A recordar

16 de abril de 2018

IV. El Estado de represión, control e inteligencia tanto progresistas como neoliberales.

América Latina en el cambio de época:
¿normalizar el estado de excepción?
23 de marzo de 2018


Por Emiliano Teran Mantovani (Rebelión)


A Marielle Franco, Sabino Romero, Berta Cáceres, Santiago Maldonado, Macarena Valdés, Yolanda Maturana. A todas y todos los que nos arrebataron, los que murieron por la vida
  
Panoramas inciertos y cambio de época en América Latina
Tiempos complejos y difíciles se viven para América Latina en la actualidad, de reflujo para las izquierdas y los progresismos, y de intensificación de las múltiples contradicciones sociales, políticas, económicas y geopolíticas que caracterizan la región. A estas alturas, antes que seguir preguntándonos si se ha cerrado un ciclo, parece más pertinente y estratégico tratar de revelar cuáles son las formas generales que pueden tener los nuevos tiempos que se están configurando.
Las cosas, en efecto, ya han cambiado. Las nuevas condiciones materiales que se han desarrollado en los últimos tres lustros –agudización de las crisis urbanas, avances de la frontera extractiva, crecimiento absoluto de los metabolismos sociales, sistemas sociales más complejos y emergencia de nuevos grupos de poder, vigorización de las economías informales, crecimiento y sofisticación de grupos delincuenciales urbanos y rurales, avance geopolítico de China y Rusia en la región, entre otros factores–, apuntan al potencial crecimiento de conflictos, revueltas sociales e intensas disputas territoriales por los bienes comunes y los territorios.

Los mecanismos de construcción de consenso social por medio de la distribución masiva de las rentas del extractivismo, que caracterizó en muy buena medida a los gobiernos progresistas y en general a este ciclo político regional determinado por el boom de las commodities, han sido afectados de manera importante (aunque de forma diferenciada dependiendo el país). Esto ha sido así por los efectos de corto y mediano plazo que provocó el período de recesión económica detonado desde la crisis mundial 2008-2009, pasando por el derrumbe de los precios internacionales de las materias primas iniciado en 2014 hasta la actualidad.

Esto tiene importantes implicaciones políticas, que no pueden ser sólo evaluadas en el corto plazo, ante una ‘recuperación’ económica regional en 2017: el atornillamiento y la profundización de la dependencia a los sectores primarios, los altos niveles de endeudamiento externo público y privado, y los límites estructurales en la capacidad de respuesta de las economías de la región, entre otros factores, minan las bases económicas que han permitido un tipo de gobernabilidades “inclusivas” que, en diversos grados, se expresaron en el ciclo progresista.

Ante esto, parece redimensionarse y cobrar aún mayor relevancia el rol de la violencia como mecanismo de poder estatal y para-estatal, y de intermediación en las disputas económicas y ecológicas en la región.
En el horizonte se vislumbran al menos dos factores determinantes en el desarrollo de este cambio de época:

·         Por un lado, los ingredientes para una nueva crisis global, con iguales o mayores dimensiones de la desencadenada diez años atrás, persisten. Destacan las tendencias al ‘estancamiento secular’ de la economía mundial (FMI dixit ) , la incertidumbre sobre la economía china, el fin de los estímulos monetarios de la Reserva Federal de los Estados Unidos ( ‘quantitative easing’ o QE ) o la ya cada vez más anunciada burbuja global de los precios de los activos –¿la madre de todas las burbujas?
Estos elementos, como ha ocurrido en otros procesos históricos en América Latina, pueden operar como detonantes de nuevos ciclos de crisis.

 
·         Por otro lado, y en consonancia con esta situación global, América Latina está siendo atravesada con mayor profundidad por la confrontación internacional entre los Estados Unidos (y sus aliados) y China y Rusia (y sus aliados), resaltando la aceleración de la lógica belicista y militarista del Gobierno norteamericano, con su explícita idea de “ Preservar la paz mediante el uso de la fuerza ” ( PILLAR III Preserve Peace Through Strength [1] ) y su persistente y progresivo re-posicionamiento militar en la región (directo o indirecto), con especial foco en Venezuela.

El fin de ciclo se estructura desde arriba como contención: ¿el estado de excepción como norma?
El conjunto de factores descritos parecen apuntar a una temporalidad en la región donde se van instalando y consolidando el escenario y las lógicas de una situación extraordinaria o de emergencia, que sirven de pilares a la normalización y permanencia de regímenes de excepción. Esto amerita evaluarlo con mucho cuidado en la medida en la que proliferan normativas de emergencia y nuevas doctrinas de seguridad nacional, donde prevalecen los criterios de eficiencia política en detrimento del estado formal de derechos sociales consagrados.
A su vez, toman un nuevo auge las narrativas beligerantes en las cuales resalta la tipificación de amenazas y el ‘enemigo público’ a combatir, lo que da carta blanca a las fuerzas militares y cuerpos de seguridad para actuar con “mano dura” y celeridad, a penetrar todo tejido social e institucional para enfrentar estos “desafíos” a los “intereses de la nación”. Todo esto va poniendo en suspenso las ya subordinadas, frágiles y agredidas ‘democracias’ latinoamericanas.

Pero es necesario insistir que no se trata únicamente de la reformulación de políticas impulsadas por viejos gobiernos de derecha u otros recién instalados, luego del desplazamiento de gobiernos progresistas. Estas dinámicas de excepcionalidad y beligerancia atraviesan tanto a conservadores como a progresistas. En cada caso varía, ciertamente. Sin embargo, antes que evaluar estos procesos sólo como propios de los gobiernos conservadores, es necesario resaltar cómo también van permeando y determinando de manera creciente la política de los progresismos, cómo inciden significativamente en sus regímenes de gobernabilidad, y por tanto, en el perfil del cambio de época que se configura desde arriba. En cualquiera de los casos, prevalece la razón de Estado, la conservación del poder y la búsqueda de viabilidad política para ejecutar las reestructuraciones y flexibilizaciones económicas que están en desarrollo en esta nueva fase del extractivismo en América Latina.

En Argentina, en el contexto de la declaración de la Emergencia en Seguridad Pública a partir de 2016, la ministra de seguridad, Patricia Bullrich, anuncia una "nueva doctrina" del ejercicio de la autoridad en la cual “el Estado es el que realiza las acciones para impedir el delito" [2] . Mediante una modificación al Código Penal se buscaría darle más garantías a la policía –pues "sólo" se les permite disparar en legítima defensa − y otorgarle funciones de seguridad interior al sector militar.

En Brasil, tras el reciente decreto de militarización de Río de Janeiro –medida tomada ante la ‘emergencia’ para ‘combatir el crimen organizado en la ciudad’−, el gobierno de facto de Michel Temer declaró que este plan servirá como un "laboratorio" para todo el país, por lo que no descartó que las fuerzas armadas sean desplegadas en otras regiones [3].

En Venezuela, en medio de la situación de alta conflictividad política y geopolítica, y de colapso económico, se ha impulsado una creciente militarización de todos los ámbitos de la vida y la instauración, de hecho y de derecho, de un estado de excepción en el país. El mismo se ha convertido en condición permanente dada su ejecución por medio de decretos oficiales emitidos desde enero de 2016 – declarando el “ estado de excepción y emergencia económica en todo el territorio nacional ”– , los cuales son prorrogados continuamente hasta nuestros días. El Decreto N° 2.849 del 13 de mayo de 2017 [4] indica que podrán ser restringidas las garantías para el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución, con algunas salvedades.

