A recordar

18 de junio de 2020

III.El gob del PJ-Menem legalizó megaminería y más de una dekada la expandió

Extractivismo minero y 
 fractura sociometabólica
El caso de Minera Alumbrera Ltd., a veinte años de explotación
 
RevIISE | Vol 10 Año 10 - octubre 2017 - marzo 2018. Argentina.
 
 Horacio Machado Aráoz y Leonardo Javier Rossi
 
A modo de introducción
 
Las problemáticas ecológicas como fuente de conflictividad social y movilización política, se han constituido como un rasgo característico y cada vez más relevante del capitalismo tardío, en particular, desde la crisis del régimen de acumulación de posguerra en adelante. El drástico proceso de reconfiguración neocolonial del mundo operado a través de la globalización neoliberal y la intensificación de las modalidades de acumulación por despojo (Harvey, 2004) ha repercutido de manera agravada en la geografía económica y política latinoamericana, cuya riqueza en recursos naturales ha pasado a ser un factor indispensable para los proyectos interesados en “sostener” la tasa de crecimiento de la economía mundial. Un caso emblemático de este fenómeno lo constituye la abrupta expansión de la minería transnacional a gran escala en América Latina en general y en Argentina en particular, a partir de las reformas impulsadas por el Banco Mundial en los años 90. Instauradas por gobiernos neoliberales, el apoyo explícito del Estado a la expansión de la minería transnacional se ha sostenido férreamente en las décadas siguientes, aún en los países que experimentaron significativos cambios de gobierno, con el arribo de fuerzas progresistas y/o de centroizquierda al poder estatal. En la primera década del nuevo milenio la región asistió a un fuerte ciclo de crecimiento económico de la mano de la aceleración de la exportación de materias primas, en un contexto donde la demanda china mantuvo los precios en alza. Ese contexto signó un derrotero de cambio radical en la matriz productiva y socioterritorial en la región, caracterizada por una ruta de reprimarización, concentración, y extranjerización de sus economías. Paradójicamente, el proceso de reversión de las políticas de ajuste de los 90 y de mejoramiento relativo de los indicadores socioeconómicos que experimentaron amplios sectores sociales, en el marco de la primera década del siglo XXI en la región, ha estado estructural y materialmente sustentado en el fuerte dinamismo de las exportaciones de materias primas, fenómeno que -como ha sido analizado- significó la recreación y el rediseño de las modalidades históricas de la dependencia estructural y la inserción subordinada de la economía regional, ahora articulada a la voracidad industrial de China (Machado Aráoz, 2015b). Los debates y conflictos sociopolíticos emergentes en este escenario parecieron intensificar el aparente antagonismo entre “sociedad” y  “naturaleza”.
 
Más específicamente, mientras que la ampliación de la frontera extractivista intensificó las resistencias protagonizadas por organizaciones de poblaciones afectadas y movimientos socioambientales, por el otro lado, fuerzas políticas y gobiernos sostuvieron a rajatabla ese modelo de crecimiento. En especial, los gobiernos progresistas defendieron sus políticas extractivistas presentándolas como condición necesaria para “la superación de la pobreza” y la “inclusión social” de los sectores sociales históricamente marginados. La concepción ideológica de que había que optar entre la “preservación del medioambiente” o la “superación de la pobreza” fue rearticulada en este nuevo escenario como clave de bóveda de las disputas políticas1 . Un argumento, en realidad, neoliberal (la primacía del crecimiento económico, resolverá, a largo plazo, los problemas sociales y ecológicos)2 fue férreamente asumido por los gobiernos de la región, incluso aquellos que se reivindicaban como “postneoliberales” y/o “de izquierda”. A nuestro entender, estas disputas ideológico políticas expresan sintomáticamente la separación ontológica que la Razón Moderna instituyó entre Sujeto y Naturaleza, como fundamento epistémico y práctico de su modo de concebir, conocer y relacionarse con el Mundo.

El imperativo del dominio, control y explotación (aunque sea “racional”, ahora predicado como “sustentable”) de la Naturaleza como “condición” para la emancipación humana, sigue reproduciendo esa idea primordial de la Razón imperial, que concibió a la Tierra como “objeto colonial”, fundamento y base de todas las conquistas (Machado Aráoz, 2010). El imaginario colonial desarrollista que atraviesa e impregna las modu-laciones ideológicas tanto de los gobiernos de “derecha” y de “izquierda” en la región sigue reeditando esa gravosa dicotomía. En buena medida ese imaginario sigue resultando eficaz para invisibilizar los procesos de depredación de las fuentes primarias de la vida, como condición y efecto de la dinámica de la acumulación capitalista. En este trabajo ofrecemos una mirada crítica que justamente apunta a correr el velo ideológico del “crecimiento” como amortiguación de los efectos expropiatorios de la acumulación por despojo. Para ello recurrimos a la revisión del concepto de metabolismo social y de fractura sociometabólica provisto originariamente por Marx para analizar los efectos e implicaciones que la expansión del extractivismo (en este caso, el extractivismo minero) tiene sobre las economías locales, en términos de acumulación por despojo y expropiación ecobiopolítica. Dar cuenta de estos procesos nos parecen fundamentales para revisar y reorientar las búsquedas teórico políticas de nuevos horizontes emancipatorios en el siglo XXI.
 
Desvincular(nos) de la Naturaleza, el origen
Para afrontar en términos realistas los cruciales problemas ecológicos del presente, creemos imprescindible una revisión de los análisis críticos en torno a la relación Sujeto-Naturaleza, tal como ha sido hegemónicamente concebida por la colonialidad del saber/poder moderno. El materialismo histórico de Marx provee, a nuestro entender, una base ontológica apropiada para restablecer una concepción relacionaldialéctica, allí donde ha primado erróneamente una mirada dicotómica y, en última instancia, antropocéntrica. El punto de partida de Marx para comprender la relación Naturaleza-Sociedad es el concepto de Metabolismo Social que, en definitiva, pone en el centro de los procesos de hominización/ humanización de la Naturaleza al proceso social de trabajo. Pues, para Marx, “(L)la primera premisa de toda la historia humana es la existencia de individuos humanos vivos. El primer hecho a constatar es, por tanto, la organización corpórea de esos individuos y la relación por eso existente con el resto de la naturaleza (Marx y Engels, 1974: 19). Partir de los individuos humanos vivientes, implica, ante todo, negar radicalmente toda separación entre Naturaleza y Sociedad y rechazar todo antropocentrismo. O, si se prefiere, supone partir de la afirmación básica de que el ser humano es naturaleza, tal como puede leerse en los Manuscritos de 1844: La naturaleza es el cuerpo inorgánico del hombre; es decir, la naturaleza en cuanto no es el mismo cuerpo humano. Que el hombre vive de la naturaleza quiere decir que la naturaleza es su cuerpo, con el que debe mantenerse en un proceso constante, para no morir.
 
La afirmación de que la vida física y espiritual del hombre se halla entroncada con la naturaleza no tiene más sentido que el que la naturaleza se halla entroncada consigo misma, y que el hombre es parte de la naturaleza. Sobre esa base, Marx introduce la noción de metabolismo social para dar cuenta de la especificidad de lo humano. Con ella Marx refiere a los imprescindibles y continuos intercambios energético-materiales que vinculan a los cuerpos humanos vivientes con el resto de los seres y elementos de la biósfera, haciendo de tal modo materialmente posible su sobrevivencia. Dichos intercambios consisten en flujos energético-materiales que circulan en dos grandes direcciones, y cuyos vectores claves son el alimento y el trabajo: de un lado, hay un flujo fundamental de agua, aire y alimento que va de la Tierra a los cuerpos/poblaciones proveyendo los nutrientes básicos de los que dependen. Del otro lado, ello supone un correlativo flujo energético que va de los de los cuerpos-poblaciones a la Tierra en forma de trabajo social. Éste, como energía inseparablemente física-psíquica-emocional, es la condición universal para la interacción metabólica entre el hombre y la naturaleza, la perenne condición de la existencia humana impuesta por la naturaleza (Marx, 1867).
 
