A recordar

22 de julio de 2020

IV. AF dio vuelta de página al Estado de los '70 y lo modernizó

Argentina. 

Gremial de Abogados y Abogadas afirma que 

no existe

la “justicia” tal como nos dicen 

que debería existir

Resumen Latinoamericano, 23 de julio de 2020

La Gremial de Abogados y Abogadas ante los asesinatos masivos, desapariciones y otros crímenes de los Estados Nacional y Provinciales.
El rol de las instituciones oficiales y las secretarias de DDHH ante esas atrocidades. Desafiamos discutir abiertamente.
Vimos hace poco sin sorpresa como la Policía del Chaco, reventaba literalmente a un par de familias Qom, y al poco tiempo nos sorprendimos como “Comités contra la Tortura”, “Secretarías de DDHH” y otras instituciones estatales o para-estatales de la misma provincia corrieron a presentarse frente a esos hermanos Qom, a requerirles firmas para ir contra los policías.
Por supuesto, los policías están libres, y aquí no ha pasado nada, y esos organismos estatales ni parpadean. En algunos casos porque realmente creen en la Justicia y en el Derecho, (y además creen aún más en sus rentados puestos administrativos) no hacen mucho más de lo que su protocolos y códigos de procedimiento les especifican.
Esto lo venimos viendo desde (mínimo) hace diez años, o sea, desde que volvimos a reflotar la Gremial de Abogados y Abogadas.

Montones de organismos del Estado, o con sueldos del Estado que salen apresurados a “contener” a las familias de los asesinados por fuerzas de seguridad a quien les paga el mismo patrón que a ellos.
Lo grave es, justamente, que esas instituciones estatales o para-estatales con sueldos del Estado, jamás considerarán la responsabilidad del propio Estado, sea por sus limitaciones ideológicas, sea porque tienen otras ideas políticas, sea para mantener sus puestos rentados.

Porque de lo que se trata es de establecer la máxima responsabilidad ante una muerte, una desaparición o una tortura, y eso corresponde al Estado.
El máximo responsable de las torturas a los Qom en el Chaco es el Gobierno del Chaco y su gobernador. El máximo responsable de la desaparición de una persona en la Provincia de Buenos Aires o Tucumán son igualmente las máximas autoridades provinciales.

Si quieren pensar, decir y tratar de quitarles responsabilidades políticas a sus jefes y empleadores pueden hacerlo, pero no pretendan que todos los demás lo creamos así.
Hace años que los familiares de Kosteki y Santillán bregan por tratar de que los administradores de Justicia accedan a hacer lugar al planteo respecto de la responsabilidad jurídica y penal, de los funcionarios políticos del Gobierno (de Duhalde primero, de los Kirchner después y hoy nuevamente de este actual Gobierno) pero ahí empieza la divisoria de aguas, porque ni muchos organismos de DDHH acompañarán a las familias de esos dos cros caídos, ni mucho menos las “Secretarías” de DDHH de Nación o Provincia de Buenos Aires.
Y es entendible, no se tirarán contra sus empleadores o contra las conducciones de las fuerzas políticas que esos funcionarios “de DDHH” integran.

Junto a ésta nota, la Gremial de Abogados y Abogadas adjunta una planilla detallada de los casos de muertos, o desaparecidos durante la cuarentena, que hasta el momento que la elaborábamos eran veinte pero al escribir esto ya son veintidós y siguen subiendo. (en el enlace a la web)
Pero para ayudar a pensar (o a que nos puteen) vayamos a lo concreto de un ejemplo con algunas preguntas:

La Gendarmería Nacional, es una fuerza nacional o provincial??
Es Nacional y depende del Ministerio de Seguridad de la Nación.
El Ministerio
de Seguridad es una estructura autónoma o dependiente??
Es dependiente del Poder Ejecutivo de la Nación o sea del propio Presidente de la Nación.
Entonces, si la gendarmería asesina a un chico como lo hizo en el Bajo Flores, con personal uniformado, en funciones de prevención, con armas reglamentarias, ¿el responsable es solo el gendarme que dispara o hay una responsabilidad en la cadena de mandos? Lo que se llama responsabilidad indirecta.
Para la Gremial de Abogados y Abogadas la responsabilidad de la muerte de ese chico llega hasta el Ministerio de Seguridad de la Nación y alcanza a la Presidencia.

Acaso no se planteó así cuando desapareció Santiago Maldonado?
Acaso no culpábamos a la Ministra Bullrich y al Presidente Macri? Acaso no nos enfrentamos con Bullrich y Macri cuando asesinaron a Rafita Nahuel?
Es distinta la Gendarmeria de Bulrich que la de Fernández?
Demos otro ejemplo, los juicios de Lesa Humanidad, en estos juicios se ha condenado a altos oficiales de las FFAA por atroces delitos como muertes, torturas, etc.
Por supuesto no habrá una sola prueba que indique que Videla o Massera mataron o torturaron ellos personalmente a alguien. La responsabilidad es indirecta, si Videla era el Presidente o fulano o mengano eran los Jefes de Ejército o Armada, tendrán entonces una responsabilidad por torturas, fusilamientos o apropiación de bebés.
Los organismos de DDHH, las Secretarías de DDHH (querellantes en esas causas), festejan las condenas cuando se aplican las responsabilidades indirectas, pero miran para otro lado cuando se asesina alevosamente a un pibe pobre de un barrio pobre en un proceso de control poblacional como se viene haciendo durante la cuarentena.

He ahí la certeza de la Gremial cuando afirma que no existe la “justicia” tal como nos dicen que debería existir.
Los organismos estatales o para-estatales ahora se hacen los tontos cuando las fuerzas de seguridad del gobierno que integran producen semejantes matanzas.
Porque en este caso las instituciones que dirigen esas fuerzas de seguridad también les pagan sus sueldos a ellos y además son dirigentes del mismo proyecto político que es el del gobierno, o los de los gobiernos provinciales cuando es el caso.

Desde la Gremial de Abogados y Abogadas somos conscientes que hay muchos que no acordarán con estos planteos nuestros, sea por convicción o por conveniencia, pero instamos a las militancias de partidos y organismos de DDHH y sobre todo instamos a los familiares de muertos y desaparecidos a que hagan un esfuerzo para pensar, para reflexionar y para llevar la discusión de estas cuestiones a donde sea que haga falta.-
Ya no podemos ser “cuidadosos” o “diplomáticos” para tratar de evitar una discusión real y concreta que tiene responsables reales y concretos en una situación de represión que avanza y que será cada vez peor.
No podemos decir y repetir como lo hacemos “El Estado es responsable” pero callar ante determinado gobierno. Si el estado es responsable lo es con Duhalde, con Macri, con Kirchner o con Fernández.
La Gremial de Abogados y Abogadas se pondrá a la cabeza de esta discusión y no cederá ni un milímetro en estos planteos, porque surgen de hechos indiscutibles como son los que acá volcamos en la lista que adjuntamos.

Y quisiéramos ser objeto, más de críticas que de aplausos o acuerdos, porque estos últimos nos vienen siempre en la cara, pero los primeros son solapados y no se animan a decírnoslo.
Desafiamos a las autoridades de las Secretarías de DDHH de Nación y de cualquier provincia, a las Fiscalías de DDHH, de Género, de Violencia Institucional, a los jueces y fiscales de cualquier jurisdicción, a los Organismos de DDHH o colectivos de juristas y, por supuesto al o los Ministerios de Seguridad sea Nación o provincia. A cualquiera de todos estos, a que se animen a debatir con la Gremial de Abogados y Abogadas, en los términos que nos impongan, con los moderadores que nos indiquen y con los temarios que acordemos.

Quizás un debate de este tipo, por duro y áspero que sea, pueda evitar mas muertes y la sangría que están produciendo en los barrios y zonas de los pobres, o al menos determinar las responsabilidades.
Asociación Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina
Julio
2020.

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Vimos hace poco sin sorpresa como la Policía del Chaco, reventaba literalmente a un par de familias Qom, y al poco tiempo nos sorprendimos como “Comités contra la Tortura”, “Secretarías de DDHH” y otras instituciones estatales o para-estatales de la misma provincia corrieron a presentarse frente a esos hermanos Qom, a requerirles firmas para ir … Sigue leyendo
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21 de julio de 2020

III. AF dio vuelta de página al Estado de los '70 y lo modernizó



No hay democracia si refuerza la desposesión de derechos humanos esenciales y la marginación de las barriadas pobres y pueblos originarios al preocuparse sólo por establecer una asistencia “racista” y un  estado “clasista” de sitio sobre esas personas, familias, comunidades.


