Félix
Díaz: “Nuestro destino está en manos de
29 de abril de 2014
El
qarashe Félix Díaz y miembros de la Mesa de Garantes de la comunidad qom Potae
Napocna Navogoh dieron una conferencia de prensa para informar que rechazaron
ante la CSJN el relevamiento territorial realizado en la comunidad. Se
anunció que la
Auditoría General de la Nación auditará el relevamiento y
está en marcha la elaboración de un Amicus Curiae. Los originarios podrían
recurrir a organismos internacionales si la Justicia le da la espalda a sus
reclamos.
Por Liliana
Giambelluca
Organismos
defensores de derechos humanos que conforman la Mesa de Garantes en el diálogo
de la comunidad qom Potae Napocna Navogoh de Formosa con el gobierno nacional
convocaron ayer a una conferencia de prensa en la sede del Servicio Paz y
Justicia (Serpaj) para informar que “la Mesa y los hermanos rechazamos
absolutamente el relevamiento que hizo el gobierno nacional y provincial porque
no se contempló el reclamo central, que es el reconocimiento de sus tierras
ancestrales”, dijo Pablo Pimentel (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos
de La Matanza), al abrir la conferencia.
El Premio
Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, Nora de Cortiñas (Madre de Plaza de
Mayo-Línea Fundadora) y Aldo Echegoyen (Asamblea Permanente por los Derechos
Humanos Nacional), también integrantes de la Mesa, se pronunciaron en igual
sentido.
En agosto
del año pasado, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y el
Instituto de Comunidades Aborígenes (ICA) de Formosa comenzaron un relevamiento
técnico, jurídico y catastral de las tierras donde habita la mencionada
comunidad qom. En mayo, la
Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) había ordenado
a las autoridades nacional y provincial que den cumplimiento a la Ley 26.160,
dando lugar al reclamo iniciado por Félix Díaz.
Terminados
los trabajos se realizó una nueva cartografía, pero un sector de la comunidad
lo rechazó porque los terrenos donde vive la familia Díaz y otras
veinte familias no fueron relevados, por lo que las tierras quedaron en
condiciones de “ocupadas”.
“Al desconocer nuestra ocupación
ancestral, pasamos a ser usurpadores y nos inician causas penales. Es una
estrategia jurídica para legitimar el despojo”, dijo Félix Díaz en la
conferencia de prensa.
También
se limitó la participación de Díaz y sus vecinos en los aspectos técnicos
territoriales que ellos conocen.
El pastor
kirchnerista Cristino Sanabria formó parte de esas actuaciones irregulares de
los funcionarios, por lo que aceptó el resultado del relevamiento sin
cuestionarlo.
El
conflicto se inició cuando en tierras de la comunidad comenzaron trabajos de
desmonte y demarcación iniciados por el Estado provincial para construir el
Instituto Universitario Agropecuario, dependiente de la Universidad Nacional
de Formosa. Para ello, en 2010 los originarios fueron desalojados de su
territorio por la fuerza policial y quemadas varias de sus viviendas.
Félix
Díaz presentó ante los tribunales federales de Resistencia, Chaco, una medida
cautelar de no innovar en el marcado de las tierras ancestrales y reclamó su
restitución. La causa está caratulada “Comunidad Indígena Toba La
Primavera-Novogoh c/ Formosa, Provincia de s/ incidente de medida cautelar”, y
en la actualidad se tramita ante la Secretaría de Juicios Originarios de la
CSJN.
El 7 de
marzo de 2012, el máximo Tribunal citó a las partes para celebrar una audiencia
pública y destacó que “La decisión se sustenta en la gravedad de los hechos de
violencia producidos con motivo del conflicto generado por los trabajos de
desmonte y demarcación iniciados por el gobierno provincial”, por lo que es
necesaria la “adopción de medidas conducentes a la superación del estado de
cosas referido”.
“Nuestro destino está en manos de la Corte Suprema de
Justicia”, dijo ayer el referente qom, y continuó: “Ojalá que los jueces
analicen profundamente el tema y tomen decisiones a favor de nuestra comunidad
y no a favor de un partido político. Si lo hacen, serán un ejemplo de
reparación histórica del abandono y la injusticia que padecemos los pueblos
indígenas, pero si resuelven de manera negativa, estarán legitimando el
genocidio silencioso que padecemos”.
Luego
Aldo Echegoyen destacó “la falta de voluntad política por parte de las
autoridades formoseñas”. Informó que la semana pasada, los integrantes de la
Mesa de Garantes presentaron ante la CSJN un documento donde señalan que “el
relevamiento se hizo de manera incorrecta, a la vez que no se reconoce la
totalidad del territorio a la comunidad qom. Esperamos que la Corte lo tenga en
cuenta”.
