"Las condenas de Pedraza, Fernández, Díaz, Favale, Sánchez, Alcorcel, González, Pipitó y los comisarios Ferreyra y Mansilla por el homicidio consumado de Mariano y los homicidios tentados de Elsa, Nelson y Ariel; así como las condenas del comisario Lompizano, el subcomisario Echavarría y el oficial Conti por incumplimiento de sus deberes y la del agente Villalba por omisión de deberes de oficio, muestran con claridad hasta dónde estuvo dispuesto a llegar el tribunal para hacer su propia manifestación de principios, y exponer su “particular visión del mundo”, esa que, como la nuestra, expresa su punto de vista de clase. Y lo hicieron a fuerza de más de un pase de magia, para negar lo evidente. "
Por CORREPI
Caso Mariano Ferreyra:
Condenar a los individuos para
salvar al sistema
“La querella del PO, la Dra. Verdú , de CORREPI,
nos está hablando de un plan de tres patas, empresarios, ferroviarios y
gobierno, y que se terceriza la represión por parte de un discurso de un
gobierno que por un lado dice que no se criminaliza la protesta y por otro lado
permite que particulares lo hagan.
La respuesta que entiende el
tribunal a esto es que tampoco eso se puede inferir del diálogo de Tomada con
Pedraza. Tomada se lo quiere sacar de encima. Pareciera que “la mejor defensa
es un buen ataque”, es lo mismo como que le diga “siempre que llovió, paró”.
“Antes que me digas que hace 40 llamados que no te devuelvo, lo único que te
voy a decir es que la mejor defensa es un buen ataque”. Y después sí se habla
de todos esos tercerizados que ingresaron, y que hay que trabajarlos política y
psicológicamente para esta cuestión de que no traigan problemas de poder.
María del Carmen Verdú muestra,
pero no demuestra lo que afirma. En esa ausencia de despliegue, pliegue y
repliegue está la diferencia entre una prueba y una manifestación de
principios. Esa referencia da cuenta más de su propia visión del mundo que de
un elemento que pueda transferirse de razonamiento en razonamiento.
Es como la diferencia entre una
demostración científica y un truco de magia. Es imposible de verificación. ¿Por
qué? Porque uno podría plantear otra explicación causal a ese estado de cosas.
Y ¿cuál es? Que la falta de comprensión de las fuerzas de seguridad de lo que
es esta expresión “no hay que criminalizar la protesta” genera decepción en la
ciudadanía y esto genera reacción frente esa decepción, pero no implica que hay
una articulación para que esto opere. Por lo menos, no está demostrado”.
Con esas palabras, el juez Horacio
Días, presidente del tribunal oral nº 21, quiso explicar por qué él y sus
colegas rechazaron, por unanimidad, la existencia de un plan criminal gestado,
organizado y ejecutado por la triple alianza antiobrera: el gobierno, la
patronal y la burocracia sindical, esos tres históricos aliados contra la clase
trabajadora, que, así como actúan de conjunto para garantizar sus comunes
negocios, se complotaron para aleccionar a los trabajadores que no les
respondían y buscaban su propio camino de lucha independiente. El asesinato de
Mariano Ferreyra fue el resultado de ese plan común.
El tribunal contestó también lo
que dijo CORREPI, a través de la compañera Verdú , en el alegato: “Es público y
notorio, y por ello no requiere más prueba que la observación de la realidad
cotidiana, el modo en que el gobierno nacional resuelve la paradoja de sostener
ese latiguillo propagandístico para cooptar consenso, al tiempo que lo apremia
la necesidad de poner freno a las demandas insatisfechas de los trabajadores
que se organizan y pelean. Y para eso están las patotas”.
Cuando una proposición no necesita
comprobación alguna, porque es evidente, se llama axioma. Frente a un axioma
que afecta los intereses de la burguesía, sus intelectuales se ven forzados a
utilizar la falacia, como cuando el Dr. Días atribuye la participación policial
en el ataque a los trabajadores en Barracas a la “incomprensión” de las fuerzas
de seguridad y la “decepción que genera reacción” de la ciudadanía ante la
proclamación oficial de la “no represión de la protesta”. Veintiún asesinados
en la represión al conflicto social en los 10 años de gestión kirchnerista
–incluido Mariano- y más de 4.000 encausados por luchar son suficiente prueba
para nosotros, y para quienes comparten “nuestra visión del mundo”.
Frente a un axioma, la burguesía
también utiliza la mentira lisa y llana, como lo hizo el juez Días cuando,
mirando directamente hacia los militantes de CORREPI, dijo: “la muerte de
Walter Bulacio terminó con las razzias”. No lo dijo un día cualquiera. Era 19
de abril de 2013. Exactamente 22 años antes, casi a la misma hora, el pibe de
17 años de Aldo Bonzi era detenido en el operativo policial dirigido por el
comisario Miguel Ángel Espósito. Una semana después, murió como consecuencia
del apaleamiento recibido. Entre el 25 de mayo de 2003 y fin de noviembre de
2013, otros 2.224 adolescentes y jóvenes fueron asesinados por el aparato
represivo estatal, buena parte de ellos después de ser detenidos, como Walter,
en razzias, por averiguación de antecedentes, faltas o contravenciones, incluso
en festivales de rock, como Rubén Carballo.
