A recordar

18 de agosto de 2020

I. Territorios en disputa entre capitalismo y pueblos originarios

A nuestro pueblo nación mapuche y a

la opinión pública en general

17 de agosto de 2020
 
Por Coordinadora Arauco Malleco comunidades
Le Monde Diplomatique Chile
Las comunidades y la Coordinadora Arauco Malleco, declaramos lo siguiente: El día sábado 15 de agosto de 2020, en la comunidad de Temulemu Chico, nos hemos reunido distintas comunidades y organizaciones en un trawün en el sector del ex predio San Sebastián en la comuna de Victoria, en el cual se estableció un paliwe y se acordaron los siguientes puntos:
• Kiñe: Que, apoyaremos irrestrictamente el proceso que dio inicio la comunidad de Temulemu Chico, el cual implica la reivindicación territorial y política de los predios Santa Elena, Campusano, El Laurel 1 y 2 y Las Hortensias, pertenecientes a Forestal Mininco, que serían 400 hectáreas. Además el predio Santa Elena Sur, perteneciente al empresario forestal Jaime Muro, que serían 500 hectáreas y, por último, el predio San Sebastián, que serían 100 hectáreas. Este proceso se llevará adelante en base al control territorial y la resistencia, siendo esta la única forma para lograr la expulsión definitiva de las forestales y latifundistas del territorio mapuche.
• Epu: Que, reafirmamos una vez más nuestro compromiso de seguir adelante con una férrea voluntad, el proceso de lucha contra nuestros verdaderos enemigos, el sistema capitalista, representado hoy en el estado neoliberal y colonialista y en los grupos económicos que operan indiscriminadamente en el Wallmapu, quienes son los verdaderos responsables del sistema de dominación y opresión hacia el pueblo nación mapuche, el cual se manifiesta en la negación de todos nuestros derechos fundamentales, sobretodo, en base al territorio y autonomía, situación que trae consigo, además, el aumento del fascismo, el racismo exacerbado y la intolerancia hacia nuestro pueblo mapuche.
• Küla: Que, nos comprometemos a profundizar y fortalecer los procesos de recuperación y control territorial, así como la resistencia y el sabotaje en contra, principalmente, de la industria forestal y demás inversiones capitalistas que atentan contra la vida mapuche, más aún cuando han sido los sucesivos gobiernos neoliberales, tanto de derecha como de la Nueva Mayoría los que han amparado y hecho defensa irrestricta de las políticas extractivistas con las que operan estos grupos económicos asolando y depredando nuestros territorio ancestral.
• Meli: Que, a su vez, reafirmamos el apoyo incondicional a todos los PPM, quienes, en el marco de la reivindicación por territorio y autonomía para la nación Mapuche, hoy se encuentran privados de libertad y en huelga de hambre, el cual se plasmará es acciones concretas de sabotaje y resistencia.
• Kechu: Finalmente, hacemos un llamado a nuestro pueblo nación mapuche a profundizar las verdaderas contradicciones existentes entre la lucha autonomista y el Estado capitalista, a dar continuidad a los diversos procesos de reivindicación territorial y política, en base, principalmente, al trabajo y la lucha en el terreno, como mapuche, como comunidad y como pueblo, es decir, en la resistencia a nuestros verdaderos enemigos históricos. Estando presentes de forma real y concreta en las disputas por el control territorial frente a la industria forestal y el latifundio racista y opresor, no supeditando nuestra lucha a demandas de corto plazo, que resultan así, lastimeras y entreguistas, abandonando de una vez por todas las políticas integracionistas y subordinantes. Por lo tanto, el llamado es a realizar acciones y sabotajes en contra del capital y a hacer recuperación con posesión efectiva de los predios en reivindicación, a través de la restitución de espacios sagrados, siembras, construcción de rukas y demás labores propias de la vida mapuche. Sólo así reconstruiremos el kimün, el rakiduam y el feyentun mapuche, sólo así recuperaremos el ad mongen ka küme mongen.
Inatuliyiñ ka kizu ngünetuliyiñ taiñ chumlekefel ta kuifi, femechi wewnerputuayiñ tañi kizu azumkanetual taiñ mapuche mongen.
AMULEPE TAIÑ WEICHAN!!!
WEUWAIÑ – MARICHIWEU!!!!!
– Lof Temulemu Chico.
– Lof Temulemu.
– Lof Pidenco.
– Lof Lleupeko.
– Comunidad Llollowenko.
– Comunidad Ranquilhue autónomo.
• Org. Williche Kupay Antü Newen.
• Coordinadora Arauco Malleco C.A.M

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II. Territorios en disputa entre capitalismo y pueblos originarios

