A recordar

14 de julio de 2017

III. Las elecciones, cualquiera sea su resultado, no torcerán la lógica implacable del poder fáctico. No existen salidas progresistas a las crisis capitalistas.

Crisis, Cambiemos y programas capitalistas

28 de julio de 2016
Por Rolando Astarita

Los números de la crisis
De acuerdo al INDEC, la actividad industrial cayó en junio un 6,4% con relación a junio de 2015; en el semestre retrocedió el 3,3% con respecto a igual período del año pasado. Las mayores caídas en el interanual de junio son automotriz, 13,7%, e industrias metálicas básicas, 12,4%. También en junio, la construcción bajó 19,6% con relación a junio de 2015, y la caída del primer semestre fue del 12,4%, con relación a igual período del año pasado (INDEC). Estas cifras negativas no son compensadas por el crecimiento de la actividad agropecuaria (aumento de un millón de hectáreas sembradas de trigo, otro millón en maíz, repunte de la venta de maquinaria agrícola, las exportaciones primarias crecieron 65% en el primer trimestre de 2016). El consumo en junio fue 9,8% menor que en junio del año pasado; la caída en el semestre fue del 6,4% (CAME). Según la CEPAL y el FMI, en 2016 el PBI argentino caerá 1,5%. Analistas privados pronostican una caída todavía mayor. El déficit de cuenta corriente en el primer trimestre de 2016 fue de 4.013 millones de dólares, con un déficit comercial de 1403 millones. En 2015 el déficit de cuenta corriente fue de 15.934 millones. El déficit fiscal se mantiene a niveles elevados; la meta que se propuso el gobierno, 4,8% del PBI, parece difícil de alcanzar. Por otra parte, en el primer trimestre la deuda externa del sector público aumentó en 11.590 millones de dólares, y la del sector privado no financiero en 4306 millones.
Los salarios han tenido una fuerte caída, vía devaluación e inflación. Según el Instituto Estadístico de los Trabajadores, (IET), desde diciembre a mayo los salarios reales cayeron un 12%. FyE Consult evalúa que en mayo de 2016 el poder de compra de los salarios era un 11% inferior a igual mes de 2015. Según la Universidad Católica Argentina, en el primer trimestre de 2016 la pobreza aumentó 5 puntos porcentuales, llegando al 34,5% de la población. Son 13 millones de personas (1,4 millones más que al final del gobierno de Cristina Kirchner). La indigencia abarcaba al 6,9%. UNICEF dice que en Argentina hay 4 millones de chicos en la pobreza. Según la Dirección de Estadísticas de CABA, para un matrimonio con dos hijos varones en edad escolar la línea de pobreza se ubicó, en junio, en $12.356; la de indigencia, en el mismo mes, en $6110. Pero la mitad de los porteños gana menos de $10.000 mensuales; el 20% tiene ingresos por debajo de los $6000.
El nudo de la crisis
Ya en otras notas, y refiriéndonos a los gobiernos kirchneristas, hemos planteado que el eje de la debilidad del crecimiento pasa por la debilidad de la acumulación, esto es, de la reinversión de la plusvalía para ampliar la escala de la producción y mejorar la productividad. De hecho, una parte importante del excedente generado en Argentina se canaliza al consumo suntuario (incluida la construcción residencial suntuaria); al gasto improductivo; o sale del circuito productivo nacional, ya sea porque se atesora en cajas de seguridad, bajo la forma de dólares o euros, o es enviado al exterior. Según el estudio Ferreres, la suma de colocaciones en el exterior rondaría los 350.000 millones; Tax Justice Network lo calculaba, en 2012, en 400.000 millones de dólares; CEFIDAR, también para 2012, en 374.000 millones. La OCDE dice que Argentina es el octavo país por volumen de capitales en el exterior. Es significativo que los propios ministros de Cambiemos, o el presidente Macri, que llaman a invertir en Argentina, tienen millones colocados en cuentas en el exterior.

El punto que deseo establecer es que el factor clave del desarrollo de las economías capitalistas es la inversión. La idea la encontramos en Marx, pero también en Keynes. Subrayo esto último porque es un punto que parecen desconocer muchos izquierdistas que se reivindican keynesianos. Así, en su muy citado artículo del Quarterly Journal of Economics, de 1937, Keynes afirma que su teoría podía resumirse diciendo que “dada la psicología del público, el nivel del producto y del empleo depende del monto de la inversión” (énfasis agregado). Y esto sucede no porque la inversión sea el único factor del que depende el output agregado, “sino porque es usual en un sistema complejo observar como la causa causans aquel factor que es más proclive a tener una fluctuación súbita y amplia”.

Desde el enfoque marxista la cuestión es aún más clara, si se quiere. Dado que el desarrollo de las fuerzas productivas depende de la reinversión de plusvalía, el centro de los problemas del desarrollo es la ampliación del trabajo productivo. El trabajo productivo es el que genera plusvalía (para una discusión de trabajo productivo, aquí). En consecuencia, en la medida en que la plusvalía se invierta en trabajo productivo, habrá más plusvalía para incrementar la escala de producción. Esta es, además, una tesis primordial de la Economía Política clásica, en particular de los fisiócratas, Adam Smith y David Ricardo. Por eso Smith no consideraba igual que la ganancia se gastara como renta en trabajadores improductivos (por caso, servidores de los aristócratas, funcionarios de la Corte, etcétera) que en trabajadores productivos.

La cuestión la podemos ver con el circuito del capital: D – M (Ft y Mp)… P…M’- D’, siendo D el dinero adelantado por el capitalista; M mercancías; Ft fuerza de trabajo; Mp medios de producción; …P… es el proceso productivo; M’ la mercancía valorizada; D’ igual al D adelantado + s, la plusvalía.
Aquí, el consumo de los trabajadores empleados en el sector privado no es autónomo, depende del ciclo capitalista. De manera que la caída de la demanda que desata la crisis y la recesión no puede provenir de la caída del consumo obrero; ni la recuperación de la economía puede ocurrir por un incremento autónomo del consumo salarial.
Puede verse también que no existe otra fuente de la plusvalía que el trabajo productivo (…P…). La plusvalía se divide en ganancia empresaria, renta de la tierra, interés e impuestos. Por lo tanto, el gasto estatal tampoco es una fuente autónoma de demanda; depende de la generación de plusvalía en el proceso productivo, y su realización en el mercado, a través de la venta. De manera que no hay posibilidad de sostener indefinidamente la demanda mediante gasto estatal. Si con las inyecciones de gasto del Estado no se pone en marcha el proceso de acumulación (o sea, la inversión), no hay recuperación de la demanda global, y por lo tanto no hay salida de la recesión (o la depresión). Por este motivo a Marx jamás se le ocurrió que se podía salir de una crisis sólo mediante inyecciones de gasto fiscal. Tampoco a Keynes, o a los keynesianos “clásicos”, como Hansen, o incluso Leijonhufvud.

Dado que éste es el punto neurálgico del fetichismo estatista, es conveniente ampliar el argumento. La cuestión es que si durante una crisis el gobierno inyecta gasto fiscal (por ejemplo, pagando a los trabajadores para que entierren y desentierren botellas, como dice Keynes en la TG), el éxito o fracaso de la medida dependerá crucialmente de lo que hagan los capitalistas con lo producido por el tirón de demanda: si comienzan a invertir, el proceso ha tenido éxito. Si en cambio, el plus de ingreso recibido lo atesoran, o lo destinan a bajar su deuda con los bancos, y estos a mejorar sus balances, la demanda no habrá aumentado. Al respecto, Leijonfvud observa que si en las recesiones “las empresas temporariamente no encuentran que sus oportunidades de inversión sean rentables, tratarán de mejorar sus balances cancelando préstamos bancarios, mientras que los bancos, a su vez, responderán a este ‘reflujo’ devolviendo créditos del Banco Central” (“Los ciclos largos en las visiones económicas”, reproducido en Organización e inestabilidad económica, Buenos Aires, 2006, p. 8). Esto significa que puede haber liquidez, proporcionada por la inyección de gasto, sin reanimación del ciclo de acumulación. En contrapartida, se habrá deteriorado el balance fiscal. Si la operación se vuelve a repetir sin éxito, surgirá el déficit, o se incrementará.

