Fabuloso negocio del
monopolio global
La operación de Monsanto sobre
Cristina Kirchner
Por Marcos Piña (Observatorio Sudamericano
de Patentes)
Las patentes
son mencionadas por los organismos internacionales de propiedad intelectual
OMPI, EPO (EUROPA) o USPTO (EEUU) como un indicador relevante de la actividad
innovadora en materia de ciencia y tecnología de un determinado país, pues en
general, los inventores o creadores –empresas- protegen aquellos aparatos,
métodos o productos que pretenden utilizar o comercializar en el territorio en
el que solicitan un registro monopólico por 20 años.
Los países
de economías más desarrolladas acaparan aproximadamente el 95% de toda la
inversión en ciencia y tecnología y un 96% de los registros de patentes sumando
los EEUU, Europa. Japon, Canada, China y Corea. Apenas un 0.5% de las patentes
son creadas en Latinoamérica y El Caribe.
Las empresas
focalizan el registro de patentes en aquellas industrias en las que pretenden
instalar monopolios o impedir que una industria local se desarrolle. Esa es la
doble función de las patentes proteger monopólicamente o patentar en aquellas
industrias en las que otro país es competitivo respecto de los países
desarrollados.
El caso más
demostrativo junto al de la industria farmacéutica es la denominada
agro-industria con sus organismos genéticamente modificados, sus semillas e
insumos para el tratamiento de las plantas, siendo Brasil, Argentina y Paraguay
tres de los cuatro mayores productores de soja y otras transgénicas del mundo.
Las empresas multinacionales desplegaron diversas estrategias de dominación
para diseminar y ampliar la frontera y las ganancias por propiedad intelectual
engañando y cooptando sectores de gobiernos para llevar a cabo sus negocios y
controlar los reclamos y críticas de organizaciones ambientales y la opinión
pública en general.
En
Argentina, la inteligencia de Monsanto cooptó al entonces director de la Agencia Nacional
de Ciencia y Tecnología, hoy ministro del área, Lino Barañao, quien estableció
un sistema de préstamos (FONDEN y FONTAR) financiados con créditos del BID para
proyectos de innovación originales o no (subsidios o préstamos con devolución)
que en todos los casos debían ser susceptibles de ser protegidos por patentes a
través de un tribunal de evaluación. La Agencia determina año tras año cuales
son los proyectos susceptibles de recibir los subsidios.
El director
de la Agencia nacional a través del periodista y matemático Adrián Paenza,
convenció al entonces presidente Néstor Kirchner, en medio de la disputa con
Monsanto por el cobro de royalties, de impulsar un modelo de desarrollo
tecnológico basado en el patentamiento de los resultados de las investigaciones
llevadas a cabo por científicos argentinos que luego de emigrar por mejores
salarios en dólares o euros, querían ser repatriados a su país con buenos
sueldos y mudanza asegurada. Era necesario para ello crear el primer Ministerio
de Ciencia y Tecnología, un golpe de efecto poderoso para quienes no
diferencian demasiado (como los presidentes) la ciencia y la tecnología de
fetiche, a la de negocios empresariales.
Así se
planeó la construcción de un Polo Tecnológico para concentrar físicamente a los
investigadores repatriados para los proyectos agro-tecnológicos,
nano-tecnológicos y de punta, aunque el mayor negocio es el de las compañías
transgénicas pues el plan cierra cuando recursos del Estado nacional son
invertidos ahora para investigaciones destinadas a “desarrollos innovadores
nacionales” que tendrán como destino las ganancias de las empresas semilleras
que hacían lobby a Néstor Kirchner por el pago de royalties de propiedad
intelectual.
Fallecido
Néstor, la presidenta fue finalmente convencida por Barañao y sus colegas de
CONICET que el patentamiento de los desarrollos hechos en Argentina por
científicos repatriados argentinos, era la mejor forma de lograr una ciencia
aplicada a su modelo de “crecimiento con inclusión social”. Los científicos y
los desarrollos financiados por su gobierno, (alrededor de unas 20 solicitudes
de patentes) a cambio de ganancias fabulosas para las empresas Monsanto,
Syngenta, Cargill o Nidera quienes monopolizan mas del 80% de las semillas
transgénicas en todo el Mundo.
El relato
engañoso del ministro llevó a la presidenta a decir sentirse orgullosa que una
investigadora, financiada mediante un acuerdo de las empresas agro-transgénicas Arcadia
Biociense (EEUU) y Bioceres/Grobocopatel (ARG) que presentan los desarrollos de
semillas genéticamente modificados como “logros de la ciencia e investigadores
nacionales”: es el caso del gen o evento de semilla de soja de la Doctora Raquel Chan
en la Universidad
Nacional del Litoral (UNL), resistente a sequías o inundaciones.
Este
“invento” fue presentado por la misma presidenta como nacional, siendo un
desarrollo financiado por una multinacional de EE UU, Arcadia
Biociense, a quienes se les transferirá la titularidad de la patente
a cambio de futuros royalties por las ventas generadas con la marca VERDECA en
todo el mundo.
El triunfo del lobby transgénico sobre la poco conocedora
presidenta Cristina Fernández debe concluir con la legislación que asegure las
ganancias de las empresas a futuro y para ello convencieron a Kirchner de
enviar al congreso un proyecto de Ley de Semillas conocido como “Ley Monsanto”
por ser a la medida de la transnacional sojera que presionó a Néstor Kirchner
durante todo su mandato, sin resultados. Ahora, se instruyó al ministro de
agricultura argentino a enviar al congreso un ante proyecto de ley de semillas
acordado con Monsanto que presenta una redacción "digerible" para ser
aprobado por las dos cámaras Parlamentarias.