Investigan la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro


4 de julio de 2020
Facundo Astudillo Castro está desaparecido desde el 30 de abril cuando salió de su casa en Pedro Luro, con dirección a Bahía Blanca. Recientemente tres testigos declararon haber visto al joven ese mismo día, cuando era subido a un patrullero en la localidad de Mayor Buratovich. Esa fue la última vez que alguien lo vio, Facundo nunca llegó a destino ni volvió a comunicarse. La familia denunció irregularidades en la investigación por “averiguación de paradero”, contradicciones en las declaraciones de los policías y realizó una denuncia penal ante la justicia federal por desaparición forzada. En este caso de enorme gravedad institucional, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, se presentará como querellante institucional y ya pidió que se aparte a la policía de la causa que tramita en la justicia provincial.

Por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM)




Facundo Astudillo Castro tiene 22 años y está desaparecido desde hace 65 días. En la mañana del pasado 30 de abril, el joven emprendió viaje “a dedo” de Pedro Luro hacia la casa de su ex pareja en Bahía Blanca. Nunca llegó. A pesar de los múltiples intentos por comunicarse con él, desde ese mismo día el teléfono de Facundo está apagado.

Tras la denuncia de la familia, se inició una causa por “averiguación de paradero” en la Ayudantía Fiscal de Villarino. La investigación está plagada de irregularidades, inconsistencias y declaraciones contradictorias de los policías que declararon haber visto a Facundo en la localidad de Mayor Buratovich y después en Teniente Origone. El último de los testimonios policiales es el más contradictorio: primero declaró que una camioneta lo levantó y salió en dirección a Bahía Blanca; cuatro días después, cambió su testimonio y dijo que, en realidad, se fue caminando.
A pesar que la mamá de Facundo y su abogado estuvieron en todo momento siguiendo la causa, sólo conocían el testimonio de los policías que lo demoraron en Mayor Buratovich y le dictaron la infracción por violar la cuarentena. Esa actuación policial ya resulta irregular: a pesar de ser infraccionado por violar la cuarentena y de constatar telefónicamente con la madre el domicilio de Facundo, los policías -segun dicen- no disponen que retorne a su casa sino que lo dejan seguir camino. Cabe mencionar que, en ese momento, había en la Provincia mayores restricciones a la circulación y un celo muy particular de las fuerzas de seguridad por velar por el cumplimiento de la medida.
Peor aún, ni la policía ni la justicia le notificaron a la familia  de las declaraciones de los policías que, supuestamente, ubican a Facundo en Teniente Origone y en una camioneta en dirección a Bahía Blanca. Recién conocieron estos testimonios el 19 de junio, más de 50 días después de la desaparición, durante los rastrillajes en la zona. Ese mismo día, también notaron que la ubicación informada por los policías que lo demoraron no era la misma que figuraba en el acta.
Sin embargo, la última y mayor de las irregularidades se conoció la semana pasada. El 27 de junio, tres vecinos de Pedro Luro se comunicaron con la familia de Facundo y le contaron que el día de la desaparición, alrededor de las 3 de la tarde, después de pasar el ingreso de la localidad de Mayor Buratovich, vieron a Facundo cuando era detenido por dos policías e ingresado a la cabina trasera de un patrullero. Los tres vecinos se habían presentado en la comisaría de Pedro Luro para ofrecer su testimonio, pero nunca fueron llamados a declarar.
La declaración coincidente de los tres ciudadanos echa por tierra los testimonios y actuaciones policiales, identifica otro tiempo y lugar de su desaparición y aporta el principal dato: Facundo fue visto por última vez cuando era detenido por la policía de la localidad de Mayor Buratovich.
Ante las evidentes irregularidades en la investigación y la omisión de la detención de Facundo en la causa, la familia presentó ante la justicia federal una denuncia penal para que se investigue la desaparición forzada y se desplace de la investigación a la Policía Bonaerense.
En la denuncia también señalaron que Facundo era desde hace algunos años víctima de hostigamiento policial. La madre señaló que el joven, cuando era aún menor de edad, había sido golpeado por la policía y que, en otra oportunidad, le habían roto de manera intencional un ciclomotor. En los dos casos, la madre identificó a un agente que, incluso, lo vio participar de los rastrillajes en el lugar de la desaparición.
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) tomó conocimiento del caso por los organismos de derechos humanos de la región que vienen acompañando a la familia y reclamando la aparición con vida de Facundo. El organismo también estuvo en contacto también con la familia del joven y su abogado.
En carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, y tal como lo faculta la ley, la CPM se presentó como querellante institucional en la causa federal que investiga la desaparición forzada. Y realizará presentaciones ante organismos internacionales de derechos humanos.
Al mismo tiempo, la CPM envió una nota al Ministerio de Seguridad de Nación notificando el hecho y a la fiscalía para requerir el cumplimiento de la Resolución 1930 y ordenar el inmediato apartamiento de la Policía Bonaerense en las diligencias investigativas que se realizan en el marco de la causa por “averiguación de paradero”, en trámite ante la fiscalía de Villarino.

La desaparición forzada de persona es un delito de lesa humanidad. La sola posibilidad o sospecha de estar frente un hecho de esta extrema gravedad institucional obliga a actuar de manera rápida y eficaz. Facundo Astudillo Castro tiene que aparecer con vida, es un reclamo no sólo de la familia y de los organismos de derechos humanos, es un reclamo que tiene que atravesar a toda la sociedad.
Fuente:
https://www.anred.org/2020/07/04/investigan-la-desaparicion-forzada-de-facundo-astudillo-castro/


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Argentina. “Tenemos nueve policías individualizados en la desaparición de Facundo”

Por Gastón Rodríguez, Resumen Latinoamericano, 20 julio de 2020
La madre del joven desaparecido desde el 30 de abril denuncia un plan de encubrimiento de la Bonaerense y la filtración de datos desde la fiscalía para desviar la investigación. “Sostienen pruebas inconducentes que buscan la impunidad”, afirman sus abogados.
El 19 de junio, más de 50 días después de la desaparición de Facundo Astudillo Castro, la Policía Bonaerense realizó el primer rastrillaje en Mayor Buratovich, donde agentes de la misma fuerza lo habían demorado e impuesto una infracción por violar el aislamiento obligatorio. Desde esa jornada, Cristina Castro sabe que su hijo nunca llegó a Bahía Blanca. “Estando ahí sentí que Facundo no había salido de Mayor Buratovich, que algo malo le hicieron en ese lugar, me lo dice mi corazón de madre”, le había dicho a Tiempo antes de que el caso adquiera relevancia nacional.
“Hasta ahora hay nueve policías que están realmente comprometidos con sus propios testimonios o por terceros que han declarado en su contra”, confirmó este lunes el abogado Luciano Peretto, quien, junto a Leandro Aparicio, representa a Cristina Castro como particular damnificada.
Por su parte, Aparicio insistió que “las tres declaraciones testimoniales que se tomaron no han hecho más que confirmar que Facundo Astudillo Castro fue desaparecido por la Policía de la provincia de Buenos Aires, y que después de la desaparición se activó un protocolo para lograr el encubrimiento”.
Aparicio detalló que “ese plan de encubrimiento tiene distintas etapas; la primera es el día de la desaparición; la segunda es al momento en que se empiezan a recibir las primeras denuncias en la comisaría de Pedro Luro; y la tercera, con posterioridad al rastrillaje que se debió haber realizado en Mayor Buratovich y que no se pudo realizar por motivos que ya se conocen”.
Con respecto al último punto, el abogado se refiere a lo que él considera una maniobra “típica” de encubrimiento. “Durante el rastrillaje en Mayor Buratovich, casualmente cayó una policía (en referencia a la agente Siomara Flores) y dijo que ella había llevado a Facundo hasta Teniente Origone; entonces todo el operativo se mudó para allá. Lo típico es que aparezca un testigo y diga que vio a la víctima en otro lado para desviar la investigación”.
La propia madre de Facundo ya había instalado sus dudas sobre la versión policial: “Ese día se me acercaron dos efectivos. La oficial Flores que me dijo que le había hecho el acta a mi hijo y que después lo llevó a Teniente Origone, y otro policía que me dijo que él también lo había visto, pero que lo dejó irse caminando. Después me enteré que había declarado que lo vio subirse a una camioneta Duster Oroch color plata. Por si faltaba algo para sospechar, este mismo policía se acordaba de memoria, un mes después, la dirección exacta que le había dado mi hijo cuando le preguntó dónde iba. Me estaban tomando el pelo”.
Fake news
Durante el fin de semana y a través de su cuenta de Twitter, Cristina se quejó de que “vengo sufriendo noticias falsas del expediente que supuestamente está reservado” y denunció que tanto la Policía Federal como el fiscal Ulpiano Martínez “investigan hipótesis contrarias a la que sostiene la querella e informan a ciertos medios que se enteran de todas las pericias antes que la madre”.
En ese sentido, Aparicio detalló que que “se filtran datos desde la Fiscalía Federal que son aprovechados por los medios con la finalidad de desviar la investigación y de sostener pruebas inconducentes que buscan la impunidad de la policía”.
“En este contexto –agregó– debemos mantener la reserva y, si bien somos prudentes, necesitamos también que quedé muy claro que hoy tenemos a nueve policías individualizados en la desaparición de Facundo y en el posterior encubrimiento”.
Facundo, de 22 años, salió de su casa en Pedro Luro el 30 de abril. Varios testigos lo vieron subir a una camioneta de la Policía Bonaerense en Mayor Buratovich. Desde entonces su paradero es un misterio.
 Tiempo Argentino
Fuente:https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/07/20/argentina-tenemos-nueve-policias-individualizados-en-la-desaparicion-de-facundo/

