A recordar

18 de mayo de 2020

IIV. Golpes de estado a Salvador y a Evo prueban la 'democracia' del Capital Estado

No hay democracia si desinforma para que, abajo y a la izquierda, no nos preguntémonos y esclarezcámonos sobre:

Las cárceles, el feminismo y

la delgada línea del punitivismo

1 de mayo de 2020

¿Realmente la sociedad se da el debate de pensar quiénes deben acceder al arresto domiciliario y quienes no? ¿Por qué causa más indignación este planteo que los beneficios y tratos especiales a criminales de lesa humanidad? ¿Se está cuestionando tras la pandemia la función de las cárceles, la criminalidad penitenciaria y policial, y la inoperancia del poder judicial? Las pantallas y las redes estallan de indignación por la supuesta “liberación masiva de presos” que en realidad, hilando fino, resulta ser muy selectiva. En general, las cárceles no están ni en la agenda ni en los discursos políticamente correctos porque, como bien decimos las feministas, lo que no se nombra no existe, y dentro de la (súper) población carcelaria, las mujeres y disidencias también son invisibilizadas como en todos los aspectos sociales. ¿Alguien está hablando de las mujeres con hijos, las embarazadas y las personas con enfermedades inmunosupresoras en contexto de encierro?

Por Natalia Tangona para ANRed.

