertos lugares (ejemplos como el gaucho, el henequén, etc.). Las colonias y las neocolonias fueron explotadas y son explotadas por sus recursos, sin importar el bienestar de las poblaciones locales (a menudo indígenas).
La extracción de minerales y la explotación de los recursos energéticos y forestales suelen seguir una lógica similar, dejando tras de sí un paisaje desigual de ciudades mineras abandonadas, suelos agotados, vertederos de residuos tóxicos y valores de activos devaluados. Estas prácticas extractivas y explotadoras se tornan doblemente voraces y violentas bajo regímenes imperiales y coloniales. Los beneficios y las pérdidas desiguales casi siempre redundan, sin embargo, en beneficio de los ricos y los poderosos, dejando a los vulnerables y a los pobres mucho peor de lo que estaban. Esto es, al fin y al cabo, en lo que siempre ha consistido el imperialismo extractivo.
La explotación de la tierra, la erosión del suelo y la extracción incontrolada de los recursos naturales han dejado una huella de enormes proporciones en los paisajes de todo el mundo, y en algunos casos han provocado la destrucción irreversible de aquellos valores de uso necesarios para la supervivencia humana. Sin embargo, el capital no puede menos que privatizar, mercantilizar, monetizar y comercializar todos aquellos aspectos de la naturaleza a los que tiene acceso. Sólo así le es posible absorberla cada vez más intensamente de modo que se convierta en una forma de capital, esto es, en una estrategia de acumulación. La colonización de nuestro mundo de vida por el capital se acelera. La infinita y cada vez más absurda acumulación exponencial de capital se ve acompañada de una infinita y cada vez más absurda invasión del mundo de vida por la ecología del capital.
Como se analizó, se instaura un proceso que se denomina "ofensiva extractivista", con acelerado avance expropiatorio, mercantilista y depredador de los bienes comunes naturales de la región. El agronegocio, la minería a gran escala, la explotación de hidrocarburos no convencionales, la industria forestal y la construcción de megaproyectos de infraestructura (carreteras, gasoductos, termoeléctricas, represas, etc.) son actividades únicas de esta nueva ola de saqueo, dependencia y recolonización a la que están sujetos los países de América Latina. Se puede decir que casi todos los estudios académicos recientes coinciden en las que las actividades de extracción de minerales o hidrocarburos generan situaciones de pobreza y de autoritarismo, y que se propician relaciones entre unas y otras.
Referencias bibliográficas
Recibido: 08 de Abril de 2015; Aprobado: 19 de Febrero de 2016
 
 
 
Señalemos como causa común, de las diversidades de abajo sin fronteras ni muros, a la reafirmación de derechos sobre territorios desde comunidades y pueblos naciones. Apreciemos porqué en el siguiente ejemplo:
 

*Gan Gan, 15 de diciembre del 2019 - Meseta de Zunguncura.*
*Al pueblo nación Mapuche Tehuelche y a la opinión pública en general:*
Comunidades Mapuche-Tehuelche de las zonas de meseta y cordillera, y gente de nuestro pueblo-nación declaramos:
Kiñe: Reunidos en Trawn expresamos la reafirmación de nuestros derechos territoriales, y exigimos solución política inmediata a la embestida de la empresa minera Pan American Silver, en complicidad con el poder estatal, entendiendo que es territorio ancestral mapuche tehuelche y se encuentra en peligro.
Epu: rechazamos la promulgación de la Ley de Ministerios con la creación del Ministerio de Hidrocarburos. Dicho ministerio es un paso más del gobierno para intervenir sobre el territorio y habilitar la Megaminería. A su vez, rechazamos cualquier ley desde el Estado, sobre este tema, en tanto no se respeten aquellas que él mismo reconoce (Art. 75. Inc. 17 de la Constitución Nacional, Convenio 169 de la OIT) y nos protegen como Pueblos Originarios.
Küla: nos vemos en obligación de repudiar fervientemente la profanación y traslado del Chenke (enterratorio ancestral) a principios del año 2005, para llevar a cabo actividades de exploración minera. Entendemos la necesidad de mantener el equilibrio con la Ñuke Mapu y los pulli que la habitan y cuidan el lugar, y se vieron afectados por este hecho. Como Mapuche-Tehuelche no vamos a permitir que continúen estos atropellos ante la avanzada del extractivismo, que continuará afectando gravemente estas fuerzas espirituales.
Meli: denunciamos que las actividades de la empresa están generando división en las comunidades, y conocemos de la coerción que ejercen sobre ellas. Nos solidarizamos con los pobladores que se ven amenazados por las acciones de la empresa en complicidad con el poder político. Estamos en alerta y observando sus movimientos y no vamos a aceptar esta clase de atropellos.
*Hacemos un llamado a pu peñi pu lamgen y a la población consciente, a acompañar nuestra lucha por la defensa del territorio y el agua.*
*Recordamos a Raimundo Pino, desaparecido de nuestra meseta y exigimos justicia y el fin de la impunidad.*
*Raimundo Pino presente.*
*Rafael Nawel Yem presente.*
*Libertad al lonko Facundo Jones Huala.* 
*Absolución a Lautaro Curruhuinca.*
*Mari chiweu, mari chiweu

