Cruzada Internacional contra Monsanto en la Corte Suprema de
Justicia en la Argentina
23 de agosto de
2016
El 25 de Agosto de
2016, más de 50 organizaciones, personas y referentes socioambientales de la
Argentina y del mundo se presentan ante la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, en el juicio que la empresa Monsanto ,
cuya especialidad es la producción de agrotóxicos y transgénicos reclama la
patente por las plantas genéticamente modificadas.
El objetivo es que el
máximo tribunal de la Argentina permita en el proceso judicial una instancia de
Amigos del Tribunal y formular un testimonio intergeneracional en los propios
estrados judiciales contra la empresa extractivista y contaminante Monsanto: La
Vida no se Patenta.
La instancia de Amigos
Tribunal conocida como Amicus Curiae, permite que personas y organizaciones
especialistas en la temática que se aborda en el proceso judicial, en el cual
no son parte, puedan emitir una opinión, colaborar, informar e ilustrar
voluntariamente al tribunal de justicia.
En el año 1996
Monsanto reclamó ante el INPI (Instituto Nacional de la Propiedad Industrial
- organismo encargado de la protección de los derechos de propiedad industrial)
la patente de una molécula de ADN recombinante de doble cadena y las células
vegetales con el inserto de la molécula que contiene el trasgen. El organismo
estatal le denegó la patente lo que motivó que la Multinacional fuera la
justicia federal. En primera instancia Monsanto obtuvo una sentencia favorable.
Pero en el mes de Noviembre de 2015, la Cámara Federal Civil
y Comercial revocó la sentencia de primera instancia y rechazó la demanda de
Monsanto . Ante ello Monsanto recurrió en queja ante la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, que ahora tiene en estudio el caso judicial.
La Cámara fue
contundente en el rechazo, señalando que la molécula de ADN recombinante, las
células vegetales transformadas por ella y las plantas generadas a partir de
estas últimas incluidas en la solicitud, es materia no incluida en el amparo
que brinda el sistema de patentes, por no cumplir las previsiones establecidas
en la ley. El
tribunal consideró que cualquier aporte técnico que se realice en el campo de
la biotecnología y que tenga aplicación industrial no necesariamente es
patentable, ya que la mera innovación no es equiparable a la inventiva, pues se
nos presenta solo una una modificación de la materia ya existente en la
naturaleza que no constituye creación humana alguna, requisito esencial para la
procedencia del patentamiento previsto en la legislación.
El caso judicial en la Corte Suprema ,
adquiere relevancia dado el momento actual que se vive en Argentina donde tanto
Monsanto como las multinacionales agro biotecnológicas han emprendido una embestida
por la apropiación de la naturaleza con el reclamo de patentes sobre las
semillas, además de la restricción irrazonable del uso propio, mediante la
modificación de la ley de semillas, que el Congreso Nacional se apresta a
tratar.
En este contexto es
necesario que el máximo Tribunal de modo urgente confirme la sentencia que no
hace lugar al acto de biopirateria de Monsanto que con la insercción de uno o
dos genes pretende apropiarse de toda una planta que se compone, como es en el
caso de la Soja, de 46.430 genes.
Con el fin de cumplir
ese objetivo, se reclama a la Corte que someta el entuerto procesal a una
instancia de Amigos del Tribunal dado que se cumplen con los requisitos para su
procedencia, y que muchos de los peticionantes puedan ser escuchados por el
Máximo Tribunal ya sea por presentación escrita o en una audiencia publica.
FUNDAMENTOS DEL AMICUS
ANTE LA CORTE
SUPREMA DEL PORQUE DECIRLE NO A LA PRETENSIÓN DE MONSANTO
DE RECLAMAR PATENTES SOBRE PLANTAS GM:
El otorgamiento de
patentes sobre moléculas de ADN -que son fragmentos de genes-, como advierte
Carlos Correa de la Universidad de Buenos Aires, “amplía el ámbito de
protección a todas las plantas que incluyan una célula con el gen en cuestión”,
por lo tanto, la patente que aquí se reclama exige repensar la razonabilidad de
concebir al material vivo de la naturaleza como propiedad privada plausible de
ser patentada y de tener dueño. En efecto, cada patente sobre un material
genético renovado implica el reconocimiento de una suerte de monopolio sobre
una parte de la naturaleza en detrimento de la biodiversidad, que fue declarada
como un “objetivo de toda la humanidad” en el ámbito de las Naciones Unidas.
