22 de noviembre de 2013

Destapemos cómo el gobierno CFK (apoyado por la Corpo) nos entretiene con Kiciloff unido a Capitanich desde los 90, mientras está por imponer mayor afianzamiento del neoliberalismo.

La Unión de Asambleas Ciudadanas nos comunica:

La reforma y unificación de los Códigos Civil y Comercial
que quiere aprobar el gobierno nacional en el Congreso.

Por  Luis Zamora

Algunos antecedentes.

En el Congreso se está por aprobar la unificación y reforma del Código Civil y del Código Comercial. El proyecto de ley fue enviado por el gobierno de Cristina Fernández. Los orígenes de esta reforma se encuentran en un decreto presidencial de Menem de mediados de los 90 con el argumento de “modernizar” esos Códigos. Recordemos que esa fue la palabra utilizada en esa década para avanzar en el saqueo privatizador y justificar el atropello a tantos derechos arrancados al pueblo trabajador.
Esa tarea fue recogida luego por el gobierno actual que conformó una Comisión integrada por el presidente y una vocal de la Corte, Lorenzetti y Highton de Nolasco, respectivamente, más una jurista civilista Kemelmajer. Luego de las reformas propuestas por esa Comisión y un período en el que se frenó el impulso original por el acceso de Bergoglio al poder de Roma, el gobierno redactó un  proyecto de ley y finalmente lo envió al Congreso.
Ese es el que se está debatiendo ahora y próximo a aprobarse ese ámbito.

Una reforma reaccionaria aprobada con métodos antidemocráticos. El rol de la Iglesia.
Más allá de que el Código Civil está basado en la propiedad privada capitalista y responde al país burgués construído en el siglo XIX y por ello no es fácil hacerle reformas aun más reaccionarias, puede afirmarse que se lo logra con este proyecto; la propuesta original reformatoria de la Comisión nombrada, en comparación con conquistas que fallos judiciales habían tenido que reconocer en las últimas décadas, ya era un retroceso frente a esos avances, aunque como siempre  la revestían con algunos ropajes progresistas, por ej. el llamado “divorcio express” o agilización de ese proceso.

Sin embargo el proyecto del gobierno agudizó aun más ese carácter reaccionario lo que ha sido denunciado desde varios sectores políticos, sociales y hasta de credos distintos al católico que se sienten discriminados. Desde una mirada democrática y de izquierda esa reforma debe cuestionarse:

  • Primero porque mantiene ese andamiaje burgués, reaccionario, liberal de dos siglos atrás.
  • En segundo lugar porque una reforma tan de fondo que hace a la organización familiar, el derecho a la vivienda, los contratos de alquiler, el derecho a la tierra, los bienes comunes (por ej. el derecho al agua), los pueblos originarios, y tantos más que influyen en nuestra vida cotidiana fue  hecha por tres personas y sólo debatida en comisiones y ámbitos reducidos. Y esa aseveración no desconoce que se hicieron lo que se llama “audiencias públicas” pero de ellas se enteran y participan sólo una minoría de personas y organizaciones y se deja de lado a la mayoría del pueblo. Y encima sus conclusiones luego fueron modificadas (desconociendo incluso lo discutido en esas “audiencias públicas) como resultado del repentino giro ante la Iglesia que tuvo el gobierno luego que el cardenal Bergoglio fuera elegido Papa y las presiones eclesiásticas y vaticanas fueron valoradas de otra forma por la presidenta Fernández de Kirchner.


Las reformas en sí.

En lo que hace a las reformas son muchas las razones y las temáticas para denunciarlas. 
-Entre ellas cambia reglas referidas a la responsabilidad del Estado ante juicios de particulares por los daños que causen sus funcionarios en el sentido de obstaculizar más la posibilidad de enjuiciarlos civilmente y conseguir reparaciones económicas por los desastres que causan en el pueblo. Además pone más trabas procesales en general en juicios que inicien particulares contra el Estado -eso incluye a los jubilados, por ej.-  y como lo han denunciado ATE y la Asociación de Abogados Laboralistas, los empleados públicos perderían, de aprobarse el proyecto, la posibilidad de reclamar por vía civil indemnizaciones por los accidentes de trabajo que sufran, lo que significa precarizar aun más el trabajo estatal.

-Por otra parte el proyecto a punto de aprobarse incorpora al Código unificado tratados en los que el país sea parte con lo que finalmente el gobierno nacional -a pesar de todo lo dicho en sentido contrario-  propicia aceptar nada menos que la jurisdicción de tribunales internacionales como se prevé en los tratados, llamados cínicamente de Protección Recíproca de Inversiones (TBI), firmados y aprobados por el menemismo y la Alianza incluyendo la competencia del CIADI (el tribunal del Banco Mundial) por litigios entre empresas transnacionales y el Estado Argentino y al que siempre el gobierno le había negado discursivamente competencia, a pesar que, de hecho, viene de aceptar sus sentencias y de comprometerse a pagar las indemnizaciones que en ellas se fijan. Como también se estarían reconociendo las jurisdicciones extranjeras, por ejemplo la de los Tribunales de Nueva York que, con la complicidad gubernamental, violan toda soberanía del país, que tanto se declama, al decidir conflictos con los fondos buitres respecto de las refinanciaciones o canjes de la deuda externa nacional.