Siempre ha sucedido que ciertas noticias recién demandan atención cuando explotan “del lado de adentro de la Gral. Paz”. En los últimos días la situación del penal de Devoto acaparó las pantallas, siendo que las cárceles del interior comenzaron sus demandas, sus comunicados, sus huelgas de hambre, desde hace casi un mes. Los internos advirtieron de la presencia de agentes penitenciarios infectados mucho antes de la confirmación de casos positivos en Bariloche, Olmos, Campana y Devoto. Advirtieron de los traslados de internos desde cárceles ubicadas en zonas de riesgo hacia penales del interior en pueblos donde no se registraban casos, como Junín. De hecho, el 16 de marzo las mujeres privadas de la libertad en la cárcel de Batán fueron las primeras en tomar la iniciativa de solicitar que se suspendieran las visitas por prevención y cuidado teniendo en cuenta que sus familias viajan horas en transportes masivos para verlas.
En general, las cárceles no están ni en la agenda ni en los discursos políticamente correctos porque, como bien decimos las feministas, lo que no se nombra no existe. Y si los muros ya hacen su parte evitándonos poder ver y los medios tergiversan las voces para no escuchar lo que realmente deberíamos escuchar, el silencio es el remate final para legitimar la barbarie en los sótanos del Estado. Barbarie es la palabra que resume a la concepción del sistema carcelario como centros de hacinamiento, de tortura, violaciones, infecciones y asesinatos declarados por la versión oficial como “suicidios” o “enfrentamientos” entre reclusxs, y archivados como “muertes dudosas”.
El punitivismo es una de las cuestiones más teorizadas y debatidas por los feminismos, en este último tiempo, a partir de la práctica del escrache a abusadores, golpeadores y femicidas. La delgada línea del punitivismo serpentea entre los justificativos, los discursos éticos y el dolor. Lo cierto es que los feminismos no buscamos generar el mismo dolor al escrachado ni venganza, sino advertir, exigir, gritar, no olvidar, cuidar y aplicar la condena social en tanto no haya políticas efectivas de prevención y contención ni justicia. Porque ellos, los pedófilos, los violadores, los femicidas, en su mayoría, no están presos (la mayor parte de los internos en las penitenciarias federales cumplen condenas por robo y narcotráfico, sólo el 5% corresponde a delitos sexuales y el 6% a homicidios). Y por eso, en tanto no haya justicia efectiva, habrá escrache. Muy diferente es entender a la justicia como el ejercicio de la tortura y el asesinato sistemáticos.
Lo irrefutable es que para los genocidas y para estos hijos sanos del patriarcado el único lugar posible es la cárcel. Entre éstos hay un conjunto en común de crímenes cometidos contra mujeres, adolescentes y niñas. Aún así, muchos criminales de la dictadura cumplen la preventiva en cárceles vip como la de Campo de Mayo o gozan de prisión domiciliaria. ¿Acaso hablamos de que deben tener todos los mismos beneficios por igual?, no. Se deben regularizar las condiciones sanitarias básicas de las cárceles comunes y allí deben permanecer todos ellos cumplimentando sus penas y los protocolos de prevención ante la pandemia, tal como debe asegurarlo un Estado de derecho que respeta las garantías constitucionales incluso de los que representan las violencias que combatimos quienes luchamos por los derechos humanos. El beneficio del arresto domiciliario frente a los riegos de contagio del coronavirus se aplica a personas con condenas menores o pertenecientes a la población de riesgo, sin embargo quienes deberían acceder a ello aún se encuentran hacinados en las cárceles mientras que genocidas, violadores y femicidas ya están en sus domicilios y, en varios casos, sin previa notificación a las víctimas o sus familiares. Mientras tanto, presxs políticos, presxs por causas armadas, presxs por cultivar cannabis para uso medicinal, o por portación de cantidades insignificantes, por robos menores, con prisiones preventivas por doquier, están en penitenciarías y comisarías colapsadas frente un inminente contagio masivo y devastador que, además, puede extenderse más allá de los muros y calabozos.
Dentro de la (súper)población carcelaria, las mujeres y disidencias también son invisibilizadas como en todos los aspectos sociales. ¿Alguien está hablando de las mujeres con hijos, las embarazadas y las personas con enfermedades inmunosupresoras en contexto de encierro?
En el caso de las mujeres privadas de la libertad la primera causa de detención es el menudeo y transporte de estupefacientes. El 70% se encuentra en prisión preventiva a la espera del inicio de un juicio. Capítulo aparte, o un libro entero, merecerían las causas armadas por el aparato policial y los periplos del horror que padecen quienes no han hecho absolutamente nada y están presxs.
En Argentina no hay un registro sistematizado ni actualizado de datos sobre presas por aborto. El Código Penal establece una pena de 1 a 4 años pero la libre interpretación de jueces y juezas hace que muchos casos se caratulen como “Homicidio agravado por el vínculo”. Ésto, sumado a la falta de relevamientos completos, contribuye a la total invisibilización de las mujeres condenadas por abortar. ¿Cuántas están en prisión a la espera de un juicio caratulado vaya a saber de qué forma?.
El 8 de abril, el juez de la Cámara de Casación Penal bonaerense, Víctor Violini , dispuso mediante una resolución el beneficio del arresto domiciliario a detenidos por delitos leves y en riesgo sanitario. Según él mismo declaró no lo permite a quienes están presxs por delitos cometidos con armas, delitos de violencia de género, delitos de abuso sexual o delitos cometidos con violencia. Sin embargo, la realidad siempre es bien distinta cuando el poder judicial es deshumanizado y patriarcal.
En un artículo publicado por Página 12, el 18 de marzo, Adriana Meyer resumió claramente estas desigualdades: “La ley 24.660 indica en el artículo 32 que los jueces pueden disponer la prisión domiciliaria a las mujeres embarazadas y a las que tienen hijes pequeñes a su cargo. Pero el cumplimiento queda a la arbitrariedad de jueces y juezas. La selectividad del sistema penal se ve con claridad en estos casos, cuando en gran medida se le concede con facilidad la domiciliaria a los genocidas, pero a las mujeres pobres y con hijxs, no. También se pidió que se revisen las causas por homicidios agravados o intentos de homicidio en los que las mujeres están detenidas por defenderse de sus parejas.”
La feminización de la pobreza, la criminalización de las mujeres y disidencias y la justicia patriarcal se complementan y retroalimentan calando tan hondo que ni en los discursos ni las agendas de los feminismos más representativos las presas y les preses están presentes. En la última reunión informativa por videoconferencia de la Comisión de Mujeres y Diversidad con del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad ninguna de las asistentes, ni la ministra siquiera, dijeron una sola palabra sobre la situación de las encarceladas ante la pandemia de Covid 19, siendo que ya el 20 de abril, las internas de la Unidad Penitenciaria n°33 de Los Hornos habían emitido un comunicado donde expresaron “un penal que no sólo aloja mujeres sino también a sus hijos hasta los cuatro años de edad; a adultas mayores; con VIH; con enfermedades respiratorias (…)
Pedimos ser contempladas en el Plan de Emergencia Sanitaria y que las malas condiciones en nuestra situación de encierro sean tenidas en cuenta en el contexto actual de pandemia por COVID 19. La cárcel no está preparada para atendernos si nos enfermamos y los efectos serían devastadores (..) Vinimos a pagar una condena, no a morir en una cárcel.” Además, el pasado 24 de abril, las mujeres privadas de la libertad en la Unidad Penitenciaria n°3 del Borbollón, en Mendoza, fueron reprimidas por el grupo masculino de choque del Complejo Boulogne Sur Mer con golpizas y disparos, tras iniciar un reclamo sonoro ante una nueva negativa de parte de las autoridades a sus notas solicitando garantías de higiene y celulares para comunicarse con sus hijes (beneficios que sí se habían otorgado en el Complejo de varones).
Por su parte, el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos elaboró recomendaciones irrisorias al Servicio Penitenciario Federal, como si el actual estado de las prisiones cumpliera con los mínimos requisitos de sanidad y como si la idiosincrasia del personal carcelario guardara algo de respeto por la dignidad humana cuando se trata de presxs comunes y pobres. A nadie se le ocurre considerar la formación de género.
En las últimas horas, cinco de los seis módulos del Complejo IV de Mujeres de Ezeiza comenzaron una protesta pacífica exigiendo el cumplimiento del protocolo de salud y que se tomen medidas para descomprimir la superpoblación. Las internas del Centro de Rehabilitación de Drogadependientes (CRD) denuncian que se relizan requisas excesivas (30 requisas para 11 mujeres, obligándolas a quitarse la ropa y tocándolas a todas con los mismos guantes) y el recrudecimiento de la falta de insumos sanitarios como guantes, barbijos y botas para las encargadas de la limpieza de los pabellones.
En lo que va de la cuarentena se contabilizan oficialmente los asesinatos de José Candía, en Corrientes, y Federico Rey, en Florencio Varela, ambos a balazos, por parte del SPF. Se sospecha de otras dos posibles muertes más en Devoto. Y en la Unidad 40 de Lomas de Zamora, Magalí Saraco, de 27 años, fue hallada ahorcada en una celda de castigo, estando a días de recuperar la  libertad y reencontrarse con sus hijes. También hubo “suicidios” en San Luis: Florencia Magalí Morales, de 39 años, en la comisaría 25ª de Santa Rosa de Conlara y un chico de 16 años en la Comisaría de Atención a la Niñez, Adolescencia y Familia, de Villa Mercedes.
¿Realmente la sociedad se da el debate de pensar quiénes deben acceder al arresto domiciliario y quienes no? ¿Por qué causa más indignación este planteo que los beneficios y tratos especiales a criminales de lesa humanidad? ¿Se está cuestionando tras la pandemia la función de las cárceles, la criminalidad penitenciaria y policial, y la inoperancia del poder judicial?
Mientras las pantallas y las redes estallan de indignación por la supuesta “liberación masiva de presos” que en realidad, hilando fino, resulta ser muy selectiva, Miguel Ángel Pierri es designado como colaborador de Sergio Berni, en el Ministerio de Seguridad Bonaerense. Pierri fue el abogado defensor del femicida de Ángeles Rawson, Jorge Mangieri; participó de la defensa del padre Julio Grassi e incluso estuvo detenido por encubrimiento en esta causa. Al parecer, el Estado está muy lejos aún de discusiones y acciones estructurales en torno a las cárceles y la perspectiva de género, demasiado distante de las representaciones no sesgadas y por demás enviciado con la misma doble vara de la justicia patriarcal, de la cual no se eximen legisladores y mandatarixs escudadxs en el discurso de la división de poderes.
Del otro lado de la reja está la realidad, de este lado de la reja también está la realidad”, pero lo que no puede ni quiere verse, ni escucharse, ni pensarse, no puede ser puesto en palabras. En nuestros feminismos tan llenos de voces desapresadas y no olvidadas habrá que escuchar con los ojos y observar las voces a través de los muros donde “la libertad es real aunque no se sabe bien si pertenece al mundo de los vivos, al mundo de los muertos, al mundo de las fantasías o al mundo de la vigilia” Después de todo, si hay algo que nosotres sabemos muy bien es que “la única irreal es la reja.”*
*Fragmentos de Paco Urondo.

Observemos que el capitalismo hoy completamente mundializado no sólo expropia bienes comunes y derechos a una creciente mayoría sino también llena sus cárceles de esos desposeídos. Cárceles bajo estado de excepción desde décadas y aisladas, aceptadas por nosotres, les diverses de abajo sin fronteras.