La propiedad
intelectual sobre materia viva solo apunta a fortalecer los incentivos para el
desarrollo comercial de variedades de plantas que tengan el máximo potencial
mercantil y que exigen agroquímicos asociados al modelo de producción
industrial de OVGM. De esta manera, se sustituyen paulatinamente variedades
vegetales generadas ancestralmente por campesinos y comunidades indígenas que
poseen una alta diversidad genética y capacidad de resiliencia frente al cambio
climático, por aquellas producidas por el sector privado oligopólico de
compañías transnacionales con un alto grado de uniformidad y vulnerabilidad,
erosionándose la base misma de la diversidad agrícola y transgrediendo el
principio de no regresión ambiental.
El uso de las patentes
para proteger las innovaciones en materia viva vulnera el derecho de los
agricultores a la libre producción, reserva, circulación e intercambio de
semillas, en virtud del cual se ha desarrollado la agricultura a lo largo de
los siglos. En efecto, la semilla como ser vivo y base de toda alimentación, es
el primer eslabón de nuestra cadena alimentaria, y por lo tanto, otorgar a
Monsanto dicha patente, implicaría avanzar en el camino de la privatización de
la totalidad del proceso productivo de alimentos, es decir: sobre nuestra
soberanía alimentaria.
Se encuentra en juego
la salud pública, ya que la modificación del genoma por ingeniería genética,
depende de la perturbación, anulación y secuestro del proceso natural, siendo
por ello incontrolable, impredecible y muy probablemente insegura, afectando
tanto al individuo como su herencia epigenética intergeneracional, y por tanto,
a la equidad en lo referente a las obligaciones de cada generación para servir
como un depositario o administrador del planeta y las generaciones futuras que
lo habiten. Científicos independientes de distintos países han reportado que la
ingesta de OGM causa daños, sin importar cuál sea la especie animal, cultivo
transgénico, genes o construcción transgénica involucrados, comprometiendo
distintos órganos, muerte prematura, defectos congénitos, infertilidad,
enfermedades crónicas no transmisibles, tumores y cánceres, a pesar de lo cual,
las evaluaciones de riesgos tanto a nivel mundial como a nivel local, continúan
realizándose con protocolos basados en bibliografía reportada por partes
interesadas, y absolutamente inadecuados para demostrar su seguridad e
inocuidad al consumidor.
La concesión de este
tipo de patentes atenta directamente contra el derecho humano a la alimentación
adecuada, reconocido en numerosos instrumentos de derechos humanos con
jerarquía constitucional (art. 75, inciso 22 de la C.N.), y cuyos grupos más
vulnerables son los pequeños agricultores, campesinos y comunidades
originarias. Ello por un lado, porque el titular de un derecho de propiedad
industrial cobra un precio por el producto protegido que solo depende de lo que
el mercado esté dispuesto a pagar. Así, el aumento del precio de las semillas y
otros insumos agrícolas encarece toda la cadena productiva de alimentos
perjudicando el acceso a los mismos por parte de la comunidad. Por otro
lado, estudios independientes prueban la declinación de la calidad nutricional
de las variedades mejoradas en relación inversa a los aumentos de rendimiento
obtenidos, privan do a la comunidad
del acceso a una alimentación adecuada. En efecto, todo régimen de propiedad
intelectual que haga más difícil que un Estado pueda cumplir con sus
obligaciones en materia de derechos humanos ES INCONSISTENTE.
Por tales motivos
expuestos, creemos que en el debate sobre el régimen legal aplicable a la
pretensión de Monsanto, subyacen intereses de trascendencia colectiva -como lo
son el libre acceso a las semillas, la disponibilidad de alimentos adecuados,
la preservación de la biodiversidad biológica, la salud pública, la seguridad y
soberanía alimentaria, entre otros- por lo que su resolución puede impactar en
los derechos de los pequeños agricultores, comunidades indígenas y campesinos,
e indirectamente, sobre todos los consumidores, en especial los carenciados,
niños, embarazadas y personas con patologías determinadas y adultos mayores,
además de nuestro ambiente y las generaciones futuras. En definitiva, Excma.
