A recordar

19 de diciembre de 2019

Recuperamos 19/20 si asumimos al Estado como motor de la capitalista «contrarreforma agraria»

La «contrarreforma agraria integral» del sistema mundo capitalista (bajo gestión neoliberal o progresista) impone "transformar a la naturaleza en un mero medio de producción, y a todos los procesos vivos que le son inherentes en potenciales mercancías, y destruir todas aquellas relaciones sociales, constelaciones culturales y lenguajes de valoración propios de otras matrices civilizatorias para subsumirlas a la lógica unidimensional del mercado (el tiempo abstracto, el individualismo y la ganancia privada). La violencia y el despojo constituyen la condición y signo del origen neoextractivista".
 
La «contrarreforma agraria integral» del sistema mundo capitalista garantiza el orden social donde "los procesos de expropiación ecológica tienen profundas consecuencias económicas y políticas; implican inexorablemente que lo que unos consumen es lo que a otros les es quitado. El agua y la energía que consumen las mineras en los territorios de nuestra región, por ejemplo, es agua y energía que es negada y expropiada a las propias poblaciones locales".

Espiral (Guadalaj.) vol.23 no.66 Guadalajara may./ago. 2016

Neoextractivismo y conflictos medioambientales
en América latina
 
Marco Antonio Merchand Rojas

Conclusiones
Se ha analizado cómo los Gobiernos de América Latina justifican un estilo de desarrollo extractivista que genera círculos viciosos no sólo en la población (explotación desmedida, bajos salarios, no se cuenta con prestaciones labores -seguro médico, ahorros, etc.-), sino también en el entorno territorial de estas poblaciones: al estar sometido a una sobrecarga de sus recursos naturales, se tiene como resultado depredación y degradación de su medio ambiente.
Esta paradoja perversa del sistema es propia de la lógica que opera en los Gobiernos en comparsa con las empresas para mantener un sistema productivo con altos rendimientos para una clase empresarial nacional y extranjera. Sin embargo, estas empresas productivas que comercializan exitosamente sus productos en el exterior, aprovechando sus "ventajas comparativas", no generan para sus trabajadores una vida digna y decorosa.
Las comunidades originarias y dueñas de sus recursos (tierra, agua) son despojadas arbitrariamente de sus medios de subsistencia. Estas poblaciones inertes e indefensas luchan por que se les restituya lo que les pertenece. Esto genera creciente conflictividad socioambiental entre los actores involucrados (Estado, empresas y trabajadores). No obstante que han crecido los conflictos por disputas y conquistas de territorios entre los involucrados, el Estado sigue manteniendo una política de defensa a favor de los intereses empresariales que socavan y depredan la biodiversidad de los territorios ocupados, destruyendo por consecuencia el tejido productivo social y cultural de sus pobladores originarios.
Habría que agregar, también, que el negocio lucrativo sobre el aprovechamiento de los recursos naturales se expresa en un neoextractivismo que constituye un escenario favorable para una próspera clase rentista (empresas nacionales, transnacionales y operadores de Gobierno) que acumula más y más riqueza y poder y es situada privilegiadamente en un sistema económico-político exclusivo y explotador de fuerza de trabajo y recursos naturales. El dominio que ejerce la clase rentista (por ejemplo, los titulares de los derechos de propiedad minera, agrícola, petrolera) sobre los denominados activos y recursos "naturales" le permite crear y manipular la escasez, así como especular con el valor de los activos que controla.
Esta clase rentista ejerce el derecho del "acaparamiento de tierras" que se está llevando a cabo actualmente en todo el mundo (América Latina, África), y que tiene que ver más con la creciente competencia por monopolizar los recursos y la cadena alimentaria con vistas a la extracción de rentas que con el temor a unos inminentes límites naturales impuestos a la producción de alimentos y la extracción de minerales.
También es a través del comercio internacional de materias primas que existe una transferencia real o virtual de insumos (agua, energía, minerales, biomasa y nutrientes, así como los efectos del trabajo humano) de una parte a otra del planeta. Este comercio es el adhesivo que mantiene unido el sistema capitalista, y es su expansión la que extiende e intensifica las actividades que tienen lugar dentro del mismo. En este sentido, la categoría de transferencia ecológica se ejemplifica en el caso de la explotación de petróleo crudo de México, que se exporta a Estados Unidos y que este regresa procesado como gasolina o gas.
El sistema capitalista está plagado de desigualdades y desarrollos geográficos irregulares, precisamente como consecuencia del patrón desigual de estas transferencias. Los beneficios se amontonan en una parte del mundo a costa de la otra. Un claro ejemplo de esto es lo que ha acontecido con América Latina en cuestión de transferencia de los beneficios ecológicos a partir de la explotación de su naturaleza y recursos naturales. Hay que recordar que el capital ha agotado, e incluso destruido, de forma irreparable los recursos latentes en la naturaleza de ciertos lugares (ejemplos como el gaucho, el henequén, etc.). Las colonias y las neocolonias fueron explotadas y son explotadas por sus recursos, sin importar el bienestar de las poblaciones locales (a menudo indígenas).
La extracción de minerales y la explotación de los recursos energéticos y forestales suelen seguir una lógica similar, dejando tras de sí un paisaje desigual de ciudades mineras abandonadas, suelos agotados, vertederos de residuos tóxicos y valores de activos devaluados. Estas prácticas extractivas y explotadoras se tornan doblemente voraces y violentas bajo regímenes imperiales y coloniales. Los beneficios y las pérdidas desiguales casi siempre redundan, sin embargo, en beneficio de los ricos y los poderosos, dejando a los vulnerables y a los pobres mucho peor de lo que estaban. Esto es, al fin y al cabo, en lo que siempre ha consistido el imperialismo extractivo.
La explotación de la tierra, la erosión del suelo y la extracción incontrolada de los recursos naturales han dejado una huella de enormes proporciones en los paisajes de todo el mundo, y en algunos casos han provocado la destrucción irreversible de aquellos valores de uso necesarios para la supervivencia humana. Sin embargo, el capital no puede menos que privatizar, mercantilizar, monetizar y comercializar todos aquellos aspectos de la naturaleza a los que tiene acceso. Sólo así le es posible absorberla cada vez más intensamente de modo que se convierta en una forma de capital, esto es, en una estrategia de acumulación. La colonización de nuestro mundo de vida por el capital se acelera. La infinita y cada vez más absurda acumulación exponencial de capital se ve acompañada de una infinita y cada vez más absurda invasión del mundo de vida por la ecología del capital.
Como se analizó, se instaura un proceso que se denomina "ofensiva extractivista", con acelerado avance expropiatorio, mercantilista y depredador de los bienes comunes naturales de la región. El agronegocio, la minería a gran escala, la explotación de hidrocarburos no convencionales, la industria forestal y la construcción de megaproyectos de infraestructura (carreteras, gasoductos, termoeléctricas, represas, etc.) son actividades únicas de esta nueva ola de saqueo, dependencia y recolonización a la que están sujetos los países de América Latina. Se puede decir que casi todos los estudios académicos recientes coinciden en las que las actividades de extracción de minerales o hidrocarburos generan situaciones de pobreza y de autoritarismo, y que se propician relaciones entre unas y otras.
Referencias bibliográficas
Recibido: 08 de Abril de 2015; Aprobado: 19 de Febrero de 2016
 