Declaración en

Defensa de los


Pueblos Indígenas

de la Amazonía

26 abril 2019

Emitido por: La Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), representando las organizaciones indígenas de los nueve países de la cuenca Amazónica; La Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques (AMPB), representando las organizaciones indígenas de seis países de Mesoamérica; y la Alianza de los Pueblos Indígenas del Archipiélago de Indonesia (AMAN), que representa a las 2,332 comunidades indígenas del país.
Líderes indígenas representando las comunidades forestales tropicales tradicionales de dieciséis países están hoy en el Acampamento Terra Livre para apoyar a nuestros hermanos y hermanas brasileños con la Articulación Nacional de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) y la Coordinación de las Organizaciones Indígenas de la Amazonia Brasileña (COIAB), quienes se encuentran en el frente de una batalla que se está peleando en todo el mundo por la supervivencia de los pueblos indígenas en las naciones forestales del sudeste asiático, África y toda América latina.
El evento de Terra Livre ha sido durante quince años un momento para reflexión y orientación, y para reafirmar nuestro compromiso con la conservación de nuestros pueblos, tradiciones y formas de vida. Cuando nos enteramos de la aprobación del Ministro de Justicia del uso de las fuerzas de seguridad nacional contra nosotros, sabíamos con certeza que estaríamos unidos con nuestros hermanos y hermanas aquí en Brasilia.
Estamos aquí para unirnos a la Relatora Especial de la ONU Victoria Tauli-Corpuz en pedirle al gobierno brasileño que retire a sus tropas y respete el derecho de nuestros hermanos y hermanas a protestar contra las acciones que ponen en riesgo sus vidas y su propia supervivencia como Pueblos Indígenas.
Estamos aquí hoy porque a donde va Brasil, nuestros países lo seguirán.
Le hablamos con gratitud al pueblo de Brasil, y le queremos recordar que el suyo es el primer país del mundo que consagre en su Constitución los derechos de los pueblos indígenas a reclamar sus territorios tradicionales. Adoptado hace apenas 31 años, representa un faro de esperanza para todos nosotros.
Muchos de los que estamos aquí hoy hemos visitado a nuestros hermanos y hermanas en los Estados Unidos, por lo que conocemos su historia sangrienta. Su constitución hizo de Brasil un país como ningún otro. Brasil le dijo al mundo que no sería ni Estados Unidos ni Canadá; que elegiría el bien sobre el mal; la vida sobre el genocidio; aire y agua sobre el oro.
Sin embargo, en todo el mundo, los pueblos indígenas y nuestras tierras están bajo la presión de un gran y codicioso hambre que está alimentando la destrucción de nuestros bosques, nuestros ríos y sabanas. Brasil no está solo al sentir el peso de la demanda de represas y carreteras masivas, y la producción de los productos básicos que intensifican la destrucción, como el aceite de palma, la madera, la soja, la carne de res, el petróleo y el oro, así como los minerales recién descubiertos que se ocultan en Los bosques y en el suelo de las tierras que manejan los pueblos indígenas de todo el mundo.
Las nuevas tecnologías permiten a los inversionistas, empresas y gobiernos ingresar incluso a los rincones más remotos de nuestro mundo, extrayendo recursos que crean una gran riqueza, pero no nos benefician a nosotros y a nuestros conciudadanos. En cambio, envenenan nuestros ríos y destruyen nuestros bosques y sabanas.
Por lo tanto, exigimos el fin de las violaciones de nuestros derechos e invasiones de nuestras tierras, ya sea en Brasil o en cualquier país de Latinoamérica, África o Asia. Y exigimos a todos nuestros ciudadanos una parte de la riqueza que no se cuenta en dinero, sino en aire limpio y agua limpia.
Al igual que el resto del mundo, usamos teléfonos celulares, drones y redes sociales para contar nuestras historias al mundo. Y los satélites ahora permiten saber qué se está cultivando, dónde y por quién.
Nuestro mensaje a los consumidores en todo el mundo que compran productos que se originan en los países de América Latina, África y el sudeste asiático es simple: deja de comprar productos que se producen con nuestra sangre y nuestras lágrimas; Que nacen de la violencia y de la destrucción de nuestros bosques. Exija esto para el aceite de palma en sus barras de chocolate; el bistec que comes para la cena; la madera en sus gabinetes de cocina; la soja en su comida para mascotas, el cobalto en sus autos eléctricos y el oro en sus anillos de matrimonio.
Al utilizar el poder de su bolsillo para obligar a los gobiernos y empresas que respeten los derechos de los pueblos indígenas y protegerá al mundo del cambio climático. Somos los mejores guardianes de los bosques, la única solución segura, existente, asequible y aplicable a gran escala para capturar el carbono que pone en peligro el planeta que todos llamamos nuestro hogar.
Entonces, ¿qué tenemos que ofrecer a cambio de que se nos permita vivir en paz? Las imágenes satelitales demuestran que donde los pueblos indígenas tienen derechos sobre nuestros territorios, los bosques siguen en pie. Los científicos han demostrado que las selvas tropicales del Amazonas protegen las lluvias, no solo en América Latina, sino a nivel mundial.
La biodiversidad que todos quieren conservar existe porque la hemos cuidado. La naturaleza es nuestra tienda de comestibles y nuestra farmacia, y sabemos los secretos que guarda. Pero nuestro conocimiento tradicional existe solo mientras permanezcamos atados a nuestras tierras y nuestra cultura. Y es un derecho por el cual cada uno de nosotros está dispuesto a morir.
Por lo tanto, hacemos un llamado al mundo para que ayude a este hermoso país a mantener su lugar como líder global en el reconocimiento de los derechos de sus pueblos indígenas y en la protección de sus bosques. Hacer esto es proteger al planeta de los pocos rapaces, que se benefician de la riqueza extraída de las tierras que nosotros, los pueblos indígenas, tenemos en común para la humanidad.

Estamos aquí hoy porque a donde va Brasil, seguirán nuestros países.


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Llamado Urgente de los Pueblos Indígenas de la Amazonía.
19 de mayo de 2020
Nosotros, miembros de Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca  Amazónica (COICA) y representantes de las nueve organizaciones integrantes:  Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña  (COIAB),Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amaz onía Colombiana  (OPIAC), Confederación de las Nacionalidades de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE),  Organización Regional de Pueblos Indígenas del Amazonas [Venezuela] (ORPIA),  Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), Confederac ión de  Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), Federación d Organizaciones Autóctonas de Guyana  Francesa (FOAG), Asociación de Pueblos Amerindios de Guyana (APA) y Organizaciones  Indígenas de Surinam (OIS), ante la pandemia del COVID - 19 y otras que azotan a  nuestros  pueblos originarios, el 31 de marzo del presente año, de manera oficial presentamos una  
DECLARATORIA DE EMERGENCIA de la Amazonia, que es el hogar de 511 pueblos  indígenas, miles de comunidades y 66 pueblos indígenas en aislamiento voluntario,  pre ocupados por la situación crítica que atraviesa nuestras comunidades y pueblos en los actuales momentos, con la certeza de que 
la falta acciones claras y especificas desde  nuestros gobiernos conducirá al exterminio de los defensores de la Amazonia, nos  dirigimos  a ustedes para solicitar su ayuda e intervención en la protección de nuestros pueblos. Desde el pasado 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud  – OMS calificó  el brote del COVID - 19 como una pandemia al haberse extendido en más de 100 países del  mundo. Frente a ello, los gobiernos de los países amazónicos en atención a la emergencia 1 sanitaria han establecido medidas de aislamiento social obligatorio, restricción de movilidad,  cierre de puertos, aeropuertos, acompañados de medidas  y acciones vinculados a la salud,  alimentación, educación, economía,  entre otras. 

Entendemos que el conjunto de estas estrategias tiene una lógica urbana pero no  es culturalmente aplicable a los pueblos originarios. El abandono histórico que ha sufrido la Amazonía y su población, la presión  permanente del  modelo extractivista sobre sus territorios y la ausencia de políticas específicas a favor de los pueblos indígenas, como condición estructural en nuestras sociedades, nos pone en una  situación de alta vulnerabilidad. 

Situación actual de la  Amazonia 
Las organizaciones nacionales indígenas de la cuenca Amazónica desde la gobernanza  indígena y derechos territoriales 2, en el ejercicio de su derecho de autodeterminación
 han tomado acciones para hacer frente a esta pandemia.