Corte, lo que se encuentra comprometido aquí es el Bien Común, pilar preambular
de nuestra Constitución Nacional que determina el obrar del estado, lo que nos
da fundamentos suficientes para peticionar.
- Ver los firmantes del
pedido de Amicus ante la Corte Suprema: Aquí
Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Noticias/Cruzada_Internacional_contra_Monsanto_en------
25 años de cárcel para
Gioja
por el derrame de cianuro en Veladero
26 de agosto de 2016
Por Ecoportal
El trece de
julio se cumplieron diez meses del derrame de agua con cianuro de A semejantes efectos emitió un comunicado de prensa que traza un completo panorama de lo que ha sucedido en estos meses y lo que se demanda y demanda en estos días. Reproducimos el comunicado para hacernos eco del pedido de cierre y remediación de los daños que
Aparte de ser una mega mina con explotación a cielo abierto de oro y plata, “Veladero está operando sobre un área periglacial y el val de lixiviación está construido en la incipiente del Río Potrerillos”, aseveró Robert Habitan, doctor en Ciencias Geológicas de la Universidad de Texas, frente a la comisión de Entorno y Desarrollo Sostenible en el Senado de la Nación el pasado doce de Abril.
Barrick Gold no tiene hecha una auditoria de glaciares como lo señala la ley: opera bajo la vista gordita tanto de las autoridades provinciales como nacionales, las que no incorporan su cumplimiento, no obstante, Barrick, en su Informe de Impacto Ambiental de dos mil tres, acepta que Veladero se halla en zona periglaciar, en exactamente el mismo informe declara que tienen autorizado utilizar ciento diez litros de agua por segundo los trescientos sesenta y cinco días del año y conforme palabras de Miguel Martín, Gerente de Comunicaciones de Barrick Gold, en el mes de mayo pagaron una factura de agua por ciento cuarenta pesos, cifra que semeja grande mas que si equiparamos con los datos de
La diputada nacional por
“A Gioja y a Barrick Gold no les importa la salud de los sanjuaninos”, advirtió Carrió. Y agregó: “El gobernante no solo entregó los recursos naturales de la provincia a la Barrick, sino asimismo lo hizo con el agua y la salud de miles y miles de argentinos”.
Carrió afirmó que el derrame de un millón de litros de cianuro en aguas de la provincia de San Juan es “una desgracia anunciada que cuenta con la complicidad del Poder Ejecutivo Nacional y el gobernante de la provincia”.
En tanto, Reyes se quejó sobre el poco control que tiene el gobierno ante tal situación. “La compañía notificó 5 horas tras producido el derrame con agua cianurada y ignoraban precisamente su magnitud. ¿De qué tecnología de punta charlan si no pueden tener ese mínimo control? Notificaron que habían sido 15 mil litros y unos días después confirmaron que fue un millón. Se burlan de todos y el gobernante los encubre, es cómplice de esta catástrofe”, señaló.
Reyes confirmó que denunciarán a Barrick Gold por “violación a la ley de residuos peligrosos, puntualmente, para que se investigue a la empresa por envenenamiento del agua”, delito que prevé penas de hasta 25 años de prisión.
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=215950
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Veladero ocurre todos los días
El 13 de septiembre se cumple un año del derrame de más de 1.125.000 litros
de solución cianurada sobre el Río Potrerillos en la localidad de Iglesia,
provincia de San Juan, en la
mina Veladero perteneciente a la corporación Barrick Gold ,
derrame que entre otros, también afectó al Río Jáchal de la vecina localidad de
Jáchal. A un año del derrame los/as pobladores/as de Iglesia y Jáchal no han
recibido respuesta de los gobernantes y se encuentran a su libre suerte frente
al ecogenocidio sucedido.
No olvidamos que son los gobiernos cómplices de las corporaciones
quienes impulsan estos modelos de exterminio y luego reprimen cuando no logran
la licencia social necesaria para desarrollarlos o sostenerlos. Exigimos el
cierre y prohibición de todo emprendimiento megaminero a cielo abierto, porque
no responde a las reales necesidades del Pueblo y solo deja un pasivo ambiental
de irreversibles consecuencias ecológicas, culturales y económicas para las
regiones.