A
continuación, Nora de Cortiñas consideró que “este relevamiento nos ofende a
todos los argentinos y es una provocación”. Se preguntó “¿qué van a contar
estos funcionarios provinciales y nacionales cuando pasen los años? ¿Contarán
su perversión inhumana e inmoral como funcionarios?”. Dijo que le “duele” lo
que está ocurriendo con los pueblos originarios y que “la lucha de este pueblo
y de nuestros 30 mil desaparecidos no fue para vivir esta situación”.
Adolfo
Pérez Esquivel destacó que “estamos en un plan de lucha para que se respeten
los derechos de los pueblos originarios. No sólo es un problema de la comunidad
qom, es un problema de todos los pueblos originarios del país”. Comunicó que le
pidió a Leandro Despouy, presidente de la Auditoría General
de la Nación, una auditoría de los relevamientos realizados en la comunidad qom
y también refirió a la presentación ante la CSJN. Dijo que “si esto
no funciona hay que recurrir a los organismos internacionales, pero primero
tenemos que agotar nuestras instancias jurídicas”.
Leandro
Despouy, presidente de la
Auditoría General de la Nación (AGN), abogado experto en
derecho internacional, manifestó que aceptaba el pedido del Premio Nobel de la
Paz, de realizar una auditoría para saber cómo se efectuó el relevamiento,
“sobre todo para conjurar la posibilidad de que haya sido un instrumento de
usurpación y no de reconocimiento de los derechos”.
También
dijo que “si la Corte, que es la última instancia nacional, no puede ayudarlos
a resolver este tema, que no se produzcan relevamientos ilegales,
inconstitucionales e internacionalmente prohibidos y las agresiones siguen, el
momento de la intervención de otras instancias internacionales, ha llegado”,
porque “a esta comunidad se la está persiguiendo descaradamente desde
instancias oficiales de gobierno y necesitamos una respuesta”.
Despouy
dijo que los relevamientos territoriales “no se hacen para quitarles a los
pueblos los derechos ancestrales sobre sus tierras, se hacen precisamente para
que el Estado ofrezca las garantías que ninguno de esos territorios va a ser
vulnerado, usurpado por el Estado o los privados”. En cambio, el relevamiento
en la comunidad qom se transformó “en un instrumento de privación y de
usurpación de esos derechos”, y ello “es una violación del derecho internacional,
del derecho constitucional y también una violación de la propia ley que
establece la obligatoriedad de los relevamientos territoriales”.
OTRAS
MEDIDAS
También
se anunció que se está elaborando un Amicus Curiae para presentar ante la Corte Suprema de
Justicia de la Nación y si la comunidad lo pide la posibilidad de una denuncia
ante el Tribunal Permanente de los Pueblos.
Pablo
Pimentel dijo que “El último palenque que tiene el pueblo argentino es la
Corte, si no dan respuesta apelaremos a los organismos internacionales, pero
también saldremos a la
calle. La calle, donde siempre se manifiesta el pueblo
argentino”.
Convocaron
a la conferencia de prensa el SERPAJ, APDH Nacional y APDH La Matanza, el
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Secretaría de Pueblos
Originarios de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Amnistía
Internacional Argentina, Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI),
Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (ODHPI), Resistencia Qom,
Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa) y el Grupo de Apoyo Jurídico por
el Acceso a la Tierra (GAJAT), entre otros.
EL OTRO
“RELATO”
James
Anaya, relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre
derecho indígena, a fines de 2011 recorrió comunidades originarias de las
provincias de Buenos Aires, Neuquén, Río Negro, Salta, Jujuy y Formosa, y se
reunió con autoridades y representantes aborígenes. También visitó Potae
Napocna Navogoh (La Primavera) y se reunió con Félix Díaz y miembros de su comunidad
qom. En diciembre de ese año instó al Gobierno argentino a dar “mayor prioridad
a los temas relacionados con los derechos humanos de los pueblos indígenas”,
que afrontan problemas de contaminación, salud y educación, entre otros. El
relator manifestó que “una preocupación central” expresada por las comunidades
es “la falta de seguridad jurídica de sus derechos sobre sus tierras
tradicionales”, además de los “retrasos en los procesos de relevamiento
territorial” y “los desalojos de indígenas dentro de las extensiones de tierras
reclamadas por ellos”. En septiembre de 2012 elevó su informe final donde,
entre otros temas, solicitó a la Argentina que se ponga fin a los desalojos de
las comunidades indígenas hasta que no se defina el proceso de relevamiento técnico-jurídico
de las tierras en disputa.