Voces de Guayaquil, epicentro de la pandemia en Ecuador (XIII)

«Es más fácil presentar

 a los encarcelados como

desadaptados a los que temer,

que como personas con necesidades»


5 de mayo de 2020
Por Silvia Arana (Rebelión)
En la décima tercera entrega de la serie, la docente de cine que imparte talleres en dos cárceles de Guayaquil, Priscilla Aguirre, se refiere a la situación de las personas privadas de libertad durante la pandemia. Advierte de que incluso si se implementara la necesaria liberación por razones humanitarias de los presos poco peligrosos, pero al mismo tiempo se continuara enviando a la cárcel a otras personas (por incumplir la cuarentena, por ejemplo) no se estaría modificando sustancialmente la situación de hacinamiento y, por ende, de extremo peligro a contagio del coronavirus dentro de las cárceles.
Entrevista a Priscilla Aguirre, docente de cine y documentalista. Imparte (en tiempos normales) talleres de cine y fotografía en dos cárceles de Guayaquil.
¿Podría hablarnos de su trabajo como educadora en centros de detención de Guayaquil?
Llevo trabajando desde marzo de 2018 con el Centro de Privación de Libertad Femenino de Guayaquil y desde agosto de 2019 con el Centro de Adolescentes Infractores Varones de Guayaquil. En ambos centros imparto dos talleres de cine documental y fotografía. Es por este motivo que he desarrollado un profundo interés por la situación de las personas privadas de libertad y sus familias. Me une una gran amistad y un gran cariño con todos/as mis estudiantes en ambos centros y por eso me preocupa la situación de las cárceles en el país. 
¿De qué rango de edad son las mujeres que asisten a los talleres?
Mis estudiantes en la cárcel de mujeres tienen entre 21 y 56 años.
¿Y los adolescentes estaban por microtráfico de droga o por varias razones?
Los adolescentes casi todos eran por sicariato tristemente. 
Según las autoridades penitenciarias hubo “motines” de presos el 20 de marzo en Lago Agrio-Sucumbíos, el 22 de marzo en Ibarra y el 19 de abril de 2020 en Ambato. Dado que ni familiares ni abogados pueden ingresar a las cárceles por la emergencia sanitaria y el estado de excepción, ¿alguien ha podido corroborar las causas de las protestas de los presos? 
Yo en verdad no tengo datos concretos sobre esos motines, lo que sí podría decir al respecto es que desde que desapareció el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, institución que regía antes las cárceles del país, varios acontecimientos de este tipo empezaron a suscitarse que iban encaminados a exigir mejoras en la calidad de vida de las personas privadas de libertad dentro de los centros. 
Muchas cosas cambiaron con la eliminación de este ministerio. Muchos presupuestos se redujeron para este sector de atención prioritaria, y las consecuencias se vieron en la serie de actos violentos que ocurrieron durante el año pasado en varias cárceles del país. Esto no sé si recuerdan, desencadenó que se instaure un estado de excepción en todo el sistema de rehabilitación social, medida que trajo muchas consecuencias. Podría suponer que estos motines están relacionados a pedidos parecidos a los de aquel entonces. Muchas personas privadas de libertad están solicitando más protocolos preventivos para los guías penitenciarios y el personal que entrega las comidas, que entra y sale a diario de los centros. También tengo entendido que les preocupa con justa razón el hacinamiento en este contexto. Entonces uno de los motivos que podría haber detrás de los descontentos de la población penitenciaria es la atención que desean que se establezca:
 1) Que no se llenen las cárceles de personas que sean apresadas por no cumplir las reglas del confinamiento, 2) Que liberen a las personas sin sentencia o con penas leves, 3) Que se creen espacios adecuados de aislamiento para posibles contagiados.
En resumen, no desean contagiarse ni morir de esa forma, pues conocen que acceder a medicina y atención médica de calidad en ese contexto, es sumamente complejo. 
 ¿Nos podría comentar sobre las cárceles de mujeres en Guayaquil? ¿Cómo era la situación previa al coronavirus? ¿Y actualmente?
La cárcel de mujeres de Guayaquil suele albergar entre 800 y 900 mujeres, casi el doble de su capacidad. En ella existen mujeres con todo tipo de casos y sentencias que conviven en cinco áreas de pabellones. En su día a día se ofrecían dentro del centro penitenciario clases de educación primaria, secundaria e institutos tecnológicos. A su vez existían cursos de manualidades, deportes, música, cine, fotografía, teatro y sesiones de diferentes iglesias que trabajaban en el centro también. En estos espacios las chicas podían aprender cosas nuevas y entretenerse. A partir del coronavirus, toda actividad se vio interrumpida, así como el ingreso de visitas. Las últimas visitas permitidas en este centro fueron la primera semana de marzo. Es decir,  hoy se siente el encierro mucho más porque una cosa es no poder salir de tu casa y estar con tu familia, y otra es no poder salir de tu celda o pabellón y tener la angustia de no entender bien lo que ocurre afuera. Tengo entendido que el personal administrativo de este centro tampoco está asistiendo a realizar trabajo presencial, por tanto hay muchas dudas de las privadas de libertad sobre la situación que les depara en todo sentido, y sobre todo en torno a los casos de personas que tienen ya sentencias cumplidas y no pueden salir porque no se les da trámite a sus casos y demás. 
Según información proporcionada por la madre de una de mis alumnas privadas de libertad, en los inicios de la pandemia, se permitió el ingreso de medicinas que los familiares podían llevarles, pero ahora eso también está restringido. Varias de ellas han estado con gripes y otro tipo de dolores, y el acceso a atención médica dentro del centro está también complicado por el contexto. Sin embargo, también por testimonio de familiares de privadas de libertad, se que se considera de cierto modo la privación de la libertad como algo «ventajoso» en estos momentos debido a que al menos en esa situación las personas tienen las tres comidas diarias aseguradas, en contraste con muchos ecuatorianos de a pie que se encuentran luchando por conseguir cómo alimentarse una vez al día.
