A recordar

10 de noviembre de 2019

IV. Balance crítico a progresismos para romper la conciliación con grandes capitales locales e imperialistas

Buenas Prácticas Agrícolas (BPA): O como maquillar 

un genocidio

4 noviembre 2019

 

Por Multisectorial Paren de Fumigarnos – Santa Fe 

En los últimos 20 años, la cantidad de agrotóxicos arrojados en la parte más poblada de la Argentina, aumentó en más del 1000 % pasando ya cómodamente los 500 millones de litros anuales. La resistencia de las malezas aumenta, las inundaciones se hacen cíclicas y el cambio climático se hace sentir. La deforestación y la pérdida de biodiversidad son incesantes. Todo inherente y consecuencia de este modelo agrícola químico dependiente, inventado por las corporaciones y avalado por todos los gobiernos de turno.

Los 39 campamentos sanitarios implementados por la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR como práctica final para que los alumnos se reciban de médicos, nos informan permanentemente del crecimiento de las enfermedades en pueblos de 4 provincias, que duplican o triplican los índices medios nacionales, y que solo tienen en común el modelo agroindustrial y las fumigaciones con agrotóxicos. 
Los estudios de ingenieros como Marcos Tomasoni, son claros con respecto a las fumigaciones: hay varios tipos de derivas y son incontrolables. No en vano el Conicet encontró atrazina y endozulfan en el aire de la Antártida.
El modelo transgénico, casi un monocultivo, destruyó la diversidad productiva y el monte nativo, expulsando en las últimas décadas por hambre y necesidad a varios millones de habitantes, a los arrabales de las ciudades a sobrevivir en la jungla de cemento. Actualmente, con la tecnología disponible, con un trabajador se atienden laboralmente 500 has y según estudios del INTA de Marcos Juárez, el monte nativo absorbe por hora 300ml de agua de lluvia y un cultivo de soja transgénica, fumigado e impermeabilizado por estas sustancias, solo 30 ml por hora.
De los químicos utilizados en estas prácticas agrícolas industriales, el glifosato (+ de 300 millones de litros anuales aprox.) es la estrella máxima, pero la ciencia y la OMS, a través del IARC nos hablan claramente de su toxicidad: son productos categorizados como probables cancerigenos. Ademas, estos venenos son teratogénicos (afectan al embrión en su desarrollo pudiendo causar malformaciones congénitas) y disruptores endocrinos (afectan al sistema hormonal y producen daños irreversibles).
Este breve resumen, no puede expresar o visibilizar la desesperación de los enfermos ni el dolor por los fallecidos. Pero pretende ser claro, sin ambigüedades. Las buenas prácticas agrícolas son un intento a algo parecido a humanizar la guerra a través de pactos internacionales, que de paso nadie cumple. En la guerra las armas matan, en este modelo los tóxicos intoxican y a la larga matan. No se debe humanizar la guerra: no debe haber guerra. No debe haber un modelo que envenena, debe haber uno que respete la vida.
No hay forma de evitar los efectos de este modelo. Solo cambiarlo por otro que sea amigable con la naturaleza y con la vida. Las Buenas Prácticas Agropecuarias o Agrícolas no son una respuesta a todas las agresiones de este modelo. Son solo una estrategia de las corporaciones agroindustriales con la complicidad de los gobiernos, para lograr consenso social, confundir a la población y seguir ganando dinero para un sector concentrado del capital agroindustrial, financiero y especulador, en detrimento de la salud y el bienestar de un pueblo.
¡No maquillemos este genocidio silencioso de personas y especies naturales - transformemos este modelo en uno agroecológico!
¡En Santa Fe y en DEFENSA PROPIA, queremos leyes que nos protejan, en el camino al cambio de modelo!
Que se traten y aprueben nuestros proyectos de:
*MODIFICACIÓN DE LA LEY N.º 11273 (mal llamada de fitosanitarios).
* LEY DE SILOS.
*LEY de FOMENTO DE LA AGROECOLOGÍA.
Basta es basta
¡Gobierne quien gobierne, la salud no se negocia!
Santa Fe, 4 de noviembre de 2019.
MULTISECTORIAL PAREN DE FUMIGARNOS
Contactos:
Daniel Romano – 3416258581
Mauricio Cornaglia - 3413575363
Luciana Luraschi – 3464447285
Patricio Acuña – 3498426153
Valeria Morera - 3415826356
Carlos A. Manessi – 3426145532 

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Cuestión de todxs

Buenas Prácticas….

¿para el agronegocio?

17 de octubre de 2019

Durante el día miércoles 16, la Legislatura de Córdoba le dio carácter de Ley a lo que era el Programa de Buenas Prácticas Agrícolas. Distintas voces vienen expresándose respecto a esta iniciativa que, como acostumbra a suceder cuando de cuestiones ambientales se trata, desconoció la participación ciudadana en el debate referido al tema. En esta nota retomamos algunas de las expresiones que se suman a gritar por un reclamo popular: ¡paren de fumigarnos! ¡la única buena práctica es no usar agrotóxicos!
Darío Ávila, abogado ambientalista había informado el pasado martes 15, es decir un día antes de que la Legislatura cordobesa definiera como ley al proyecto sobre Buenas Prácticas Agropecuarias (BPAs), que habían presentado una petición formal al Presidente Provisional de la Legislatura para que la suspensión, prórroga o exclusión del orden del día al tratamiento de este proyecto del Gobierno de Córdoba, abordado a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería.
El principal motivo de esta solicitud, tal como lo describe Ávila en una publicación en sus redes sociales, se fundaba en el hecho de que no se había habilitado la instancia de “participación ciudadana” y por tanto el reclamo consiste en que puedan intervenir con sus voces y experiencias en el debate de este proyecto, aquellxs actorxs sociales involucradxs, damnificadxs o afectadxs, universidades públicas, agrónomxs, investigadorxs, biólogxs, asambleas de vecinxs, ONG, entre otros. Desde el Ministerio señalado aseguraban que el propósito es ofrecer un marco legal que respalde esta iniciativa sin precedentes en Argentina y que será “de vanguardia en todo el territorio nacional e internacional”.  Pero, una vez más, el gobierno pasó por alto los reclamos populares.
El Programa de BPAs ya existe en Córdoba desde hace dos años, productorxs y empresarixs inscriptxs (recordamos que tiene carácter voluntario), reciben un beneficio económico por hacer “bien las cosas”. En su artículo n° 2 el proyecto de ley se expresa en las intenciones de “generar un cambio cultural en el sistema productivo”. Desde las organizaciones, vecinxs autoconvocados, asambleas ambientalistas y abogados especialistas en la temática, sostienen que el modelo no hará otra cosa que seguir perpetuando al agronegocio, poniendo en riesgo la salud y vida de las personas en mano de las fumigaciones.
Darío Ávila expresó a través de una publicación que, con esta ley se legaliza el sistema de envenenamiento masivo, cuestionado en todo el mundo.
Desde la Multisectorial contra la ley Monsanto Bayer, expresaron su enérgico rechazo ante esta propuesta, justificándose en una postura que advierte de la necesidad de transformación del modelo agroalimentario, entendiendo que la agricultura debe alejarse de las premisas del agronegocio y su imposición de transgénicos y agrotóxicos. Uno de los primeros puntos en su repudio, recae en lo mencionado anteriormente, el proyecto se trató a puertas cerradas, sin la participación de todxs lxs ciudadanxs y espacios que podrían haber aportado su opinión al respecto.Desde este espacio, afirman que lo que se aprobó consolida el modelo agroindustrial avalado por las corporaciones, ya que considera que el uso racional de los agrotóxicos garantiza la sostenibilidad ambiental.
Al respecto, sostienen que distintos Organismos de Derechos Humanos vienen manifestando la necesidad de revisar el sistema de agricultura dominante en Argentina e iniciar un proceso de transformación real en donde se prioricen los derechos humanos, por sobre los intereses económicos del agronegocio. “Su aprobación implica consentir el uso de agrotóxicos y transgénicos, desconociendo todos los efectos perjudiciales que han ocasionado y siguen ocasionando a la salud, al ambiente y la diversidad biológica y genética”, aseguran en su pronunciamiento. Y agregan: “No existe buena práctica agrícola alguna que conlleve el uso de cultivos transgénicos y agrotóxicos”.
Por otra parte, un vecino de Dique Chico alzó su voz con una explicación cuando se encontraban fuera de la Legislatura en repudio de este proyecto. Este material fue difundido por la Asamblea en Defensa del Ambiente Córdoba Capital. En este relato, el vecino manifiesta que dicen presente en la Legislatura para repudiar este proyecto, “la ley de Buenas Prácticas Agrícolas, es decir, pasar el programa que tenía la provincia, la cual permitía a los productores agropecuarios aplicar a través de fumigaciones, tanto terrestres como áreas, productos de clase 3, 4, como son el glifosato, la atrazina, el 2,4 D, entre otros herbicidas a 0 metros de las casas”, afirma.
“En este momento quieren hacer ley esas recomendaciones que hace el agronegocio a la producción agrícola, es decir, establecer como ley que te puedan fumigar a 0 metros de tu casa, con productos como el glifosato entre otros herbicidas”, refiere.
Ante la pregunta acerca de cómo influye esto en las localidades, el vecino de Dique Chico, indica que no influye en tanto siga vigente la ley de fitosanitario, “no influye en las zonas de resguardo y en las resoluciones u ordenanzas que tienen las comunas y pueblos hacia el tejido que tiene cada uno”, responde. Agrega que, de cualquier manera, el proyecto “legitima más las buenas prácticas agrícolas, transformándolas en ley, van a ser política de Estado, con sus presupuestos, habilitar estas prácticas que ellos la llaman buenas y que nosotros decimos que no existen las buenas practicas agrícolas, existen las producciones con agrotóxicos y sin agrotóxicos”.
Para acceder al debate completo: (…) Leer
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¿Buenas Prácticas Agrícolas 