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20 de julio de 2020

II.AF dio vuelta de página al Estado de los '70 y lo modernizó

Informe de la situación represiva
a 90 días de cuarentena
junio 2020
CORREPI
Antes de que la realidad mundial estuviera atravesada por la crisis de la pandemia, e incluso antes de la llegada del nuevo gobierno, desde nuestra organización construimos una agenda antirrepresiva  con “algunos puntos irrenunciables en materia de represión y violaciones a los DDHH en nuestro país”, cuestiones todas por las que venimos peleando hace 30 años en CORREPI.
Planteamos esa agenda en el marco de la expectativa abierta sobre la necesidad de derrotar al macrismo, para exigir que, ganara quien ganara, se tomaran y cumplieran esos mínimos reclamos.
A poco de asumir el nuevo gobierno, cuando desde el ministerio de Seguridad se nos convocó para conocer nuestro diagnóstico de la situación represiva, entregamos a la ministra Sabina Frederich esa misma agenda urgente e imprescindible. Poco después vino la pandemia y desde el gobierno se tomaron las medidas de aislamiento que todxs conocemos.
Sin cuestionar las medidas de cuarentena o aislamiento, recomendadas por los profesionales de la salud, que la mayor parte del país ha tomado con responsabilidad, salvo los sectores de la derecha más conservadora de nuestro país (empresarios, grandes medios de comunicación, el sector “anticuarentena”), es fácil ver que los sectores más precarizados y vulnerados han sido los más afectados por la pandemia, no solo porque no se les garantizan las medidas de protección correspondientes, sino porque en los barrios populares muchas veces no llega ni el agua corriente, mucho menos otros elementos indispensables como el alcohol en gel y otros productos de higiene. Ante los brotes, producto de la falta de esas medidas, se respondió con presencia policial.
Señalamos también la muy alarmante situación en los lugares de encierro, particularmente las cárceles. En cuanto se planteó una medida como la posibilidad de arrestos domiciliarios, libertades asistidas u otras soluciones procesalmente adecuadas para la población carcelaria en riesgo, nuevamente la presión de sectores reaccionarios bloqueó esas medidas, que fueron respondidas con la represión a los reclamos por las condiciones inhumanas que enfrentan las personas privadas de su libertad sin los privilegios de los que gozan represores, genocidas y otros “presos VIP”.
Del mismo modo, destacamos la falta de soluciones concretas para mujeres en situación de violencia machista y para el colectivo LGTTBIQ+, seriamente afectado por el creciente accionar represivo y que, como todo, sólo encuentra respuesta en la organización colectiva.

Durante estos tres meses, situaciones extremas como las de los pueblos originarios no han hecho más que empeorar, mientras actividades como el desmonte indiscriminado, las fumigaciones con glifosato y otras actividades extractivistas han continuado, con el visto bueno de los gobiernos nacional y provinciales.
En este escenario, reafirmamos el repudio a que se haya puesto en manos de las fuerzas de seguridad la función de garantizar que se cumplan las medidas de aislamiento. Son las mismas fuerzas represivas que continuaron reprimiendo desde el comienzo de la democracia y que,en los últimos cuatro años, asesinaron un promedio de una persona cada 19 horas porel gatillo fácil o en lugares de detención. Las mismas que hacen a diario festivales de detenciones arbitrarias, que torturan sistemáticamente en cárceles y comisarías, que reprimen a lxs trabajadorxs que se organizan para defender sus derechos y que desaparecieron a Luciano Arruga, Santiago Maldonado y ahora a Luis Espinoza, entre otros casi 200 desaparecidxs en democracia.
En estos 90 días hemos publicado casi 50 reportes con denuncias sobre todo tipo de violencia policial y de otras fuerzas a lo largo y ancho del país: golpizas, torturas, asesinatos, violaciones y desaparición forzada, hechos en los que han participado policías federales, provinciales, municipales, gendarmería, prefectura y servicios penitenciarios.
A pesar de las dificultades que presenta estar organizadxs en esta situación hemos podido hacer un chequeo parcial de los casos a incluir en el Archivo, es decir, de hechos represivos que culminaron con la muerte de personas, lo que muestran los datos objetivos es que el gatillo fácil no disminuyó significativamente a pesar del brusco descenso de circulación de personas en la vía pública. Algunos casos tuvieron variada repercusión, como los fusilamientos de Nahuel Gómez en Temperley el 28 de marzo; Gastón Mirabal en Córdoba el 3 de junio; Rubén Sarso en CABA el 27 de abril; Alan Maidana en Berazategui el 24 de mayo; Lucas Barrios en la Isla Maciel el 30 de mayo; Augusto Itaurralde el 14 de junio en Plátanos y su amigo Diego Arzamendia apenas 48 horas después en Berazategui, o el más reciente de Facundo Escalso en el Bajo Flores, CABA, pero la mayoría apenas si trascendieron el remanido titular de “Motochorro abatido” o similar, aunque haya cuatro balazos por la espalda y las únicas vainas sean de la reglamentaria del oficial. Con las dificultades apuntadas, son más de una docena los casos de gatillo fácil que hemos podido verificar desde el 20 de marzo.
El incremento exponencial de detenciones arbitrarias, que se traduce en un aumento de las denuncias por imposición de tormentos en comisarías, también se refleja en una mayor cantidad de personas muertas en dependencias policiales. Entre el 20 de marzo y el 31 de mayo, registramos 23 casos de muertes en lugares de detención, de los cuales 8 corresponden a comisarías y 15 a cárceles, siempre destacando que no son todos los hechos ocurridos, sino los que hasta el momento pudimos confirmar.
En diciembre de 2019 exigimos el cumplimiento de una AGENDA URGENTE e IMPRESCINDIBLE en materia antirrepresiva. Hoy nos vemos obligadxs a retomar estas exigencias, ante la situación represiva que se vive en un contexto por de más desfavorable para los sectores más vulnerados:
  • Detenciones arbitrarias:
    • Cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH en el Caso Bulacio vs. Argentina, del 18/09/2003, que ordenó la derogación de todas las facultades normadas y la eliminación de todas las prácticas no normadas de las FFSS para detener personas fuera de las hipótesis constitucionales y de los convenios internacionales de orden judicial previa o delito flagrante.
    • Cese inmediato del permanente y sistemático hostigamiento a las personas que se ven obligadas a sobrevivir con tareas precarias en la vía pública, como la venta ambulante, el arte callejero o servicios como el cuidado de autos, limpieza de parabrisas, etc.
  • Legislación penal, contravencional y procesal:
    • Derogación de las reformas regresivas que se llevaron adelante en estos casi cuatro años en toda la legislación represiva nacional, de las provincias y de la Ciudad, y de las incorporadas al Código Penal por las leyes antiterroristas entre 2004 y 2010.
    • Retiro inmediato de la agenda del Congreso Nacional del proyecto de reforma del Código Penal, que incrementa la criminalización de la pobreza y la protesta y consagra la impunidad de los represores, y del proyecto de reforma del Régimen Penal Juvenil que contempla la baja de edad de punibilidad de niñxs y adolescentes.
    • Derogación del Decreto 489/2019 que creó el RePet (Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento).
    • Anulación del DNU 70/2017 que habilita la deportación exprés de migrantes.
  • Estructura y protocolos de actuación de las fuerzas:
    • Eliminación de los protocolos de lógica bélica para la actuación de las fuerzas ante movilizaciones y manifestaciones.
    • Eliminación de los “Comandos Unificados” para la intervención conjunta de fuerzas federales y provinciales en las provincias y la Ciudad.
    • Fin de la reestructuración de comisarías y alcaidías de la Policía de la Ciudad, que dilata entre 8 y 10 horas que los organismos de DDHH, las organizaciones antirrepresivas y hasta la Defensoría Oficial de la Justicia de la Ciudad y abogadxs particulares puedan confirmar una detención y ubicar a la persona arrestada para asistirla.
    • Cese de la militarización de los barrios populares, con presencia masiva de fuerzas federales y locales, con su correlato de hostigamiento, detenciones arbitrarias y muertes por gatillo fácil.
  • Ciberpatrullaje.
    • Derogación de la Resolución nº 144/2020 del Ministerio de Seguridad que establece el protocolo de actuación para que las fuerzas de seguridad hagan “tareas de prevención” (es decir, espionaje) sobre plataformas y fuentes digitales públicas.

