I.Recordemos la lucha popular contra la megaminería a cielo abierto es denunciada por Terragno como "ecologismo salvaje", en 1975 Balbín señaló a la UOM de Villa Constitución como "guerrilla fabril"

En la Introducción al Archivo 2011(30.Nov.11) CORREPI anticipaba el Estado represor que hoy se ha hecho evidente para muchos. Señala:

“(…) Con el visto bueno de la “oposición” -unificada y consecuente con los intereses comunes que defienden-, mientras declaman que no criminalizan la protesta ni la pobreza, naturalizan el despliegue represivo más importante de los últimos tiempos.
Lejos de constituir un “doble discurso”, se trata de toda una política de estado que utiliza su propaganda en materia de DDHH para invisibilizar la represión como herramienta disciplinadora, que se descarga tanto sobre los sectores organizados como los no organizados de la clase trabajadora.
Frente a los pocos hechos represivos que logran trascender el muro mediático, generalmente por la movilización y repudio masivo que generan, el gobierno nacional recurre a diversos mecanismos para desligarse de su irreductible responsabilidad. Si el hecho se produce fuera del ámbito nacional, usan la tesis de la “responsabilidad provincial”, como si los gobernadores no respondieran a la defensa de los mismos intereses y no hubiese una clara política común de carácter nacional respecto del manejo de los conflictos. Así lo vimos en el esfuerzo de desprenderse de su cuota de responsabilidad en los asesinatos del docente Fuentealba, de los integrantes del pueblo Qom, de los manifestantes antirrepresivos Cárdenas y Carrasco de Bariloche, y el muy reciente fusilamiento de la niña Belén Brizuela en La Rioja.

Otro de los mecanismos para sostener su pretendida “ajenidad” de los episodios represivos, es la utilización de patotas de la burocracia sindical, como en el asesinato de Mariano Ferreyra, o de grupos de choque dirigidos por empresarios o terratenientes, como en el caso de los ocupantes de tierras de Libertador General San Martín y de Cristian Ferreyra en Santiago del Estero.

Del mismo modo, apelan a la “división de poderes” para esconder su responsabilidad frente a la persecución judicial que padecen militantes y trabajadores organizados, y para silenciar su más grave consecuencia, los presos políticos, atribuyendo esa forma de epresión “con los códigos en la mano” a jueces y fiscales de los que pretende no hacerse cargo.

La creación del nuevo ministerio de Seguridad a fin de 2010, bajo la dirección de Nilda Garré y el Cels, muestra cómo el gobierno se prepara para una etapa en la que deberán reprimir en forma creciente, en el marco de la crisis capitalista mundial. La centralización del mando que controla todas las fuerzas del aparato represivo, es un requisito necesario para incrementar la “eficacia” de la represión en un escenario que promete más descontento social ante el aumento de la pobreza.
Por una parte, con iniciativas como el operativo Cinturón Sur o el operativo Centinela, saturan de uniformados de varias fuerzas las barriadas populares, garantizando a través de esa militarización un mayor control territorial de los que llaman “zonas conflictivas”, caracterización que responde, no a la incidencia del “delito”, que sus propias fuerzas de seguridad regentean y ejecutan, sino a que son los lugares que concentran los mayores índices de pobreza y, por ende, son zonas de potencial conflicto.
Por la otra, esas mismas fuerzas, bajo un mando unificado, son las que, organizadas como si se tratara de verdaderos operativos de contrainsurgencia, tienen a su cargo disolver las manifestaciones obreras, los cortes de ruta o autopistas, las tomas de fábrica, etc., fundamentalmente cuando estas medidas son organizadas o protagonizadas por trabajadores no alineados con la burocracia sindical.
La reiterada sanción de leyes antiterroristas, enviadas al Congreso por el gobierno nacional, obediente a los mandatos imperiales, es parte de la misma política de estado que mata con el gatillo fácil y la tortura, al tiempo que multiplica los procesos contra trabajadores, estudiantes y referentes políticos. Ejemplo de esto último son las causas iniciadas como consecuencia de las luchas de Kraft, Pepsico, Fate, Línea 60, Paty, Frigorífico Rioplatense, el Hospital Garrahan, ADOSAC, etc.

Así como se persigue a los que se organizan y luchan, preventivamente se reprime a quienes deberían organizarse y luchar, para evitar que lo hagan. Al amparo del discurso de la “inseguridad”: el gatillo fácil, las torturas y las detenciones arbitrarias sirven para meter con sangre la letra que “quién manda y a quién hay que obedecer”. En el mismo sentido debe entenderse la impunidad que garantiza el gobierno a sus represores poniendo el aparato judicial al servicio de la impunidad de quienes asesinan con el gatillo fácil y la tortura (...)”. Fuente: http://correpi.lahaine.org/?p=1098