para todos y todas?

Durante años, las corporaciones sostuvieron la inocuidad de los agrotóxicos para la salud y el ambiente. Con esa mentira hecha añicos, las empresas sacaron de la galera el discurso de las llamadas “buenas prácticas agrícolas”. Con ellas, un modelo que contamina y enferma se lava la cara y consolida su hegemonía transformado en política pública. Pero esta política marco debe bajar a cada territorio y encontrar allí su encarnadura concreta.

Por Huerquen
Hasta no hace mucho palabras como “agrotóxicos” no figuraban en el vocabulario de la enorme mayoría de la población de las grande ciudades o incluso en los pueblos de las zonas agrícolas del interior de la Argentina. Fue a partir de las denuncias y la lucha de pequeños grupos de vecinos aquí y allá que consiguieron instalarlas en boca de todos, vinculando el uso masivo de estos venenos en la producción agroindustrial y la explosión de determinadas enfermedades: cáncer, tiroidismos , asmas y problemas respiratorios, nacimientos con malformaciones y pérdida de embarazos, entre otros.
Según la reconstrucción de Naturaleza de Derechos (porque no hay datos oficiales), hoy en nuestro país se liberan al ambiente cerca de 500 millones de litros de agrotóxicos por año. Glifosato, Atrazina, 2,4-d, Cipermetrina, Paraquat, Glufosinato de amonio, Clorpirifos… son cientos de principios activos en miles de formulados comerciales; muchos de los cuales están prohibidos en otros países y han sido clasificados como altamente peligrosos. Moléculas que el SENASA aprueba para su venta con criterios fuertemente cuestionados, y sobre cuyo comportamiento en el ambiente una vez liberadas o sus sinergias con otras moléculas, sabemos muy poco o absolutamente nada.
Los agrotóxicos están en la base de la agroindustria transgénica y durante años las corporaciones que desarrollaron y alentaron este “paquete tecnológico” sostuvieron su inocuidad para la salud y el ambiente.
Mientras aquí se comparaba al glifosato, el herbicida de mayor uso en nuestro país, con “agua con sal” o se decía que eran “tan cancerígeno como el mate” el IARC-OMS determinó que era “probablemente cancerígeno para humanos, cancerígeno en animales y genotóxico”. Los llamados Monsanto Papers vienen a demostrar que las empresas siempre supieron sobre su toxicidad y el peligro que acarreaba su liberación para las poblaciones expuestas, y hoy enfrentan juicios multimillonarios por los daños a la salud de decenas de miles de personas en las potencias globales, entre un universo que abarca a millones en todo el mundo.

Con la mentira de la inocuidad hecha añicos, las empresas sacaron de la galera el discurso de las llamadas “buenas prácticas agrícolas” (BPAs), buscando desembarazarse de responsabilidades y endilgándoselas a los productores. Con este nuevo mantra del marketing corporativo desataron una nueva ofensiva para deslegitimar la voz de las comunidades afectadas y desarmar las regulaciones y restricciones al uso de agrotóxicos.


Al mismo tiempo montaron una plataforma desde la que influir en las políticas públicas: la Red BPA.
El hito más importante de este derrotero en nuestro país es el Informe Interministerialpresentado en julio de 2018 por los ministros de Agroindustria, Salud, Ciencia y Tecnología, y Ambiente, que construye una serie de recomendaciones para el desarrollo de políticas y legislaciones basado en esta criatura de marketing empresarial, cuyos referentes ya habían colonizado los organigramas estatales.
Con el discurso de las llamadas BPAs, un modelo que contamina y enferma se lava la cara, profundiza su inserción territorial y consolida su hegemonía transformado en palabra oficial y política pública. Pero esta política marco debe bajar a cada territorio y encontrar allí su encarnadura concreta.

La “Resolución del Veneno” en Buenos Aires

El 17 de octubre del 2018 el Ministro de Agroindustria de Buenos Aires (ex? Monsanto) Leonardo Sarquís, firmó la resolución N° 246-MAGP-18 que establece pautas de aplicación de agrotóxicos según los criterios de las llamadas “Buenas Prácticas Agrícolas” (BPAs). La misma fue publicada en diciembre y debía entrar en vigor el primero de enero de este año.
La misma fue bautizada inmediatamente como la “Resolución del Veneno”, y se basaba en el informe interministerial de julio de 2018.

Habilitaba la aplicación de plaguicidas en lo que denomina como “zona de amortiguamiento”, que en las normativas locales corresponde a “zonas de exclusión”, o sea donde no pueden utilizarse estos venenos: “Lotes contiguos al área urbana, zona residencial extraurbana, área de población dispersa, márgenes de cursos o cuerpos de agua, zonas de bombeo, establecimientos educativos, áreas de esparcimiento y reservas naturales“.


Permitía fumigar al lado de las escuelas rurales “fuera del horario escolar”, como si con esa restricción alcanzara para que los niños y niñas que jueguen en esas hamacas rociadas estuviesen a salvo. Médicos de Pueblos Fumigados declaró: “Sin duda ser víctima de la deriva primaria (la nube de plaguicidas que se disemina apenas es liberada por el fumigador) es muy grave y desagradable, pero fumigar con la escuela cerrada no impide que el ambiente escolar quede contaminado con esos agrotóxicos que sostendrán la exposición de alumnos y maestros cuando éstos regresen a la misma. Las escuelas deben ser lugares seguros para contener a los niños”, en sintonía con los pronunciamientos de la Red Federal de Docentes por la Vida.
 La presión de las organizaciones socio ambientales y de la opinión pública no se hizo esperar, y obligó a Agroindustria a retroceder: en febrero, a través de la Resolución N° 76-CGP-19, se suspendió la Resolución 246 por un año. Oportunamente festejamos este paso atrás, pero llamamos a mantenemos alertas, ya que la resolución 76/19 solo deja a la 246 en stand by, y crea un equipo técnico para elaborar un “protocolo de aplicación en la zona de amortiguamiento” en el marco de las BPAs. Como los mosquitos fumigadores que se esconden en el monte de la policía rural (cuando aparece) esperando para seguir fumigando, Agroindustria se agazapaba para volver.
A la Resolución 246 los municipios debían adherir voluntariamente. De hecho, de la presentación que se realizó con pompa en el Parque Pereyra Iraola participaron una buena cantidad de intendentes que ahora buscan la reelección. Muchos adhirieron aún cuando en sus municipios rigen ordenanzas que establecen zonas de exclusión.

Santa Fé

En esta provincia se encuentra el complejo industrial de procesamiento de soja y maíz más grande del mundo, y de sus puertos sale la gran mayoría de la producción agroindustrial que se exporta.
En ese marco, la Gobernación Provincial, y la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) participan de la “Red BPA”. En Noviembre de 2018, el ministerio de la producción provincial lanzó un programa de BPAs para dar cumplimiento a dos leyes: la ley provincial “de fitosanitarios” (11.273) y de “uso y conservación de suelos” (10.552). Mediante este programa designaron coordinadores para el sur, centro y norte de la provincia, y una red de asesores por cada departamento para relevar problemáticas locales y difundir este discurso en las comunas.

