“El comienzo de la represión en democracia y el golpe genocida a la clase obrera” Por Leónidas Ceruti, historiador.
Antes de la última dictadura militar en la Argentina -durante los gobiernos constitucionales de Juan Domingo Perón, primero, y de María Estela Martínez de Perón, después- la barbarie represiva se expresó en cambios en la legislación penal, en la carta blanca a José López Rega para crear una fuerza paramilitar: la "Triple A " (Alianza Anticomunista Argentina) y en el mandato a las Fuerzas Armadas para el aniquilamiento de la “subversión”. La ofensiva fue muy fuerte en particular contra las organizaciones gremiales más combativas y clasistas, lo que abarcó desde intervenciones a los sindicatos hasta el paso a la clandestinidad de dirigentes y activistas, detenciones y asesinatos. Se preparó así el terreno para uno de los principales objetivos del golpe de Estado de 1976: desarticular la organización de la clase trabajadora e imponer un modelo económico antipopular y antiobrero.
El Operativo “Serpiente Roja”
Luego del gran triunfo de los trabajadores metalúrgicos en Villa Constitución, en marzo de 1974, la represión apareció con toda su magnitud el 20 de marzo de 1975 en dicha ciudad, a partir del accionar de las fuerzas conjuntas reclutadas por la SIDE, que incluían a la Policía Federal , Provincial, Ejército y Gendarmería, grupos de choque entre los cuales iban armados los guardias blancos pagados por las acerías de Martínez de Hoz, y miembros de la Triple A. Las órdenes firmadas por Rocamora, Savino y López Rega eran claras: ahogar en sangre a los obreros y activistas de Villa Constitución.
La ciudad se despertó invadida por miles de efectivos de fuerzas represivas. Con una lista de los domicilios provista por la empresa Acindar , se lanzaron sobre las casas de cientos de activistas obreros. El operativo se extendió a lo largo del cordón industrial del río Paraná, pasando por el barrio de SOMISA de San Nicolás y las fábricas combativas del norte de Rosario.
Isabel de Perón, desde el gobierno nacional, denunció un "complot de características inusuales en la Argentina". Ese complot, según el comunicado oficial, pretendía paralizar la industria, amenazando a los obreros mediante el terrorismo para no ir a trabajar. Decía: "La gravedad de los hechos es de tal naturaleza que permiten calificarla como el comienzo de una vasta operación subversiva terrorista, puesta en marcha por una deleznable minoría nacional". Los diarios del 21 de marzo titularon "Denuncian que fue desbaratado un complot destinado a paralizar la industria pesada" (La Opinión) y "Denuncian amplio plan subversivo" (Mayoría).
El saldo de la represión fue la detención de la Comisión Directiva de la UOM-Villa y de cientos de militantes. Cuando llegó la noticia a las fábricas, los metalúrgicos paralizaron la producción. Los obreros, en estado de asamblea permanente, ocuparon nuevamente los establecimientos.
Comenzó así una larga y dura huelga con movilización por la libertad de los presos y la devolución del sindicato. Cuando la Prefectura rodeó la fábrica, los obreros se replegaron a los barrios. Un Comité de Lucha de las fábricas y barrios encauzó la enorme participación y solidaridad de toda la zona. Se inició una resistencia de dos meses donde todos aportaron al fondo de huelga y a las masivas marchas del 16 y 22 de abril en el centro de Villa, respondidas con más represión.
Pero el gobierno de Isabel y López Rega, con el apoyo de la CGT, estaba decidido a terminar con el movimiento obrero combativo, aceptando el costo político que del operativo dejó a los dirigentes de Villa presos y sin abrir el diálogo. Los metalúrgicos volvieron a las fábricas el 19 de mayo, sufriendo más bajas entre despidos y asesinados.
El plan represivo se denominó Operativo Serpiente Roja. Fue uno de los mayores ejemplos de complicidad del Estado, sus fuerzas de seguridad, la burocracia sindical y los empresarios para atacar a la clase obrera.
Una columna de 105 Ford Falcón -cargados de policía, miembros de la Triple A y matones- invadió la ciudad. En los dormitorios de solteros de Acindar se montó el primer campo de concentración, en un adelanto de lo que haría luego la dictadura del 76. Fueron cientos los detenidos y más de veinte los asesinados.
Los vecinos cuentan que ese día las campanas de la parroquia San Pablo Apóstol celebraron el operativo. El cura Samuel Martino, responsable de la iglesia, aparece en las listas de represores de la CONADEP.
Carlos Sosa, miembro de la Unión Ferroviaria , comentó algunos datos de la crueldad con que actuaron los represores: “El 16 de octubre secuestraron al delegado Julio Palacio, a la doctora De Grandi y a un pastor, Carlos Ruesca. Los fusilaron y aparecieron los cuerpos mutilados: a la doctora le cortaron los senos, a los hombres los testículos y los tiraron en Albarellos para que todo el pueblo los viera.
“Un año después, Alfredo Martínez de Hoz renunció a su puesto en la dirección de Acinda, y asumió como ministro de economía dela dictadura. Lo reemplazó el General Alcides López Aufranc, quien en 1969 había encabezado la represión del Cordobazo. En esa jornada, durante un coctel en su honor, aprovechó para brindar por ‘los 23 delegados de Villa Constitución que ya no joderán más porque están bajo tierra’.” (4)
“Un año después, Alfredo Martínez de Hoz renunció a su puesto en la dirección de Acinda, y asumió como ministro de economía de
La represión antisindical en grandes fábricas transnacionales, como Ford, Fiat, Mercedes Benz, Peugeot, Renault, entre otras, antes de la dictadura y durante ella, se llevó a cabo en varios casos con la colaboración de personal superior de las empresas y de algunos dirigentes de las centrales sindicales. Uno de ellos, José Rodríguez, ha sido señalado como cómplice en el juicio por la desaparición de trabajadores de Mercedes Benz durante la dictadura. El mismo José Rodríguez que en 1974 intervino la seccional Córdoba de SMATA y que aún hoy es Secretario General del sindicato.