Se han realizado gestiones para la  atención básica y sanitaria, comunicación y prevención buscando cautelar la salud y la vida  frente al COVID - 19, han generado protocolos, planes de emergencia, atención para sus  comunidades. Se ha instado, a través de documentos y reuniones virtuales a que los  gobiernos actúen, generando también propuestas para gestiones conjuntas con las  diferentes autoridades de gobierno, reflejadas en pronunciamientos y exhortaciones para ser  tomados en cuenta y tener la oportunidad de participar en la toma d e decisiones del Estado.

Sin embargo, pese a ello percibimos que las medidas adoptadas por los gobiernos atentan  contra los principios de la no discriminación e inclusión, la formulación y aplicación de  políticas de salud culturalmente adecuadas, el respeto a la diversidad cultural y a que las  medidas, planes y presupuestos tengan objetivos específicos para el desarrollo de los  pueblos indígenas, con especial atención a los adultos mayores, mujeres y la niñez indígena. 

En este contexto, la COICA y sus org anizaciones han ALERTADO que durante las medidas  de aislamiento decretadas se ha incrementado los problemas en los territorios indígenas,  con el aumento de la deforestación, actividades extractivas, amenaza, persecución,  criminalización de los dirigentes y defensores indígenas, entre otros, que sumado a los casos  de COVID - 19 y otras enfermedades tropicales, incrementa la vulnerabilidad de las comunidades indígenas 
y en mayor medida a los pueblos en aislamiento voluntario o en  contacto inicial, por cuanto la relación con este tipo de virosis elevaría su índice de mortalidad. 
Actualmente, en la Amazonia, Brasil es el país con mayores casos de COVID - 19 según  reporte  de REPAM 3  hasta el día 17 de mayo de 2020, alcanza a 58.652 personas contagiadas seguido por Perú con 5.538, Bolivia 3368, Colombia 2016, Ecuador 538,
 Guyana Francesa 197, Guyana 117, Venezuela 19 y Suriname 10,  de los  cuales según reporte de nuestras organizaciones en total hay 722 indígenas contagiados en toda la cuenca Amazónica y 135 fallecidos. 
Cabe recalcar que, respecto a pueblos indígenas, los  datos son estimados, considerando que en territorio tenemos  serias limitacion tecnológicas y de infraestructura comunicacional, evidenciando que los datos reales están  por encima de  los indicados. 
Con estos datos recabados y los reportes territoriales, sabemos que los servicios de salud en las ciudades amazónicas y cercanas, se encuentran colapsadas y en mayor medida los  centros de salud que pocas comunidades indígenas disponen, carecen de médicos,  medicinas, implementos de seguridad, test de pruebas, que sumado a la carencia de  alimentos y la falta de atención por parte de las autoridades del Estado, agrava la salud y 
atenta a la vida y la pervivencia de los pueblos indígenas, tal como se evidencia en Brasil, Perú,  Bolivia y Ecuador , donde los casos se han ido incrementado de manera alarmante, sin la  evidencia  de acciones oportunas al respecto. En la Amazonía, la propagación del COVID - 19, apenas empieza. En el marco de los derechos que nos asisten como pueblos originarios en los instrumentos internacionales como la Declaración de Derechos Humanos,  
Pacto Internacional de  Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Pacto Internacional de Derechos Civiles y  Políticos, la Declaración sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de las  Naciones Unidas de 2007, y el artículo 25° del Convenio N° 169 de la 
 Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establece que los Estados tienen la  obligación de poner a disposición de los Pueblos Indígenas servicios de salud adecuados,  considerando sus condiciones económicas, geográfica s, sociales y culturales, y sus métodos  de prevención, prácticas curativas y medicamentos tradicionales.
Ante esto, resulta  importante que las diferentes medidas que se implementen frente a la pandemia, sean  planificadas e implementadas en cooperación con  los mismos pueblos indígenas, respetando las estructuras organizativas y su gobernanza, con el objetivo de garantizar que  tanto las acciones como los recursos sean destinados a quienes realmente lo necesitan y  con pertinencia cultural. Por lo expuesto y ante la alarmante situación de los pueblos indígenas de la Amazonia,  la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica  – COICA,  como organización internacional solicita:
  • Al Alto Comisionado para los Derechos Humanos y Relator Especial sobre los  Derechos de los Pueblos indígenas ante las Naciones Unidas , emitir informes que  detallen datos y contenidos específicos por pueblos indígenas, dirigidos a los  Estados, con el objetivo de que adopten medidas urgentes ante esta pandemia, con  pertinencia cultural. 
  • Ante la inacción de los gobiernos, AYUDA y ASISTENCIA HUMANITARIA  INTERNACIONAL, con el objetivo de precautelar la salud y la vida de pueblos  indígenas de la Amazonia frente a la catástrofe sanitaria,  ya  que si no se toman  medidas urgentes  estamos a puerta de un etnocidio. 
  • Se inste a los  Gobiernos a dar respuestas  y acciones  inmediatas a  las demandas realizadas a través de nuestras organizaciones bases de COICA en el uso de sus  derechos, para la prevención y atención  humanitaria urgente, que se constituyen en  obligaciones innegables de los estados para con nuestras comunidades indígenas
4. A sumarse y apoyar la iniciativa de recaudación a través del Fondo de Emergencia  Amazónica, una iniciativa emprendida por la COICA y sus aliados, con el objetivo de  asegurar que la ayuda humanitaria llegue directamente a los pueblos indígenas. Además, instamos a los diversos  organismos internacionales que de acuerdo a sus  funciones y competencia, EXHORTEN a los gobiernos de los países amazónicos.  

