La evolución de las
especies: De la mafia tradicional al sistema criminal
Las nuevas caras del
capitalismo mafioso
19 de abril de 2011
Por Roberto Scarpinato (Antimafiaduemila.com)
Ponencia
del Dr. Roberto Scarpinato, Procurador General de la Corte de Apelaciones de
Caltanissetta, presentada en Bruselas los días 29 y 30 de marzo durante los
debates del Parlamento Europeo, titulada: «Hacia una estrategia europea para
combatir el crimen organizado trasnacional». Traducido para Rebelión por Jorge Aldao
y revisado por Caty R.
Uno de los principales obstáculos para el desarrollo de una
estrategia eficaz contra la propagación de la criminalidad organizada a nivel
mundial está constituido por los prejuicios culturales que continúan dominando
a la opinión pública y a los políticos de muchos países.
El primer prejuicio cultural es creer
que el crimen organizado, aunque constituye un peligro a tener en cuenta,
todavía es algo propio de pequeñas minorías de individuos que trabajan en los
sórdidos submundos de la mala vida, en un mundo separado, diferente de aquel en
el que nosotros, honestos ciudadanos, vivimos todos los días.
Se cree, por lo tanto, que la sociedad
civil de los países europeos con democracia desarrollada tiene ya los anticuerpos
adecuados para prevenir la propagación de la mafia.
También es un concepto generalizado la
equivocada opinión de que las mafias son un fenómeno en los países del mundo
donde están históricamente arraigadas, y que para evitar el peligro de la
propagación de sus actividades delictivas en otros países, es suficiente con
una adecuada supervisión represiva y la mejora de la calidad de la cooperación
internacional entre las autoridades judiciales y policiales.
Por desgracia, la realidad es muy
distinta.
El mundo de la delincuencia
transnacional y el mundo de la gente normal son dos caras de una misma moneda;
es más, se alimentan mutuamente.
Aquello que creemos combatir fuera de
nosotros se encuentra dentro de nosotros, en nuestra vida cotidiana, aunque no seamos
conscientes de ello.
Para entender esta circunstancia
elemental, basta con considerar que el crimen organizado ofrece una variedad de
bienes y servicios ilegales a los consumidores que lo consienten.
En cuanto a los bienes, proporciona
drogas, seres humanos para la prostitución, la esclavitud y la explotación
laboral, las armas y la pornografía infantil.
En el sector de los servicios
proporciona capital de inversión, gestión de residuos tóxicos ilegales y
nocivos para el medio ambiente, facturación falsa para evadir impuestos y
facilita, usando la violencia o la corrupción, la obtención de licencias y
concesiones por parte de la autoridad pública.
Los señalados sólo son algunos ejemplos
entre los muchos sectores del extenso mercado de las actividades ilegales en
todo el mundo.
El suministro de estos bienes y
servicios ilegales es la resultante de la existencia de una fuerte demanda por
parte de la sociedad civil
Los delincuentes existen y prosperan
porque millones de ciudadanos quieren comprar bienes y servicios ilegales.
Ellos son el espejo que refleja los vicios secretos de muchas personas comunes
en los países más diversos del mundo.
De esta manera, la mayor parte de la
actividad criminal se puede calificar como un fenómeno de mercado regido por
las leyes de la oferta y la demanda.
La demanda de bienes y servicios
ofrecidos por la mafia ha tomado dimensiones macroeconómicas, que ya no se
pueden controlar con las herramientas del derecho penal, como consecuencia de
la globalización económica que ha ampliado extraordinariamente el número de
consumidores finales de los productos ofrecidos.
A propósito de las relaciones
estructurales entre la dinámica del mercado global y el incremento de la
delincuencia trasnacional, me limitaré a señalar dos ejemplos que atañen al
mercado de las drogas y de la prostitución.
A finales de los años ochenta el mercado
mundial de cocaína estaba limitado sólo a los países occidentales y ya estaba
saturado, tanto que los precios de la droga se había reducido para ponerla al
alcance de nuevos consumidores en los segmentos más pobres de la población.
Ahora la situación ha cambiado por
completo, como resultado de la globalización al abrirse nuevos mercados con un
gran potencial de consumidores.