¿El SNAI ha tomado medidas de prevención adecuadas contra el contagio de COVID-19?
Sí, tengo entendido que se han proporcionado mascarillas y guantes al personal de guías penitenciarios, sin embargo he estado leyendo en la prensa, reportajes donde indican que no existen suficientes implementos de bioseguridad como en muchos sectores del país. Adicional a esto, las personas privadas de libertad se organizan en brigadas por pabellones para limpiar y desinfectar sus áreas comunes. También se han extendido los turnos de los guías para que duren 24 horas y así tengan que salir y entrar con menos frecuencia. Sin embargo ya se ha registrado un muerto privado de libertad por COVID-19 en el CDP (Centro de Detención Provisional) del Inca,  en Quito. A su vez el director del SNAI Edmundo Moncayo, ha indicado que (hasta el 17 de abril) solo había dos casos de guías penitenciarios con COVID-19 positivo. Es decir, se vuelve evidente que los guías penitenciarios que deben entrar y salir para cambios de turno, constituyen los principales agentes de riesgo para el contagio del COVID-19  en las cárceles, lamentablemente. 
¿Tiene conocimiento de que haya ocurrido una protesta en alguna cárcel de mujeres?
No tengo conocimiento sobre esto. Lo que sé es que en la cárcel de mujeres de Guayaquil el ambiente se ha mantenido pacífico. Este centro de mujeres es muy pacífico en general. En él aún no se detectan casos de contagio y espero de corazón que así se mantenga. A ellas lo que les preocupa sobremanera es que no vaya a entrar el virus a través del personal que ingresa a diario, sus familiares en el exterior y que las personas sin sentencias ejecutoriadas o con sentencias cumplidas, no puedan tener el debido proceso en sus trámites.
Debido a la pandemia de COVID-19, diversos países (incluido EE.UU., el país con mayor población carcelaria por habitante del mundo) han dejado en libertad en el último mes a miles de personas que habían sido detenidas por delitos menores o próximas a cumplir su condena -siguiendo el pedido humanitario de la ONU de liberar a los presos poco peligrosos. ¿Qué está sucediendo en Ecuador con los detenidos por causas menores entre la población carcelaria de 40.000 personas?
 En Ecuador se habló desde hace varias semanas sobre este asunto. La información que tengo sobre el tema es la que circula por la prensa y que indica que el Servicio Nacional de Atención Integral a Privados de la Libertad (SNAI)  para precautelar la salud de la comunidad penitenciaria incrementó el envío de pedidos de prelibertad a los jueces, quienes  despachan estas solicitudes desde las unidades de flagrancia a escala nacional. Según la entidad, solo en marzo se enviaron 700 solicitudes para que los juzgados los aprueben. Un mes antes se remitieron 279 expedientes. Por ende, en teoría se están haciendo esfuerzos para agilizar este proceso…Lo que habría que pensar en este caso, es listo, gente sale con prelibertad porque cumplen el 60% de sus sentencias. Pero ¿qué cantidad de gente está ingresando al mismo tiempo a las cárceles? ¿Han disminuido los crímenes y detenciones en este contexto? Pues si la respuesta es negativa (es decir, si continúan deteniendo gente como antes), da un poco lo mismo todo esto. 
Una persona privada de la libertad (PPL) de la cárcel de El Inca -donde los presos realizan una huelga de hambre y una protesta en demanda de protección sanitaria (recordemos que el viernes 17 de abril falleció un preso de esa prisión), dijo que los reportes policiales de motines eran exageraciones. Que los presos entienden la medida de aislamiento, que solo demandan protección para no morir contagiados. ¿Cómo ve la situación?
No tengo mucho conocimiento sobre este caso y no me gustaría decir que es una exageración o no. Lo que sí sé, por el conocimiento que tengo del sistema penitenciario local, es que por lo general intenta ser mostrado por el lado fácil. Es decir, es más fácil presentar a los privados de libertad como desadaptados a los que hay que temer, en vez de seres humanos con las mismas necesidades de quienes estamos afuera. 
Independiente de lo que cada uno de ellos haya cometido, dentro de las cárceles habitan seres humanos. Todos tienen familias, seres queridos y merecen dignidad en su contexto de encierro. Si esto no se cumple, y se sienten amenazados por el miedo al contagio, es probable que puedan desatarse amotinamientos. Esto lo haría cualquier ser humano que se siente olvidado, rechazado y en peligro. 
«Voces de Guayaquil, epicentro de la pandemia en Ecuador» consiste en una serie de entrevistas a residentes días posteriores a que su ciudad estuvo en la primera plana de los noticieros internacionales por los muertos sin sepultura y sus familiares clamando por  ayuda a un Estado aparentemente inexistente. Trabajadores, artistas, estudiantes, docentes comparten sus vivencias desde la ciudad que es el centro económico y financiero del país y que paradójicamente también es la ciudad con mayor concentración de pobreza. Se estima que un 17% de los 2.700.000 habitantes de la urbe viven en condiciones de pobreza. Recostada sobre las aguas terrosas del río Guayas, con un clima muy cálido y húmedo que no hace mella en la actividad intensa y el carácter hospitalario y amable de sus habitantes, Guayaquil tiene la mayor densidad de población del país y el sistema de transporte público con más usuarios. Estos elementos junto a las profundas deficiencias del sistema de salud pública nacional cuyo presupuesto fue reducido un 36% en el último año y la desorganización del gobierno municipal son factores que ayudarían a explicar por qué la ciudad concentra el 70% de los casos de COVID-19 en Ecuador y la mayor cantidad de contagios per cápita en toda América Latina.
Libertad Gills coordinó la realización de todas las entrevistas de esta serie.
Enlaces a las entrevistas previas de la serie:




