A recordar

21 de mayo de 2018

Recordemos el PJ del Rodrigazo,la Triple A y otras organizaciones de terrorismo paraestatal. Además del Operativo Independencia.

ReEl Partido Justicialista vertebra la entrega a extractivismos (ecocidios, etnocidios y genocidios) al igual que la optimización del neoliberalismo que instauró el poder económico e imperialista mediante dictadura genocida y fue impulsado por el PJ mediante el Rodrigazo, la Triple A y otras organizaciones de terrorismo paraestatal. Además del Operativo Independencia durante el gobierno de Isabel Perón. Reflexionemos:


Operativo Independencia, la antesala del genocidio
Este viernes se leerá el fallo en la megacausa que investiga los crímenes de lesa humanidad ocurridos en Tucumán a partir de enero de 1975.
Jueves 14 de septiembre de 2017 | Edición del día

(...)La militarización de la provincia fue celebrada por las entidades empresariales, quienes colaboraron de diversas maneras con la represión, incluida la clandestina, de las Fuerzas Armadas. A través de los discursos en la Casa de Gobierno o en las cámaras legislativas, el Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical saludaron el despliegue represivo. Otro tanto hicieron los integrantes de la cúpula de la Iglesia Católica y la burocracia sindical. La prensa escribió ríos de tinta para crear un clima de   “guerra contra la subversión”.

En un vigente régimen constitucional , con el Operativo Independencia se puso en marcha desde el Estado un plan sistemático de secuestro y desaparición forzada de personas. Las fuerzas represivas implementaron la tortura en los interrogatorios que tenían lugar en centros clandestinos de detención.
Conducido en una primera etapa por Acdel Vilas y luego Antonio Domingo Bussi, el Operativo Independencia tuvo como fin disciplinar a sangre y fuego a un movimiento obrero y popular que era una referencia de la radicalización a nivel de nacional y sembrar el terror en todo la población. (...)Leer

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II. Recordemos el PJ Menem y el PJ K-CFK en comunidades de negocios con ...

KIRCHNER TOCO LA CAMPANA QUE ABRE LA RUEDA BURSATIL DE WALL STREET

“El lugar de donde 

no debimos salir”

21 de septiembre de 2006

 

El presidente Néstor Kirchner, acompañado por su esposa, Cristina Fernández, estuvo en el corazón del capitalismo mundial. Agradeció “el gesto del mercado de invitarnos”. De Vido anunció que Occidental Petroleum invertirá mil millones de dólares y Cargill, 330 millones en el país.

Por Fernando Cibeira


Desde Nueva York
“The president Kirchner will ring the Opening Bell”, adelantaba el tablero de noticias, uno de los cientos de letras luminosas que cruzan el recinto de la Bolsa de Wall Street. Diez segundos antes de las 9.30, Kirchner apretó la campana de la que hablaba el cartel, dando comienzo oficialmente a la rueda bursátil más grande del mundo que mueve la friolera de unos 4 mil millones de dólares al día. La breve pero histórica ceremonia es transmitida en directo por cuatro canales de noticias norteamericanos y queda reservada a personajes representativos, que muchas veces no tienen nada que ver con la política o los negocios. “Agradecemos el gesto del mercado de invitarnos, volvimos al lugar del que nunca debimos haber salido”, sostuvo el Presidente en el desayuno previo a la campana, en el que se reunió con las autoridades de la Bolsa y un grupo de empresarios norteamericanos. Aunque las empresas aguardarían reunirse de manera individual con el Presidente para confirmarlo, el ministro de Planificación, Julio De Vido, comentó que Occidental Petroleum anunció una inversión de mil millones de dólares para incrementar su producción a 50 mil barriles diarios mientras que Cargill prometió otros 330 millones.

Desde el vamos estaba planteado como la nota curiosa del viaje de Kirchner a Nueva York. Nunca un presidente argentino había tocado la campana en Wall Street. Cuenta la leyenda que Carlos Menem se perdió de darse el gusto de hacerlo en el cierre de las acciones –a las 15.30, también se anuncia con un campanazo– porque se demoró demasiado en el baño. Lo cierto es que en la meca del capitalismo los tiempos son inflexibles; los hombres, circunstanciales.

Por eso, Kirchner llegó bien temprano al edificio de la Bolsa (NYSE, New York Stock Exchange) inaugurado en 1903 en el Lower Manhattan –a cinco cuadras de donde supieron estar las Torres Gemelas– engalanado con una bandera argentina, entre las muchas norteamericanas que lucía su frente. Cuando el cónsul Héctor Timerman recibió la invitación de la presidenta de la Bolsa, Catherine Kinney, para que Kirchner toque la campana, preguntó por qué no hacer también una reunión para hablar de negocios. La tónica que el Gobierno buscó darle a este viaje fue la de la búsqueda de inversiones. De ahí la idea del desayuno.
Kirchner llegó junto a su esposa, la senadora Cristina Fernández; el jefe de Gabinete, Alberto Fernández; la –recién llegada de Singapur– ministra de Economía, Felisa Miceli; el ministro de Planificación, Julio De Vido, y el secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini. Las autoridades de la NYSE, Finney y su CEO, John Thain, fueron los anfitriones. Hubo siete empresarios norteamericanos, la mayoría con negocios en el país y ya con alguna relación previa con el Gobierno. Roy Covais, de Lockheed; Jesse Tyson, de Exxon; Gregory Wilkins, Barrick; Ray Irani, de Occidental Petroleum; Andrés Gluski, de AES; Eric Minrich, de Eaton y Van Yeuter, de Cargill. Hubo muchos empresarios argentinos que quisieron anotarse, pero sólo dos fueron los elegidos: Paolo Rocca, de Techint y Jorge Brito, del Banco Macro. Rocca tiene empresas que cotizan en Wall Street, así que también sabe de tocar la campana.