Fuente: http://www.correpi.org/2020/informe-de-la-situacion-represiva-a-90-dias-de-cuarentena/

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I.AF dio vuelta de página al Estado de los '70 y lo modernizó

Alberto Fernández se pronunció por dar vuelta la página y la dio estableciendo un encubierto estado de sitio al justificar que es para cuidarnos del Covid-19. Esta instauración del olvido, perdón y conciliación con la violación de nuestros derechos por el Estado de los '70 le permitió acelerar el afianzamiento del régimen extractivista o sea la totalitaria ocupación económica territoritorial por las transnacionales con socios menores en las elites locales.

Elena Cedrón

El gobierno de los Fernández implantó de golpe el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Lo impuso dos días antes de la Marcha Plurinacional por el Agua para los Pueblos que instalaría, en la agenda pública, cómo los extractivismos causan las emergencias social, humanitaria, sanitaria y ecológica-climática. Sacudiría el silenciamiento y la invisibilización de esas gravísimas consecuencias de la megaminería, del fracking, del sistema de soja transgénica-agrotóxicos que se replica en todos los monocultivos de árboles y de otras plantas transgénicas. Ayudaría a la percepción de (conocimiento y posicionamiento respecto a)las mega represas y las otras infraestructuras necesarias para la exportación y la gran escala de todos esos emprendimientos destructivos a la vez que saqueadores. Infraestructuras que están integradas regionalmente en el caso de Sudamérica constituyendo la IIRSA ocultada por los gobiernos progresistas detrás del Cosiplan. 

Promovería reflexiones y debates de cómo todos les extractivismos e infraestructuras correspondientes hasta el de los mega emprendimientos turísticos, comerciales e inmobiliarios están atacando la salud de poblaciones e individuos y desertificando o sea arrasando las fuentes hídricas, los suelos, las biodiversidades, las comunidades, las economías regionales. Y están envenenando la vida de todes, el agua, el alimento, el aire...Además, el fracking en Vaca Muerta ha transformado la extensa región en sísmica. En fin, multiplican enfermedades discapacitantes y mortales conduciendo a volver inhabitable al país-continente.

El gobierno de los Fernández implantó de golpe el aislamiento social, preventivo y obligatorio como estado de sitio que encubrió bajo la justificación de cuidar por la salud de la población e incluso pavoneó de privilegiarla por sobre la economía. Pero lo cierto es que atacó a la de les diverses de abajo viabilizando: la prohibición de trabajar a quienes se la rebuscan para sobrevivir día a día; la quiebra de pequeños y medianos propietarios, el despido masivo, el agudo deterioro tanto de salarios como de condiciones laborales, la condena a mayor miseria a les ancianes que son quienes están en riesgo,la penuria de las profesiones cuentapropistas y la precarización de la vida mayoritaria. Por el contrario, subsidió y liberó de la cuarentena a las corporaciones extractivistas, es decir, promovió la economía causante del Covid-19 y de la desigualdad y exclusión social que facilita su contagio y efectos mortales.

El gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner, como los otros gobiernos de turnos de la democracia del Capital contra los trabajadores y los pueblos no abren los archivos de terrorismos paraestatal y estatal de los '70 tampoco los de masacres como la de Ezeiza(20/06/73) o la de la AMIA(18/07/94) ni juzgan a los responsables políticos e ideólogos de la masacre de Puente Pueyrredón (26/06/2002). Pero una mayoría crítica de les diverses de abajo en Argentina se moviliza contra la dictadura genocida, de ahí la premura del actual Presidente por prohibir esa conmemoración y lo hizo escudándose de proteger la salud pública cuando lo cierto es que ha considerado actividad esencial intensificar las fumigaciones con agrotóxicos, la deforestación... 

Recordemos para tener presente porqué tanta oposición a nuestra voluntad de Nunca Más.

Documento 24 de marzo de 2020 – Encuentro Memoria Verdad y Justicia

 