En Colombia, donde el estado de excepción constituye un instrumento ordinario de la política gubernamental y de las estructuras jurídicas desde hace ya varias décadas, el escenario post-acuerdo (desde noviembre de 2016) no supone la interrupción del proceso de militarización imperante, la asistencia militar por parte de los EEUU, ni la intensa represión social y desaparición de activistas que está en desarrollo en el país [5] .

El caso mexicano es también conocido, en el cual se instaura de facto un régimen de excepcionalidad desde la declaración de “Guerra contra el narcotráfico” en el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) – que ha dejado miles y miles de muertos − hasta la reciente promulgación de la controvertida Ley de Seguridad Interior (diciembre de 2017) en el gobierno de Enrique Peña Nieto, que ordena la intervención de las Fuerzas Armadas cuando se identifiquen amenazas a la seguridad interna.

En Honduras, país que refleja de manera dramática estas lógicas imperantes en Centroamérica, se va desarrollando un incremento de la militarización desde el Golpe de Estado ejecutado en 2009 contra el presidente Manuel Zelaya, lo cual se va intensificando a partir de 2012-2013 (durante la presidencia de Porfirio Lobo) con la ampliación de funciones que el Ejército cumple en relación al control de la seguridad ciudadana y la creación de laPolicía Militar de Orden Público (2013) [6] . A raíz de las intensas protestas sociales que se produjeron ante las irregulares y dudosas [7] elecciones presidenciales de diciembre de 2017, que dieran como ganador a Juan Orlando Hernández (JOH), se declaraba el estado de excepción y la suspensión de varias garantías constitucionales en 18 departamentos del país, lo que en definitiva dejó más de una veintena de muertos, adjudicados por ONU a una fuerza excesiva y letal por parte de los cuerpos de seguridad de Honduras , en particular de la policía militar [8] . Cabe añadir que JOH declaró que América Latina debe prepararse y “adelantarse” ante posibles atentados terroristas [9] , lo que va en consonancia con la progresiva reinstauración de las doctrinas de seguridad nacional en esta sub-región.

Una semana después de iniciada la presidencia de Horacio Cartes en Paraguay (agosto de 2013), se procedió a la reforma de la Ley 1337/99 de Defensa Nacional y de Seguridad Interna, lo cual otorgaba al presidente vía decreto, sin acuerdo del Parlamento y por el tiempo que éste considerase conveniente, la facultad de militarizar zonas enteras del país con el objetivo de “enfrentar cualquier forma de agresión externa e interna que ponga en peligro la soberanía, la independencia y la integridad territorial” [10] . La medida hacía alusión al combate de grupos armados, como el denominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), a quienes se le atribuyese el asesinato de cinco personas en Tacuatí, ese mismo mes de agosto. Las órdenes de militarización se asignaron a los departamentos de Concepción, San Pedro y Amambay, destacando el rol de la “ Fuerza de Tarea Conjunta ” (FTC), unidad especial asignada para estos fines, principalmente en el norte del país.

La configuración de regímenes de excepción no debe ser interpretada únicamente como un proceso centralizado, homogéneo y estable. Se trata también de la combinación de zonas de “paz” y de consumo, y algunas políticas de asistencia social, con lo que podríamos entender como estados de excepción selectivos, que se van estableciendo local e incluso flexiblemente, dependiendo de diversos factores coyunturales y de los diferentes focos de resistencia y movilización social que puedan provocar los acontecimientos. Conviene destacar a su vez, que el desencadenamiento de nuevos sucesos entendidos como “perturbaciones”, pueden ser utilizados como la “evidencia” o “confirmación” de la existencia de una amenaza a la seguridad nacional, lo cual sirve para establecer, consolidar, reforzar e incluso radicalizar estas tendencias generales de excepcionalidad.

En estas claves pueden ser evaluados, por ejemplo, el decreto de estado de excepción que el presidente de Ecuador, Lenin Moreno, estableció a fines de enero de 2018 en San Lorenzo y Eloy Alfaro, provincia de Esmeraldas (frontera con Colombia), a raíz del atentado con un carro bomba ocurrido frente a una estación de la Policía, lo que fue calificado por Moreno como un ataque “terrorista” atribuido al narcotráfico [11] . Del mismo modo, durante dos meses se estableció el estado excepción en la provincia amazónica Morona Santiago, a raíz del levantamiento de la comunidad indígena shuar contra las actividades mineras en su territorios a mediados de diciembre de 2016[12] (gobierno de Rafael Correa), mientras que el ministro del Interior, César Navas, indicaba que la presencia militar se mantendría en la zona atenta ante cualquier eventualidad; o bien, similar decreto en el cantón Zaruma (provincia fronteriza de El Oro) en septiembre de 2017, gravemente afectada por la minería ilegal [13] .

Destacan también varias declaraciones de estado de emergencia en Perú, las cuales se van volviendo permanentes y normalizándose en ciertas localidades andinas, como ocurrió en los distritos de Chalhuahuacho, Haquira y Mara (Apurimac) y Capacmarca (Cuzco), donde, a raíz de protestas contra las empresas mineras [14] , se suspendían varios derechos constitucionales y se autorizaba a la Policía Nacional a mantener el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas. A su vez, en septiembre de 2016 se decretaba el estado de excepción en tres distritos de Huancavelica, Ayacucho y Cuzco, con el objetivo de combatir a los “remanentes terroristas” y los cárteles del narcotráfico en la zona [15].

Otros ejemplos de formas selectivas de regímenes de excepción pueden situarse con la militarización de los territorios ancestrales del pueblo mapuche (Wall Mapu), en poder de grandes empresas extractivas forestales, latifundistas y capital transnacional, con el consiguiente crecimiento de la criminalización de las movilizaciones indígenas. Del mismo modo, cabe evaluar la evolución de las lógicas de militarización urbana ante una potencial proliferación de saqueos y estallidos sociales como los ocurridos en enero de 2017 en México, a fines de febrero de 2018 en Bogotá y otras ciudades de los departamentos de Cundinamarca, Tolima, Boyacá y Quindío (Colombia), y en Colón, en marzo 2018 (Panamá) .

Por último, pero no menos importante, el rol de los desastres ambientales en la instauración, consolidación y/o radicalización de los estados excepción en la región puede ser significativo, si tomamos en cuenta el incremento de su incidencia ante la crisis ambiental global. Esto ha ocurrido de formas parciales en varios países –por ejemplo, con l a explosión del volcán Cotopaxi en agosto 2015, que implicó declaración de estado de excepción a nivel nacional y la orden de movilización de todas las fuerzas armadas en el Ecuador [16] −, aunque un caso emblemático es el de Puerto Rico, donde se reimpulsa y busca normalizarse el estado de excepción instalado desde la crisis de la deuda de 2006, a raíz de las devastadoras consecuencias del paso del huracán María por la isla, en septiembre de 2017.

En el contexto traumático de este desastre , uno de los mecanismos para normalizar el régimen de excepción ha sido la firma a mediados de diciembre de 2017 de la “Ley del Nuevo Gobierno de Puerto Rico”, que le otorga los poderes necesarios al gobernador y a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) para reorganizar el conjunto de instituciones y dispositivos de las instituciones estatales e impulsar medidas de reestructuración económica, mediante orden ejecutiva emitida conforme a las disposiciones de la Ley, por un período de 10 años [17] .