Heterodoxo y progresista

El Presidente comenzó la reunión trazando su habitual panorama sobre la economía argentina, con abundancia de los números que dan fe de la recuperación. Les dijo que la estabilidad, el desarrollo y el mantenimiento del superávit “son premisas que no vamos a abandonar”. En esa línea de seducción, destacó cuánto había bajado el nivel de endeudamiento del país respecto del PBI en relación con otras épocas y que las reservas en el Banco Central ya habían recuperado los valores previos a la cancelación de la deuda con el FMI y que seguirían creciendo. 

“Me llamaron heterodoxo y progresista, pero gracias a esta política pudimos salir del default y construir la estabilidad”, lanzó.
Según la versión que luego dieron De Vido y Timerman, los empresarios norteamericanos no hicieron cuestionamientos y reaccionar favorablemente al discurso. “Me encanta estar con un presidente que tiene todos los números de la economía en la cabeza”, comentó uno de ellos. El representante de Lockheed le dijo que gracias a haber seguido los consejos que le dio en 2004, siguieron en el país y ganaron dinero. De paso, comentó su intención de aumentar la fabricación de partes de avión en Córdoba. Como casi todos ya tenían inversiones en la Argentina, los empresarios norteamericanos hicieron un repaso de sus negocios y de los que tenían en sus planes. Así, surgió la novedad de los mil millones de dólares de Occidental Petroleum (“Occi”, en la jerga empresarial) para llevar su producción a 50 mil barriles diarios, algo que el Gobierno les viene reclamando a las petroleras.
Los tiempos urgían. Kirchner y Cristina pasaron por un salón especial en el que firmaron el libro de visitas. John Thain los acompañó hasta el balcón desde el que se toca la campana. Desde antes, con sus chaquetas azules, podía verse a los operarios correr de un monitor a otro haciendo anotaciones en sus libretas electrónicas y hablando por celular. El bullicio va creciendo y las luces de las pantallas parpadean, hasta que a las 9.30 se abre la rueda. “Van a ver que toco la campana y el mercado arranca el alza”, le pronosticó Kirchner al CEO de Wall Street. Según sus funcionarios más fanáticos, el Presidente acertó hasta el porcentaje: un 0,6 por ciento arriba, que se mantendría a lo largo de la jornada. Luego el Presidente, fascinado, recorrió los vericuetos del recinto y observó de cerca el trabajo de los operadores.
Los pasillos de la NYSE dan fe de lo tradicional de la ceremonia de tocar la campana. Hay fotos que van desde los jefes de Estado que uno se pueda imaginar, hasta actores, estrellas del deporte y Bugs Bunny o las Tortugas Ninja. Pero, en las palabras de Kirchner, fue el símbolo de haber vuelto al lugar del que el país no debió irse. Lo podía certificar el entusiasmo de De Vido en la calle al comentar los detalles de la reunión. Mientras hablaba con los periodistas, turistas japoneses le sacaban fotos con Wall Street de fondo y festejaban la ocurrencia.

https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-73327-2006-09-21.html

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20 de mayo de 2018

I. Recordemos el PJ Menem y el PJ K-CFK en comunidades de negocios con ...

La foto muestra que la democracia representativa implica comunidad de negocios de los altos funcionarios con los grandes capitales locales e imperialistas. Retrata, en este caso, el almuerzo organizado por Peter Munk, dueño de la Barrick Gold, durante el encuentro del G20 de Canadá (Toronto) en octubre de 2010. La fundó en 1983, tuvo como asesor al ex presidente de Estados Unidos George Bush padre y la convirtió en una de las más importantes megamineras imperialistas. Observamos felicidad en los distintos rostros.
 Festejan que Cristina Kirchner le otorga beneficios impositivos especiales a la Barrick Gold para explotar la zona Pascua Lama, extendida entre San Juan y la Tercera Región de Chile. ¿Qué tapan esas sonrisas y refuerzan la manipulación del consenso indispensable? 
Constatemos quiénes participaron del almuerzo y lo gestionaron. (...)"Cristina Kirchner acudió al encuentro con todos sus funcionarios y cuatro gobernadores de las provincias 'mineras', encabezados por el sanjuanino José Luis Gioja uno de los principales lobbystas de la Barrick Gold en el país, junto al empresario Santiago Soldati.
La Presidenta no tuvo ningún problema en posar toda sonrisas junto a Munk y las banderas de Barrick, una minera denunciada de contaminar los suelos argentinos con cianuro. Sonreían también para las fotos el salteño Juan Manuel Urtubey, el riojano Luis Beder Herrera, el jujeño Walter Barrionuevo y el santiagueño Gerardo Zamora. Además del secretario de Minería Jorge Mayoral, quien compite con Gioja por los favores de la minera. Ese es el poder de lobby de la Barrick Gold, una compañía que tuvo como asesor al ex presidente de Estados Unidos George Bush padre.


Poder de veto

La reunión de Cristina con Munk fue una de las últimas gestiones que hizo Mariana Llorente, cuñada y jefa de Gabinete del ex canciller Jorge Taiana, quien logró que la Presidenta reservara horas de su cargada agenda en el G20 para reunirse con el magnate minero.

Pero lo cierto es que los compromisos de los Kirchner con esta minera, que le genera enormes contradicciones con los sectores progresistas que los apoyan, viene de tiempo atrás. Y no son pocos los favores que les han hecho". (...)
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Signifiquemos el papel del PJ encabezado por Carlos Saúl Menem:

El giro en la minería argentina de los noventa
13 de enero de 2006
La primera furia
Los beneficios del gobierno de Carlos Saúl Menem abrieron el país a las grandes empresas mineras del mundo. La legislación y la forma que adoptó el Estado luego de esas políticas. Cómo llegó la explosión de la gran minería argentina.


