El sábado 25 de agosto la policía de la provincia de Salta reprimió en dos ocasiones a los trabajadores del Ingenio San Martín del Tabacal, quienes se encontraban manifestando en la ruta nacional n° 50 y en la puerta del establecimiento.
Por Observatorio del Derecho Social Central
de Trabajadores de la Argentina (ODS)*
La acción policial
incluyó la intervención en barrio Villa Las Rosas, cercano al lugar donde se
manifiestan los trabajadores, donde los miembros de las fuerzas represivas
ingresaron a las viviendas de los trabajadores y lanzaron gases lacrimógenos
que también afectaron a las familias de los trabajadores. Incluso, una niña de
dos años fue herida con perdigones policiales.
La reacción popular
transformó un conflicto sindical, en una protesta contra la represión, que
incluyó tanto a los trabajadores del ingenio como a sus familias y a la
población en general. La represión policial dejó un total de 40 heridos, entre
ellos dos trabajadores con heridas de balas de plomo en sus piernas.
En este momento, donde
el conflicto no se ha resuelto y donde persiste la amenaza de que se profundice
la represión, es necesario identificar los antecedentes que precedieron a esta
situación, y puntualizar las responsabilidades que le caben tanto a la empresa,
como a los gobiernos provincial y nacional.
Desde entonces, la
empresa ha desarrollado una política de reducción de la cantidad de
trabajadores, para concentrarse en tres divisiones: producción de azúcar (es el
tercer ingenio del país), generación de energía eléctrica y producción de
alcohol anhídrido para el biocombustible (es el mayor productor del país).
En los últimos años la
empresa ha tenido una manifiesta actitud antisindical, y ha intentado por
múltiples vías desarticular la organización de los trabajadores. Ello ha
incluido la presentación de denuncias penales en el marco de los conflictos
laborales, la adopción de represalias antisindicales, principalmente despidos
de trabajadores que reclamaban por sus derechos, y también el intento de
intervenir en la elección de la conducción del sindicato.
Sin embargo, los
trabajadores han persistido en su búsqueda por recuperar derechos, logrando
entre otras cuestiones una fuerte recuperación salarial en los últimos tres
años. Esta lucha ha sido encabezada por el Sindicato de Trabajadores del Azúcar
del Ingenio San Martín del Tabacal, que a comienzos de este año fue reelecta
por el conjunto de los trabajadores.
Este año las
patronales adoptaron una postura intransigente ante el reclamo de los
trabajadores por un salario inicial de $ 5.000 y por una mejora en las
condiciones de trabajo para los tercerizados. En el marco de los reclamos que
el sindicato llevaba adelante por dicha recomposición salarial, la empresa
decidió el despido de 57 trabajadores, lo que no hizo más que agravar el
conflicto. Además, luego de dichos despidos, y como respuesta a las protestas
que efectuaban los trabajadores, que incluían paros de cuatro horas por turno
cada 24 horas, fue la propia empresa la que implementó un lock out patronal,
cerrando sus puertas e impidiendo el ingreso de los trabajadores al
establecimiento.
El 21 de agosto el Ministerio de Trabajo de la Nación, a través de su delegación local, dictó la conciliación obligatoria. El sindicato rechazó dicha medida, y presentó los recursos administrativos correspondientes, ya que el propio ministerio había dictado la conciliación obligatoria, por el mismo reclamo, a mediados del mes de junio. De acuerdo a la ley 14.786 la conciliación obligatoria sólo puede ser dictada una vez en cada conflicto.
Sin embargo, el 24 de agosto el Ministerio de Trabajo de la Nación volvió a insistir con su intervención, y en esta ocasión intimó al sindicato y a los trabajadores a retomar tareas bajo apercibimiento de imponer una multa y de peticionar en sede judicial la cancelación o suspensión de la personería gremial del sindicato. Se trata de la misma metodología que recientemente utilizó el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires durante el conflicto de los trabajadores del subterráneo porteño.
Insólitamente, el
dictado de la conciliación obligatoria no incluyó ningún tipo de requerimiento
a la empresa.
Puntualmente , no la obligó a dejar sin efecto los despidos,
pese a que contaba con facultades para ello, ni tampoco se pronunció sobre el
lock out patronal. Es decir, para el Ministerio de Trabajo de la Nación la empresa
puede despedir a trabajadores que reclaman por sus derechos, pero ellos no
pueden recurrir al ejercicio de la huelga para defenderse de dichos despidos.
La actuación del
Ministerio de Trabajo de la Nación es funcional a los intereses de la empresa,
quien pretende profundizar la política de reducción y tercerización del
personal, debilitando de esta manera la organización sindical de los
trabajadores y precarizando aun más los derechos laborales.
La intransigencia
patronal, favorecida por la intervención de la delegación local del Ministerio
de Trabajo de la Nación, recibió un nuevo respaldo a través de la actuación del
Gobierno de la Provincia de Salta, quien dispuso la intervención de las fuerzas
policiales para reprimir a los trabajadores. De esta manera, tanto el Gobierno
Provincial como el Gobierno Nacional contribuyen a que la empresa profundice su
estrategia de precarización laboral: el Gobierno Nacional, a partir de una
actitud parcial de la delegación local del Ministerio de Trabajo, que restringe
arbitrariamente el ejercicio del derecho de huelga y avala los despidos
decididos por la empresa; el Gobierno Provincial, en tanto asume la tarea de
reprimir a los trabajadores que reclaman por la plena vigencia de sus derechos.
*Observatorio del Derecho
Social Central de Trabajadores de la Argentina (CTA)
Lima 609 | Buenos Aires
| Argentina
Tel: 011-4383-3305
email:
ods@obderechosocial.org.ar
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