A recordar

13 de julio de 2018

II. El doble discurso de Evo, como el de todos los gobiernos progresistas

Evo y los empresarios pactan una "alianza productiva" para alimentar al pueblo

El giro agroindustrial del “proceso de cambio”
 

10 de febrero de 2011
SENA-Fobomade *
 El gobierno boliviano y el empresariado agroindustrial consolidaron una “alianza productiva” y comenzaron a diseñar un plan estratégico conjunto para garantizar el abastecimiento de alimentos en el mercado interno, y al mismo tiempo aumentar las exportaciones agrícolas, en un intento de aprovechar la crisis alimentaria global como una “oportunidad” de negocio.
Al cumplir su primer año de gestión como Presidente del Estado Plurinacional el 22 de enero de 2010, Evo Morales propuso articular una alianza con todos los productores del país con el objetivo de tomar medidas frente a las inundaciones, sequías y otros efectos del cambio climático, y delinear una estrategia que garantice la seguridad alimentaria nacional.
“Hay culpables (las naciones ricas), cómplices y víctimas de la crisis alimentaria”, comentó el Presidente Morales, pero afirmó que su gobierno no esperará a que los países industrializados cambien sus políticas de desarrollo sino que fomentará la producción local de alimentos.
La nueva Constitución Política del Estado establece que los medianos y pequeños productores son el sostén de la seguridad y soberanía alimentaria del país, pero Morales prefirió pactar la alianza productiva con el empresariado agroindustrial.
El Presidente se reunió primero con los agroindustriales de la Cámara de Industria, Comercio, Turismo y Servicios de Santa Cruz (Cainco), y con ellos comenzó a organizar la alianza productiva el 19 de enero en Palacio Quemado, relegando a los pequeños cultivadores indígenas y campesinos a un segundo plano.
Morales escuchó las sugerencias de productores de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) y de la Confederación Nacional de Ayllus y Marqas del Qullasuyu (Conamaq), pero poco tiempo después conformó con la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) el primer “Consejo Consultivo” público-privado encargado de “fortalecer” las políticas de desarrollo económico y resolver los problemas alimentarios.
“Se ha creado un consejo que va a empezar a resolver los problemas del día a día, como el de la planificación, para evitar problemas como la escasez de azúcar y otro tipo de problemas que eventualmente se podrían presentar… Estamos construyendo soluciones, estamos generando temas de inversión para que podamos generar más empleo”, informó el presidente de la CEPB Daniel Sánchez luego de reunirse con el Presidente, junto a una veintena de empresarios.
El dirigente del gremio patronal aseguró que los empresarios de la Cainco, de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), y la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) “están también con el Presidente tratando de solucionar los problemas” que afectan a la población boliviana. Según los empresarios, Morales está muy preocupado por la crisis alimentaria y por el cada vez mayor peso de las importaciones agrícolas.
Las importaciones agroindustriales se incrementaron durante los últimos años hasta alcanzar las 871.328 toneladas en 2007, cifra que casi se compara con el nivel más alto de los tiempos neoliberales de Hugo Banzer Suárez (2000), cuando se importaron 893.218 toneladas. Es tal la carencia de alimentos que el gobierno se vio obligado a comprar 90 mil toneladas de carne al régimen golpista hondureño, y comenzó a importar azúcar de Brasil y Colombia.
Morales se declaró satisfecho por la “sinceridad y confianza” expresadas por los empresarios y anticipó que los objetivos prioritarios de la alianza productiva son asegurar respaldo financiero y revisar la legislación agraria, especialmente los alcances de la Función Económica Social (FES) de la tierra. De esta forma, el Presidente dejó en manos de los sectores privados la seguridad alimentaria del país y dio un giro a la política agraria de su gobierno.
Uno de los objetivos de la Revolución Agropecuaria y Forestal impulsada por el Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente desde 2007 era construir un patrón de desarrollo agrario con base en la “soberanía alimentaria” y asentada en sistemas de producción agrícola comunitario, asociativo e individual, para que Bolivia deje de depender de las importaciones y más bien fortalezca “el rol de la agricultura familiar campesina, indígena y originaria con base comunitaria”.
El Artículo 406 de la Constitución indica que “El Estado garantizará el desarrollo rural integral sustentable por medio de políticas, planes, programas y proyectos integrales de fomento a la producción agropecuaria, artesanal, forestal y al turismo, con el objetivo de obtener el mejor aprovechamiento, transformación, industrialización y comercialización de los recursos naturales renovables”. Añade que “El Estado promoverá y fortalecerá las organizaciones económicas productivas rurales, entre ellas a los artesanos, las cooperativas, las asociaciones de productores agropecuarios y manufactureros, y las micro, pequeñas y medianas empresas comunitarias agropecuarias, que contribuyan al desarrollo económico social del país, de acuerdo a su identidad cultural y productiva”.
La flamante ministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural Ana Teresa Morales reconoció que los pequeños productores fueron los menos favorecidos por el Estado. “El equilibrio en los eslabones es básico para desarrollar las cadenas productivas, porque no puede ser que se impulse solamente los eslabones grandes y los pequeños sigan sometidos a los mayores índices de pobreza; no puede haber crecimiento productivo sin equidad, ese es un principio de nuestro Gobierno”, comentó y prometió diseñar una estrategia de “salvataje” de la economía popular, optimizando los incentivos estatales en el aparato productivo de alimentos, fundamentalmente del pequeño productor urbano y/o rural.
Pero, ¿quiénes controlan la producción alimentaria en el país? Un reciente informe del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla-“Soberanía Alimentaria en Bolivia entre el discurso y la realidad”, noviembre 2010) revela que en la gestión 2008/2009 la producción capitalista en Bolivia incrementó la concentración de superficie cultivada para llegar a 82,5% y los volúmenes de producción hasta 82,3%. Este incremento, si bien obedece a una modificación en los hábitos alimenticios de los bolivianos, refleja una cada vez menor importancia de la producción campesina.
A fines del siglo XX, las pequeñas unidades agrícolas aportaban el 80% en la provisión de alimentos. Los campesinos sostenían el 50% de la producción no industrial de trigo, arroz y maíz, pero estos niveles fueron disminuyendo en el gobierno indígena de Evo Morales. Con estos datos se infiere que la convocatoria a conformar una alianza estratégica no se dirige a los pequeños cultivadores, sino a los grandes productores capitalistas, más propiamente al poderoso sector agroindustrial de Santa Cruz que concentra la producción agrícola, y que controla, junto a la burguesía de Beni, más del 80% de la producción de carne bovina.