Por Jairo Straccia
El eje era el mismo. Apertura de la economía, desregulación y fomento de la inversión privada extranjera por medio de legislación favorable a sectores determinados. En el minero, no hubo excepciones, y el proceso derivó en modificaciones radicales de la normativa, allá por comienzos de los noventa.
A través de la troncal Ley de Inversiones Mineras (24.196), sancionada en mayo de 1993, se garantizó a los inversores extranjeros estabilidad tributaria y fiscal por un período de 30 años a partir de que hubieran presentado el informe de factibilidad (documento que establece que es posible, luego de la exploración, instalarse en una zona determinada y llevar a cabo la extracción del mineral determinado).
Además, se dispuso un tratamiento impositivo diferenciado, se eximió a las empresas del impuesto a los activos, se eliminaron los gravámenes a la mayoría de los insumos importados, y se modificó el artículo 22 bis del Código de Minería –legislación de fondo del sector minero-. Este último cambio, puso un tope de 3 por ciento a las regalías que los Estados provinciales podrían cobrar por la explotación de los recursos minerales por parte de compañías privadas.
También integraron el paquete de leyes promotoras de la llegada de capitales foráneos, la Ley de Reordenamiento Minero (24.224) y la Ley de Actualización Minera (24.498). Por medio del Acuerdo Federal Minero (Ley 24.228), a su vez, se buscó la armonización de los procedimientos provinciales, y especialmente se intentó conseguir el consenso de todos los distritos de aceptar y refrendar el límite impuesto para las regalías.
Asimismo, mediante la Ley 24.402 -de Financiamiento y Devolución Anticipada del IVA (Impuesto al Valor Agregado)- se establece que las compañías mineras recibirán el reembolso o el financiamiento del IVA cuando se trate de la importación definitiva o compra de bienes de capital nuevos, y cuando se trate de inversiones en infraestructura destinadas al proceso productivo.
Aunque a través de más modificaciones y normativas distritales se profundizó la legislación en la dirección señalada, la anterior nómina de leyes se completa con la Ley de Protección Ambiental (24.585).
Rol del Estado
De esta manera, el papel del Estado en el sector minero quedó reducido casi exclusivamente a la recopilación de información geológica y al registro de los inversores extranjeros, con el fin de salvaguardar sus beneficios legislativos e impositivos.
Dependiente de la Secretaría de Industria, Comercio y Minería, la Subsecretaría de Minería engloba todo el esquema estatal nacional vinculado con la explotación minera. A gran escala, la estructura en este sentido, abarca, por un lado, en el Servicio Geológico y Minero Argentino (SEGEMAR), organismo autárquico encargado de auscultar la Argentina para determinar su potencial minero y sentar las bases para que las compañías privadas opten dónde invertir en el país.
Por otro lado, la Dirección Nacional de Minería es un ente que incluye varios departamentos con el fin de registrar y fiscalizar a las empresas concesionarias de las minas que se explotan. Y por último, el Consejo Federal Minero (COFEMIN) tiene por finalidad reunir a los representantes de provincias con intereses en minería, para determinar políticas comunes.
En cuanto a las compañías mineras provinciales, según la oficina de prensa de la Subsecretaría de Minería, sólo dos hay actualmente en funcionamiento. Una es Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD), en Catamarca, con participación del Estado Nacional y provincial, así como de la Universidad Nacional de ese distrito. Acaba de anunciar una inversión de poco más de 400 mil dólares en la exploración del área llamada Farallón Negro. En tanto, una sociedad de fomento en la provincia de Santa Cruz, llamada Fomicruz, posee el 4 por ciento del proyecto Cerro Vanguardia.

Euforia
En un informe del Ministerio de Producción, titulado “Caracterización del Sector Minero”, fechado en 2001, se resume la algarabía con números representativos de la última década, post reformas. El estudio sostiene que en 1996 los niveles de producción se ubicaban en un 35 por ciento por sobre los registrados en 1990. Y que las exportaciones entre 1996 y 2001 se incrementaron en un 198%.
La presencia de los minerales metalíferos (oro, plata, zinc y otros) dentro de los volúmenes exportados entre 1996 y 2001 es resaltada por el documento, que indica una incidencia promedio del 84 por ciento. En cambio, los minerales no metalíferos alcanzan apenas el 10 por ciento de la producción exportada.
La vigencia de las protecciones legales es considerada hoy imprescindible para el nuevo arribo de montañas de capitales extranjeros al sector, luego de la depreciación del peso. A fines de febrero, el Poder Ejecutivo Nacional dio cuenta de ello: ratificó por medio del decreto 417/03, que las compañías mineras tienen completa libertad para disponer de los dólares que obtienen de las ventas al exterior.
Ocurre que con el decreto 1606 de diciembre de 2001 se había obligado a todas las empresas a vender sus dólares, producto de la exportación, en el país (por ejemplo, las petroleras deben liquidar un 30 por ciento del monto total). Se incluyó también a las mineras, y éstas pusieron el grito más allá del cielo, porque el Banco Central les estaba reclamando los dólares. Ellas aducían que por el artículo 8 de la Ley de Inversiones Mineras, que establece el principio de estabilidad fiscal para las empresas registradas, no podían –ni pueden- sufrir modificaciones en la normativa durante treinta años.
Lo que gran parte de la prensa llamó boom a mediados de los noventa, luego de la devaluación se convirtió ahora en la segunda ola. Con inversiones anunciadas por más de 2300 millones de dólares y proyecciones oficiales de producción y exportación en la actividad minera en niveles récord, la Argentina se apresta nuevamente a recibir más capitales extranjeros que vienen a extraer recursos minerales no renovables.
Fuente: https://noalamina.org/general/item/139-el-giro-en-la-mineria-argentina-de-los-noventa
Subrayemos el grado de impunidad reinante en el mentir con total desparpajo:
1 de mayo de 2018
Luego de que la empresa minera canadiense Barrick Gold produjera dos derrames de agua cianurada en la provincia de San Juan, el Subsecretario de Minería de Argentina, Mario Capello, minimizó el asunto en una entrevista al Diario de Cuyo: “no hay que asustarse, ni asustar a la gente. El cianuro es una sal. Lo puede […]
La Agencia de Noticias Red Acción (ANRed) nos ayuda a comprender porqué la actual impunidad del gobierno de Mauricio Macri en afianzar, aún más que CFK, las expropiaciones extractivistas del territorio de Argentina  y la del PJ de designar su presidente a José Luís Gioja en momentos en que se denunciaban derrames de cianuro en Jachal( San Juan). El último es Presidente del PJ Nacional y Vicepresidente 1° de la Cámara de Diputados de la Nación. Ha sido tres veces Gobernador de la Provincia de San Juan que convirtió en semifeudo al servicio de la Barrick Gold.