El déficit, por otra parte, debe cubrirse con deuda, o con emisión monetaria (ahora el gobierno de Cambiemos recurre a ambas vías, en un intento de reanimar la demanda). Pero si el endeudamiento aumenta por encima de ciertos niveles, disminuye aún más la confianza de los capitalistas para invertir (como señala Keynes en la TG). Por otra parte, si el déficit se cubre con emisión monetaria, habrá más impulso inflacionario, sin que se reanime por ello la inversión. Estas ideas, muy sencillas, ayudan a entender lo que está ocurriendo en estos meses de gobierno de Cambiemos, de alto déficit, mayor endeudamiento y caída del producto.
Experiencias recientes
Otro ejemplo ilustrativo de lo anterior lo proporciona la dinámica de los años de gobiernos K. Tengamos presente que durante el gobierno de Néstor Kirchner el PBI creció, en promedio, 8,8% anual; durante el primer gobierno de Cristina Kirchner lo hizo al 3,5% anual; en el segundo gobierno de CK creció sólo el 0,2% anual (dato INDEC, base 2004 revisado). Dado que la población argentina aumenta al 1% anual, durante los últimos cuatro años del kirchnerismo el producto por habitante retrocedió. Sin embargo, el gasto fiscal no dejó de crecer en todos esos años. De hecho, pasó de ser superavitario en 2003, a un déficit de aproximadamente el 6%, en 2015. Además, el endeudamiento empezó a crecer de manera importante a partir de fines de 2013 (ver aquí). Sin embargo, la inversión se mantuvo débil. En términos de PBI en los ocho años que van desde 2008 a 2015, la inversión representó, en promedio, el 19,4% del PBI (INDEC, valores a precios de 2004, cálculo propio). Aproximadamente el promedio de los 1990. Y con una inversión en energía, transporte y telecomunicaciones a niveles muy bajos. Como contrapartida, la fuga de capitales se mantuvo, desde 2008, en un nivel muy elevado. Por eso, sin avances en productividad y tecnología, y con la caída de los precios de las materias primas y la crisis de Brasil, se conjugaron las condiciones para la crisis en el sector externo y la recesión.

Para que se pueda ver todavía con más claridad, la actual situación de Santa Cruz es muy significativa. La provincia recibió 520 millones de dólares cuando la privatización de YPF, y otros 400 millones, aproximadamente, cuando el gobernador Kirchner vendió las acciones a Repsol (final del gobierno de Menem). Más tarde, desde 2003 a 2015, Santa Cruz recibió ingentes flujos de dinero, provenientes del Estado, para la obra pública. Sin embargo, no hubo desarrollo productivo, y la provincia hoy está sumida en una profunda crisis. Podemos decir que todas las cuestiones del desarrollo se condensan en este caso paradigmático de ausencia de inversión en trabajo productivo.

Cambiemos y oposición burguesa: salida capitalista a la crisis capitalista
En el modo de producción capitalista la salida de la crisis ocurre cuando se generan las condiciones para que el capital retome la inversión. Pero esto significa, entre otras cosas, mejorar y/o garantizar las condiciones de explotación de la clase obrera y de realización de la plusvalía. Es lo que está intentando hacer el gobierno de Cambiemos: bajar los salarios (en especial, en relación al tipo de cambio); reducir los derechos del trabajo (ahí está el ejemplo del ataque a los juicios laborales); garantizar los derechos del capital. En esencia, es también el programa del peronismo “serio”, del Frente Renovador, y fuerzas similares que están en la oposición. Pueden existir tensiones y rencillas sobre formas y ritmos, pero para atraer inversiones nadie saca los pies del plato. Los acuerdos con el CIADI; la aceptación de tribunales extranjeros para resolver disputas sobre la deuda; el pago a los holdouts y al Club de París; la indemnización a YPF; los acuerdos secretos con Chevron; los mayores beneficios para la gran minería; la reducción de impuestos y el aumento de tarifas; la plena libertad para remitir dividendos al exterior, entre otras medidas, forman parte de la misma textura. En la misma política se inscribe el intento de que los salarios no se indexen según la inflación, o según la suba del tipo de cambio. Por eso los padecimientos de la clase trabajadora no se acabarán cambiando los personajes al frente del Estado.

La idea central del marxismo entonces es que no  hay salidas a la crisis, indoloras para la clase trabajadora, en tanto permanezcan las relaciones de propiedad capitalistas. El capitalista que tiene cientos de miles, o millones, de dólares en el exterior, no tiene ningún apuro por invertir en Argentina, o en algún otro lugar en particular. Por eso, el poder del capital no se ejerce solo a través de las estructuras políticas, jurídicas e institucionales. También es poder económico de hecho. Nunca debería olvidarse que la relación capitalista es una relación de dominación de la clase que es propietaria de los medios de producción y de cambio, sobre los que no tienen más que su fuerza de trabajo para vender (ver aquí).

Plantear las cuestiones de fondo, sin alentar falsas ilusiones
El discurso del socialismo debe partir de lo real, de las condiciones existentes. Es necesario luchar en defensa de los salarios y las condiciones de trabajo sin por eso abrigar ilusiones en los partidos del capital. Ni en las “soluciones” del reformismo estatista. No hay que alentar ningún tipo de frente programático con las organizaciones “socialistas burguesas”, pequeñoburguesas o nacionalistas burguesas, por más “radicales” que sean sus discursos. No existe ninguna progresividad en sus programas. Por eso es necesario meter una dosis de “vinagre y bilis” en los llamados a la “unidad del pueblo” de los que han llevado al movimiento popular a la desmoralización y la derrota.
En otra entrada escribimos: “…la crítica marxista busca poner de manifiesto las conexiones reales, internas, del modo de producción y de la sociedad capitalista, y por este mismo hecho, no deja espacio para las ilusiones. De aquí resulta también un mensaje que puede considerarse “pesimista”, ya que viene a decir que en tanto subsistan las relaciones de propiedad capitalistas, los problemas de fondo de las masas trabajadoras van a persistir.

Esto porque las conquistas de las luchas sindicales y reivindicativas encuentran un techo en las leyes de la acumulación capitalista -cuando crece la combatividad, los capitalistas reemplazan mano de obra por maquinaria, se niegan a invertir, etcétera- y en las estructuras del Estado, que defienden la propiedad privada del capital. Por eso, el mensaje de Marx a los trabajadores es que hay que luchar por mejoras, pero sin albergar ilusiones: en tanto subsistan la propiedad privada del capital, y el Estado capitalista, estarán condenados a reiniciar la pelea, una y otra vez” (aquí). Este enfoque es el eje de la independencia de clase.

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II. Las elecciones, cualquiera sea su resultado, no torcerán la lógica implacable del poder fáctico. No existen salidas progresistas a las crisis capitalistas.

El ajuste, causas y explicaciones

23 de junio de 2017

Hay un lugar común en el que coinciden las más diversas fuerzas políticas, desde la derecha hasta la izquierda, todos reconocen que el gobierno está aplicando un durísimo ajuste económico. Todos admiten que las medidas adoptadas perjudicaron a gran parte de la población, especialmente a los más humildes. Sin embargo, cada sector político sostiene una explicación diferente sobre las razones del ajuste. En este artículo nos proponemos examinar los argumentos del macrismo y el kirchnerismo, finalmente presentamos una explicación alternativa.

Por Jorge Saavedra (RPM).