La propuesta del agronegocio
Los empresarios afirman que la escasez y la especulación es la factura que paga el Presidente por haber confrontado al sector productivo y a los inversionistas privados. El presidente de Anapo Demetrio Pérez recordó que en este último tiempo no hubo comunicación con su gremio, “no sabemos las razones del porqué; según nos dijeron, tenían otra agenda u otra prioridad”.
El vicepresidente de la Confederación de Ganaderos de Bolivia (Congabol) Cristian Satori criticó la falta de apoyo del gobierno, alertó que los productores nacionales están desincentivados por la inseguridad jurídica, y dijo que a consecuencia de los fenómenos naturales la oferta de carne se verá reducida, sin descartar un incremento de precios en los próximos meses. El consumo interno de carne es de aproximadamente 180 mil toneladas y la oferta para 2011 será de 170 mil toneladas.
En un Foro celebrado en 2008 en La Paz, el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) advirtió sobre las serias consecuencias de una crisis alimentaria a nivel mundial que afectaría a Bolivia, y aconsejó al gobierno que no tome decisiones “reactivas” y “cortoplacistas” (prohibiciones de exportación, establecimiento de cupos, licencias previas y control de precios internos), sino medidas inteligentes y “proactivas” que no solo garanticen el abastecimiento interno, sino que generen saldos exportables.
El IBCE, un “tanque de ideas” que defiende los intereses de la burguesía agroindustrial, señala que desde 2007 el gobierno aprobó más de 13 decretos supremos para restringir las exportaciones de carne de pollo, aceite de soya y girasol, maíz, trigo y otros productos.
El representante de la Organización para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas (FAO) en Bolivia Gonzalo Flores comentó que las restricciones a las exportaciones, el control de precios y la intromisión del Estado en la producción de aceite “generaron un efecto boomerang” que desincentivó la producción de alimentos en el país.
“Los productores de maíz, de arroz y otros granos fueron desincentivados porque plantaban con una expectativa de rentabilidad, sabían que podían exportar una parte de lo que producían, pero al no poder exportar hacen un uso alternativo de su dinero y lo colocan en otros rubros, principalmente construcción de bienes inmuebles”, declaró Flores al diario La Razón.
El IBCE identificó tres condiciones clave para fomentar la producción de alimentos en el país: a) Seguridad jurídica para la tierra y las inversiones en el agro; b) Eliminar las fijaciones de precios y las restricciones a la exportación; c) Mecanización, riego y uso de la biotecnología para enfrentar de mejor forma el cambio climático y aumentar la productividad.
Los agricultores empresariales dicen que limitaron sus inversiones debido a la inseguridad jurídica que existe en el país, como por ejemplo el cumplimiento de la FES para las tierras productivas, condicionalidad establecida por la Ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). “La FES está aprobada por dos años, pero un financiamiento se produce para entre ocho y diez años”, argumentaron.
Los industriales están presionando para que se modifique la legislación agraria. El Presidente de Anapo pidió al gobierno que “flexibilice” la normativa de reversión de tierras por causal de desmontes ilegales, y permita la expansión de la frontera agrícola. “Algunos productores desmontaron áreas para sembrar más pero han sido declarados ilegales; nosotros pedimos flexibilizar las normas para, de alguna manera, regularizar ese desmonte y no recortar la producción”. Pérez aclaró que no se trata de “deforestar”, sino de aprovechar racionalmente el suelo para cultivar alimentos.
Según el dirigente empresarial, antes de aplicar la letra muerta de la ley que manda revertir propiedades y concesiones forestales cambiadas a usos agrícolas sin consentimiento legal, primero se debería realizar un estudio técnico y científico, y distinguir zonas con alto potencial para el cultivo de alimentos.
En Bolivia hay 15 millones de hectáreas aptas para cultivos agrícolas, pero se cultivan menos de 3 millones; deberíamos aprovechar la nueva realidad mundial y dedicarnos a producir más alimentos (oleaginosas, cereales, carnes) no solo para garantizar su propio abastecimiento, sino para generar saldos exportables y con ello crear empleos, ingresos y soberanía alimentaria, plantean los empresarios.
“El mundo tiene hambre y Bolivia puede ayudar al mundo a producir más alimentos, generando para sí soberanía alimentaria y más empleos”, fue la principal conclusión del Foro Crisis Alimentaria Mundial: Oportunidades y Desafíos, organizado por el IBCE en 2008, donde se abrió la posibilidad de convertir la “amenaza” de la crisis alimentaria en una “oportunidad” para Bolivia.
El IBCE advirtió que no se podrá resolver la crisis alimentaria sin el uso de biotecnología para mejorar rendimientos, combatir plagas y enfrentar los impactos del cambio climático. Aseguró que para Bolivia es insuficiente el concepto de “seguridad alimentaria”, el cual puede ser una trampa porque puede alentar las donaciones e importaciones, como ocurrió con el trigo y la harina de trigo que convirtieron a Bolivia en un país dependiente del abastecimiento externo.

Evo cumple con los agroindustriales
El incremento del precio de los carburantes fue el anticipo de lo que en realidad quiso decir el Presidente hace cinco años cuando afirmó que “gobernar es hacer buenos negocios”. Con el fallido gasolinazo de Navidad, Evo “cambió” el rumbo del proceso de nacionalización de los hidrocarburos, y ahora pacta con el agronegocio y desvía el proceso de reconducción comunitaria de la reforma agraria.
“Mandar obedeciendo al pueblo” es la consigna central de las gigantografías oficialistas que proliferan en todas las ciudades capitales del país; mientras el Ejecutivo mima a los empresarios y apuntala en silencio a la agroindustria exportadora. La ministra Morales resaltó que “si alguien merece un reconocimiento importante y serio es el empresariado que logra el propósito de exportar”. Y como muestra de su reconocimiento otorgó el Premio Bolivia Exportadora 2010 a más de 50 exportadores que generan valor agregado, empleos e ingresos para la economía nacional.
El gobierno reconoció a los empresarios que exportaron aparatos para silvicultura y procesamiento de carnes, aspersores y goteros para sistemas de riego, quinua orgánica roja, manjar blanco o dulce de leche, granos aplastados y copos de avena, estevia procesada y vinagres para mesa. Entre las empresas y emprendimientos reconocidos figuran la Empresa Metalúrgica Vinto, Exportadores Bolivianos SRL, Compañía de Productos de Camélidos. (Coproca), Asociación de Productores de Quinua (Apquisa), Creaciones Paola, Boliviana de Aviación (BOA), Albergue Ecoturístico Comunitario Pampalarama, entre otros. También destacan la Empresa Boliviana de Almendras y Derivados (EBA) e Insumos Bolivia, ambas pertenecientes al Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural.
“Las políticas públicas de nuestro gobierno aunque no hayan sido ideales, se han esforzado seriamente en el proceso de promover las exportaciones. Si en ese afán no hemos sido perfectos aquí estamos para servirles y para perfeccionar cualquier mecanismo de política pública, porque el exportador debe ser un actor privilegiado en nuestra economía”, proclamó Morales luego de destacar el esfuerzo quijotesco de los exportadores.
La ministra Morales presentó además una “Guía para la Exportación” que facilita el desarrollo de actividades productivo-exportadoras proporcionado conceptos, normas y regímenes en la materia, requisitos y procedimientos de exportación, condiciones y preferencias en cuanto a desgravación arancelaria en los mercados externos y otra información necesaria.
La vieja consigna neoliberal de “exportar o morir” empieza a sonar fuerte en Palacio de Gobierno. Hace exactamente un año Evo prohibía la exportación de alimentos básicos; hoy su gobierno acelera la construcción de caminos, puentes y corredores biocéanicos contemplados por la IIRSA con el fin de fomentar las exportaciones agroindustriales y petroleras.
El gobernante indígena tiene un nuevo lema: “Tenemos que buscar los caminos más adecuados para superar la crisis alimentaria que abate al mundo, y que puede convertirse en una oportunidad para Bolivia y otras naciones poseedoras de recursos naturales para que se conviertan en abastecedoras de alimentos”.

