Sepamos que, en Haití, la lucha campesina por la soberanía alimentaria enfrenta a la organización de maquilas por EE.UU. y a la Minustah cuidando por la 'paz social'

1) La lucha campesina

Los campesinos haitianos quieren dejar atrás el neoliberalismo por GRAIN

El 4 de junio del 2010, cerca de 10.000 campesinos haitianos marcharon desde Papaye hasta Hinche, en el Macizo Central de la isla. Quemaron varios bultos de semillas de maíz híbrido que hacían parte de una donación de Monsanto al programa de reconstrucción post terremoto. Durante la manifestación, los campesinos exhibieron slogans como « Larga vida al maíz local!» y «Los transgénicos y las semillas híbridas de Monsanto atentan contra la agricultura campesina».

Chavannes Jean-Baptiste, líder campesino haitiano y coordinador del Movimiento Campesino Papaya (MPP ó Mouvman Peyizan Papay) que ayudó a organizar la manifestación, explicó en una entrevista a GRAIN que Monsanto se está aprovechando del programa de asistencia para hacer que los campesinos dependan de sus semillas y para acabar con la agricultura campesina. Era necesario, declaró, expresar claramente un “NO” rotundo a esta situación. Varias acciones de solidaridad parecidas se llevaron a cabo en Montreal (Canadá) y en Seattle (USA).

La posición de Chavannes Jean-Baptiste corresponde a la que adoptaron 15 asociaciones campesinas, entre las cuales hay una organización juvenil y un grupo de mujeres, quienes con el apoyo de la ONG haitiana PAPDA (Plataforma Para un Desarrollo Alternativo) publicaron una crítica severa a la reacción de urgencia del gobierno haitiano luego del terremoto de enero del 2010.

Tras el trágico terremoto, que causó cerca de 230.000 muertos y obligó a más de medio millón de personas a abandonar Puerto Príncipe y regresar al campo, el Ministerio de Agricultura, de Recursos Naturales y del Desarrollo Rural (el MARNDR) anunció la creación de un Programa Especial de Urgencia y de Apoyo a la Producción Alimenticia, dotado de un presupuesto de 687 millones de dólares estadounidenses. Los objetivos principales son “promover la reintegración social de las personas que migraron desde las ciudades hacia las zonas rurales”, “aumentar su capacidad de generar ingresos mediante actividades intensivas en mano de obra, para permitirles comprar de inmediato los alimentos que necesitan en el corto plazo” y “establecer la seguridad alimentaria de forma permanente”.
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2) El trabajo textil
Haití. Un naciente sindicato denuncia represión patronal por Ansel Herz (IPS)

Trabajadores de la vestimenta de Haití aseguran que los patrones reprimen sus intentos de organización, y señalan que seis de los siete dirigentes de su sindicato fueron despedidos dos semanas después de que éste fuera formado.
La Unión de Trabajadores Textiles y de la Vestimenta (Sota, por sus siglas en creole) fue reconocida en septiembre por el gobierno y es apoyada por la central sindical Batay Ouvriye ("lucha de los trabajadores"). Judeline Pierre, de 44 años, empleada en el Parque Industrial de Sonapi, cerca del aeropuerto de Puerto Príncipe, reconoció haber asistido secretamente a las reuniones de Batay Ouvriye por meses. En su bolso aún lleva un panfleto demandando mejores condiciones de trabajo en las fábricas. Dijo que se vio obligada a ocultar su colaboración con la central sindical. "Tan pronto como empiezas a defender tus derechos, te despiden. Han echado a muchos trabajadores por eso".

Las fábricas textiles en Puerto Príncipe dan trabajo a unas 29.000 personas, en un país con nueve millones de habitantes y una tasa de desempleo estimada en 80 por ciento, según la embajada de Estados Unidos. El salario mínimo es de unos cinco dólares diarios, aunque algunos trabajadores ganan más si superan sus cuotas de producción. Un puñado de contratistas dirigen las fábricas, ensamblando y exportando vestimentas libres de impuestos para compañías estadounidenses como Hanes y The Gap bajo los términos de un acuerdo comercial preferencial entre Haití y Estados Unidos conocido como programa Hope (acrónimo en inglés de Oportunidad Hemisférica Haitiana a Través del Estímulo a la Asociación).

1) No hay nada que agregar a estos objetivos. En lo que los autores del documento de la PAPDA no están de acuerdo con el gobierno es en la estrategia utilizada para lograrlos. Según ellos, el gobierno es incapaz de tomar una primera medida esencial: poner en tela de juicio las políticas neoliberales que acabaron con la agricultura campesina. Si no se deja atrás el neoliberalismo, afirman los autores, el gobierno nunca logrará restablecer los medios de subsistencia de los pequeños productores.