El gobierno y la tesis del dolor necesario

El macrismo sostiene la tesis del “dolor necesario” (Letra P, 2/8/2016). El presidente reconoció que muchas de las decisiones que tomó “fueron duras, difíciles, dolieron y siguen doliendo” (La Capital, 10/7/2016). Sostiene que fueron necesarias por culpa de la pésima gestión anterior, que dejó el país al borde del abismo. El denominado “sinceramiento” de la economía era un paso doloroso pero necesario para ingresar en la senda del crecimiento. “Me duele tomar algunas decisiones, lo que generan, pero es el camino de la verdad” (La Nación, 7/4/2016). El consultor ecuatoriano Durán Barba, aceptó que Macri “ha tenido que tomar las medidas más duras” (Telam, 4/12/2016).
Según el gobierno, el crecimiento de la economía durante el kirchnerismo estuvo basado en una ficción, fue sustentado por el incremento artificial y desmedido del consumo. El empleo también fue sostenido de manera artificial, gracias al incremento innecesario de trabajadores estatales. Este modelo requería de la emisión monetaria permanente y el crecimiento ilimitado del gasto público, que generaban inflación y hacían inviable al “modelo kirchnerista” en el largo plazo, conduciéndolo inexorablemente a una catástrofe (son abundantes las comparaciones con Venezuela). En su lugar, el gobierno se propone recortar el gasto público y reducir la emisión monetaria. Dice que apuesta a seducir a los capitales extranjeros para que realicen inversiones genuinas que generen «empleo de calidad».
En definitiva, el gobierno afirma que es imprescindible “reorientar la economía hacia la inversión y las exportaciones” porque considera que “el modelo de crecimiento basado en el consumo interno está agotado” (Telam, 10/12/2016). Esta transición, entre un modelo basado en el consumo a otro sostenido en la inversión, sostienen, resulta inevitable y dolorosa. Pero sería la única forma de promover un crecimiento sostenible y crear empleo de calidad.

El kirchnerismo y la salida progresista de las crisis

Los defensores de la gestión anterior dicen que el gobierno de Macri está llevando adelante una política económica típicamente neoliberal. El kirchnerismo sostiene que la crisis fue generada por el mismo gobierno, porque alentó una distribución regresiva del ingreso y realizó una apertura indiscriminada de las importaciones. La pérdida del poder adquisitivo y el ingreso de productos extranjeros, perjudicaron a los trabajadores y a las pymes, destruyendo el mercado interno.
Para salir de la crisis, argumentan, hay que recomponer el poder de compra de los salarios y frenar el ingreso indiscriminado de productos importados, para insuflarle vida nuevamente al alicaído mercado interno, fuente de toda riqueza. Si aumentan los salarios, aumenta la demanda interna y por ende aumenta la producción nacional, entrando nuevamente la economía en un círculo virtuoso, circuito que el gobierno desarticuló, ocasionando el quiebre de empresas y comercios, generando hambre y desocupación. El gobierno destruye cualquier “brote verde que pudiera surgir por el lado del consumo y la producción nacional” (Página 12, 4/2/2017).
Entonces, para el kirchnerismo, la crisis es responsabilidad del gobierno de Macri y proponen una salida progresista, el aumento de salarios sería una de las claves para retornar al círculo virtuoso de la economía. La rebaja de las tarifas aliviaría la situación de las pymes y de la población en general. La recomposición del mercado interno, beneficiando a los más necesitados, sería la clave para salir de la crisis.

 

Una explicación desde la lógica del capital

Las crisis económicas se originan cuando los capitalistas dejan de invertir. Entonces, la economía se detiene. ¿Por qué los empresarios toman esa decisión? Porque las ganancias descienden por debajo del mínimo que consideran deseable. ¿Cómo se sale de la crisis? Incrementando nuevamente el margen de ganancias. En ese caso, los capitalistas encuentran apetecible volver a invertir, así vuelve a girar la rueda de la economía.
Entonces, los capitalistas sólo invierten cuando consideran que la tasa de rentabilidad es “razonable”, de lo contrario no lo hacen y se ingresa en un ciclo recesivo, donde disminuye la producción y se despide personal.

Desde hace 5 años, por diversos motivos, las ganancias capitalistas se fueron erosionando, en consecuencia, la inversión fue cayendo. ¿Cómo se recupera la rentabilidad? Reduciendo el costo de la mano de obra, es decir, bajando los salarios reales.

Más allá de cierta pirotecnia verbal, todas las fracciones de la burguesía coinciden en este diagnóstico. Este es el motivo, por el cual, las medidas económicas que proponían los principales candidatos burgueses eran muy similares, esto también explica el transfuguismo.

Al contrario de lo que piensa la progresía y sectores de la izquierda, no existen salidas progresistas a las crisis capitalistas. Es decir, la economía no puede volver a crecer aumentando los salarios o, como plantean algunos, estatizando los resortes fundamentales de la economía, o mejorando las condiciones de vida de las masas. En otras palabras, en el capitalismo, las crisis siempre las pagamos los trabajadores.
Para relanzar el ciclo de la acumulación capitalista, se deben generar las condiciones para recuperar la tasa de rentabilidad, sólo entonces, el capital vuelve a invertir y se reinicia el ciclo de crecimiento económico.

El ajuste que está llevando adelante el gobierno actual, responde a necesidades profundas del capital, no se debe a sus ideas neoliberales, ni a al origen gerencial de sus ministros, ni a su educación en escuelas privadas, ni por mera maldad. Las medidas gubernamentales tienen como objetivo recomponer la tasa de ganancias de los empresarios. Su contraparte inevitable es el deterioro de las condiciones de vida de las masas.
La quita de las retenciones, la devaluación del peso, el aumento de los servicios públicos, los estrictos topes salariales, las cláusulas de productividad, las buenas relaciones con las potencias imperialistas, el disciplinamiento del movimiento obrero, estos elementos tienen por objetivo incrementar las ganancias capitalistas y generar un clima confiable de negocios, para incentivar la inversión capitalista y reiniciar un nuevo ciclo de acumulación. Las denuncias de corrupción, verdaderas o falsas, apenas encubren estos objetivos de fondo.
La única solución definitiva en favor de los trabajadores consiste en terminar con el trabajo asalariado, expropiar a los empresarios y socializar los medios de producción. En caso contrario, el capital siempre encontrará la forma de recuperarse, disminuyendo el salario de los trabajadores, recomponiendo sus ganancias y reiniciado un nuevo ciclo de acumulación.

Sin embargo, los trabajadores no deben contemplar pasivamente el ataque a sus condiciones de vida, resulta imprescindible organizar la resistencia al ajuste, defendiendo los salarios, los puestos y las condiciones de trabajo, fortaleciendo la organización en los lugares de trabajo, practicando la democracia sindical, explicando pacientemente la necesidad de la lucha colectiva y la solidaridad de clase, frente al discurso gubernamental que promueve el individualismo y el sálvese quien pueda. Los períodos recesivos son momentos en que se pierden ingreso y conquistas. Pero si la clase obrera no resiste, las pérdidas serán mucho mayores y las posibilidades de mejorar la relación de fuerzas serán escasas.

Crisis económica y democracia capitalista

La crisis económica deja en evidencia una característica central del régimen capitalista. La decisión de invertir se encuentra en manos de privados, es decir, está reservada a una pequeña porción de la sociedad. El conjunto de la población está pendiente y sometida a las decisiones que adopte este sector diminuto, al cual se nos invita a complacerlo para que no se disguste, para que invierta y genere trabajo. Los empresarios son los únicos que resuelven si se produce, qué se produce y cómo se produce. Son ellos los que verdaderamente votan todos los días y no cada dos años, decidiendo la suerte de millones de seres humanos. Son sus pareceres los que determinan la vida de la inmensa mayoría de la población.
Ese gigantesco poder de decisión está vedado a las grandes mayorías populares, lo ejerce una pequeña minoría de la sociedad. Los socialistas proponemos que ese poder debe pasar a manos del pueblo trabajador, socializando los medios de producción, única manera de construir una sociedad verdaderamente democrática, terminando con la dictadura del capital.

Las elecciones que se avecinan, cualquiera sea su resultado, no torcerán la lógica implacable del capital, la crisis seguirá su curso, sin que pueda ser resuelta en favor de la clase obrera, dentro de los límites de este sistema.

Palabras finales

Tanto el macrismo como el kirchnerismo han generado cierto sentido común entre sus seguidores y franjas importantes de trabajadores. Por ese motivo, resulta fundamental analizar los sistemas de ideas que defienden estas corrientes políticas burguesas, porque sus explicaciones se han hecho carne en amplios sectores de la población. Las experiencias cotidianas de millones de personas son procesadas por el tamiz de estas interpretaciones de la realidad.
En definitiva, es fundamental comprender sus argumentaciones, analizarlas seriamente y desmontar sus supuestos, sembrando el terreno para una interpretación alternativa, una explicación socialista del mundo. La batalla ideológica es tan importante como la política y la sindical. En estos momentos, quizás como nunca antes en la historia, es imprescindible reconstruir el ideario socialista entre las más amplias masas de trabajadores, que dispute el sentido burgués del mundo. Explicar pacientemente la lógica del capital, es parte de esa inmensa tarea.