Estos procesos no deben ser leídos únicamente en clave nacional-estatal, en la medida en la que pueden operar en articulación con la política exterior de las potencias en disputa en la región, principalmente de los Estados Unidos, que instala nuevas bases militares o “task forces” en diversos países (especialmente en Perú, Paraguay, Colombia y Argentina) o impulsa maniobras conjuntas de fuerzas militares (como las operaciones militares que desarrolló con Brasil, Colombia y Perú en la frontera amazónica de estos tres países en noviembre de 2017).

El juego sigue abierto: ¿un nuevo ciclo de luchas en tiempos de beligerancia?
Estas dinámicas descritas no son en ningún sentido lineales, irresistibles y homogéneas. Si bien revelan la conformación y el avance progresivo de figuras y marcos formales de excepcionalidad ‘desde arriba’, estas no sólo aparecen como decretos, sino también como dispositivos biopolíticos que buscan penetrar los tejidos socio-territoriales, la vida cotidiana de los latinoamericanos, por medio de lógicas militar/policiales de control, sitio, vigilancia y represión social. Se articulan también con estrategias de lo contingente, de lo informal y persiguen adaptarse a las variadas condiciones territoriales existentes. Pero esto también se debe a la volatilidad y complejidad del escenario. Al hecho de que todo esto sigue siendo un juego abierto, inestable, en ciertas formas regionalizado y en disputa.

El cambio de época en América Latina también expresa que estamos ante una nueva correlación de fuerzas, no sólo determinada por el reposicionamiento de sectores y corrientes conservadoras, la emergencia de nuevos actores y subjetividades, el agotamiento de ciertos horizontes y modos de hacer política, o por la intensificación de las tensiones geopolíticas; sino también por lo que los actores en disputa están dispuestos a hacer y poner en juego para lograr sus objetivos. Son tiempos de altos riesgos y peligros.

En estos escenarios, el fin de ciclo no necesariamente supone una era “post-progresista”, sencillamente porque los progresismos, como un modo de hacer política, no van a desaparecer, del mismo modo en que el ciclo progresista nunca fue un período “post-neoliberal”. Aunque el progresismo ya no es el gran rasgo de peso en la región, seguirá teniendo presencia en la disputa política latinoamericana.

Pero ante esta situación no se trata, nuevamente, aumentar la colección de gobiernos de centro-izquierda, o crear mayor presencia de nominaciones y discursos progresistas. Vale las preguntas, ¿qué es y será el progresismo en este cambio de época? ¿Será exactamente el mismo de 10-15 años atrás? ¿Cómo serviría este progresismo al conjunto de luchas que desde abajo intenta impulsar re-existencias y alternativas a los modelos imperantes? En este sentido, es necesario evaluar:

·         Por un lado, cuáles son las posibilidades de concreción de sus objetivos de posicionamiento político y de realmente impulsar una agenda “progresista”, en esta particular correlación de fuerzas actual.
·         Por otro lado y por consiguiente, de ser exitosos, ¿cómo ensamblarían sus modos de gobernabilidad y sus patrones de acumulación extractivistas ante las duras dinámicas de crisis económica y beligerancia global? ¿Prevalecerían y se intensificarían los pragmatismos, las lógicas de seguridad y orden interno, los mecanismos de cooperación con sus aliados geopolíticos en esta especie de Guerra Fría que vivimos a escala global?

 
Es en estas claves que creemos que también deben ser interpretadas las mutaciones y giros políticos de Lenin Moreno en Ecuador, el probable fraude electoral en Honduras en diciembre de 2017, la forma que va tomando el Gobierno Bolivariano en Venezuela, el posible encarcelamiento de Luiz Inácio “Lula” da Silva en Brasil, o los condicionamientos a las posibilidades de éxito electoral e incluso gubernamental de Gustavo Petro en Colombia y Andrés Manuel López Obrador en México.

Todo esto deja abiertas múltiples interrogantes vitales: ¿cuál es la agenda de las izquierdas, o si se quiere, de los diversos movimientos contra-hegemónicos, ante estos tiempos de reflujo, pragmatismo, securitización, sobrevivencia política de los gobiernos y reestructuraciones económicas en la región? A fin de cuentas, ¿quiénes son los principales afectados por las lógicas de excepción y “seguridad nacional” que van avanzando en la región, sean de cuño conservador o progresista? ¿Cuál es la postura ética de la izquierda ante esto, o incluso, qué significa ser de izquierda en estos tiempos de beligerancia? ¿Cuál sería el programa contestatario ante esta coyuntura? ¿O es que se afirma que ya no es posible un programa tal?

El agotamiento del “ciclo progresista”, no representa el final de una historia de luchas, sino la continuación de la misma bajo nuevas condiciones. Muy duras, probablemente. Pero precisamente la intensificación de las contradicciones que constituyen esta vibrante y muy activa región del mundo, abre al mismo tiempo las posibilidades para la masividad de un nuevo ciclo de luchas, posiblemente con nuevas modalidades, narrativas y formatos que, en su emergencia, discutan críticamente con la ya tradicional propuesta impulsada por los progresismos.

Pero lo fundamental es no olvidar que el estado de la correlación de fuerzas estará siempre determinado y atravesado por las luchas desde abajo que, dependiendo de la impronta y masividad de las mismas, puede mejorar las condiciones de disputa, la gestión común de la vida, las posibilidades de transformación social, e incluso incidir en la composición política del Estado en un período determinado.