 
 
Señalemos como causa común, de las diversidades de abajo sin fronteras ni muros, a la reafirmación de derechos sobre territorios desde comunidades y pueblos naciones. Apreciemos porqué en el siguiente ejemplo:
 

*Gan Gan, 15 de diciembre del 2019 - Meseta de Zunguncura.*
*Al pueblo nación Mapuche Tehuelche y a la opinión pública en general:*
Comunidades Mapuche-Tehuelche de las zonas de meseta y cordillera, y gente de nuestro pueblo-nación declaramos:
Kiñe: Reunidos en Trawn expresamos la reafirmación de nuestros derechos territoriales, y exigimos solución política inmediata a la embestida de la empresa minera Pan American Silver, en complicidad con el poder estatal, entendiendo que es territorio ancestral mapuche tehuelche y se encuentra en peligro.
Epu: rechazamos la promulgación de la Ley de Ministerios con la creación del Ministerio de Hidrocarburos. Dicho ministerio es un paso más del gobierno para intervenir sobre el territorio y habilitar la Megaminería. A su vez, rechazamos cualquier ley desde el Estado, sobre este tema, en tanto no se respeten aquellas que él mismo reconoce (Art. 75. Inc. 17 de la Constitución Nacional, Convenio 169 de la OIT) y nos protegen como Pueblos Originarios.
Küla: nos vemos en obligación de repudiar fervientemente la profanación y traslado del Chenke (enterratorio ancestral) a principios del año 2005, para llevar a cabo actividades de exploración minera. Entendemos la necesidad de mantener el equilibrio con la Ñuke Mapu y los pulli que la habitan y cuidan el lugar, y se vieron afectados por este hecho. Como Mapuche-Tehuelche no vamos a permitir que continúen estos atropellos ante la avanzada del extractivismo, que continuará afectando gravemente estas fuerzas espirituales.
Meli: denunciamos que las actividades de la empresa están generando división en las comunidades, y conocemos de la coerción que ejercen sobre ellas. Nos solidarizamos con los pobladores que se ven amenazados por las acciones de la empresa en complicidad con el poder político. Estamos en alerta y observando sus movimientos y no vamos a aceptar esta clase de atropellos.
*Hacemos un llamado a pu peñi pu lamgen y a la población consciente, a acompañar nuestra lucha por la defensa del territorio y el agua.*
*Recordamos a Raimundo Pino, desaparecido de nuestra meseta y exigimos justicia y el fin de la impunidad.*
*Raimundo Pino presente.*
*Rafael Nawel Yem presente.*
*Libertad al lonko Facundo Jones Huala.* 
*Absolución a Lautaro Curruhuinca.*
*Mari chiweu, mari chiweu

    