El gobierno coincide plenamente con los empresarios que piden ampliar la frontera agrícola para “garantizar alimentos para el pueblo”. “Hay que producir más de lo que se produce ahora, en este momento la capacidad productora del sector privado solamente satisface los lujos temporales de la población y no sirve para la acumulación y el almacenamiento de alimentos”, dijo el ministro de Economía Luis Arce

Para incentivar la producción agrícola, el Estado comprará arroz, maíz y trigo pagando 10% más que el precio de mercado y garantizará el seguro agrícola para todos los sectores productivos, incluidos los grandes empresarios del agronegocio.
El gobierno parece dispuesto, inclusive, a autorizar el cultivo de transgénicos resistentes a plagas, enfermedades y anomalías climáticas. “El hecho de que el gobierno haya expresado su disposición a considerar y analizar el tema de la biotecnología para su aplicación al proceso productivo es un avance importante”, destacó el presidente de la Cainco Eduardo Paz.
La Constitución aprobada por la Asamblea Constituyente en 2007 señalaba claramente en su Artículo 408 que “se prohíbe la producción, importación y comercialización de transgénicos”, pero la Carta Magna aprobada por el Congreso Nacional y promulgada por el presidente Evo Morales en 2009 abre la posibilidad de que en el país se pueda recurrir a los transgénicos. El Artículo 409 señala: “la producción, importación y comercialización de transgénicos será regulada por Ley”.

En síntesis, el nuevo plan gubernamental ya no es garantizar la soberanía alimentaria sino la “seguridad” alimentaria; promocionar las exportaciones y los transgénicos; y sobre todo asegurar líneas de crédito diferenciado del Estado y de la banca privada. La Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) abrió la posibilidad de otorgar hasta 4 mil millones de dólares en créditos de fomento a varios proyectos productivos estatales y privados, entre ellos los enclaves agroexportadores.

El Vicepresidente García Linera se reunió esta semana con dirigentes de la CEPB en La Paz, y prometió un retorno “rápido y seguro” y una alta rentabilidad a los empresarios que inviertan en agricultura, hidrocarburos, minería, electricidad y carreteras.

García Linera reveló que el Estado tiene previsto invertir 5.000 millones de dólares hasta 2013, y “esto tiene que ser aprovechado como una gran oportunidad para el sector privado mediado, pequeño, grande”. Propuso a la CEPB conformar un “ensamblaje virtuoso entre Estado e inversión privada boliviana para transformar industriosamente nuestra economía”, y subrayó que la Constitución garantiza una convivencia armónica entre el Estado y el capital privado nacional y extranjero.
El giro pro empresarial del “gobierno del cambio” ha sido criticado por antiguos colaboradores de Evo, entre ellos el ex viceministro de Tierras Alejandro Almaraz, quien acusó al régimen de otorgar millonarios beneficios a las transnacionales petroleras.
“Lo grave es no haber salido del capitalismo dependiente, de un Estado periférico subordinado, de una economía extractivista destinada a satisfacer la demanda del mercado internacional; estamos lejos, muy lejos, de ingresar a un modelo productivo y producente de un modelo alternativo; estamos lejos de una articulación integrada de la economía plural, que se encamine a la economía social y comunitaria…”, observó el ex viceministro de Planificación e ideólogo del proceso de cambio Raúl Prada.
El ex vocero presidencial Alex Contreras dijo que el Presidente gobierna obedeciendo a los agroindustriales, a las transnacionales y a los contrabandistas que lucran con los alimentos básicos. “Gobernar obedeciendo al pueblo es un simple eslogan que nadie ya cree porque el gobierno perdió credibilidad”, lamentó.
Para muchos economistas está claro que en el país continúan imperando el neoliberalismo y los privilegios de los grandes empresarios que vivieron su mayor auge en el período “neoliberal” iniciado en 1985, cuando el presidente Víctor Paz Estenssoro dijo con voz cansada “Bolivia se nos muere”.
En una entrevista con la red Erbol, el jefe de Investigaciones del CEDLA Enrique Ormachea comentó que “si el gobierno no cambia la política neoliberal, los empresarios van a hacer lo que quieren (y) van a querer ajustar sus precios al mercado internacional; no hay capitalistas que quieran ganar menos; no producen por patriotismo, sino para ganar plata…”.
* Boletín N. 89 del Servicio de Noticias Ambientales (SENA) del Fobomade.


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I. El doble discurso de Evo, como el de todos los gobiernos progresistas

Bolivia: El corazón fracturado 

de la tierra

19 de abril de 2018

Fracking y la expansión de la frontera petrolera

Acorde a las políticas de exponencial aumento de la frontera petrolera en el país, el pasado jueves 12 de abril, el gobierno boliviano ha firmado un convenio con la empresa canadiense Cancambria, para la exploración de gas esquisto o pizarra en el yacimiento Miraflores, el cual, explica el investigador del CEDIB, Jorge Campanini, está situado en Macharetí en el Chaco Boliviano.
El fracking es una tecnología extrema para la obtención de energía extrema, es decir, no  solo es que ha llegado a usar miles de millones de litros de agua y químicos peligrosos que afectan el bienestar de humanos y no humanos, sino que es una de las formas de sobre explotación y transformación de territorios en zonas de brutal expoliación. Por medio de ella, el mundo capitalista, y multimillonarias empresas transnacionales en particular, sostienen un modelo energético basado en el consumo de combustibles fósiles, contaminantes y responsables del cambio climático.

La explotación de gas shale o gas esquisto, necesita no sólo métodos de extracción altamente contaminantes, como el fracking, o “fractura hidráulica”, sino su ingreso a zonas como los polos norte y sur del planeta, aguas profundas (offshore), así como a áreas protegidas, poblados enteros, territorios indígenas o zonas de producción campesina: “entraña cada vez mayores riesgos geológicos, ambientales, laborales y sociales”.
Mientras se suceden declaraciones del Ministro de Hidrocarburos, sobre que Bolivia poseía una cantidad astronómica de gas shale o esquisto, la cual sobrepasaría la cantidad de reservas del yacimiento argentino de Vaca Muerta y la respuesta del ministro argentino Juan José Aranguren, ambos pensando en la competencia por el mercado brasileño; las poblaciones afectadas en el vecino país por el mega emprendimiento de Vaca Muerta en Neuquén, viven la conversión de sus hogares en zonas altamente industrializadas, perforadas, invadidas por el constante paso de camiones de alto tonelaje, y contaminadas por los químicos  que usa el fracking.