.Se levanta la clausura de la mina Veladero tras el derrame de cianuro en Jachal
05/10/2016
La justicia sanjuanina ordenó el levantamiento de la suspensión que recaía sobre la Barrick Gold debido al derrame de cianuro. La medida genera enorme indignación entre los vecinos de Jachal, quienes están asentados pacíficamente en la municipalidad. Días atrás, la Asamblea Jachal No Se Toca había dado a conocer un nuevo análisis de la UNCuyo, […]
30/09/2015
En el Enredando las Mañanas, el programa de la RNMA, nos comunicamos con Cindy Carrizo Muñoz, politóloga e integrante del Instituto de Investigaciones Socio-Económicas de la Universidad Nacional de San Juan, cuya tesis doctoral aborda el desarrollo de la mega-minería en San Juan. Cindy, que nació en Jachal, nos compartió su visión de lo que […]
06/11/2017
Estudios provenientes de la Universidad Católica de Cuyo demuestran que diversos pozos de agua del departamento Jáchal poseen elevadas cantidades de mercurio y boro. La Asamblea Jáchal No se Toca informó que las aguas subterráneas del río Jáchal contienen altos niveles de mercurio y boro, ya que superan el mínimo permitido por el Código Alimentario […]
 08/10/2016
Finalizó el jueves la toma pacífica del Municipio de Jáchal, San Juan, donde los vecinos se encontraban resistiendo debido a la nula respuesta del gobierno municipal y provincial a sus numerosos reclamos, tras levantarse la suspensión de la actividad de Mina Veladero por orden de la justicia sanjuanina. Por Federico Caggiano
 06/10/2016
Continua la toma pacifica de la municipalidad de Jachal por los vecinos organizados en la “Asamblea Jachal No Se Toca”. Se ha acrecentado la presencia policial rodeando y encerrando a los manifestantes. La medida de fuerza fue por el levantamiento de la suspensión a la Barrick Gold que regia tras conocerse el segundo derrame de […]
 17/09/2016
A un año del derrame de solución cianurada de la mina Veladero en las nacientes del Río Jáchal, el pueblo sanjuanino volvió a manifestarse por el cierre, remediación y prohibición de la megaminería contaminante. Mientras tanto el principal responsable del hecho, el ex gobernador y actual diputado nacional, José Luis Gioja, continúa impune en el […]
.Comunicado de Prensa a 9 meses del desastre megaminero en Jáchal e Iglesia, San Juan
 14/06/2016
Comunicado de Prensa: El fin de semana pasado se reunió la Regional Cuyo Noa de la UAC (Unión de Asambleas Ciudadanas) en la ciudad de Mendoza. Entre otros temas, se emitió el siguiente comunicado conjunto entre las asambleas presentes en relación a los 9 meses del derrame en Veladero que contaminó 5 ríos en la […]
 30/05/2016
El Concejo Deliberante de Jáchal rechazó la realización de una consulta popular para que los habitantes de la localidad sanjuanina decidieran “SI o NO a la megamineria en las cuencas hídricas del departamento”. Ante esta situación, la Asamblea Jáchal No Se Toca decidió marchar y escrachar las casas de los representantes del Frente para la […]
.Robert Moran, perito de parte en Jáchal: “Todas las opiniones que escuchamos son las de la empresa”
 15/04/2016
La Asamblea Jáchal No Se Toca designó, para la investigación por el derrame de un millón y medio de litros de agua cianurada ocurrido en septiembre en la mina Veladero de la Barrick Gold en San Juan, al hidrogeólogo norteamericano Robert Moran. Luego de visitar la zona del incidente y reunirse con parte del staff […]

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16 de abril de 2018

IV. El Estado de represión, control e inteligencia tanto progresistas como neoliberales.

América Latina en el cambio de época:
¿normalizar el estado de excepción?
23 de marzo de 2018


Por Emiliano Teran Mantovani (Rebelión)


A Marielle Franco, Sabino Romero, Berta Cáceres, Santiago Maldonado, Macarena Valdés, Yolanda Maturana. A todas y todos los que nos arrebataron, los que murieron por la vida
  
Panoramas inciertos y cambio de época en América Latina
Tiempos complejos y difíciles se viven para América Latina en la actualidad, de reflujo para las izquierdas y los progresismos, y de intensificación de las múltiples contradicciones sociales, políticas, económicas y geopolíticas que caracterizan la región. A estas alturas, antes que seguir preguntándonos si se ha cerrado un ciclo, parece más pertinente y estratégico tratar de revelar cuáles son las formas generales que pueden tener los nuevos tiempos que se están configurando.
Las cosas, en efecto, ya han cambiado. Las nuevas condiciones materiales que se han desarrollado en los últimos tres lustros –agudización de las crisis urbanas, avances de la frontera extractiva, crecimiento absoluto de los metabolismos sociales, sistemas sociales más complejos y emergencia de nuevos grupos de poder, vigorización de las economías informales, crecimiento y sofisticación de grupos delincuenciales urbanos y rurales, avance geopolítico de China y Rusia en la región, entre otros factores–, apuntan al potencial crecimiento de conflictos, revueltas sociales e intensas disputas territoriales por los bienes comunes y los territorios.