Las escuelas entrerrianas

En la provincia continúa la batalla legal y política en torno a la distancia de protección a las escuelas rurales. Después de los fallos del Superior Tribunal de Justicia Provincial, que establece distancias de 1.000 y 3.000 metros para fumigaciones terrestres y aéreas respectivamente, el Ejecutivo provincial a cargo del reelecto Gustavo Bordet, emitió sendos decretos recortándolas significativamente.
Con el argumento de que esta protección dejaba “sin posibilidades de producir” cerca de 300.000 hectáreas, las organizaciones de la Mesa de Enlace Provincial se movilizaron y amenazaron con cortar rutas. Los decretos contra

De los fallos impugnatorios de los decretos del ejecutivo se desprende con claridad que el discurso de las BPAs esgrimido por el agronegocio no pudo sostenerse frente a las evidencias presentadas por las organizaciones agrupadas en la Campaña ¡Basta es Basta!

 

 

La frutilla cordobesa

El 17 de octubre pasado, la Legislatura cordobesa aprobó el “Programa de Buenas Prácticas Agropecuarias de Córdoba” (10.663) con los votos afirmativos de todos los bloques a excepción del FIT.
En la provincia de la lucha histórica de las Madres del Barrio Ituzaingó Anexo, y donde se logró echar a Monsanto, funciona desde hace 3 años un programa que otorga beneficios económicos a productores ajustados a las llamadas BPAs. Del mismo participan pequeños y medianos productores, incluso de la agricultura familiar y campesina. El plan mediterráneo fomenta prácticas como cultivos de cobertura, instalación de colmenas, planes de manejo de monte; en producciones agroecológicas, orgánicas y biodinámicas. Este paraguas abarcaba incluso las producciones de familias integrantes del Movimiento Campesino de Córdoba (MCC) que acompañó la iniciativa, pocas semanas después de votada la Ley de Agricultura Familiar de la provincia.

Con la sanción de la 10.663 lo que era un programa impulsado desde el ejecutivo se convierte en norma provincial. Es el primer caso en que las llamadas BPAs, que son una creación del agronegocio, adquieren fuerza de ley; sentando un precedente muy grave para lo que pueda plantearse en el resto del país.


Otro modelo agropecuario implica otra correlación de fuerzas

La breve recorrida por estas 4 provincias, donde se concentra la enorme mayoría de la producción de commodities de exportación, permite reconocer que en torno a las llamadas BPAs se libra en términos simbólicos y políticos el grueso del enfrentamiento entre el agronegocio, que huye hacia adelante derramando cada vez mayores cantidades de agrotóxicos en nuestros territorios, y las comunidades. Son los pueblos fumigados, que defienden la salud y el ambiente; y también las producciones agroecológicas y orgánicas, del campesinado y pequeña producción que reclaman por otro modelo agropecuario.
Incluir a la agroecología bajo el paraguas de las BPAs es algo que aparece sistemáticamente en el discurso del agronegocio, sobre todo desde el impulso que se le empezó a dar desde organismos internacionales como la FAO.
En paralelo desde distintos ámbitos se reedita el discurso que habla de la posibilidad de “la convivencia” entre el agronegocio, y la producción agroecológica y familiar-campesina. Más de 20 años de desarrollo de la agroindustria transgénica en nuestro país demuestra claramente lo contrario: hemos perdido extensiones enormes de bosques nativos, vemos el impacto de los agrotóxicos sobre la biodiversidad, los ecosistemas y la salud de nuestras comunidades. Estamos en niveles críticos de pérdida de fertilidad de suelos, y los restos de agrotóxicos llegan con cada producto que la industria alimentaria asociada nos vende. El censo nacional agropecuario de 2018 nos habla de la pérdida de miles de pequeños y medianos establecimientos y mayor concentración de la tierra. Sigue la expulsión de población rural y originaria a las periferias urbanas. Más concentración, más desigualdad y más violencia; menos alimentos sanos, y posibilidades de vivir como lo hicimos durante generaciones en nuestros campos y pueblos.

¿Qué hacer? Para romper la hegemonía que el agronegocio instaló en nuestra sociedad necesitamos desenmascarar el discurso de las llamadas BPAs y de la Convivencia de modelos, al tiempo que acompañamos el fortalecimiento de prácticas agroecológicas, de otros modos de distribución y consumo; peleando por la democratización de la tierra y los medios de producción.


¿Cómo se construye una correlación de fuerzas que lo haga posible? Plantearlo seriamente implica reconocer la necesidad de enhebrar una confluencia social amplia que, a nuestro entender, debe incluir a las organizaciones campesinas y comunidades originarias, al movimiento de lucha socio-ambiental, al sector chacarero y cooperativo que retoma su historia, y los sectores urbanos que demandan por alimentos sanos. Creemos que no se puede prescindir de ninguno de estos sectores. Sabemos que este tipo de confluencia es difícil pero las experiencias como la de Red de Municipios y comunidades que fomentan la agroecología (RENAMA), los Encuentros de Pueblos Fumigados y sobre todo el Foro Nacional por un Programa Agrario Soberano y Popular demuestran que es posible.
Avanzar hacia otro modelo agropecuario significa hacerlo hacia otra sociedad; y eso, de fondo, es lo que está en disputa.

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Fuente: https://latinta.com.ar/2019/10/buenas-practicas-agricolas-para-todos-y-todas

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III. Balance crítico a progresismos para romper la conciliación con grandes capitales locales e imperialistas.




Martín Álvarez Mullaly
El cohete a la luna

Desde que en 2015 se intensificó la explotación, la zona tembló más de 150 veces
El mensaje de Javier Grosso llega acompañado del mapa comparativo. Él es docente e investigador del Departamento de Geografía de la Universidad Nacional del Comahue y viene indagando los recientes movimientos sísmicos en los alrededores de la localidad de Sauzal Bonito donde avanza la explotación hidrocarburífera mediante la técnica del fracking. Recientemente sistematizó el archivo del Instituto de Prevención Sísmica (INPRES) y los resultados confirman sus sospechas: hasta el 2015 la presencia de movimientos en la zona que analiza son escasos sino nulos. A partir de esa fecha, que coincide con la intensificación de la explotación en Vaca Muerta, la zona tembló más de 150 veces. Los últimos 135 movimientos registrados ocurrieron en los primeros diez meses de 2019. Vaca Muerta se convirtió en un inestable samba al que, como en el juego, tan solo algunos quieren subir.
“La información a partir de archivos públicos y datos del INPRES es bastante clara, hay una línea de tiempo que va desde 1901 a 2015. En ese tramo de casi 115 años no se han detectado ni están georeferenciados movimientos sísmicos en la zona de Sauzal Bonito o Añelo. Cabe destacar que sí existen algunos registros previos al 2015 —reflejados en el mapa— que están un poco más al norte o noroeste, pero en general podemos decir que la zonificación de ‘baja sismicidad’ era real y que eso en los últimos tiempos cambió”, explica Grosso.
La tierra no siempre se movió en esa región, o al menos no con esta intensidad. La sistematización constata la hipótesis sobre una reactivación de fallas por inducción antropogénica, es decir por el accionar de actividad humana, en este caso de la industria petrolera. Esta información ratifica la experiencia de quienes viven en el lugar, que aseguran que los movimientos empezaron con la llegada de las torres de perforación.
Según el geógrafo, “el fracking puede haber generado respuestas por parte de las estructuras geológicas. Alguna relación tiene que tener, porque las profundidades de los sismos son muy cercanas a las profundidades donde se realiza el tramo horizontal de los pozos. Durante 115 años no hubo registros de sismos, cosa que en parte puede ser por la ausencia de estudios y registros sobre la zona”. Grosso destaca, además, que mientras en los últimos meses disminuyó la velocidad de perforación y fractura, también se constató una caída en la sismicidad. Se hace evidente que ambos fenómenos están concatenados.
Los sismos asociados a la explotación con fracking no son una maldición criolla: con distintas características se repiten, por lo menos, en Estados Unidos, Canadá, China, México y Reino Unido .
En junio del 2019 se instalaron los primeros dos sismógrafos del INPRES de la veintena comprometida. “Con esto se buscaría mejorar el registro de aproximación al epicentro de los sismos y también calcular el foco que es la profundidad”, indica el investigador que informa también que hay un acuerdo confidencialidad que no permite que INPRES comparta información sobre los movimientos menores a 2.5° en escala Richter. Por eso en el mapa fueron representados sólo los movimientos mayores de 2.5 Ml. No obstante, la organización Sismología Chile ha detectado y publicado sismos de intensidades menores la semana pasada.
El mayor impacto de los movimientos ocurre en Sauzal Bonito, un paraje de 300 habitantes ubicado en el centro de la provincia de Neuquén. El pueblo se extiende entre el margen sur del río Neuquén y una elevada meseta, un angosto valle en el que grandes piedras amenazan a las viviendas desde lo alto. A pocos kilómetros de las casas se encuentra la explotación del área Fortín de Piedra operada por Tecpetrol, que con más de 70 pozos logró extraer el 85% de gas de la Cuenca neuquina, lo que representa más de un 10% del total nacional. Este tipo de movimientos, según Grosso, pueden generar remoción de suelos en masa. Un alerta que se desprende de estudios de la propia Universidad Nacional de Comahue. A su vez considera que “la prioridad es brindar información a la ciudadanía”. Otra zona en la que se tornaron más frecuentes los movimientos es en el área Aguada Pichana Este, que queda pocos kilómetros al noroeste de Sauzal Bonito. Allí la empresa francesa Total ha pasado a la etapa de desarrollo masivo de la explotación.
“Se tendría que tomar decisiones de resguardo de posibles efectos, esto implica detener tareas, minimizar los efectos. Incluso la misma dirección de INPRES dice que de encontrarse una relación debería bajar la intensidad en la inyección de los fluidos”, aclara Grosso. Otro aspecto que le preocupa es la modificación de zonificación sísmica para las construcciones y obras sismorresistentes, hoy Neuquén se encuentra catalogada como Zona 1: reducida. “Hay empresas que están operando en Vaca Muerta y más precisamente en Sauzal Bonito y sus ingenieros ya están calculando las obras de infraestructura para una Zona 2: de sismicidad moderada. Desde el directorio de INPRES me dijeron que no estaba en sus planes cambiar la zonificación”.
Los cambios en las obras deberán realizarse por prevención, es posible que medidas así no sean del agrado de las empresas y la provincia, ya que implica un mayor costo de construcción. Grosso espera que esas definiciones se asuman con responsabilidad: “Los sismos están y posiblemente van a aumentar en la medida de que la actividad petrolera se intensifique por lo que es necesario tener en cuenta esta variable en la nueva infraestructura de la región y anticipar posibles inconvenientes en la ya instalada”.