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III. Golpes de estado a Salvador y a Evo prueban la 'democracia' del Capital Estado

No hay democracia si refuerza la desposesión de derechos humanos esenciales y la marginación de las barriadas pobres y pueblos originarios al preocuparse sólo por establecer una asistencia “racista” y un  estado “clasista” de sitio sobre esas personas, familias, comunidades.



Las comunidades indígenas reclaman agua y alimentos

Pandemia de 

los pueblos olvidados

5 de mayo de 2020
Por Darío Aranda
Página12
La ONU llamó a que los gobiernos tengan un cuidado especial con las comunidades originarias. Denuncian discriminación.
Falta de alimentos y agua, escasez de leña e imposibilidad de trasladar insumos básicos, discriminación y hasta un adolescente baleado por la espalda (en un campo del millonario Eduardo Eurnekian). Son algunas de los impactos del coronavirus en los pueblos indígenas de Argentina. Naciones Unidas llamó a que los Estados tengan políticas especiales de cuidado y protección para con las comunidades originarias. “Basta de genocidio contra las comunidades”, reclamó Gladis Jara, de la comunidad qom Las Lomas (Santa Fe).
La comunidad qom Campo Medina está ubicada en Pampa del Indio, Chaco. Trabajan la tierra, siembran alimentos para autoconsumo y cosechan algodón. También hacen changas fuera de la comunidad, pero se cortaron por completo con la pandemia. El 1 de abril, Edgardo Peñaloza, de 17 años, fue al monte a “mariscar”, recolectar frutos y cazar, en el campo vecino, la estancia Don Panos, 96.000 hectáreas del millonario Eduardo Eurnekian. Cuando estaba monte adentro, fue emboscado por guardias privados y efectivos de la policía chaqueña. Lo balearon por la espalda. Estuvo al borde de la muerte. Fue trasladado de urgencia a la capital provincial y estuvo una semana en terapia intensiva. Su delito: buscar alimentos en el monte. Los agresores, empleados de la estancia y policías, están en libertad y ni siquiera fueron procesados.
En la ciudad de Santa Fe sucedió el primer caso de coronavirus en indígenas, una mujer qom proveniente de Chaco. Se detectó en la comunidad qom del barrio Las Lomas y Santo Domingo. La Red de Instituciones y Vecinxs, espacio intercultural del lugar, emitió un comunicado denunciando que las autoridades sanitarias demoraron cinco días entre el alerta de síntomas y la confirmación/internación de la afectada.
En el comunicado denunciaron que, como con otras situaciones de salud y derechos, se atiende de manera diferencial según la clase social.
Gladis Jara, de la comunidad qom Las Lomas, explicó que el caso de Covid-19 sumó más discriminación al barrio. Detalló que circuló un audio en el que una supuesta médica señalaba 70 casos en la comunidad. Luego de ese hecho, Jara denunció que un integrante de la comunidad sufrió un accidente cardiovascular y la ambulancia se negó a ingresar por temor al virus. Una joven qom fue con contracciones al hospital José María Cullen y no la atendieron. También cuestionó que en los supermercados de la zona no permiten ingresar a los qom. “Hubo amenazas de parte de la gente criolla de querer echar a las familias de la comunidad. También en las redes sociales hubo gente que subía fotos con armas diciendo que si veía a un ‘toba’ le pegaba un tiro. Estamos en el Siglo XXI y aún existen casos de racismo”, lamentó Jara. Señaló que por la pandemia no puede salir a vender sus artesanías ni hacer sus changas habituales. Ante el virus, la  falta de asistencia estatal suficiente, la pobreza y el racismo, dejó un pedido para las autoridades y para a la sociedad argentina: “Basta de genocidio contra las comunidades”.
En Río Negro, comunidades originarias conformaron en el marco del Covid-19, la Mesa de Emergencia Territorial Mapuche de Río Negro. Nuclea a referentes políticos mapuche, miembros de la Coordinadora del Parlamento Mapuche y del Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas (Codeci), entre otros. “Se hace urgente visibilizar la situación de comunidades y pobladores que habitan en la zona rural”, resalta el comunicado y puntualiza las dificultades para el abastecimiento de alimentos, los sobreprecios, serios problemas para obtener leña y garrafas, y la ausencia de atención sanitaria.
Elizabeth González (Logoixé, según su nombre qom), habló con la agencia de noticias internacional RadioEncuentros. Remarcó la contradicción de llamar a lavarse las manos ante comunidades indígenas que no cuentan con lo más básico. “Acá, en el Impenetrable de Chaco, solo hay un poco de agua para tomar, hace dos meses que no llueve”, cuestionó. González recordó que los pueblos indígenas ya padecieron enfermedades traídas por los blancos. Enumeró la fiebre amarilla, tuberculosis y viruela. Ante la falta de recursos básicos, sinceró que si el Covid-19 llega a las comunidades puede implicar un exterminio.
En Misiones, la comunidad mbya guaraní Takuapí Mirí abrió una página de Facebook “para que se pueda visibilizar nuestra realidad en medio de esta pandemia”. Ubicada en el departamento de Eldorado, en zona rural, solicitan alimentos, ropa de invierno y productos de limpieza. “El pueblo mbya guaraní resiste desde siempre, tenemos la sabiduría del monte, cazamos y recolectamos en la poca selva que todavía nos queda, pero necesitamos asistencia. Esta triste realidad es la que viven la mayoría de los mbya guaraní de Misiones”, afirma el escrito de la comunidad que termina con un pedido: “Compartan por favor nuestro mensaje. No nos hagan invisibles”.
En el marco de Naciones Unidas (ONU) funciona el “Mecanismo de Expertos sobre Derechos de los Pueblos indígenas (Mepdi)”, que brinda asesoría especial al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Alertó que el Covid-19 afectará a los pueblos indígenas “de manera desproporcionada” porque “ha exacerbado y seguirá exacerbando una situación ya crítica para muchos pueblos indígenas, una situación en la que ya abundan las desigualdades y la discriminación”.
El organismo de Naciones Unidas recordó que, antes de la crisis, los pueblos indígenas ya carecían de acceso básico a la salud, al agua potable, a una dieta suficiente y equilibrada, y a saneamiento básico. “Muchos pueblos indígenas son invisibles en nuestras sociedades”, lamentó el Mepdi e instó a los Estados a que “se comprometan firmemente a evitar la expulsión de los pueblos indígenas de sus tierras”.

Sin electricidad y con maltratos policiales
En la meseta de Chubut, centro geográfico de la provincia, vive la comunidad mapuche-tehuelche Chacay Oeste, a 30 kilómetros de la localidad de Gan Gan. Desde hace veinte días no cuentan de energía eléctrica. Por la cuarentena no se les permite buscar los repuestos para el motor que brinda el servicio. En la misma región, las comunidades indígenas Laguna Fría y El Escorial denuncian el cierre de caminos y que no se les permite el traslado de insumos básicos. “La policía ha tenido una presencia muy fuerte pero lamentablemente no solo para hacer cumplir la cuarentena, sino con más atropellos y maltratos con los pobladores”, afirmó Angel Cayupil, que trabaja con las comunidades. Y precisó el caso de la comunidad mapuche-tehuelche Lagunita Salada, donde efectivos denunciaron a una abuela con sus dos nietos por estar a tres cuadras de su casa.


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II. Golpes de estado a Salvador y a Evo prueban la 'democracia' del Capital Estado

No hay democracia por “crecimiento con inclusión social”


Extractivismo y

dialéctica de la dependencia.

26 de agosto de 2017

Por Horacio Machado Araoz

 (..) Se trata de tomar nota de que la política de “crecimiento con inclusión social” no sólo no alcanza como horizonte político de cambio social revolucionario, sino que en realidad es una política completamente errada e históricamente perimida, si a lo que aspiramos es a un verdadero proceso de emancipación social. Un programa político basado en la pretensión de la satisfacción (así sea “para todos y todas”) de las necesidades existentes, es como tal un programa reaccionario, que inhibe de raíz la posibilidad de imaginar y avanzar en la dirección de los cambios que precisamos realizar. El sistema justamente nos constituye como sujetos-sujetados a su reproducción a partir de la estructuración misma de las necesidades (y la colonización de los deseos): las necesidades existentes son, en realidad, las que el sistema necesita para su reproducción; son, por tanto, un aspecto clave de lo que precisamos cambiar.

Los movimientos del ecologismo popular hemos venido señalando ese punto ciego de los gobiernos progresistas. Las políticas de “crecimiento con inclusión social” no sólo son funcionales a la reproducción del sistema, sino que además se basan en la quimérica creencia de que, dentro del capitalismo, sería posible “incluir a todos los excluidos”, o peor, de que “incluyendo a los excluidos” se va transformando el sistema… El programa de la “inclusión social” no sólo es inviable socialmente (pues el capitalismo es por definición un régimen oligárquico de apropiación y usufructo diferencial de las energías vitales, donde “la pobreza de la mayoría, a pesar de lo mucho que trabajan” sólo va a engordar “la riqueza de una minoría, riqueza que no cesa de crecer aunque haga ya muchísimo tiempo que hayan dejado de trabajar”), sino también ecológicamente: hay taxativos límites biológicos y físicos dentro del Sistema Tierra que hacen inviable un horizonte de “crecimiento infinito”.