Bolivia: hacia los extremos del extractivismo energético
El actual gobierno boliviano, como ningún otro en el país, avanzó en la posibilidad de exploración de no convencionales. El 2013, el gobierno nacional, -a través del entonces gerente de la Vicepresidencia de Control, Administración y Fiscalización de YPFB, Luis Alberto Sánchez, ahora ministro de Hidrocarburos-, había anunciado que iniciarían los estudios sobre la existencia de gas esquisto en la formación Los Monos, que se halla en la cuenca geológica del Chaco, que comparten Paraguay, Argentina y Bolivia. Ese mismo año, el gobierno firmó convenios con Argentina sobre la exploración de potencialidad de gas esquisto y capacitación técnica en esta área. Así mismo la empresa nacional YPFB había presentado ese 2013 un estudio sobre las primeras consideraciones para iniciar exploraciones de gas shale en el chaco boliviano.  Si bien el ex ministro Juan Ramón Quintana había afirmado el 2015 que el fracking no se aplicaría en el país, el 2013, YPFB Chaco, subsidiaria de YPFB, con la empresa norteamericana Halliburton, realizó una “minifractura” en el pozo Ingre X-2, en el departamento de Chuquisaca, lo cual, según datos había permitido que se descubran reservas de “tight oil”, arenas compactas, que, sin embargo, no resultaron ser económicamente rentables. Esta mini-fractura, anota el investigador Marco Octavio Ribera, se realizó sin consulta previa con las poblaciones del lugar.
Estas pruebas iniciales sobre exploración de no convencionales, forman parte de un avance exponencial de la frontera petrolera en Bolivia estos últimos años. Jorge Campanini, en su exposición del pasado 8 de marzo de este año en la ciudad de La Paz, explicó  que las políticas en cuestión de hidrocarburos han implicado la aprobación de leyes y reglamentos que no solo permiten la apertura de áreas protegidas a actividades hidrocaburíferas de empresas como Shell, Petrobras o Repsol en asociación con la empresa estatal YPFB, sino que modifican, flexibilizándolos, marcos ambientales para dichas actividades. Los planes de exploración hidrocarburífera avanzan sin pausa, el periódico el Deber señala que el gobierno boliviano ha concretado 20 nuevos contratos, en los últimos años, para actividades hidrocarburíferas, ocho de ellos en Tarija, de los cuales dos están en la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía.
La expansión de la frontera petrolera hacia el corazón de la Amazonía en la Cuenca del Madre de Dios, es otra de las claves para referirnos al carácter de la agudización del régimen extractivista en Bolivia, un proceso de ocupación de territorios indígenas para su transformación en zonas de extracción de materia primas, y la amenaza de genocidio contra un pueblo no contactado. El ingreso de las exploraciones de hidrocarburos a la amazonía y ahora la exploración de no convencionales, son pasos rumbo a un “hiperextractivismo” que recurre a técnicas extremas.

La caída de los precios del gas, explica Campanini, frenó el lobby a favor del fracking, sin embargo éste es nuevamente retomado ahora. Un estudio de una consultora mostraba reservas de no convencionales en el pozo Pando X1. (Mapa 1)  El Agencia Internacional de Energía que realizó un estudio en varias zonas, (Mapa 2), afirmaba que hay 48 TCF de no convencionales en la cuenca del Chaco, de las cuales eran recuperables 37 TCFs, situando a Bolivia en el quinto país de América Latina con mayores reservas de gas shale. Esto se hallaría en la estructura geológica de Los Monos, que sería la que tendría las cualidades para contar con potencial de no convencionales. El estudio que realizó YPFB por su parte, concluye que la zona con menor riesgo de exploración de no convencionales vendría a ser la zona del trópico, el área de la llanura del “Boomerang”, de acuerdo a datos brindados por Campanini. También se habló del parque Aguaragüe, pero que al ser un una estribación serrana no es apta para la explotación por fracking que por lo general se hace en llanos.
Las declaraciones del Ministro Sánchez en marzo de 2018, hacían referencia a que Bolivia estaría en condiciones de anunciar un yacimiento de gas shale más grande que el de Vaca Muerta en Argentina: “Creo en las próximas semanas vamos hacer un anuncio importante, que Bolivia tiene una Vaca Muerta más grande”, afirmando que Bolivia no podía estar al margen de estudios sobre no convencionales y desestimando las previsiones sobre afectaciones socioambientales. Esos mismos días el presidente de la estatal YPFB también había adelantado que se suscribiría un memorándum de entendimiento con la empresa canadiense Cancambria Energy Corporation, el cual debió concretarse el 6 de marzo, pero finalmente se consolidó el 12 de abril.

La empresa Cancambria, que firmó un convenio de intenciones con YPFB y YPFB Chaco, y trabaja en exploración de hidrocarburos no convencionales en varios países del mundo, informó ese día que el área Miraflores, situada en Macharetí (departamento de Chuquisaca), tendría un potencial de 100 TCFs de gas no convencional. Zona donde existen territorios indígenas titulados, explica Campanini.
“Nuestro objetivo es evaluar recursos no convencionales a gran escala en el área de Miraflores,  basados en nuestros estudios, actualmente creemos que los recursos in situ, en el área de Miraflores, podrían exceder los 100 trillones de pies cúbicos (TCF´s) y más aún en la realidad del Chaco. declaraba el CEO de la empresa, Cristopher Cornellius, quién informó que se planea perforar varios pozos en los siguientes 25 años, actividad que necesitará una inversión de varios millones de dólares. Cornellius auguró además, que con la exploración de muchos pozos se generarían posibilidades de empleos, actividades que solo podrían ser realizadas con el apoyo de las“comunidades locales”.

Aquella ocasión, el ministro Sánchez había hecho mención a un programa de estudios de gas no convencional en Bolivia: “El presidente Morales en los próximos meses lanzará un programa de estudio de gas no convencional en Bolivia y eso es cambio de paradigma, agregó al anunciar que pedirá a Cornelius impartir un curso sobre si hay daño ambiental con esta tecnología“.
Este 18 de abril, ante la ola de críticas frente a la firma del convenio con Cancambria, el ministro Sánchez afirmó que se tratan de estudios que aún no tienen estudios de impactos ambientales ni económicos, y que esperarían estos para ver la viabilidad del Fracking, afirmación parecida a la que hizo respecto a la exploración de hidrocarburos en la Reserva Tariquía, la cual de todas maneras se está llevando adelante: “Qué estamos haciendo?, el presidente (Evo) Morales va anunciar un estudio mucho mayor de los recursos no convencionales, dicen que son cuatro cifras” anunció, aseverando nuevamente que elfracking no tiene impactos ambientales: “El Instituto de Argentino de Petróleo y Gas dice que la explotación de gas no convencional no tiene afectaciones ambientales”.

 “Vaca Muerta” y otros cadáveres
No obstante,  decenas de informes científicos alrededor del mundo, y denuncias de lxs directamente afectadxs,  señalan que la fractura hidráulica tiene consecuencias sociales y ambientales altamente destructivas.
Hernán Scandizzo, miembro del Observatorio Petrolero del Sur, OPSUR, en Argentina, periodista e investigador especializado en el tema fracking, conversó con nosotrxs, mostrándonos el panorama de lo que sucedió en Argentina y lo que implica la fractura hidráulica para los pueblos campesinos e indígenas, evidenciando que el cruce de declaraciones entre ambos ministros resulta un sinsentido, al observar que la población ya sea de un lado u otro de la frontera, pagará el alto costo provocado por la fractura hidráulica.
El kircherismo, dice Scandizzo,  propagandizó el fracking en el yacimiento de Vaca Muerta, -Neuquén, el norte de la Patagonia-, como la gran promesa de desarrollo, un yacimiento de clase mundial, que pondría a Argentina como una de las estrellas en términos de exportación de gas shale. Años después, Argentina, luego de Estados Unidos, Canadá y China, es el cuarto país que ha logrado exportar comercialmente gas esquisto. Sin embargo, para las comunidades mapuche y pueblos pequeños como Añelo, el más cercano a Vaca Muerta, implica la reedición de lo que en Argentina se conoce como “La conquista del Desierto”, el avance colonialista del siglo XIX en la Patagonia, arrasando comunidades indígenas, exterminándolas y convirtiéndolas en zonas para el comercio mundial y haciendas.
De hecho, este nuevo avance extremo del capitalismo implicó que la primera gran mega obra que trajo consigo el fracking hasta Añelo fuese nada más y nada menos que un Casino, relata Scandizzo, con una infraestructura que no tenía ni la municipalidad, así como se generaron escenarios para la llegada del narcotráfico, la trata y explotación sexual de mujeres, pero además el que los antiguos productores frutícolas hayan abandonado sus tierras y su autonomía de subsistencia, para convertirse en cocineros o trabajadores de maestranza en los campamentos petroleros.
“Se da toda un transformación de una economía productiva a una economía más rentista […] La actividad petrolera de no convencionales, no es una necesidad pensando en un horizonte de soberanía energética, señala Scandizzo.