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I. Las elecciones, cualquiera sea su resultado, no torcerán la lógica implacable del poder fáctico. No existen salidas progresistas a las crisis capitalistas.

Portugal ¿respuesta progresista a la crisis?
1 de julio de 2017
Por Rolando Astarita
En una nota anterior (aquí) presenté los resultados económicos del gobierno de Syriza, y sostuve que su programa frente a las crisis no fue muy distinto de los programas que proponen los partidos habitualmente considerados neoliberales, o de la derecha ortodoxa. Esta apreciación se inscribe en la idea más general de que no existe salida “progresista” de las crisis capitalistas, en tanto subsistan las relaciones sociales capitalistas. Es que la crisis es el mecanismo mediante el cual no sólo se desvalorizan gigantescas sumas de capital –del capital productivo, mercantil y financiero-, sino también se desvaloriza la fuerza de trabajo, se recortan gastos sociales y empeoran las condiciones de vida de la población. Por esta vía se restaura la rentabilidad del capital, y se recuperan la inversión (o la acumulación) y el ingreso. Por eso, es que no hay crisis sin salida para el capitalismo. Y no hay forma de que los socialismos burgueses, o cualquier otra variante del posibilismo burgués, escapen a esta lógica que impone, de hecho, el capital.
 
Pensé que la experiencia de Syriza era muy ilustrativa. Sin embargo, algunos lectores del blog señalaron que lo hecho por el actual gobierno socialista de Antonio Costa, en Portugal, demostraría la posibilidad de una salida de la crisis mejorando las condiciones salariales y laborales de las masas trabajadoras. Recordemos que Costa asumió en noviembre de 2015 con la propuesta de “acabar con la austeridad para reactivar la economía”. En consecuencia, el nuevo gobierno restauró la semana laboral de 35 horas para los empleados públicos y les aumentó los salarios; paralizó privatizaciones en el transporte y recuperó el control de la línea aérea estatal;  elevó el salario mínimo y las pensiones; y adelantó incluso pagos al FMI. A su vez, en 2016 la economía de Portugal creció 1,6%; la tasa de desempleo hoy es del 10,3%; y el déficit fiscal se ubica en el 2,1%  del PBI (por debajo del 2,5%  que exigía la Unión Europea).
Dado que en 2014 el PBI bajaba más del 1%, y que la desocupación superaba el 16%, los defensores del PS piensan que aquí tenemos un caso palpable de cómo las políticas reformistas pueden eludir los ajustes y padecimientos asociados a las crisis capitalistas. Naturalmente, admiten que la deuda pública sigue siendo muy elevada (130% del PBI); que los bancos atraviesan graves dificultades por préstamos incobrables; y que la mejora en el déficit se debió casi exclusivamente a la reducción de gasto público. Pero lo esencial, apuntan, es que la economía salió de la recesión y se redujo el desempleo. Por eso no es de extrañar que Pedro Sánchez, ex secretario general del PSOE, ahora ponga como ejemplo a Antonio Costa de lo que hay que hacer en España (aunque dos años atrás su modelo a imitar era Syriza).

Los datos en perspectiva
Cuando se analiza una economía, es fundamental poner en perspectiva su evolución. En particular, es importante para saber si la subida del PS al gobierno de Portugal significó algún cambio sustancial en la dirección de la dinámica económica. Para ello, comenzamos con las tasas de variación del PBI entre 2007 y 2016 (los datos son tomados de Statistical Yearbook of Portugal, varios años).
Como puede observarse, la economía portuguesa cae violentamente a partir de 2007, experimenta un rebote en 2010, vuelve a caer hasta tocar fondo en 2012, y comienza a reducir su caída a partir de esa fecha. A mediados de 2013 pasa a tener un crecimiento positivo. O sea, la recuperación estaba en marcha antes de la asunción del PS. Algo similar se puede ver con la evolución de la tasa de desempleo:
 
Una crónica del ajuste 
Por otra parte, y a diferencia de lo que quieren hacer creer los defensores del socialismo burgués, la recuperación de la economía portuguesa en los últimos años ocurrió en paralelo a una profunda caída de las condiciones de vida de las masas trabajadoras. Y ese “ajuste” fue vehiculizado tanto por los partidos de derecha, como por el partido Socialista. Repasemos algunos hechos salientes:
En marzo de 2010, bajo la presión de la crisis y las exigencias de la Unión Europea, el Banco Central Europeo y el FMI (la troika), el gobierno socialista de Sócrates hizo aprobar en el Parlamento un plan de austeridad que incluía, entre otras medidas, la reducción del gasto social y militar, la congelación de los sueldos de los funcionarios y la privatización de bienes públicos. En junio de ese año, y ante la inestabilidad financiera, se introdujo un segundo plan de austeridad, que dispuso el aumento del IVA y de los impuestos sobre las rentas de las personas físicas. Al año siguiente, en marzo, el Gobierno presentó un nuevo programa de austeridad, con bajas de las pensiones más altas, recortes en salud pública y limitación de beneficios fiscales. Este paquete fue rechazado por la oposición, tanto de derecha como de izquierda, y en marzo Sócrates renunció (aunque siguió en funciones hasta la elección de un nuevo gobierno).
Dada la imposibilidad de Portugal de afrontar la deuda, en mayo de 2011 la troika llegó a un acuerdo con el Gobierno para otorgar un préstamo por 78.000 millones de euros, a condición de que se impusiera un nuevo plan de ajuste, con congelación de salarios de trabajadores estatales y pensiones hasta 2013, recorte del gasto público por más de 900 millones de euros y reducción de las prestaciones por desempleo. En junio se realizaron las elecciones, ganando los conservadores. Asumió Pedro Passos Coelho, del partido Social Demócrata, de centro derecha, en coalición con el Centro Democrático Social-Partido Popular (CDS-PP). El nuevo gobierno aplicó más medidas de austeridad. Entre ellas, un impuesto del 50% que gravó la paga extra de Navidad de los trabajadores. También eliminó sus “acciones de oro” en las grandes empresas nacionales y aceleró las privatizaciones; recortó las indemnizaciones por despidos a 20 días; aumentó el IVA al gas y la electricidad; y congeló los sueldos de los funcionarios estatales hasta 2014. Asimismo se privatizó la electricidad (venta de la participación del Estado en la empresa EDP a la china Three Gorges).
Más importante aún, el gobierno de Passos Coelho hizo aprobar una reforma laboral por la cual disminuyeron las indemnizaciones por despido y se facilitó el despido por “inadaptación”, o “extinción del puesto de trabajo”; se redujo a la mitad la cantidad pagada por horas extraordinarias; y se recortó el subsidio de desempleo, que solo podía ser cobrado durante dos años y dos meses, contra tres años y un mes antes de la reforma. También se quitaron los tres días de vacaciones que algunas empresas daban a los empleados que no faltaban durante el año; se suprimieron cuatro días festivos; y se creó una bolsa de 150 horas extra a disposición de la empresa, que decide qué días se trabaja. Esta reforma se impuso, a pesar de la resistencia de los trabajadores y la huelga general convocada por la CGTP, el 24 de marzo de 2012.
Aun con estas medidas, en enero de 2013 el FMI todavía recomendaba a Portugal reducir las pensiones, despedir profesores y funcionarios y subir los precios de la salud pública. La Comisión Europea, por su parte, pedía que se redujeran las indemnizaciones a 12 días. En consecuencia, las medidas de austeridad se mantuvieron en 2013, a pesar de la contracción económica. Y cuando en abril el Tribunal Constitucional anuló algunas medidas de austeridad que había tomado el Gobierno, este congeló el gasto público, elevó a 66 la edad de jubilación y creó un nuevo impuesto para los pensionados. En protesta, la CGTP convocó, con el apoyo de la UGT (socialista), a un paro general que se realizó el 27 de junio. Lo cual no impidió que en julio el Parlamento aprobara el aumento del horario de trabajo para los estatales de 35 a 40 horas semanales.
Sobre esta base, a mediados de 2013 la economía comenzó una lenta recuperación, y el desempleo comenzó a bajar lentamente. La mejora se debió al aumento de las exportaciones y a una menor caída de la inversión. A su vez, empezó a bajar la tasa de interés que pagaba Portugal por tomar deuda. En mayo de 2014 el país salió oficialmente del rescate de la deuda, pero aún así el Gobierno se comprometió a seguir con las medidas de ajuste. En septiembre se privatizó la compañía estatal de aguas y residuos, EGF. También ese mes el Gobierno, la UGT y los empresarios acordaron subir el salario mínimo a 505 euros brutos al mes. En octubre se dispusieron, para el presupuesto 2014, nuevas bajas en los salarios de los estatales, de entre el 2,5% y 12%. Hubo huelgas en hospitales y escuelas. En junio de 2015 se privatizó la línea aérea TAP. En octubre el primer ministro Passos Coelho ganó las elecciones, pero no obtuvo la mayoría absoluta en el Parlamento. Esta circunstancia abrió la puerta a un pacto entre el Partido Socialista de António Costa, el Bloque de Izquierdas y el Partido Comunista, que dio lugar a la formación del nuevo gobierno.
 