Fuente: https://www.elcohetealaluna.com/vaca-muerta-sismo-y-sustancia/

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II. Balance crítico a progresismos para romper la conciliación con grandes capitales locales e imperialistas.

Glifosato, transgénicos y un experimento a cielo abierto
30  de mayo de 2019

Por Darío Aranda
Biodiversidad
El herbicida más usado del mundo acumula denuncias y condenas millonarias en Estados Unidos. La multinacional Bayer (que compró Monsanto en 2018) con futuro incierto. Sentencias en Argentina, empresarios que proponen cerrar escuelas (para poder sembrar transgénicos), la ONU cuestiona el modelo y campesinos muestran que otro modelo es posible (y necesario).
“El glifosato es como agua con sal”. Lino Barañao, Ministro de Ciencia de Argentina.
“La ignorancia no mata, solo hace sufrir”, Jorge Gattini, ministro de Agricultura de Paraguay (en referencia a los campesinos que denuncian las fumigaciones con agrotóxicos).

"Es un herbicida de clase menos tóxica. Los humanos podrían incluso beber y no morir porque no tenemos la vía metabólica de las plantas. Además, es biodegradable en el suelo". Edilson Paiva, presidente de la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad (Ctnbio) de Brasil.
El herbicida glifosato, el más utilizado del agronegocio, ha tenido las defensas más insólitas de los gobiernos pro transgénicos, desde funcionarios hasta periodistas.
Cientos de estudios científicos, fallos judiciales y, sobre todos, miles de afectados por fumigaciones son la prueba de los efectos del herbicida.

Patria grande transgénica
Sólo diez países del mundo concentran el 98 por ciento de los cultivos transgénicos (con uso de agrotóxicos): Estados Unidos, Brasil, Argentina, Canadá, India, China, Pakistán, Paraguay, Sudáfrica y Bolivia(1). Cuatro de ellos de América Latina y, junto a Uruguay, forman lo que la multinacional Syngenta llamó en una publicidad corporativa (2003) “la república unida de la soja”.

La patria grande sojera cuenta con 47 millones de hectáreas con soja transgénica (2). Abarca:
- El 66 por ciento de la tierra cultivada de Paraguay.
- El 52 por ciento de Argentina.
- El 35 por ciento de la tierra cultiva de Brasil.
- El 30 por ciento por ciento de Uruguay.
- El 24 por ciento de Bolivia.
Uno de los argumentos centrales de las empresas transgénicas era que, con las semillas modificadas genéticamente, se utilizarían menos químicos.
En Argentina, según datos oficiales del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), en 1995 se utilizaron 42 millones de litros de herbicidas. En 1996 se aprobó la primera soja transgénica (de Monsanto) y el crecimiento del uso de herbicidas fue geométrico: 252 millones de litros en 2011 (último año publicado por el INTA). El glifosato es el principal herbicida utilizado. En 2016, datos de la Casafe (Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes) llegó a 290 millones de litros anuales.
El aumento del uso no se corresponde con el aumento de la superficie, sino con la necesidad de aumentar la cantidad por hectárea. El mismo INTA reconoce que en la década del 90 se utilizaba 1,95 litros por hectáreas. En la campaña agrícola 2011/2012 llegó a utilizarse nueve litros por hectárea. Se debe a la aparición de “malezas”, plantas no deseadas que crearon resistencia al glifosato. Por lo cual los productores utilizan cada vez más cantidad y además mezcla de venenos (2-4D y paraquat, entre otros).

Negar la realidad
“No pueden ocultar la realidad. Quieren tapar el sol con la mano”, explicó el científico Andrés Carrasco en 2009. Jefe del laboratorio de Embriología Molecular, ex presidente del Conicet (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas), confirmó en laboratorio que el glifosato producía malformaciones en embriones anfibios y alertó que era transpolable a humanos.
Sufrió una campaña de desprestigio mediática y política. El periodista Matías Longoni, desde Clarín, llamó “supuesto estudio” al trabajo de Carrasco. Puso en duda su existencia y la reputación de unos de los mayores embriólogos de Argentina. “La industria agrícola se puso en alerta. Las cámaras Casafe y Ciafa aclararon que el glifosato ‘está clasificado en la categoría de menor riesgo toxicológico’. En voz baja, el sector asegura que se trata de una nueva ofensiva oficial para ‘demonizar’ a los productores de soja”, escribió el periodista que cubrió el tema agro durante 18 años en Clarín, que rara vez cuestiona las consecuencias del agronegocios y funciona como agencia de prensa de las compañías del agro.
El diario La Nación también apuntó contra Carrasco y, al igual que los “periodistas del agro”, salieron en defensa del glifosato, los transgénicos (y de las empresas que los venden y, casualidad, pautan en esos medios).
El 27 de noviembre 2017, ya desde su pyme periodística “Bichos de campo”, repleta de publicidades de las empresas de agrotóxicos, Longoni celebró: “¡Larga vida al glifosato! O mejor, un poco más de vida al glifosato. Los alemanes, cuando quieren, golean. Lo hicieron con Brasil en el mundial de fútbol y ahora lo hacen con Francia, en la disputa dentro de la Unión Europea (UE) por prohibir o prorrogar la vida útil del controvertida herbicida glifosato. La votación para decidir si se renovaba la licencia del producto fue ganada, una vez que los alemanes se decidieron a jugar, por 18 a 9.”.
Desde el sector político, la defensa al glifosato fue (y es) encabezada por Lino Barañao, ministro de Ciencia durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y titular de la cartera con Mauricio Macri. En 2009 descalificó a Carrasco desde el programa de TV de Héctor Huergo, uno de los mayores lobbistas del agronegocio (director del suplemento Clarín Rural) y desde el Congreso de Aapresid (Asociación de Productores de Siembra Directa). “El glifosato es como agua con sal”, señaló en un entrevista en la Radio AM 530, de las Madres de Plaza de Mayo. Ningún funcionario kirchnerista lo cuestionó.
A fines de 2015, días previo a asumir como ministro de Ciencia de Mauricio Macri, volvió a defender el uso de químicos, con un argumento poco científico: “Con los antibióticos también hay mal uso y muertes, y nadie se queja”.
Carrasco falleció en mayo de 2014 y dejó la mejor definición para el glifosato y los transgénicos: “Es un experimento masivo a cielo abierto”.