Hoy, 24 de marzo de 2020, sorteando todas las dificultades, estamos unidos para repudiar el golpe de estado de 1976, reivindicando a una generación que dio su vida por cambiar el mundo, y lograr una Argentina sin explotación, sin opresión y sin miseria. Estamos aquí para decir: 30.000 PRESENTES!
Cada 24 de marzo, durante todos estos años hemos repudiado y denunciado esa brutal represión racional y planificada contra nuestro pueblo, y luchamos para que se reconozca su verdadero nombre: Genocidio.
Un genocidio que impuso la desaparición forzada de personas para sembrar el terror y que tuvo como objetivo principal aniquilar el amplísimo movimiento obrero y popular que se proponía conseguir transformaciones revolucionarias en la Argentina.
Un genocidio que no empezó el 24 de marzo de 1976, sino que tuvo años de planificación y de formación, que se inició antes del golpe, con el Operativo Independencia en Tucumán, con las acciones de la Triple A, CNU, CDO y demás bandas fascistas, y con los decretos de aniquilamiento firmados por Isabel Perón en 1975.
Un plan sistemático que fue organizado para secuestrar, torturar, desaparecer y asesinar a miles de personas, y que fue llevado adelante a través de la represión clandestina organizada en cientos de campos de concentración a lo largo y ancho de la Argentina. Un plan macabro de aniquilamiento de miles de compañeras y compañeros, dirigentes y militantes obreros y populares que adoptaron diferentes formas de lucha. 30.000 detenidas y detenidos-desaparecidos, centenares de asesinada/os, miles de presa/os, exiliada/os, insiliada/os, y mas de 400 bebés con su identidad apropiada, fueron producto del genocidio que desplegó el Terrorismo de Estado. Un plan instrumentado, no por "inconducta de algunos", sino por el conjunto de las fuerzas armadas y el resto de las fuerzas represivas, con la participación de empresas, de iglesias, de jueces y fiscales. Un plan articulado con las demás dictaduras del continente, a través del Plan Cóndor y la Escuela de las Américas.
Un proyecto genocida que se valió de todos los métodos represivos para profundizar el enriquecimiento de unos pocos a costa del hambre de muchos, para generar cada vez mayor explotación y liquidación de conquistas del pueblo trabajador, para la entrega de los recursos del país, para la destrucción de la industria nacional, para el brutal endeudamiento externo, el cercenamiento absoluto de las libertades individuales y colectivas, y para la violación sistemática de todos los derechos.
Una dictadura que buscó destruir las formas de organización de importantes sectores de la clase trabajadora y el pueblo: cuerpos de delegados, centros de estudiantes, organizaciones políticas, sindicales, barriales, profesionales, culturales: se propuso terminar con las prácticas sociales que basaron su acción en la solidaridad, en poner el interés común por encima del individual, en privilegiar la organización e impulsar la participación.
Han pasado 44 años, y somos parte de un movimiento que lucha contra las políticas de  olvido, de perdón, y de reconciliación con los asesinos, con los torturadores, con los violadores, con los apropiadores, con quienes fueron sus cómplices civiles, empresariales, religiosos y políticos. No nos olvidarnos de los decretos alfonsinistas que juzgaron a las cúpulas militares y a integrantes de las organizaciones armadas en base a la teoría de los dos demonios; los indultos del menemismo, las leyes de obediencia debida y punto final, la designación de Milani en el kirchnerismo, el negacionismo del macrismo y su intento de implantar el 2×1 para liberar a los genocidas condenados.
Entre el 2003 y el 2019 se realizaron 238 juicios contra los genocidas, se dictaron 1354 condenas sobre 975 represores y hubo 240 absoluciones. Todo ello sobre un universo de 7.848 víctimas. Sabemos que miles de represores actuaron en la dictadura y que hubo 600 Centros Clandestinos de Detención, al día de hoy hay menos de dos represores presos por cada lugar de detención. Y para mayor impunidad, casi el 70% de los represores detenidos goza del beneficio de la prisión domiciliaria, y unos 1.590 represores imputados están en total y completa libertad.
Por eso seguimos exigiendo el juicio y castigo a todos los genocidas! Hasta hoy no tenemos respuesta sobre qué pasó con todos y cada uno de las y los 30.000 desaparecidas/os; existen centenares de jóvenes que sufrieron la apropiación de su identidad y aún hoy la ignoran; la mayoría de los ejecutores del genocidio no han sido identificados ni juzgados en su totalidad, continuando la "carga de la prueba" sobre las espaldas de las y los sobrevivientes, de familiares y de buena parte del  pueblo argentino que ha develado tantas evidencias y continúa denunciando a los genocidas y sus cómplices.
Hemos aprendido en estos años, que la lucha no termina siquiera cuando los genocidas son condenados, porque los socios de la impunidad en el poder judicial otorgan el beneficio de la prisión domiciliaria a torturadores, asesinos y apropiadores. El único lugar para los genocidas es la cárcel. Quienes formaron parte de la maquinaria genocida no pueden ser beneficiados con la prisión domiciliaria, ni con excarcelaciones, sus crímenes son imprescriptibles y además siguen cometiendo el mismo delito al respetar el pacto de silencio. Por eso exigimos: cárcel común, perpetua y efectiva para todos los genocidas. 
Necesitamos ya! la apertura de los archivos secretos de la dictadura, para conocer el destino de cada uno de nuestras y nuestros compañeras y compañeros y para conocer el paradero de sus bebés que fueron apropiados. 
Sabemos que los genocidas siguieron enseñando a torturar, a desaparecer, a violar, a asesinar, en "sus escuelas en democracia". Por todo eso no podemos, ni queremos dar vuelta la página. Por eso decimos, a 44 años del golpe genocida lo que necesitamos es JUSTICIA!, por todos los crímenes cometidos contra cada uno de los compañeros y compañeras.
Los derechos humanos son de ayer y de hoy. Por eso, ante quienes dicen que no hay, exigimos la libertad de las presas y presos políticos o por luchar, como Milagro Sala y Luis D’Elía; el fin de las persecuciones, como a Sebastián Romero, y el cierre de las causas contra Daniel Ruiz, César Arakaki y demás activistas. Exigimos que se anulen las leyes “antiterroristas” aprobadas bajo el gobierno de los Kirchner (usadas para perseguir la protesta social) y que se desmantelen por completo todas las medidas represivas, que han dado un salto cualitativo durante el Macrismo. A la AFI, más que “transparentar” sus fondos hay que disolverla, como a todos los servicios secretos. Desmantelar el aparato represivo. Y poner fin al “gatillo fácil” policial y a las muertes en los lugares de detención, que cobran la vida de un joven pobre por día. Seguimos exigiendo justicia por Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, Luciano Arruga, Julio López, Mariano Ferreyra, Santiago Maldonado, Rafael Nahuel y todas las personas desaparecidas y asesinadas por el Estado en democracia.
El golpe genocida tuvo un objetivo de fondo. Como decía Rodolfo Walsh en su Carta Abierta a la Junta Militar: “Estos hechos, que sacuden la conciencia del mundo civilizado, no son sin embargo los que mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino ni las peores violaciones de los derechos humanos en que ustedes incurren. En la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada”. Esa política económica fue la del ajuste a la clase trabajadora y al pueblo, y la entrega de nuestro país al imperialismo, en base a la deuda externa. Si antes del golpe era de 7 mil millones de dólares, al caer la dictadura trepó a 49 mil millones. Después, todos los gobiernos pagaron y pidieron más. Nunca nos “desendeudamos”. Y con Macri se dio el mayor endeudamiento, que hoy supera los 310 mil millones de dólares.
Toda esa deuda es ilegítima, fraudulenta, impagable y odiosa. Porque se contrajo a punta de pistola. Porque Cavallo estatizó deuda privada. Porque jamás fue en favor del pueblo. Porque fugaron capitales. Y porque además todos los gobiernos la pagan a costa de ajuste, aunque hagan una parodia de investigación como ahora. Por eso exigimos no pagar la deuda externa. Y el FMI, que financió a la dictadura y luego dictó cada plan de ajuste, ahora nos monitorea para que sigamos pagando. Por eso lo repudiamos y decimos: ¡Fuera el FMI!
La pandemia del coronavirus desnudó y agravó la crisis sanitaria que ya existía. Ante la emergencia la cuarentena es necesaria, pero no suficiente. Lo que sirve es concientizar y tomar medidas eficaces como el testeo masivo para detección precoz del virus. Repudiamos la presión militarista y cualquier intento de declaración de estado de sitio. Por eso hoy más que nunca, y porque la salud también es un derecho humano, los millones que el gobierno destinaría a pagar la deuda externa deberían ir a fortalecer la salud pública, en especial a su personal, y a proteger al pueblo trabajador, empezando por los sectores más vulnerables, sin techo, precarizadxs, contratadxs, no registradxs y cuentapropistas.
A la vez, rechazamos el ajuste de Alberto Fernández y los gobernadores. Habla de “solidaridad”, pero les sacó la movilidad a las y los jubilados, niega la cláusula gatillo, da aumentos salariales menores a la inflación y prepara una suba de tarifas, todo para seguir pagando la deuda. Ni ajuste ni pacto social. Reclamamos un aumento general de salarios, planes sociales y jubilaciones, con 82% móvil, paritarias libres y cláusula gatillo. Apoyamos todas las luchas obreras, populares y de los pueblos originarios. Y como los derechos ambientales y de género también son derechos humanos, rechazamos el extractivismo contaminante y decimos basta de megaminería, fracking y agrotóxicos. Y alzando las banderas del 8 de Marzo, exigimos aborto legal y que el Congreso apruebe la ley de la Campaña. También desmantelar las redes de trata y proxenetismo, que haya Educación Sexual Integral efectiva, presupuesto ya para combatir la violencia machista, separar la Iglesia del Estado y anular los subsidios a la educación religiosa. Por último, exigimos el fin del alineamiento internacional con los EE.UU. e Israel. Rechazamos las bases extranjeras en el país y los ejercicios militares con el imperialismo. Argentina debe salir del Grupo de Lima y retirar sus tropas de Haití y Chipre. Apoyamos las luchas contra el represor Piñera en Chile, la golpista Áñez en Bolivia, el facho Bolsonaro en Brasil y el represor Duque en Colombia. Exigimos libertad para Facundo Molares y todos lxs presxs politicxs de la dictadura boliviana, así como justicia por el periodista asesinado Sebastián Moro y por todas las víctimas del golpe. Libertad a los miles de manifestantes presos en la rebelión chilena y a Facundo Jones Huala, detenido en Temuco. Apoyamos también las luchas de otros pueblos del mundo, como en Francia, y los pueblos de Palestina y Kurdistan en Medio Oriente.
Aunque hoy no hemos podido encontrarnos en Plaza de Mayo y manifestar nuestro repudio al golpe genocida, como hacemos año tras año. Aunque hoy no hemos podido marchar en las calles con las fotos de nuestros y nuestras compañeros y compañeras detenidos-desaparecidos reafirmamos nuestro compromiso con los 30.000 y con su lucha, por construir una sociedad libre, sin opresión ni explotación.
A 44 años del golpe decimos:  No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos.
¡30.000 compañeras y compañeros detenidos-desparecidos, presentes! ¡Ahora y siempre!

 Fuente: https://prensaobrera.com/libertades-democraticas/documento-24-de-marzo-de-2020-encuentro-memoria-verdad-y-justicia/


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18 de junio de 2020

III.El gob del PJ-Menem legalizó megaminería y más de una dekada la expandió

Extractivismo minero y 
 fractura sociometabólica
El caso de Minera Alumbrera Ltd., a veinte años de explotación
 
RevIISE | Vol 10 Año 10 - octubre 2017 - marzo 2018. Argentina.
 
 Horacio Machado Aráoz y Leonardo Javier Rossi
 
A modo de introducción
 
Las problemáticas ecológicas como fuente de conflictividad social y movilización política, se han constituido como un rasgo característico y cada vez más relevante del capitalismo tardío, en particular, desde la crisis del régimen de acumulación de posguerra en adelante. El drástico proceso de reconfiguración neocolonial del mundo operado a través de la globalización neoliberal y la intensificación de las modalidades de acumulación por despojo (Harvey, 2004) ha repercutido de manera agravada en la geografía económica y política latinoamericana, cuya riqueza en recursos naturales ha pasado a ser un factor indispensable para los proyectos interesados en “sostener” la tasa de crecimiento de la economía mundial. Un caso emblemático de este fenómeno lo constituye la abrupta expansión de la minería transnacional a gran escala en América Latina en general y en Argentina en particular, a partir de las reformas impulsadas por el Banco Mundial en los años 90. Instauradas por gobiernos neoliberales, el apoyo explícito del Estado a la expansión de la minería transnacional se ha sostenido férreamente en las décadas siguientes, aún en los países que experimentaron significativos cambios de gobierno, con el arribo de fuerzas progresistas y/o de centroizquierda al poder estatal. En la primera década del nuevo milenio la región asistió a un fuerte ciclo de crecimiento económico de la mano de la aceleración de la exportación de materias primas, en un contexto donde la demanda china mantuvo los precios en alza. Ese contexto signó un derrotero de cambio radical en la matriz productiva y socioterritorial en la región, caracterizada por una ruta de reprimarización, concentración, y extranjerización de sus economías. Paradójicamente, el proceso de reversión de las políticas de ajuste de los 90 y de mejoramiento relativo de los indicadores socioeconómicos que experimentaron amplios sectores sociales, en el marco de la primera década del siglo XXI en la región, ha estado estructural y materialmente sustentado en el fuerte dinamismo de las exportaciones de materias primas, fenómeno que -como ha sido analizado- significó la recreación y el rediseño de las modalidades históricas de la dependencia estructural y la inserción subordinada de la economía regional, ahora articulada a la voracidad industrial de China (Machado Aráoz, 2015b). Los debates y conflictos sociopolíticos emergentes en este escenario parecieron intensificar el aparente antagonismo entre “sociedad” y  “naturaleza”.
 