De aprobarse
esta ley, sería la estocada final para los pequeños y medianos agricultores que
deberán comprar las semillas o pagar royalties a las transnacionales ahora
financiadas con los fondos del Estado argentino a través de las investigaciones
patentadas por el CONICET y transferidas a las semilleras de Estados Unidos que
comerciarán las semillas en su país, en Argentina y en el mundo.
Lorenzo
Basso, el secretario de Agricultura de Argentina, develó que desde la creación
del Ministerio de Agricultura en los últimos tres años se aprobaron 14 eventos
versus los 13 que se habían autorizado en los primeros diecisiete años desde
que se creó el marco regulatorio en la Argentina, de alli la necesidad de
acelerar una nueva normativa con reconocimiento de la propiedad intelectual de
la empresas transnacionales semilleras.
“En particular, existe una gran potencialidad por
explotar en los desarrollos obtenidos por investigadores nacionales, ninguno de
los cuales llegó al mercado y la introducción de variedades transgénicas en
especies diferentes de la soja, maíz o algodón", dijo Basso.
De acuerdo con el funcionario, la modificación de la ley de semillas "avanzará sobre el reconocimiento de la propiedad intelectual del germoplasma". La lista de eventos en evaluación abarca nuevos cultivos como trigo, papa, arroz, cártamo, etcétera.
"Existen cultivos con nuevas características, tales como resistencia a sequía, mayor rendimiento, resistencia a virus y producción de proteínas con valor agregado. Asimismo, resistencia a herbicidas y plagas diferentes a lo disponible hoy en el mercado, expresó. Monsanto tiene convenios con Dow, Nidera, Sursem y Syngenta, entre otras, para la llegada de esta tecnología transgénica.
De acuerdo con el funcionario, la modificación de la ley de semillas "avanzará sobre el reconocimiento de la propiedad intelectual del germoplasma". La lista de eventos en evaluación abarca nuevos cultivos como trigo, papa, arroz, cártamo, etcétera.
"Existen cultivos con nuevas características, tales como resistencia a sequía, mayor rendimiento, resistencia a virus y producción de proteínas con valor agregado. Asimismo, resistencia a herbicidas y plagas diferentes a lo disponible hoy en el mercado, expresó. Monsanto tiene convenios con Dow, Nidera, Sursem y Syngenta, entre otras, para la llegada de esta tecnología transgénica.
Este engaño
y traición de los investigadores del CONICET junto a la inteligencia de
Monsanto, de la mano de Barañao, llevó a que la presidenta Cristina
anunciara frente a los gerentes de esta empresa monopólica la defensa de las
patentes (pues ahora argentina producía patentes) y el acuerdo de aceptación de
la propiedad intelectual de las semillas (actualmente prohibida en la
legislación nacional) junto a la instalación de la mayor planta de tratamiento
de semillas transgénicas de Latinoamérica en la localidad de Islas Malvinas,
provincia de Córdoba.
Lo que a la
presidenta le ha sido ocultado es que el sistema de patentes en vigencia
beneficia a las empresas transnacionalizadas y pocas ganancias le reportan a
las empresas nacionales: de hecho cada vez hay menos patentes argentinas: según
los datos suministrados por la Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología
Iberoamericana e Interamericana (RICYT) en el año 2005 las solicitudes de
patentes nacionales de todas las industrias presentadas en el país eran de
1054, mientras las presentadas en 2010 fueron 552. En cambio las patentes
extranjeras presentadas ante la oficina de patentes de Argentina fueron 4215 en
el 2005, siendo de 4165 en el año 2010.
La asimetría existente muestra el nivel de extranjerización de la
ciencia y la tecnología en Argentina y la estrategia del CONICET de transferir unas
pocas patentes al exterior lleva a disminuir el número de patentes realmente
explotadas por empresas nacionales. Este hecho muestra que el sistema de
patentes vigente favorece a las economías y empresas transnacionales y de
continuar esta situación el propio sistema apoyado y financiado por las
principales potencias económicas continuará atentando contra la soberanía
tecnológica de Argentina y demás países en desarrollo, pues la titularidad
queda en manos de la empresa estadounidense.
Esta compleja trama fue muy
bien urdida por los agentes científicos formados en Estados Unidos y plantados
en el CONICET que consiguieron financiamiento nacional de la presidenta, un
ministerio de ciencia y tecnología y ganancias propias dejando de lado el
interés de los consumidores que ven como se inflan los precios de los alimentos
por
investigación y desarrollo junto a costos de marcas y publicidad pagados por
los salarios de los trabajadores argentinos que aportan con sus impuestos al
fisco.
La
inteligencia tecnológica realizada sobre el gobierno y la presidente Kirchner
han sido una de las mayores operaciones realizadas sobre un gobierno
“progresista” de la región, aunque no ha sido el único: ya ingresaron en Brasil
y Uruguay , y quieren ingresar en Ecuador, Bolivia y Venezuela. En Paraguay
dieron un Golpe de Estado y están junto a la USAID en el propio gobierno.
Presentación de patente para mejorar rendimiento de
cultivos
Cristina Fernández de Kirchner y Monsanto
Fuente original: http://matrizur.org/index.php?option=com_content&view=article&id=25654
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=165479
Cristina Fernández de Kirchner y Monsanto
Fuente original: http://matrizur.org/index.php?option=com_content&view=article&id=25654
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=165479
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