Por la
parte argentina, el 23 de noviembre de 2011, organismos defensores de Derechos
Humanos (SERPAJ, APDH y CELS) envían una extensa carta a la presidenta de la
Nación, donde destacan que el gobierno formoseño sigue desconociendo los
derechos de los originarios qom, a pesar de los acuerdos logrados en la mesa de
diálogo.
El
Gobierno de la Provincia de Formosa intentó obstaculizar la Mesa y la firma de
los acuerdos logrados. En septiembre de ese año, durante una reunión, se mostró
reticente a avanzar en las soluciones propuestas y abandonó el diálogo. Por su
parte, el Estado Nacional no logró gestionar el conflicto con el gobierno de la
Provincia, ni avanzó en las soluciones que son de su exclusiva competencia.
En marzo
de 2012, invitado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH), Félix Díaz viajó a Washington para exponer la situación de su pueblo,
en el marco de las medidas cautelares dispuestas por la CIDH ante la falta de
seguridad que padece la comunidad qom. Se firmó un Acuerdo con funcionarios de
la provincia y de la Nación.
En cuanto
a la normativa provincial, la
Ley Integral del Aborigen N° 426/84, de la provincia de
Formosa, tiene como objeto garantizar “la propiedad de la tierra y otros recursos
productivos en igualdad de derechos con los demás ciudadanos” (art. 1°, del
Capítulo 1). En su art. 12, del Capítulo II dice que la tierra de las
comunidades aborígenes “no podrá ser embargada, arrendada a terceros ni
comprometidos en garantía real de crédito alguno, en todo o en parte bajo pena
de nulidad absoluta. La tierra que se les otorgue no podrá ser enajenada
(artículo 57, in
fine, Constitución Provincial)”.
La ley
creó el Instituto de Comunidades Aborígenes (ICA), el que en el Área Tierra
“brindará todo el apoyo técnico necesario para el traspaso definitivo de las
tierras de los aborígenes de acuerdo a lo dispuesto en la presente ley”.
Hasta el
momento, el reconocimiento de la propiedad comunitaria contemplado en Ley
Integral Aborigen, sólo es un enunciado.
El 6 de
mayo de 2013, Adolfo Pérez Esquivel le escribió unas carta al gobernador de
Formosa, Gildo Insfran, para manifestarle, entre otras cosas, que “hasta la
fecha, ni su gobierno, ni el gobierno nacional han permitido un diálogo sincero
y un reconocimiento hacia el derecho que la comunidad tiene a su territorio”, a
la vez que “las agresiones y amenazas a la familia de Félix se hacen
insostenibles”. Y le pregunta a Insfrán: “¿qué se está esperando con toda esta
situación? ¿Que los violentos que agredieron a la familia de Félix sean más
duros y terminen matando a alguien? ¿O que se provoque un enfrentamiento fuerte
entre los hermanos qom?”.
De un
tenor y preocupación semejante fue la nota que escribió en enero de este año el
presidente de la Auditoría
General de la Nación y expresidente de la Comisión de
Derechos Humanos de la ONU, Leandro Despouy. Se pregunta ¿cuándo se detendrá el
asedio criminal a los qom, a Félix Díaz y a su familia? ¿Cuándo Félix Díaz y su
pueblo abandonen su lucha? ¿Cuando finalmente sea encarcelado?”. El abogado
entiende que “no se vislumbra el final” y que “de no cesar inmediatamente, esta
escalada podría desembocar en más hechos irreparables”. Ante la falta de
respuesta de la Justicia interroga si no habría “que buscar en el campo
internacional la salida que nuestra arquitectura jurídico-institucional es
incapaz de dar”. (“Cónica de un destino manifiesto”, diario Perfil, 3-1-2014)
Sin
embargo, en julio del año pasado, la presidenta Cristina
Fernández de Kirchner aseguró que Formosa, hoy, es “una
provincia modelo” y “la transformación de la década ganada”.
En
cambio, Félix Díaz afirmó que “si uno mira quién es la que tiene más mortalidad
infantil, más pobreza y más falta de vivienda, Formosa es la primera en todo”.
Liliana
Giambelluca
Fotos: LG
Buenos Aires, 29 de abril de 2014
Fotos: LG
Buenos Aires, 29 de abril de 2014
Fuente:
http://www.anred.org/spip.php?article7631
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