Hasta los años 80s, los haitianos cultivaban suficiente arroz, frijol, maíz, papa y yuca para satisfacer sus necesidades. Pero después del derrocamiento de la dictadura de Duvalier, Haití comenzó a liberalizar su economía. “El FMI y el Banco Mundial decretaron que teníamos que realizar ajustes estructurales”, nos recuerda Camille Chalmers de la PAPDA. “Nos dijeron que éramos vecinos del mayor productor agrícola del mundo y que no había ninguna razón para producir nuestros propios alimentos, ya que podríamos comprarlos a precios bajos. En lugar de dedicarse a la agricultura, los campesinos debían ir a la ciudad para vender su fuerza de trabajo en las fábricas estadounidenses que producían textiles o artículos electrónicos para exportación”.

Los medios de subsistencia de miles de campesinos fueron destruidos. El documento de la PAPDA explica lo ocurrido: “Las políticas neoliberales golpearon a las comunidades rurales en el núcleo de la resistencia campesina, ocasionando un éxodo rural de grandes dimensiones y el crecimiento acelerado de los suburbios. Estas medidas económicas hacen parte del proceso de desestructuración de la agricultura campesina local, favoreciendo a las grandes trans-nacionales que operan en el mercado de alimentos. El resultado fue un empobrecimiento drástico de los campesinos productores excluidos del mercado por la liberalización del comercio exterior, generando una dependencia extraordinaria y desempleo a gran escala”.

El sector público fue reducido a su más mínima expresión por las reformas neoliberales. Se quedó sin recursos, humanos y financieros, para preparar a Haití ante desastres naturales tales como terremotos y huracanes. Según la PAPDA, “hay que admitir que la magnitud de los daños [causados por el terremoto] es intrínseca a los elementos vinculados a la irresponsabilidad de un Estado estructurado contra el pueblo. No es un secreto para nadie: ya en 2007, un informe de la Purdue University advertía sobre la inminencia de un terremoto en Haití, pero el Estado se limitó a menospreciar el informe y a indicar las medidas de protección básicas”.

Hoy, después de un terremoto que causó tanta devastación, el MARNDR anuncia el lanzamiento de un programa de reconstrucción agrícola que, según la PAPDA, brindará muchos más beneficios a las multinacionales que a los pequeños productores. Más de la mitad de los 687 millones de dólares está destinada a proyectos de infraestructura: sistemas de irrigación, carreteras rurales, reparación y refuerzo de las orillas de los ríos, etc. La segunda parte más importante del presupuesto está destinada a la compra de equipos como tractores y demás maquinaria agrícola (113,5 millones de dólares), seguida por la reforestación (37 millones) y las estructuras para prevenir la erosión (20 millones). Además, una parte considerable del presupuesto está reservada para la compra de fertilizantes (18,4 millones), pesticidas (4,7 millones) y semillas/plántulas (5 millones).

Ya que la mayoría de los campesinos haitianos no está en condiciones de comprar un tractor o insumos químicos, incluso si estos fueran subvencionados, el programa beneficiará solo a una pequeña minoría. Es más, dado que Haití no produce fertilizantes, ni pesticidas, ni maquinaria agrícola, serán las empresas extranjeras las que ganen los contratos de venta de todos estos productos. De la misma manera, no hay duda que los contratos de construcción de infraestructuras serán otorgados a multinacionales. Lejos de promover la autosuficiencia nacional, este programa no hará otra cosa que aumentar la dependencia de Haití respecto a los insumos importados. La PAPDA, como lo indica en su informe, piensa que con el tiempo el programa será corregido para favorecer a los intereses extranjeros de manera aún más profunda: “será un programa retocado, dictado y financiado por extranjeros. Por ende, además de la mezquindad de las ambiciones iniciales, será aún peor cuando sea retomado y corregido por agencias como la USAID y otras”.

Destaca PAPDA con una cierta amargura: “La ayuda humanitaria obedece a las leyes del mercado capitalista, que hace pasar los contratos por circuitos donde una gran cantidad del dinero con fines humanitarios se queda en los países donantes. En el campo de la ayuda humanitaria, la preocupación por los intereses y las ganancias está también presente”. Las autoridades haitianas ya no consideran a los campesinos como actores legítimos que conviene consultar: “El MARNDR niega la existencia y la fuerza representativa de la clase campesina. Escoger la política neoliberal equivale a negar también la validez de los conocimientos populares. El MARNDR sigue dando estatuto de verdaderos actores a las ONGs y a las empresas prestadoras de servicios, excluyendo a los productores, que son los que se interesan por cosas diferentes a las materias primas, las ganancias y hacer fortuna”.