Más específicamente, mientras que la ampliación de la frontera extractivista intensificó las resistencias protagonizadas por organizaciones de poblaciones afectadas y movimientos socioambientales, por el otro lado, fuerzas políticas y gobiernos sostuvieron a rajatabla ese modelo de crecimiento. En especial, los gobiernos progresistas defendieron sus políticas extractivistas presentándolas como condición necesaria para “la superación de la pobreza” y la “inclusión social” de los sectores sociales históricamente marginados. La concepción ideológica de que había que optar entre la “preservación del medioambiente” o la “superación de la pobreza” fue rearticulada en este nuevo escenario como clave de bóveda de las disputas políticas1 . Un argumento, en realidad, neoliberal (la primacía del crecimiento económico, resolverá, a largo plazo, los problemas sociales y ecológicos)2 fue férreamente asumido por los gobiernos de la región, incluso aquellos que se reivindicaban como “postneoliberales” y/o “de izquierda”. A nuestro entender, estas disputas ideológico políticas expresan sintomáticamente la separación ontológica que la Razón Moderna instituyó entre Sujeto y Naturaleza, como fundamento epistémico y práctico de su modo de concebir, conocer y relacionarse con el Mundo.

El imperativo del dominio, control y explotación (aunque sea “racional”, ahora predicado como “sustentable”) de la Naturaleza como “condición” para la emancipación humana, sigue reproduciendo esa idea primordial de la Razón imperial, que concibió a la Tierra como “objeto colonial”, fundamento y base de todas las conquistas (Machado Aráoz, 2010). El imaginario colonial desarrollista que atraviesa e impregna las modu-laciones ideológicas tanto de los gobiernos de “derecha” y de “izquierda” en la región sigue reeditando esa gravosa dicotomía. En buena medida ese imaginario sigue resultando eficaz para invisibilizar los procesos de depredación de las fuentes primarias de la vida, como condición y efecto de la dinámica de la acumulación capitalista. En este trabajo ofrecemos una mirada crítica que justamente apunta a correr el velo ideológico del “crecimiento” como amortiguación de los efectos expropiatorios de la acumulación por despojo. Para ello recurrimos a la revisión del concepto de metabolismo social y de fractura sociometabólica provisto originariamente por Marx para analizar los efectos e implicaciones que la expansión del extractivismo (en este caso, el extractivismo minero) tiene sobre las economías locales, en términos de acumulación por despojo y expropiación ecobiopolítica. Dar cuenta de estos procesos nos parecen fundamentales para revisar y reorientar las búsquedas teórico políticas de nuevos horizontes emancipatorios en el siglo XXI.
 
Desvincular(nos) de la Naturaleza, el origen
Para afrontar en términos realistas los cruciales problemas ecológicos del presente, creemos imprescindible una revisión de los análisis críticos en torno a la relación Sujeto-Naturaleza, tal como ha sido hegemónicamente concebida por la colonialidad del saber/poder moderno. El materialismo histórico de Marx provee, a nuestro entender, una base ontológica apropiada para restablecer una concepción relacionaldialéctica, allí donde ha primado erróneamente una mirada dicotómica y, en última instancia, antropocéntrica. El punto de partida de Marx para comprender la relación Naturaleza-Sociedad es el concepto de Metabolismo Social que, en definitiva, pone en el centro de los procesos de hominización/ humanización de la Naturaleza al proceso social de trabajo. Pues, para Marx, “(L)la primera premisa de toda la historia humana es la existencia de individuos humanos vivos. El primer hecho a constatar es, por tanto, la organización corpórea de esos individuos y la relación por eso existente con el resto de la naturaleza (Marx y Engels, 1974: 19). Partir de los individuos humanos vivientes, implica, ante todo, negar radicalmente toda separación entre Naturaleza y Sociedad y rechazar todo antropocentrismo. O, si se prefiere, supone partir de la afirmación básica de que el ser humano es naturaleza, tal como puede leerse en los Manuscritos de 1844: La naturaleza es el cuerpo inorgánico del hombre; es decir, la naturaleza en cuanto no es el mismo cuerpo humano. Que el hombre vive de la naturaleza quiere decir que la naturaleza es su cuerpo, con el que debe mantenerse en un proceso constante, para no morir.
 
La afirmación de que la vida física y espiritual del hombre se halla entroncada con la naturaleza no tiene más sentido que el que la naturaleza se halla entroncada consigo misma, y que el hombre es parte de la naturaleza. Sobre esa base, Marx introduce la noción de metabolismo social para dar cuenta de la especificidad de lo humano. Con ella Marx refiere a los imprescindibles y continuos intercambios energético-materiales que vinculan a los cuerpos humanos vivientes con el resto de los seres y elementos de la biósfera, haciendo de tal modo materialmente posible su sobrevivencia. Dichos intercambios consisten en flujos energético-materiales que circulan en dos grandes direcciones, y cuyos vectores claves son el alimento y el trabajo: de un lado, hay un flujo fundamental de agua, aire y alimento que va de la Tierra a los cuerpos/poblaciones proveyendo los nutrientes básicos de los que dependen. Del otro lado, ello supone un correlativo flujo energético que va de los de los cuerpos-poblaciones a la Tierra en forma de trabajo social. Éste, como energía inseparablemente física-psíquica-emocional, es la condición universal para la interacción metabólica entre el hombre y la naturaleza, la perenne condición de la existencia humana impuesta por la naturaleza (Marx, 1867).
 
Se comprende así, en qué medida, para Marx, el metabolismo social es la condición ecológicopolítica fundamental para la existencia de los individuos y las sociedades humanas. A través de las nociones de metabolismo social y de trabajo, da cuenta, por un lado, del proceso de irrupción de lo humano en la historia de la materia (hominización). La emergencia de lo humano como tal dentro del proceso geo-histórico-biológico de complejización de las formas de vida, acontece como producto el específico obrar humano (trabajo) en la procuración de su subsistencia; es por medio de su propia práctica, que el ser humano viviente va produciendo a sí mismo como un ser socio-cultural, tecnológico y político, como rasgos distintivos de la especie. Y esta misma categoría es la que toma como punto de partida para el análisis de la especificidad histórica del capitalismo, entendido éste como modo de producción que opera y emerge de una drástica fractura sociometabólica (Marx, 1867; Foster, 2000).
 
Marx emplea la noción de fractura metabólica como categoría para dar cuenta de los procesos históricos que se suscitaron en Europa en torno los masivos cercamientos de campos, la expulsión a gran escala de campesinos hacia las ciudades, y el cambio de patrón productivo en vastas áreas agrícolas. Su centro de atención es la pérdida de nutrientes naturales en los suelos ahora dedicados a abastecer las incipientes urbes, y despojados de sus ciclos de reposición de fertilidad en una proyección plausible, mediante una agricultura artesanal que va dejando paso a la industrialización de la actividad. Esta fractura metabólica no sólo operaba en la división antagónica entre ciudad y campo al interior europeo sino que a un nivel más global, colonias enteras veían el robo de sus tierras, sus recursos y su suelo en apoyo de la industrialización de los países colonizadores (Foster, 2000: 253). En términos de Wallerstein, la economía-mundo europea del siglo dieciséis se volvió irremediablemente capitalista (115).
 
El cambio trascendental que implica la creciente privatización de toda forma de trabajo y de aspectos básicos para el desarrollo de la vida, como el suelo, el alimento, la vestimenta hasta entonces regidos bajo otras lógicas de reproducción lleva a alertar ya en el siglo XIX sobre la imposibilidad física de ese proceso incesante de acumulación de capital. Una mirada crítica de este proceso epistémico de largo y profundo alcance lleva a considerar que la sociedad capitalista ha violado las condiciones de sostenibilidad impuestas por la naturaleza (Foster, 252). Basado en este análisis y tomando en cuenta sus propias investigaciones históricas sobre el proceso de expansión colonial del capitalismo, Jason Moore ha destacado que la incesante dinámica de la acumulación requiere como condición sine qua non, el continuo corrimiento de la frontera mercantil, lo que va arrasando ecosistemas desde sus inicios hasta la actualidad.
 