La promesa de desarrollo por la explotación de gas esquisto en Vaca Muerta, así como en otros lugares del planeta, no alcanza a cubrir la inconmensurabilidad de los costos sociales y ambientales que produce  el fracking. Esa es la situación de Vaca Muerta y otras zonas cadáveres, donde se implementa esta técnica.

Fracking: la fractura irreversible
El fracking causa daños irreversibles porque es una técnica de explotación intensiva de la tierra, que la estalla en el subsuelo y devasta en la superficie, como afirma Scandizzo.
Una descripción amplia, detallada y sobrecogedora en castellano, sobre lo que implica elFracking, puede encontrarse en el artículo de Eduardo D`Elia y Roberto Ochandío, del libro “20 mitos sobre el Fracking”. Queda muy claro que como método experimental de extracción de gas esquisto, las fases de perforación así como las de extracción, representa hacer estallar rocas antiquísimas y profundas por la presión descomunal de agua y químicos, con cargas transportadas por un cañon de punzamiento.
Hablar solo del uso del agua, como ejemplo, significa referirse a cantidades inconcebibles y aterradoras. El fracking, en este sentido, ha tenido efectos devastadores en Estados Unidos, porque precisamente necesita penetrar la tierra a grandes profundidades, (a más de 2,500 metros por lo general), utilizando una cantidad de agua calculada de 9 a 29 millones de litros por pozo, aunque, según la investigadora Claudia Campero, un solo pozo en Michigan llegó a consumir hasta 80 millones de litros de agua. Si cada plataforma tiene un promedio de 6 pozos, entonces se usa de 54.000 a 174.000 millones de litros de agua en una sola fractura.  Los datos sobre el número de pozos de frackingen EE.UU, varía según reportes, unos mencionan que de 2005 a 2013 habrían existido 80 mil pozos aprobados y en ejecución en 17 estados, mientras que otros datos hacen mención que existirían 300 mil pozos hasta el 2016. Como sea, hablar solo de cientos y miles de pozos nos da una dimensión aproximada del agua que se ha usado y contaminado todo este tiempo.
En efecto, el agua que se emplea debe ser mezclada con más de 500 químicos y arena sílice. Si bien los tóxicos representan el 1.2% de la mezcla, esto significa, escribe Campero,  que se utilizarán 300 mil litros de químicos por pozo, sustancias que han sido declaradas secreto industrial.
El proceso completo del fracking, nos obliga a pensar ¿en el país, de dónde se sacarían esas cantidades inmensas de agua para la perforación de pozos en pleno chaco boliviano, donde ésta ha sido contaminada ya por pasivos ambientales? ¿cuáles vertientes, serán las  víctimas inermes de la extracción extrema?
El fracking, no garantiza que las perforaciones, ni todo el proceso de extracción, no tengan filtraciones, lo cual ya ha pasado de manera desastrosa en los yacimientos de norteamérica. De hecho, de acuerdo a John Saxe en su artículo “La explotación de fósiles no convencionales en Estados Unidos: una lección para América Latina“,  la misma industria petrolera, reconoció que por lo menos el 25% de los pozos tienen fugas a los dos años y el 40% a los 8 años.
Un compendio de hallazgos científicos bastante detallado y completo, sobre los efectos dañinos del fracking, señala entre otros 7 elementos como el riesgo de sismos, que el agua que sale junto al gas esquisto a la superficie es agua no reutilizable porque se convierte básicamente en un cóctel de químicos, entre ellos el benceno, y sustancias  mutagénicas. Así mismo, las aguas residuales son un problema para la mega industria delfracking, por que no se sabe qué hacer con ellas. Estudios en Estados Unidos, continúa Saxe, probaron que existían por lo menos 8 químicos usados por la industria del fracking, que eran cancerígenos. El agua que se queda al fondo de los pozos, contamina con sustancias no biodegradables los acuíferos de agua dulce.
Si se suma a esto, el hecho de que el 90% del gas pizarra o lutita es metano, estamos hablando de un contaminante 21 veces más poderoso que el dióxido de Carbono, una nefasta contribución al cambio climático. Mencionemos que también expulsa dióxido de azufre al aire, así como libera hidrocarburos aromáticos polisaturados, metales pesados y elementos radiactivos, por lo cual, anotan D`Elia y Ochandío, se dice que son condiciones extremas de contaminación.
Algo muy importante que señala Scandizzo sobre Vaca Muerta, es que la mega industria del fracking, no viene sola, necesariamente requiere más infraestructura y el desarrollo de otras industrias igual de nocivas para su funcionamiento. La extracción de arena sílice, causante de la silicosis, es un elemento fundamental para la fractura hidráulica, así como se amplía el Polo Petroquímico, los tendidos ferroviarios, la construcción de acueductos, y la construcción de corredores bioceánicos que también son parte de la IIRSA.
El fracking fractura la tierra en su corazón, los ductos de perforación horizontal  atraviesan poblados enteros, escuelas, hogares, zonas que eran de producción agrícola; es como si “los lugares donde se habita, educa y tiene salud fueran invadidos por una industria pesada, contaminante y muy ruidosa”, puntualiza John Saxe, sobre lo que sucedió en Estados Unidos. Pero la fractura hidráulica al ser una forma de ocupación, también modifica el espacio de su superficie, arrasa paisajes y hogares de productores campesinos, se remueve la tierra, para nivelarla, donde se harán los pozos. Esto significa que esa tierra quedará inservible para la agricultura, su reconversión para un uso agrario es muy costosa, y ninguna empresa y estado están dispuestos a gastar en este tipo de actividades de intento de reparación de esta forma de daño.

 Scandizzo dice: es complejo volver de la explotación de no convencionales, por la fuerte transformación social y del territorio, de una sociedad que tenía una cultura de la producción, se está pasando a una sociedad cada vez más rentista […] las tierras de cultivo, lo que se hace es sacar toda la capa fértil de tierra, se lo rellena con piedra caliza, se lo nivela bien, se lo asienta y luego se perfora el pozo, es decir que por más que no haya ningún tipo de problema durante la perforación del pozo y durante la etapa de producción, supongamos que no hay ningún tipo de incidente ambiental de contaminación en esa locación, cuando termina la explotación petrolera, son tierras infértiles. Y eso si se lo quiere reconvertir, si se lo quiere hacer productivo nuevamente, tiene que haber un desembolso, una inversión para volver productiva la tierra, y esa inversión quién la va a hacer ¿las empresas, el estado, los particulares?

El brutal despojo capitalista de la tierra y su transformación en propiedad de empresas privadas que realizan explotación hiperextractivista, requiere que camiones de alto tonelaje realicen por pozo por lo menos cuatro mil viajes, de acuerdo a Campero, y la construcción de ductos para el transporte de gas que son contaminantes, el abrupto crecimiento de poblados petroleros donde se carece de servicios básicos e infraestructura necesaria, generando diferencias enormes entre pobladores que ganan mucho por la actividad petrolera y los que no logran hacerlo.
La técnica al servicio de estos intereses, ha significado que por cada plataforma de extracción que ocupa de 1 a 1,5 hectáreas de superficie para todos los pasos de explotación, pueda perforarse de uno a 24 pozos. Ahora bien, imaginemos el escenario, cuando se sabe que por cada yacimiento existen varias plataformas.
 