Mervyn Claxton, experto en economía política del Caribe, concuerda con la idea de que las autoridades haitianas están perdiendo la oportunidad de dar inicio a una verdadera economía campesina que pueda realmente ayudar con la reconstrucción del país: “Haití dispone de toda una serie de variedades tradicionales de arroz, maíz y frijol. Fueron los esclavos africanos los que trajeron el arroz a Haití hace más de doscientos años, del que hoy existen variedades tradicionales que podemos reagrupar en dos grandes tipos: el arroz de montaña y el arroz de los pantanos. Como es sabido por todos, estas variedades tradicionales son más nutritivas que el arroz norteamericano barato y subvencionado que las remplazó hace 20 o 30 años (el arroz “de Miami”), luego de la liberalización del comercio.

Por lo tanto, respecto a las VAR (Variedades de Alto Rendimiento), el arroz haitiano es más adecuado a la lucha contra la malnutrición, considerada por el gobierno como un problema clave. Es probable que el uso de VAR aumente el riesgo de inseguridad alimentaria en vez de reducirlo, pues estas variedades requieren agua de forma regular y en cantidades suficientes, una necesidad que no podrá satisfacerse durante los periodos de sequía, muy frecuentes en Haití. Las VAR serán promotoras de exclusión y no de integración, ya que su imprescindible necesidad de agua obligará al Ministerio a no incluir en el Programa de Urgencia las zonas no irrigables. Los dueños de las tierras más difíciles de cultivar, menos fértiles o excluidas serán, inevitablemente, los campesinos más pobres del país”.

Los movimientos campesinos tienen su propia visión del modelo de agricultura alternativa que quieren construir. En el documento de la PAPDA hacen un llamado a redefinir las políticas públicas con el objetivo de romper de forma clara con las prácticas del pasado: [es necesaria una] “ruptura en el modelo de desarrollo respecto a la teoría neoliberal, ruptura respecto a la exclusión, ruptura respecto al imperialismo y ruptura respecto al estado centralista”. Para esto, la reconstrucción tiene que movilizar cuatro fuerzas sociales importantes: las mujeres, el campesinado, los jóvenes y los artistas y artesanos.

Doudou Pierre, al igual que Chavannes Jean-Baptiste, es miembro del Movimiento Nacional de los Campesinos del Congreso de Papaya. Doudou da una descripción de los que podría ser el modelo alternativo. Se trata, según él, de “reactivar” la agricultura en Haití siguiendo dos grandes principios. El primero es el de la soberanía alimentaria, es decir, producir localmente la mayor parte de alimentos que necesitan los haitianos: “Estamos en condiciones de producir por lo menos el 80% de lo que comemos”. El segundo incorpora una reforma agraria: “No podemos hablar de soberanía alimentaria si las personas no tienen tierra. Tenemos previsto tomar las tierras de los grandes propietarios y distribuirlas entre los campesinos, para que ellos puedan trabajarlas”. Cuando tengan las tierras, los campesinos necesitarán el apoyo de las autoridades: “El Estado tiene que darnos créditos, brindarnos soporte técnico y ayudarnos a almacenar y gestionar el agua”.

Hay varias propuestas para aumentar la cobertura de la agricultura campesina después de la implantación de estos cambios estructurales. El Centro de Investigación en Economía Política (CEPR) propone que los prestamistas internacionales acepten comprar toda la cosecha de arroz haitiano durante los próximos 2 años. Con este incentivo, los campesinos locales podrían producir casi tanto arroz cuanto reciben de ayuda humanitaria, y la recuperación del sector campesino, que está en ruinas, podría ponerse en marcha. Otra organización propone que el gobierno haga que las escuelas compren todos los alimentos necesarios para los comedores escolares a grupos de pequeños productores locales.