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V. Recuperamos 19/20 desde luchas en Chubut y Mendoza

Mendoza: seis horas con la Legislatura rodeada 

en defensa del agua

17 de diciembre de 2019
Seis horas con la Legislatura rodeada por el pueblo mendocino que se concentro para defender la Ley 7722 que pretende ser modificada para la megaminería. A las 11:30hs se levantó la sesión por la presión en las calles. Senadores y diputados quedaron sitiados «hasta que no bajen el proyecto de modificación» y debieron salir entre abucheos y un fuerte operativo de infantería. 
Por ANRed desde Mendoza.
La jornada de este martes amaneció con el alba de una sola luz: «el agua de Mendoza no se negocia». Las asambleas populares del agua, organizaciones sociales y personas autoconvocadas colmaron la legislatura en una jornada histórica.
Hasta las 18 horas, los senadores quedaron en el recinto bajo la exigencia que los bloques de la UCR y del PJ bajen y archiven el proyecto de modificación a la Ley 7722 que busca dar rienda libre a la megaminería contaminante. El proyecto fue presentado por el flamante gobernador Rodolfo Suarez.
Adentro se encontraban Pablo Priore del Cambia Mendoza quien pidió la represión. Ernesto Mancinelli de Libres del Sur. Marcelo Romano de Protectora. Lautaro Jiménez del Fit. Laura Chazarreta del Frente de Todos quien manifestó que «la ruta de la minería y del fraking es la ruta de la trata y que expropia nuestra cuerpos y nuestros recursos». Mercedes Llano del Partido Demócrata y Guillermo Mosso quien ninguneó los argumentos sobre la catástrofe en Jáchal cuando hubo un derrame de cianuro.
Compañeras de la asamblea del este de la provincia de Mendoza pudieron refutar estás palabras a partir de la exposición de los informes de la Universidad Nacional de Cuyo y del CCT sobre la presencia de metales tóxicos en los ríos que llegan a Jáchal.
Pasado el medio día, abogadas de las asambleas se presentaron en el recinto para frenar las amenazas de represión, multas e imputaciones que se han vuelto un clásico en las postales mendocinas de las últimas luchas callejeras. En la negociación de acordó que se dejaba salir a las y los trabajodres de prensa y de la Legislatura si se dejaba sin efecto la orden de reprimir e infantería retiraba sus efectivos de la Sarmiento.
Luego se garantizó la salida por las puertas asignadas por asambleístas a partir de túneles humanos que certifican que ningún miembro de las cámara saliese.
A las 18 hs infantería armó un cordón tiró un gases lacrimógenos y violentaron a las personas que se encontraban en las calles de la Legislatura.
La asamblea continúo en la Plaza independencia y decidió convocar para mañana a las 10hs a fin de organizar las acciones venideras.
https://www.anred.org/2019/12/17/mendoza-seis-horas-con-la-legislatura-rodeada-en-defensa-del-agu

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IV. Recuperamos 19/20 desde luchas en Chubut y Mendoza

10 falacias del 

discurso prominero

en Chubut

15 de diciembre de 2019


Por Sebastián Sayago*.

LA INFORMACIÓN ES PODER
Para finalizar, comparto dos libros que tratan con mucho rigor el riesgo y las mentiras asociadas a la megaminería:
Leamos, compartamos la información, analicemos, discutamos, apoyemos a quienes están luchando por el bien de todos. Participemos.
*Docente e investigador en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.

Más Noticias


Fuente: https://www.anred.org/2019/12/15/10-falacias-del-discurso-prominero-en-chubut/

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III. Recuperamos 19/20 desde luchas en Chubut y Mendoza

Puerto Madryn contra la megaminería

18 de diciembre de 2019
Ayer por la mañana la Asamblea en Defensa del Territorio en Puerto Madryn convocó a conferencia de prensa frente a la Municipalidad de la ciudad, para exponer la situación actual en torno a la Megaminería y la resistencia de las comunidades organizadas. 

Por ANRed/Video: Namunkurá TV

Ayer por la mañana la Asamblea en Defensa del Territorio en Puerto Madryn convocó a conferencia de prensa frente a la Municipalidad de la ciudad, para exponer la situación actual en torno a la Megaminería y la resistencia de las comunidades organizadas.
«En este momento estamos gritando fuerte ¡no a la megaminería en Chubut!. Nosotros elegimos el formato conferencia de prensa, pero en otros lugares de la provincia se estan haciendo vigilias como en Esquel, Rawson, cortes de ruta como en Lago Puelo, porque en la legislatura siguen insistiendo en instalar la megaminería  a pesar que en nuestra provincia esta la Ley 1768/ 5001 que prohibe la explotación minera a cielo abierto con uso de cianuro. Por eso las asambleas de ambientalistas, los pueblos originarios reunidos en sus comunidades y todas las vecinas y vecinos que a diario nos manifiestan la necesidad de defender el agua y el territorionos. Estos proyectos se instalarán en el 70% de nuestro territorio, no es solamente la meseta por lo tanto el perjucio sería para toda la población» dijo Flavia Nuñez de la Asamblea de Defensa del Territorio.