En un comienzo, centrado en la desestructuración de sistemas socioeconómicos feudales, y con la tala de bosques como una de las principales degradaciones ecológicas desatadas en tierras de lo que luego sería Europa, para posteriormente avanzar a territorios de ultramar. Como destaca Moore, las fronteras mercantiles más significativas se basaron en la explotación del medio ambiente con los ejemplos coloniales extractivos del azúcar, la minería de plata y oro, tabaco, entre otros (2003:24). El concepto de frontera mercantil nos permite ver con mayor claridad la fractura metabólica operada entre la expansión del espacio capitalista y la producción anclada territorialmente. El gran triunfo del capitalismo a lo largo de su derrotero ha sido evitar los costos de la degradación ecológica local y regional mediante la reubicación de sus actividades de acumulación. En otros términos, el capitalismo es constitutivamente un sistema global y globalizador (Moore, 2003:43).
 
La modernidad capitalista aparece como el resultado desde sus inicios de transacciones transcontinentales cuyo carácter verdaderamente global sólo comenzó con la conquista y la colonización de las Américas (Coronil, 111). En este recorrido se torna clave la noción de extractivismo que, como observamos a la luz de esta síntesis histórica, es una práctica económico político cultural estructural del actual sistemamundo. El capitalismo nace de y se expande con y a través del extractivismo (Machado Aráoz, 2015a:15); es el eje de la acumulación originaria o bien de la acumulación por desposesión (Harvey). El extractivismo es un profundo proceso de desterritorialización, transformaciones ecológicas, desplazamientos de poblaciones junto con sus prácticas productivas y culturales que hacen parte inescindible de este permanente proceso de reproducción del capital (Machado Aráoz 2013, 2015a).
 
Minería colonial, condición del capital
 
La “acumulación primitiva” colonial, lejos de ser una precondición para el desarrollo capitalista, ha sido un elemento indispensable de su dinámica interna (Coronil, 111). Dentro de la larga historia colonial de América Latina el rol de la actividad minera ha tenido un lugar protagónico. Desde la centralidad que encarnó la extracción de plata y oro en la primera fase colonial, con el cerro de Potosí como geografía destacada, hasta la actual etapa de multiplicación de proyectos megamineros a lo largo de las montañas de sur y centro América, el extractivismo minero recrea una y otra vez el ciclo de fractura metabólica: desplazamiento de poblaciones locales, afectación de los ciclos naturales en los territorios sacrificados, irrupción de las prácticas económicas-culturales autóctonas. Tanto en la etapa de colonización y conquista; la era liberal y la conformación de las economías primarioexportadoras (fines del siglo XIX e inicios del XX); como en la etapa neoliberal actual permanece la condición colonial con la explotación de recursos naturales como una de sus dinámicas centrales (Teubal y Palmisano). Para dimensionar el impacto que significó el territorio colonizado en la dinámica del capital internacional, vale observar que en el siglo XVI sólo en Potosí se producía el 74% de la producción mundial de plata (Id. 137). Potosí significó el ejemplo por excelencia del capitalismo moderno temprano. En este territorio y sus alrededores, dinámicas culturales de raigambre agraria fueron arrasadas para dar paso a una de las grandes urbes del mundo en ese entonces, en paralelo que miles y miles de cuerpos nativos eran extinguidos como mano de obra minera; las prácticas de la empresa colonial contaminaban cursos de agua como nunca antes; y poblados de regiones próximas eran incorporados a la dinámica capitalista como abastecedores de alimentos reformulando los ciclos de producción e intercambio de comunidades enteras (Moore, 2003). Destaca Moore en La Naturaleza en la transición del feudalismo al capitalismo: La división ciudad-campo del trabajo que tomó forma con el auge de Potosí no sólo expresaba relaciones de poder económico y político. Expresaba igualmente las con-tradicciones metabólicas del sistema que surgía (p. 27). Ese corrimiento de la frontera minera hacia América implicaba el avance de otras fronte-ras al interior del territorio americano: desde el altiplano hasta la costa, el proceso de anexión al capitalismo significó desentramar procesos ecológicos, complementariedad en el abastecimiento alimentario, tiempos agroproductivos con base en el territorio habitado, destrucción de sistemas hidráulicos, hambre. La frontera minera alteró estos sistemas en todas las zonas, apunta Moore (2003:29- 30). Las minas exigían grandes desplazamientos de población y desarticulaban las unidades agrícolas comunitarias; no sólo extinguían vidas innumerables a través del trabajo forzado, sino que además, indirectamente, abatían sistemas colectivos de cultivo (Galeano, 64). Potosí escenificó el consumo, la ostentación, la acumulación, la inversión, el cálculo, el costo-beneficio y su revés: hambre, pobreza extrema, una pobreza inédita y desconocida hasta el momento” (Machado Aráoz, 2014:97). Genocidioecocidio-epistemicidio son eslabones inseparables de la férrea cadena que marca históricamente el principio de la minería colonial (Machado Aráoz, 2014:111). Pero este principio colonizador no será sólo devastación y ruina sino que sentará bases histórico culturales y geográficas mediante complejos sistemas de violencia que moldearán los territorios y los cuerpos disciplinados para su cíclica reproducción. Como destaca Porto Gonçalves (2009): el colonialismo no fue simplemente una configuración geopolítica por medio de la cual el mundo se mundializó sino más bien la colonialidad es constitutiva de las relaciones sociales y de poder del sistema-mundo en sus más diferentes escalas (126).
 
En términos de Gunder Frank, las relaciones metrópolis-satélites no se circunscriben sólo a la escala imperial sino que permean y estructuran la propia vida económica, sociopolítica, y cultural de los países colonizados (148). Esa dinámica, como se observó en el ejemplo fundante del Potosí, se recrea en los diversos territorios colonizados en múltiples direcciones, convirtiendo a satélites de las metrópolis en centros al interior de la tierra colonial. Desde ese entonces a la actualidad se reinventa la lógica imperial y el colonialismo interno en términos de dominación del capital nacional e internacional, como en la ocupación de los espacios territoriales y sociales de un país a otro y al interior de un mismo país (González Casanova, 421,422).
 
Desde una mirada actual, esta lógica (siempre en diálogo con el pasado colonial) configura regiones enteras dependientes de una actividad económica implantada externamente que somete no sólo con objetivos económicos sino en lo político, cultural, social, psicológico y jurídico. Como nos plantea la teoría de la dependencia, en estos enclaves las decisiones del proyecto extractivista se toman en el exterior, mientras que los beneficios de la empresa apenas pasan en su flujo de circulación por el suelo donde tiene su origen sin tener realmente conexiones con la economía local. El capital inversor sí se vincula con el poder central dependiente (naciónprovincia-municipio) para gestionar la concesión en negociaciones, siempre desligadas de la posibilidad de cualquier desarrollo autónomo por parte de quienes habitan los territorios elegidos para la apropiación de recursos por parte del capital inversor (Cardoso y Faletto). A decir de Milton Santos, las economías primarioexportadoras significan una sucesiva pérdida de control en la organización espacial por parte de los Estados dependientes, donde mediante las inversiones del capital la demanda procedente del centro queda directa e inmediatamente marcadas en la sociedad, en la economía y en el espacio (50)
 
El reimpulso en clave neoliberal que atravesó la región en la década del 2000.
 
Desde fines de la década del ochenta una nueva avanzada minera atraviesa América Latina. Esta vez, tras la crisis de sobreacumulación del capitalismo internacional iniciada en la década del setenta reaparece un voraz apetito del capital trasnacional por los recursos naturales como medio de anclaje del capital excedente (Harvey, 2004). Harvey (2001) analiza cómo en el marco de una geografía imperial del capital, los espacios subalternizados son objetos de recursivos ciclos de acumulación por despojo, mediante nuevos corrimientos de la frontera del capital. En el marco neoliberal, se produce un desplazamiento en los mecanismos de regulación política que tenderá a trastocar de forma radical las relaciones entre espacio y poder estatal. Opera entonces una disipación de la ilusión de competencia y control sobre el territorio por parte del Estado, en favor de una amplia autonomía del capital que se traduce en la aprobación jurídica-política a una diversidad de tecnologías utilizadas para explotar la naturaleza, humana y no humana (Ciuffolini, 18-19). Consenso de Washington mediante, los países de la región dieron paso a la liberalización y des-re-regulación de la economía en pos de incentivar las inversiones extranjeras directas, según marcaban las pautas de los organismos económicos internacionales.
 
Tres fueron los pilares centrales de estos lineamientos:
·         Plena seguridad jurídica sobre la propiedad de las concesiones mineras (preeminencia de la propiedad minera sobre los derechos superficiarios; total garantía legal y judicial de las inversiones extranjeras).
·         Grandes beneficios fiscales y comerciales (estabilidad jurídica por períodos de entre 25 y 30 años; eliminación de tasas de importación y exportación; desgravación de impuestos internos y de regalías mineras o su limitación a tasas insignificantes; libre disponibilidad de divisas y desregulación total sobre la remisión de utilidades).
·         Una legislación y sistema de controles ambientales extremadamente laxos (Machado Aráoz, 2011, 159) Argentina dio paso a la Ley de Inversiones Mineras (24.196/93) que habilitó la privatización del subsuelo, en sintonía con lo que ocurría por la misma época en países como México, Ecuador, Bolivia, Brasil y Perú.
 