Los mecanismos de construcción de consenso social por medio de la distribución masiva de las rentas del extractivismo, que caracterizó en muy buena medida a los gobiernos progresistas y en general a este ciclo político regional determinado por el boom de las commodities, han sido afectados de manera importante (aunque de forma diferenciada dependiendo el país). Esto ha sido así por los efectos de corto y mediano plazo que provocó el período de recesión económica detonado desde la crisis mundial 2008-2009, pasando por el derrumbe de los precios internacionales de las materias primas iniciado en 2014 hasta la actualidad.

Esto tiene importantes implicaciones políticas, que no pueden ser sólo evaluadas en el corto plazo, ante una ‘recuperación’ económica regional en 2017: el atornillamiento y la profundización de la dependencia a los sectores primarios, los altos niveles de endeudamiento externo público y privado, y los límites estructurales en la capacidad de respuesta de las economías de la región, entre otros factores, minan las bases económicas que han permitido un tipo de gobernabilidades “inclusivas” que, en diversos grados, se expresaron en el ciclo progresista.

Ante esto, parece redimensionarse y cobrar aún mayor relevancia el rol de la violencia como mecanismo de poder estatal y para-estatal, y de intermediación en las disputas económicas y ecológicas en la región.
En el horizonte se vislumbran al menos dos factores determinantes en el desarrollo de este cambio de época:

·         Por un lado, los ingredientes para una nueva crisis global, con iguales o mayores dimensiones de la desencadenada diez años atrás, persisten. Destacan las tendencias al ‘estancamiento secular’ de la economía mundial (FMI dixit ) , la incertidumbre sobre la economía china, el fin de los estímulos monetarios de la Reserva Federal de los Estados Unidos ( ‘quantitative easing’ o QE ) o la ya cada vez más anunciada burbuja global de los precios de los activos –¿la madre de todas las burbujas?
Estos elementos, como ha ocurrido en otros procesos históricos en América Latina, pueden operar como detonantes de nuevos ciclos de crisis.

 
·         Por otro lado, y en consonancia con esta situación global, América Latina está siendo atravesada con mayor profundidad por la confrontación internacional entre los Estados Unidos (y sus aliados) y China y Rusia (y sus aliados), resaltando la aceleración de la lógica belicista y militarista del Gobierno norteamericano, con su explícita idea de “ Preservar la paz mediante el uso de la fuerza ” ( PILLAR III Preserve Peace Through Strength [1] ) y su persistente y progresivo re-posicionamiento militar en la región (directo o indirecto), con especial foco en Venezuela.

El fin de ciclo se estructura desde arriba como contención: ¿el estado de excepción como norma?
El conjunto de factores descritos parecen apuntar a una temporalidad en la región donde se van instalando y consolidando el escenario y las lógicas de una situación extraordinaria o de emergencia, que sirven de pilares a la normalización y permanencia de regímenes de excepción. Esto amerita evaluarlo con mucho cuidado en la medida en la que proliferan normativas de emergencia y nuevas doctrinas de seguridad nacional, donde prevalecen los criterios de eficiencia política en detrimento del estado formal de derechos sociales consagrados.
A su vez, toman un nuevo auge las narrativas beligerantes en las cuales resalta la tipificación de amenazas y el ‘enemigo público’ a combatir, lo que da carta blanca a las fuerzas militares y cuerpos de seguridad para actuar con “mano dura” y celeridad, a penetrar todo tejido social e institucional para enfrentar estos “desafíos” a los “intereses de la nación”. Todo esto va poniendo en suspenso las ya subordinadas, frágiles y agredidas ‘democracias’ latinoamericanas.

Pero es necesario insistir que no se trata únicamente de la reformulación de políticas impulsadas por viejos gobiernos de derecha u otros recién instalados, luego del desplazamiento de gobiernos progresistas. Estas dinámicas de excepcionalidad y beligerancia atraviesan tanto a conservadores como a progresistas. En cada caso varía, ciertamente. Sin embargo, antes que evaluar estos procesos sólo como propios de los gobiernos conservadores, es necesario resaltar cómo también van permeando y determinando de manera creciente la política de los progresismos, cómo inciden significativamente en sus regímenes de gobernabilidad, y por tanto, en el perfil del cambio de época que se configura desde arriba. En cualquiera de los casos, prevalece la razón de Estado, la conservación del poder y la búsqueda de viabilidad política para ejecutar las reestructuraciones y flexibilizaciones económicas que están en desarrollo en esta nueva fase del extractivismo en América Latina.

En Argentina, en el contexto de la declaración de la Emergencia en Seguridad Pública a partir de 2016, la ministra de seguridad, Patricia Bullrich, anuncia una "nueva doctrina" del ejercicio de la autoridad en la cual “el Estado es el que realiza las acciones para impedir el delito" [2] . Mediante una modificación al Código Penal se buscaría darle más garantías a la policía –pues "sólo" se les permite disparar en legítima defensa − y otorgarle funciones de seguridad interior al sector militar.

En Brasil, tras el reciente decreto de militarización de Río de Janeiro –medida tomada ante la ‘emergencia’ para ‘combatir el crimen organizado en la ciudad’−, el gobierno de facto de Michel Temer declaró que este plan servirá como un "laboratorio" para todo el país, por lo que no descartó que las fuerzas armadas sean desplegadas en otras regiones [3].

En Venezuela, en medio de la situación de alta conflictividad política y geopolítica, y de colapso económico, se ha impulsado una creciente militarización de todos los ámbitos de la vida y la instauración, de hecho y de derecho, de un estado de excepción en el país. El mismo se ha convertido en condición permanente dada su ejecución por medio de decretos oficiales emitidos desde enero de 2016 – declarando el “ estado de excepción y emergencia económica en todo el territorio nacional ”– , los cuales son prorrogados continuamente hasta nuestros días. El Decreto N° 2.849 del 13 de mayo de 2017 [4] indica que podrán ser restringidas las garantías para el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución, con algunas salvedades.

En Colombia, donde el estado de excepción constituye un instrumento ordinario de la política gubernamental y de las estructuras jurídicas desde hace ya varias décadas, el escenario post-acuerdo (desde noviembre de 2016) no supone la interrupción del proceso de militarización imperante, la asistencia militar por parte de los EEUU, ni la intensa represión social y desaparición de activistas que está en desarrollo en el país [5] .