“Estamos gritando fuerte ¡no a la megaminería en Chubut! Las asambleas de ambientalistas, los pueblos originarios reunidos en sus comunidades y todas las vecinas y vecinos que a diario nos manifiestan la necesidad de defender el agua y el territorios. Estos proyectos se instalarán en el 70% de nuestro territorio, no es solamente la meseta por lo tanto el perjucio sería para toda la población» dijo Flavia Nuñez de la Asamblea de Defensa del Territorio”.

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II. Recuperamos 19/20 desde luchas en Chubut y Mendoza

Chubut dice «¡No!» a 

la megaminería


Ayer fue otra jornada de lucha en Chubut, contra los proyectos megamineros. En la Comarca Andina, Esquel, Rawson, Comodoro, Puerto Madryn, hubo marchas, cortes intermitentes de la ruta 40, asambleas. Todos los recursos fueron válidos para manifestarse en contra de proyectos que afectan la vida, el agua, la tierra.

Por ANRed

Hace semanas en que Chubut corría un rumor de la existencia de un proyecto para dar vía libre a la megaminería y dar por tierra con la ley 5001, lograda con el esfuerzo de los vecinos y vecinas comprometidos con la tierra.(…)

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I. Recuperamos 19/20 desde luchas en Chubut y Mendoza

Chubut: denuncian la intención de derogar la ley que prohíbe la megaminería en la provincia

Con consignas como «no a la megaminería» o «el agua no se vende», vecinos y vecinas de diferentes ciudades de Chubut convocarán hoy a una marcha contra la intención de derogar la ley que prohíbe la megaminería en todo Chubut, y contra la idea de imponer una nueva ley que delimitaría una zona de sacrificio donde avanzarían los proyectos mineros. 
Por ANRed.

El agua y las mesetas de Chubut corren peligro. El lobby minero que siempre estuvo presente, ahora se ha intensificado con la connivencia de los intendentes y legisladores. Las intenciones de las empresas mineras se han reforzado con decisiones de política nacional, como el proyecto de crear la secretaría de minería. Lo que se intenta, como denuncian los vecinos y vecinas de la provincia, es derogar la ley 5001 que se sancionó por idea y presión de la gente afectada. Esta ley prohíbe la megaminería en todo Chubut, y su derogación implicaría a su vez imponer una ley de zonificación, que volvería parte de la meseta una zona de sacrificio, donde se realizarían los proyectos mineros. El principal proyecto es el denominado «proyecto navidad», de la Pan American Silver, que pretendería explotar un yacimiento de plata, justo donde se encuentra el 70% del agua.

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10 de noviembre de 2019

IV. Balance crítico a progresismos para romper la conciliación con grandes capitales locales e imperialistas

Buenas Prácticas Agrícolas (BPA): O como maquillar 

un genocidio

4 noviembre 2019

 

Por Multisectorial Paren de Fumigarnos – Santa Fe 

En los últimos 20 años, la cantidad de agrotóxicos arrojados en la parte más poblada de la Argentina, aumentó en más del 1000 % pasando ya cómodamente los 500 millones de litros anuales. La resistencia de las malezas aumenta, las inundaciones se hacen cíclicas y el cambio climático se hace sentir. La deforestación y la pérdida de biodiversidad son incesantes. Todo inherente y consecuencia de este modelo agrícola químico dependiente, inventado por las corporaciones y avalado por todos los gobiernos de turno.