Moderación socialista y elogios del FMI
Las medidas tomadas por Costa representan entonces un retroceso muy parcial con respecto a lo que avanzó el capital sobre las condiciones de vida y de trabajo. Nada que afecte la relación, en algún sentido profundo, con la troika. Después de todo, el gobierno socialista ha sobrecumplido las metas del déficit fiscal. Y cuando se agravaron los problemas de los bancos, no dudó en socorrerlos con ingentes cantidades de dinero (unos 4.000 millones de euros). Por otra parte, la reforma laboral, un punto crucial de las relaciones capital-trabajo, se ha mantenido. Por eso es significativo el diagnóstico del FMI (consulta Artículo IV, 19-20 de junio 2017) sobre la situación:
“El panorama de corto plazo de Portugal se ha fortalecido considerablemente, sustentado en una suba de la inversión y continuado crecimiento de las exportaciones, en tanto ha ganado fuerza la recuperación en el área del euro. Portugal también ha realizado considerables progresos en encarar riesgos de corto plazo. El fuerte resultado fiscal de 2016 le ha permitido salir del Procedimiento por Déficit Excesivo, en tanto que en 2017 el objetivo del déficit fiscal también parece que es alcanzable. También ha habido progresos en el último año en estabilizar el sistema bancario…”.
Podemos discrepar acerca de la fortaleza de la recuperación que describe el FMI, pero lo importante para lo que nos ocupa es que por ningún lado se advierte algún tipo de “heterodoxia” del PS que sea preocupante para los poderes establecidos. En definitiva, en Portugal hubo una recuperación desde lo más profundo de la crisis, que siguió las pautas de todas las recuperaciones capitalistas: significó increíbles sacrificios y el retroceso de las condiciones laborales y de vida de las masas trabajadoras.
Fuente: https://rolandoastarita.blog/2017/07/01/portugal-respuesta-progresista-a-la-crisis/#more-7591

  

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Los gobiernos progresistas ya no son opción y el ataque frontal a los trabajadores responde a los actuales los movimientos geopolíticos y económicos mundiales.


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El capitalismo no marcha hacia atrás: la ofensiva conservadora en América Latina
14 de julio de 2017

Por Santiago Mayor(Rebelión)

Desde hace varios años que partidos y movimientos políticos de derecha han avanzado en la región, ya sea haciéndose con el gobierno o logrando imponer agenda. Lejos de querer retroceder en el tiempo, esta dinámica se inscribe en una nueva etapa del capitalismo mundial.

La excepción latinoamericana
Quizás la perspectiva nos hace perder el cuadro global, pero la oleada progresista y revolucionaria que vivió América Latina a comienzos del siglo XXI fue una excepción a nivel mundial. El neoliberalismo (fase superior del capitalismo de posguerra) siguió su expansión en todo el planeta.
En ese marco la impugnación política que sufrió ese modelo en varios países de la región, como se vio en el “no al ALCA” de 2005 y en diversas políticas redistributivas internas, supuso en la mayoría de los casos una continuidad respecto a la inserción de esas economías en el mercado mundial (como en los modelos neodesarrollistas de Argentina y Brasil). Pero aún incluso en los procesos más radicalizados como los de Venezuela y Bolivia, no se logró ir más allá de una confrontación parcial que nunca dejó de depender en gran medida del rol asignado a Latinoamérica en la división internacional del trabajo.

Los límites propios de los procesos latinoamericanos que no lograron avanzar y consolidar iniciativas soberanas conjuntas (como el Banco del Sur o el ALBA) que permitieran generar resortes contra las crisis económica mundial, terminaron siendo el campo fértil sobre el que se dio la ofensiva conservadora.

Ganamos las elecciones, pero igual perdimos
El mismo fin de semana que Mauricio Macri ganaba el ballotage, Joao Pedro Stédile -dirigente del Movimiento Sin Tierra de Brasil- afirmaba en una charla en la Escuela Florestán Fernandes de Sao Paulo que en su país se habían ganado las elecciones, pero el pueblo había perdido igual. La referencia era al triunfo de Dilma Rousseff sobre Aecio Neves en 2014, que no impidió que por presión de sectores conservadores (dentro y fuera del gobierno) a mediados de 2015 se aplicara un ajuste brutal.

Es que el modelo económico, asentado sobre la lógica extractivista y de producción de materias primas, se mostró corto de horizonte en cuanto el mercado mundial comenzó a crujir luego de la crisis iniciada en 2007. Los capitales volvieron al centro y la restricción externa, acompañada de una devaluación de la moneda (tanto en Argentina como en Brasil) planteó un límite a la posibilidad de distribución del ingreso con una consecuente caída en el nivel de vida.

Como señalamos en noviembre de 2015, “esta crisis de los modelos neodesarrollistas también plantea que la alianza entre las burguesías locales y los sectores populares fracasó. Pero esta derrota del ‘capitalismo serio’ no fue una decisión de la clase trabajadora, sino de las propias burguesías”.
Fueron estas últimas las que, ante los primeros signos de retroceso de sus ganancias extraordinarias, le “soltaron la mano” a esas alianzas y los gobiernos que las impulsaban. En parte por eso las salidas a esos procesos fueron por derecha y no implicaron una profundización de los aspectos más progresivos de aquellos modelos.

La reforma laboral brasileña y el avance del capitalismo dependiente
La promesa de Mauricio Macri de que las inversiones iban a llover una vez que él fuera electo presidente tuvo el error de cálculo de no considerar los movimientos geopolíticos y económicos mundiales. Acertado en la política local -que le permitió ganar las elecciones-, pretendió aplicar un modelo económico que no tiene cabida ante la incertidumbre global.

Por eso el espejo de Brasil y su reforma laboral se muestra como un camino a seguir. Es que cuando se toma distancia de la primera impresión, esta no supone una vuelta al pasado. Por el contrario, la ley brasileña avanza en el sentido lógico de una economía capitalista dependiente.
La dificultades, producto del intercambio desigual entre los países industrializados y aquellos que son productores de materias primas, llevan a estos últimos -ante la imposibilidad de revertir la ecuación internacional- a compensar esa transferencia de valor de la periferia al centro dentro de sus propios territorios.

En los años ‘70, el teórico de la dependencia Ruy Mauro Marini, un sociólogo marxista brasileño, definió este mecanismo de compensación como “superexplotación del trabajo”.
En su texto Dialéctica de la dependencia (1973), Marini explicó que este modo específico de explotación se puede dar por tres factores: “El aumento de la intensidad del trabajo (…) logrado a través de una mayor explotación del trabajador y no del incremento de su capacidad de trabajo”; “la prolongación de la jornada de trabajo, es decir, del aumento de la plusvalía absoluta en su forma clásica”; y la posibilidad de reducir “el consumo del obrero más allá de su límite normal (…) implicando así un modo específico de aumentar el tiempo de trabajo excedente”.