Ante el caos, la guerra y la excepcionalidad, el principio es la comunidad, la comunalidad, la resiliencia, la reproducción de la vida y la defensa territorial. Múltiples experiencias siguen ofreciendo horizontes de actuación, de referencia: la Guardia Indígena del Cauca (Colombia), las fogatas y las guardias comunitarias en Cherán y los caracoles zapatistas (México), las Oficinas de Seguridad de los indígenas yekwana en el río Caura, la experiencia de la comuna El Maizal y los campamentos de pioneros (Venezuela), las Rondas Campesinas de Cajamarca (Perú), las resistencias contra la minería por parte de la comunidad de Intag (Ecuador), y un largo etcétera. Todas son semillas de transformación social; son referentes y planes piloto ante los tiempos de confusión y caos que crecen.
Tiempos duros se visualizan en el horizonte. Sí. Pero si hay un tiempo para incidir en el curso de los próximos acontecimientos, es éste.
Caracas, marzo de 2018
*Emiliano Teran Mantovani es sociólogo de la UCV, ecologista político y master en Economía Ecológica por la Universidad Autónoma de Barcelona. Investigador asociado al Centro de Estudios para el Desarrollo (CENDES), miembro del Observatorio de Ecología Política de Venezuela y mención honorífica del Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2015 por el libro ‘El fantasma de la Gran Venezuela’.
Notas
[2] Pardo, Daniel. Qué es la "nueva doctrina" de seguridad de Mauricio Macri y por qué genera preocupación en Argentina. BBC Mundo. 12 de febrero de 2018. Disponible en http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-43012434
[3] Telesur. Temer amenaza con militarizar otras regiones de Brasil. 28 de febrero de 2018. Disponible enhttps://www.telesurtv.net/news/temer-amenaza-con-militarizar-otras-regiones-brasil-20180228-0028.html
[5] Fundación Paz y Reconciliación. El perfil de los líderes asesinados. El Espectador. 2 de marzo de 2018. Disponible en https://colombia2020.elespectador.com/opinion/el-perfil-de-los-lideres-asesinados
[7] García, Jacobo. La OEA pide nuevas elecciones en Honduras mientras el órgano electoral hace presidente a Juan Orlando. El País. 18 de diciembre de 2017. Disponible en https://elpais.com/internacional/2017/12/18/america/1513557348_630202.html
[8] Oficina del Alto Comisionado – ONU. En Honduras las protestas por las elecciones se reprimieron con fuerza excesiva y letal - informe de la ONU. 12 de marzo de 2018. Disponible en http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22799&LangID=S
[9] EFE. JOH espera que Honduras no sea objeto de ataques terroristas. La Prensa. 28 de agosto de 2017. Disponible en http://www.laprensa.hn/honduras/1101831-410/honduras-atentados-terroristas-joh-barcelona-
[10] Brom, Diego. La militarización ya es ley en Paraguay. Página 12. Disponible en https://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-227383-2013-08-23.html
[11] Telesur. Ecuador: Declaran estado de excepción en San Lorenzo tras explosión. 27 de enero de 2018. Disponible en https://www.telesurtv.net/news/Ecuador-Declaran-estado-de-excepcion-en-San-Lorenzo-tras-explosion-20180127-0030.html
[12] Masapanta, Daisy. ECUADOR: Termina estado de excepción en Morona Santiago. CAOI. 15 de febrero de 2017. Disponible en http://www.coordinadoracaoi.org/web/extractivismo/ecuador-termina-estado-de-excepcion-en-morona-santiago/
[13] AFP. Decretan estado de excepción por minería ilegal en el sur de Ecuador. El Tiempo. 14 de septiembre de 207. Disponible en http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/decretan-estado-de-excepcion-en-ecuador-por-mineria-ilegal-130826
[14] El Comercio. Las Bambas: declaran en emergencia a 3 distritos de Apurímac para evitar actos de violencia. 16 de agosto de 2017. Disponible en https://elcomercio.pe/peru/apurimac/declaran-emergencia-3-distritos-apurimac-evitar-actos-violencia-noticia-450779
[15] El Universal. Gobierno peruano declara estado de excepción en 3 distritos por terrorismo. 11 de septiembre de 2016. Disponible en http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2016/09/11/gobierno-peruano-declara-estado-de-excepcion-en-3-distritos-por-terrorismo
[16] Constante, Soraya. Correa declara el estado de excepción por la erupción de un volcán. El País. 17 de agosto de 2015. Disponible en https://elpais.com/internacional/2015/08/15/actualidad/1439662969_985121.html
[17] Atiles-Osoria, José. Proyecto de ley del “Nuevo Gobierno de Puerto Rico”: Estado de Excepción interno y la desposesión generalizada. La Pupila. 25 de octubre de 2017. Disponible en http://lapupila.net/proyecto-de-ley-del-nuevo-gobierno-de-puerto-rico-estado-de-excepcion-interno-y-la-desposesion-generalizada/ ; Cintrón, Joel. Naomi Klein en Puerto Rico: “No es shock, es el trauma lo que se ha estado explotando”. CPI. 26 de enero de 2018. Disponible en http://periodismoinvestigativo.com/2018/01/naomi-klein-en-puerto-rico-no-es-shock-es-el-trauma-lo-que-se-ha-estado-explotando/


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III. El Estado de represión, control e inteligencia tanto progresistas como neoliberales.

PROYECTO X: INFILTRACIÓN Y ESPIONAJE CONTRA LOS LUCHADORES

Una metodología dirigida desde la Presidencia

10 MAY 2012 | Según documentos de la propia Gendarmería, el espionaje y la infiltración son prácticas habituales contra delegados y luchadores, organizaciones gremiales y estudiantiles combativas, organismos de derechos humanos y partidos de izquierda.

A seis meses de iniciada la causa contra Gendarmería por parte de los obreros de Kraft (acompañados por el PTS y varios organismos de derechos humanos) cada vez son más evidentes las mentiras del gobierno. Sobre todo de Nilda Garré, ministra de Seguridad, quien el 24 de febrero dijo en conferencia de prensa que podía “decir en condiciones absolutamente seguras que [el Proyecto X] no se utilizó nunca en intervenciones de Gendarmería en manifestaciones sociales”. Dos meses después, su propio ministerio presentó documentación que desmiente aquellas palabras.
El Protocolo de la Gendarmería Nacional Para Normar la Actuación del Personal en el Control de Manifestaciones Públicas fue entregado al juez Oyarbide el 17 de abril, luego de que éste le pidiera al Ministerio de Seguridad información sobre cómo actúa esta fuerza frente a la protesta social. Este documento (11 páginas y 4 anexos) no hace más que confirmar que Gendarmería viola la Ley de Inteligencia Interna.
Allí se afirma que, según el reglamento “contra disturbios”, se hace inteligencia previa para identificar a los dirigentes sociales. En el punto Interrupción de calles, avenidas y rutas, según la directiva 01/2009 escrita por el jefe de Gendarmería, Héctor Schenone, se afirma que se reúne información “a fin de identificar a los dirigentes o delegados y/o representantes ‘líderes’ del grupo de manifestantes tratando de documentar todo mediante tomas fotográficas, filmaciones, grabaciones, etc.” Desde ya, ese “etcétera” abarca todo tipo de operaciones, como pinchaduras de teléfonos y mails e infiltración en las organizaciones.
El documento también demuestra que Garré mintió cuando dijo que Gendarmería solo actúa a pedido de la Justicia. El texto dice que “se establece la conformación de un equipo de registro fílmico y fotográfico, cuya misión es la de captar imágenes de lo que sucede dentro de una manifestación para, eventualmente ser utilizadas, de ser necesario, ante un proceso judicial”. Es decir que Gendarmería actúa por propia iniciativa, espía y almacena datos, y después, si ve que se puede imputar de algún delito a los espiados, avisa al juez de turno y le entrega información que luego será ‘prueba’ acusatoria en procesos judiciales. La criminalización de los que luchan por sus derechos es evidente. Se pone bajo la lupa cada lucha, cada paro, huelga de hambre, estado de alerta y movilización, “delitos” que van más allá de lo estipulado por el archireaccionario Código Penal. Así se invierte el propio principio burgués de presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario. Pertenecer a una organización obrera, piquetera, una interna combativa, un partido de izquierda o un centro de estudiantes justifica la sospecha, la persecución y el espionaje (lo que se ve agravado hoy con la sancionada Ley Antiterrorista).
Los hechos escandalosos alrededor del Proyecto X no se detienen. El juez Oyarbide ordenó el peritaje a la base de datos seis meses después de recibir la denuncia judicial. Para ello se designó un perito de la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE), con lo cual el Poder Ejecutivo se peritará a sí mismo, ya que la SI depende de Presidencia y Gendarmería (fuerza predilecta de Cristina y Garré) también. Y por si fuera poco, la querella no puede observar ni determinar la calidad del perito ya que éste tiene “identidad reservada”.
Mientras tanto avanzan las causas penales armadas con el espionaje ilegal. En el caso de los luchadores de Kraft, ya se pidió la elevación a juicio contra “Poke” Hermosilla y Ramón Bogado.
En el programa de TN A Dos Voces del último miércoles, Christian Castillo compartió la mesa con Néstor Pitrola (PO), María del Carmen Verdú (CORREPI) y Vilma Ripoll (MST), representantes de organizaciones de izquierda que, junto a otras organizaciones obreras y populares, engrosan la lista de 5.000 procesados por luchar. Pitrola y Ripoll fueron procesados por apoyar la lucha de Kraft (finalmente recibieron “falta de mérito”, aunque la causa sigue contra los obreros de Kraft y PepsiCo). En la mesa los dirigentes coincidieron en la necesidad de movilizarnos en las calles para lograr la destrucción del Proyecto X y otras bases de datos en manos de fuerzas estatales o paraestatales, así como la anulación de la Ley Antiterrorista y de las causas o condenas contra los luchadores (en especial las causas armadas por Gendarmería en la histórica lucha de Kraft). Exigieron también la inmediata realización del juicio oral y público contra Pedraza y su patota por el asesinato de Mariano Ferreyra.
Temas Relacionados: Libertades Democráticas , Nacional