El caso mexicano es también conocido, en el cual se instaura de facto un régimen de excepcionalidad desde la declaración de “Guerra contra el narcotráfico” en el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) – que ha dejado miles y miles de muertos − hasta la reciente promulgación de la controvertida Ley de Seguridad Interior (diciembre de 2017) en el gobierno de Enrique Peña Nieto, que ordena la intervención de las Fuerzas Armadas cuando se identifiquen amenazas a la seguridad interna.

En Honduras, país que refleja de manera dramática estas lógicas imperantes en Centroamérica, se va desarrollando un incremento de la militarización desde el Golpe de Estado ejecutado en 2009 contra el presidente Manuel Zelaya, lo cual se va intensificando a partir de 2012-2013 (durante la presidencia de Porfirio Lobo) con la ampliación de funciones que el Ejército cumple en relación al control de la seguridad ciudadana y la creación de laPolicía Militar de Orden Público (2013) [6] . A raíz de las intensas protestas sociales que se produjeron ante las irregulares y dudosas [7] elecciones presidenciales de diciembre de 2017, que dieran como ganador a Juan Orlando Hernández (JOH), se declaraba el estado de excepción y la suspensión de varias garantías constitucionales en 18 departamentos del país, lo que en definitiva dejó más de una veintena de muertos, adjudicados por ONU a una fuerza excesiva y letal por parte de los cuerpos de seguridad de Honduras , en particular de la policía militar [8] . Cabe añadir que JOH declaró que América Latina debe prepararse y “adelantarse” ante posibles atentados terroristas [9] , lo que va en consonancia con la progresiva reinstauración de las doctrinas de seguridad nacional en esta sub-región.

Una semana después de iniciada la presidencia de Horacio Cartes en Paraguay (agosto de 2013), se procedió a la reforma de la Ley 1337/99 de Defensa Nacional y de Seguridad Interna, lo cual otorgaba al presidente vía decreto, sin acuerdo del Parlamento y por el tiempo que éste considerase conveniente, la facultad de militarizar zonas enteras del país con el objetivo de “enfrentar cualquier forma de agresión externa e interna que ponga en peligro la soberanía, la independencia y la integridad territorial” [10] . La medida hacía alusión al combate de grupos armados, como el denominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), a quienes se le atribuyese el asesinato de cinco personas en Tacuatí, ese mismo mes de agosto. Las órdenes de militarización se asignaron a los departamentos de Concepción, San Pedro y Amambay, destacando el rol de la “ Fuerza de Tarea Conjunta ” (FTC), unidad especial asignada para estos fines, principalmente en el norte del país.

La configuración de regímenes de excepción no debe ser interpretada únicamente como un proceso centralizado, homogéneo y estable. Se trata también de la combinación de zonas de “paz” y de consumo, y algunas políticas de asistencia social, con lo que podríamos entender como estados de excepción selectivos, que se van estableciendo local e incluso flexiblemente, dependiendo de diversos factores coyunturales y de los diferentes focos de resistencia y movilización social que puedan provocar los acontecimientos. Conviene destacar a su vez, que el desencadenamiento de nuevos sucesos entendidos como “perturbaciones”, pueden ser utilizados como la “evidencia” o “confirmación” de la existencia de una amenaza a la seguridad nacional, lo cual sirve para establecer, consolidar, reforzar e incluso radicalizar estas tendencias generales de excepcionalidad.

En estas claves pueden ser evaluados, por ejemplo, el decreto de estado de excepción que el presidente de Ecuador, Lenin Moreno, estableció a fines de enero de 2018 en San Lorenzo y Eloy Alfaro, provincia de Esmeraldas (frontera con Colombia), a raíz del atentado con un carro bomba ocurrido frente a una estación de la Policía, lo que fue calificado por Moreno como un ataque “terrorista” atribuido al narcotráfico [11] . Del mismo modo, durante dos meses se estableció el estado excepción en la provincia amazónica Morona Santiago, a raíz del levantamiento de la comunidad indígena shuar contra las actividades mineras en su territorios a mediados de diciembre de 2016[12] (gobierno de Rafael Correa), mientras que el ministro del Interior, César Navas, indicaba que la presencia militar se mantendría en la zona atenta ante cualquier eventualidad; o bien, similar decreto en el cantón Zaruma (provincia fronteriza de El Oro) en septiembre de 2017, gravemente afectada por la minería ilegal [13] .

Destacan también varias declaraciones de estado de emergencia en Perú, las cuales se van volviendo permanentes y normalizándose en ciertas localidades andinas, como ocurrió en los distritos de Chalhuahuacho, Haquira y Mara (Apurimac) y Capacmarca (Cuzco), donde, a raíz de protestas contra las empresas mineras [14] , se suspendían varios derechos constitucionales y se autorizaba a la Policía Nacional a mantener el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas. A su vez, en septiembre de 2016 se decretaba el estado de excepción en tres distritos de Huancavelica, Ayacucho y Cuzco, con el objetivo de combatir a los “remanentes terroristas” y los cárteles del narcotráfico en la zona [15].

Otros ejemplos de formas selectivas de regímenes de excepción pueden situarse con la militarización de los territorios ancestrales del pueblo mapuche (Wall Mapu), en poder de grandes empresas extractivas forestales, latifundistas y capital transnacional, con el consiguiente crecimiento de la criminalización de las movilizaciones indígenas. Del mismo modo, cabe evaluar la evolución de las lógicas de militarización urbana ante una potencial proliferación de saqueos y estallidos sociales como los ocurridos en enero de 2017 en México, a fines de febrero de 2018 en Bogotá y otras ciudades de los departamentos de Cundinamarca, Tolima, Boyacá y Quindío (Colombia), y en Colón, en marzo 2018 (Panamá) .