Se comprende así, en qué medida, para Marx, el metabolismo social es la condición ecológicopolítica fundamental para la existencia de los individuos y las sociedades humanas. A través de las nociones de metabolismo social y de trabajo, da cuenta, por un lado, del proceso de irrupción de lo humano en la historia de la materia (hominización). La emergencia de lo humano como tal dentro del proceso geo-histórico-biológico de complejización de las formas de vida, acontece como producto el específico obrar humano (trabajo) en la procuración de su subsistencia; es por medio de su propia práctica, que el ser humano viviente va produciendo a sí mismo como un ser socio-cultural, tecnológico y político, como rasgos distintivos de la especie. Y esta misma categoría es la que toma como punto de partida para el análisis de la especificidad histórica del capitalismo, entendido éste como modo de producción que opera y emerge de una drástica fractura sociometabólica (Marx, 1867; Foster, 2000).
 
Marx emplea la noción de fractura metabólica como categoría para dar cuenta de los procesos históricos que se suscitaron en Europa en torno los masivos cercamientos de campos, la expulsión a gran escala de campesinos hacia las ciudades, y el cambio de patrón productivo en vastas áreas agrícolas. Su centro de atención es la pérdida de nutrientes naturales en los suelos ahora dedicados a abastecer las incipientes urbes, y despojados de sus ciclos de reposición de fertilidad en una proyección plausible, mediante una agricultura artesanal que va dejando paso a la industrialización de la actividad. Esta fractura metabólica no sólo operaba en la división antagónica entre ciudad y campo al interior europeo sino que a un nivel más global, colonias enteras veían el robo de sus tierras, sus recursos y su suelo en apoyo de la industrialización de los países colonizadores (Foster, 2000: 253). En términos de Wallerstein, la economía-mundo europea del siglo dieciséis se volvió irremediablemente capitalista (115).
 
El cambio trascendental que implica la creciente privatización de toda forma de trabajo y de aspectos básicos para el desarrollo de la vida, como el suelo, el alimento, la vestimenta hasta entonces regidos bajo otras lógicas de reproducción lleva a alertar ya en el siglo XIX sobre la imposibilidad física de ese proceso incesante de acumulación de capital. Una mirada crítica de este proceso epistémico de largo y profundo alcance lleva a considerar que la sociedad capitalista ha violado las condiciones de sostenibilidad impuestas por la naturaleza (Foster, 252). Basado en este análisis y tomando en cuenta sus propias investigaciones históricas sobre el proceso de expansión colonial del capitalismo, Jason Moore ha destacado que la incesante dinámica de la acumulación requiere como condición sine qua non, el continuo corrimiento de la frontera mercantil, lo que va arrasando ecosistemas desde sus inicios hasta la actualidad.
 
En un comienzo, centrado en la desestructuración de sistemas socioeconómicos feudales, y con la tala de bosques como una de las principales degradaciones ecológicas desatadas en tierras de lo que luego sería Europa, para posteriormente avanzar a territorios de ultramar. Como destaca Moore, las fronteras mercantiles más significativas se basaron en la explotación del medio ambiente con los ejemplos coloniales extractivos del azúcar, la minería de plata y oro, tabaco, entre otros (2003:24). El concepto de frontera mercantil nos permite ver con mayor claridad la fractura metabólica operada entre la expansión del espacio capitalista y la producción anclada territorialmente. El gran triunfo del capitalismo a lo largo de su derrotero ha sido evitar los costos de la degradación ecológica local y regional mediante la reubicación de sus actividades de acumulación. En otros términos, el capitalismo es constitutivamente un sistema global y globalizador (Moore, 2003:43).
 
La modernidad capitalista aparece como el resultado desde sus inicios de transacciones transcontinentales cuyo carácter verdaderamente global sólo comenzó con la conquista y la colonización de las Américas (Coronil, 111). En este recorrido se torna clave la noción de extractivismo que, como observamos a la luz de esta síntesis histórica, es una práctica económico político cultural estructural del actual sistemamundo. El capitalismo nace de y se expande con y a través del extractivismo (Machado Aráoz, 2015a:15); es el eje de la acumulación originaria o bien de la acumulación por desposesión (Harvey). El extractivismo es un profundo proceso de desterritorialización, transformaciones ecológicas, desplazamientos de poblaciones junto con sus prácticas productivas y culturales que hacen parte inescindible de este permanente proceso de reproducción del capital (Machado Aráoz 2013, 2015a).
 
Minería colonial, condición del capital
 
La “acumulación primitiva” colonial, lejos de ser una precondición para el desarrollo capitalista, ha sido un elemento indispensable de su dinámica interna (Coronil, 111). Dentro de la larga historia colonial de América Latina el rol de la actividad minera ha tenido un lugar protagónico. Desde la centralidad que encarnó la extracción de plata y oro en la primera fase colonial, con el cerro de Potosí como geografía destacada, hasta la actual etapa de multiplicación de proyectos megamineros a lo largo de las montañas de sur y centro América, el extractivismo minero recrea una y otra vez el ciclo de fractura metabólica: desplazamiento de poblaciones locales, afectación de los ciclos naturales en los territorios sacrificados, irrupción de las prácticas económicas-culturales autóctonas. Tanto en la etapa de colonización y conquista; la era liberal y la conformación de las economías primarioexportadoras (fines del siglo XIX e inicios del XX); como en la etapa neoliberal actual permanece la condición colonial con la explotación de recursos naturales como una de sus dinámicas centrales (Teubal y Palmisano). Para dimensionar el impacto que significó el territorio colonizado en la dinámica del capital internacional, vale observar que en el siglo XVI sólo en Potosí se producía el 74% de la producción mundial de plata (Id. 137). Potosí significó el ejemplo por excelencia del capitalismo moderno temprano. En este territorio y sus alrededores, dinámicas culturales de raigambre agraria fueron arrasadas para dar paso a una de las grandes urbes del mundo en ese entonces, en paralelo que miles y miles de cuerpos nativos eran extinguidos como mano de obra minera; las prácticas de la empresa colonial contaminaban cursos de agua como nunca antes; y poblados de regiones próximas eran incorporados a la dinámica capitalista como abastecedores de alimentos reformulando los ciclos de producción e intercambio de comunidades enteras (Moore, 2003). Destaca Moore en La Naturaleza en la transición del feudalismo al capitalismo: La división ciudad-campo del trabajo que tomó forma con el auge de Potosí no sólo expresaba relaciones de poder económico y político. Expresaba igualmente las con-tradicciones metabólicas del sistema que surgía (p. 27). Ese corrimiento de la frontera minera hacia América implicaba el avance de otras fronte-ras al interior del territorio americano: desde el altiplano hasta la costa, el proceso de anexión al capitalismo significó desentramar procesos ecológicos, complementariedad en el abastecimiento alimentario, tiempos agroproductivos con base en el territorio habitado, destrucción de sistemas hidráulicos, hambre. La frontera minera alteró estos sistemas en todas las zonas, apunta Moore (2003:29- 30). Las minas exigían grandes desplazamientos de población y desarticulaban las unidades agrícolas comunitarias; no sólo extinguían vidas innumerables a través del trabajo forzado, sino que además, indirectamente, abatían sistemas colectivos de cultivo (Galeano, 64). Potosí escenificó el consumo, la ostentación, la acumulación, la inversión, el cálculo, el costo-beneficio y su revés: hambre, pobreza extrema, una pobreza inédita y desconocida hasta el momento” (Machado Aráoz, 2014:97). Genocidioecocidio-epistemicidio son eslabones inseparables de la férrea cadena que marca históricamente el principio de la minería colonial (Machado Aráoz, 2014:111). Pero este principio colonizador no será sólo devastación y ruina sino que sentará bases histórico culturales y geográficas mediante complejos sistemas de violencia que moldearán los territorios y los cuerpos disciplinados para su cíclica reproducción. Como destaca Porto Gonçalves (2009): el colonialismo no fue simplemente una configuración geopolítica por medio de la cual el mundo se mundializó sino más bien la colonialidad es constitutiva de las relaciones sociales y de poder del sistema-mundo en sus más diferentes escalas (126).
 
En términos de Gunder Frank, las relaciones metrópolis-satélites no se circunscriben sólo a la escala imperial sino que permean y estructuran la propia vida económica, sociopolítica, y cultural de los países colonizados (148). Esa dinámica, como se observó en el ejemplo fundante del Potosí, se recrea en los diversos territorios colonizados en múltiples direcciones, convirtiendo a satélites de las metrópolis en centros al interior de la tierra colonial. Desde ese entonces a la actualidad se reinventa la lógica imperial y el colonialismo interno en términos de dominación del capital nacional e internacional, como en la ocupación de los espacios territoriales y sociales de un país a otro y al interior de un mismo país (González Casanova, 421,422).
 