5. Reconocer la diversidad de pueblos indígenas  en los países de la cuenca  Amazónica e implementar acciones URGENTES con pertinencia cultural en el ámbito  de la salud, educación, economía, seguridad alimentaria y generar mecanismos de diálogo y participación con los pueblos indígenas, de acuerdo a sus estructuras  organizativas y gobernanza. 
6. Reconocer la vulnerabilidad de la Población indígena, debido a la presión  permanente del modelo extractivista sobre nuestros territorios y la exclusión  histórica  de los derechos a los servicios básicos e infraestructura de salud, educación,  saneamiento y otros servicios 4, convirtiendo a los pueblos indígenas amazónicos en  un sector extremadamente frágil y vulnerable. Es preciso señalar que dicha condición se agrava en mayor medida para los pueblos en aislamiento y contacto inicial,  tomando en cuenta además, su vulnerabilidad inmunológica. 
7. Reconocer la pandemia del COVID – 19 como una CATÁSTROFE SANITARIA (para la vida y la salud) para los pueblos indígenas,  con el objetivo de que se  designe recursos económicos para atender oportunamente la pandemia. José Gregorio Díaz Mirabal Coordinador General COICA Francinara Soares Marlon Vargas Coordinadora de COIAB (Brasil  Presidente CONFENIAE (Ecuador) Tomas Candia Lizardo Cauper Presidente CIDOB (Bolivia) Presidente AIDESEP (Peru) Julio Cesar López Thomas Lemmel Benson Presidente OPIAC (COLOMBIA) Presidente APA (Guyana) Sirito Aloema Jean - Philippe Chambrier Presidente OIS (Surinam) Presidente FOAG (Guyana Francesa) Eligió Da Costa Presidente ORPIA (Venezuela) 
 
4
Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura
FAO (2015). Pueblos
Indígenas y políticas públicas de Seguridad Alimentaria y Nutricional en América Latina y el Caribe.
http://www.fao.org/documents/card/en/c/4cd46e34- 12a2 - 43b9 - 9 a71 - 0c1f5395b5f5 

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III. Territorios en disputa entre capitalismo y pueblos originarios

Alianza transgénica: el plan 2030 que une al gobierno y la oposición e intensifica el modelo extractivo y contaminante
9 de agosto de 2020
 
El gobierno y la oposición dieron luz verde a un plan de las corporaciones empresarias para profundizar el modelo de agronegocio en Argentina. Bajo el pretexto de la búsqueda de dólares, no se miden las consecuencias ambientales ni el impacto social. La génesis de nuevas pandemias, y el adiós a la soberanía alimentaria. Qué dice el proyecto y cómo lo analizan productores campesinos, investigadores y vecinos de asambleas. Las falsas promesas bajo palabras amables, y por qué lo que está en juego no es solo un modelo de país sino de vida y futuroquién produce, qué se produce, cómo se produce y para qué.
 
Por Darío Aranda
 
   No hay grieta en Argentina. Oficialismo y oposición están de acuerdo y se aferran al modelo de agronegocio, de producción de commodities para exportación. Así queda en claro, una vez más, con el plan de diez años impulsado por un amplío sector empresario y que ya tuvo el visto bueno del Presidente, la Vicepresidenta, de gobernadores y de Juntos por el Cambio (Pro-UCR).
 
   Mientras parte de la discusión pública se centró en la (frustrada) expropiación de Vicentín, los chanchos para China y la quema de humedales, el sector empresario y el gobierno nacional cerraron filas en un plan que propone profundizar el agronegocio transgénico, con nuevas promesas de “empleos”, divisas, “desarrollo” y, una vez más, dejando de lado las consecuencias sociales, ambientales y sanitarias del modelo que lleva tres décadas en el país.
   “Consejo Agroindustrial Argentino (CAA)” es el nombre del nuevo espacio que reúne al sector empresario del agronegocio. Su plan para la próxima década lleva ya tiene nombre: “Estrategia de Reactivación Agroindustrial Exportadora, Inclusiva, Sustentable y Federal. Plan 2020-2030”.

El plan 2020-2030

   El sector empresario busca imponer la profundización del modelo de agronegocio durante diez años, hasta 2030, donde prometen aumento de exportaciones (dólares que el Gobierno prioriza), con leyes a medida de las empresas, más hectáreas sembradas, más transgénicos y agrotóxicos.
 
   En el documento de presentación, de 19 carillas, explicitan qué buscan: “Definir una política activa de corto plazo con herramientas de política institucional, de relaciones internacionales, impositivas, financieras y técnicas”. La promesa, que tanto sedujo al Gobierno, es aumentar en 35.000 millones de dólares las exportaciones (pasar de los 65.000 actuales a 100.000 millones) y “generar 700.000 empleos”. No precisa cómo llegarán a esas cifras, pero igual lograron que muchos artículos periodísticos lo dieran por cierto y difundieran como la salvación pospandemia.
 
   Más exportaciones del agro implica el avance sobre nuevas áreas. La experiencia de las últimas décadas confirma que el modelo de agronegocio implicó el avance sobre campesinos, indígenas, montes nativos y humedales. El plan del agronegocio no menciona nada de esto, pero sí promete que su acción será “sin descuidar el entorno ambiental”.
 
   El documento de presentación señala que el Consejo “representa” a economías agroindustriales de todo el país. Entre los integrantes figuran todas las grandes empresas de transgénicos y agrotóxicos (representadas en las cámaras corporativas Casafe, Asociación de Semilleras Argentina y Acsoja).También están presentes tres de las cuatro patas de la Mesa de Enlace (Coninagro, Federación Agraria y Confederaciones Rurales Argentina -CRA-). Están las Bolsas de Cereales (de Rosario, Buenos Aires y Córdoba, entre otras), la Cámara de Biocombustibles (Carbio), la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara), el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) y la Cámara de Puertos Privados, entre otros.
 
   El listado de integrantes dejar ver a los principales actores del agronegocio local y, también, jugadores del tablero internacional.
   Y ellos planean marcar políticas de Estado. Incluso fijan tiempos: “Las propuestas deberán estar listas en 60 días”. E insta a desarrollar una ley “de desarrollo agroindustrial exportador, con estabilidad fiscal y financiera de diez años”.
   El documento de las empresas fija tiempos al Poder Legislativo: “El proyecto de ley debería ser tratado por el Congreso de la Nación en 2020”.
 
   También está presente el impulso al “sector forestal”, que en muchos territorios es sinónimo de monocultivos de pino y eucaliptos, con similares consecuencias a la soja: desalojos de campesinos e indígenas, violación de derechos, desmontes, agrotóxicos, concentración de tierras de pocas manos. Misiones, con la multinacional Alto Paraná, es un emblema de esa actividad.
 
   El Consejo Agroindustrial señala que la ley debe incluir “un plan nacional de fomento a la agrotecnología” para el agro y las forestales.
 
   Prometen un impacto anual de 16.000 millones de dólares de aumento de exportaciones y 210.000 empleos (directos e indirectos). Pero no dejan de destacar su objetivo central: “Consolidar a la Argentina como líder en el comercio internacional de alimentos de origen animal y vegetal, alimentación animal y exportador de tecnologías del ecosistema agro alimenticio”. Destacan el uso de “biotecnologías y edición génica” (nueva y cuestionada técnica de transgénicos).