Si a mediados del siglo XIX podría haber sido todavía comprensible, la ceguera ante la crucial cuestión ecológica de fuerzas sociales que se dicen revolucionarias, anti-capitalistas, resulta, en el siglo XXI, lisa y llanamente inadmisible. La crisis ecológica, las desigualdades e injusticias socioambientales, los impactos tóxicos y destructivos del industrialismo, el urbanocentrismo, el patrón energético moderno, la producción a gran escala y el consumismo (no sólo sobre los ecosistemas, sino sobre la condición humana), no pueden no estar en la agenda de un programa que se proponga seriamente la construcción del socialismo del siglo XXI. Como lo dijera el comandante Chávez, la construcción del socialismo es, en este siglo, “razón de vida”.
El ecologismo, así, (el ecologismo popular, que nada tiene que ver con el conservacionismo, el maltusianismo, la economía verde ni cualesquiera de las distintas expresiones del eco-capitalismo tecnocrático) lejos de constituir un programa social ‘reaccionario’ o ‘funcional a la derecha’, expresa en realidad un nuevo umbral del pensamiento crítico y las energías utópicas. La irrupción de los movimientos del ecologismo popular en la escena política del siglo XXI está dando cuenta de la necesidad de una profunda renovación y radicalización del contenido y el sentido de la práctica revolucionaria; acorde a las necesidades de nuestro tiempo. Porque en nuestro tiempo, está claro que no se trata de “incluir” sino de “transformar”.

Hay que tomar seriamente -en términos políticos y epistémicos- que estamos viviendo los momentos extremos de la Era del Capitaloceno (Altvater, 2014; Moore, 2003), una era signada por las huellas prácticamente irreversibles que la destructividad intrínseca del capitalismo ha impreso sobre la Biósfera, la Madre Tierra. Justamente por ello, el sentido de la acción política y el cambio social que como especie, como comunidad biológica, asumamos, signará decisivamente nuestras posibilidades de sobrevivencia, o no. Ese es el escenario en el que nos hallamos.

No se trata de ‘catastrofismo’, sino del más crudo realismo. Como lo advierte Donna Haraway (2016), el Capitaloceno no es una “nueva” era geológica, otro horizonte espacio-temporal de larga duración; al contrario, el Capitaloceno designa un “evento límite”, es decir, un momento de la historia de la Tierra cuyos presupuestos y condiciones ecológicas y políticas lo hacen inviable: o se transforman esos presupuestos, o se extingue.
La cuestión ecológica, tal como es planteada por el ecologismo popular, es así crucial para la sobrevivencia de la especie. Por eso mismo, nos empuja a atrevernos a pensar el fin del capitalismo, a recuperar y renovar formas y modos de vida no-capitalistas. Nos incita a pensar la revolución no apenas como ‘cambio de políticas/políticas redistributivas’, ‘cambio de gobierno’ o ‘toma del Estado’, sino como un radical y profundo cambio civilizatorio. Es decir, el escenario del Capitaloceno, la posibilidad cierta de un colapso terminal de las condiciones ambientales que hacen posible la vida humana en el planeta como consecuencia de la huella ecológica provocada por el capitalismo, nos desafía a pensar el cambio revolucionario completamente en otra escala; una escala espacio-temporal mucho más amplia que la que hasta ahora se ha considerado. Necesitamos pensar la revolución como un cambio de Era Geológica. Si el Capitaloceno es un momento crítico, donde la vida (al menos en su forma humana) está expuesta a la extinción, si designa el tiempo geológico en el que el capitalismo ha trastornado hasta tal punto los flujos elementales del sistema Tierra casi al extremo de volverla in-habitable, hacer la revolución en el presente, significa realizar todas las transformaciones que sean necesarias a fin de restituir las condiciones dehabitabilidad del planeta; volver a hacer de la Tierra, nuestro Oikos/Hogar, el lugar apto para la (re)producción de nuestra vida como comunidad biológica.
Si la idea de un socialismo del Siglo XXI es algo más que un mero eslogan político, y lo consideramos, en términos realistas y concretos como un nuevo horizonte político, un nuevo modo histórico de (re)producción social de la vida, y un nuevo régimen de relaciones sociales, esa noción de “socialismo del siglo XXI” nos lleva a pensar la revolución como una profunda migración civilizatoria que nos saque de la era insostenible del Capitaloceno. El ecologismo popular -los sujetos y movimientos sociales que lo encarnan- se toma seriamente este desafío; piensan/pensamos la revolución como cambio sociometabólico, como una radical transición socioecológica hacia un absolutamente nuevo modo de producción social (de la vida), que supone y requiere no apenas “oponernos al neoliberalismo” sino deconstruir de raíz las formas elementales del capital.

En este punto, hallamos la convergencia fundamental entre el chavismo y el ecologismo popular. Si algo precisamos rescatar y recuperar del movimiento bolivariano, si en algo reside su originalidad, su pertinencia histórica y su potencia revolucionaria, es en la centralidad que se le ha querido dar a las comunas como nuevas bases ecobiopolíticas y unidades de producción de la vida social. Eso que ha sido su gran aporte histórico, ha sido también -hoy lo podemos ver con claridad- su límite y su contradicción: construir el socialismo comunal ha quedado sólo como una expresión de deseos. El chavismo en el gobierno siguió el camino de la “siembra del petróleo”, en lugar del sendero alter-civilizatorio de la comunalización. Lejos de favorecer la germinación del poder popular, esa siembra de petróleo lo intoxicó y lo fue asfixiando cada vez más.

En las horas aciagas que corren, sería de gran utilidad volver y juntar fuerzas en torno a ese proyecto político que fue truncado. “Comuna o nada” es un lema que resume el legado perenne del comandante Chávez y es también un principio elemental clave para orientar el cambio revolucionario, la transición socioecológica hacia una nueva era Civilizatoria y Geológica.
Comunalizar es el verbo donde convergen el chavismo y el ecologismo popular como fuerzas sociales revolucionarias; es lo que tenemos en común, como horizonte guía y aspiración transformadora. Comunalizar es, por supuesto, des-mercantilizar, pero también des-estatalizar: el Estado no es lo opuesto del Mercado, sino la contracara jurídico-política del capital. Avanzar hacia un socialismo comunal no implica un “Estado comunal”, sino la deconstrucción radical de la lógica racional-burocrática, centralizada y vertical de ejercicio del poder y gestión de la vida colectiva. Comunalizar es democratizar y descentralizar los procesos de producción de la vida; implica sembrar poder y capacidades autogestionarias, construir autonomía social desde las bases, tanto en las esferas de la vida doméstica, como de la vida pública. Comunalizar es des-privatizar y desmercantilizar las relaciones sociales, los imaginarios, los cuerpos y los territorios. No basta con suprimir la propiedad privada de “los medios de producción”; tenemos que suprimirla de la faz de la tierra; hacer que llegue el día en el que “la propiedad privada del planeta en manos de individuos aislados” sea un absurdo inaceptable.