Fuente: http://www.pts.org.ar/Una-metodologia-dirigida-desde-la-Presidencia

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II. El Estado de represión, control e inteligencia tanto progresistas como neoliberales.

Daniel Scioli encabezó el egreso de 10.000 policías bonaerenses: "Vivimos una jornada histórica"

El gobernador fue el anfitrión este sábado de la promoción de efectivos más grande de Sudamérica, junto al ministro de Seguridad Alejandro Granados
El gobernador bonaerense, Daniel Scioli, y el ministro de Seguridad provincial,Alejandro Granados, presentaron este sábado la incorporación de 10.000 cadetes a la Policía Bonaerense. Según las autoridades, se trata de la promoción de efectivos más grande de Sudamérica.
Fuente: https://www.infobae.com/2014/11/29/1611955-daniel-scioli-encabezo-el-egreso-10000-policias-bonaerenses-vivimos-una-jornada-historica/

¿VICTORIA DE LOS DERECHOS HUMANOS?

Con Scioli aumentaron el gatillo fácil y las torturas

Un balance sobre lo hecho por el gobernador bonaerense durante los últimos ocho años confirma que las violaciones a los derechos humanos y la impunidad son norma en el sistema de “seguridad” y penitenciario provincial. Lo denuncia la Comisión Provincial por la Memoria.

Daniel Satur
@saturnetroc
Martes 28 de julio de 2015 
Los datos de la realidad enrojecen los ojos de cualquiera que se asuma “progresista”. Mientras Página/12 abandona las denuncias documentadas contra la Policía y el Servicio Penitenciario bonaerenses, al tiempo que el mismo medio presenta a Daniel Scioli como“nuestro hombre en La Habana”, en la provincia que gobierna hace ocho años el “hijo político de Menem” reinan todo tipo de violaciones a los derechos humanos.
En el territorio provincial, son marca registrada la falta de vivienda para cientos de miles de familias, el trabajo precario para la juventud y la salud y la educación de décima categoría para la población trabajadora y pobre.
Pero la cosa es más oscura si se analizan los datos sobre torturas en comisarías y cárceles, desapariciones forzadas de personas que quedan impunes y muertes por supuestos “suicidios” o “enfrentamientos” entre uniformados armados hasta los dientes y víctimas que mueren sin haber disparado ningún tiro.

Un "sistema de la crueldad" para la victoria

Aún no se sabe si Daniel Scioli será el próximo presidente de la Nación. Pero sí está claro que el 10 de diciembre concluirán sus ocho años al frente de la gobernación bonaerense. Y un balance necesario es aquel que muestra el rostro quizás más perverso de la gestión de quien hoy habla de “victorias” por doquier como continuador del proyecto kirchnerista.
“La gestión actual finaliza demostrando que (…) [se ha] agravado la violación de derechos”. “La política criminal impulsada por el gobierno de la Provincia ha desencadenado una situación de grave crisis en materia de derechos humanos”. “La mayor tasa de encarcelamiento de la historia de la Provincia, que ha implicado una agudización del hacinamiento en cárceles y comisarías, y un agravamiento en la situación estructural, ya existente, de vulneración masiva y sistemática de los derechos de las personas detenidas”. “También ha aumentado considerablemente el ejercicio de la violencia policial no sólo en prácticas sistemáticas de tortura y detenciones arbitrarias sino también en el uso letal de la fuerza”. “Esta violencia cotidiana (…) crea condiciones de posibilidad de hechos aun más graves como torturas o ejecuciones sumarias, más conocidas como ’gatillo fácil’.”
Mientras ese cuadro se reproduce, “no ha habido ninguna propuesta consistente ni efectiva para los mercados ilegales de drogas, autopartes, arma, trata de personas, que son los que organizan el delito en toda su complejidad”. A su vez es regla “la impunidad de los delitos cometidos por las fuerzas de seguridad, que constituyen graves violaciones a los derechos humanos”, existiendo “escasísimas condenas por torturas o apremios ilegales, a pesar de los miles de casos que acontecen cotidianamente”. Así se sigue dando vía libre a represores de uniforme para que utilicen “la tortura y la muerte como herramienta de control”.
De forma complementaria, “el gobierno es incapaz de mostrar información certera y confiable que dé cuenta de forma fehaciente de que estamos ante una grave crisis en materia de seguridad. Se basa en percepciones sociales, construcciones mediáticas que se afianzan en el discurso belicista que el propio Estado despliega”. Lo que demuestra que hay “una estrategia de gobierno del conflicto social que se despliega en el territorio militarizándolo, aumentando los dispositivos de vigilancia, captando más personas para el sistema penal y desplegando distintas violencias tanto afuera como adentro del encierro. A esta modalidad de gobierno la hemos llamado el ’sistema de la crueldad’.”

La única verdad es la realidad

Esas afirmaciones entrecomilladas no pertenecen a Nicolás del Caño, ni a Myriam Bregman, ni a Christian Castillo ni a ningún otro candidato del Frente de Izquierda. Y aunque esos dirigentes puedan suscribir cada palabra, esas frases textuales son parte de las conclusiones a las que arribó la Comisión Provincial por la Memoria y que fueron vertidas en su Informe Anual 2015 publicado a finales de junio.
Quienes están al frente de la CPM, como Adolfo Pérez Esquivel, la monja Martha Pelloni o Víctor De Gennaro, no podrían ser tildados de “trotskistas”. Será por eso que sus informes y denuncias son ninguneados por la militancia kirchnerista, que al no hallar chicanas ni latiguillos de ocación para desvalorizados (como lo hacen macartistamente con los “zurdos que le hacen el juego a la derecha”) prefiere mirar para otro lado y hacerle la campaña a Scioli. Es que resulta imposible refutar la realidad que la CPM documenta.
Las prácticas represivas que derivan en torturas, desapariciones y muertes a manos de policías o penitenciarios, con la consiguiente impunidad garantizada por funcionarios judiciales y políticos, se extienden de norte a sur y de este a oeste de la Provincia de Buenos Aires. La provincia que Daniel Scioli, Gabriel Mariotto, Alejandro Granados, Ricardo Casal y las decenas de los Barones de las intendencias gobiernan desde hace años. En algunas ciudades podrá haber menos casos, en otras el odio popular a los asesinos decantará en mayor desprestigio institucional, pero la lógica es una sola y así queda demostrado pese al discurso edulcorado de las autoridades.