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IV. Territorios en disputa entre capitalismo y pueblos originarios

Argentina: las nuevas invasiones sobre los originarios
14 octubre 2011

Por Darío Aranda

Los representantes indígenas denuncian el corrimiento de las fronteras del petróleo, la minería y los agronegocios. Reclaman sus derechos sobre los territorios que sufren la avanzada. Aquí, los principales conflictos que mantienen las comunidades.

La avanzada militar del Estado argentino a fines del siglo XIX sobre los pueblos originarios tuvo un reconocido motivo económico, incorporar tierras al mercado, entregada sobre todo a latifundistas. “Han pasado muchos años y poco ha cambiado, no hay voluntad política de respetar nuestros derechos, nos siguen robando territorio”, denunció Juan Carlos Curruhuinca, de la Confederación Mapuche de Neuquén, y afirmó que “ayer fueron los terratenientes, hoy son las mineras y petroleras”. La actividad minera aumentó, según datos oficiales, 340 por ciento en los últimos siete años. También se registra un corrimiento de la frontera petrolera y, sólo en la región del Chaco argentino, se registran conflictos territoriales y ambientales en 11,4 millones de hectáreas. La gran mayoría comenzó a fines de la década del 90, cuando la soja empezó a expandirse.
 
Caraparí está ubicada en el norte de Salta. La comunidad indígena cuenta con los títulos sobre 766 hectáreas. Las empresas Refinería del Norte (Refinor) y Conta (subcontratista) ingresaron en 2004 a territorio indígena para construir una nueva traza del Gasoducto del Norte. Luego de cuatro años de lucha judicial, la Corte Suprema falló a favor de la empresa en 2008. Hilario Vera, cacique de la comunidad, lamentó: “Los pueblos indígenas tenemos derecho a nuestro territorio, pero los poderosos pisan nuestros derechos”.
 
En Fortín Dragones, al norte provincial, la empresa Tecpetrol avanzó sobre comunidades wichí. En Hickman, sobre la Ruta 81, Petrobras hace lo propio. En ningún caso se cumplió con la legislación nacional, que obliga a consultar a las comunidades.
 
En Río Negro, el Plan Provincial Hidrocarburífero 2006 / 2007 impulsó la exploración y explotación hidrocarburífera. El Consejo Asesor Indígena recurrió a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por la violación del Convenio 169: se vulneró el mecanismo de consulta previa, libre e informada. La avanzada petrolera afecta a 26 comunidades mapuches.
 
La Cuenca de Ñirihuau abarca Río Negro, desde zonas de bosques montañosos de la cordillera hasta la meseta. El gobernador de Río Negro, Miguel Saiz, otorgó en octubre de 2008 la zona petrolera a YPF-Pluspetrol. No realizó audiencia pública (como solicita la ley) y la adjudicó mediante un decreto. Se verán afectadas al menos dieciséis comunidades mapuches.
 
El Observatorio Petrolero Sur (OPS), espacio referente en la temática hidrocarburífera del país, explica que la Organización Federal de los Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi) está integrada por diez provincias (las de tradición petrolera). “Pasamos, a partir de 2006, a un contexto donde las trece provincias restantes están en proceso de acomodar su legislación previo a un proceso licitatorio o ya han avanzado en la licitación y concesión de áreas para la exploración de hidrocarburos. Mientras que las ‘diez provincias tradicionales’ han licitado nuevas áreas”, explicaron y exhibieron un mapa repleto de colores donde grafican cómo, en diez años, todas las provincias aportararán a la exploración petrolera.
 
En enero de 2007, el gobierno neuquino otorgó a la petrolera Piedra del Aguila la concesión de 3800 hectáreas en la región del Picún Leufú, en el centro de la provincia. En el lugar vive desde mediados del siglo pasado la comunidad Wentru Trawel Leufú (Hombres de Río Reunidos). Comenzó una disputa que incluyó represión y judicialización. En febrero último, el Juzgado Civil 2 de Cutral-Có falló contra la empresa petrolera. La sentencia afirmó que se trasgredió la ley al no haber informado y obtenido el visto bueno de la comunidad para explotar los recursos naturales y apuntó también al rol de otros poderes: “Todo gobierno que desatienda (las leyes citadas) debe ser considerado como discriminador de los pueblos indígenas”.
 
Juan Carlos Curruhuinca, integrante de la comunidad, afirmó que “los pueblos originarios estamos más organizados y en lucha, tenemos de nuestro lado las leyes y la historia”.
 
La Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf) realiza desde hace tres años un relevamiento sobre la conflictividad rural en la región denominada Chaco argentino. En un año se sumaron 80 conflictos. Suman ya 244 casos relevados, 209 son exclusivamente de disputas por tierras, 25 son ambientales y diez son mixtos. Todos los conflictos por tierras obedecen al corrimiento de la frontera agropecuaria.
 
Los conflictos abarcan una superficie de 11,4 millones de hectáreas y afectan a 1,6 millón de personas. Tienen gran peso los conflictos socioambientales, en parte ligados al modelo extractivo (desmontes y fumigaciones con agrotóxicos). Sobresale el Ordenamiento Territorial de Formosa (en el marco de la Ley de Bosques) y, en Salta, figura la deforestación por el avance de la frontera agropecuaria en los departamentos de San Martín, Santa Victoria, Rivadavia y Orán.
 
El Plan Estratégico Agroalimentario (PEA) 2010-2020 establece aumentar la producción granaria un 60 por ciento, reconoce el avance sobre nuevas tierras. Desde Redaf analizaron el documento oficial y alertaron: “Se profundiza el modelo y también los principios sobre los cuales está asentado el extractivismo, la explotación de los recursos naturales”.
 
Diego Montón, del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNIC), trazó el paralelo histórico, en vísperas al 12 de octubre: “La Campaña del Desierto no sólo significó genocidio, sino también la instauración de una cultura e ideología de las elites dominantes. Hoy tenemos un modelo agro-minero exportador, con una hegemonía del poder económico que sigue privilegiando el uso de los bienes naturales en función de los intereses extranjeros, resignando la soberanía y llevando a la pobreza a nuestro pueblo. Las trasnacionales son parte de esa continuidad como la nueva forma del colonialismo”.
 