Desde una mirada actual, esta lógica (siempre en diálogo con el pasado colonial) configura regiones enteras dependientes de una actividad económica implantada externamente que somete no sólo con objetivos económicos sino en lo político, cultural, social, psicológico y jurídico. Como nos plantea la teoría de la dependencia, en estos enclaves las decisiones del proyecto extractivista se toman en el exterior, mientras que los beneficios de la empresa apenas pasan en su flujo de circulación por el suelo donde tiene su origen sin tener realmente conexiones con la economía local. El capital inversor sí se vincula con el poder central dependiente (naciónprovincia-municipio) para gestionar la concesión en negociaciones, siempre desligadas de la posibilidad de cualquier desarrollo autónomo por parte de quienes habitan los territorios elegidos para la apropiación de recursos por parte del capital inversor (Cardoso y Faletto). A decir de Milton Santos, las economías primarioexportadoras significan una sucesiva pérdida de control en la organización espacial por parte de los Estados dependientes, donde mediante las inversiones del capital la demanda procedente del centro queda directa e inmediatamente marcadas en la sociedad, en la economía y en el espacio (50)
 
El reimpulso en clave neoliberal que atravesó la región en la década del 2000.
 
Desde fines de la década del ochenta una nueva avanzada minera atraviesa América Latina. Esta vez, tras la crisis de sobreacumulación del capitalismo internacional iniciada en la década del setenta reaparece un voraz apetito del capital trasnacional por los recursos naturales como medio de anclaje del capital excedente (Harvey, 2004). Harvey (2001) analiza cómo en el marco de una geografía imperial del capital, los espacios subalternizados son objetos de recursivos ciclos de acumulación por despojo, mediante nuevos corrimientos de la frontera del capital. En el marco neoliberal, se produce un desplazamiento en los mecanismos de regulación política que tenderá a trastocar de forma radical las relaciones entre espacio y poder estatal. Opera entonces una disipación de la ilusión de competencia y control sobre el territorio por parte del Estado, en favor de una amplia autonomía del capital que se traduce en la aprobación jurídica-política a una diversidad de tecnologías utilizadas para explotar la naturaleza, humana y no humana (Ciuffolini, 18-19). Consenso de Washington mediante, los países de la región dieron paso a la liberalización y des-re-regulación de la economía en pos de incentivar las inversiones extranjeras directas, según marcaban las pautas de los organismos económicos internacionales.
 
Tres fueron los pilares centrales de estos lineamientos:
·         Plena seguridad jurídica sobre la propiedad de las concesiones mineras (preeminencia de la propiedad minera sobre los derechos superficiarios; total garantía legal y judicial de las inversiones extranjeras).
·         Grandes beneficios fiscales y comerciales (estabilidad jurídica por períodos de entre 25 y 30 años; eliminación de tasas de importación y exportación; desgravación de impuestos internos y de regalías mineras o su limitación a tasas insignificantes; libre disponibilidad de divisas y desregulación total sobre la remisión de utilidades).
·         Una legislación y sistema de controles ambientales extremadamente laxos (Machado Aráoz, 2011, 159) Argentina dio paso a la Ley de Inversiones Mineras (24.196/93) que habilitó la privatización del subsuelo, en sintonía con lo que ocurría por la misma época en países como México, Ecuador, Bolivia, Brasil y Perú.
 
En ese escenario se desató un boom minero que se tradujo en un crecimiento de las inversiones en exploración medidas en millones de dólares de 400 por ciento en ocho años en Latinoamérica. La expansión de la megaminería no detuvo su marcha pese al cambio de escenario político.
 
Con la irrupción creciente de gobiernos de centroizquierda, nacionales-populares y progresistas el avance del extractivismo minero también vio acrecentarse, triplicándose las exportaciones de la actividad en otro lapso de ocho años. Facilidades comerciales, fiscales, financieras, ambientales, y de las fuerzas de seguridad forman parte del apoyo estatal a la actividad que renovó su impulso en los últimos quince años bajo el denominado consenso de los comoditties (Svampa) o consenso de Beijing (Machado Aráoz, 2014), junto con otras actividades extractivas (granos, hidrocarburos, forestal). La megaminería se torna política de Estado por encima de cualquier matiz político-partidario. El reimpulso minero trae una vez más, bajo nuevos lenguajes y prácticas, el anclaje colonial de la economía latinoamericana. Esta laxitud del Estado para con el capital extractivo se encuentra amparado, nuevamente, en discursos que transitan en torno a las categorías de desarrollo, modernización y progreso. Otra vez, la razón colonial-moderna-eurocentrada permea y modela el andamiaje institucional que soporta estas prácticas de expoliación. En esta línea, como nos plantea Antonelli, con el marco legal y la decisión política sólo no alcanza: Como toda colonización, la megaminería trasnacional requiere no sólo de la legalidad de las normativas […] sino una lengua, una episteme, una genealogía, iconografías y retóricas, su ética y su filantropía, sus afectos públicos y pasiones políticamente fuertes, y una profusión de discursos e instituciones de legitimación (100). La naturaleza cosificada, quebrada en su vínculo metabólico del ser humano, tiene como destino inevitable ser puesta a disposición del capital mega-minero sin reparar en la historia etnosocioecológica del territorio a sacrificar. No se contemplan los millones de litros de agua que se utilicen en tiempo récord en zonas semiáridas o los riesgos de contaminación con metales pesados ni el quiebre de las prácticas agrícolas que serán desplazadas de esa geografía. Podemos pensar esta nueva arremetida del capital extractivista en términos de fascismo territorial (Sousa Santos, 2010:26), enclaves donde el capital trasnacional regula socialmente a los habitantes del territorio sin su participación y contra sus intereses, previa neutralización y/o cooptación del Estado, cuando no de forma violenta, justamente en naciones que ya están marcadas por la huella colonial europea. Bajo diferentes formas, la tierra originaria tomada como prerrogativa de conquista y la subsecuente ‘privatización’ de las colonias se encuentran presentes en la reproducción del fascismo territorial (Ibíd.).
 
El desarrollo de la minería metalífera a gran escala puede pensarse como un ejemplo paradigmático en el cual una visión de la territorialidad se presenta como excluyente de las existentes (o potencialmente existentes) (Svampa, Bottaro y Sola Álvarez, 43). Las múltiples territorialidades (Porto Gonçalves, 2003; 2009; 2016) campesinas, indígenas, de pequeños agricultores con sus prácticas, saberes e historias son tensionadas, cuando no eliminadas, por esta territorialidad megaminera, discurso y práctica extractiva, que tiene como permanente línea de llegada el desarrollo, donde toda innovación tecnológica producida en el contexto de la modernidad se ve necesariamente como avance, independientemente de sus motivaciones, impactos y consecuencias (Machado Aráoz, 2014:57). (…)
 