Los 39 campamentos sanitarios implementados por la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR como práctica final para que los alumnos se reciban de médicos, nos informan permanentemente del crecimiento de las enfermedades en pueblos de 4 provincias, que duplican o triplican los índices medios nacionales, y que solo tienen en común el modelo agroindustrial y las fumigaciones con agrotóxicos. 
Los estudios de ingenieros como Marcos Tomasoni, son claros con respecto a las fumigaciones: hay varios tipos de derivas y son incontrolables. No en vano el Conicet encontró atrazina y endozulfan en el aire de la Antártida.
El modelo transgénico, casi un monocultivo, destruyó la diversidad productiva y el monte nativo, expulsando en las últimas décadas por hambre y necesidad a varios millones de habitantes, a los arrabales de las ciudades a sobrevivir en la jungla de cemento. Actualmente, con la tecnología disponible, con un trabajador se atienden laboralmente 500 has y según estudios del INTA de Marcos Juárez, el monte nativo absorbe por hora 300ml de agua de lluvia y un cultivo de soja transgénica, fumigado e impermeabilizado por estas sustancias, solo 30 ml por hora.
De los químicos utilizados en estas prácticas agrícolas industriales, el glifosato (+ de 300 millones de litros anuales aprox.) es la estrella máxima, pero la ciencia y la OMS, a través del IARC nos hablan claramente de su toxicidad: son productos categorizados como probables cancerigenos. Ademas, estos venenos son teratogénicos (afectan al embrión en su desarrollo pudiendo causar malformaciones congénitas) y disruptores endocrinos (afectan al sistema hormonal y producen daños irreversibles).
Este breve resumen, no puede expresar o visibilizar la desesperación de los enfermos ni el dolor por los fallecidos. Pero pretende ser claro, sin ambigüedades. Las buenas prácticas agrícolas son un intento a algo parecido a humanizar la guerra a través de pactos internacionales, que de paso nadie cumple. En la guerra las armas matan, en este modelo los tóxicos intoxican y a la larga matan. No se debe humanizar la guerra: no debe haber guerra. No debe haber un modelo que envenena, debe haber uno que respete la vida.
No hay forma de evitar los efectos de este modelo. Solo cambiarlo por otro que sea amigable con la naturaleza y con la vida. Las Buenas Prácticas Agropecuarias o Agrícolas no son una respuesta a todas las agresiones de este modelo. Son solo una estrategia de las corporaciones agroindustriales con la complicidad de los gobiernos, para lograr consenso social, confundir a la población y seguir ganando dinero para un sector concentrado del capital agroindustrial, financiero y especulador, en detrimento de la salud y el bienestar de un pueblo.
¡No maquillemos este genocidio silencioso de personas y especies naturales - transformemos este modelo en uno agroecológico!
¡En Santa Fe y en DEFENSA PROPIA, queremos leyes que nos protejan, en el camino al cambio de modelo!
Que se traten y aprueben nuestros proyectos de:
*MODIFICACIÓN DE LA LEY N.º 11273 (mal llamada de fitosanitarios).
* LEY DE SILOS.
*LEY de FOMENTO DE LA AGROECOLOGÍA.
Basta es basta
¡Gobierne quien gobierne, la salud no se negocia!
Santa Fe, 4 de noviembre de 2019.
MULTISECTORIAL PAREN DE FUMIGARNOS
Contactos:
Daniel Romano – 3416258581
Mauricio Cornaglia - 3413575363
Luciana Luraschi – 3464447285
Patricio Acuña – 3498426153
Valeria Morera - 3415826356
Carlos A. Manessi – 3426145532 

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Cuestión de todxs

Buenas Prácticas….

¿para el agronegocio?

17 de octubre de 2019

Durante el día miércoles 16, la Legislatura de Córdoba le dio carácter de Ley a lo que era el Programa de Buenas Prácticas Agrícolas. Distintas voces vienen expresándose respecto a esta iniciativa que, como acostumbra a suceder cuando de cuestiones ambientales se trata, desconoció la participación ciudadana en el debate referido al tema. En esta nota retomamos algunas de las expresiones que se suman a gritar por un reclamo popular: ¡paren de fumigarnos! ¡la única buena práctica es no usar agrotóxicos!
Darío Ávila, abogado ambientalista había informado el pasado martes 15, es decir un día antes de que la Legislatura cordobesa definiera como ley al proyecto sobre Buenas Prácticas Agropecuarias (BPAs), que habían presentado una petición formal al Presidente Provisional de la Legislatura para que la suspensión, prórroga o exclusión del orden del día al tratamiento de este proyecto del Gobierno de Córdoba, abordado a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería.
El principal motivo de esta solicitud, tal como lo describe Ávila en una publicación en sus redes sociales, se fundaba en el hecho de que no se había habilitado la instancia de “participación ciudadana” y por tanto el reclamo consiste en que puedan intervenir con sus voces y experiencias en el debate de este proyecto, aquellxs actorxs sociales involucradxs, damnificadxs o afectadxs, universidades públicas, agrónomxs, investigadorxs, biólogxs, asambleas de vecinxs, ONG, entre otros. Desde el Ministerio señalado aseguraban que el propósito es ofrecer un marco legal que respalde esta iniciativa sin precedentes en Argentina y que será “de vanguardia en todo el territorio nacional e internacional”.  Pero, una vez más, el gobierno pasó por alto los reclamos populares.
El Programa de BPAs ya existe en Córdoba desde hace dos años, productorxs y empresarixs inscriptxs (recordamos que tiene carácter voluntario), reciben un beneficio económico por hacer “bien las cosas”. En su artículo n° 2 el proyecto de ley se expresa en las intenciones de “generar un cambio cultural en el sistema productivo”. Desde las organizaciones, vecinxs autoconvocados, asambleas ambientalistas y abogados especialistas en la temática, sostienen que el modelo no hará otra cosa que seguir perpetuando al agronegocio, poniendo en riesgo la salud y vida de las personas en mano de las fumigaciones.
Darío Ávila expresó a través de una publicación que, con esta ley se legaliza el sistema de envenenamiento masivo, cuestionado en todo el mundo.
Desde la Multisectorial contra la ley Monsanto Bayer, expresaron su enérgico rechazo ante esta propuesta, justificándose en una postura que advierte de la necesidad de transformación del modelo agroalimentario, entendiendo que la agricultura debe alejarse de las premisas del agronegocio y su imposición de transgénicos y agrotóxicos. Uno de los primeros puntos en su repudio, recae en lo mencionado anteriormente, el proyecto se trató a puertas cerradas, sin la participación de todxs lxs ciudadanxs y espacios que podrían haber aportado su opinión al respecto.Desde este espacio, afirman que lo que se aprobó consolida el modelo agroindustrial avalado por las corporaciones, ya que considera que el uso racional de los agrotóxicos garantiza la sostenibilidad ambiental.
Al respecto, sostienen que distintos Organismos de Derechos Humanos vienen manifestando la necesidad de revisar el sistema de agricultura dominante en Argentina e iniciar un proceso de transformación real en donde se prioricen los derechos humanos, por sobre los intereses económicos del agronegocio. “Su aprobación implica consentir el uso de agrotóxicos y transgénicos, desconociendo todos los efectos perjudiciales que han ocasionado y siguen ocasionando a la salud, al ambiente y la diversidad biológica y genética”, aseguran en su pronunciamiento. Y agregan: “No existe buena práctica agrícola alguna que conlleve el uso de cultivos transgénicos y agrotóxicos”.
Por otra parte, un vecino de Dique Chico alzó su voz con una explicación cuando se encontraban fuera de la Legislatura en repudio de este proyecto. Este material fue difundido por la Asamblea en Defensa del Ambiente Córdoba Capital. En este relato, el vecino manifiesta que dicen presente en la Legislatura para repudiar este proyecto, “la ley de Buenas Prácticas Agrícolas, es decir, pasar el programa que tenía la provincia, la cual permitía a los productores agropecuarios aplicar a través de fumigaciones, tanto terrestres como áreas, productos de clase 3, 4, como son el glifosato, la atrazina, el 2,4 D, entre otros herbicidas a 0 metros de las casas”, afirma.
“En este momento quieren hacer ley esas recomendaciones que hace el agronegocio a la producción agrícola, es decir, establecer como ley que te puedan fumigar a 0 metros de tu casa, con productos como el glifosato entre otros herbicidas”, refiere.
Ante la pregunta acerca de cómo influye esto en las localidades, el vecino de Dique Chico, indica que no influye en tanto siga vigente la ley de fitosanitario, “no influye en las zonas de resguardo y en las resoluciones u ordenanzas que tienen las comunas y pueblos hacia el tejido que tiene cada uno”, responde. Agrega que, de cualquier manera, el proyecto “legitima más las buenas prácticas agrícolas, transformándolas en ley, van a ser política de Estado, con sus presupuestos, habilitar estas prácticas que ellos la llaman buenas y que nosotros decimos que no existen las buenas practicas agrícolas, existen las producciones con agrotóxicos y sin agrotóxicos”.
Para acceder al debate completo: (…) Leer
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¿Buenas Prácticas Agrícolas 