El relato transgénico
Acto 1. El agroquímico (en este caso el glifosato, en la década del 60 fue el insecticida DDT) no afecta la salud ni el ambiente.
Acto 2. No hay pruebas científicas.
Acto 3. La pruebas científicas no son concluyentes o “existen dos bibliotecas” (a favor y en contra).
Acto 4. Son nocivos pero si se utilizan bien no hay riesgos (en ese momento proponen soluciones técnicas para su uso, hoy llamadas “buenas prácticas agrícolas”).
Acto 5. Reemplazo de ese químico por otro (y vuelta al “acto 1”).
El agronegocio utiliza la misma estrategia que las tabacaleras (durante décadas negaron que producían cáncer) y que las petroleras (durante medio siglo negaron el cambio climático).
El teatro del agronegocio se monta sobre un mito principal: los transgénicos son necesarios para alimentar la creciente población mundial. Argumento desmentido incluso por la propia FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), espacio que apoyó el avance transgénico en el mundo. El hambre del mundo no se debe a la falta de alimentos, sino a su injusta distribución.

 Paren de fumigar”
En los primeros años de la década del 2000 nació en Argentina la “Campaña Paren de Fumigar”, espacio de referencia en la producción de material y debates sobre el impacto sanitario de los agroquímicos. Asambleas, charlas, movilizaciones y todas las acciones imaginables para proteger la salud de la población. En decenas de localidades lograron ordenanzas que limitan las fumigaciones y, en otras impulsaron la vía judicial.
La ONG Naturaleza de Derechos (3) sistematizó los fallos que frenan las fumigaciones con agrotóxicos:
2003. Loma Senés (Formosa).
2008. Alberti (Buenos Aires) e Ituzaingó Anexo (Córdoba).
2009. San Jorge (Santa Fe) y Alberti (Buenos Aires).
2010. La Leonesa y Las Palmas (Chaco). Alberti (Buenos Aires).
2011. Las Antillas (Salta).
2012. Alberti (Buenos Aires) e Ituzaingó Anexo (Córdoba).
2013. Alberti y Mar del Plata (Buenos Aires), Merlo (San Luis).
2014. Paraná (Entre Ríos), Coronel Suárez y Mar del Plata (Buenos Aires).
2015. Guernica (Buenos Aires) y Totoras (Santa Fe).
2016. Alberti (Buenos Aires) y Piamonte (Santa Fe).
2017. Santa Ana (Entre Ríos).
2018. Entre Ríos y Chascomús (Buenos Aires)
2019. Pergamino y Exaltación de la Cruz (Buenos Aires) y Entre Ríos.
Jueces y fiscales tienen herramientas para frenar las fumigaciones, sobre todo la Ley General del Ambiente (25.675), donde se establece el “principio precautorio”: “Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente”.

Estados Unidos
La multinacional Bayer compró Monsanto en 2018 por 63.000 millones de dólares. Se transformó así en la mayor empresa de semillas transgénicas y agrotóxicos del mundo.
Su primer anunció fue que desaparecería el nombre de Monsanto (aunque seguirá comercializando todos sus productos) y comenzó una campaña publicitaria para mejorar su imagen. Utiliza los mismos argumentos que Monsanto para aumentar sus ventas de agroquímicos: niega los cientos de estudios independientes que confirman los efectos en la salud.
La Coordinación Contra los Peligros de Bayer es una red europea de organizaciones y activistas que difunden denuncias sobre el accionar de la compañía, tanto en su aspecto farmacéutico como del agronegocio. "El modelo de negocio de Bayer y Monsanto carece de escrúpulos. Ambos obtienen sus beneficios con pesticidas y técnicas de manipulación genética, dañan la salud de agricultores y consumidores, alteran el clima, destruyen la biodiversidad y ponen en peligro las bases de la alimentación y subsistencia de las generaciones futuras. Bayer, al fusionarse con Monsanto, potencia este amenazador modelo de negocio y busca aumentar los beneficios de sus grandes accionistas a costa de la gente y la naturaleza", afirmó la organización.
Bayer cuenta con nuevo eslogan: "Ciencia para una vida mejor".
En agosto de 2018, en Estados Unidos, se dio la primera condena contra Monsanto-Bayer. Dewayne Johnson fue indemnizado con 78 millones de dólares por contraer cáncer al utilizar glifosato en su trabajo como jardinero.
El 27 de marzo de 2019, un jurado de California condenó a la empresa a pagar 80 millones de dólares por "negligencia", al haber ocultado los riesgos de su herbicida Roundup (marca comercial del glifosato de Monsanto). La demanda fue presentada por Edwin Hardeman, un jubilado de la ciudad de Sonoma. Fue la segunda parte del juicio. En la primera, diez días antes, se había concluido que el agrotóxico fue un "factor determinante" en el Linfoma No Hodgkin (cáncer) que se le diagnosticó a Hardeman en 2015.
"El jurado responsabilizó a Monsanto por sus 40 años de conducta delictiva corporativa", explicaron los abogados del demandante, Jennifer Moore y Aimee Wagstaff en un comunicado a la prensa.
El 13 de mayo, tribunales de California (Estados Unidos) determinaron que la multinacional debe pagar 2000 millones de dólares a un matrimonio (Alva y Alberta Pilliod) que utilizó Roundup y contrajo cáncer. La sentencia afirma que la empresa actuó con “negligencia”, al ocultar las consecuencias del veneno. El jurado determinó que el “diseño” del Roundup (marca comercial de Monsanto) fue la causa principal del daño, confirmó que el químico representa “un peligro importante” para las personas que lo utilizan, afirmó que Monsanto “no proporcionó una advertencia adecuada sobre los riesgos potenciales” y ésto representó un factor importante para provocar el daño en la salud de los Pilliod.
El jurado de Estados Unidos determinó que Monsanto diseño, fabricó y distribuyó Roundup de “forma negligente”, afirmó que la compañía sabía (o debía saber) que Roundup era peligroso o que podría provocar daños y no advirtió de forma apropiada. El otro punto clave, que elevó la condena de 2000 millones de dólares, el fallo confirma que Monsanto actuó con “vicio, dolo o mala fe” al poner su herbicida en el mercado y no advertir sobre los riesgos que implicaba.
Monsanto-Bayer acumula, sólo en Estados Unidos, más de 13.000 demandas. Una muestra de la crisis de la compañía alemana: perdió casi el 40 por ciento de su valor bursátil desde que adquirió a Monsanto.

¿Escuelas o transgénicos?
El Foro Ecologista de Paraná (Entre Ríos) y el sindicato docente Agmer (Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos) presentaron en agosto de 2018 un amparo ambiental para proteger de agrotóxicos a los niños y trabajadores de las escuelas rurales. El juez Oscar Daniel Benedetto, de la Cámara II de la Sala II se expidió el 1 de octubre: en un fallo judicial sin precedentes, prohibió fumigar con agrotóxicos a menos de 1000 metros de las escuelas de Entre Ríos. Y la distancia de protección se extiende a 3000 metros si las aplicaciones son aéreas. La protección abarcó a todas las escuelas de la provincia.
"Es imposible de obviar que el modelo de producción agrícola puede generar un creciente problema de salud pública, debido a que los plaguicidas contienen sustancias químicas tóxicas que afectan a los cultivos, pero que muy probablemente también tengan efectos nocivos en la salud de la población rural", se lee entre los fundamentos del fallo, de 21 páginas.
El juez Benedetto tuvo presente el principio precautorio vigente en la Ley General del Ambiente (25675): "En materia ambiental se impone la necesidad de adoptar un criterio de precaución (...) El peligro inminente se materializa en la amenaza de la aplicación de los agrotóxicos. Y destacó que la falta de certeza científica sobre sus consecuencias no me parece un argumento que justifique la improponibilidad de la acción, sino todo lo contrario, ya que no es posible soslayar que se trata de una situación extremadamente delicada y sensible, estando en juego la salud de miles de niños entrerrianos".