El derrame de Veladero junto con el ocurrido el 5 de noviembre de
2015 en el municipio de Mariana, en Minas Gerais, Brasil, en la mina Samarco
perteneciente a Vale (brasilera) y BHP Billiton (australiana) en donde dos
diques de contención se rompieron y dejaron poblados cubiertos de lodo tóxico
que llegó hasta el mar, son sólo dos de los tantos incidentes que ocurren día a
día en el mundo debido al modelo de producción extractivista. Se hicieron conocidos
por sus magnitudes y gracias a la lucha de quienes lo padecen directamente, a
la solidaridad del pueblo organizado que los/as acompaña junto a profesionales
y al aporte científico de investigadores/as comprometidos/as con la comunidad y
no con las corporaciones.
Las consecuencias del extractivismo, explotación de nuestros
bienes comunes, de gran volumen e intensidad, altamente contaminante y con
lógica depredatoria como el fracking, el agronegocio, la megaminería y la
especulación inmobiliaria, nos ocurren todos los días, tanto en el campo como
en la ciudad y en nuestros paisajes más preciados como las montañas, los
glaciares, los bosques y los humedales. Por este motivo nos convocamos y
organizamos, no tan sólo para recordar y denunciar el terrible derrame de
Veladero sino también para resistir el ecogenocidio y seguir construyendo
colectivamente alternativas emancipatorias.
Te esperamos el jueves 1 de septiembre a las 18.30hs en Lima 609,
1er piso para hacer de esto una realidad global y coordinada.
Multisectorial
Antiextractivista
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Veamos cómo son
gobiernos antipopulares: desde 2013 subsidiamos a las petroleras que invaden e
imponen guerras para hacerse del oro negro en Medio Oriente y que, en
Argentina, están destruyendo las bases para la vida como los acuíferos y los
suelos.
Para
leer y pensar sobre los hidrocarburos
(Red
Eco) Argentina – Un boletín mensual ha comenzado a distribuirse y es la
herramienta comunicacional de este espacio que articula organizaciones
involucradas en el debate energético y socioambiental de la Argentina desde una
mirada interdisciplinaria y federal. Su contenido está dirigido a un primer
grupo al que definen como prioritario, constituido por las organizaciones
movilizadas que intervienen en los debates o que están directamente afectadas
por este tipo de explotación: “organizaciones de bases, cámaras de
agricultores, sindicatos estatales, donde la economía de la región gira
alrededor de los hidrocarburos”, detalló Diego Di Risio.
El
boletín se nutrirá en una primera instancia con investigaciones propias
elaboradas por quienes conforman EJES desde las ramas universitarias de
Ciencias Políticas, Comunicación, Economía e Ingeniería. Pero el objetivo es ir
sumando a otros grupos y personas a quienes Di Risio definió como “los que
están del otro lado del pozo” en esta problemática en la que intervienen
múltiples dimensiones. “No tenemos un grado de respuesta acabada o
conclusiva sino que hay suficiente información para decir la poca información
que tenemos”, afirmó el integrante de OPSur.
Otro de los objetivos de
EJES es mostrar que en el debate energético no sólo deberían sentirse
involucrados los afectados directos: “todos, en alguna medida, tenemos un grado
de imbricación con este debate, desde asociaciones de consumidores hasta todos
los que se están movilizando en contra de los tarifazos”, agregó Di Risio.
Además
del boletín mensual, donde se da una abordaje general y sistemático de la
coyuntura sobre ciertas líneas temáticas que van desde la macroeconomía hasta
los afectados en forma local con la explotación de los hidrocarburos, se
plantean a futuro realizar informes y actividades públicas “de estudios
realizados con mayor profundidad y de temas que no se están debatiendo con la
fuerza que nos parece crucial para dar resoluciones más estratégicas como
pueblo”, explicó Di Risio.
Hoy
el tema de las tarifas ocupa no sólo los medios sino la preocupación y cierto
grado de organización de los afectados. La explicación de la alianza Cambiemos
parte de la definición de una “crisis”. Red Eco consultó a Di Risio quien
manifestó que el actual gobierno adopta medidas pensando en los “costos” desde
un punto de vista economicista y de las empresas, viéndola en función de tasa
de ganancias y de cómo mejorárselas para solucionar la tan mentada crisis.