para todos y todas?

Durante años, las corporaciones sostuvieron la inocuidad de los agrotóxicos para la salud y el ambiente. Con esa mentira hecha añicos, las empresas sacaron de la galera el discurso de las llamadas “buenas prácticas agrícolas”. Con ellas, un modelo que contamina y enferma se lava la cara y consolida su hegemonía transformado en política pública. Pero esta política marco debe bajar a cada territorio y encontrar allí su encarnadura concreta.

Por Huerquen
Hasta no hace mucho palabras como “agrotóxicos” no figuraban en el vocabulario de la enorme mayoría de la población de las grande ciudades o incluso en los pueblos de las zonas agrícolas del interior de la Argentina. Fue a partir de las denuncias y la lucha de pequeños grupos de vecinos aquí y allá que consiguieron instalarlas en boca de todos, vinculando el uso masivo de estos venenos en la producción agroindustrial y la explosión de determinadas enfermedades: cáncer, tiroidismos , asmas y problemas respiratorios, nacimientos con malformaciones y pérdida de embarazos, entre otros.
Según la reconstrucción de Naturaleza de Derechos (porque no hay datos oficiales), hoy en nuestro país se liberan al ambiente cerca de 500 millones de litros de agrotóxicos por año. Glifosato, Atrazina, 2,4-d, Cipermetrina, Paraquat, Glufosinato de amonio, Clorpirifos… son cientos de principios activos en miles de formulados comerciales; muchos de los cuales están prohibidos en otros países y han sido clasificados como altamente peligrosos. Moléculas que el SENASA aprueba para su venta con criterios fuertemente cuestionados, y sobre cuyo comportamiento en el ambiente una vez liberadas o sus sinergias con otras moléculas, sabemos muy poco o absolutamente nada.
Los agrotóxicos están en la base de la agroindustria transgénica y durante años las corporaciones que desarrollaron y alentaron este “paquete tecnológico” sostuvieron su inocuidad para la salud y el ambiente.
Mientras aquí se comparaba al glifosato, el herbicida de mayor uso en nuestro país, con “agua con sal” o se decía que eran “tan cancerígeno como el mate” el IARC-OMS determinó que era “probablemente cancerígeno para humanos, cancerígeno en animales y genotóxico”. Los llamados Monsanto Papers vienen a demostrar que las empresas siempre supieron sobre su toxicidad y el peligro que acarreaba su liberación para las poblaciones expuestas, y hoy enfrentan juicios multimillonarios por los daños a la salud de decenas de miles de personas en las potencias globales, entre un universo que abarca a millones en todo el mundo.