El amparo que protege las escuelas fue apelado cuestionado por el gobernador Gustavo Bordet, que el 2 de enero de 2019 publicó un decreto contrario al fallo y redujo a sólo 100 metros la protección de las escuelas rurales.
El Foro Ecologista de Paraná, ya como parte de la "Coordinadora por una Vida sin Agrotóxicos en Entre Ríos. Basta es basta" (reúne a asambleas socioambientales, organizaciones sociales y docentes), presentó un amparo contra el decreto. En marzo de 2019 una sentencia judicial anuló el decreto del gobernador Bordet.
El presidente Macri, en apoyo explícito al agronegocio, cuestionó al Poder Judicial: “Es un fallo irresponsable. Pone en peligro el trabajo de muchos entrerrianos".
La Coordinadora "Basta es Basta" le contestó en un comunicado: "Señor presidente, nuestros gurises merecen el mismo ambiente que su hija Antonia".

El miércoles 15 de mayo, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, máximo tribunal provincial, declaró la inconstitucionalidad del decreto del gobernador Gustavo Bordet, que permitía fumigar a sólo 100 metros metros de las escuelas rurales. De esta forma, continua vigente el amparo ambiental que aleja las fumigaciones terrestres a 1000 metros de las escuelas (3000 si son aéreas).
El jueves 23 de mayo se produjo una insólita manifestación en Paraná: productores sojeros exigieron que el Poder Judicial que revierta el fallo y propusieron cerrar las escuelas para poder seguir fumigando con agrotóxicos.

Pruebas
Un argumento recurrente de los defensores del agronegocio es que “no existen pruebas” de los efectos del glifosato. A nivel internacional son muy conocidos los estudios del investigador francés Gilles-Eric Seralini, especialista en biología molecular y docente de la Universidad de Caen (Francia). Confirmó que el herbicida Roundup estimula la muerte de las células de embriones humanos, lo que podría provocar malformaciones, abortos, problemas hormonales o de reproducción, además de distintos tipos de cánceres.
También demostró la conformación de tumores en roedores alimentados con transgénicos.
Le implicó réplicas personalizadas de Monsanto, con campaña mediática de difamación incluida.
La estocada mayor sucedió en marzo de 2015. La Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) es un ámbito especializado de la Organizaciones Mundial de la Salud (OMS). Luego de un año de trabajo de 17 expertos de once países, emitió un documento inédito: “Hay pruebas convincentes de que el glifosato puede causar cáncer en animales de laboratorio y hay pruebas limitadas de carcinogenicidad en humanos (linfoma no Hodgkin)”. Detalló que la evidencia en humanos corresponde a la exposición de agricultores de Estados Unidos, Canadá y Suecia, con publicaciones científicas desde 2001. Y destacó que el herbicida “también causó daño del ADN y los cromosomas en las células humanas” (situación que tiene relación directa con el cáncer).


Con la nueva evaluación el glifosato fue categorizado en el “Grupo 2A”, que significa en parámetros de la Organización Mundial de la Salud: “Probablemente cancerígeno para los seres humanos”. Esta categoría se utiliza cuando hay “pruebas limitadas” de carcinogenicidad en humanos y “suficiente evidencia” en animales de experimentación. La evidencia “limitada” significa que existe una “asociación positiva entre la exposición al químico y el cáncer” pero que no se pueden descartar “otras explicaciones”. El IARC-OMS trabaja sobre cinco categorías de sustancias que tienen relación con el cáncer. El “Grupo 2A” es el segundo nivel de peligrosidad, sólo superado por “Grupo 1”, donde se ubican, por ejemplo, el asbesto y la radiación ionizante.
Monsanto, que entre sus argumentos utilizaba hasta ese momento informes de la IARC, pasó a acusarla de hacer “ciencia basura”.
A nivel local, en 2018 se publicó “Antología tóxica del glifosato”, una minuciosa recopilación de 830 trabajos académicos (de Argentina y del exterior) que dan cuenta de los efectos del glifosato y su vínculo con el cáncer, malformaciones, intoxicaciones y abortos espontáneos, entre otras consecuencias.
"Esta recopilación suma 830 artículos científicos o papers, es decir: informes de investigaciones clínicas, experimentales, de laboratorio, revisiones, contestaciones, recopilación, resúmenes de congresos, que han sido objeto de publicación en revistas o journales científicos. Todos los trabajos han sido sometidos a revisión por un comité de científicos y aprobados para su publicación al ser considerados significativos", explica el trabajo, realizado por Eduardo Martín Rossi, integrante del colectivo Paren de Fumigar de Santa Fe, que se decidió a analizar y estudiar todas las publicaciones para desmentir los dichos de los publicistas del agronegocios.
De 182 páginas, se puede acceder vía Internet ( https://bit.ly/2mewyYH ), cuenta con el detalle y link de de las investigaciones. Más de cien son de universidades públicas de Argentina (UBA, La Plata, Río Cuarto, Litoral). El primer capítulo precisa 141 trabajos sobre el impacto del glifosato en la salud humana. El capítulo dos detalla 102 investigaciones sobre "mecanismo de fisiopatología celular de cáncer". El capítulo tres se dedica a "toxicidad en los sistemas orgánicos", con 89 publicaciones académicas. El capítulo cuatro se dedica a trabajos específicos de impacto "en la biodiversidad", con 336 investigaciones.
"No es casualidad que en los pueblos agrícolas se multiplique el hipotiroidismo, el asma bronquial, los trastornos reproductivos y las enfermedades oncológicas produciendo un cambio evidente en el patrón de morbilidad y mortalidad", alerta el trabajo.
La recopilación recuerda que Monsanto publicitó "con información falsa que el glifosato era biodegradable". En 2007 Monsanto fue condenada en Francia por publicidad engañosa. Decenas de investigaciones dan cuenta, desde hace décadas, que el herbicida "es altamente persistente en el ambiente, en el suelo y cursos de agua".
Entre las empresas que comercializan glifosato en Argentina figuran Monsanto, Bayer, Syngenta, Red Surcos, Atanor, Asociación de Cooperativas Argentinas, Nufram, Agrofina, Nidera, DuPont, YPF y Dow.
La antología recuerda que la autorización de los agrotóxicos (llamado "fitosanitarios" por las empresas y funcionarios) se realiza en base a estudios de las propias empresas y que sólo analiza los efectos agudos (no investigan qué produce un químico en el largo plazo de exposición). En el caso de glifosato, "Monsanto sólo experimentó tres meses con roedores". En base a ese estudio, la empresa aseguró que el herbicida no producía efectos adversos.
"Científicos independientes midieron efectos crónicos (durante dos años). A partir del cuarto mes los roedores machos presentaron tumores. A partir del séptimo mes comenzó el mismo proceso en hembras. Y en el mes 24, el 80 por ciento de los roedores tuvo tumores", explica la recopilación.
Más de un centenar de trabajos científicos son de universidades públicas de Argentina, entre ellos el grupo de investigación de Rafael Lajmanovich (doctor en ciencias naturales de la Universidad Nacional del Litoral), que confirmó el efecto letal del glifosato en anfibios, y el Equipo Multidisciplinario de Interacción Socioambiental (Emisa), de la Universidad Nacional de La Plata, que demostraron la presencia de glifosato en alimentos, ríos, patios de escuelas y hasta en la lluvia.

El modelo
El problema de fondo no es el glifosato. Se hace eje en él porque es el más utilizado, el que más facturación produce a las compañías y, al mismo tiempo, que más denuncias provoca.


Las voces críticas al agro transgénico (campesinos, indígenas, asambleas socioambientales, académicos) cuestionan el modelo de agronegocio, en base a transgénicos y decenas de agrotóxicos, y en manos de un puñado de multinacionales.
Cuatro empresas que dominan el mercado de semillas y agrotóxicos: Bayer-Monsanto, ChemChina-Syngenta, Brevant (Dow y Dupont) y Basf. En 2015 facturaron 85.000 millones de dólares y, según proyecciones de Bayer, llegarán 120.000 millones en 2025.
“Controlan precio, innovación e impacta en las políticas agrícolas. Países que están con un alto grado de agricultura industrial, como Argentina, pasan a estar en situación de vulnerabilidad. Incluso en términos de soberanía. Estas empresas tienen un poder de negociación que es mucho más que de negociación, es de imposición sobre un país, incluso con leyes a medida”, explicó Silvia Ribeiro, Investigadora del Grupo ETC (Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración).