“Hay que abrir la
discusión de los ‘costos’ para ver qué implican para una empresa petrolera. Y
que no es únicamente la empresa petrolera la que paga costos. Por eso tratamos el tema de los grupos en la localidad de Allen que
se estaba viendo destruida su fuente de trabajo, su medio de vida y cómo esto
también provocaba que ciertos costos quedaran ocultos como pueden ser los pozos
abandonados”, dijo a Red Eco. Respecto a la “crisis”, Di Risio afirmó
que lo que existe es una búsqueda solamente de las situaciones más críticas:
“por eso para nosotros era un punto importante discutir qué tipo de solución se
iba a buscar y para quién. Acá hacíamos foco en lo que era la composición y una
radiografía del gabinete nacional y las empresas controladas por el estado
nacional, como también los subsidios, de los que solo se discute un tipo y no
la totalidad, como los que reciben las empresas petroleras que no son
informados”. La crisis no es de las petroleras.
En
su boletín de julio, EJES da cuenta de cómo la devaluación y el precio interno
del barril generan millonarias transferencias en favor de las compañías
petroleras que representan entre diciembre 2014 y enero 2016 el equivalente al
presupuesto 2015 para todas las Universidades Públicas. Así lo explica:
Entre diciembre
de 2014 y enero de 2016 existió en Argentina una trasferencia por diferencial
de precios interno e internacional de petróleo de 4.166,34 millones de dólares
(40.527,67 millones de pesos). Esto ocurre ya que el precio internacional
comenzó a bajar desde el segundo semestre del año 2014, mientras que la
comercialización interna se mantuvo a un precio por encima del internacional.
Cabe
destacar que el precio del barril interno se fija en dólares. En consecuencia,
la sociedad argentina en su conjunto transfirió recursos a la actividad
petrolera en dicho período y llegó a pagar en enero de 2016 un barril de
petróleo crudo un 89% más caro que internacionalmente. Los 40 mil millones de
pesos equivalen al presupuesto 2015 de todas las Universidades Públicas de
Argentina, y más de una vez y media al presupuesto de la Asignación Universal
por Hijo.
El
shock devaluatorio del 17 de diciembre de 2015 significó una transferencia al
sector extractivo de petróleo de 5.277 millones de pesos, un monto equivale a
la construcción de 34 hospitales como el de Allen Dr. Ernesto Accame. Ese valor
surge de comparar las facturaciones de los meses de noviembre y diciembre del
2015 y enero de 2016 de la actividad petrolera con el tipo de cambio anclado a
noviembre de 2015, y las facturaciones más la devaluación.
Cabe
destacar que el precio internacional del petróleo cayó en esos meses, por lo
tanto si no fuera por la política de sostenimiento de precios en el mercado
interno hubiera habido una fuerte caída de la facturación de las petroleras. A
su vez como el precio interno acompañó (en una proporción menor) la baja de
precio internacional, la facturación de las petroleras debió caer en 1.043
millones de pesos. Pero, por el contrario, debido al shock devaluatorio, las
petroleras aumentaron su facturación 2.635 millones de pesos entre noviembre de
2015 y enero de 2016.
El gas no se queda
atrás
Las
empresas petroleras fueron subsidiadas por la extracción de gas durante 2015
por un importe equivalente al presupuesto de Pro.Cre.Ar, más el Programa ARSAT,
más Fútbol para Todos. Así lo explica EJES:
Desde la implementación
del “tarifazo” el gobierno de la alianza Cambiemos afirma que las empresas
petroleras no reciben suficiente incentivo para aumentar la dotación de
energía. Sin embargo, desde 2013 la Argentina subsidia la extracción de gas.
Solo en 2015 se destinaron más de 15 mil millones de pesos, es decir que el
subsidio representó el 51% de la facturación por extracción de gas natural. Si
además sumamos los ingresos por gas natural en boca de pozo, la facturación
promedio sería de 3,15 dólares por millón de BTU, superior al precio
internacional de 2,62 dólares por millón de BTU. Para alcanzar el monto del
subsidio a las petroleras en 2015 tendríamos que sumar el presupuesto de
Pro.Cre.Ar (10.000 millones de pesos), más el Programa ARSAT (4.000 millones de
pesos), más Fútbol para Todos (1.634 millones de pesos).
http://www.opsur.org.ar/blog/2016/08/29/para-leer-y-pensar-sobre-los-hidrocarburos/
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