Las múltiples heridas de la fractura sociometabólica
 
En el escenario analizado pudimos apreciar cómo una compleja trama de operaciones se pone en juego a partir del avance de la frontera del capital megaminero: la promoción de sujetos sujetados a la dinámica del valor de cambio, la negación de discursos “oficiales” sobre la agricultura campesina como modo de vida posible -que redunda en falta de apoyo estructural a esas economías-, el avance de la frontera urbana, y la competencia por los bienes comunes (agua-tierramontañas) se traducen en un despoblamiento silencioso del campo, de los agricultores y de sus actividades tradicionales. El ser agricultor, a fin de cuentas, es puesto en tela de juicio como horizonte de existencia posible en este territorio de sacrificio. Ese desplazamiento, si bien implica la migración campo-ciudad, significa una profunda transformación del territorio, donde se borran un amplio espectro de saberes y prácticas transmitidos por generaciones. Ni más ni menos se pierde un potente entramado cultural vinculado a producción, intercambio y consumo autónomo de alimentos, y al necesario uso sostenible de la naturaleza. Estos relatos nos permiten una primera aproximación a cuestiones a profundizar en torno a las transformaciones ecosocioterritoriales que la fractura sociometabólica, impulsada por la megaminería, implica en esta región catamarqueña. Como observamos, aparecen a primera vista cambios en las dinámicas alimentarias, en las prácticas económicas, en los valores sociales, y las relaciones comunales, tensionadas a niveles que desfiguran la cotidianeidad y la historia local. Los testimonios expresan como factor común las tensiones entre tiempos distintos. Recordemos que el tiempo del capital industrial, con su obsesión de acumulación incesante para desarrollarse construye a los otros tiempos como atrasados, donde toda diferencia y diversidad (natural o cultural) debe ir dejando paso a la monocultura que tiene en el progreso, la modernidad, y la ciudad “civilizada” su locus por excelencia, su horizonte (Porto Gonçalves, 2016). La penetración del capital como mediador de los vínculos al interior de la comunidad no desemboca en otra dirección que una dependencia estructural extrema por parte de la población local. Comunidades históricamente agrarias, productoras de alimentos para autoconsumo, van dando paso a una progresiva pérdida de capacidad de autosuficiencia alimentaria, que no es otra cosa, que las energías vitales que el hombre como parte de la naturaleza intercambia con otros componentes de la biosfera a fin de reproducir la vida. Es en este sentido que planteamos la noción de expropiación ecobiopolítica para explicitar cómo opera un sistema integral de dominio, control y disposición que se ejerce sobre el complejo de la vida social en general (Machado Aráoz, 2013, 140), desde sus expresiones materiales más elementales como el agua, la tierra y el alimento hasta las diversas dinámicas sociocomunitarias y culturales. Si a nivel macro la actual fase del extractivismo se caracteriza por la degradación extrema de las condiciones biofísicas de existencia de la especie humana; a nivel microbiopolítico la producción capitalista está signada por la configuración de subjetividades crecientemente desvinculadas y enajenadas de los flujos que nos sostienen como cuerpos humanos vivientes” (Machado Aráoz, 2016:224). En otros términos, esta “hiperindustrialización/ tecnificación/artificialización de la vida (patrones de consumo) de unas economías/sociedades demanda y requiere de la híper-reprimarización de otras”. La megaminería materializa la expropiación geográfica (Machado Aráoz, 2011) de un “occidente” que aún corre su frontera mercantil en base a la extinción, una y otra vez, de las culturaseconomías-territorialidades otras negadas, allí donde se asienta el capital extractivo. Expropiación que en su dimensión biopolítica expropia los medios que nos hacen cuerpos: el agua, el aire, el suelo, en suma, el territorio (Id. 172). Esta dinámica necroeconómica del capital se asienta principalmente en la sistemática depredación sobre las agroculturas (Machado Aráoz y Paz, 151), siendo éstas sabedoras de los ciclos de la naturaleza, entendedoras del territorio como espacio de vida y para la vida, defensoras de la autonomía alimentaria moldeada a lo largo de generaciones, artesanas de saberes que han transitado el territorio por siglos. En base a los planteos pioneros de Marx sobre la fractura sociometabólica y los ejemplos analizados, intentamos evidenciar la potencia del capitalismo en reinventar una y otra vez la maquinaria devastadora de los ciclos energéticos naturales que hacen al complejo proceso de vida del que el hombre es victimario y víctima. A modo de cierre, tomamos la energía vital de esas comunidades que se resisten a aceptar el “destino inevitable” que ofrece el discurso minero oficial, culturas que apuestan a sembrar en las “zonas de sacrificio” un “campo de historia-esperanza”, que practican desde su estar en el territorio la defensa de la agricultura y la soberanía alimentaria, que reivindican el ser agricultores, y aleccionan sobre la olvidada reciprocidad con la naturaleza. Parafraseando a Porto Gonçalves (2016, 310), comunidades que hacen de su lucha por la tierra, una lucha por la Tierra.

Fuente: RevIISE | Vol 10 Año 10 - octubre 2017 - marzo 2018. Argentina.pp. 273-286 www.reviise.unsj.edu.ar

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II.El gob del PJ-Menem legalizó megaminería y más de una dekada la expandió

Comunidad científico académica de Chubut rechaza la megaminería

17 de junio de 2020

Ayer en el día de la Ciencia Digna en homenaje a Andrés Carrasco, referentes de la comunidad científica y académica de Chubut alertaron al gobierno provincial sobre las consecuencias irreversibles que deja la actividad minera metalífera. Mediante una carta explicaron su rechazo a la avanzada minera que renovó su impulso en forma inversamente proporcional a la crisis creciente que vive la provincia y como contrapartida a la propuesta de la Secretaría de Minería de Nación que busca crear un consejo de notables para avalar la actividad, como la red de académicos por una minería sustentable.

Por Flavia Nuñez para ANRed
Ayer en el día de la Ciencia Digna en homenaje a Andrés Carrasco, referentes de la comunidad científica y académica de Chubut alertaron al gobierno provincial sobre las consecuencias irreversibles que deja la actividad minera metalífera. Mediante una carta explicaron, su rechazo a la avanzada minera que renovó su impulso en forma inversamente proporcional a la crisis creciente que vive la provincia y como contrapartida a la propuesta de la Secretaría de Minería de Nación que busca crear un consejo de notables para avalar la actividad, como la red de académicos por una minería sustentable.
En Chubut no hay licencia social para la megaminería y quienes firman la carta así lo consideran, al renovar su compromiso con la sociedad y demostrar que la ciencia es digna cuando promueve el cuidado y salud comunitarios, ya que como expresan en el comunicado “la habilitación de la minería metalífera en cualquier punto de la provincia representará una condena para todo el territorio chubutense”.
El documento esta dirigido al Gobernador de la provincia Mariano Arcioni, y otras autoridades provinciales.