La Relatoría Especial sobre el Derecho a la Alimentación es el máximo espacio de Naciones Unidas dedicado al tema. Al frente está la especialista Hilal Elver, de origen turco. Visitó la Argentina en septiembre de 2018 y confeccionó un informe para el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
"En el marco de la agricultura industrial a gran escala, es esencial que se tome en cuenta el verdadero costo de los métodos de producción en relación con el suelo y los recursos hídricos, y el impacto de la degradación ambiental sobre generaciones futuras, en lugar de concentrarse únicamente en la rentabilidad y el crecimiento económico a corto plazo", alertó la relatora especial de Naciones Unidas.
Dedicó un apartado especial al glifosato: "Se aplica indiscriminadamente en la Argentina, sin tener en cuenta la existencia de escuelas o pueblos en las cercanías. Como resultado de ello, se me ha informado acerca de un aumento en la cantidad de personas que han perdido la vida o padecen enfermedades que ponen en riesgo su vida (…) La exposición a plaguicidas puede tener efectos muy peligrosos para la salud de los seres humanos, en especial para niños y mujeres embarazadas que son más vulnerables".
Hilal Elver cuestionó que la agricultura industrial está controlada por pocas y grandes empresas, y alertó que el Gobierno ya decidió su rol: "Durante las entrevistas con funcionarios de la Secretaría de Agroindustria observé una tendencia a apoyar el modelo agroindustrial y a realizar serios recortes en el apoyo, el personal y el presupuesto del sector de la Agricultura Familiar, incluido el despido de casi 500 trabajadores y expertos".
Reivindicó el papel de la agricultura campesina. En la conclusión resaltó: "Reitero la importancia de la agricultura familiar para lograr el objetivo de una alimentación adecuada y saludable para todos los argentinos. Debería ponerse empeño en promover la agricultura familiar como prioridad. Es la única manera de lograr un equilibrio, única manera de lograr una solución sostenible y justa para el pueblo argentino".
En mayo pasado, en la ciudad de Buenos Aires, se realizó un inédito “foro agrario”, que reunió durante dos días a más de 3000 campesinos, indígenas, productores familiares. Impulsado por la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), entre otras organizaciones, elaboró propuestas concretas de políticas públicas para el sector rural, con una urgente democratización de la política agropecuaria.
Entre las políticas a implementar: acceso a la tierra, basta de fumigaciones con agrotóxicos, fomento de la agroecología como política de Estado, soberanía alimentaria y un tema que irrita a los conservadores transgénicos argentinos: reforma agraria integral.

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I. Balance crítico a progresismos para romper la conciliación con grandes capitales locales e imperialistas.

El extractivismo que viene
23 de septiembre de 2019


Por Darío Aranda

Revista MU

Del litio a la soja, de la megaminería a Vaca Muerta. Cómo se perfila el extractivismo de Alberto Fernández y el Frente de Todos. Las multinacionales, los pueblos indígenas y las asambleas.

Sonrisas. Muchas sonrisas. De un lado de la mesa, empresarios del agronegocio. Del otro, Alberto Fernández y sus asesores. Noventa minutos y una reunión evaluada como “fructífera”. Donde el conflicto por la renta agraria “es cosa del pasado”.

Sonrisas. Empresarios mineros, los gobernadores Lucia Corpacci y Alicia Kirchner. Y Alberto Fernández. “Que la sociedad comprenda que la minería es una oportunidad”, pidió el ex jefe de Gabinete.

El extractivismo del Frente de Todos.
Política de Estado 

Megaminería, agronegocio (con la soja como bandera, aunque no solo), petróleo, litio y monocultivos forestal fueron algunas de las políticas de Estado durante todo el kirchnerismo. La criminalización estuvo presente: mapuches en Neuquén y la Asamblea el Algarrobo en Catamarca son sólo una muestra. Los asesinatos del abuelo qom Roberto López en 2010 (Comunidad La Primavera en Formosa), y los campesinos Cristian Ferreyra y Miguel Galván (del Movimiento Campesino de Santiago del Estero Vía Campesina), sólo algunas víctimas de una larga lista.

El macrismo profundizó el extractivismo. Más fracking en Vaca Muerta, más litio en Catamarca, Jujuy y Salta, más agronegocio. Con su alta y orgullosa cuota de represión en manos de Patricia Bullrich y aliados provinciales. Santiago Maldonado y Rafael Nahuel fueron las víctimas más difundidas de la política oficial. Empresarios al frente de ministerios: Juan José Aranguren de la multinacional Shell en Energía y Luis Miguel Etchevehere de la Sociedad Rural en Agricultura los ejemplos más burdos.
Votos y agronegocio 

El 11 de agosto Alberto Fernández arrasó en las elecciones. Nadie lo esperaba.

Ya habla ante los medios como Presidente y realiza giras en el exterior como primer mandatario electo. Las chances de Mauricio Macri son mínimas.

En plena campaña, desde Entre Ríos, Fernández tuvo su primera muestra pública de apoyo al agronegocio transgénico. La provincia está convulsionada por un fallo judicial que protege de fumigaciones con agrotóxicos a todas las escuelas rurales. Los empresarios del agro y el gobernador, Gustavo Bordet, se victimizan. Denuncian que no se les permite “producir”, cuando sólo se les prohíbe fumigar escuelas, docentes y niños. Fernández tomó postura: “Me parece un poco desmedido la decisión final. Qué excluye muchas zonas productivas que pueden ser utilizadas (...) A veces lo bueno y útil llevado a un extremo se convierte en malo y perjudicial. Hay que cuidar no caer en extremos”.


El 29 de agosto recibió a los agroempresarios de la Mesa de Enlace. Daniel Pelegrina (Sociedad Rural Argentina), Dardo Chiesa (Confederaciones Rurales Argentinas), Carlos Achetoni (Federación Agraria) y Carlos Iannizzotto (Coninagro). Además de Fernández estuvieron su jefe de campaña, Santiago Cafiero, y la economista Cecilia Todesca. El ex jefe de Gabinete sólo señaló que la reunión fue “fructífera”. Abundaron las sonrisas en las fotos de ocasión.

Desde la Mesa de Enlace destacaron que la reunión fue “positiva”, afirmaron que Fernández pidió dejar atrás el conflicto por la Resolución 125 (de 2008) y aseguraron que descartó mecanismo de control de exportaciones (estilo Junta Nacional de Granos, desaparecida en 1991 cuando se entregó la comercialización a las multinacionales exportadoras).


Las organizaciones del agronegocio, que apoyaron a Mauricio Macri durante todo su gestión y apostaban a la reelección, le presentaron a Fernández un pliego con catorce puntos, repleto de eufemismos: “previsibilidad económica” (que no haya cambio en los impuestos), menor presión tributaria (menos impuestos para el agro), fin de las retenciones para diciembre de 2020 (el escrito dice “exigimos que se cumpla el fin del tributo”), “modernización del sistema laboral” (reforma de leyes laborales), nueva ley de semillas (Bayer-Monsanto impulsa una nueva norma desde hace una década, rechazada por campesinos y sin consenso entre los agroempresarios), “fomento a las buenas prácticas agrícolas” (mayor flexibilidad para fumigar con agrotóxicos) y una “ley nacional de agroquímicos”.
Vaca Muerta 

Publicitada como la clave para la "soberanía energética", de la mano de las multinacionales petroleras, Vaca Muerta avanza con numerosos hechos de contaminación (desde explosiones y derrames), desalojo de campesinos y comunidades mapuches, hasta muerte de trabajadores en "accidentes" (luego de la firma de nuevos convenios laborales entre el gremio y las empresas).

En julio pasado, en plena campaña por Necochea, Alberto Fernández destacó que "sin duda Vaca Muerta es una gran oportunidad", aunque señaló que también había que desarrollar energías renovables y agrocombustibles
(otra faceta del extractivismo, tierras y granos para autos y no para alimentos).

Luego de las elecciones de agosto,
Nicolás Trotta (coordinador de los equipos técnicos de Fernández) se reunió con autoridades del Instituto Argentino del Petróleo y el Gas (IAPG), poderoso espacio de lobby de las empresas, entre ellas Total, Pan American Energy (PAE), Wintershall, Tecpetrol y Pampa Energía.

De gira por España, el 5 de septiembre, el candidato presidencial Fernández alteró a los defensores del fracking. “No tiene sentido tener petróleo si para sacarlo tengo que dejar que vengan multinacionales a llevárselo. No tengo ningún problema con las multinacionales, pero en realidad mi mayor problema es ver cómo genero riqueza para la Argentina”, argumentó.

De inmediato el diario La Nación, que inauguró una sección específica de "publinotas" sobre Vaca Muerta y las empresas, habló de "polémica" y "preocupación" de las compañías.