Negocio, militarización, represión y resistencia
El fracking en Latinoamérica es un gran negocio para petroleras como Chevron Texaco,  Halliburton, TOTAL o Panamerican Energy, nos explica Scandizzo. Ha favorecido a poderosos empresarios -políticos y a regímenes de estados que se sostienen gracias a la renta petrolera. Empresas que pueden invertir en los costos también extremos de la fracturación hidráulica, y que avanzan en países donde la extracción febril de materias primas está de la mano con leyes ambientales laxas y frágiles, que les permiten a las empresas, solo como ejemplo, verter los desechos tóxicos de la fractura hidráulica al mar, contando en muchos casos con el aval y la protección estatal.
Afirma Campanini que en la cuenca del Chaco boliviano ya operan empresas como Petrobras, Repsol, Total – Gazprom, British Gas y Pluspetrol; además de empresas menos grandes como Petroandina SAM, Eastern Petroleum en acuerdos con YPFB, todas ellas apoyadas por leyes e incentivos petroleros. Y ahora se suma la empresa que realiza la exploración de hidrocarburos no convencionales.
¿Y qué de las poblaciones que en el Chaco boliviano viven todos los días consumiendo agua contaminada por las actividades petroleras y de hidrocarburos convencionales, como en Caigua? ¿Ante todo este panorama la respuesta estatal es ver viable las posibilidades de una técnica que traería más contaminación y uso masivo de agua,  un bien escaso?
En el núcleo del capitalismo, surgen voces diversas de rechazo al fracking. Alrededor del mundo se han articulado luchas frente a las amenazas y altos costos que éste representa, denunciando en tribunales y luchas callejeras, las afectaciones socioambientales pero también los mecanismos de represión con los que se impone este nuevo extractivismo extremo. Varios gobiernos nacionales y subnacionales han declarado moratorias a los proyectos de explotación por fracking, así como los han prohibido. Bolivia tiene como referencia necesaria la resistencia de las comunidades campesinas de Tariquía, sostenida principalmente por mujeres, las cuales si bien tejen una lucha frente a la exploración hidrocarburífera de convencionales realizada por las técnicas de sismica 2d y 3d, es fundamental porque son la red que puede seguir tejiendo sentidos disidentes al extractivismo, ampliando la lucha al rechazo al fracking.
El modelo del extractivismo extremo requiere formas de expropiación y despojo extremos, la continua vulneración de derechos, así como varios niveles de represión,  como los que se instauran en México o Estados Unidos.
Hernan Scandizzo señala claramente que en Argentina, la resistencia de comunidades mapuche, las diversas movilizaciones de poblados y municipios que se declararon zonas libres de fracking, enfrentan las políticas represivas, donde el macrismo creó recientemente un comando unificado que representa una fuerza de seguridad militarizada, la que ocupará también Neuquén con 400 efectivos, y la cual deberán considerar también los movimientos que se oponen al fracking.
En este sentido, las luchas anti fracking, comparten elementos de las experiencias del movimiento anti petrolero en Bolivia, donde la tónica estatal es una estrategia de división interna de las comunidades en resistencia mediante el ofrecimiento de proyectos de “desarrollo”, destrucción de organizaciones representativas con la creación de estructuras paralelas afines al gobierno, así como el amedrentamiento y represión policial.
El alcance, hasta ahora inédito en el país, de los daños ambientales y sociales de la fractura hidráulica, así como las preguntas sobre las posibilidades económicas de Bolivia como exportador – ¿a qué mercado?-, de gas esquisto en un panorama  donde la cabeza mundial de extracción de gas shale es Estados Unidos, conlleva a pensar en la formación de un todavía incipiente movimiento antifracking, donde se investigue y profundice sobre los inmensos peligros a los cuales nos lleva la política energética del estado boliviano, que ha visto como “estudiable” y viable fracturar el corazón de la tierra.
Fuente: http://www.opsur.org.ar/blog/2018/04/19/el-corazon-fracturado-de-la-tierra/

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Lula, como todos los progresistas, instauró la subordinación al Capital.

El PT, el neoliberalismo y el régimen brasileño
13 de junio de 2017

Edison Urbano
Movimiento Revolucionario de Trabajadores, Brasil.

El ritmo vertiginoso de la crisis política brasileña y la posible “resurrección” del PT, de la mano del regreso de Lula, vuelven a poner en el centro la trayectoria de este partido y su papel en momentos decisivos1 . Del origen en las huelgas metalúrgicas al ascenso popular de los ‘80 y la sorpresa del “Lula-lá” en 1989 Lula surge como figura nacional como presidente del Sindicato de los Metalúrgicos de São Bernardo do Campo (ciudad industrial del Gran San Pablo), un sindicato cuya dirección había convivido con la dictadura y que de repente, renovando su dirigencia, se ve al frente de un auge de huelgas obreras.

El PT será entonces la combinación del despertar político de amplios sectores de trabajadores y un proyecto de canalizar las energías para un partido reformista, actuante dentro del orden burgués. Al menos cuatro sectores sociales distintos se unen para encabezar la fundación del PT: el llamado “nuevo sindicalismo” encabezado por Lula; sectores de la Iglesia católica; sectores de la intelectualidad de izquierda influenciada por el eurocomunismo; y las corrientes organizadas de la izquierda radical, sobre todo las de origen trotskista y las exguerrilleras.

En las resoluciones de los primeros encuentros, así como en su programa, se manifiesta el eclecticismo característico de esa “amalgama política”: una fraseología acerca de un “nuevo tipo” de socialismo, de contornos indefinidos, sin una estrategia clara de poder. El historiador Lincoln Secco resumía esa fase del partido, de los años ‘80 hasta mediados de los ‘90, diciendo, “El resultado de esos encuentros terminaba siendo una tesis moderada enmendada por los radicales”2 . A medida que se va enraizando en la sociedad y creciendo, el PT manifiesta su orientación profundamente conciliadora en los momentos políticos fundamentales de la transición: en la campaña por elecciones directas y la Asamblea Constituyente tutelada por el expresidente José Sarney (PMDB) y los militares, en las elecciones de 1989. Sin dejar de dirigir las huelgas económicas de los trabajadores y, por esa vía aumentar su influencia, la operación fundamental del PT será siempre la de separar la esfera económica de la política, dejando esta última invariablemente bajo la hegemonía de la burguesía.

El creciente descontento con los sucesivos fracasos de los planes económicos de Sarney da origen a un nuevo ciclo de huelgas, que coincide con la primera elección presidencial directa en 1989. Entonces explota el “fenómeno Lula”, que sorprendió a todos y disputó cabeza a cabeza con el aventurero reaccionario Fernando Collor de Mello. La derrota de Lula en 1989 tuvo, sin embargo, el efecto contradictorio de reforzar la estrategia electoralista de la dirección del PT. El PT como pilar del régimen: del “Fora Collor” a la oposición moderada a Fernando Henrique Cardoso. Comprometido con el “orden democrático”, el PT es uno de los últimos partidos en adherir al impeachment de Collor, no por críticas de izquierda sino al contrario: por miedo a la inestabilidad que podría generar, como argumentó José Dirceu, en ese entonces diputado federal por el PT, jefe de Gabinete de Lula. Más tarde, cuando el proceso ya era inevitable, el PT actuó como partido de la contención, evitando que la lucha contra Collor tuviera una cara obrera. En una consciente división de tareas, la dirección petista cedió el protagonismo a la Unión Nacional de Estudiantes (UNE), dirigida por el PCdoB. La izquierda petista, en el pico de influencia interna, organizó encuentros obreros, como el de Belo Horizonte, pero no hizo de ellos un bastión para una salida independiente.