Así, radicalizar la revolución es comunalizar la Madre Tierra; es diseñar, construir y asumir como forma de vida, un nuevo metabolismo social que la reconozca, la considere y la trate como lo que en realidad es: base imprescindible y fuente de Vida en Común.

Producir un radical giro sociometabólico que parta del respeto y el cuidado radical de la Madre Tierra, supone salirnos de los engranajes del productivismo y el consumismo que hacen girar “el molino satánico” de la acumulación como fin-en-sí-mismo; supone también corrernos del industrialismo, del urbanocentrismo y el fetichismo tecnológico que nos hace creer que el “desarrollo de las fuerzas productivas” es una línea evolutiva universal y que para cualquier problema social y/o ecológico siempre bastará y será posible hallar una solución tecnológica. Ese cambio sociometabólico no implica “aumentar los salarios” sino des-salarizar el trabajo; no “redistribuir el ingreso”, sino redefinir radicalmente el sentido social de la riqueza, esta vez, en función de los valores de uso y de la sustentabilidad de la vida y no de la valorización abstracta y la super-producción de mercancías.
En fin, procurar ese giro sociometabólico involucra, en última instancia, des-mercantilizar las emociones, vale decir, buscar, sentir y vivir la felicidad en las relaciones, y no en las cosas. En lugar de la expansión (incluso ‘igualitaria’) de los ‘bienes de consumo’, el nuevo horizonte utópico que se vislumbra desde esta perspectiva pasa más bien por un escenario donde “el hombre socializado, los productores libremente asociados, regulen racionalmente su intercambio de materias con la naturaleza, lo pongan bajo su control común en vez de dejarse dominar por él como por un poder ciego, y lo lleven a cabo con el menor gasto posible de energías y en las condiciones más adecuadas y más dignas de su naturaleza humana” (Marx, 1981: 1045).
Claro, somos conscientes de que el giro sociometabólico del que hablamos como medio y proceso revolucionario, constituye un desafío ideológico, existencial y emocional no apenas para la derecha, sino también para amplios sectores que se consideran de “izquierda”; claramente es así para la izquierda oficialista. Todavía estos sectores siguen anclados en el socialismo (realmente in-existente) del siglo pasado: concibiendo la revolución como “desarrollo de las fuerzas productivas”, creyendo que el imperativo de la liberación pasa por “industrializarnos”, “crear puestos de trabajo”, “aumentar salarios”, construir más carreteras” y “ampliar las políticas sociales”.

Esos sectores, esa izquierda no percibe aún “los límites de la civilización industrial” (Lander, 1996); no puede ver más allá del muro mental de la colonialidad progresista. Justamente, no pueden ver que más allá de esos muros, hay mucha comunalidad viviente; personas, organizaciones, comunidades enteras que no demandan más asfalto ni quieren “progresar”, que no sueñan con “salir de shopping” ni luchan por el aumento de su “poder adquisitivo”… Sujetos colectivos que, por el contrario, se hallan movilizados por la defensa de sus territorios, congregados por los desafíos de la gestión autonómica de la vida en común, por la producción de la soberanía alimentaria, por la justicia hídrica, la democratización y sostenibilidad energética.
Esos sujetos -tenemos la esperanza y la convicción- son quienes que están conjugando en sus luchas, el verbo de la revolución, del socialismo del siglo XXI… Al comunalizar los bienes, los nutrientes y las energías, los saberes, los sabores y las semillas, estos sujetos están emprendiendo el camino de la gran migración civilizatoria que nos saque del Capitaloceno y nos lleve a la Tierra de un nuevo y auténtico Antropoceno: la Era Geológica del Hombre Nuevo.

Bibliografía:
Acosta, Alberto (2009). “La maldición de la abundancia”, CEP, Ed. Abya Yala, Quito.
Altvater, Elmar (2014). “El Capital y el Capitaloceno”. En “Mundo Siglo XXI”, revista del CIECAS-IPN, N° 33, Vol. IX.
Haraway, Donna (2016). “Antropoceno, Capitaloceno, Plantacionoceno, Chthuluceno: generando relaciones de parentesco”. Revista Latinoamericana de Estudios Criticos Animales, Año III, Vol. I.
Lander, Edgardo (1996). “El límite de la civilización industrial. Perspectivas latinoamericanas en torno al posdesarrollo”. FACES, Universidad Central de Venezuela, Caracas.
Marcuse, Herbert [1979] (1993). “La ecología y la crítica de la sociedad moderna”. Revista Ecología Política N° 5. Icaria, Barcelona.
Marini, Ruy Mauro (1974). “Subdesarrollo y revolución”. Ediciones Era, México.
Marx, Karl [1867] (1981). “El Capital”. Siglo XXI, México.
Moore, Jason (2003). “Capitalism as World-Ecology: Braudel and Marx on Environmental History”. Organization & Environment 16/4 (December).
Pérez Alfonzo, Juan Pablo [1979] (2009). “Hundiéndonos en el excremento del diablo”. Fund. Editorial El perro y la rana, Caracas.
Polany, Karl [1949] (2003). “La Gran Transformación. Los orígenes políticos y económicos de nuestro tiempo”. Fondo de Cultura Económica, México.
Santos, Milton (1996). “De la totalidad al lugar”. Tau, Barcelona.
Svmpa, Maristella (2013). “Consenso de los commodities y lenguajes de valoración en América Latina”. Revista Nueva Sociedad N° 244.
Terán Mantovani, Emiliano (2014). “La crisis del capitalismo rentístico y el neoliberalismo mutante”. Documento de Trabajo N° 5, CELARG, Caracas.
1[1] Decimos “mal llamado y peor entendido” porque generalmente se ha empleado el concepto de extractivismo para referir a un sector, un tipo de actividades y/o una fase de los procesos económicos; a lo sumo, se lo ha usado para caracterizar a economías específicas (locales, nacionales o regionales) basadas en la sobre-explotación exportadora de materias primas. Eso es ver apenas una parte del fenómeno, lo que es lo mismo que no entender el problema como tal, que, a nuestro juicio, tiene que ver con la dinámica geometabólica del capitalismo como economía-mundo.
2[1] Cita extraída de Emiliano Terán Mantovani, “La crisis del capitalismo rentístico y el neoliberalismo mutante”. Documento de Trabajo N° 5, CELARG, Caracas: 2014.
3[1] Esa expresión remite a una nota publicada por Arturo Uslar Pietri en el periódico “Ahora” en 1936 y que, desde entonces, se ha convertido en una pieza emblemática de una visión nacional-desarrollista basada en la idea de invertir la efímera renta petrolera en la gestación de otros sectores productivos más sostenibles. Un fragmento de dicha nota dice: “Urge aprovechar la riqueza transitoria de la actual economía destructiva para crear las bases sanas y amplias y coordinadas de esa futura economía progresiva que será nuestra verdadera acta de independencia. Es menester sacar la mayor renta de las minas para invertirla totalmente en ayudas, facilidades y estímulos a la agricultura, la cría y las industrias nacionales. Que en lugar de ser el petróleo una maldición que haya de convertirnos en un pueblo parásito e inútil, sea la afortunada coyuntura que permita con su súbita riqueza acelerar y fortificar la evolución productora del pueblo venezolano en condiciones excepcionales.” (Arturo Uslar Pietri, “Sembrar el petróleo”, 14 de julio de 1936). Al día de hoy, el lema de PDVSA y el título del Boletín oficial es “Siembra petrolera…. Cosechando Patria”.
4[1] Las exportaciones petroleras venezolanas pasaron del 65 % en 1998 al 96 % en el año 2014.