El nacimiento en China de una nueva
clase media acomodada con más de 250 millones de personas que aspiran a un tipo
de consumo al estilo occidental y el crecimiento progresivo de la renta media
en la población de Europa del Este y en los países emergentes, han sentado las
bases para el desarrollo de un nuevo mercado global de consumidores de drogas,
que se estima que llegará a un 15% de la población mundial en las próximas dos
décadas.
La expansión global y en tan poco tiempo
del mercado de estupefacientes en todo el mundo, volvería impotentes las
estructuras penales represivas a pesar de todos los esfuerzos de la cooperación
internacional, habida cuenta de que todas las políticas de erradicación de las
plantaciones han sido ineficaces.
Los ingresos derivados del mercado
mundial de las drogas experimentarán un salto tan grande que darán a las
organizaciones delictivas transnacionales una porción enorme de riqueza, y por
lo tanto de poder global, mayor que la de los Estados y las multinacionales más
grandes.
La consiguiente transformación en
términos políticos de semejante poder económico supondría la construcción de
una nueva jerarquía, de facto, entre las potencias del mundo.
Por esta razón, algunos predicen que la
política de liberalización de las drogas será, tarde o temprano, un resultado
inevitable impuesto por la desproporción de fuerzas.
Este primer ejemplo ayuda a entender que
las estrategias para enfrentar a la delincuencia transnacional deberían
articularse en varios niveles, dependiendo de la evolución de las dinámicas
macroeconómicas y macropolíticas, de manera realista y teniendo en cuenta que
la delincuencia transnacional se ha convertido en uno de los actores del gran
juego del poder en el mundo.
Un segundo ejemplo es el mercado de
la prostitución
Hasta finales de los años ochenta, la
oferta de mujeres para la prostitución se limitaba al mercado nacional
aprovechando los recursos locales, por lo que esta área no la gestionaba el
crimen organizado sino, principalmente, delincuentes individuales o pequeñas
organizaciones que operaban en pequeñas porciones de territorio.
En los años noventa, la repentina
entrada en el mercado ilegal de la prostitución de cientos de miles de mujeres
de Rusia y de Europa del Este, reducidas a la pobreza por el repentino colapso
del imperio soviético -que en el pasado garantizaba el trabajo femenino para el
80% de las mujeres-, así como de las mujeres de los países africanos, ha
provocado una revolución en este segmento del mercado que ha dado lugar a un
cambio radical en los protagonistas del crimen y en su producción ilegal.
El aumento de la oferta se ha visto
acompañado por un incremento cada vez más importante de la demanda en los
países occidentales, incluso en países como Israel, donde la oferta de
prostitutas era muy reducida, siendo suficientes los recursos locales.
La necesidad de administrar el tráfico a
escala industrial, en el que están implicados diferentes países -aquéllos donde
se reclutan las mujeres, los de tránsito y los de destino final- ha dado lugar
a una división internacional del trabajo entre las mafias de varios países que
corresponden a las diferentes etapas del proceso de producción y de valor
añadido.
Así las mafias rusas, búlgaras y rumanas
se dedican a la contratación de mujeres en los países de origen.
La delincuencia de los Balcanes está
especializada en el tránsito y el transporte hacia varios países occidentales.
En países como Italia, donde existen
mafias locales que controlan el territorio, se llega a acuerdos económicos y de
intercambio entre las mafias locales y las extranjeras
A raíz de esta reestructuración
extraordinaria del mercado de la prostitución, los criminales comunes que antes
manejaban la prostitución local con métodos artesanales fueron desplazados por
las poderosas mafias internacionales y utilizados como mano de obra barata.
Este fenómeno es interesante porque
muestra que incluso el mercado ilegal está dominado por «la misma dura
selección darwiniana» que caracteriza a la competencia en el mercado legal.
Como es sabido, en los sectores más
lucrativos de la economía legal el mercado ha sido conquistado, y por lo tanto
dominado, por oligopolios económicos cada vez más poderosos que han engullido e
incorporado a las empresas más pequeñas.
De la misma manera, en el mercado ilegal
las mafias transnacionales -que pueden compararse con grandes oligopolios
criminales- van fagocitando progresivamente e incorporando la delincuencia
común expulsada por la fuerza de los sectores más rentables.