El sábado 7 de septiembre, Cristina Fernández de Kirchner presentó su libro en Misiones. En un apartado se refirió a los dichos de su compañero de fórmula: "Vaca Muerta la recuperamos nosotros cuando decidimos recuperar YPF y los recursos energéticos para nuestro país. Vaca Muerta es una oportunidad fantástica para agregar valor a toda la cadena de valor y desarrollo", dijo y agregó: "Cuando Alberto habla le quisieron hacer decir que estaba en contra de las multinacionales. A ver, esta expresidenta luego de recuperar YPF firmó el contrato con Chevron, una de las multinacionales del petróleo más grandes del mundo. ¿Quieren hacer creer acá dentro del país o afuera que estamos en contra de las multinacionales? Fui yo la que hice el contrato entre YPF y Chevron".

El pacto entre YPF y Chevron para explotar Vaca Muerta fue confidencial (a pesar de tratarse de una empresa con mayoría estatal), judicializado y hecho público por el diputado santafecino Rubén Giustiniani. Contaba con una ingeniería legal, con sociedades off shore, para eludir el pago de impuestos. Todo en beneficio de la multinacional.

La aprobación final se hizo en la Legislatura de Neuquén (2013), donde la policía provincial reprimió durante seis horas una manifestación de repudio.


Jorge Nahuel, de la Confederación Mapuche de Neuquén, reconoció que tienen “expectativas positivas porque todos debemos contribuir a un ‘nunca más’ haya un gobierno de derecha, empresarial, especulador, racista y excluyente que sueñan una argentina para pocos”. Sin embargo, advirtió que la fórmula Fernández-Fernández no tiene en su agenda el tema ambiental, pueblos indígenas ni cambio climático. Nahuel cuestionó el apoyo a la megaminería y al fracking realizado por los candidatos del Frente de Todos. “No debemos bajar los brazos, debemos estar atentos y fuertemente movilizados porque nuestra existencia continuará amenazada en la medida que no se modifiquen las condiciones sobre estas industrias que está demostrado son amenaza de muerte no sólo para los pueblos indígenas”, afirmó el dirigente mapuche.
Megaminería 

Las gobernadoras Lucía Corpacci (Catamarca) y Alicia Kirchner (Santa Cruz) fueron las impulsoras del encuentro entre una decena de multinacionales mineras y Alberto Fernández.

“Ya estamos trabajando para que las inversiones en la producción de litio cuenten con un marco legal que brinde seguridad jurídica”, anunció el candidato presidencial ante los periodistas y pidió a los gobernadores y empresas que hagan un “esfuerzo conjunto y tarea de educación para que la sociedad comprenda que la minería es una oportunidad”.

Estuvieron presentes los CEOs y directivos de las principales multinacionales con intereses en Argentina: Glencore, Minera Alumbrera, Livent Corp, Antofalla Minerals, Anglogold Ashanti, Patagonia Gold, Minera Santa Cruz, Panamerican Silver, Don Nicolas SA, Newmont Goldcorp y Yamana Gold, Galan Lithium, Neo Lithium Corp, Liex SA, Lundin Group, Minera Esperanza, Lake Resources, Grosso Group, Loma Negra, Posco, Yamana, Galaxy, Circum Pacific y Buena Vista Gold. “Es necesario avanzar hacia la sustentabilidad social y económica de la minería”, pidió el candidato a presidente y remarcó que “la única solución” para Argentina es exportar. Destacó como ejemplo a la minería y Vaca Muerta.

Alberto Fernández era jefe de Gabinete de Cristina Fernández de Kirchner en 2008, cuando la entonces presidenta vetó la Ley de Glaciares, que había sido votada por amplia mayoría en el Congreso Nacional. “El veto Barrick”, fue denunciado por Enrique Martínez, entonces presidente del INTI.

Rosa Farías es integrante de la histórica Asamblea El Algarrobo, que denuncia el accionar de Minera Alumbrera en Catamarca y rechaza el proyecto Agua Rica. “No nos sorprende que lo primero que haga el candidato es reunirse con las mineras. El extractivismo es moneda de cambio para recibir los dineros extranjeros, entregando los recursos naturales.
Nos reafirma que nuestros gobernantes siguen siendo mercenarios, no les interesa los cerros ni la vida ni el destino de los pueblos”, denunció.
Otro campo 

El Foro Agrario Soberano y Popular fue un encuentro multitudinario de campesinos, indígenas y agricultores familiares. Se realizó en el microestadio del club Ferrocarril Oeste, durante dos días, y asistieron más de 3500 personas. Impulsado por la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), de allí surgió un plan agrario pensado y debatido desde las bases rurales. Y quedó conformado como un espacio de articulación de decenas de organizaciones.

Ante las elecciones, emitió un comunicado titulado "no votamos a Macri". El Foro Agrario está conformado por organizaciones diversas. Desde claramente kirchneristas, como otras críticas.

El 16 de agosto, luego de las votaciones, el Foro Agrario publicó una solicitada en el diario cooperativo Tiempo Argentino. "Carta abierta al candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández", comenzó el escrito.Le detalló la necesidad de apoyar otro tipo de modelo agropecuario, de base popular y campesina, sin transgénicos ni agrotóxicos. Y con tres ejes principales: soberanía alimentaria, tierra y la construcción de un modelo productivo no extractivista.

A un mes de la solicitada, Alberto Fernández no recibió al Foro Agrario. Ni siquiera sus asesores se comunicaron con las organizaciones que impulsan otro modelo agropecuario.

Agustín Suárez, de la UTT, puntualizó que el Foro Agrario cuenta con 21 puntos consensuados de políticas para el sector campesino. Resaltó que si el próximo gobierno implementa esas propuestas habrá realmente una democratización de la matriz productiva, producción de alimentos sanos, precios justos para el pueblo y desarrollo de las economías regionales.

“No hay una real dimensión del espacio rural campesino, pequeño productor, por parte de Fernández. Incluso puede no haber valoración del espacio. Por eso se reúne con la Mesa de Enlace y no convoca al Foro”, alertó Suárez.

Juan Wahren, investigador del Conicet y del Instituto Gino Germani, tiene pocas expectativas: “De llegar a la presidencia, es muy probable que el gobierno de Alberto Fernández continúe y profundice este modelo extractivo primario exportador,
justificado en que para salir de la crisis hay que desarrollar Vaca Muerta, generar divisas con la soja y similares y apostar a la inversión extranjera de las megamineras. El mismo relato que se instaló durante el menemismo, neoliberalismo, y que se mantuvo con pocas variaciones hasta hoy en día. El mito del desarrollo basado en los recursos naturales recargado”.
¿Qué grieta? 

Los funcionarios kirchneristas inpulsaron el extractivismo. Y la militancia lo justificó de las más diversas formas: desde el "es necesario para el desarrollo del país", un intermedio "es una contradicción secundaria" (la primaria sería la relación capital-trabajo) hasta la crítica a los que luchan con el insostenible "le hacen el juego a la derecha", utilizada contra el Pueblo Qom en Formosa o las comunidades mapuches al inicio de Vaca Muerta.

Con el macrismo al mando algo cambió. Periodistas, académicos y militantes kirchneristas comenzaron a parecer preocupados por los mapuches, las comunidades kollas que enfrentan las mineras de litio y hasta por el desmonte en sus provincias aliadas (Chaco, Santiago del Estero). Descubrieron que el extractivismo es una contradicción fundamental de la injusticia social, y se cobra vidas.

Lo que hasta 2015 era justificado, con Macri fue rechazado y cuestionado.

“Si hubo una continuidad clara e indiscutible entre el kirchnerismo y el macrismo fue el modelo extractivo primario exportador, basado principalmente en el agronegocio, los hidrocarburos y la megaminería. Este modelo se sobrepuso a la denominada ‘grieta’ y los matices apenas pueden verse en si durante el kirchnerismo las regalías, impuestos y rentas que obtenía el Estado se utilizaban tímidamente para algún tipo de redistribución de los ingresos, orientados al consumo popular”, afirmó Juan Wahren, investigador del Grupo de Estudios Rurales (GER) del Instituto Gino Germani de la UBA.

Si el nuevo gobierno impulsa el agronegocio y la megaminería, como todo indica, resta esperar de qué lado se ubican los seguidores (sobre todo la militancia) de Fernández-Fernández.
Rosa Farías, de Andalgalá, resumió el sentir de las asambleas socioambientales, que se mantuvieron en lucha con el kirchnerismo y con Macri: “Desde Menem en adelante que los gobernantes sostienen este modelo. Alberto Fernández va a intentar avanzar con más minería. Pero acá la resistencia seguirá firme. Defendemos el cerro y la vida, sin importar quién gobierne”. 



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