12 de septiembre de 2016

II. Impunidad oligopólica de envenenarnos y destruir tanto las condiciones como los medios de vida mayoritaria.

Cruzada Internacional contra Monsanto en la Corte Suprema de Justicia en la Argentina
23 de agosto de 2016

El 25 de Agosto de 2016, más de 50 organizaciones, personas y referentes socioambientales de la Argentina y del mundo se presentan ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el juicio que la empresa Monsanto, cuya especialidad es la producción de agrotóxicos y transgénicos reclama la patente por las plantas genéticamente modificadas.
El objetivo es que el máximo tribunal de la Argentina permita en el proceso judicial una instancia de Amigos del Tribunal y formular un testimonio intergeneracional en los propios estrados judiciales contra la empresa extractivista y contaminante Monsanto: La Vida no se Patenta.
La instancia de Amigos Tribunal conocida como Amicus Curiae, permite que personas y organizaciones especialistas en la temática que se aborda en el proceso judicial, en el cual no son parte, puedan emitir una opinión, colaborar, informar e ilustrar voluntariamente al tribunal de justicia.
En el año 1996 Monsanto reclamó ante el INPI (Instituto Nacional de la Propiedad Industrial - organismo encargado de la protección de los derechos de propiedad industrial) la patente de una molécula de ADN recombinante de doble cadena y las células vegetales con el inserto de la molécula que contiene el trasgen. El organismo estatal le denegó la patente lo que motivó que la Multinacional fuera la justicia federal. En primera instancia Monsanto obtuvo una sentencia favorable. Pero en el mes de Noviembre de 2015, la Cámara Federal Civil y Comercial revocó la sentencia de primera instancia y rechazó la demanda de Monsanto . Ante ello Monsanto recurrió en queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ahora tiene en estudio el caso judicial.

La Cámara fue contundente en el rechazo, señalando que la molécula de ADN recombinante, las células vegetales transformadas por ella y las plantas generadas a partir de estas últimas incluidas en la solicitud, es materia no incluida en el amparo que brinda el sistema de patentes, por no cumplir las previsiones establecidas en la ley. El tribunal consideró que cualquier aporte técnico que se realice en el campo de la biotecnología y que tenga aplicación industrial no necesariamente es patentable, ya que la mera innovación no es equiparable a la inventiva, pues se nos presenta solo una una modificación de la materia ya existente en la naturaleza que no constituye creación humana alguna, requisito esencial para la procedencia del patentamiento previsto en la legislación.

El caso judicial en la Corte Suprema, adquiere relevancia dado el momento actual que se vive en Argentina donde tanto Monsanto como las multinacionales agro biotecnológicas han emprendido una embestida por la apropiación de la naturaleza con el reclamo de patentes sobre las semillas, además de la restricción irrazonable del uso propio, mediante la modificación de la ley de semillas, que el Congreso Nacional se apresta a tratar.
En este contexto es necesario que el máximo Tribunal de modo urgente confirme la sentencia que no hace lugar al acto de biopirateria de Monsanto que con la insercción de uno o dos genes pretende apropiarse de toda una planta que se compone, como es en el caso de la Soja, de 46.430 genes.
Con el fin de cumplir ese objetivo, se reclama a la Corte que someta el entuerto procesal a una instancia de Amigos del Tribunal dado que se cumplen con los requisitos para su procedencia, y que muchos de los peticionantes puedan ser escuchados por el Máximo Tribunal ya sea por presentación escrita o en una audiencia publica.

FUNDAMENTOS DEL AMICUS ANTE LA CORTE SUPREMA DEL PORQUE DECIRLE NO A LA PRETENSIÓN DE MONSANTO DE RECLAMAR PATENTES SOBRE PLANTAS GM:
El otorgamiento de patentes sobre moléculas de ADN -que son fragmentos de genes-, como advierte Carlos Correa de la Universidad de Buenos Aires, “amplía el ámbito de protección a todas las plantas que incluyan una célula con el gen en cuestión”, por lo tanto, la patente que aquí se reclama exige repensar la razonabilidad de concebir al material vivo de la naturaleza como propiedad privada plausible de ser patentada y de tener dueño. En efecto, cada patente sobre un material genético renovado implica el reconocimiento de una suerte de monopolio sobre una parte de la naturaleza en detrimento de la biodiversidad, que fue declarada como un “objetivo de toda la humanidad” en el ámbito de las Naciones Unidas.