Esa «selección evolutiva de las
especies» sugiere que el crimen organizado está destinado a convertirse poco a
poco en la forma criminal estable y dominante del tercer milenio en todos los
países del mundo.
Los ejemplos básicos señalados hasta
aquí demuestran cuán lejos de la realidad están los prejuicios culturales que
he mencionado al principio de mi informe, ya que esos prejuicios reducen las
mafias a simples fenómenos locales derivados de peculiares condiciones
ambientales.
Esta tendencia histórica inevitable está
determinando una revolución en el universo del crimen que gira menos en torno
al individuo y cada vez más en torno a las organizaciones, insensibles a la
suerte de sus componentes individuales y a la apropiación de pequeñas porciones
de la facturación ilegal global.
El viejo derecho penal de la gente
parece destinado a convertirse en un derecho de la pre-modernidad, reservado
sólo a las formas tradicionales de la delincuencia, mientras que el nuevo
derecho penal de las sociedades, todavía en lenta gestación, aparece sólo como
una de las palancas de una estrategia global en múltiples niveles que, para
abordar los fenómenos descritos, deberá operar simultáneamente en diferentes
planos, actuando en el nivel macropolítico y macroinstitucional.
Sobre este punto volveré en la parte
final de mi informe.
Los ejemplos presentados hasta ahora
conciernen a las relaciones de mercado, al intercambio consensuado entre los
miembros de la delincuencia organizada y los millones de ciudadanos «normales»
que son los consumidores de bienes y servicios ilegales.
Mucho más complejas son las relaciones y
la colusión de intereses entre la mafia y las empresas que operan en el mercado
legal y que han dado lugar no sólo a relaciones de intercambio, sino también a
la creación de un capitalismo mixto, constituido por la fusión de capitales
legales e ilegales, que se está convirtiendo en un componente estructural
importante del capitalismo mundial.
En este sentido, la experiencia italiana
ha puesto de manifiesto que el fenómeno no es exclusivo de Italia, aunque allí
se muestra la vanguardia de una tendencia internacional.
Hasta hace unos años, en Italia había
una difundida aunque equivocada idea de que la comunidad empresarial era la
víctima, con pocas excepciones, de la delincuencia organizada que exigía, por
medio de la violencia y la intimidación, el pago de sobornos, el empleo de mano
de obra y la concesión de subcontratos.
Los empresarios acusados de complicidad
se defendían admitiendo que se vieron obligados a ceder a las exigencias de la
mafia para salvarse a sí mismos y a sus empresas.
Pero las revelaciones de muchos antiguos
mafiosos convertidos en colaboradores de la justicia y la evidencia recogida
por medio de escuchas telefónicas y ambientales han sacado a la luz en los
últimos veinte años una realidad del mundo empresarial mucho más compleja.
Junto a la categoría de víctimas,
también hay un montón de empresarios que aplicaron los métodos mafiosos para
ganar posiciones de dominio en el mercado.
En particular en diversos procesos
relacionados con la mafia siciliana, se ha encontrado que en sectores líderes
de la comunidad empresarial, cuyos exponentes a menudo han desempeñado también
un papel de liderazgo en las diversos asociaciones de empleadores, han
utilizado sus relaciones políticas y sus relaciones con la mafia tradicional
para convertirse en reguladores de amplios sectores del mercado de acuerdo con
la lógica del oligopolio.
En esos sectores han formado cárteles de
empresas que gestionan toda la cadena productiva.
La dirección de estos cárteles que
operan en diferentes partes del territorio y en los diversos sectores del
mercado, de acuerdo con una división de esferas de influencia, es asumida por
los empresarios que tienen la función de fungir como «hombres bisagra» entre
los políticos y la mafia, dictando las normas de ingreso, fijando los precios,
imponiendo condiciones a la mano de obra, señalando a los proveedores, etc.
La mayoría de los empleadores han
aceptado estas estructuras por varias razones:
En primer lugar, porque las numerosas empresas
que participaron en los cárteles se han convertido en parte de un sistema
sustancialmente proteccionista que elimina los costos y riesgos de la
competencia, asegurándose el reparto del mercado y el beneficio de acuerdo con
un sistema de rotación interna.