El teórico brasileño también señaló que “esto es congruente con el bajo nivel de desarrollo de las fuerzas productivas en la economía latinoamericana, pero también con los tipos de actividades que allí se realizan”. Es que en la industria fabril “un aumento de trabajo implica por lo menos un mayor gasto de materias primas”, mientras que en la industria extractiva y en la agricultura “el efecto del aumento el trabajo sobre los elementos del capital constante son mucho menos sensibles, siendo posible, por la simple acción del hombre sobre la naturaleza, incrementar la riqueza producida sin un capital adicional”.

Si bien estos postulados no necesariamente se presentan “puros” en la realidad, las similitudes con la ampliación de la jornada laboral, reducción de derechos y aumento de la edad jubilatoria impulsadas por el gobierno de Michel Temer, resultan sorprendentes.
Para el capitalismo dependiente latinoamericano las condiciones de posibilidad de su existencia están dadas por reforzar esos mecanismos que buscan remunerar la fuerza de trabajo “por debajo de su valor”.

No vamos a volver
Ese es entonces el camino “viable” para la derecha latinoamericana que busca tomar la iniciativa. Pero también es una advertencia para quienes desde la vereda opuesta buscan plantear alternativas que -en palabras de Álvaro García Linera- abran una nueva “oleada revolucionaria”.
Retrotraer la situación a lo sucedido durante los últimos 15 años, no es una opción. Excede la voluntad: las condiciones económicas extraordinarias que generaron esas coyunturales alianzas de clases, ya no existen.
@SantiMayor

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16 de junio de 2017

II. Más de una deKada agigantó al poder real e hizo posible el gobierno de Macri.

Evasión de impuestos
YPF opera en Vaca Muerta a través de 
empresas radicadas en paraísos fiscales
16 de junio de 2017

Wokler Investment SA está radicada en Uruguay, YPF Shale Oil Holding Ltd se creó en Bermudas, mientras que YPF Shale Oil Investment I LLC e YPF Shale Oil Investment II LLC surgieron en Delaware (Estados Unidos). Sin embargo todas estas empresas tienen algo en común: son controladas por YPF SA y se gestaron para explorar y explotar el yacimiento de Vaca Muerta, ubicado en la provincia de Neuquén. Con ese entramado de compañías off shore asentadas en paraísos fiscales se buscó eludir el pago de impuestos. Una maniobra que salió a la luz con la difusión del acuerdo que el paranaense Miguel Galuccio, como máximo directivo de la petrolera con mayoría estatal, rubricó con una controlada por la firma estadounidense Chevron.

El contrato se celebró en julio de 2013 pero recién se entregó en octubre de 2016, tras una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). Con su resolución el máximo tribunal argentino hizo lugar a una acción de amparo promovida por el ex senador nacional Rubén Giustiniani, quien acudió a la Justicia tras la falta de respuesta a un pedido de acceso a la información pública formulado a YPF SA.


Fallo favorable a Giustiniani 

Giustiniani, que ahora es diputado provincial en Santa Fe e integra el bloque Igualdad y Participación, detalló el accionar de YPF SA el miércoles pasado en Paraná. Fue durante la presentación de su libro El contrato secreto YPF-Chevron, que se realizó en el Auditorio Rodolfo Walsh de la Facultad de Ciencias de la Educación, dependiente de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER).

Invitado por el portal accesolibre.org y en el marco del ciclo El periodismo hoy: encuentros para repensar el oficio, el legislador santafesino efectuó un pormenorizado informe sobre el contrato celebrado para explotar la segunda reserva mundial de gas no convencional del mundo y la tercera de petróleo.


Explicó que su solicitud de información surgió ante la opacidad que caracterizó a esa negociación, puesto que la Legislatura de Neuquén aprobó esa iniciativa a libro cerrado, sin tener acceso a una copia del contrato. Y su aval resultó necesario puesto que la reforma constitucional de 1994 asignó a las provincias la potestad sobre los recursos naturales.
"Acá se entregó de manera directa, sin licitación y por 35 años la explotación de Vaca Muerta", advirtió el expositor. "Y si bien hablamos de un acuerdo entre YPF y Chevron, ninguna de esas empresas lo firmó", señaló Giustiniani.


En efecto, en la sexta página del convenio, al que se definió como "Acuerdo de Proyecto de Inversión", figura que fue suscripto entre YPF Shale Oil Investment I LLC ("el Tomador") y Chevron Overseas Finance I Limited ("el Prestamista"), otra firma offshore con sede en Bermudas.

El contrato por Vaca Muerta

"Chevron no vino a invertir como socio estratégico, eso fue algo que nos quisieron hacer creer. La empresa vino a hacer un negocio financiero", precisó Giustiniani. Por eso reveló que el préstamo se acordó en tres fases: 300 millones de dólares en la inicial y otras dos de 470 millones de dólares cada una.´

También dijo que se estipularon los plazos de devolución y hasta la forma de proceder para transferir el dinero a una cuenta en Nueva York a pesar de las restricciones del cepo cambiario. A lo que se sumó la cesión de soberanía, puesto que YPF SA aceptó regirse por la Justicia de Nueva York y dirimir cualquier controversia ante la Cámara de Comercio de París. 

Además Giustiniani explicó que las tareas de exploración y explotación quedaron a cargo de la Compañía de Hidrocarburo No Convencional SRL, que es controlada por YPF Shale Oil Investment I LLC e YPF Shale Oil Investment II LLC, que detentan, respectivamente, el 90 y el 10 por ciento de las acciones de la empresa argentina. 

Pero no se trató de la única advertencia que efectuó el legislador santafesino, ya que también llamó la atención sobre el fracking o fractura hidráulica, un método no convencional de extracción de gas y petróleo prohibido en algunos países y que comenzó a aplicarse en Vaca Muerta.

"Para conseguir el gas y el petróleo no convencional hay que ir hasta 3.000 metros bajo tierra con unos tubos y emplear agua con presión para poder triturar la roca madre", graficó Giustiniani. "Son millones de litros de agua, que escasean en Neuquén, y encima después hay que ver qué se hace con todos los residuos y los desechos de los productos químicos que se utilizan, con el peligro que eso supone para las napas subterráneas", alertó. 

Si bien el contrato se celebró durante la segunda gestión de la expresidenta Cristina Fernández, la administración de Mauricio Macri avaló su continuidad. Aunque no fue la única reacción: la secretaria de Ética Pública, Laura Alonso, defendió la confidencialidad del convenio.

Lo dijo tras reunirse con los directivos de YPF SA, que primero entregaron a la Justicia una copia con tachaduras en la mayoría de sus páginas. Entre otras cosas la funcionaria sostuvo que era comprensible resguardar los secretos industriales y comerciales de la compañía petrolera, lo que fue desestimado por la CSJN.

El alto cuerpo indicó que no bastaba con invocar una de las excepciones previstas en el decreto 1.172/03 PEN, que reglamenta el derecho de acceso a la información pública ante el Poder Ejecutivo nacional. Y precisó que la compañía no demostró el perjuicio que le podía causar la divulgación del contrato, por lo que la obligó a divulgarlo y a hacerse cargo de las costas del juicio.

Fuente: El Entre Ríos

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UAC Unión de Asambleas Ciudadanas Contra el Saqueo y la Contaminación
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(Cuadernillo Sistematización Encuentros de la UAC -PDF-) --> 
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15 de junio de 2017