Por último, pero no menos importante, el rol de los desastres ambientales en la instauración, consolidación y/o radicalización de los estados excepción en la región puede ser significativo, si tomamos en cuenta el incremento de su incidencia ante la crisis ambiental global. Esto ha ocurrido de formas parciales en varios países –por ejemplo, con l a explosión del volcán Cotopaxi en agosto 2015, que implicó declaración de estado de excepción a nivel nacional y la orden de movilización de todas las fuerzas armadas en el Ecuador [16] −, aunque un caso emblemático es el de Puerto Rico, donde se reimpulsa y busca normalizarse el estado de excepción instalado desde la crisis de la deuda de 2006, a raíz de las devastadoras consecuencias del paso del huracán María por la isla, en septiembre de 2017.

En el contexto traumático de este desastre , uno de los mecanismos para normalizar el régimen de excepción ha sido la firma a mediados de diciembre de 2017 de la “Ley del Nuevo Gobierno de Puerto Rico”, que le otorga los poderes necesarios al gobernador y a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) para reorganizar el conjunto de instituciones y dispositivos de las instituciones estatales e impulsar medidas de reestructuración económica, mediante orden ejecutiva emitida conforme a las disposiciones de la Ley, por un período de 10 años [17] .

Estos procesos no deben ser leídos únicamente en clave nacional-estatal, en la medida en la que pueden operar en articulación con la política exterior de las potencias en disputa en la región, principalmente de los Estados Unidos, que instala nuevas bases militares o “task forces” en diversos países (especialmente en Perú, Paraguay, Colombia y Argentina) o impulsa maniobras conjuntas de fuerzas militares (como las operaciones militares que desarrolló con Brasil, Colombia y Perú en la frontera amazónica de estos tres países en noviembre de 2017).

El juego sigue abierto: ¿un nuevo ciclo de luchas en tiempos de beligerancia?
Estas dinámicas descritas no son en ningún sentido lineales, irresistibles y homogéneas. Si bien revelan la conformación y el avance progresivo de figuras y marcos formales de excepcionalidad ‘desde arriba’, estas no sólo aparecen como decretos, sino también como dispositivos biopolíticos que buscan penetrar los tejidos socio-territoriales, la vida cotidiana de los latinoamericanos, por medio de lógicas militar/policiales de control, sitio, vigilancia y represión social. Se articulan también con estrategias de lo contingente, de lo informal y persiguen adaptarse a las variadas condiciones territoriales existentes. Pero esto también se debe a la volatilidad y complejidad del escenario. Al hecho de que todo esto sigue siendo un juego abierto, inestable, en ciertas formas regionalizado y en disputa.

El cambio de época en América Latina también expresa que estamos ante una nueva correlación de fuerzas, no sólo determinada por el reposicionamiento de sectores y corrientes conservadoras, la emergencia de nuevos actores y subjetividades, el agotamiento de ciertos horizontes y modos de hacer política, o por la intensificación de las tensiones geopolíticas; sino también por lo que los actores en disputa están dispuestos a hacer y poner en juego para lograr sus objetivos. Son tiempos de altos riesgos y peligros.

En estos escenarios, el fin de ciclo no necesariamente supone una era “post-progresista”, sencillamente porque los progresismos, como un modo de hacer política, no van a desaparecer, del mismo modo en que el ciclo progresista nunca fue un período “post-neoliberal”. Aunque el progresismo ya no es el gran rasgo de peso en la región, seguirá teniendo presencia en la disputa política latinoamericana.

Pero ante esta situación no se trata, nuevamente, aumentar la colección de gobiernos de centro-izquierda, o crear mayor presencia de nominaciones y discursos progresistas. Vale las preguntas, ¿qué es y será el progresismo en este cambio de época? ¿Será exactamente el mismo de 10-15 años atrás? ¿Cómo serviría este progresismo al conjunto de luchas que desde abajo intenta impulsar re-existencias y alternativas a los modelos imperantes? En este sentido, es necesario evaluar:

·         Por un lado, cuáles son las posibilidades de concreción de sus objetivos de posicionamiento político y de realmente impulsar una agenda “progresista”, en esta particular correlación de fuerzas actual.
·         Por otro lado y por consiguiente, de ser exitosos, ¿cómo ensamblarían sus modos de gobernabilidad y sus patrones de acumulación extractivistas ante las duras dinámicas de crisis económica y beligerancia global? ¿Prevalecerían y se intensificarían los pragmatismos, las lógicas de seguridad y orden interno, los mecanismos de cooperación con sus aliados geopolíticos en esta especie de Guerra Fría que vivimos a escala global?

 
Es en estas claves que creemos que también deben ser interpretadas las mutaciones y giros políticos de Lenin Moreno en Ecuador, el probable fraude electoral en Honduras en diciembre de 2017, la forma que va tomando el Gobierno Bolivariano en Venezuela, el posible encarcelamiento de Luiz Inácio “Lula” da Silva en Brasil, o los condicionamientos a las posibilidades de éxito electoral e incluso gubernamental de Gustavo Petro en Colombia y Andrés Manuel López Obrador en México.

Todo esto deja abiertas múltiples interrogantes vitales: ¿cuál es la agenda de las izquierdas, o si se quiere, de los diversos movimientos contra-hegemónicos, ante estos tiempos de reflujo, pragmatismo, securitización, sobrevivencia política de los gobiernos y reestructuraciones económicas en la región? A fin de cuentas, ¿quiénes son los principales afectados por las lógicas de excepción y “seguridad nacional” que van avanzando en la región, sean de cuño conservador o progresista? ¿Cuál es la postura ética de la izquierda ante esto, o incluso, qué significa ser de izquierda en estos tiempos de beligerancia? ¿Cuál sería el programa contestatario ante esta coyuntura? ¿O es que se afirma que ya no es posible un programa tal?