La propiedad intelectual sobre materia viva solo apunta a fortalecer los incentivos para el desarrollo comercial de variedades de plantas que tengan el máximo potencial mercantil y que exigen agroquímicos asociados al modelo de producción industrial de OVGM. De esta manera, se sustituyen paulatinamente variedades vegetales generadas ancestralmente por campesinos y comunidades indígenas que poseen una alta diversidad genética y capacidad de resiliencia frente al cambio climático, por aquellas producidas por el sector privado oligopólico de compañías transnacionales con un alto grado de uniformidad y vulnerabilidad, erosionándose la base misma de la diversidad agrícola y transgrediendo el principio de no regresión ambiental.
El uso de las patentes para proteger las innovaciones en materia viva vulnera el derecho de los agricultores a la libre producción, reserva, circulación e intercambio de semillas, en virtud del cual se ha desarrollado la agricultura a lo largo de los siglos. En efecto, la semilla como ser vivo y base de toda alimentación, es el primer eslabón de nuestra cadena alimentaria, y por lo tanto, otorgar a Monsanto dicha patente, implicaría avanzar en el camino de la privatización de la totalidad del proceso productivo de alimentos, es decir: sobre nuestra soberanía alimentaria.
Se encuentra en juego la salud pública, ya que la modificación del genoma por ingeniería genética, depende de la perturbación, anulación y secuestro del proceso natural, siendo por ello incontrolable, impredecible y muy probablemente insegura, afectando tanto al individuo como su herencia epigenética intergeneracional, y por tanto, a la equidad en lo referente a las obligaciones de cada generación para servir como un depositario o administrador del planeta y las generaciones futuras que lo habiten. Científicos independientes de distintos países han reportado que la ingesta de OGM causa daños, sin importar cuál sea la especie animal, cultivo transgénico, genes o construcción transgénica involucrados, comprometiendo distintos órganos, muerte prematura, defectos congénitos, infertilidad, enfermedades crónicas no transmisibles, tumores y cánceres, a pesar de lo cual, las evaluaciones de riesgos tanto a nivel mundial como a nivel local, continúan realizándose con protocolos basados en bibliografía reportada por partes interesadas, y absolutamente inadecuados para demostrar su seguridad e inocuidad al consumidor.
La concesión de este tipo de patentes atenta directamente contra el derecho humano a la alimentación adecuada, reconocido en numerosos instrumentos de derechos humanos con jerarquía constitucional (art. 75, inciso 22 de la C.N.), y cuyos grupos más vulnerables son los pequeños agricultores, campesinos y comunidades originarias. Ello por un lado, porque el titular de un derecho de propiedad industrial cobra un precio por el producto protegido que solo depende de lo que el mercado esté dispuesto a pagar. Así, el aumento del precio de las semillas y otros insumos agrícolas encarece toda la cadena productiva de alimentos perjudicando el acceso a los mismos por parte de la comunidad. Por otro lado, estudios independientes prueban la declinación de la calidad nutricional de las variedades mejoradas en relación inversa a los aumentos de rendimiento obtenidos, privando a la comunidad del acceso a una alimentación adecuada. En efecto, todo régimen de propiedad intelectual que haga más difícil que un Estado pueda cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos ES INCONSISTENTE.

Por tales motivos expuestos, creemos que en el debate sobre el régimen legal aplicable a la pretensión de Monsanto, subyacen intereses de trascendencia colectiva -como lo son el libre acceso a las semillas, la disponibilidad de alimentos adecuados, la preservación de la biodiversidad biológica, la salud pública, la seguridad y soberanía alimentaria, entre otros- por lo que su resolución puede impactar en los derechos de los pequeños agricultores, comunidades indígenas y campesinos, e indirectamente, sobre todos los consumidores, en especial los carenciados, niños, embarazadas y personas con patologías determinadas y adultos mayores, además de nuestro ambiente y las generaciones futuras. En definitiva, Excma. Corte, lo que se encuentra comprometido aquí es el Bien Común, pilar preambular de nuestra Constitución Nacional que determina el obrar del estado, lo que nos da fundamentos suficientes para peticionar.