En ese escenario se desató un boom minero que se tradujo en un crecimiento de las inversiones en exploración medidas en millones de dólares de 400 por ciento en ocho años en Latinoamérica. La expansión de la megaminería no detuvo su marcha pese al cambio de escenario político.
 
Con la irrupción creciente de gobiernos de centroizquierda, nacionales-populares y progresistas el avance del extractivismo minero también vio acrecentarse, triplicándose las exportaciones de la actividad en otro lapso de ocho años. Facilidades comerciales, fiscales, financieras, ambientales, y de las fuerzas de seguridad forman parte del apoyo estatal a la actividad que renovó su impulso en los últimos quince años bajo el denominado consenso de los comoditties (Svampa) o consenso de Beijing (Machado Aráoz, 2014), junto con otras actividades extractivas (granos, hidrocarburos, forestal). La megaminería se torna política de Estado por encima de cualquier matiz político-partidario. El reimpulso minero trae una vez más, bajo nuevos lenguajes y prácticas, el anclaje colonial de la economía latinoamericana. Esta laxitud del Estado para con el capital extractivo se encuentra amparado, nuevamente, en discursos que transitan en torno a las categorías de desarrollo, modernización y progreso. Otra vez, la razón colonial-moderna-eurocentrada permea y modela el andamiaje institucional que soporta estas prácticas de expoliación. En esta línea, como nos plantea Antonelli, con el marco legal y la decisión política sólo no alcanza: Como toda colonización, la megaminería trasnacional requiere no sólo de la legalidad de las normativas […] sino una lengua, una episteme, una genealogía, iconografías y retóricas, su ética y su filantropía, sus afectos públicos y pasiones políticamente fuertes, y una profusión de discursos e instituciones de legitimación (100). La naturaleza cosificada, quebrada en su vínculo metabólico del ser humano, tiene como destino inevitable ser puesta a disposición del capital mega-minero sin reparar en la historia etnosocioecológica del territorio a sacrificar. No se contemplan los millones de litros de agua que se utilicen en tiempo récord en zonas semiáridas o los riesgos de contaminación con metales pesados ni el quiebre de las prácticas agrícolas que serán desplazadas de esa geografía. Podemos pensar esta nueva arremetida del capital extractivista en términos de fascismo territorial (Sousa Santos, 2010:26), enclaves donde el capital trasnacional regula socialmente a los habitantes del territorio sin su participación y contra sus intereses, previa neutralización y/o cooptación del Estado, cuando no de forma violenta, justamente en naciones que ya están marcadas por la huella colonial europea. Bajo diferentes formas, la tierra originaria tomada como prerrogativa de conquista y la subsecuente ‘privatización’ de las colonias se encuentran presentes en la reproducción del fascismo territorial (Ibíd.).
 
El desarrollo de la minería metalífera a gran escala puede pensarse como un ejemplo paradigmático en el cual una visión de la territorialidad se presenta como excluyente de las existentes (o potencialmente existentes) (Svampa, Bottaro y Sola Álvarez, 43). Las múltiples territorialidades (Porto Gonçalves, 2003; 2009; 2016) campesinas, indígenas, de pequeños agricultores con sus prácticas, saberes e historias son tensionadas, cuando no eliminadas, por esta territorialidad megaminera, discurso y práctica extractiva, que tiene como permanente línea de llegada el desarrollo, donde toda innovación tecnológica producida en el contexto de la modernidad se ve necesariamente como avance, independientemente de sus motivaciones, impactos y consecuencias (Machado Aráoz, 2014:57). (…)
 
Las múltiples heridas de la fractura sociometabólica
 
En el escenario analizado pudimos apreciar cómo una compleja trama de operaciones se pone en juego a partir del avance de la frontera del capital megaminero: la promoción de sujetos sujetados a la dinámica del valor de cambio, la negación de discursos “oficiales” sobre la agricultura campesina como modo de vida posible -que redunda en falta de apoyo estructural a esas economías-, el avance de la frontera urbana, y la competencia por los bienes comunes (agua-tierramontañas) se traducen en un despoblamiento silencioso del campo, de los agricultores y de sus actividades tradicionales. El ser agricultor, a fin de cuentas, es puesto en tela de juicio como horizonte de existencia posible en este territorio de sacrificio. Ese desplazamiento, si bien implica la migración campo-ciudad, significa una profunda transformación del territorio, donde se borran un amplio espectro de saberes y prácticas transmitidos por generaciones. Ni más ni menos se pierde un potente entramado cultural vinculado a producción, intercambio y consumo autónomo de alimentos, y al necesario uso sostenible de la naturaleza. Estos relatos nos permiten una primera aproximación a cuestiones a profundizar en torno a las transformaciones ecosocioterritoriales que la fractura sociometabólica, impulsada por la megaminería, implica en esta región catamarqueña. Como observamos, aparecen a primera vista cambios en las dinámicas alimentarias, en las prácticas económicas, en los valores sociales, y las relaciones comunales, tensionadas a niveles que desfiguran la cotidianeidad y la historia local. Los testimonios expresan como factor común las tensiones entre tiempos distintos. Recordemos que el tiempo del capital industrial, con su obsesión de acumulación incesante para desarrollarse construye a los otros tiempos como atrasados, donde toda diferencia y diversidad (natural o cultural) debe ir dejando paso a la monocultura que tiene en el progreso, la modernidad, y la ciudad “civilizada” su locus por excelencia, su horizonte (Porto Gonçalves, 2016). La penetración del capital como mediador de los vínculos al interior de la comunidad no desemboca en otra dirección que una dependencia estructural extrema por parte de la población local. Comunidades históricamente agrarias, productoras de alimentos para autoconsumo, van dando paso a una progresiva pérdida de capacidad de autosuficiencia alimentaria, que no es otra cosa, que las energías vitales que el hombre como parte de la naturaleza intercambia con otros componentes de la biosfera a fin de reproducir la vida. Es en este sentido que planteamos la noción de expropiación ecobiopolítica para explicitar cómo opera un sistema integral de dominio, control y disposición que se ejerce sobre el complejo de la vida social en general (Machado Aráoz, 2013, 140), desde sus expresiones materiales más elementales como el agua, la tierra y el alimento hasta las diversas dinámicas sociocomunitarias y culturales. Si a nivel macro la actual fase del extractivismo se caracteriza por la degradación extrema de las condiciones biofísicas de existencia de la especie humana; a nivel microbiopolítico la producción capitalista está signada por la configuración de subjetividades crecientemente desvinculadas y enajenadas de los flujos que nos sostienen como cuerpos humanos vivientes” (Machado Aráoz, 2016:224). En otros términos, esta “hiperindustrialización/ tecnificación/artificialización de la vida (patrones de consumo) de unas economías/sociedades demanda y requiere de la híper-reprimarización de otras”. La megaminería materializa la expropiación geográfica (Machado Aráoz, 2011) de un “occidente” que aún corre su frontera mercantil en base a la extinción, una y otra vez, de las culturaseconomías-territorialidades otras negadas, allí donde se asienta el capital extractivo. Expropiación que en su dimensión biopolítica expropia los medios que nos hacen cuerpos: el agua, el aire, el suelo, en suma, el territorio (Id. 172). Esta dinámica necroeconómica del capital se asienta principalmente en la sistemática depredación sobre las agroculturas (Machado Aráoz y Paz, 151), siendo éstas sabedoras de los ciclos de la naturaleza, entendedoras del territorio como espacio de vida y para la vida, defensoras de la autonomía alimentaria moldeada a lo largo de generaciones, artesanas de saberes que han transitado el territorio por siglos. En base a los planteos pioneros de Marx sobre la fractura sociometabólica y los ejemplos analizados, intentamos evidenciar la potencia del capitalismo en reinventar una y otra vez la maquinaria devastadora de los ciclos energéticos naturales que hacen al complejo proceso de vida del que el hombre es victimario y víctima. A modo de cierre, tomamos la energía vital de esas comunidades que se resisten a aceptar el “destino inevitable” que ofrece el discurso minero oficial, culturas que apuestan a sembrar en las “zonas de sacrificio” un “campo de historia-esperanza”, que practican desde su estar en el territorio la defensa de la agricultura y la soberanía alimentaria, que reivindican el ser agricultores, y aleccionan sobre la olvidada reciprocidad con la naturaleza. Parafraseando a Porto Gonçalves (2016, 310), comunidades que hacen de su lucha por la tierra, una lucha por la Tierra.

Fuente: RevIISE | Vol 10 Año 10 - octubre 2017 - marzo 2018. Argentina.pp. 273-286 www.reviise.unsj.edu.ar

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