Con la mentira de la inocuidad hecha añicos, las empresas sacaron de la galera el discurso de las llamadas “buenas prácticas agrícolas” (BPAs), buscando desembarazarse de responsabilidades y endilgándoselas a los productores. Con este nuevo mantra del marketing corporativo desataron una nueva ofensiva para deslegitimar la voz de las comunidades afectadas y desarmar las regulaciones y restricciones al uso de agrotóxicos.


Al mismo tiempo montaron una plataforma desde la que influir en las políticas públicas: la Red BPA.
El hito más importante de este derrotero en nuestro país es el Informe Interministerialpresentado en julio de 2018 por los ministros de Agroindustria, Salud, Ciencia y Tecnología, y Ambiente, que construye una serie de recomendaciones para el desarrollo de políticas y legislaciones basado en esta criatura de marketing empresarial, cuyos referentes ya habían colonizado los organigramas estatales.
Con el discurso de las llamadas BPAs, un modelo que contamina y enferma se lava la cara, profundiza su inserción territorial y consolida su hegemonía transformado en palabra oficial y política pública. Pero esta política marco debe bajar a cada territorio y encontrar allí su encarnadura concreta.

La “Resolución del Veneno” en Buenos Aires

El 17 de octubre del 2018 el Ministro de Agroindustria de Buenos Aires (ex? Monsanto) Leonardo Sarquís, firmó la resolución N° 246-MAGP-18 que establece pautas de aplicación de agrotóxicos según los criterios de las llamadas “Buenas Prácticas Agrícolas” (BPAs). La misma fue publicada en diciembre y debía entrar en vigor el primero de enero de este año.
La misma fue bautizada inmediatamente como la “Resolución del Veneno”, y se basaba en el informe interministerial de julio de 2018.

Habilitaba la aplicación de plaguicidas en lo que denomina como “zona de amortiguamiento”, que en las normativas locales corresponde a “zonas de exclusión”, o sea donde no pueden utilizarse estos venenos: “Lotes contiguos al área urbana, zona residencial extraurbana, área de población dispersa, márgenes de cursos o cuerpos de agua, zonas de bombeo, establecimientos educativos, áreas de esparcimiento y reservas naturales“.


Permitía fumigar al lado de las escuelas rurales “fuera del horario escolar”, como si con esa restricción alcanzara para que los niños y niñas que jueguen en esas hamacas rociadas estuviesen a salvo. Médicos de Pueblos Fumigados declaró: “Sin duda ser víctima de la deriva primaria (la nube de plaguicidas que se disemina apenas es liberada por el fumigador) es muy grave y desagradable, pero fumigar con la escuela cerrada no impide que el ambiente escolar quede contaminado con esos agrotóxicos que sostendrán la exposición de alumnos y maestros cuando éstos regresen a la misma. Las escuelas deben ser lugares seguros para contener a los niños”, en sintonía con los pronunciamientos de la Red Federal de Docentes por la Vida.
 La presión de las organizaciones socio ambientales y de la opinión pública no se hizo esperar, y obligó a Agroindustria a retroceder: en febrero, a través de la Resolución N° 76-CGP-19, se suspendió la Resolución 246 por un año. Oportunamente festejamos este paso atrás, pero llamamos a mantenemos alertas, ya que la resolución 76/19 solo deja a la 246 en stand by, y crea un equipo técnico para elaborar un “protocolo de aplicación en la zona de amortiguamiento” en el marco de las BPAs. Como los mosquitos fumigadores que se esconden en el monte de la policía rural (cuando aparece) esperando para seguir fumigando, Agroindustria se agazapaba para volver.
A la Resolución 246 los municipios debían adherir voluntariamente. De hecho, de la presentación que se realizó con pompa en el Parque Pereyra Iraola participaron una buena cantidad de intendentes que ahora buscan la reelección. Muchos adhirieron aún cuando en sus municipios rigen ordenanzas que establecen zonas de exclusión.

Santa Fé

En esta provincia se encuentra el complejo industrial de procesamiento de soja y maíz más grande del mundo, y de sus puertos sale la gran mayoría de la producción agroindustrial que se exporta.
En ese marco, la Gobernación Provincial, y la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) participan de la “Red BPA”. En Noviembre de 2018, el ministerio de la producción provincial lanzó un programa de BPAs para dar cumplimiento a dos leyes: la ley provincial “de fitosanitarios” (11.273) y de “uso y conservación de suelos” (10.552). Mediante este programa designaron coordinadores para el sur, centro y norte de la provincia, y una red de asesores por cada departamento para relevar problemáticas locales y difundir este discurso en las comunas.