Ese compromiso fundamental con la estabilidad burguesa será la “segunda alma” del PT a lo largo de su historia. Si en la lucha contra la dictadura en los años ‘80 el PT ya había mostrado que su apuesta a la conciliación de clases era más importante que su compromiso con las demandas más sentidas del pueblo trabajador, hay sin embargo un cambio cualitativo operado durante los años ‘90. Como señaló un estudioso del papel del PT durante el “Fora Collor”: Ese comportamiento político puede ser considerado un indicador del proceso de aceptación pasiva por parte del PT, de las propuestas neoliberales (...). No se trata, por lo tanto, de una adhesión activa al neoliberalismo. Ocurre que la táctica petista de priorizar la lucha por la ética en la política en detrimento de la lucha contra el neoliberalismo (...) tuvo consecuencias políticas3.

Vale señalar que en ese debate la dirección del PT, con Dirceu y Lula a la cabeza, mantuvo una postura tan a la derecha que las corrientes que se reivindicaban trotskistas se diferenciaron adoptando un programa tan adaptado como la propia lucha por el impeachment. Esta actitud no era una cuestión aislada. En mayo de 1991, en una entrevista a la revista Exame, Aloizio Mercadante, miembro fundador del PT, decía: Creo que el tiempo de protesta como propuesta política se terminó. O superamos esta fase de la política como negación y como denuncia, por una política de la afirmación, de la construcción y de la alternancia, o difícilmente encontraremos una respuesta a los problemas de la sociedad4.

ya en 1994 intendentes petistas –Antonio Palocci en Ribeirão Preto, entre otros– dieron comienzo a la privatización de las empresas municipales de telecomunicaciones: “fueron privatistas avant la lettre, antes que el gobierno de FHC [Fernando Henrique Cardoso]”5 .

Embriagados con la posibilidad de elección de Lula, los dirigentes petistas se hicieron aún más conservadores después de 1989. Junto con eso, incluso en la izquierda, se consolidó una expectativa de que el proceso político brasileño tuviera que pasar por la experiencia de Lula en el gobierno –en las versiones más “izquierdistas” de esa tesis, como la del grupo morenista PSTU y sus congéneres, eso sería sólo la antesala de la radicalización revolucionaria de las masas–. Así, a lo largo de los ‘90, el PT fue el “ala izquierda” de la aplicación de los planes neoliberales, un sustento por izquierda de la democracia degradada creada en 1988. A través de la burocracia sindical, el PT también fue responsable de la aprobación de la reestructuración neoliberal de las relaciones de producción (bancos de horas, precarización, tercerización, flexibilización, etc.).

En este proceso tuvieron un papel importante las “cámaras sectoriales”, un símbolo del PT de los ‘90. En esta propuesta, teorizada por el economista Paul Singer, la vieja idea de los difusos “consejos populares” defendidos en el programa del PT de los ‘80, se transformaba en una directamente liberal: cámaras de conciliación de intereses entre empresarios y trabajadores como eventual “forma de gobierno”. En la práctica, las cámaras sectoriales fueron también un mecanismo para romper la unidad de la clase (divisiones por gremio y sector para negociaciones salariales y de convenio). Estos mecanismos cumplieron un papel importante para que los capitalistas pudiesen imponer su ofensiva neoliberal. Por otro lado, cuando tuvo la oportunidad de enfrentar al neoliberalismo de FHC en una batalla decisiva, el PT capituló en la gran huelga petrolera de 19956.

Más tarde, durante el período 1998/99, cuando la popularidad del Plan Real ya se había liquidado y FHC, después de ganar nuevamente en primera vuelta contra Lula, devaluó la moneda, la estrategia petista cobró nuevo precio.

Lejos de apostar a la lucha de clases, más que nunca el PT hizo un pacto de estabilidad para apostar a una elección “tranquila” de Lula en 2002.

La elección en frío de Lula contuvo la explosión popular contra el neoliberalismo.
El PT llegó al gobierno. No como producto de una gran movilización de masas, sino al contrario, como resultado “frío” y puramente electoral del desgaste del neoliberalismo de FHC. Lo importante es que fue el resultado de la estrategia deliberada de la dirección petista. De ahí la necesidad de rechazar los argumentos cínicos que atribuyen el conservadurismo de los gobiernos de Lula y la timidez de sus medidas populares como fruto de una “correlación de fuerzas desfavorable”.

Se fue consolidando cada vez más en una estrategia de inmovilismo, y fue así que se dio su llegada al gobierno federal en las elecciones de 2002. Cabe recordar que en esa época se combinaban el descontento popular con FHC, acumulado desde 1998, con el agotamiento del ciclo neoliberal de los ‘90 en toda la región, dando origen a rebeliones populares y levantamientos de masas como las jornadas revolucionarias de diciembre de 2001 en Argentina, las rebeliones populares en Bolivia en 2000, 2003 y 2005 –solo contenidas luego de la asunción de Evo Morales, que en ese sentido tuvo un papel similar al de Lula: con la diferencia que el brasileño tuvo un carácter preventivo y logró impedir una explosión de masas–. Desde este punto de vista, el problema del “lulismo” para la clase obrera no fue sólo que no modificó, sino por el contrario, profundizó la subordinación estructural del país al imperialismo, su atraso económico, sus desigualdades históricas (la base de apoyo fundamental fue el trinomio agronegocio, bancos y constructoras).

De hecho, mantuvo y extendió lo principal de la década neoliberal, como la precarización del trabajo, muchas de las privatizaciones, la penetración de las multinacionales, la reprimarización exportadora, la dependencia del capital financiero internacional y el deterioro de los servicios públicos. Esto tuvo consecuencias cuando la marea creciente del mercado mundial impulsada por China-Estados Unidos entró en una crisis histórica, cuyo agotamiento puede ser simbolizado por Trump y el Brexit. Incluso para un intelectual ligado orgánicamente al proyecto petista, el lulismo sería un fenómeno conservador, como fue analizado en el célebre artículo sobre las “Raíces sociales e ideológicas del lulismo”, … para analizar la naturaleza del lulismo, consideramos conveniente agregar la combinación de ideas que, a nuestro modo de ver, caracteriza la fracción de clase que por él sería representada: la expectativa de un Estado suficientemente fuerte para disminuir la desigualdad, pero sin amenazar el orden establecido7 .

Ahí está la esencia del problema: ¡un intento de disminuir la desigualdad sin amenazar el orden establecido! El PT se consolida como un pilar decisivo del régimen burgués, pero asume una ubicación aún más profunda cuando, a la cabeza del poder ejecutivo, le pone su marca, bajo el nombre de lulismo, a lo que sería el efímero sueño dorado del capitalismo brasileño. Combinando crédito, consumo y conciliación, y distribuyendo mediante planes asistenciales, se creyó que se podría crear un “Brasil potencia” con gradualismo lulista. Sin embargo este representaba solo un proyecto estructuralmente regresivo, basado en la exportación de commodities, agronegocio, relación con las constructoras y Petrobras –un proyecto que la revista inglesa The Economist no dudó en llamar “Hacienda del Mundo”, pero que durante algunos años generó euforia en empresarios y petistas–.