Las comunidades wichí San José, Cuchuy y Corralito se encuentran en el municipio de Ballivián, departamento de San Martín. En toda la zona está prohibido el desmonte, determinado en 2008 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sin embargo, la ONG Asociana registró con imágenes satelitales que en los últimos meses se desmontaron 1700 hectáreas en la zona este de Ballivián.
 

A mediados de septiembre, privados llegaron a las comunidades y comenzaron a desmontar. El martes 27 de septiembre, las comunidades enfrentaron las topadoras y se quedaron en el lugar hasta el sábado 1º de octubre, cuando las seis topadoras fueron echadas. Jonatan Félix, wichí que participó de la resistencia, explicó que están “sufriendo por los desmontes, son los últimos pedacitos que nos quedan. Estamos dispuestos a defender lo poco que nos queda porque sacamos la comida del monte, vivimos por el monte”.
Página 12
Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Noticias/Argentina_las_nuevas_invasiones_sobre_los_originarios

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22 de julio de 2020

IV. AF dio vuelta de página al Estado de los '70 y lo modernizó

Argentina. 

Gremial de Abogados y Abogadas afirma que 

no existe

la “justicia” tal como nos dicen 

que debería existir

Resumen Latinoamericano, 23 de julio de 2020

La Gremial de Abogados y Abogadas ante los asesinatos masivos, desapariciones y otros crímenes de los Estados Nacional y Provinciales.
El rol de las instituciones oficiales y las secretarias de DDHH ante esas atrocidades. Desafiamos discutir abiertamente.
Vimos hace poco sin sorpresa como la Policía del Chaco, reventaba literalmente a un par de familias Qom, y al poco tiempo nos sorprendimos como “Comités contra la Tortura”, “Secretarías de DDHH” y otras instituciones estatales o para-estatales de la misma provincia corrieron a presentarse frente a esos hermanos Qom, a requerirles firmas para ir contra los policías.
Por supuesto, los policías están libres, y aquí no ha pasado nada, y esos organismos estatales ni parpadean. En algunos casos porque realmente creen en la Justicia y en el Derecho, (y además creen aún más en sus rentados puestos administrativos) no hacen mucho más de lo que su protocolos y códigos de procedimiento les especifican.
Esto lo venimos viendo desde (mínimo) hace diez años, o sea, desde que volvimos a reflotar la Gremial de Abogados y Abogadas.

Montones de organismos del Estado, o con sueldos del Estado que salen apresurados a “contener” a las familias de los asesinados por fuerzas de seguridad a quien les paga el mismo patrón que a ellos.
Lo grave es, justamente, que esas instituciones estatales o para-estatales con sueldos del Estado, jamás considerarán la responsabilidad del propio Estado, sea por sus limitaciones ideológicas, sea porque tienen otras ideas políticas, sea para mantener sus puestos rentados.

Porque de lo que se trata es de establecer la máxima responsabilidad ante una muerte, una desaparición o una tortura, y eso corresponde al Estado.
El máximo responsable de las torturas a los Qom en el Chaco es el Gobierno del Chaco y su gobernador. El máximo responsable de la desaparición de una persona en la Provincia de Buenos Aires o Tucumán son igualmente las máximas autoridades provinciales.

Si quieren pensar, decir y tratar de quitarles responsabilidades políticas a sus jefes y empleadores pueden hacerlo, pero no pretendan que todos los demás lo creamos así.
Hace años que los familiares de Kosteki y Santillán bregan por tratar de que los administradores de Justicia accedan a hacer lugar al planteo respecto de la responsabilidad jurídica y penal, de los funcionarios políticos del Gobierno (de Duhalde primero, de los Kirchner después y hoy nuevamente de este actual Gobierno) pero ahí empieza la divisoria de aguas, porque ni muchos organismos de DDHH acompañarán a las familias de esos dos cros caídos, ni mucho menos las “Secretarías” de DDHH de Nación o Provincia de Buenos Aires.
Y es entendible, no se tirarán contra sus empleadores o contra las conducciones de las fuerzas políticas que esos funcionarios “de DDHH” integran.

Junto a ésta nota, la Gremial de Abogados y Abogadas adjunta una planilla detallada de los casos de muertos, o desaparecidos durante la cuarentena, que hasta el momento que la elaborábamos eran veinte pero al escribir esto ya son veintidós y siguen subiendo. (en el enlace a la web)
Pero para ayudar a pensar (o a que nos puteen) vayamos a lo concreto de un ejemplo con algunas preguntas:

La Gendarmería Nacional, es una fuerza nacional o provincial??
Es Nacional y depende del Ministerio de Seguridad de la Nación.
El Ministerio
de Seguridad es una estructura autónoma o dependiente??
Es dependiente del Poder Ejecutivo de la Nación o sea del propio Presidente de la Nación.
Entonces, si la gendarmería asesina a un chico como lo hizo en el Bajo Flores, con personal uniformado, en funciones de prevención, con armas reglamentarias, ¿el responsable es solo el gendarme que dispara o hay una responsabilidad en la cadena de mandos? Lo que se llama responsabilidad indirecta.
Para la Gremial de Abogados y Abogadas la responsabilidad de la muerte de ese chico llega hasta el Ministerio de Seguridad de la Nación y alcanza a la Presidencia.

Acaso no se planteó así cuando desapareció Santiago Maldonado?
Acaso no culpábamos a la Ministra Bullrich y al Presidente Macri? Acaso no nos enfrentamos con Bullrich y Macri cuando asesinaron a Rafita Nahuel?
Es distinta la Gendarmeria de Bulrich que la de Fernández?
Demos otro ejemplo, los juicios de Lesa Humanidad, en estos juicios se ha condenado a altos oficiales de las FFAA por atroces delitos como muertes, torturas, etc.
Por supuesto no habrá una sola prueba que indique que Videla o Massera mataron o torturaron ellos personalmente a alguien. La responsabilidad es indirecta, si Videla era el Presidente o fulano o mengano eran los Jefes de Ejército o Armada, tendrán entonces una responsabilidad por torturas, fusilamientos o apropiación de bebés.
Los organismos de DDHH, las Secretarías de DDHH (querellantes en esas causas), festejan las condenas cuando se aplican las responsabilidades indirectas, pero miran para otro lado cuando se asesina alevosamente a un pibe pobre de un barrio pobre en un proceso de control poblacional como se viene haciendo durante la cuarentena.