“Consideramos que una actividad extractiva, disruptiva socialmente, contaminante y poco beneficiosa en lo económico, no debe ser considerada una alternativa para Chubut. Dinamitar cerros y destruir toda su naturaleza para extraer unos gramos de mineral, no parece ser un beneficio para ningún/a habitante de esta provincia, sólo para las empresas que fundirán y comercializarán esos metales. Ningún gobierno de turno tiene potestad para dar este paso con consecuencias irreversibles para el ambiente y la población. En nuestras instituciones y grupos de investigación estudiamos e investigamos nuestro territorio, los bienes comunes, la historia y actividades de la región desde hace muchos años, más de lo que dura la vida política de cualquier gobierno. Por lo tanto, comprometido/as con ello y con la vida de las próximas generaciones, intentamos sintetizar aquellas facetas de la minería metalífera (de oro, plata, uranio, plomo, cobre, entre otros) que ponen en gran riesgo la población que ustedes representan y a la que deben responder por haber sido elegidos” expresa el texto de la carta.
Asimismo en una serie de puntos establece cuales serían las principales consecuencias de la implementación de dichos proyectos extractivos en cuanto a su impacto sobre el medio y las poblaciones que allí habitan.
  1. Las sustancias químicas que se utilizan en esta actividad (cualquiera sea su grado de manejo) producen daño ambiental irreversible y ponen en riesgo la salud de las poblaciones del área de influencia de las minas. Este hecho ha sido comprobado en otros lugares donde se desarrolló este tipo de minería: A las poblaciones cercanas a la mina la contaminación química las afectará directamente por cercanía; a las poblaciones asociadas a cuerpos de agua (ríos, arroyos, lagos y lagunas, napas de agua subterránea, mar) por vinculación hidrológica; los vientos arrastran partículas contaminadas, por lo que algunas poblaciones recibirán la contaminación por afectación de vientos; debido a que los químicos para el tratamiento del mineral deben entrar a la provincia, también se expondrá a las poblaciones de los puertos de entrada y salida de estas sustancias y los caminos de transporte de insumos y residuos; las poblaciones rurales serán las más afectadas por cercanía y contacto directo con la tierra y el agua.
  2. El drenaje ácido de la mina es inevitable y libera metales pesados de las rocas (arsénico, cadmio, plomo, cromo, cobre, cobalto, mercurio, níquel, estaño y zinc) que entran en las redes tróficas y por efecto de bioacumulación enferman y matan durante miles de años.
  3. Hasta la fecha no existen registros de pueblos mineros sin daños registrados por contaminación de suelos y de cuencas hidrológicas, emisiones gaseosas o polvo tóxico en el aire, afectación a salud humana y a la diversidad biológica.
  4. Se reconocen graves impactos ambientales vinculados a la minería metalífera subterránea en relación a los depósitos de residuos contaminados y material rocoso, alteración a gran escala de la estructura interna de la corteza terrestre, alteración de calidad y flujo de aguas subterráneas.
  5. El agua dulce es afectada irremediablemente: la minería utiliza volúmenes de agua equivalentes a millones de litros por mes. Esto reduce considerablemente la cantidad de agua disponible para consumo, riego y otros usos productivos, y definitivamente contamina los cuerpos de agua en forma irreversible inhabilitándolos para uso de las comunidades.
  6. La infancia es la etapa más vulnerable del desarrollo del ser humano, por su inmadurez anátomo-fisiológica y dependencia psicosocial. El impacto de la contaminación minera sobre los niño/as, se manifiesta en varios problemas de salud y enfermedades neurológicas, gastroenterológicas, dermatológicas, respiratorias, endocrinas, cardiovasculares y reproductivas. Además puede afectar a través de las madres embarazadas a las nuevas generaciones, causando malformaciones en los bebés en desarrollo.
  7. La aprobación de la actividad mega minera como está planteada puede ser interpretada como una violación de la Constitución Nacional que en su Art. 41, expresa: “Todos los habitantes gozamos del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer a las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo”.
  8. Así también, la Ley General del Ambiente Nro. 25.675 brinda un marco de seguridad frente a este tipo de actividades de altísimo riesgo, según importantes principios preventivos, precautorios y de sustentabilidad.
  9. El uso frecuente del cianuro como insumo minero es de alto riesgo ya que su manipulación y manejo requiere condiciones muy específicas y costosas de lograr, y además, durante su descomposición libera productos intermedios que son igualmente tóxicos.
  10. Se constataron diversas enfermedades en las poblaciones que se encuentran dentro del área de influencia de las minas metalíferas, desde vómitos y diarreas, hematuria, cirrosis, hipertensión, leucopenia, fibrosis, diabetes, EPOC, encefalopatías, neuropatías, abortos espontáneos, microcefalia, cáncer espinocelular, basocelular y saturnismo, entre otras dolencias agudas y crónicas, derivadas de la exposición a metales pesados.
  11. La minería no genera sustentabilidad laboral ni económica. Se trata de un sector capital-intensivo que depende de los manejos financieros en bolsas extranjeras. Es decir, no tienen ningún compromiso con el territorio donde explotan, ya que los capitales de este tipo y los directorios de estos fondos de inversiones, están integrados por personas que desconocen donde ha sido invertido su capital, pero esperan grandes rentabilidades. Cuando esa rentabilidad no sea tal, inmediatamente destinan sus inversiones a otra explotación más rentable.
  12. Existe alta rotación de trabajadores por alta tasa de accidentes y enfermedades. En cada etapa de avance de la mina se hace una reducción sustancial de puestos de trabajo básico.
  13. Por último debemos remarcar que la actividad minera conlleva impactos negativos que son ocultados a la población general que se constatan en todos los proyectos de Latinoamérica que son estudiados por el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina.
  • Competencia y exclusión de la actividad económica tradicional;
  • Colapso de los servicios básicos por aumento de la población;
  • Falta de beneficios para las poblaciones locales;
  • Cambios culturales negativos, redes de trata y narcotráfico.
  • Aumento de enfermedades sociales;
  • Falta de oportunidades de trabajo para pobladore/as locales;
  • Invasión de población ajena a la región;
  • Amenaza a la tenencia tradicional de tierras;
  • Riesgo de contaminación de los campos aledaños al emprendimiento minero;
  • Falta de reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios;
  • Militarización de los territorios;
  • Fuerte conflictividad social;
  • Persecución, amenazas, judicialización y violencia.
Finalmente, la campaña de firmas cierra el 19 de junio y hasta el momento se han sumado adhesiones de toda la provincia, como las de trabajadoras/es de institutos provinciales dependientes del CONICET, la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, la Universidad Tecnológica Nacional y la Universidad del Chubut. Quienes quieran sumar su adhesión deberán hacerlo escribiendo al mail asamblea.madryn@gmail.com