La crisis económica mundial y las jornadas de junio de 2013
Lo interesante es que todo esto desembocó en las movilizaciones de junio de 20138. Bajo el impacto de la crisis económica mundial, de la “primavera árabe” y de los levantamientos de la juventud en varios países, la juventud brasileña desató enormes manifestaciones espontáneas, en principio por el aumento del transporte, pero después “contra todo” y por más derechos. Aquello que André Singer había analizado en el auge del lulismo como separación de clase media y de importantes sectores organizados de los trabajadores con relación al PT –que entonces encontraba una nueva base social en los pobres urbanos de la “nueva clase C”– siguió desarrollándose hasta el “momento de escisión” en junio de 2013. Digna de mención fue la hostilidad con la que los ideólogos petistas respondieron al hecho de que las masas volvían a las calles. Se quebraba, de hecho, la mayor conquista de los gobiernos petistas, que era el total inmovilismo de la sociedad civil9.

El PT en el gobierno supo hacer falsas promesas para intentar desviar el proceso, y crear un pacto nacional represivo para garantizar el Mundial de Fútbol de 2014, incluyendo el uso de las Fuerzas Armadas y la ley antiterrorismo de Dilma Rousseff, entre otros. Si en las elecciones Dilma tuvo que hacer una demagogia de izquierda, diciendo que no descargaría la crisis sobre los trabajadores, el día siguiente a la asunción bastó para desenmascarar el fraude electoral. Así se formó el caldo de cultivo para el golpe institucional del 2016. En otras palabras, fue el propio PT el que allanó el camino a la llegada de la derecha al poder, y cuando el golpe institucional ya estaba en curso, hizo lo que pudo para dar un marco “discursivo” a su enfrentamiento, sin organizar una lucha real con los métodos de la clase trabajadora.

El escenario actual
Después de pasar por la operación judicial “Lava Jato”, que investiga los entramados de corrupción en Petrobras, el PT herido de muerte amenaza con resurgir, por dos vías distintas y opuestas. Por un lado, preservado por el golpe institucional (que evitó que fuera el artífice central de los ataques con los que la burguesía quiere descargar la crisis sobre los trabajadores), el PT adquiere sobrevida. En este sentido, no es una “sorpresa” la vuelta del “Lula 2018” como reacción ante el agravamiento de los ataques bajo el golpista Temer. Por otro lado, la posible salvación del PT puede venir de los “de arriba”. Bajo el impacto de los interminables entramados de corrupción, de la posible (aunque no probable) evolución más “radical” de la operación Lava Jato en el sentido de “Manos Limpias” y de la virtual inviabilidad política de todos los partidos centrales del régimen político (PSDB, PMDB, PT), es posible un nuevo e inesperado papel de garante del orden para Lula y el PT. Seguir este escenario político turbulento, atentos a las manifestaciones ruidosas y también a las silenciosas entre las masas, es una tarea de primer orden en este momento. La entrada en escena de los trabajadores con sus propios métodos (como en el gran paro general del 28A), que estamos viendo frente a los ataques de Temer, plantea un escenario propicio para avanzar.
Para una conclusión
El papel histórico de los partidos, las clases, los individuos, no se establece por una sumatoria difusa de microexperiencias cotidianas, por más significativas que sean. En la historia de los pueblos y de las clases y, por lo tanto, de los partidos, existen puntos de inflexión en los que el cúmulo de pequeñas experiencias se concentra en momentos de decisión. Así fue, en el caso del PCB, antecedente histórico del PT, con el discurso de Prestes en 1945 a favor de Getulio Vargas y de “apretar los cinturones”, así fue el nuevo giro del PCB en 1958 a favor de la colaboración de clases abierta y del pacifismo, justamente en la inflexión de la etapa preparatoria que en pocos años antecedía el proceso revolucionario de 1961-1964 y el golpe fatal de 1964. El PT debería ser evaluado según el papel fundamental que el partido cumplió en el desvío de la lucha contra la dictadura, en nombre de conquistar la democracia; más tarde, en la crisis del “Fora Collor”, en nombre de preservarla; en la oposición a FHC, en nombre de garantizar la estabilidad y la elección de Lula; los acuerdos ultraconservadores del lulismo, en nombre de la gobernabilidad; la aceptación del golpe, en nombre de no dividir al país. En todos los momentos decisivos en los últimos casi treinta años, lo que se mostró una y otra vez es que el primer compromiso del PT es con el orden burgués. Siempre en defensa de la estabilidad, de la gobernabilidad y de la institucionalidad burguesa, puede ser considerado con razón como el gran aval del régimen de 1988. Es lo que vemos incluso ahora frente a los ataques del gobierno golpista de Temer. Frente a la reforma jubilatoria, para el PT la huelga general no es una medida defensiva que se transforma en ofensiva contra el gobierno. Al contrario, es una amenaza para la presión parlamentaria o, como mucho, una demostración moderada, para negociar mejores condiciones. Lo mismo podemos decir del sentido estratégico del discurso de Lula en la avenida Paulista en el pico de la movilización contra el golpe en marzo de 2016, cuando planteó mostrar moderación e incluso hacer un guiño a la derecha golpista. Allí prevaleció, una vez más, el compromiso con el orden burgués. Una figura emergente en la izquierda brasileña actual, el líder del Movimiento de Trabajadores Sin Techo (MTST) Guilherme Boulos, afirmó recientemente, ¿Cuál es el papel de la izquierda? La izquierda tiene que ser capaz de presentar una salida a la crisis, que no sea la posición de aval de una República que perdió la credibilidad social. La defensa de las garantías constitucionales contra los arbitrios del poder judicial y la antipolítica reaccionaria no puede confundirse con un pacto de salvación del régimen. Tomando esta idea, pero yendo necesariamente más allá: cuando hablamos de la necesidad de imponer con la lucha una verdadera Asamblea Constituyente Libre y Soberana, no estamos hablando solo, ni principalmente, del ordenamiento político y jurídico del país, sino de dar una respuesta que parta de anular todas las leyes antipopulares de Temer y los gobiernos anteriores, y que ponga sobre la mesa los grandes problemas nacionales, para que los trabajadores vean en la práctica que solo un gobierno de trabajadores de ruptura con el capitalismo podrá dar solución a las demandas más sentidas de las masas. El régimen no solo está en crisis, sus entrañas están expuestas y todos pueden ver lo podrido que está. Ofrecer una salida anticapitalista, obrera y popular está a la orden del día. Traducción: Isabel Infanta

1. Esta es una versión adaptada del artículo “Notas sobre o PT, o neoliberalismo e a crise do regime de 1988” disponible en http://esquerdadiario.com.br/ ideiasdeesquerda. 2. Lincoln Secco, História do PT, São Paulo, Ateliê Editorial, p. 100. 3. Danilo Enrico Martuscelli, “O PT e o impeachment de Collor”, disponible en www.scielo.br. 4. Citado en Danilo Martuscelli, ob. cit. 5. Lincoln Secco, ob. cit., p. 166. 6. Ver Leandro Lanfredi, “A greve dos petroleiros de 1995: o papel do PT e o avanço do neoliberalismo”, Ideias de Esquerda 1, mayo de 2017. 7. André Singer, disponible en www.scielo.br. 8. Ver Iuri Tonelo, “Herencia de junio: empieza a surgir un ‘sujeto peligroso’ en Brasil”, IdZ 5, noviembre 2013. 9. En diferentes claves, ese proceso fue analizado por Perry Anderson, Luiz Werneck Vianna y Francisco de Oliveira, entre otros autores marxistas y no marxistas.

Fuente: http://www.laizquierdadiario.com/ideasdeizquierda/wp-content/uploads/2017/06/13_16_Urbano.pdf

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