He ahí la certeza de la Gremial cuando afirma que no existe la “justicia” tal como nos dicen que debería existir.
Los organismos estatales o para-estatales ahora se hacen los tontos cuando las fuerzas de seguridad del gobierno que integran producen semejantes matanzas.
Porque en este caso las instituciones que dirigen esas fuerzas de seguridad también les pagan sus sueldos a ellos y además son dirigentes del mismo proyecto político que es el del gobierno, o los de los gobiernos provinciales cuando es el caso.

Desde la Gremial de Abogados y Abogadas somos conscientes que hay muchos que no acordarán con estos planteos nuestros, sea por convicción o por conveniencia, pero instamos a las militancias de partidos y organismos de DDHH y sobre todo instamos a los familiares de muertos y desaparecidos a que hagan un esfuerzo para pensar, para reflexionar y para llevar la discusión de estas cuestiones a donde sea que haga falta.-
Ya no podemos ser “cuidadosos” o “diplomáticos” para tratar de evitar una discusión real y concreta que tiene responsables reales y concretos en una situación de represión que avanza y que será cada vez peor.
No podemos decir y repetir como lo hacemos “El Estado es responsable” pero callar ante determinado gobierno. Si el estado es responsable lo es con Duhalde, con Macri, con Kirchner o con Fernández.
La Gremial de Abogados y Abogadas se pondrá a la cabeza de esta discusión y no cederá ni un milímetro en estos planteos, porque surgen de hechos indiscutibles como son los que acá volcamos en la lista que adjuntamos.

Y quisiéramos ser objeto, más de críticas que de aplausos o acuerdos, porque estos últimos nos vienen siempre en la cara, pero los primeros son solapados y no se animan a decírnoslo.
Desafiamos a las autoridades de las Secretarías de DDHH de Nación y de cualquier provincia, a las Fiscalías de DDHH, de Género, de Violencia Institucional, a los jueces y fiscales de cualquier jurisdicción, a los Organismos de DDHH o colectivos de juristas y, por supuesto al o los Ministerios de Seguridad sea Nación o provincia. A cualquiera de todos estos, a que se animen a debatir con la Gremial de Abogados y Abogadas, en los términos que nos impongan, con los moderadores que nos indiquen y con los temarios que acordemos.

Quizás un debate de este tipo, por duro y áspero que sea, pueda evitar mas muertes y la sangría que están produciendo en los barrios y zonas de los pobres, o al menos determinar las responsabilidades.
Asociación Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina
Julio
2020.

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Vimos hace poco sin sorpresa como la Policía del Chaco, reventaba literalmente a un par de familias Qom, y al poco tiempo nos sorprendimos como “Comités contra la Tortura”, “Secretarías de DDHH” y otras instituciones estatales o para-estatales de la misma provincia corrieron a presentarse frente a esos hermanos Qom, a requerirles firmas para ir … Sigue leyendo
Fuente: https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/07/23/argentina-gremial-de-abogados-y-abogadas-afirma-que-no-existe-la-justicia-tal-como-nos-dicen-que-deberia-existir/

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21 de julio de 2020

III. AF dio vuelta de página al Estado de los '70 y lo modernizó



No hay democracia si refuerza la desposesión de derechos humanos esenciales y la marginación de las barriadas pobres y pueblos originarios al preocuparse sólo por establecer una asistencia “racista” y un  estado “clasista” de sitio sobre esas personas, familias, comunidades.


Investigan la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro


4 de julio de 2020
Facundo Astudillo Castro está desaparecido desde el 30 de abril cuando salió de su casa en Pedro Luro, con dirección a Bahía Blanca. Recientemente tres testigos declararon haber visto al joven ese mismo día, cuando era subido a un patrullero en la localidad de Mayor Buratovich. Esa fue la última vez que alguien lo vio, Facundo nunca llegó a destino ni volvió a comunicarse. La familia denunció irregularidades en la investigación por “averiguación de paradero”, contradicciones en las declaraciones de los policías y realizó una denuncia penal ante la justicia federal por desaparición forzada. En este caso de enorme gravedad institucional, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, se presentará como querellante institucional y ya pidió que se aparte a la policía de la causa que tramita en la justicia provincial.

Por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM)




Facundo Astudillo Castro tiene 22 años y está desaparecido desde hace 65 días. En la mañana del pasado 30 de abril, el joven emprendió viaje “a dedo” de Pedro Luro hacia la casa de su ex pareja en Bahía Blanca. Nunca llegó. A pesar de los múltiples intentos por comunicarse con él, desde ese mismo día el teléfono de Facundo está apagado.

Tras la denuncia de la familia, se inició una causa por “averiguación de paradero” en la Ayudantía Fiscal de Villarino. La investigación está plagada de irregularidades, inconsistencias y declaraciones contradictorias de los policías que declararon haber visto a Facundo en la localidad de Mayor Buratovich y después en Teniente Origone. El último de los testimonios policiales es el más contradictorio: primero declaró que una camioneta lo levantó y salió en dirección a Bahía Blanca; cuatro días después, cambió su testimonio y dijo que, en realidad, se fue caminando.
A pesar que la mamá de Facundo y su abogado estuvieron en todo momento siguiendo la causa, sólo conocían el testimonio de los policías que lo demoraron en Mayor Buratovich y le dictaron la infracción por violar la cuarentena. Esa actuación policial ya resulta irregular: a pesar de ser infraccionado por violar la cuarentena y de constatar telefónicamente con la madre el domicilio de Facundo, los policías -segun dicen- no disponen que retorne a su casa sino que lo dejan seguir camino. Cabe mencionar que, en ese momento, había en la Provincia mayores restricciones a la circulación y un celo muy particular de las fuerzas de seguridad por velar por el cumplimiento de la medida.
Peor aún, ni la policía ni la justicia le notificaron a la familia  de las declaraciones de los policías que, supuestamente, ubican a Facundo en Teniente Origone y en una camioneta en dirección a Bahía Blanca. Recién conocieron estos testimonios el 19 de junio, más de 50 días después de la desaparición, durante los rastrillajes en la zona. Ese mismo día, también notaron que la ubicación informada por los policías que lo demoraron no era la misma que figuraba en el acta.
Sin embargo, la última y mayor de las irregularidades se conoció la semana pasada. El 27 de junio, tres vecinos de Pedro Luro se comunicaron con la familia de Facundo y le contaron que el día de la desaparición, alrededor de las 3 de la tarde, después de pasar el ingreso de la localidad de Mayor Buratovich, vieron a Facundo cuando era detenido por dos policías e ingresado a la cabina trasera de un patrullero. Los tres vecinos se habían presentado en la comisaría de Pedro Luro para ofrecer su testimonio, pero nunca fueron llamados a declarar.
La declaración coincidente de los tres ciudadanos echa por tierra los testimonios y actuaciones policiales, identifica otro tiempo y lugar de su desaparición y aporta el principal dato: Facundo fue visto por última vez cuando era detenido por la policía de la localidad de Mayor Buratovich.
Ante las evidentes irregularidades en la investigación y la omisión de la detención de Facundo en la causa, la familia presentó ante la justicia federal una denuncia penal para que se investigue la desaparición forzada y se desplace de la investigación a la Policía Bonaerense.
En la denuncia también señalaron que Facundo era desde hace algunos años víctima de hostigamiento policial. La madre señaló que el joven, cuando era aún menor de edad, había sido golpeado por la policía y que, en otra oportunidad, le habían roto de manera intencional un ciclomotor. En los dos casos, la madre identificó a un agente que, incluso, lo vio participar de los rastrillajes en el lugar de la desaparición.
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) tomó conocimiento del caso por los organismos de derechos humanos de la región que vienen acompañando a la familia y reclamando la aparición con vida de Facundo. El organismo también estuvo en contacto también con la familia del joven y su abogado.
En carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, y tal como lo faculta la ley, la CPM se presentó como querellante institucional en la causa federal que investiga la desaparición forzada. Y realizará presentaciones ante organismos internacionales de derechos humanos.
Al mismo tiempo, la CPM envió una nota al Ministerio de Seguridad de Nación notificando el hecho y a la fiscalía para requerir el cumplimiento de la Resolución 1930 y ordenar el inmediato apartamiento de la Policía Bonaerense en las diligencias investigativas que se realizan en el marco de la causa por “averiguación de paradero”, en trámite ante la fiscalía de Villarino.