La muerte como regla

A través de inspecciones en barrios, comisarías y cárceles, encuestas a centenares de jóvenes pobres y testimonios directos de las víctimas, la comisión arriba a conclusiones lapidarias. En el informe, como muestras contundentes, se presentan algunos casos que estremecen y a la vez dan por tierra con cualquier justificación oficial.
Algunos datos configuran el mapa de terror. Hoy la población encerrada en cárceles y comisarías de la Provincia es de casi 35.000 personas, un récord histórico (cuando Scioli asumió en 2008 eran 27.840). De ese total, casi 2.200 personas están alojadas en comisarías, ocupando unos 1060 camastros inhumanos. La sobrepoblación carcelaria tiene picos alarmantes, como en la Departamental La Matanza donde supera el 600 % o como en Lomas de Zamora, con un porcentaje incluso mayor.
En ese marco, morir encerrado o bajo control de uniformados no sólo es posible, sino que es más que probable. Entre 2013 y 2014 murieron al menos 286 personas bajo custodia del Servicio Penitenciario Bonaerense y al menos 18 en comisarías. A su vez la policía bonaerense informó que al menos 111 personas fueron “abatidas en enfrentamientos” entre abril y octubre de 2014.
Esa misma lógica de desprecio por la vida se reproduce en los neuropsiquiátricos: sólo en el Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero murieron 133 internos entre febrero del 2012 y febrero de 2014.
Esas muertes (que son un subregistro) se produjeron por acción u omisión del Estado. Algunas ejecusiones las realizaron agentes estatales cumpliendo funciones, otras las sufrieron personas bajo custodia o “protección” del Estado. Entre 2013 y 2014 el Registro Nacional de Casos de Torturas o Malos Tratos contabilizó 4.987 hechos de torturas padecidas por 1.136 personas en la Provincia de Buenos Aires.
Un dato político ayuda a entender estos números. “La declaración de la emergencia en seguridad, vía decreto en abril de 2014, fue la herramienta normativa que activó una aceleración profunda en el deterioro de la situación de los derechos humanos en la Provincia, producida por las fuerzas de seguridad, penitenciarias y policiales”, afirma la CPM.
A estos datos se puede agregar que la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), que registra desde hace décadas los casos de gatillo fácil y asesinatos en lugares de encierro, al presentar su informe 2014 contabilizaba 185 muertes en todo el país durante los primeros diez meses del año, lo que proyectado daría un registro anual de más de 200 casos. El 45% de esas muertes fue en la Provincia de Buenos Aires. Es decir que el año pasado al menos un centenar de muertes por gatillo fácil o en lugares de encierro se produjeron bajo la tutela política de Daniel Scioli y Alejandro Granados.
Por su parte el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que preside Horacio Verbitsky, constató que a nivel nacional “2014 fue el año con más muertes ocasionadas por las fuerzas federales desde el año 2003”, es decir desde que asumió la presidencia Néstor Kirchner. Y que, justamente, esa evolución histórica se evidencia sobre todo en la Región Metropolitana de Buenos Aires, gobernada en gran parte de su extensión por Daniel Scioli y por los Barones del conurbano. El CELS afirma que entre 2003 y 2014 hubo en la región 1223 muertes de civiles a manos de uniformados (policías, gendarmes, prefectos, penitenciarios o militares), y que las 154 muertes del año pasado representan un crecimiento importante respecto a los años anteriores. Vale aclarar que muchos de estos números son registrados por organismos de derechos humanos no estatales, ya que las cifras oficiales brillan por su ausencia.

Herencia menemista

La Comisión por la Memoria concluye en que “hoy tenemos indicadores que miden la acción punitiva del Estado similares a los niveles de los años 2001-2002, cuando la crisis social campeaba las calles y los indicadores sociales de pobreza y desocupación alcanzaban los récords históricos”. Los años, ni más ni menos, de gobernación de Carlos “meta bala” Ruckauf y de Felipe Solá.
Todo lo anterior es parte de políticas reproducidas a nivel nacional. Según las mismas definiciones de la CPM, esas políticas “comienzan a corroer al menos en términos simbólicos la clara demarcación entre seguridad interior y seguridad exterior que constituyó uno de los grandes consensos construidos en los años iniciales de la transición democrática por un amplio espectro político y social”. Casi como respondiéndole a la maniobra de Cristina Fernández para “reconciliar” a la sociedad con las Fuerzas Armadas (plagadas aún de genocidas y represores), la comisión plantea que “preocupa la habilitación de tareas, fronteras adentro, del Ejército nacional”.
En este artículo se optó por no presentar los casos emblemáticos que cita el informe de la CPM. No sólo porque son muchos sino porque pueden verse en extenso en el informe que linkeamos más arriba. Lo que sí se debe remarcar es que cuando se habla de torturas, desapariciones y muertes se encuentran porcentajes altísimos de víctimas jóvenes y pobres. Desde niños en situación de calle hasta activistas ecologistas, desde jóvenes que se niegan a robar para la policía hasta presos sin condena que mueren supuestamente “ahorcados” en sus celdas. Desde chicas robadas para ser prostituidas por empresarios y comisarios hasta familias enteras desalojadas con gases y balas de predios ocupados para exigir vivienda.
La provincia que Scioli quiere mostrar como ejemplo de su gestión, buscando convencer al país de que ese “modelo” puede reproducirlo a nivel nacional, tiene este costado atroz de criminalización, represión e impunidad. Es una provincia en la que los magnates del gran delito organizado pueden actuar sin preocupaciones, asociados con los estamentos más variados de un Estado preocupado centralmente en llenar las cárceles de pobres y las calles de patrulleros.
Es el “modelo” en el que 9 de cada 10 presos fueron encarcelados sin orden judicial previa (agarrados por la policía en la calle); en el que más de la mitad de esos detenidos esperan durante años un juicio que diga si son culpables o inocentes; en el que esas personas viven hacinadas en celdas con agua contaminada, sin condiciones mínimas de salud e higiene y hasta encerradas en habitáculos de dos por dos durante días; en el que la policía y el servicio penitenciario garantizan y gerencian el narcotráfico, la trata de personas, el juego clandestino, los desarmaderos de autos y la prostitución.
Contra ese modelo peleó durante el último año y medio Christian Castillo en la Legislatura Bonaerense. El diputado del PTS y el Frente de Izquierda se opuso tenazmente a cuanto proyecto de ley presentó el sciolismo en pos de aumentar la criminalización y la represión. Y a su vez presentó decenas de proyectos que buscaron poner un freno a la avanzada reaccionaria. Fue él quien se opuso a la formación de las policías locales (el "chiche nuevo" de Scioli y Granados) y el único diputado de toda la Cámara que votó en contra del presupuesto 2015. Presupuesto, vale recordar, que mientras aumentó un 28% la partida de educación y un 31% las de salud y desarrollo social, lo hizo en un 66% para “seguridad”, es decir para más poder de fuego y personal de la Bonaerense. Pero esa pelea fue dada en soledad, sin contar siquiera con el apoyo de quienes desde el kirchnerismo se presentan como defensores de los derechos humanos.
Queda demostrado que cuando las candidatas y los candidatos del Frente de Izquierda como Myriam Bregman, Alejandrina Barry, María Victoria Moyano, Carla Lacorte,Edgardo Moyano y demás integrantes del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos levantan la voz para denunciar al Estado represor del pueblo trabajador, no se equivocan.
Tanto Daniel Scioli como Mauricio Macri y Sergio Massa comparten un proyecto criminalizador y disciplinador hacia las masas populares. Control y domesticación, sería el plan de consenso. Mal que les pese a muchos kirchneristas que intentan ver en Carlos Zanini y algunos candidatos a diputados el contrapeso “progre” al conservador y derechoso gobernador bonaerense, lo que no se puede desonocer es que si Scioli llega a la Casa Rosada lo hará con su “balance de gestión” de ocho años gobernando desde La Plata. Y eso, más que un sapo a tragar, puede convertirse en un factor determinante de complicidades y acompañamiento a un giro aún más conservador y represivo protagonizado por el PJ.