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Fuente: https://www.anred.org/2020/06/17/en-chubut-no-hay-licencia-social-para-la-megamineria/

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I.El gob del PJ-Menem legalizó megaminería y más de una dekada la expandió

El giro en la minería argentina

de los noventa

13 enero, 2006
Por Jairo Straccia
El eje era el mismo. Apertura de la economía, desregulación y fomento de la inversión privada extranjera por medio de legislación favorable a sectores determinados. En el minero, no hubo excepciones, y el proceso derivó en modificaciones radicales de la normativa, allá por comienzos de los noventa.
A través de la troncal Ley de Inversiones Mineras (24.196), sancionada en mayo de 1993, se garantizó a los inversores extranjeros estabilidad tributaria y fiscal por un período de 30 años a partir de que hubieran presentado el informe de factibilidad (documento que establece que es posible, luego de la exploración, instalarse en una zona determinada y llevar a cabo la extracción del mineral determinado).
Además, se dispuso un tratamiento impositivo diferenciado, se eximió a las empresas del impuesto a los activos, se eliminaron los gravámenes a la mayoría de los insumos importados, y se modificó el artículo 22 bis del Código de Minería –legislación de fondo del sector minero-. Este último cambio, puso un tope de 3 por ciento a las regalías que los Estados provinciales podrían cobrar por la explotación de los recursos minerales por parte de compañías privadas.
También integraron el paquete de leyes promotoras de la llegada de capitales foráneos, la Ley de Reordenamiento Minero (24.224) y la Ley de Actualización Minera (24.498). Por medio del Acuerdo Federal Minero (Ley 24.228), a su vez, se buscó la armonización de los procedimientos provinciales, y especialmente se intentó conseguir el consenso de todos los distritos de aceptar y refrendar el límite impuesto para las regalías.
Asimismo, mediante la Ley 24.402 -de Financiamiento y Devolución Anticipada del IVA (Impuesto al Valor Agregado)- se establece que las compañías mineras recibirán el reembolso o el financiamiento del IVA cuando se trate de la importación definitiva o compra de bienes de capital nuevos, y cuando se trate de inversiones en infraestructura destinadas al proceso productivo.
Aunque a través de más modificaciones y normativas distritales se profundizó la legislación en la dirección señalada, la anterior nómina de leyes se completa con la Ley de Protección Ambiental (24.585).

Rol del Estado
De esta manera, el papel del Estado en el sector minero quedó reducido casi exclusivamente a la recopilación de información geológica y al registro de los inversores extranjeros, con el fin de salvaguardar sus beneficios legislativos e impositivos.
Dependiente de la Secretaría de Industria, Comercio y Minería, la Subsecretaría de Minería engloba todo el esquema estatal nacional vinculado con la explotación minera. A gran escala, la estructura en este sentido, abarca, por un lado, en el Servicio Geológico y Minero Argentino (SEGEMAR), organismo autárquico encargado de auscultar la Argentina para determinar su potencial minero y sentar las bases para que las compañías privadas opten dónde invertir en el país.
Por otro lado, la Dirección Nacional de Minería es un ente que incluye varios departamentos con el fin de registrar y fiscalizar a las empresas concesionarias de las minas que se explotan. Y por último, el Consejo Federal Minero (COFEMIN) tiene por finalidad reunir a los representantes de provincias con intereses en minería, para determinar políticas comunes.
En cuanto a las compañías mineras provinciales, según la oficina de prensa de la Subsecretaría de Minería, sólo dos hay actualmente en funcionamiento. Una es Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD), en Catamarca, con participación del Estado Nacional y provincial, así como de la Universidad Nacional de ese distrito. Acaba de anunciar una inversión de poco más de 400 mil dólares en la exploración del área llamada Farallón Negro. En tanto, una sociedad de fomento en la provincia de Santa Cruz, llamada Fomicruz, posee el 4 por ciento del proyecto Cerro Vanguardia.

Euforia
En un informe del Ministerio de Producción, titulado “Caracterización del Sector Minero”, fechado en 2001, se resume la algarabía con números representativos de la última década, post reformas. El estudio sostiene que en 1996 los niveles de producción se ubicaban en un 35 por ciento por sobre los registrados en 1990. Y que las exportaciones entre 1996 y 2001 se incrementaron en un 198%.
La presencia de los minerales metalíferos (oro, plata, zinc y otros) dentro de los volúmenes exportados entre 1996 y 2001 es resaltada por el documento, que indica una incidencia promedio del 84 por ciento. En cambio, los minerales no metalíferos alcanzan apenas el 10 por ciento de la producción exportada.
La vigencia de las protecciones legales es considerada hoy imprescindible para el nuevo arribo de montañas de capitales extranjeros al sector, luego de la depreciación del peso. A fines de febrero, el Poder Ejecutivo Nacional dio cuenta de ello: ratificó por medio del decreto 417/03, que las compañías mineras tienen completa libertad para disponer de los dólares que obtienen de las ventas al exterior.
Ocurre que con el decreto 1606 de diciembre de 2001 se había obligado a todas las empresas a vender sus dólares, producto de la exportación, en el país (por ejemplo, las petroleras deben liquidar un 30 por ciento del monto total). Se incluyó también a las mineras, y éstas pusieron el grito más allá del cielo, porque el Banco Central les estaba reclamando los dólares. Ellas aducían que por el artículo 8 de la Ley de Inversiones Mineras, que establece el principio de estabilidad fiscal para las empresas registradas, no podían –ni pueden- sufrir modificaciones en la normativa durante treinta años.