En segundo lugar, porque rebelarse
contra los líderes de los cárteles es exponerse a una doble venganza: la
política y la mafiosa.
La venganza política consiste en el
ostracismo para las empresas díscolas a las que se excluye de la posibilidad de
obtener financiación pública del Estado o del gobierno europeo, dirigido por
los políticos, y en ser sancionadas de diversas maneras por las burocracias
administrativas que niegan la autorización de los pagos o los retrasan hasta
llevar a determinadas empresas al riesgo de quiebra.
La represalia mafiosa consiste en el uso
de la violencia física contra los pocos que se atrevieron a rebelarse, algunos
de los cuales han sido asesinados y otros han sufrido graves daños.
La mezcla de intimidación política y
mafiosa ha asegurado a unos pocos empresarios posiciones dominantes.
Estos cárteles se definen como
«estructuras criminales» porque son una compleja red ilegal a la que pertenecen
sujetos de mundos diferentes -políticos, empresarios, profesionales, mafiosos
tradicionales– que se comunican mediante los «hombres bisagra».
Los diferentes elementos de la
estructura criminal desarrollan tareas distintas en función de las competencias
específicas y de los recursos disponibles para ello.
Los políticos controlan el flujo de
gasto público y de las aprobaciones administrativas. Los empresarios manejan el
acceso al mercado, los mafiosos lavan capitales ilegales, participan en los
negocios y proporcionan la fuerza física para eliminar los obstáculos que no se
pueden eliminar con métodos incruentos.
La participación concertada de los
diferentes recursos -políticos, económicos y militares- crea poderosas
estructuras sociales que pueden condicionar a sectores enteros de la vida
pública y controlar grandes sectores del mercado.
Hasta principios de los Noventa, las
estructuras criminales habían operado principalmente en la construcción y la
contratación pública, acaparando cerca del 90% de los contratos y encareciendo
enormemente el costo de las obras públicas.
La eliminación de la competencia en la
forma indicada anteriormente garantizaba a las empresas la consecución de las
licitaciones públicas con un mínimo de rebajas: hasta un 1% o 2%. La
complicidad del mundo político y administrativo también permitía lograr
significativos aumentos en los precios, aprobando continuas variaciones de
costos de obra o ejecutando dichas obras con materiales de mala calidad o de
calidad inferior a la prevista en el contrato.
Los beneficios adicionales así obtenidos
se dividían según porcentajes preestablecidos -determinados entre los
diferentes participantes- entre los políticos, los profesionales, los
empresarios y los mafiosos.
Como resultado de recortes de gastos
impuestos por el Tratado de Maastricht, el gran negocio de los contratos
públicos se fue reduciendo más y más. Al mismo tiempo, los riesgos penales
habían aumentado porque una parte del empresariado -aunque todavía es una
minoría- tomó posiciones contra los miembros de los grandes oligopolios y la
acción del poder judicial se ha vuelto más eficaz. Además, se aprobaron
recientemente leyes que establecen controles estrictos a las empresas que
obtienen contratos de obras públicas: Todos los pagos deben hacerse sólo a
través de cuentas bancarias dedicadas y marcadas.
Pero la economía, tanto la legal como la
ilegal, ha seguido evolucionando a un ritmo muy por encima de la ley.
Así, a principios del tercer milenio,
mientras que la acción del poder legislativo y del poder judicial comenzó a
centrarse en este sector, el capitalismo mafioso ya había tomado otros caminos,
la inversión en nuevos sectores de la economía virtual y en el mundo
financiero.
La necesidad de resumir me impide hacer
un inventario de las múltiples nuevas áreas de inversión, como las energías
alternativas, las redes de supermercados, la medicina privada de alta
tecnología y el tratamiento de los residuos.
Lo que es interesante a la luz de
investigaciones más recientes, es que las estructuras criminales no han
desaparecido sino que, como en una especie de «selección de las especies», han
evolucionado adoptando técnicas de inmersión y ocultamiento que las hacen menos
visibles.