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I. El Estado de represión, control e inteligencia tanto progresistas como neoliberales.

LOS SEIS DIRIGENTES CAMPESINOS PARAGUAYOS CUMPLEN DIEZ AÑOS DE PRISIÓN- EN 2008 FUERON EXTRADITADOS POR LA ARGENTINA CUYOS GOBERNANTES LES HABÍAN PROMETIDO “REFUGIO POLÍTICO”

“En vez de refugio nos dieron cárcel”.

 

 Por Llella de Misiones (desde Asunción)



Por Llella de Misiones (desde Asunción)
(APL) Hoy 2 de mayo los seis dirigentes campesinos paraguayos, que llegaron a la Argentina en busca de refugio político, en 2006, dada la persecución que sufrían en su país, cumplen diez años en prisión. La justicia argentina dictó su extradición al Paraguay a pesar de las numerosas pruebas del ensañamiento político que sufrían en su país. Poco después la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner les negó definitivamente el refugio político que habían solicitado ante el Comité de Elegibilidad Para los Refugiados (CEPaRe), quebrando una larga tradición de amparo a perseguidos políticos. Desde entonces, en la Argentina todo luchador que busque refugio es un extraditable. Los seis líderes campesinos permanecen en el encierro de Tacumbú, una de las mazmorras stronistas, porque si bien el genocida Alfredo Stroessner murió tras 35 años de dictadura, sus nefastas políticas y su “justicia” siguen vivas, en la oligarquía que lo parió y su Partido Colorado que perpetúa el el despojo, el sometimiento, el garrote y las rejas contra el pueblo más pobre y los luchadores en rebeldía. ¡Libertad a Agustín Acosta, Basiliano Cardozo, Siemón Bordón, Arístides Vera, Gustavo Lezcano y Roque Roque Rodríguez!