- Ver los firmantes del pedido de Amicus ante la Corte Suprema: Aquí

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Noticias/Cruzada_Internacional_contra_Monsanto_en------

25 años de cárcel para Gioja 
por el derrame de cianuro en Veladero

26 de agosto de 2016

Por Ecoportal
El trece de julio se cumplieron diez meses del derrame de agua con cianuro de la mina Veladero sobre ríos del nordoeste de San Juan, que generó un gravísimo desastre ambiental en la cuenca de los ríos del nordoeste de la provincia. Desde aquel entonces la Reunión Jáchal No Se Toca viene denunciando esta catástrofe ambiental y la presencia de Barrick Gold, la compañía canadiense que explota la mina, que lejos de cerrar, tiene todo el apoyo del estado nacional, provincial y municipal. Este semana el colectivo ambiental sanjuanino viene a la Urbe Autónoma de la ciudad de Buenos Aires para traer sus reclamos a funcionarios nacionales.
A semejantes efectos emitió un comunicado de prensa que traza un completo panorama de lo que ha sucedido en estos meses y lo que se demanda y demanda en estos días. Reproducimos el comunicado para hacernos eco del pedido de cierre y remediación de los daños que la Mina Veladero yBarrick Gold han hecho en tierra sanjuanina:
Aparte de ser una mega mina con explotación a cielo abierto de oro y plata, “Veladero está operando sobre un área periglacial y el val de lixiviación está construido en la incipiente del Río Potrerillos”, aseveró Robert Habitan, doctor en Ciencias Geológicas de la Universidad de Texas, frente a la comisión de Entorno y Desarrollo Sostenible en el Senado de la Nación el pasado doce de Abril.
Barrick Gold no tiene hecha una auditoria de glaciares como lo señala la ley: opera bajo la vista gordita tanto de las autoridades provinciales como nacionales, las que no incorporan su cumplimiento, no obstante, Barrick, en su Informe de Impacto Ambiental de dos mil tres, acepta que Veladero se halla en zona periglaciar, en exactamente el mismo informe declara que tienen autorizado utilizar ciento diez litros de agua por segundo los trescientos sesenta y cinco días del año y conforme palabras de Miguel Martín, Gerente de Comunicaciones de Barrick Gold, en el mes de mayo pagaron una factura de agua por ciento cuarenta pesos, cifra que semeja grande mas que si equiparamos con los datos de la cronista Gisela Busaniche, no lo es, en tanto que conforme su informe, “Veladero en dos mil trece exportó seiscientos diez onzas de oro en lingotes que fueron a parar a los tesoros de bancos estadounidenses, suizos y canadienses, en dos mil catorce facturó veintiuno millones de pesos al día, lo que equivale a catorce pesos por minuto”, es decir que una factura de agua de Veladero equivale a solo diez minutos de facturación de la Barrick, mientras que Macri quita las retenciones a las exportaciones y mientras que los impuestos de servicios en el país aumentan escandalosamente para la clase trabajadora.
La diputada nacional por la Alianza Civil – ARI Elisa Carrió y la líder Fernanda Reyes fomentarán una demanda penal contra el gobernante de San Juan, José Luis Gioja , y la compañía Barrick Goldpor el derrame de cianuro en la mina Veladero.
“A Gioja y a Barrick Gold no les importa la salud de los sanjuaninos”, advirtió Carrió. Y agregó: “El gobernante no solo entregó los recursos naturales de la provincia a la Barrick, sino asimismo lo hizo con el agua y la salud de miles y miles de argentinos”.
Carrió afirmó que el derrame de un millón de litros de cianuro en aguas de la provincia de San Juan es “una desgracia anunciada que cuenta con la complicidad del Poder Ejecutivo Nacional y el gobernante de la provincia”.
En tanto, Reyes se quejó sobre el poco control que tiene el gobierno ante tal situación. “La compañía notificó 5 horas tras producido el derrame con agua cianurada y ignoraban precisamente su magnitud. ¿De qué tecnología de punta charlan si no pueden tener ese mínimo control? Notificaron que habían sido 15 mil litros y unos días después confirmaron que fue un millón. Se burlan de todos y el gobernante los encubre, es cómplice de esta catástrofe”, señaló.
Reyes confirmó que denunciarán a Barrick Gold por “violación a la ley de residuos peligrosos, puntualmente, para que se investigue a la empresa por envenenamiento del agua”, delito que prevé penas de hasta 25 años de prisión.
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=215950


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Veladero ocurre todos los días