Lo que gran parte de la prensa llamó boom a mediados de los noventa, luego de la devaluación se convirtió ahora en la segunda ola. Con inversiones anunciadas por más de 2300 millones de dólares y proyecciones oficiales de producción y exportación en la actividad minera en niveles récord, la Argentina se apresta nuevamente a recibir más capitales extranjeros que vienen a extraer recursos minerales no renovables.
 

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18 de mayo de 2020

IIV. Golpes de estado a Salvador y a Evo prueban la 'democracia' del Capital Estado

No hay democracia si desinforma para que, abajo y a la izquierda, no nos preguntémonos y esclarezcámonos sobre:

Las cárceles, el feminismo y

la delgada línea del punitivismo

1 de mayo de 2020

¿Realmente la sociedad se da el debate de pensar quiénes deben acceder al arresto domiciliario y quienes no? ¿Por qué causa más indignación este planteo que los beneficios y tratos especiales a criminales de lesa humanidad? ¿Se está cuestionando tras la pandemia la función de las cárceles, la criminalidad penitenciaria y policial, y la inoperancia del poder judicial? Las pantallas y las redes estallan de indignación por la supuesta “liberación masiva de presos” que en realidad, hilando fino, resulta ser muy selectiva. En general, las cárceles no están ni en la agenda ni en los discursos políticamente correctos porque, como bien decimos las feministas, lo que no se nombra no existe, y dentro de la (súper) población carcelaria, las mujeres y disidencias también son invisibilizadas como en todos los aspectos sociales. ¿Alguien está hablando de las mujeres con hijos, las embarazadas y las personas con enfermedades inmunosupresoras en contexto de encierro?

Por Natalia Tangona para ANRed.

Siempre ha sucedido que ciertas noticias recién demandan atención cuando explotan “del lado de adentro de la Gral. Paz”. En los últimos días la situación del penal de Devoto acaparó las pantallas, siendo que las cárceles del interior comenzaron sus demandas, sus comunicados, sus huelgas de hambre, desde hace casi un mes. Los internos advirtieron de la presencia de agentes penitenciarios infectados mucho antes de la confirmación de casos positivos en Bariloche, Olmos, Campana y Devoto. Advirtieron de los traslados de internos desde cárceles ubicadas en zonas de riesgo hacia penales del interior en pueblos donde no se registraban casos, como Junín. De hecho, el 16 de marzo las mujeres privadas de la libertad en la cárcel de Batán fueron las primeras en tomar la iniciativa de solicitar que se suspendieran las visitas por prevención y cuidado teniendo en cuenta que sus familias viajan horas en transportes masivos para verlas.
En general, las cárceles no están ni en la agenda ni en los discursos políticamente correctos porque, como bien decimos las feministas, lo que no se nombra no existe. Y si los muros ya hacen su parte evitándonos poder ver y los medios tergiversan las voces para no escuchar lo que realmente deberíamos escuchar, el silencio es el remate final para legitimar la barbarie en los sótanos del Estado. Barbarie es la palabra que resume a la concepción del sistema carcelario como centros de hacinamiento, de tortura, violaciones, infecciones y asesinatos declarados por la versión oficial como “suicidios” o “enfrentamientos” entre reclusxs, y archivados como “muertes dudosas”.
El punitivismo es una de las cuestiones más teorizadas y debatidas por los feminismos, en este último tiempo, a partir de la práctica del escrache a abusadores, golpeadores y femicidas. La delgada línea del punitivismo serpentea entre los justificativos, los discursos éticos y el dolor. Lo cierto es que los feminismos no buscamos generar el mismo dolor al escrachado ni venganza, sino advertir, exigir, gritar, no olvidar, cuidar y aplicar la condena social en tanto no haya políticas efectivas de prevención y contención ni justicia. Porque ellos, los pedófilos, los violadores, los femicidas, en su mayoría, no están presos (la mayor parte de los internos en las penitenciarias federales cumplen condenas por robo y narcotráfico, sólo el 5% corresponde a delitos sexuales y el 6% a homicidios). Y por eso, en tanto no haya justicia efectiva, habrá escrache. Muy diferente es entender a la justicia como el ejercicio de la tortura y el asesinato sistemáticos.
Lo irrefutable es que para los genocidas y para estos hijos sanos del patriarcado el único lugar posible es la cárcel. Entre éstos hay un conjunto en común de crímenes cometidos contra mujeres, adolescentes y niñas. Aún así, muchos criminales de la dictadura cumplen la preventiva en cárceles vip como la de Campo de Mayo o gozan de prisión domiciliaria. ¿Acaso hablamos de que deben tener todos los mismos beneficios por igual?, no. Se deben regularizar las condiciones sanitarias básicas de las cárceles comunes y allí deben permanecer todos ellos cumplimentando sus penas y los protocolos de prevención ante la pandemia, tal como debe asegurarlo un Estado de derecho que respeta las garantías constitucionales incluso de los que representan las violencias que combatimos quienes luchamos por los derechos humanos. El beneficio del arresto domiciliario frente a los riegos de contagio del coronavirus se aplica a personas con condenas menores o pertenecientes a la población de riesgo, sin embargo quienes deberían acceder a ello aún se encuentran hacinados en las cárceles mientras que genocidas, violadores y femicidas ya están en sus domicilios y, en varios casos, sin previa notificación a las víctimas o sus familiares. Mientras tanto, presxs políticos, presxs por causas armadas, presxs por cultivar cannabis para uso medicinal, o por portación de cantidades insignificantes, por robos menores, con prisiones preventivas por doquier, están en penitenciarías y comisarías colapsadas frente un inminente contagio masivo y devastador que, además, puede extenderse más allá de los muros y calabozos.
Dentro de la (súper)población carcelaria, las mujeres y disidencias también son invisibilizadas como en todos los aspectos sociales. ¿Alguien está hablando de las mujeres con hijos, las embarazadas y las personas con enfermedades inmunosupresoras en contexto de encierro?
En el caso de las mujeres privadas de la libertad la primera causa de detención es el menudeo y transporte de estupefacientes. El 70% se encuentra en prisión preventiva a la espera del inicio de un juicio. Capítulo aparte, o un libro entero, merecerían las causas armadas por el aparato policial y los periplos del horror que padecen quienes no han hecho absolutamente nada y están presxs.
En Argentina no hay un registro sistematizado ni actualizado de datos sobre presas por aborto. El Código Penal establece una pena de 1 a 4 años pero la libre interpretación de jueces y juezas hace que muchos casos se caratulen como “Homicidio agravado por el vínculo”. Ésto, sumado a la falta de relevamientos completos, contribuye a la total invisibilización de las mujeres condenadas por abortar. ¿Cuántas están en prisión a la espera de un juicio caratulado vaya a saber de qué forma?.
El 8 de abril, el juez de la Cámara de Casación Penal bonaerense, Víctor Violini , dispuso mediante una resolución el beneficio del arresto domiciliario a detenidos por delitos leves y en riesgo sanitario. Según él mismo declaró no lo permite a quienes están presxs por delitos cometidos con armas, delitos de violencia de género, delitos de abuso sexual o delitos cometidos con violencia. Sin embargo, la realidad siempre es bien distinta cuando el poder judicial es deshumanizado y patriarcal.
En un artículo publicado por Página 12, el 18 de marzo, Adriana Meyer resumió claramente estas desigualdades: “La ley 24.660 indica en el artículo 32 que los jueces pueden disponer la prisión domiciliaria a las mujeres embarazadas y a las que tienen hijes pequeñes a su cargo. Pero el cumplimiento queda a la arbitrariedad de jueces y juezas. La selectividad del sistema penal se ve con claridad en estos casos, cuando en gran medida se le concede con facilidad la domiciliaria a los genocidas, pero a las mujeres pobres y con hijxs, no. También se pidió que se revisen las causas por homicidios agravados o intentos de homicidio en los que las mujeres están detenidas por defenderse de sus parejas.”
La feminización de la pobreza, la criminalización de las mujeres y disidencias y la justicia patriarcal se complementan y retroalimentan calando tan hondo que ni en los discursos ni las agendas de los feminismos más representativos las presas y les preses están presentes. En la última reunión informativa por videoconferencia de la Comisión de Mujeres y Diversidad con del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad ninguna de las asistentes, ni la ministra siquiera, dijeron una sola palabra sobre la situación de las encarceladas ante la pandemia de Covid 19, siendo que ya el 20 de abril, las internas de la Unidad Penitenciaria n°33 de Los Hornos habían emitido un comunicado donde expresaron “un penal que no sólo aloja mujeres sino también a sus hijos hasta los cuatro años de edad; a adultas mayores; con VIH; con enfermedades respiratorias (…)
Pedimos ser contempladas en el Plan de Emergencia Sanitaria y que las malas condiciones en nuestra situación de encierro sean tenidas en cuenta en el contexto actual de pandemia por COVID 19. La cárcel no está preparada para atendernos si nos enfermamos y los efectos serían devastadores (..) Vinimos a pagar una condena, no a morir en una cárcel.” Además, el pasado 24 de abril, las mujeres privadas de la libertad en la Unidad Penitenciaria n°3 del Borbollón, en Mendoza, fueron reprimidas por el grupo masculino de choque del Complejo Boulogne Sur Mer con golpizas y disparos, tras iniciar un reclamo sonoro ante una nueva negativa de parte de las autoridades a sus notas solicitando garantías de higiene y celulares para comunicarse con sus hijes (beneficios que sí se habían otorgado en el Complejo de varones).
Por su parte, el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos elaboró recomendaciones irrisorias al Servicio Penitenciario Federal, como si el actual estado de las prisiones cumpliera con los mínimos requisitos de sanidad y como si la idiosincrasia del personal carcelario guardara algo de respeto por la dignidad humana cuando se trata de presxs comunes y pobres. A nadie se le ocurre considerar la formación de género.
En las últimas horas, cinco de los seis módulos del Complejo IV de Mujeres de Ezeiza comenzaron una protesta pacífica exigiendo el cumplimiento del protocolo de salud y que se tomen medidas para descomprimir la superpoblación. Las internas del Centro de Rehabilitación de Drogadependientes (CRD) denuncian que se relizan requisas excesivas (30 requisas para 11 mujeres, obligándolas a quitarse la ropa y tocándolas a todas con los mismos guantes) y el recrudecimiento de la falta de insumos sanitarios como guantes, barbijos y botas para las encargadas de la limpieza de los pabellones.
En lo que va de la cuarentena se contabilizan oficialmente los asesinatos de José Candía, en Corrientes, y Federico Rey, en Florencio Varela, ambos a balazos, por parte del SPF. Se sospecha de otras dos posibles muertes más en Devoto. Y en la Unidad 40 de Lomas de Zamora, Magalí Saraco, de 27 años, fue hallada ahorcada en una celda de castigo, estando a días de recuperar la  libertad y reencontrarse con sus hijes. También hubo “suicidios” en San Luis: Florencia Magalí Morales, de 39 años, en la comisaría 25ª de Santa Rosa de Conlara y un chico de 16 años en la Comisaría de Atención a la Niñez, Adolescencia y Familia, de Villa Mercedes.
¿Realmente la sociedad se da el debate de pensar quiénes deben acceder al arresto domiciliario y quienes no? ¿Por qué causa más indignación este planteo que los beneficios y tratos especiales a criminales de lesa humanidad? ¿Se está cuestionando tras la pandemia la función de las cárceles, la criminalidad penitenciaria y policial, y la inoperancia del poder judicial?
Mientras las pantallas y las redes estallan de indignación por la supuesta “liberación masiva de presos” que en realidad, hilando fino, resulta ser muy selectiva, Miguel Ángel Pierri es designado como colaborador de Sergio Berni, en el Ministerio de Seguridad Bonaerense. Pierri fue el abogado defensor del femicida de Ángeles Rawson, Jorge Mangieri; participó de la defensa del padre Julio Grassi e incluso estuvo detenido por encubrimiento en esta causa. Al parecer, el Estado está muy lejos aún de discusiones y acciones estructurales en torno a las cárceles y la perspectiva de género, demasiado distante de las representaciones no sesgadas y por demás enviciado con la misma doble vara de la justicia patriarcal, de la cual no se eximen legisladores y mandatarixs escudadxs en el discurso de la división de poderes.
Del otro lado de la reja está la realidad, de este lado de la reja también está la realidad”, pero lo que no puede ni quiere verse, ni escucharse, ni pensarse, no puede ser puesto en palabras. En nuestros feminismos tan llenos de voces desapresadas y no olvidadas habrá que escuchar con los ojos y observar las voces a través de los muros donde “la libertad es real aunque no se sabe bien si pertenece al mundo de los vivos, al mundo de los muertos, al mundo de las fantasías o al mundo de la vigilia” Después de todo, si hay algo que nosotres sabemos muy bien es que “la única irreal es la reja.”*
*Fragmentos de Paco Urondo.