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I. Golpes de estado a Salvador y a Evo prueban la 'democracia' del Capital Estado

iNo hay democracia si el crecimiento económico es de:

Los dueños del agro y la alimentación

6 marzo 2019
Por Darío Aranda
Un informe de organizaciones alemanas muestra cómo unas pocas corporaciones manejan el sistema alimentario del planeta. El agronegocio y la complicidad de los gobiernos. El caso argentino: los pueblos fumigados y la expulsión de Monsanto de una localidad cordobesa.
Un puñado de empresas de Estados Unidos, Europa y China decide qué produce el agro mundial, cómo se alimenta la población y, al mismo tiempo, cómo se enferma y empobrece. Son algunas de las definiciones del “Altas del agronegocio”, una investigación de fundaciones alemanas que denuncia con nombres propios el accionar de las compañías y la complicidad de los gobiernos. El trabajo también derriba el mito de las multinacionales agrícolas: “El agronegocio (de transgénicos y agrotóxicos) no puede conservar al medio ambiente ni la subsistencia de productores, y tampoco puede alimentar al mundo”.

La investigación denuncia el accionar de las empresas del agro, cerealeras, multinacionales de la alimentación y supermercados. De Alemania apuntan al accionar de Bayer y Basf; de Estados Unidos a Bunge, Cargill, Coca Cola, Dow, DuPont, Kraft y Monsanto. De Gran Bretaña a la multinacional Unilever; de Franca a Danone y Carrefour; de China a ChemChina y Cofco; de Suiza a Glencore, Nestlé y Syngenta; de Países Bajos a Louis Dreyfus y Nidera. De Argentina aparecen las empresas Los Grobo, Don Mario,  Biosidus y Cencosud (Vea, Jumbo y Disco), entre otras.

El trabajo fue realizado por las fundaciones Heinrich Böll, Rosa Luxemburgo, Amigos de la Tierra Alemania (BUND), Oxfam Alemania, Germanwatch y Le Monde Diplomatique. Sindica como “el moderno latifundio” al modelo de agronegocio, que desde finales del siglo XX avanzaron con la llamada agricultura industrial, de monocutltivos (principalmente palma aceitera, maíz y soja).
Apunta a cuatro empresas que dominan el mercado de semillas y agrotóxicos: Bayer (que en 2018 cerró la compra de Monsanto), ChemChina-Syngenta, Brevant (Dow y Dupont) y Basf. En 2015 facturaron 85.000 millones de dólares y, según proyecciones de Bayer, llegarán 120.000 millones en 2025.
Cuestiona que las empresas del sector hayan asumido poca responsabilidad por las consecuencias de su accionar, que repercutió en el “el hambre, el cambio climático, la sostenibilidad, la enfermedad y la injusticia”.
La investigación cuenta con un capítulo titulado “La república unida de la soja” (en base a una publicidad de la multinacional Syngenta, que así llamó a Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Brasil). “El papel de Argentina en la promoción del modelo agrícola industrial transgénico fue crucial. Representó la cabecera de playa de esta expansión para la industria semillera y agroquímica mundial”, afirma. 

Explica que jugó un rol clave el eje gubernamental. Denuncia la complicidad de la Comisión Nacional de Biotecnología (Conabia), el Servicio de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), la Secretaría de Agricultura y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). A más de 20 años aprobar la primera soja transgénica, los mismos organismos aún bendicen los transgénicos y agrotóxicos en base a estudios de las mismas empresas que los producen y venden.

El trabajo también denuncia el rol de “pseudo-organizaciones técnicas” que publicitan las bondades del modelo pero ocultan las consecuencias. Señala a la Asociación de Productores de Siembra Directa (Aapresid), Asociación de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (Aacrea) y las fundaciones Fertilizar y Producir Conservando. Afirma que el modelo agropecuario actual es una “agricultura minera” que extrae nutrientes de los países sudamericanos y genera enormes impactos ambientales.

Precisa el rol de empresas que suelen pasar desapercibidas en el debate del agro mundial: las exportadoras o, como llamó el periodista Dan Morgan, “traficantes de granos”. Cuatro transnacionales dominan el sector: Archer Daniels Midland (ADM), Bunge, Cargill y Louis Dreyfus. Juntas son conocidas como el “Grupo ABCD”. Su participación en el mercado mundial es del 70 por ciento. En los últimos años se sumó al grupo la china Cofco.

El mercado de alimentos también está en muy pocas manos: 50 grupos empresariales facturan la mitad de las ventas mundiales. Las diez principales (sin incluir el sector bebidas) son Nestlé (Suiza), JBS (primer proveedor de carne mundial, de Brasil). Del tercero al sexto lugar son empresas de Estados Unidos: Tyson Foods, Mars, Kraft Heinz, Mondelez. Le siguen Danone (Francia), Unilever (Gran bretaña) y las estadounidenses General Mills y Smithfield.
“Con la expansión de los consorcios multinacionales se modifican los hábitos alimenticios. Los alimentos poco procesados son sustituidos por los ultraprocesados. El sobrepeso, la diabetes y las enfermedades crónicas son sólo algunas de las consecuencias”, alerta la investigación, que se presentó en Europa, Brasil y Argentina, y contó con la participación local del Grupo de Ecología del Paisaje y Medio Ambiente (Gepama) de la UBA.

También destaca la urgente necesidad de fortalecer mediante políticas públicas la agroecología (un modelo sin transgénicos ni agrotóxicos, con rol protagónico de campesinos, indígenas y pequeños productores) y resalta dos acciones históricos contra las multinacionales: el boicot mundial contra Nestlé (entre 1977 y 1984) por su engañosa publicidad de leche en polvo para bebés y la lucha de los pueblos fumigados de Argentina, que son la prueba viva de los impactos de los agrotóxicos en la salud y al mismo tiempo impulsan modelos de producción sin venenos. Recuerda la epopeya de la localidad de Malvinas Argentinas (Córdoba), que luego de cuatro años de resistencia echó a Monsanto de su territorio.



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