    

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V. Recuperamos 19/20 desde luchas en Chubut y Mendoza

Mendoza: seis horas con la Legislatura rodeada 

en defensa del agua

17 de diciembre de 2019
Seis horas con la Legislatura rodeada por el pueblo mendocino que se concentro para defender la Ley 7722 que pretende ser modificada para la megaminería. A las 11:30hs se levantó la sesión por la presión en las calles. Senadores y diputados quedaron sitiados «hasta que no bajen el proyecto de modificación» y debieron salir entre abucheos y un fuerte operativo de infantería. 
Por ANRed desde Mendoza.
La jornada de este martes amaneció con el alba de una sola luz: «el agua de Mendoza no se negocia». Las asambleas populares del agua, organizaciones sociales y personas autoconvocadas colmaron la legislatura en una jornada histórica.
Hasta las 18 horas, los senadores quedaron en el recinto bajo la exigencia que los bloques de la UCR y del PJ bajen y archiven el proyecto de modificación a la Ley 7722 que busca dar rienda libre a la megaminería contaminante. El proyecto fue presentado por el flamante gobernador Rodolfo Suarez.
Adentro se encontraban Pablo Priore del Cambia Mendoza quien pidió la represión. Ernesto Mancinelli de Libres del Sur. Marcelo Romano de Protectora. Lautaro Jiménez del Fit. Laura Chazarreta del Frente de Todos quien manifestó que «la ruta de la minería y del fraking es la ruta de la trata y que expropia nuestra cuerpos y nuestros recursos». Mercedes Llano del Partido Demócrata y Guillermo Mosso quien ninguneó los argumentos sobre la catástrofe en Jáchal cuando hubo un derrame de cianuro.
Compañeras de la asamblea del este de la provincia de Mendoza pudieron refutar estás palabras a partir de la exposición de los informes de la Universidad Nacional de Cuyo y del CCT sobre la presencia de metales tóxicos en los ríos que llegan a Jáchal.
Pasado el medio día, abogadas de las asambleas se presentaron en el recinto para frenar las amenazas de represión, multas e imputaciones que se han vuelto un clásico en las postales mendocinas de las últimas luchas callejeras. En la negociación de acordó que se dejaba salir a las y los trabajodres de prensa y de la Legislatura si se dejaba sin efecto la orden de reprimir e infantería retiraba sus efectivos de la Sarmiento.
Luego se garantizó la salida por las puertas asignadas por asambleístas a partir de túneles humanos que certifican que ningún miembro de las cámara saliese.
A las 18 hs infantería armó un cordón tiró un gases lacrimógenos y violentaron a las personas que se encontraban en las calles de la Legislatura.
La asamblea continúo en la Plaza independencia y decidió convocar para mañana a las 10hs a fin de organizar las acciones venideras.
https://www.anred.org/2019/12/17/mendoza-seis-horas-con-la-legislatura-rodeada-en-defensa-del-agu

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