Por su parte, el gobierno no ha dado ningún signo que indique que aceptaría alguna de las propuestas formuladas por las organizaciones campesinas o por los grupos de reflexión que trabajan con estas. Dadas las circunstancias, no es para nada sorprendente que tanto Chavannes Jean-Baptiste, como todos los que manifestaron con él, estén furiosos.
Traducción: Felipe Zalamea para Jubileo Sur/Américas.
JUBILEO SUR/AMERICAS
jubileosur@gmail.com
http://www.jubileosuramericas.org/
Fuente: http://defensaterritorios.org/index.php?option=com_content&view=article&id=4088:el-campesinado-haitiano-quiere-dejar-atras-el-neoliberalismo&catid=386:otros-de-america&Itemid=507
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2) Charles Baker, cuya fábrica echó a uno de los trabajadores vinculados con la Sota, y George Sassine, jefe de la asociación de propietarios del sector y director ejecutivo del programa Hope, dijeron a IPS que no se oponían en principio a las asociaciones de trabajadores, y subrayaron que los últimos despidos estaban justificados. "Esos incidentes no tienen nada que ver con que haya personas tratando de formar un sindicato", dijo Sassine a IPS. "Ahora, de pronto, toda la comunidad internacional está a mis espaldas diciéndome que estoy en contra de que se organice el pueblo". Sassine dijo creer que Batay Ouvriye procuraba el cierre total de las industrias, más que simplemente organizar a los trabajadores. Saliendo de su oficina con aire acondicionado e ingresando en la ruidosa fábrica, con 1.640 trabajadores, Baker dijo gesticulando: "Si se quieren sindicalizar, pueden hacerlo. Pero deben realizarlo en la forma correcta". Reconoció haber despedido a un empleado, pero arguyó que éste se encontraba distribuyendo panfletos durante sus horas de trabajo y por tanto interrumpía la producción.



Entre los trabajadores y los propietarios de la fábrica se encuentra Better Work Haiti, un equipo de nueve personas financiado por el Departamento (ministerio) de Trabajo de Estados Unidos y encargado de supervisar las condiciones laborales en la industria haitiana. El grupo presentará un informe el mes próximo sobre el despido de los dirigentes de Sota. El tercer reporte semestral de Better Work Haiti sobre conformidad a los estándares de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) fue divulgado hace dos semanas. El estudio denunció violaciones a algunas regulaciones sobre salud laboral, seguridad y salario mínimo en más de 80 por ciento de las fábricas, pero el acatamiento era casi perfecto en cuatro principios considerados "centrales" por la OIT. Estos son la eliminación progresiva del empleo infantil, la prohibición del trabajo forzado, la no discriminación y el derecho a la libertad de asociación y negociación colectiva. Richard Lavallée, director de Better Work Haiti, señaló que los propietarios de las fábricas "estaban plenamente comprometidos con el programa" Hope, y elogiaron los firmes avances en el cumplimiento de estándares fundamentales en los últimos dos años. En cuanto al derecho a libertad de asociación y negociación colectiva, el último informe identifica solo dos instancias de no acatamiento, incluyendo el despido de 140 trabajadores tras una huelga de 12 días en mayo. No obstante, el informe señala que, "aunque no se citan hallazgos de no conformidad" a los principios de la OIT en el capítulo referido a la actividad sindical, es evidente que hay "muchos desafíos significativos relacionados con los derechos de los trabajadores para conformar, integrar y participar libremente de sindicatos independientes". "Si se ven los informes, en Haití hay solo una fábrica sindicalizada (en la nororiental ciudad de Ouanaminthe) de las 23 que están operando. En las de Puerto Príncipe no hay sindicatos. No tenemos ninguna evidencia", señaló Lavallée. Explicó además que si el propietario de una fábrica despedía a una persona por intentar organizar a los trabajadores, ello no figuraría en los registros de empleados revisados por su equipo. También admitió que poco se podía medir sobre represión patronal ya que casi no había sindicatos. Activistas haitianos han denunciado constantemente represión patronal, señaló Lavallée, pero añadió que estos nunca presentaron evidencia ni los nombres de los supuestos trabajadores echados sino hasta la ronda de despidos del mes pasado.
La expansión de la industria textil en Haití ha sido ensalzada como una palanca fundamental para la reconstrucción y el desarrollo del país. Un portavoz de la embajada estadounidense dijo a IPS que el sector tenía el potencial para más que duplicarse en los próximos cuatro años. Funcionarios de gobierno aseguraron que 20.000 empleos serían creados por la textil surcoreana Sae-A, que firmó un acuerdo con Puerto Príncipe el año pasado para construir un parque industrial en el norte del país. El financiamiento del proyecto, que provino de donantes internacionales --50 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo y 120 millones de Estados Unidos--, "no fue condicionado al derecho de los sindicatos a organizarse en ese espacio", remarcó la politóloga canadiense Yasmine Shamsie, que ha estudiado la industria textil haitiana. "Estoy muy desilusionada por la reacción de la industria al nuevo sindicato", dijo a IPS por correo electrónico, en referencia a la Sota.

Ansel Herz es periodista independiente y escribe en el blog http://mediahacker.org.

Fuente original: http://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=99460 Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=138414 América Latina y Caribe/ 30-10-2011