El componente político-administrativo sigue desempeñando un papel esencial
en la disposición de los fondos públicos reservados para las empresas
pertenecientes a las diferentes estructuras criminales y en la creación de
posiciones de oligopolio mediante una gestión racional de las licencias
administrativas necesarias para iniciar actividades comerciales en muchas
áreas, como por ejemplo la producción de energía alternativa.
Recientes investigaciones judiciales han
permitido comprobar que, en Sicilia, esos sectores están controlados directa o
indirectamente por unos pocos contratistas que trabajan ocultos detrás de una
multitud de empresas.
En junio de 2010 se decomisaron activos
por valor de casi 1,5 millones de euros a una de estas personas perteneciente a
grupos de oligopolios que, según la fiscalía, actuaba como enlace entre la
mafia y el lobby financiero internacional que gestionan, además de capitales
legales, la obtención de inversiones de la mafia italiana, de los grupos
japoneses Yakuza y de la mafia rusa en el sector energético italiano.
Es interesante señalar, con el fin de
comprender la prolongación de la actividad delictiva a través del tiempo, que
ya en 1995 esta misma persona fue declarada culpable de haber pagado sobornos
por valor de tres mil millones de liras a los Consejeros de la Región de
Sicilia y a los burócratas. Esos sobornos representaban el 10% de un contrato
de treinta mil millones de liras de fondos públicos para la instalación de
sistemas fotovoltaicos.
También, para demostrar la continuidad
en el tiempo de las estructuras criminales, cabe señalar que en marzo de 2011
fue detenido un diputado de la Región de Sicilia, miembro de la Comisión de
Actividades Productivas, mientras estaba recibiendo un soborno de un
contratista de la industria fotovoltaica para eliminar una serie de obstáculos
burocráticos creados artificialmente con el propósito de impedir las
actividades de la empresa.
Las investigaciones en otras regiones
italianas han revelado la existencia de otras estructuras criminales que operan
de forma similar y a las que pertenecen empleados jerarquizados que incluyen a
hombres conectados con las organizaciones mafiosas.
Las estructuras criminales son la señal de una peligrosa y
progresiva conexión entre el mundo empresarial y el mundo de la corrupción,
llenos de gente sin escrúpulos interesada en la obtención del máximo beneficio
personal de los cargos públicos que ocupan, y el mundo de la mafia de cuello
blanco, integrado por personas altamente educadas.
La combinación del abuso del poder público y el abuso del poder
privado de las mafias es la nueva fórmula ganadora.
En Italia el fenómeno se ha agravado
cada vez más en los últimos veinte años porque en muchos aspectos se ha
ampliado la discrecionalidad política-administrativa, exenta de controles por
parte de los organismos superiores, y convertida en impenetrable para el poder
judicial.
Así, se ha creado un área muy amplia de
opacidad en el sector público, que ofrece una amplia cobertura para el
crecimiento vertiginoso de la ilegalidad.
La Sindicatura de Cuentas ha estimado
que el volumen de negocios anual de la corrupción en Italia ha alcanzado la
cifra de sesenta mil millones de euros.
Debido a la impenetrable conspiración de
silencio que domina el mundo de los trabajadores de cuello blanco, el poder
judicial ha sido capaz de sacar a la luz muchas historias de corrupción casi
siempre gracias a las escuchas telefónicas y ambientales.
En resumen, la corrupción se ha
convertido en la principal zona de penetración de la mafia en las instituciones
y en la economía, así como el lugar principal en el que construir las alianzas
entre políticos, funcionarios, empresarios y mafiosos de élite que dan vida a
las estructuras criminales.
En el panorama italiano, desde el norte
hasta el sur, las estructuras criminales se están convirtiendo en los nuevos
actores emergentes en la escena del crimen nacional, sustituyendo
progresivamente a la mafia tradicional en el segmento superior del mercado
ilegal, cuya gestión requiere diferentes habilidades en múltiples niveles.
Dejan a las mafias tradicionales
aquellas áreas de mayor riesgo penal como el tráfico de estupefacientes, la
exacción violenta de recursos por la extorsión, así como sectores del mercado
de baja tecnología o en vías de extinción como la construcción.
Por supuesto esto es dibujar a grandes
trazos las líneas generales del fenómeno, porque la realidad del mismo tiene
una tipología muy variada.