Las escuelas entrerrianas

En la provincia continúa la batalla legal y política en torno a la distancia de protección a las escuelas rurales. Después de los fallos del Superior Tribunal de Justicia Provincial, que establece distancias de 1.000 y 3.000 metros para fumigaciones terrestres y aéreas respectivamente, el Ejecutivo provincial a cargo del reelecto Gustavo Bordet, emitió sendos decretos recortándolas significativamente.
Con el argumento de que esta protección dejaba “sin posibilidades de producir” cerca de 300.000 hectáreas, las organizaciones de la Mesa de Enlace Provincial se movilizaron y amenazaron con cortar rutas. Los decretos contra

De los fallos impugnatorios de los decretos del ejecutivo se desprende con claridad que el discurso de las BPAs esgrimido por el agronegocio no pudo sostenerse frente a las evidencias presentadas por las organizaciones agrupadas en la Campaña ¡Basta es Basta!

 

 

La frutilla cordobesa

El 17 de octubre pasado, la Legislatura cordobesa aprobó el “Programa de Buenas Prácticas Agropecuarias de Córdoba” (10.663) con los votos afirmativos de todos los bloques a excepción del FIT.
En la provincia de la lucha histórica de las Madres del Barrio Ituzaingó Anexo, y donde se logró echar a Monsanto, funciona desde hace 3 años un programa que otorga beneficios económicos a productores ajustados a las llamadas BPAs. Del mismo participan pequeños y medianos productores, incluso de la agricultura familiar y campesina. El plan mediterráneo fomenta prácticas como cultivos de cobertura, instalación de colmenas, planes de manejo de monte; en producciones agroecológicas, orgánicas y biodinámicas. Este paraguas abarcaba incluso las producciones de familias integrantes del Movimiento Campesino de Córdoba (MCC) que acompañó la iniciativa, pocas semanas después de votada la Ley de Agricultura Familiar de la provincia.

Con la sanción de la 10.663 lo que era un programa impulsado desde el ejecutivo se convierte en norma provincial. Es el primer caso en que las llamadas BPAs, que son una creación del agronegocio, adquieren fuerza de ley; sentando un precedente muy grave para lo que pueda plantearse en el resto del país.


Otro modelo agropecuario implica otra correlación de fuerzas

La breve recorrida por estas 4 provincias, donde se concentra la enorme mayoría de la producción de commodities de exportación, permite reconocer que en torno a las llamadas BPAs se libra en términos simbólicos y políticos el grueso del enfrentamiento entre el agronegocio, que huye hacia adelante derramando cada vez mayores cantidades de agrotóxicos en nuestros territorios, y las comunidades. Son los pueblos fumigados, que defienden la salud y el ambiente; y también las producciones agroecológicas y orgánicas, del campesinado y pequeña producción que reclaman por otro modelo agropecuario.
Incluir a la agroecología bajo el paraguas de las BPAs es algo que aparece sistemáticamente en el discurso del agronegocio, sobre todo desde el impulso que se le empezó a dar desde organismos internacionales como la FAO.
En paralelo desde distintos ámbitos se reedita el discurso que habla de la posibilidad de “la convivencia” entre el agronegocio, y la producción agroecológica y familiar-campesina. Más de 20 años de desarrollo de la agroindustria transgénica en nuestro país demuestra claramente lo contrario: hemos perdido extensiones enormes de bosques nativos, vemos el impacto de los agrotóxicos sobre la biodiversidad, los ecosistemas y la salud de nuestras comunidades. Estamos en niveles críticos de pérdida de fertilidad de suelos, y los restos de agrotóxicos llegan con cada producto que la industria alimentaria asociada nos vende. El censo nacional agropecuario de 2018 nos habla de la pérdida de miles de pequeños y medianos establecimientos y mayor concentración de la tierra. Sigue la expulsión de población rural y originaria a las periferias urbanas. Más concentración, más desigualdad y más violencia; menos alimentos sanos, y posibilidades de vivir como lo hicimos durante generaciones en nuestros campos y pueblos.

¿Qué hacer? Para romper la hegemonía que el agronegocio instaló en nuestra sociedad necesitamos desenmascarar el discurso de las llamadas BPAs y de la Convivencia de modelos, al tiempo que acompañamos el fortalecimiento de prácticas agroecológicas, de otros modos de distribución y consumo; peleando por la democratización de la tierra y los medios de producción.


¿Cómo se construye una correlación de fuerzas que lo haga posible? Plantearlo seriamente implica reconocer la necesidad de enhebrar una confluencia social amplia que, a nuestro entender, debe incluir a las organizaciones campesinas y comunidades originarias, al movimiento de lucha socio-ambiental, al sector chacarero y cooperativo que retoma su historia, y los sectores urbanos que demandan por alimentos sanos. Creemos que no se puede prescindir de ninguno de estos sectores. Sabemos que este tipo de confluencia es difícil pero las experiencias como la de Red de Municipios y comunidades que fomentan la agroecología (RENAMA), los Encuentros de Pueblos Fumigados y sobre todo el Foro Nacional por un Programa Agrario Soberano y Popular demuestran que es posible.
Avanzar hacia otro modelo agropecuario significa hacerlo hacia otra sociedad; y eso, de fondo, es lo que está en disputa.

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Fuente: https://latinta.com.ar/2019/10/buenas-practicas-agricolas-para-todos-y-todas

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