I. Más de una deKada agigantó al poder real e hizo posible el gobierno de Macri.

Estado y grandes empresarios en la Argentina de la postconvertibilidad
Por Ana Castellani (CONICET/IDAES-UNSAM y FCS-UBA)
En este trabajo nos proponemos retomar algunas de las ideas desarrolladas en el artículo de Gastón Varesi publicado en este volumen dedicado a analizar la naturaleza del modelo de la postconvertibilidad, con la intención de contribuir al debate sobre las continuidades y rupturas que supone este “nuevo” modelo de acumulación y sus principales consecuencias sobre el desenvolvimiento económico general y sobre la configuración de las distintas fracciones de clase.
En especial, nos interesa abordar el tema de la relación entre el Estado y los grandes empresarios, para demostrar la persistencia de una particular modalidad de articulación entre estos dos actores que obstruye las posibilidades de construir un proceso de desarrollo sostenido. Proceso de desarrollo que no sólo acreciente la dotación de capital, sino que además conlleve una mejora sustantiva en la calidad de vida de amplios sectores de la población terriblemente perjudicados por las políticas neoliberales de los años noventa y por la feroz devaluación que siguió a la crisis de la convertibilidad. Según Varesi, el modelo que se fue configurando a partir de 2002 permitió la armonización de las relaciones al interior de la clase dominante, a través de diversas transferencias de ingresos públicos hacia las diversas fracciones del capital.
El autor destaca seis políticas iniciales que posibilitaron estas transferencias (devaluación, retenciones a las exportaciones primarias, pesificación asimétrica de las deudas privadas, “salvataje” al sector financiero, cesación de pagos externos y control de las tarifas de los servicios públicos) a las que debería agregársele el vasto plan de obras públicas puesto en marcha desde los inicios de la gestión kirchnerista, la reimplantación de subsidios diversos a la producción de ciertos bienes y servicios, y la intervención directa en las actividades productivas a través de procesos de “reestatización” o de creación de empresas públicas. Como analizaremos más adelante, todas estas políticas permitieron acrecentar los márgenes de beneficios de las grandes empresas locales, pero además facilitaron el crecimiento exponencial de otras que antes ocupaban lugares marginales en la dinámica de acumulación general, en algo que vulgarmente se ha dado en llamar “capitalismo de los amigos”.

La relación Estado/empresarios y las restricciones al desarrollo.
Es muy abundante la literatura que reconoce la importancia de los factores endógenos a la hora de explicar los procesos de desarrollo sostenido en los países de industrialización tardía (Amdsen 1992, 2001, 2004; Evans, 1996 y 1995; Sikkink, 1993). Todos estos autores coinciden en señalar dos factores centrales a la hora de explicar estos procesos: a) la realización de intervenciones económicas estatales de alta calidad, es decir: que sean coherentes, estables, relativamente autónomas, eficientes en cuanto al diseño y eficaces a la hora de la implementación de las diversas políticas; y b) la existencia de una clase capitalista “disciplinada” y comprometida activamente con el desarrollo nacional, dispuesta a colocar sus excedentes fronteras adentro, a realizar innovaciones de productos y procesos que permita menguar la dependencia tecnológica y proclive a realizar inversiones productivas que le permitan competir en el mediano plazo en el mercado internacional, al menos en algunos nichos estratégicamente seleccionados. Concretamente, una articulación entre el Estado y los empresarios que facilite la construcción de un proyecto de desarrollo sostenido requiere la estabilidad en la orientación de políticas públicas que promuevan el desarrollo de ciertas ramas estratégicas de actividad, la existencia de reglas de juego claras para el capital, la construcción de canales institucionales de diálogo duraderos entre funcionarios y capitalistas para definir el contenido de esas cruciales intervenciones públicas, y el disciplinamiento del capital por parte del Estado, para garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos oportunamente.

Este tipo virtuoso de articulación permite la construcción de lo que podríamosdenominarámbitos de acumulación estratégicos,basados en la existencia de privilegios selectivos, transitorios, consensuados e institucionalizados, que en el largo plazo,logran incrementar la dotación de capital físico, el desarrollo de innovaciones tecnológicas (tanto de productos como de procesos), la productividad del capital y la competitividad internacional. Diversas experiencias de este tipo se registraron en los países del sudeste asiático a partir de los años sesenta, y dentro de la región latinoamericana, Brasil constituye un buen ejemplo de esta modalidad de articulación, que claramente está dando sus frutos en la actualidad.
Por el contrario, el análisis del caso argentino nos muestra la ausencia de procesos de desarrollo sostenido. En su lugar se suceden alternativamente ciclos de crecimiento y decrecimiento del producto y la inversión, acompañados de una persistente salida de capitales y escasas articulaciones de las empresas con el sistema nacional de innovación. Estos rasgos sobresalientes de la dinámica de acumulación argentina estarían dando cuenta de una particular modalidad de relación entre el Estado y los grandes empresarios, un vínculo proclive a la generación y sostenimiento de diversos ámbitos privilegiados de acumulación. En efecto, como hemos analizado en otros trabajos (Castellani, 2006, 2008a y b, 2009), durante varias décadas la perversa articulación entre ciertas políticas públicas destinadas a financiar directamente o indirectamente al capital local y diversas acciones desplegadas por los grandes empresarios permitieron que un reducido grupo de firmas lograra internalizar amplios márgenes de beneficios extraordinarios al calor de estos ámbitos.
Pero ¿qué se entiende exactamente por ámbitos privilegiados de acumulación? Es posible pensar este concepto como un espacio virtual articulado por diversas prácticas que permiten la generación de ganancias extraordinarias para un conjunto de empresas privadas, beneficios que se sostienen en la existencia de múltiples y diversos privilegios (que pueden o no estar institucionalizados). Si se los define por su función este tipo de ámbitos constituyen una fuente de generación de cuasi rentas de privilegio1 (Nochteff, 1994) para las empresas que operar en él; si se los define por su forma, pueden pensarse como un entramado de relaciones y/o prácticas que involucran actores públicos y privados que se sostienen a lo largo del tiempo2 . Ahora bien, la difusión de diversos ámbitos privilegiados en distintos sectores de la economía restringen las posibilidades de desarrollo en tanto:
● Desalientan la competencia empresaria por la obtención de cuasi rentas tecnológicas3 , ya que a nivel micro resulta mucho más razonable intentar conseguir (y luego mantener) ciertos privilegios derivados del accionar estatal que garanticen rentabilidades positivas elevadas, antes que invertir en desarrollos innovativos de más riesgo.
● Generan procesos de crecimiento “burbuja” basados en opciones blandas (Nochteff, 1994). Desde el punto de vista de la economía en su conjunto, estas opciones no permiten iniciar un proceso de desarrollo sostenido sino una sucesión de booms o burbujasque cuando se terminan dejan sólo unas “gotas” aisladas de capacidades tecnológicas que impiden iniciar un nuevo ciclo de desarrollo. Esto conduce a un menor crecimiento del ingreso en el largo plazo4 .
● Favorecen la difusión de comportamientos rentísticos (rent seeking) entre los funcionarios públicos y los empresarios (inclusive en burócratas de posiciones menores en el entramado estatal).
● Deterioran las diversas capacidades del Estado dificultando las posibilidades de intervención futura de alta calidad.
● Profundizan el alto grado de inestabilidad e incoherencia de la intervención económica estatal, en tanto ésta se vuelve cada vez más heterónoma por la gran cuota de poder que acumulan los grandes capitalistas.
● Conspiran contra la posibilidad de construir un proyecto nacional de desarrollo estable al interior del empresariado ya que las firmas orientan su accionar a la obtención de privilegios que le permitan sostener procesos de acumulación acelerados, favoreciendo estrategias cortoplacistas que dificultan la construcción de proyectos colectivos.