Ni CORREPI, ni nadie, necesita más
que caminar la calle para saber que nunca terminaron las razzias, las
detenciones arbitrarias, la tortura ni el gatillo fácil, que siguen vigentes
las normas que permiten las primeras y se dictan a diario sentencias que
justifican los últimos.
El tramo de la explicación de la
sentencia que el tribunal dedicó tan directamente a CORREPI, es el corazón de
los argumentos con los que, tras 75 audiencias a lo largo de más de nueve
meses, condenaron a un puñado de individuos para salvar al sistema. Sólo
rechazando la existencia de la evidente “convergencia intencional” de los
policías con la patota, con la bendición de la empresa y el aparato estatal,
podían los jueces garantizar la impunidad de la dama y el rey, en cuyo
beneficio entregaron un par de alfiles y un puñado de peones que ya no eran más
que lastre.
Tenían que negar el plan criminal
y el uso de la tercerización de la represión por exigencia de sus mandantes.
Así, condenaron a medias, para garantizar la impunidad de la patronal y el
gobierno, y se negaron a ordenar que se investigue a los funcionarios del
gobierno nacional, a los empresarios de UGOFE, a otros policías federales y
provinciales y otros miembros de la patota. Justificaron
la condena por “homicidio simple”, y no por el homicidio calificado por haber
sido cometido por más de dos personas, en que “los acusadores no probaron el
acuerdo previo para matar”. Fue, pues, una trágica casualidad que todos, tan
bien coordinados, hicieran lo que debían hacer para que el ataque se consumara.
Pero la verdad, cuando es
evidente, se impone sola. El fallo en sí mismo indica que hubo un plan, y no un
simple homicidio. Es imposible imaginar que la patota de Pedraza y los
comisarios condenados se pusieran de acuerdo sin la venia de sus jefes
políticos. Fue un fallo diseñado a la medida del gobierno, que por eso mandó a
varios de sus funcionarios y militantes a aplaudirlo. Un fallo
autocontradictorio, pero completamente lógico desde la perspectiva del sistema.
Las condenas de Pedraza,
Fernández, Díaz, Favale, Sánchez, Alcorcel, González, Pipitó y los comisarios
Ferreyra y Mansilla por el homicidio consumado de Mariano y los homicidios
tentados de Elsa, Nelson y Ariel; así como las condenas del comisario
Lompizano, el subcomisario Echavarría y el oficial Conti por incumplimiento de
sus deberes y la del agente Villalba por omisión de deberes de oficio, muestran
con claridad hasta dónde estuvo dispuesto a llegar el tribunal para hacer su
propia manifestación de principios, y exponer su “particular visión del mundo”,
esa que, como la nuestra, expresa su punto de vista de clase. Y lo hicieron a
fuerza de más de un pase de magia, para negar lo evidente.
Por último, celebramos que, al
fin, un tribunal se vea obligado a reconocer que, cuando CORREPI litiga, hace
una manifestación de sus principios, y no queda atrapada en la falacia de una
legalidad que no nos pertenece ni está pensada para defender a los trabajadores
y el pueblo.
El fallo:
El tribunal oral nº 21 condenó al
secretario general de la
Unión Ferroviaria , José Ángel Pedraza, y a su segundo, Juan
Carlos “Gallego” Fernández, a la pena de 15 años de prisión como partícipes
necesarios del homicidio de Mariano Ferreyra y los homicidios en grado de
tentativa de Elsa Rodríguez, Nelson Aguirre y Ariel Pintos. A Pablo Díaz,
titular de la Comisión de Reclamos de la UF; al barra brava Cristian “Harry”
Favale y al ferroviario Gabriel “Payaso” Sánchez, los condenó a cumplir 18 años
de prisión como partícipe necesario, el primero, y coautores, los dos segundos,
del mismo hecho. Otros dos integrantes de la patota de la UF, Daniel González y
Salvador Pipitó, recibieron penas de 11 años como partícipes necesarios. Gustavo Alcorcel fue condenado a 8 años de prisión
como partícipe secundario, y finalmente, fueron absueltos los últimos dos
ferroviarios, Armando Uño y Juan Carlos Pérez.
Los comisarios Luis Osvaldo
Mansilla y Jorge Raúl Ferreyra (Control de Líneas y División Roca) fueron
condenados a 10 y 9 años de prisión respectivamente, como partícipes necesarios
el homicidio consumado y los homicidios en grado de tentativa. Los funcionarios
policiales de la
Dirección General de Operaciones, el comisario Hugo Ernesto
Lompizano; el subcomisario Luis Alberto Echavarría y el oficial Gastón Maxi miliano Ezequiel Conti, fueron condenados a la
pena de 2 años de prisión de ejecución condicional, como autores del delito de
incumplimiento de los deberes de funcionario público. Por último, el agente
David Ismael Villalba deberá pagar una multa de $12.500 como autor del delito
de omisión de deberes de oficio, mientras que el subcomisario Rolando César
Garay fue absuelto.
CORREPI
Coordinadora contra la Represión Policial
e Institucional
Ciudad de Buenos Aires • Argentina
correpi@fibertel.com.ar
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