El 13 de septiembre se cumple un año del derrame de más de 1.125.000 litros de solución cianurada sobre el Río Potrerillos en la localidad de Iglesia, provincia de San Juan, en la mina Veladero perteneciente a la corporación Barrick Gold, derrame que entre otros, también afectó al Río Jáchal de la vecina localidad de Jáchal. A un año del derrame los/as pobladores/as de Iglesia y Jáchal no han recibido respuesta de los gobernantes y se encuentran a su libre suerte frente al ecogenocidio sucedido.
No olvidamos que son los gobiernos cómplices de las corporaciones quienes impulsan estos modelos de exterminio y luego reprimen cuando no logran la licencia social necesaria para desarrollarlos o sostenerlos. Exigimos el cierre y prohibición de todo emprendimiento megaminero a cielo abierto, porque no responde a las reales necesidades del Pueblo y solo deja un pasivo ambiental de irreversibles consecuencias ecológicas, culturales y económicas para las regiones.
El derrame de Veladero junto con el ocurrido el 5 de noviembre de 2015 en el municipio de Mariana, en Minas Gerais, Brasil, en la mina Samarco perteneciente a Vale (brasilera) y BHP Billiton (australiana) en donde dos diques de contención se rompieron y dejaron poblados cubiertos de lodo tóxico que llegó hasta el mar, son sólo dos de los tantos incidentes que ocurren día a día en el mundo debido al modelo de producción extractivista. Se hicieron conocidos por sus magnitudes y gracias a la lucha de quienes lo padecen directamente, a la solidaridad del pueblo organizado que los/as acompaña junto a profesionales y al aporte científico de investigadores/as comprometidos/as con la comunidad y no con las corporaciones.
Las consecuencias del extractivismo, explotación de nuestros bienes comunes, de gran volumen e intensidad, altamente contaminante y con lógica depredatoria como el fracking, el agronegocio, la megaminería y la especulación inmobiliaria, nos ocurren todos los días, tanto en el campo como en la ciudad y en nuestros paisajes más preciados como las montañas, los glaciares, los bosques y los humedales. Por este motivo nos convocamos y organizamos, no tan sólo para recordar y denunciar el terrible derrame de Veladero sino también para resistir el ecogenocidio y seguir construyendo colectivamente alternativas emancipatorias.
Te esperamos el jueves 1 de septiembre a las 18.30hs en Lima 609, 1er piso para hacer de esto una realidad global y coordinada.
Multisectorial Antiextractivista
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Veamos cómo son gobiernos antipopulares: desde 2013 subsidiamos a las petroleras que invaden e imponen guerras para hacerse del oro negro en Medio Oriente y que, en Argentina, están destruyendo las bases para la vida como los acuíferos y los suelos.

 