Particularmente interesante, porque refleja una evolución no
sólo italiana sino europea e internacional, es la proliferación en las regiones
del norte de Italia del fenómeno de la fusión entre el capitalismo legal y el
capitalismo mafioso, así como la expansión de la estructura criminal.
Durante muchos años se creyó que la
mafia era un fenómeno exclusivo de las regiones del sur, y que las tradiciones
cívicas y la cultura de mercado de las regiones del triángulo industrial del
país eran buenos anticuerpos contra la propagación de la mafia en esas zonas.
Esta creencia se basaba en el prejuicio
cultural -muy extendido en los medios
de comunicación- de que la mafia estaba formada sólo por individuos groseros e
ignorantes que realizaban actividades predatorias por medios
violentos.
En realidad, el nuevo capitalismo
mafioso se presenta con el aspecto tranquilizador de administradores y
empleados de oficina que ofrecen a las empresas una variedad de servicios
ilegales muy atractivos, ya que permiten concretar una serie de grandes ahorros
sobre los costos de producción y obtener beneficios adicionales.
Para limitarnos sólo a unos pocos
ejemplos, basta pensar que las empresas mafiosas ofrecen la eliminación de
residuos a precios reducidos hasta un 50% en comparación con los precios de
mercado, porque funcionan con métodos ilegales de vertidos prohibidos y dañinos
para el medio ambiente
Consideremos el caso de que deba
derribarse un edificio de diez plantas que contiene una gran cantidad de
amianto para construir un nuevo rascacielos en su lugar.
La empresa mafiosa ofrece una reducción de costos a la mitad para
derribar el edificio porque eliminará los materiales resultantes, incluido el
amianto, de manera ilegal.
Además las empresas mafiosas, cabezas de cientos de empresas que
operan también en el extranjero, trabajan como «cárteles» ofreciendo a las
empresas legales facturas por transacciones inexistentes que permiten la
evasión de impuestos por montos muy elevados, a veces millones de euros. Los
beneficios así obtenidos se reinvierten en parte en las empresas y en parte
para crear fondos negros para la corrupción tanto a nivel nacional como
internacional.
En una investigación de febrero de 2010,
que terminó con la detención de cincuenta y seis personas, se encontró que una
estructura criminal compuesta por directivos de multinacionales de
telecomunicaciones que cotizan en bolsa y hombres de negocios vinculados a la ‘Ndrangheta , habían
realizado entre 2003 y 2006 un complejo fraude fiscal administrando 2.200
millones de euros y perjudicando al fisco por 370 millones de euros.
Parte de este dinero había acabado en
manos de la 'Ndrangheta ,
que había falsificado miles de votos consiguiendo que se eligiera en el
Parlamento a un senador dispuesto a cuidar los intereses de la organización a
nivel estatal. De esta estructura criminal también formaban parte miembros de
las fuerzas policiales que proporcionaban información confidencial y
obstaculizaban la investigación.
Entre otros servicios ofrecidos por el
negocio de la mafia, también está la reducción de los costes laborales, ya que
los empleados se ven obligados a devolver hasta el 30% del importe de su
salario.
En los procesos penales de julio de 2010
se comprobó que una gran empresa con capital mixto –legal y mafioso- durante
muchos años había obligado a sus 1.500 empleados a devolver cada mes el 30% de
sus salarios, acumulando así, gracias a la complicidad del mundo de la banca,
varias decenas de millones de euros transferidos al extranjero.
En otro caso en 2010 se estableció que
los gerentes de una empresa que forma parte de un holding multinacional, que
cotiza en la Bolsa y opera en el sector de la construcción, había firmado
estrechos acuerdos con la mafia, incorporando a su propio plantel de dirigentes
a líderes mafiosos y elaboró sus marcos de gestión contando también con líderes
de la mafia. Con
esos acuerdos se pretendía lograr un progresivo control del mercado en la
región y la empresa había obtenido muchísimos beneficios al proveer grandes
cantidades de hormigón debilitado (es decir, sin la cantidad de cemento mínima
de 30 Kg .
por m3) para la ejecución de obras públicas. Una porción de las
ganancias se entregó a la mafia siciliana a través de un sistema de facturas
falsas.