Observemos que el capitalismo hoy completamente mundializado no sólo expropia bienes comunes y derechos a una creciente mayoría sino también llena sus cárceles de esos desposeídos. Cárceles bajo estado de excepción desde décadas y aisladas, aceptadas por nosotres, les diverses de abajo sin fronteras.

Voces de Guayaquil, epicentro de la pandemia en Ecuador (XIII)

«Es más fácil presentar

 a los encarcelados como

desadaptados a los que temer,

que como personas con necesidades»


5 de mayo de 2020
Por Silvia Arana (Rebelión)
En la décima tercera entrega de la serie, la docente de cine que imparte talleres en dos cárceles de Guayaquil, Priscilla Aguirre, se refiere a la situación de las personas privadas de libertad durante la pandemia. Advierte de que incluso si se implementara la necesaria liberación por razones humanitarias de los presos poco peligrosos, pero al mismo tiempo se continuara enviando a la cárcel a otras personas (por incumplir la cuarentena, por ejemplo) no se estaría modificando sustancialmente la situación de hacinamiento y, por ende, de extremo peligro a contagio del coronavirus dentro de las cárceles.
Entrevista a Priscilla Aguirre, docente de cine y documentalista. Imparte (en tiempos normales) talleres de cine y fotografía en dos cárceles de Guayaquil.
¿Podría hablarnos de su trabajo como educadora en centros de detención de Guayaquil?
Llevo trabajando desde marzo de 2018 con el Centro de Privación de Libertad Femenino de Guayaquil y desde agosto de 2019 con el Centro de Adolescentes Infractores Varones de Guayaquil. En ambos centros imparto dos talleres de cine documental y fotografía. Es por este motivo que he desarrollado un profundo interés por la situación de las personas privadas de libertad y sus familias. Me une una gran amistad y un gran cariño con todos/as mis estudiantes en ambos centros y por eso me preocupa la situación de las cárceles en el país. 
¿De qué rango de edad son las mujeres que asisten a los talleres?
Mis estudiantes en la cárcel de mujeres tienen entre 21 y 56 años.
¿Y los adolescentes estaban por microtráfico de droga o por varias razones?
Los adolescentes casi todos eran por sicariato tristemente. 
Según las autoridades penitenciarias hubo “motines” de presos el 20 de marzo en Lago Agrio-Sucumbíos, el 22 de marzo en Ibarra y el 19 de abril de 2020 en Ambato. Dado que ni familiares ni abogados pueden ingresar a las cárceles por la emergencia sanitaria y el estado de excepción, ¿alguien ha podido corroborar las causas de las protestas de los presos? 
Yo en verdad no tengo datos concretos sobre esos motines, lo que sí podría decir al respecto es que desde que desapareció el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, institución que regía antes las cárceles del país, varios acontecimientos de este tipo empezaron a suscitarse que iban encaminados a exigir mejoras en la calidad de vida de las personas privadas de libertad dentro de los centros. 
Muchas cosas cambiaron con la eliminación de este ministerio. Muchos presupuestos se redujeron para este sector de atención prioritaria, y las consecuencias se vieron en la serie de actos violentos que ocurrieron durante el año pasado en varias cárceles del país. Esto no sé si recuerdan, desencadenó que se instaure un estado de excepción en todo el sistema de rehabilitación social, medida que trajo muchas consecuencias. Podría suponer que estos motines están relacionados a pedidos parecidos a los de aquel entonces. Muchas personas privadas de libertad están solicitando más protocolos preventivos para los guías penitenciarios y el personal que entrega las comidas, que entra y sale a diario de los centros. También tengo entendido que les preocupa con justa razón el hacinamiento en este contexto. Entonces uno de los motivos que podría haber detrás de los descontentos de la población penitenciaria es la atención que desean que se establezca:
 1) Que no se llenen las cárceles de personas que sean apresadas por no cumplir las reglas del confinamiento, 2) Que liberen a las personas sin sentencia o con penas leves, 3) Que se creen espacios adecuados de aislamiento para posibles contagiados.
En resumen, no desean contagiarse ni morir de esa forma, pues conocen que acceder a medicina y atención médica de calidad en ese contexto, es sumamente complejo. 
 ¿Nos podría comentar sobre las cárceles de mujeres en Guayaquil? ¿Cómo era la situación previa al coronavirus? ¿Y actualmente?
La cárcel de mujeres de Guayaquil suele albergar entre 800 y 900 mujeres, casi el doble de su capacidad. En ella existen mujeres con todo tipo de casos y sentencias que conviven en cinco áreas de pabellones. En su día a día se ofrecían dentro del centro penitenciario clases de educación primaria, secundaria e institutos tecnológicos. A su vez existían cursos de manualidades, deportes, música, cine, fotografía, teatro y sesiones de diferentes iglesias que trabajaban en el centro también. En estos espacios las chicas podían aprender cosas nuevas y entretenerse. A partir del coronavirus, toda actividad se vio interrumpida, así como el ingreso de visitas. Las últimas visitas permitidas en este centro fueron la primera semana de marzo. Es decir,  hoy se siente el encierro mucho más porque una cosa es no poder salir de tu casa y estar con tu familia, y otra es no poder salir de tu celda o pabellón y tener la angustia de no entender bien lo que ocurre afuera. Tengo entendido que el personal administrativo de este centro tampoco está asistiendo a realizar trabajo presencial, por tanto hay muchas dudas de las privadas de libertad sobre la situación que les depara en todo sentido, y sobre todo en torno a los casos de personas que tienen ya sentencias cumplidas y no pueden salir porque no se les da trámite a sus casos y demás. 
Según información proporcionada por la madre de una de mis alumnas privadas de libertad, en los inicios de la pandemia, se permitió el ingreso de medicinas que los familiares podían llevarles, pero ahora eso también está restringido. Varias de ellas han estado con gripes y otro tipo de dolores, y el acceso a atención médica dentro del centro está también complicado por el contexto. Sin embargo, también por testimonio de familiares de privadas de libertad, se que se considera de cierto modo la privación de la libertad como algo «ventajoso» en estos momentos debido a que al menos en esa situación las personas tienen las tres comidas diarias aseguradas, en contraste con muchos ecuatorianos de a pie que se encuentran luchando por conseguir cómo alimentarse una vez al día.
¿El SNAI ha tomado medidas de prevención adecuadas contra el contagio de COVID-19?
Sí, tengo entendido que se han proporcionado mascarillas y guantes al personal de guías penitenciarios, sin embargo he estado leyendo en la prensa, reportajes donde indican que no existen suficientes implementos de bioseguridad como en muchos sectores del país. Adicional a esto, las personas privadas de libertad se organizan en brigadas por pabellones para limpiar y desinfectar sus áreas comunes. También se han extendido los turnos de los guías para que duren 24 horas y así tengan que salir y entrar con menos frecuencia. Sin embargo ya se ha registrado un muerto privado de libertad por COVID-19 en el CDP (Centro de Detención Provisional) del Inca,  en Quito. A su vez el director del SNAI Edmundo Moncayo, ha indicado que (hasta el 17 de abril) solo había dos casos de guías penitenciarios con COVID-19 positivo. Es decir, se vuelve evidente que los guías penitenciarios que deben entrar y salir para cambios de turno, constituyen los principales agentes de riesgo para el contagio del COVID-19  en las cárceles, lamentablemente. 
¿Tiene conocimiento de que haya ocurrido una protesta en alguna cárcel de mujeres?
No tengo conocimiento sobre esto. Lo que sé es que en la cárcel de mujeres de Guayaquil el ambiente se ha mantenido pacífico. Este centro de mujeres es muy pacífico en general. En él aún no se detectan casos de contagio y espero de corazón que así se mantenga. A ellas lo que les preocupa sobremanera es que no vaya a entrar el virus a través del personal que ingresa a diario, sus familiares en el exterior y que las personas sin sentencias ejecutoriadas o con sentencias cumplidas, no puedan tener el debido proceso en sus trámites.
Debido a la pandemia de COVID-19, diversos países (incluido EE.UU., el país con mayor población carcelaria por habitante del mundo) han dejado en libertad en el último mes a miles de personas que habían sido detenidas por delitos menores o próximas a cumplir su condena -siguiendo el pedido humanitario de la ONU de liberar a los presos poco peligrosos. ¿Qué está sucediendo en Ecuador con los detenidos por causas menores entre la población carcelaria de 40.000 personas?
 En Ecuador se habló desde hace varias semanas sobre este asunto. La información que tengo sobre el tema es la que circula por la prensa y que indica que el Servicio Nacional de Atención Integral a Privados de la Libertad (SNAI)  para precautelar la salud de la comunidad penitenciaria incrementó el envío de pedidos de prelibertad a los jueces, quienes  despachan estas solicitudes desde las unidades de flagrancia a escala nacional. Según la entidad, solo en marzo se enviaron 700 solicitudes para que los juzgados los aprueben. Un mes antes se remitieron 279 expedientes. Por ende, en teoría se están haciendo esfuerzos para agilizar este proceso…Lo que habría que pensar en este caso, es listo, gente sale con prelibertad porque cumplen el 60% de sus sentencias. Pero ¿qué cantidad de gente está ingresando al mismo tiempo a las cárceles? ¿Han disminuido los crímenes y detenciones en este contexto? Pues si la respuesta es negativa (es decir, si continúan deteniendo gente como antes), da un poco lo mismo todo esto. 
Una persona privada de la libertad (PPL) de la cárcel de El Inca -donde los presos realizan una huelga de hambre y una protesta en demanda de protección sanitaria (recordemos que el viernes 17 de abril falleció un preso de esa prisión), dijo que los reportes policiales de motines eran exageraciones. Que los presos entienden la medida de aislamiento, que solo demandan protección para no morir contagiados. ¿Cómo ve la situación?
No tengo mucho conocimiento sobre este caso y no me gustaría decir que es una exageración o no. Lo que sí sé, por el conocimiento que tengo del sistema penitenciario local, es que por lo general intenta ser mostrado por el lado fácil. Es decir, es más fácil presentar a los privados de libertad como desadaptados a los que hay que temer, en vez de seres humanos con las mismas necesidades de quienes estamos afuera. 
Independiente de lo que cada uno de ellos haya cometido, dentro de las cárceles habitan seres humanos. Todos tienen familias, seres queridos y merecen dignidad en su contexto de encierro. Si esto no se cumple, y se sienten amenazados por el miedo al contagio, es probable que puedan desatarse amotinamientos. Esto lo haría cualquier ser humano que se siente olvidado, rechazado y en peligro. 
«Voces de Guayaquil, epicentro de la pandemia en Ecuador» consiste en una serie de entrevistas a residentes días posteriores a que su ciudad estuvo en la primera plana de los noticieros internacionales por los muertos sin sepultura y sus familiares clamando por  ayuda a un Estado aparentemente inexistente. Trabajadores, artistas, estudiantes, docentes comparten sus vivencias desde la ciudad que es el centro económico y financiero del país y que paradójicamente también es la ciudad con mayor concentración de pobreza. Se estima que un 17% de los 2.700.000 habitantes de la urbe viven en condiciones de pobreza. Recostada sobre las aguas terrosas del río Guayas, con un clima muy cálido y húmedo que no hace mella en la actividad intensa y el carácter hospitalario y amable de sus habitantes, Guayaquil tiene la mayor densidad de población del país y el sistema de transporte público con más usuarios. Estos elementos junto a las profundas deficiencias del sistema de salud pública nacional cuyo presupuesto fue reducido un 36% en el último año y la desorganización del gobierno municipal son factores que ayudarían a explicar por qué la ciudad concentra el 70% de los casos de COVID-19 en Ecuador y la mayor cantidad de contagios per cápita en toda América Latina.
Libertad Gills coordinó la realización de todas las entrevistas de esta serie.
Enlaces a las entrevistas previas de la serie:




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