“En vez de refugio nos dieron cárcel”. Así sintetiza Agustín Acosta la experiencia de los seis en Argentina en la última entrevista realizada en el penal de Tacumbú.
Los seis dirigentes, de los cuales cinco pertenecían al partido Patria Libre, fueron involucrados por la Fiscalía Antisecuestro en el caso del secuestro y muerte de Cecilia Cubas, hecho ocurrido en el año 2004.
La continua arbitrariedad de la Fiscalía, cuyo accionar se enmarcaba en una campaña política de abierta persecución y demonización del Partido Patria Libre Paraguay, los llevó a solicitar refugio político en Argentina a donde concurrieron en abril de 2006 luego de una recomendación expresa del embajador argentino en Asunción, Rafael Romá.
Toda la estructuración de la acusación de la Fiscalía se basa únicamente en el testimonio del informante policial Dionisio Olazar, sin que se hayan encontrado pruebas que permitan vincular a los campesinos con los hechos descriptos en la causa. Las versiones del testigo principal del caso fueron variando de acuerdo a la necesidad de la Fiscalía, acompañada por la querella, de involucrar a mayor cantidad de personas en el caso.
En primer momento los seis fueron imputados por “Omisión de aviso de hecho punible”, es decir, se les atribuía haber sabido acerca del hecho y no haberlo denunciado. El Juez de la causa siempre consideró no tener elementos para procesarlos, sin embargo, la Fiscalía y la querella lograron su imputación por parte del Tribunal de Alzada. Poco después lograron, ante el desacuerdo del juez, cambiar arbitrariamente la carátula y acusarlos, sin agregar pruebas que lo fundamenten, de “Homicidio Doloso, Secuestro y Asociación Criminal”. Este hecho decidió a los campesinos a salir del país y dirigirse a Argentina.
Sin embargo, a pocos días de encontrarse en Argentina fueron citados para el día 2 de mayo a las oficinas del entonces Comité de Elegibilidad Para los Refugiados (CEPaRe) y detenidos dentro del recinto por la Interpol.
Los campesinos ignoraban que el día 26 de abril el entonces canciller Taiana ya le había asegurado a la canciller paraguaya Leila Rachid que los campesinos serían entregados a su país.
En esos días también había tenido lugar una reunión clave para el caso: la madre de Cecilia Cubas, la ex primera dama del Paraguay y actual senadora colorada Mirtha Gusinky había concurrido al despacho del entonces ministro del Interior, Aníbal Fernández acompañada por Juan Carlos Blumberg. En la reunión el ministro se comprometió a colaborar para lograr la entrega de los seis dirigentes al Paraguay.
Blumberg ya había acompañado en junio de 2005 a Fernández a Paraguay a un encuentro de ministros del Interior del Mercosur y asociados (Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela) en el que se firmó un convenio para “prevenir y reprimir el secuestro de personas”.
Prisión en Argentina:
Luego de ser apresados en la oficina del CEPaRE los seis dirigentes paraguayos permanecieron más de dos años y medio en prisión en Argentina.
Durante su estadía estuvieron rodeados de la solidaridad de gran cantidad de organizaciones y personalidades del país y del extranjero, que comprendían la politicidad de la causa judicial y solicitaban que se les otorgue el refugio y se rechace el pedido de extradición.
A pesar de la campaña a su favor, la Corte Suprema de Justicia decidió convalidar la resolución del juez Lijo de otorgar la extradición argumentando que el Paraguay es un país democrático, y rehusando verificar los argumentos de la defensa acerca de la persecución política de la que los dirigentes eran objeto en su país. Asimismo, la Corte hizo suyos los criterios recomendados por el entonces Procurador General de la Nación Santiago González Warcalde, quien concluía que los dirigentes no se encontraban involucrados en un caso político porque no habían reivindicado el crimen del que se los acusaba; y que en cuanto a la falta de garantías judiciales que denunciaban existían en Paraguay mecanismos legales nacionales y supranacionales para remediar las arbitrariedades que pudieran cometerse en un juicio en su contra.
Los años demostrarían la falsedad de estos supuestos.
Ya denegado el refugio político por parte del CEPaRe el último recurso posible para evitar el cumplimiento de la extradición era que la misma Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, conceda el refugio. Contrariando el proclamado carácter del gobierno nacional como “gobierno de los derechos humanos”, Cristina Fernández les negó el refugio en octubre de 2008. En diciembre del mismo año se procedió a la deportación de los seis dirigentes al Paraguay.
Cárcel, proceso y juicio en Paraguay: todas las arbitrariedades posibles
Para confirmar y reconfirmar la politicidad de la causa contra los seis dirigentes, la justicia paraguaya no cumplió en forma con ninguna etapa del debido proceso. Una vez llegados los campesinos extraditados debía realizar la Audiencia Preliminar en un mes: tardó más de diez meses, lo cual es motivo de nulidad del proceso, que siguió adelante.
Una vez concluida la Audiencia Preliminar, donde se determinan las pruebas que se utilizarán en el juicio oral, el mismo debía comenzar en un mes más: tardaron más de dos años, lo cual también es motivo de nulidad pero el proceso continuó. Durante esa demora, la Fiscalía incorporó a otro acusado y nuevas pruebas a la causa, procedimiento absolutamente ilegal que fue convalidado por el Tribunal. Sin embargo, cuando el testigo estrella de la Fiscalía salió en un programa de televisión dando declaraciones absolutamente contradictorias con sus dichos en sede judicial acerca del secuestro y muerte de Cecilia Cubas, la defensa solicitó la inclusión del material como pruebas de descargo. El tribunal denegó el pedido argumentando que las pruebas deben ser incluidas antes de la realización de la Audiencia Preliminar.
Poco después, cuando los detenidos cumplieron cuatro años en prisión, la defensa solicitó el levantamiento de la prisión preventiva por haberse cumplido el tiempo límite: se la denegaron argumentando que no llevaban ese tiempo detenidos, dado que en Argentina no habían estado en prisión sino en “pensiones y hoteles”, criterio que mantiene hasta el día de hoy ante diferentes pedidos.
Con ese nivel de abuso y arbitrariedad judicial se realizó el juicio oral entre febrero y julio del año 2012, en el cual los dirigentes fueron sentenciados a 35 años de prisión sin una sola prueba en su contra.
En el año 2014 la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay presentó un informe acerca de las violaciones procesales cometidas en el caso, enumerando violaciones a al menos 42 artículos del Código Procesal Paraguay, la Constitución Nacional y tratados internacionales.
A lo largo de los años la Justicia paraguaya sigue manteniendo a los seis en prisión de la cual cumplen ahora diez años sin sentencia firme.
Algunas reflexiones diez años después:
“...Decimos que las instituciones de los Estados dentro del sistema capitalista realmente no brindan garantías a las personas que luchan, que tienen un sueño distinto al sistema vigente a nivel mundial. Ese es el mensaje que podemos dar desde acá, desde la cárcel de Tacumbú a 10 años de esa terrible situación que nos tocó vivir…” expresa Agustín Acosta sobre la conducta del gobierno argentino en su caso.
Arístides Vera reflexiona sobre la politicidad de su prisión y afirma: “...Nosotros hemos sostenido desde un principio que la causa siempre fue política y siempre fue por una causa de lucha. Y hace diez o más años ya nosotros hemos tenido esa reflexión y esa capacidad de entender por lo menos a qué nos exponíamos, cuál era la consecuencia de un luchador político, particularmente en nuestro país (...) nosotros hemos tenido la osadía de abrazar esas luchas históricas y somos producto de alguna manera de esos grandes padres que tuvimos. Entonces a partir de ahi nos dieron la claridad de que nuestra causa es política, pues nuestra lucha es política y por lo tanto la consecuencia debe ser política. Y particularmente la Justicia entre comillas paraguaya que siempre se ha implementado contra los luchadores políticos siempre fue atroz, despiadada, violenta, hasta asesina…”
Agustín Acosta señala que el eje de la persecución política contra ellos fue de carácter colectivo: “... por decisiones tomadas en términos políticos se fueron dando paso por paso, la persecución hacia nosotros, no como individuos sino como colectivo, como organización, porque acusaban a un partido. Estamos hablando de un partido de izquierda, partido Patria Libre, al cual se le acusa (…) La idea central de todo esto es desarticular al Partido Patria Libre y todas las organizaciones que se planteen realmente luchar por una nueva sociedad en Paraguay (…) ¿Por qué nos meten presos a nosotros? ¿Por qué nos condenan? Para que no se reactive, que no se recupere, se reorganice Patria Libre…”
Además remarca que como parte de la politicidad de la causa, su condena no fue decidida por el Poder Judicial: “...no lo decidieron los jueces, lo decidieron los políticos del Partido Colorado y los que estaban en el poder…para eso alquilaron el Poder Judicial esta familia, para condenarnos…”
Sin arrepentimiento, con la moral muy alta se muestran los presos de este caso en el indescriptible penal de Tacumbú.
“...no estamos arrepentidos, yo particularmente no estoy arrepentido, no pedí piedad ni al juez ni al sistema, a nadie; en primer lugar porque estoy convencido de que la lucha fue por una causa justa, es de ahí que yo no me considero un delincuente, no me considero que cometí delito alguno, pues si luchar por una causa justa, por una sociedad diferente, soñar con una sociedad igualitaria de hombres y mujeres libres, si eso es un pecado, un delito, pues si soy un delincuente porque sueño hasta ahora, hasta ahora soñamos con mis compañeros todos los días que pasan que sí es posible una sociedad diferente y eso hace no solamente diez años, desde que tuve uso de razón de entender qué significa una sociedad igual y una sociedad desigual empecé a pensar que sí tiene que existir otro tipo de sociedad. No puede ser que un campesino no tenga un pedazo de tierra, diez metros, y que ahí al lado tenga unas 35 mil hectáreas y que haya estamentos religiosos que pregonan que `es tu hermano´. No puede ser que un hermano tuyo tenga 10 mil, 50 mil hectáreas y que al lado suyo uno no tengan un pedazo de tierra. Es ahí que yo, por mis principios cristianos empecé a pensar: ¿cómo puede ser que un papá tenga un hijo que puede tener todo y el otro no tiene nada? Esos fueron por lo menos mis primeros pasos de rebeldía, de pensar diferente, que sí existe un tipo de sociedad diferente. Y fue ese mi delito, mi causa, mi falta, y de eso hace 10 años que estoy preso ahora…”
En el mismo sentido asegura Agustín Acosta: “no nos han vencido como ellos creen por el hecho de que nos hayan condenados a 35 años no significa una derrota para nosotros. Por el contrario, nos han fortalecido en nuestras posiciones y nos vuelven mucho más libres en nuestra posición. Es necesario que este país cambie las relaciones sociales de producción y nosotros seguimos sosteniendo eso (…) nosotros seguimos denunciándoles a la narco oligarquía paraguaya que sigue dominando este país impunemente, descaradamente siguen robando los sueños de miles de niños de este país y nosotros seguimos sosteniendo eso. Y eso nos ha ido acercando a muchas organizaciones, muchas personas, y seguimos sosteniendo y seguiremos sosteniendo eso firmemente. No nos han vencido ni nos vencerán con la cárcel y ese mensaje también le damos al pueblo y a todos, el pueblo paraguayo y de América Latina, de que no se le vence a una persona convencida de sus principios ideológicos con la cárcel ni con la persecución. No sirven, no se lo vence al pueblo con esto porque la historia de seguro nos colocará en algún sitio. Nosotros estamos formando parte de nuestra historia, de nuestro pueblo, el pueblo de América Latina diciéndoles a todos que se sumen a la lucha, no dejen de luchar por sus ideales. A todos los jóvenes llamamos a que no se dejen llevar por las ideas capitalistas que oprimen. que reprimen y que matan a miles de ciudadanos en todo el continente le decimos fuerza a todos, luchen, luchen, no abandonen el camino que nos conduce a la revolución…”

 Fuente: https://agenciaparalalibertad.org/article/en-vez-de-refugio-nos-dieron-carcel/

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