El golpe genocida contra la clase obrera
Meses antes del golpe de 1976 los fenómenos que caracterizaban la situación del país eran los siguientes:
Imposibilidad de mantener la conciliación de clases en el terreno de la producción Se puso al rojo vivo la contradicción entre economía y política La burguesía se debatía en su impotencia para gobernar, que se expresaba en: debilitamiento del ejecutivo; ruptura de la prescindibilidad de las Fuerzas Armadas; necesidad del reforzamiento de sus instituciones Indisciplina social y productiva. La indisciplina fabril y la anarquía social carcomían el “cuerpo social”.
Los empresarios estaban atemorizados por el poder creciente de las comisiones internas y cuerpos de delegados dentro de las fábricas y por la situación económica que combinaba control de precios y alta inflación. A mediados de 1975, en una reunión privada con Videla, sugirieron que las Fuerzas Armadas asumieran el poder. El compromiso que tomaron los principales empresarios fue que uno de ellos, José Alfredo Martínez de Hoz, fuera el responsable de la gestión económica del nuevo gobierno militar. Los sectores con poder económico resolvían así sus dos problemas principales: ellos arreglarían las finanzas del país, mientras los militares ponían orden eliminando a la subversión. Los medios de comunicación mayoritarios también apoyaron el golpe.
El golpe militar del 24 de marzo de 1976 fue clara y contundentemente contra la clase obrera y los trabajadores, para restaurar el orden en la producción y desarticular las distintas formas de organización obrera e imponer un plan económico de distribución contra el proletariado.
Desde 1969, en distintas zonas industriales, se fueron dando formas organizativas democráticas, con gran participación de las bases obreras, estableciendo con el tiempo profundas relaciones interfabriles, con innumerables contactos regionales y nacionales. A lo que se sumó la intensificación de las relaciones y debates al interior de las fábricas, de las fábricas a otras fabricas, de las zonas industriales a los barrios obreros.
Para frenar ese desarrollo en ascenso, el principal objetivo de la dictadura militar fue destruir y paralizar toda esa organización que se venia gestando.
La supresión de las garantías civiles fue la metodología para imponer las condiciones necesarias de destrucción y reestructuración económica, política, social y cultural, según los lineamientos internacionales que condicionaron los años sucesivos. Se desarticularon las formas de participación, de movilización, que venían construyendo los sectores populares. Fueron años trágicos, con profundas secuelas de sufrimiento y dolor, cambios y mutaciones.
Los militares genocidas vinieron a poner disciplina y orden capitalista, ante la indisciplina social y productiva, la indisciplina fabril, la anarquía social que corroía el cuerpo social, y que había roto las jerarquías políticas en todos los planos. Lo hicieron para controlar las cuestiones sociales e implementar mecanismos de desarticulación y escisión de todas las estructuras y organismos participativos, bajo signos de alta violencia y sin vigencia de las garantías civiles. La larga lista de atropellos y apremios ilegales a los que fueron sometidas los detenidos explican la crudeza del modelo de reorganización de la estructura productiva del país.
El primer objetivo de la Junta Militar de Videla, Massera y Agosti fuedesarticular las luchas, la organización de la clase obrera, controlar las demandas y cuestionamientos que generarían el segundo objetivo, que fue la imposición de un modelo económico antiobrero. Su aplicación trajo consecuencias sociales, como el cierre de fábricas, desocupación, deteriorando las condiciones de vida de los trabajadores y de la población. La clase obrera, como hemos analizado desde un tiempo antes del golpe militar del 24 de marzo, venía soportando una dura represión, pero desde ese día se inició la mayor persecución desde sus orígenes en el siglo XIX.
Nunca, como en el período 1976-83, se alcanzó lo que ahora conocemos como terrorismo de estado, nunca como entonces se llegó al nivel de exterminio de miles de hombres, mujeres y niños. La sociedad argentina se vio sometida por la dictadura militar que llevó al paroxismo la persecución política, la cárcel, la tortura y la desaparición de personas.
El segundo objetivo del golpe militar -imponer el proyecto económico- estuvo encarnado en la figura del Ministro de Economía, José A. Martínez de Hoz y fue elaborado como un programa de “modernización del aparato productivo y racionalidad”. En la práctica, esto se manifestó en un lenguaje economicista que explicaba y trataba de justificar el proyecto de apertura económica, con el fin de atraer inversiones de capitales que concretaran la reestructuración económica. Todo se tradujo en una crisis económica que fue en aumento, con fábricas cerradas, miles de desocupados y una deuda externa que endeudó al país por años.
Las consecuencias de la represión son conocidas: 30.000 desaparecidos, miles de muertos, torturados, secuestrados, robo de niños y todo el tipo de aberraciones. El 24 de marzo de 1976 representa la muerte, la corrupción, la persecución, el exilio. No obstante el terror, la resistencia y la búsqueda de personas se manifestaron públicamente. Los jueves, la Plaza de Mayo vio marchar a las Madres. Publicaciones clandestinas y periodistas independientes contribuyeron con su valerosa tarea a sacar a la luz los oscuros sucesos de ese período.
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