Para leer y pensar sobre los hidrocarburos


(Red Eco) Argentina – Un boletín mensual ha comenzado a distribuirse y es la herramienta comunicacional de este espacio que articula organizaciones involucradas en el debate energético y socioambiental de la Argentina desde una mirada interdisciplinaria y federal. Su contenido está dirigido a un primer grupo al que definen como prioritario, constituido por las organizaciones movilizadas que intervienen en los debates o que están directamente afectadas por este tipo de explotación: “organizaciones de bases, cámaras de agricultores, sindicatos estatales,  donde la economía de la región gira alrededor de los hidrocarburos”, detalló Diego Di Risio.
El boletín se nutrirá en una primera instancia con investigaciones propias elaboradas por quienes conforman EJES desde las ramas universitarias de Ciencias Políticas, Comunicación, Economía e Ingeniería. Pero el objetivo es ir sumando a otros grupos y personas a quienes Di Risio definió como “los que están del otro lado del pozo” en esta problemática en la que intervienen múltiples dimensiones.  “No tenemos un grado de respuesta acabada o conclusiva sino que hay suficiente información para decir la poca información que tenemos”, afirmó el integrante de OPSur.
Otro de los objetivos de EJES es mostrar que en el debate energético no sólo deberían sentirse involucrados los afectados directos: “todos, en alguna medida, tenemos un grado de imbricación con este debate, desde asociaciones de consumidores hasta todos los que se están movilizando en contra de los tarifazos”, agregó Di Risio.
Además del boletín mensual, donde se da una abordaje general y sistemático de la coyuntura sobre ciertas líneas temáticas que van desde la macroeconomía hasta los afectados en forma local con la explotación de los hidrocarburos, se plantean a futuro realizar informes y actividades públicas “de estudios realizados con mayor profundidad y de temas que no se están debatiendo con la fuerza que nos parece crucial para dar resoluciones más estratégicas como pueblo”, explicó Di Risio.
Hoy el tema de las tarifas ocupa no sólo los medios sino la preocupación y cierto grado de organización de los afectados. La explicación de la alianza Cambiemos parte de la definición de una “crisis”. Red Eco consultó a Di Risio quien manifestó que el actual gobierno adopta medidas pensando en los “costos” desde un punto de vista economicista y de las empresas, viéndola en función de tasa de ganancias y de cómo mejorárselas para solucionar la tan mentada crisis.
“Hay que abrir la discusión de los ‘costos’ para ver qué implican para una empresa petrolera. Y que no es únicamente la empresa petrolera la que paga costos. Por eso tratamos el tema de los grupos en la localidad de Allen que se estaba viendo destruida su fuente de trabajo, su medio de vida y cómo esto también provocaba que ciertos costos quedaran ocultos como pueden ser los pozos abandonados”, dijo a Red Eco. Respecto a la “crisis”, Di Risio afirmó que lo que existe es una búsqueda solamente de las situaciones más críticas: “por eso para nosotros era un punto importante discutir qué tipo de solución se iba a buscar y para quién. Acá hacíamos foco en lo que era la composición y una radiografía del gabinete nacional y las empresas controladas por el estado nacional, como también los subsidios, de los que solo se discute un tipo y no la totalidad, como los que reciben las empresas petroleras que no son informados”. La crisis no es de las petroleras.
En su boletín de julio, EJES da cuenta de cómo la devaluación y el precio interno del barril generan millonarias transferencias en favor de las compañías petroleras que representan entre diciembre 2014 y enero 2016 el equivalente al presupuesto 2015 para todas las Universidades Públicas. Así lo explica:
Entre diciembre de 2014 y enero de 2016 existió en Argentina una trasferencia por diferencial de precios interno e internacional de petróleo de 4.166,34 millones de dólares (40.527,67 millones de pesos). Esto ocurre ya que el precio internacional comenzó a bajar desde el segundo semestre del año 2014, mientras que la comercialización interna se mantuvo a un precio por encima del internacional.
Cabe destacar que el precio del barril interno se fija en dólares. En consecuencia, la sociedad argentina en su conjunto transfirió recursos a la actividad petrolera en dicho período y llegó a pagar en enero de 2016 un barril de petróleo crudo un 89% más caro que internacionalmente. Los 40 mil millones de pesos equivalen al presupuesto 2015 de todas las Universidades Públicas de Argentina, y más de una vez y media al presupuesto de la Asignación Universal por Hijo.
El shock devaluatorio del 17 de diciembre de 2015 significó una transferencia al sector extractivo de petróleo de 5.277 millones de pesos, un monto equivale a la construcción de 34 hospitales como el de Allen Dr. Ernesto Accame. Ese valor surge de comparar las facturaciones de los meses de noviembre y diciembre del 2015 y enero de 2016 de la actividad petrolera con el tipo de cambio anclado a noviembre de 2015, y las facturaciones más la devaluación.
Cabe destacar que el precio internacional del petróleo cayó en esos meses, por lo tanto si no fuera por la política de sostenimiento de precios en el mercado interno hubiera habido una fuerte caída de la facturación de las petroleras. A su vez como el precio interno acompañó (en una proporción menor) la baja de precio internacional, la facturación de las petroleras debió caer en 1.043 millones de pesos. Pero, por el contrario, debido al shock devaluatorio, las petroleras aumentaron su facturación 2.635 millones de pesos entre noviembre de 2015 y enero de 2016.
El gas no se queda atrás
Las empresas petroleras fueron subsidiadas por la extracción de gas durante 2015 por un importe equivalente al presupuesto de Pro.Cre.Ar, más el Programa ARSAT, más Fútbol para Todos. Así lo explica EJES:
Desde la implementación del “tarifazo” el gobierno de la alianza Cambiemos afirma que las empresas petroleras no reciben suficiente incentivo para aumentar la dotación de energía. Sin embargo, desde 2013 la Argentina subsidia la extracción de gas. Solo en 2015 se destinaron más de 15 mil millones de pesos, es decir que el subsidio representó el 51% de la facturación por extracción de gas natural. Si además sumamos los ingresos por gas natural en boca de pozo, la facturación promedio sería de 3,15 dólares por millón de BTU, superior al precio internacional de 2,62 dólares por millón de BTU. Para alcanzar el monto del subsidio a las petroleras en 2015 tendríamos que sumar el presupuesto de Pro.Cre.Ar (10.000 millones de pesos), más el Programa ARSAT (4.000 millones de pesos), más Fútbol para Todos (1.634 millones de pesos).
http://www.opsur.org.ar/blog/2016/08/29/para-leer-y-pensar-sobre-los-hidrocarburos/


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