El agotamiento del “ciclo progresista”, no representa el final de una historia de luchas, sino la continuación de la misma bajo nuevas condiciones. Muy duras, probablemente. Pero precisamente la intensificación de las contradicciones que constituyen esta vibrante y muy activa región del mundo, abre al mismo tiempo las posibilidades para la masividad de un nuevo ciclo de luchas, posiblemente con nuevas modalidades, narrativas y formatos que, en su emergencia, discutan críticamente con la ya tradicional propuesta impulsada por los progresismos.

Pero lo fundamental es no olvidar que el estado de la correlación de fuerzas estará siempre determinado y atravesado por las luchas desde abajo que, dependiendo de la impronta y masividad de las mismas, puede mejorar las condiciones de disputa, la gestión común de la vida, las posibilidades de transformación social, e incluso incidir en la composición política del Estado en un período determinado.

Ante el caos, la guerra y la excepcionalidad, el principio es la comunidad, la comunalidad, la resiliencia, la reproducción de la vida y la defensa territorial. Múltiples experiencias siguen ofreciendo horizontes de actuación, de referencia: la Guardia Indígena del Cauca (Colombia), las fogatas y las guardias comunitarias en Cherán y los caracoles zapatistas (México), las Oficinas de Seguridad de los indígenas yekwana en el río Caura, la experiencia de la comuna El Maizal y los campamentos de pioneros (Venezuela), las Rondas Campesinas de Cajamarca (Perú), las resistencias contra la minería por parte de la comunidad de Intag (Ecuador), y un largo etcétera. Todas son semillas de transformación social; son referentes y planes piloto ante los tiempos de confusión y caos que crecen.
Tiempos duros se visualizan en el horizonte. Sí. Pero si hay un tiempo para incidir en el curso de los próximos acontecimientos, es éste.
Caracas, marzo de 2018
*Emiliano Teran Mantovani es sociólogo de la UCV, ecologista político y master en Economía Ecológica por la Universidad Autónoma de Barcelona. Investigador asociado al Centro de Estudios para el Desarrollo (CENDES), miembro del Observatorio de Ecología Política de Venezuela y mención honorífica del Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2015 por el libro ‘El fantasma de la Gran Venezuela’.
Notas
[2] Pardo, Daniel. Qué es la "nueva doctrina" de seguridad de Mauricio Macri y por qué genera preocupación en Argentina. BBC Mundo. 12 de febrero de 2018. Disponible en http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-43012434
[3] Telesur. Temer amenaza con militarizar otras regiones de Brasil. 28 de febrero de 2018. Disponible enhttps://www.telesurtv.net/news/temer-amenaza-con-militarizar-otras-regiones-brasil-20180228-0028.html
[5] Fundación Paz y Reconciliación. El perfil de los líderes asesinados. El Espectador. 2 de marzo de 2018. Disponible en https://colombia2020.elespectador.com/opinion/el-perfil-de-los-lideres-asesinados
[7] García, Jacobo. La OEA pide nuevas elecciones en Honduras mientras el órgano electoral hace presidente a Juan Orlando. El País. 18 de diciembre de 2017. Disponible en https://elpais.com/internacional/2017/12/18/america/1513557348_630202.html
[8] Oficina del Alto Comisionado – ONU. En Honduras las protestas por las elecciones se reprimieron con fuerza excesiva y letal - informe de la ONU. 12 de marzo de 2018. Disponible en http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22799&LangID=S
[9] EFE. JOH espera que Honduras no sea objeto de ataques terroristas. La Prensa. 28 de agosto de 2017. Disponible en http://www.laprensa.hn/honduras/1101831-410/honduras-atentados-terroristas-joh-barcelona-
[10] Brom, Diego. La militarización ya es ley en Paraguay. Página 12. Disponible en https://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-227383-2013-08-23.html
[11] Telesur. Ecuador: Declaran estado de excepción en San Lorenzo tras explosión. 27 de enero de 2018. Disponible en https://www.telesurtv.net/news/Ecuador-Declaran-estado-de-excepcion-en-San-Lorenzo-tras-explosion-20180127-0030.html
[12] Masapanta, Daisy. ECUADOR: Termina estado de excepción en Morona Santiago. CAOI. 15 de febrero de 2017. Disponible en http://www.coordinadoracaoi.org/web/extractivismo/ecuador-termina-estado-de-excepcion-en-morona-santiago/
[13] AFP. Decretan estado de excepción por minería ilegal en el sur de Ecuador. El Tiempo. 14 de septiembre de 207. Disponible en http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/decretan-estado-de-excepcion-en-ecuador-por-mineria-ilegal-130826
[14] El Comercio. Las Bambas: declaran en emergencia a 3 distritos de Apurímac para evitar actos de violencia. 16 de agosto de 2017. Disponible en https://elcomercio.pe/peru/apurimac/declaran-emergencia-3-distritos-apurimac-evitar-actos-violencia-noticia-450779
[15] El Universal. Gobierno peruano declara estado de excepción en 3 distritos por terrorismo. 11 de septiembre de 2016. Disponible en http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2016/09/11/gobierno-peruano-declara-estado-de-excepcion-en-3-distritos-por-terrorismo
[16] Constante, Soraya. Correa declara el estado de excepción por la erupción de un volcán. El País. 17 de agosto de 2015. Disponible en https://elpais.com/internacional/2015/08/15/actualidad/1439662969_985121.html
[17] Atiles-Osoria, José. Proyecto de ley del “Nuevo Gobierno de Puerto Rico”: Estado de Excepción interno y la desposesión generalizada. La Pupila. 25 de octubre de 2017. Disponible en http://lapupila.net/proyecto-de-ley-del-nuevo-gobierno-de-puerto-rico-estado-de-excepcion-interno-y-la-desposesion-generalizada/ ; Cintrón, Joel. Naomi Klein en Puerto Rico: “No es shock, es el trauma lo que se ha estado explotando”. CPI. 26 de enero de 2018. Disponible en http://periodismoinvestigativo.com/2018/01/naomi-klein-en-puerto-rico-no-es-shock-es-el-trauma-lo-que-se-ha-estado-explotando/


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