-También le da una preponderancia a la Iglesia Católica mayor de la que ya tiene en la actualidad y por encima de las demás religiones a las que claramente discrimina. Diversos credos han cuestionado esta discriminación y esta decisión de seguir insistiendo en no separar al Estado con la Iglesia Católica. Y como ya dijimos la voltereta súbita pegada por el gobierno respecto de Bergoglio a partir de que se lo designó Papa trajo como consecuencia congelar primero la reforma a los Códigos y su unificación para luego negociar y modificar varios aspectos que irritaban al autoritarismo eclesiástico.
Y relacionado con esto -quizás uno de los temas más repudiables- se vuelve a aceptar los reclamos clericales al establecer la formulación sobre “la existencia de la persona humana a partir de la concepción en el seno materno”. Esta definición, como se sabe, es la utilizada recurrentemente para tratar de  impedir jurídicamente la legalización del aborto e incluso puede usarse y se usa esa concepción para mostrar contradicciones  y poner trabas a la aplicación del llamado “aborto no punible” que surge del Código Penal.
Para que se vea el carácter más reaccionario del proyecto del gobierno -aun sobre el de la Corte-  hay que señalar que el que propone ahora el gobierno sacó del artículo mencionado sobre el comienzo de la existencia de la persona humana redactado por la Corte el agregado final que se refería a que, en los casos de reproducción asistida, la existencia de una persona comienza desde “la implantación del embrión”. Y la eliminación de la “implantación” -que fue resultado también de la presión católica vaticana- es para que no queden dudas del origen “natural - divino” de la concepción, de forma de impedir decisiones humanas al respecto (es decir, casualmente, las de la mujer sobre su cuerpo).
Así se discrimina especialmente, aunque no solamente, a las mujeres que quieren tener hijos sin parejas varones o mediante la fertilización asistida. Suprimiendo, además, con la promesa de alguna vez regularlo por separado en el futuro, todo lo referido a recurrir a vientres alquilados y a la fecundación “pos morten”.

-Insólitamente el gobierno nacional eliminó del anteproyecto original (recuerdo que fue redactado, entre otros, por Lorenzetti y Highton de Nolasco) el artículo 241 del Anteproyecto que rezaba: “Derecho fundamental de acceso al agua potable: Todos los habitantes tienen garantizado el acceso al agua potable para fines vitales”. Esa enunciación garantizaba poco y nada ya  que no iba acompañada de regulación complementaria alguna como sería exigible respecto a la propiedad pública (del pueblo)  de lagos y humedales como a último momento se incluyeron glaciares y lagunas. Pero más allá de su carácter meramente enunciativo la eliminación es demostrativa del objetivo de desprotección y privatista de los bienes comunes como de priorizar el lucro capitalista por sobre las necesidades populares y el cuidado ambiental.

-También el gobierno propicia reducir el llamado “camino de sirga”, es decir el terreno que debe dejarse entre las propiedades inmobiliarias y el agua fluvial o marítima que en la actualidad es de 35 metros y que el proyecto baja a 15 metros. Y esto se hace cuando desde hace años poderosos propietarios, grandes empresarios o empresas no sólo no dejan ningún terreno libre entre sus propiedades y el agua sino que encima impiden el acceso público al agua, por ejemplo de lagos, con el uso de la violencia policial o de patotas armadas contratadas como seguridad privada llegando a asesinar personas que intentaron arribar a esas aguas que son públicas invocando que son intrusos que se introducen en predios privados. Y en vez de exigir que se respeten caminos de acceso al agua en todos los casos, se propicia reducir el llamado camino “de sirga”.

-Asimismo se perjudican notoriamente los derechos de los pueblos originarios. En primer lugar varios de ellos han denunciado no haber sido consultados como lo exige la propia Constitución Nacional (art.75) y el Convenio 169 de la OIT que exigen un proceso especial de consulta lo que no se puede suplir con audiencias públicas como las ya aludidas. Además se les requiere para el ejercicio de los derechos de posesión y propiedad que se establecen en el Código un registro y una inscripción estatal que supone el otorgamiento de personería jurídica. Precisamente ese requerimiento contraviene el carácter preexistente que tuvo que reconocer la Constitución Nacional en el art. 75º, inciso 17. Es importante la diferencia: no es el Estado Nacional (el mismo que llevó adelante las últimas matanzas sufridas por esos pueblos) el que otorga la condición de existencia de un pueblo originario, este preexiste al Estado Nacional.  No se puede condicionar derechos a esos pueblos a otorgamientos de registro alguno que solo pueden ser declarativos. Encima al no reconocer las posesiones actuales ni diferenciarlas de otras no ancestrales por el vínculo distinto con la tierra y la naturaleza sigue negando derechos y posibilitando los violentos desalojos que hoy suceden. Tampoco establece procedimientos para titular esas tierras ocupadas por las comunidades en forma rápida e inmediata como es exigible. Claro que ante un carácter tan reaccionario fueron muchas las comunidades que terminaron reclamando que no se incorporara regulación alguna con el objetivo de poder impedir más desconocimientos a sus derechos.


En conclusión una reforma antidemocrática, clerical y privatista, propiciada por el gobierno, está por aprobarse en el Congreso en estos días.

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