La desaparición forzada de persona es un delito de lesa humanidad. La sola posibilidad o sospecha de estar frente un hecho de esta extrema gravedad institucional obliga a actuar de manera rápida y eficaz. Facundo Astudillo Castro tiene que aparecer con vida, es un reclamo no sólo de la familia y de los organismos de derechos humanos, es un reclamo que tiene que atravesar a toda la sociedad.
Fuente:
https://www.anred.org/2020/07/04/investigan-la-desaparicion-forzada-de-facundo-astudillo-castro/


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Argentina. “Tenemos nueve policías individualizados en la desaparición de Facundo”

Por Gastón Rodríguez, Resumen Latinoamericano, 20 julio de 2020
La madre del joven desaparecido desde el 30 de abril denuncia un plan de encubrimiento de la Bonaerense y la filtración de datos desde la fiscalía para desviar la investigación. “Sostienen pruebas inconducentes que buscan la impunidad”, afirman sus abogados.
El 19 de junio, más de 50 días después de la desaparición de Facundo Astudillo Castro, la Policía Bonaerense realizó el primer rastrillaje en Mayor Buratovich, donde agentes de la misma fuerza lo habían demorado e impuesto una infracción por violar el aislamiento obligatorio. Desde esa jornada, Cristina Castro sabe que su hijo nunca llegó a Bahía Blanca. “Estando ahí sentí que Facundo no había salido de Mayor Buratovich, que algo malo le hicieron en ese lugar, me lo dice mi corazón de madre”, le había dicho a Tiempo antes de que el caso adquiera relevancia nacional.
“Hasta ahora hay nueve policías que están realmente comprometidos con sus propios testimonios o por terceros que han declarado en su contra”, confirmó este lunes el abogado Luciano Peretto, quien, junto a Leandro Aparicio, representa a Cristina Castro como particular damnificada.
Por su parte, Aparicio insistió que “las tres declaraciones testimoniales que se tomaron no han hecho más que confirmar que Facundo Astudillo Castro fue desaparecido por la Policía de la provincia de Buenos Aires, y que después de la desaparición se activó un protocolo para lograr el encubrimiento”.
Aparicio detalló que “ese plan de encubrimiento tiene distintas etapas; la primera es el día de la desaparición; la segunda es al momento en que se empiezan a recibir las primeras denuncias en la comisaría de Pedro Luro; y la tercera, con posterioridad al rastrillaje que se debió haber realizado en Mayor Buratovich y que no se pudo realizar por motivos que ya se conocen”.
Con respecto al último punto, el abogado se refiere a lo que él considera una maniobra “típica” de encubrimiento. “Durante el rastrillaje en Mayor Buratovich, casualmente cayó una policía (en referencia a la agente Siomara Flores) y dijo que ella había llevado a Facundo hasta Teniente Origone; entonces todo el operativo se mudó para allá. Lo típico es que aparezca un testigo y diga que vio a la víctima en otro lado para desviar la investigación”.
La propia madre de Facundo ya había instalado sus dudas sobre la versión policial: “Ese día se me acercaron dos efectivos. La oficial Flores que me dijo que le había hecho el acta a mi hijo y que después lo llevó a Teniente Origone, y otro policía que me dijo que él también lo había visto, pero que lo dejó irse caminando. Después me enteré que había declarado que lo vio subirse a una camioneta Duster Oroch color plata. Por si faltaba algo para sospechar, este mismo policía se acordaba de memoria, un mes después, la dirección exacta que le había dado mi hijo cuando le preguntó dónde iba. Me estaban tomando el pelo”.
Fake news
Durante el fin de semana y a través de su cuenta de Twitter, Cristina se quejó de que “vengo sufriendo noticias falsas del expediente que supuestamente está reservado” y denunció que tanto la Policía Federal como el fiscal Ulpiano Martínez “investigan hipótesis contrarias a la que sostiene la querella e informan a ciertos medios que se enteran de todas las pericias antes que la madre”.
En ese sentido, Aparicio detalló que que “se filtran datos desde la Fiscalía Federal que son aprovechados por los medios con la finalidad de desviar la investigación y de sostener pruebas inconducentes que buscan la impunidad de la policía”.
“En este contexto –agregó– debemos mantener la reserva y, si bien somos prudentes, necesitamos también que quedé muy claro que hoy tenemos a nueve policías individualizados en la desaparición de Facundo y en el posterior encubrimiento”.
Facundo, de 22 años, salió de su casa en Pedro Luro el 30 de abril. Varios testigos lo vieron subir a una camioneta de la Policía Bonaerense en Mayor Buratovich. Desde entonces su paradero es un misterio.
 Tiempo Argentino
Fuente:https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/07/20/argentina-tenemos-nueve-policias-individualizados-en-la-desaparicion-de-facundo/

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