Estado/empresarios durante la postconvertibilidad: la persistencia de los ámbitos privilegiados de acumulación
A la hora de analizar las intervenciones estatales realizadas durante los primeros años de esta década y el comportamiento y desempeño de los grandes agentes económicos se observan ciertas constantes que ponen en cuestión la ruptura del denominado “modelo postconvertibilidad” y que permiten inferir la permanencia de los ámbitos privilegiados de acumulación como tipo predominante de articulación público-privada. En cuanto a las acciones estatales, las evidencias disponibles muestran que se incrementaron las transferencias públicas destinadas al capital concentrado local a través de diversos mecanismos, entre los que se destacan la obra pública y diferentes subsidios directos e indirectos a ciertas ramas de la industria. En efecto, el gasto público en servicios económicos en general, se incrementó en valores constantes en un 103% entre 2003 y 2006 (cuadro 1). En el sector transporte y en el sector energético estos incrementos fueron aún mucho mayores (188% y 418% respectivamente) para sostener las tarifas de los servicios públicos y para ampliar la infraestructura, en particular en el sector eléctrico.
Estos cuantiosos recursos se canalizaron principalmente a través del Ministerio de Planificación, a cargo de Julio De Vido, uno de los hombres de mayor confianza del ex presidente Kirchner. Los fondos administrados por este ministerio pasaron de representar el 3,8% del PBI en 2003, al 18,7% en 2007. Una parte considerable de los mismos se destinaron a la realización de vastos planes de obra pública, entre los que se destacan el Plan Federal de la Vivienda y el Plan Federal de Transporte Eléctrico. En todos estos planes se vieron involucradas empresas de escasa trayectoria en el sector pero cuyos dueños contaban con gran llegada al Gobierno (Electroingeniería, de Marcelo Mindlin y Gotti SA y Austral Construcciones SA de Lázaro Báez) junto con otras de mayor antigüedad, como Skanska (ex SADE), Techint y Roggio. Claramente, en un país como éste con un déficit de infraestructura importante, la obra pública constituye una intervención estratégica y necesaria para el desarrollo económico y para mejorar la calidad de vida de la población.
El problema es que cuando esa intervención se da en un marco de interrelación entre funcionarios y empresarios proclives a la obtención de ganancias extraordinarias o de “retornos” necesarios para sostener la “caja grande de la política”, se desvirtúa la orientación de esa intervención (y por ende, sus resultados)5 .El escándalo generado en torno del “caso Skanska”, donde se descubrieron pagos de sobornos mediante la utilización de facturas apócrifas en el que se vieron involucrados diversos funcionarios y empresarios afines al Gobierno, es una muestra clara de este tipo de vínculos viciados entre el sector público y el privado. Ahora bien, además de las transferencias derivadas de la inversión pú- blica directa, durante estos años se implementó un régimen de “promoción a la inversión industrial” mediante una serie de desgravaciones impositivas, que terminó favoreciendo a las más grandes empresas extranjeras y nacionales que operan en ramas de la industria que generan escaso valor agregado.

Firmas líderes de rubros ampliamente beneficiados por la devaluación de la moneda (commodities y “armaduría automotriz”, por ejemplo), con inserción exportadora, acceso al financiamiento, y posición oligopólica en sus respectivos mercados. Tal como sostienen Ortiz y Schorr: Se trató de una fenomenal transferencia de recursos públicos hacia Aluar, Techint, Aceitera General Deheza, Repsol-YPF y las terminales automotrices, entre otros capitales oligopólicos; es decir, hacia empresas y conglomerados económicos que conforman el núcleo de los grandes ganadores del “modelo de dólar alto” y con capacidad de inversión propia. Ello ha tendido a profundizar un perfil de especialización de escasas potencialidades, limitados efectos difusores y dependiente de las estrategias desplegadas por las transnacionales y, en menor grado, un conjunto selecto de grupos económicos nacionales. (2009a: 18.)

A estas transferencias dirigidas al capital concentrado local, se le suman otras facilidades derivadas de la apertura de nuevos negocios (por ejemplo, en torno de la creación de ENARSA o en la adjudicación de licencias para abrir salas de juegos que favoreció al empresario “amigo” Cristóbal López) o de la aplicación de regulaciones que convalidan el amplio grado de concentración de la economía argentina6 . Por razones de espacio no podemos tampoco detenernos en otro tipo de “negocios” propios de esta época derivados de la “reestatización” y creación de empresas públicas, en donde la compra de Transener por parte de ENARSA y otros socios privados, y el ingreso del empresario Eskenazi (Grupo Petersen) como propietario minoritario de Repsol-YPF de manos del Estado, aparecen como los más relevantes.
Los diversos mecanismos de transferencia de recursos públicos que mencionamos permitieron que la mayor parte de las grandes empresas que operan en el mercado local incrementaran la relación entre sus utilidades y el valor de su producción (especialmente notable en el caso de las industriales) incluso por encima de los niveles alcanzados en la década del noventa (grá- fico 1). Al considerar la evolución de la rentabilidad sobre ventas de las empresas más grandes que cotizan en la Bolsa de Valores, se corroboran estos indicios de recomposición de las utilidades empresarias, ya que las mismas pasaron del 7% al 13,2% entre 2003 y 2007 (Ortiz y Schorr, 2009b). Esta sustantiva mejora no se tradujo, sin embargo, en un incremento sustantivo del acervo productivo local; por el contrario, gran parte de esos activos líquidos se fugaron progresiva y constantemente hacia el exterior.
Esta revitalización del papel del Estado en la economía durante el período no vino acompañada de un aumento en la calidad de sus intervenciones, más bien por el contrario se observa, al igual que en los años noventa, una importante distancia entre cantidad y calidad de la intervención económica estatal, bruscos cambios en la orientación de esas intervenciones, incoherencias e ineficiencias a la hora de diseñar las políticas, y baja calidad a la hora de implementarlas. Estas deficiencias en la calidad de la intervención estatal resultan sumamente funcionales al crecimiento económico no sólo de los empresarios privilegiados por las políticas públicas implementadas, sino también para los principales funcionarios gubernamentales que, más allá de enriquecerse a título personal, con sus acciones contribuyen al armado de “la caja” necesaria para el “financiamiento de la política”7 .

¿Y qué sucede con las grandes firmas?¿Qué transformaciones se observan en su perfil y desempeño durante estos años? Hay ciertas características que sobresalen y que muestran la persistencia de algunos rasgos propios del modelo anterior. Antes que nada se observa un alto grado de inestabilidad en la composición de la cúpula empresaria, acompañado por varios fenómenos conexos: el crecimiento vertiginoso de ciertas empresas, fuertes cambios en cuanto al origen del capital de las grandes firmas (procesos de extranjerización de la cúpula)y en cuanto a la actividad que desarrollan (progresivo vuelco hacia las actividades primarias). También se mantiene un alto grado de concentración de la economía, especialmente en el sector industrial y en la fracción exportadora de la cúpula empresaria. Tal como señalan Ortiz y Schorr: (…)

A estas características de tipo perfil estructural hay que sumar otros rasgos preocupantes como la continua salida de capitales desde el sector privado (tanto financiero como no financiero), el incremento de la dotación de los activos líquidos en la cartera de las principales firmas, la existencia de grandes empresarios industriales convertidos en rentistas financieros, inmobiliarios y/o terratenientes, y el importante crecimiento de empresas (y empresarios) estrechamente vinculados con el sector público (por ejemplo el Grupo Petersen, Pampa Holding, Electroingeniería, Cristobal López y el Grupo Sigman) . Pero el tipo de comportamiento desplegado por los grandes capitalistas locales no puede atribuirse a una conducta “irracional” ni a la existencia de un “patrón cultural argentino” poco proclive al riesgo. Por el contrario, la ausencia de un empresariado comprometido con el desarrollo económico del país (burguesía nacional en los términos establecidos por Poulantzas) y la consolidación de un patrón de comportamiento cuasi-rentístico y cortoplacista, es el resultado de un proceso histórico de articulación muy particular entre el Estado y los capitalistas, que se dio en el marco de un deterioro progresivo de los niveles de autonomía relativa del Estado y que permitió mantener el perfil adaptativo del patrón de acumulación generando consecuencias perniciosas (y en varios momentos devastadoras) sobre el conjunto social y sobre el propio aparato estatal. En ese sentido, los rasgos que adquiere un patrón de acumulación en determinado momento histórico, son producto de los condicionamientos ideológicos, políticos y económicos que genera el contexto estructural, pero fundamentalmente, de las múltiples articulaciones que se establecen entre las diferentes fracciones de clases entre sí y entre éstas y el Estado. Es precisamente en el accionar del aparato estatal donde se expresa la correlación de fuerzas existente entre las distintas fracciones y se garantiza a través de un complejo sistema de transferencias, el sostenimiento de los principales resortes de acumulación del capital concentrado local. Es por eso, que al menos en ese punto, no encontramos una verdadera ruptura entre los dos modelos. Cambia la orientación de la intervención, se modifican los actores, se complejizan las prácticas, se diversifican los negocios, pero el tipo de articulación prevaleciente sigue siendo la misma: aquella que permite la difusión de los ámbitos privilegiados de acumulación.

Bibliografía: (…)
Castellani, Ana Gabriela 2009, no. 5-6, p. 223-234 Cuestiones de Sociología Cita sugerida: Castellani, A. G. (2009) Estado y grandes empresarios en la Argentina de la postconvertibilidad. Cuestiones de Sociología (5-6), 223-234. En Memoria Académica

   Fuente: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.4059/pr.4059.pdf Estado y grandes empresarios en la Argentina de la postconvertibilidad.

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