También hay que tener en cuenta que las
mafias ofrecen el aporte de capital que permiten a las empresas legales
efectuar nuevas inversiones sin gastos, accediendo a liquidez sin costes
bancarios, capitales especialmente atractivos especialmente en un momento de
crisis económica y de fuerte competencia internacional.
La mezcla de capitales legales e
ilegales se basa en un beneficio mutuo y sin maneras agresivas.
En los territorios del Centro-Norte, los
miembros de la delincuencia organizada a menudo se limitan sólo a la
adquisición de acciones como participación minoritaria.
Lo que importa es reciclar el dinero,
propagar el capital de la mafia en un gran número de empresas en el territorio
y crear una tupida red de complicidad entre los involucrados de diferentes
maneras en los negocios ilegales.
Esto creará un clima general de
conspiración para mantener el secreto sobre la colonización encubierta de áreas
enteras del territorio por los mafiosos.
Secreto que llega al punto de cubrir la
clásica extorsión aplicada en perjuicio de las pequeñas empresas que operan en
esos mismos territorios.
En un proceso penal, que en marzo de
2011 condujo a la detención de treinta y cinco miembros de la 'Ndrangheta en
Lombardía, el juez del Tribunal de Milán que emitió la orden de prisión
preventiva en la cárcel, escribió literalmente, «La empresa mafiosa ha
alcanzado un preocupante nivel de aceptación social» en el sentido de que «las
ventajas de las que gozan esas empresas mafiosas no son (casi) nunca
estigmatizadas por las empresas sanas, que prefieren sufrir en silencio o hacer
negocios con los acusados a presentar una queja».
Un empresario que ha trabajado durante
varios años en Lombardía me dijo que el silencio de muchas empresas no
significa actuar en connivencia con la mafia, sino que también se deriva de la
conciencia de no estar en regla con la ley en varios aspectos: por la evasión
fiscal, el incumplimiento de la normativa laboral, violaciones de las normas de
seguridad laboral, etc.
Estas empresas que trabajan fuera de la
ley se convierten en carne de chantaje de las organizaciones mafiosas que, por
tal motivo, saben que puede contar con su silencio.
El ley del silencio de la mafia que
parecía ser una característica cultural de Sicilia y otras regiones del sur, se
extiende así también en el norte del país, alimentándose en parte de algunas de
las ventajas económicas que he señalado, en parte de una subestimación cultural
de un público que sigue creyendo que la mafia es sólo aquella que dispara y que
los incidentes de violencia que a veces salen a la luz son hechos aislados.
Y también, en parte, preocupa revelar la
realidad de la presencia de la mafia en esos territorios porque es negativo en
términos de marketing local.
En una reciente investigación
periodística de la primera red de TV del Estado, sobre la difusión de la mafia
en el norte, los periodistas han tenido serias dificultades para encontrar
empresarios de esa área dispuestos a dejarse entrevistar sobre esta cuestión.
El Presidente de la Cámara de Comercio
de Reggio Emilia, una ciudad que se encuentra en una de las regiones más ricas
del país, dijo a la prensa que durante un decenio había tratado en vano de convencer
a los políticos y funcionarios de que en esa zona las empresas mafiosas estaban
conquistando varios sectores del mercado como el transporte, la construcción y
la eliminación de residuos, ofreciendo precios competitivos fuera del mercado
que ponían de rodillas a las empresas legales.
Y los políticos y los funcionarios le
respondieron que los propietarios de esas empresas eran administradores bien
educados, que estaban ofreciendo servicios y contratos con costos bajos
beneficiando a la comunidad y que eran muy sensibles a las necesidades de la
ciudad, ya que financian exposiciones de arte y otros eventos culturales.
Pero el aspecto más preocupante que se
desprende de las investigaciones en las regiones Centro-Norte del país, es la
relación triangular entre los ejecutivos de la mafia, los empresarios y los
políticos y funcionarios locales.
Son crecientes las investigaciones que
demuestran el crecimiento y la propagación en aquellas zonas de la estructura
criminal nacida de la unión estable de intereses entre el mundo de la
corrupción política-administrativa, el empresariado y la mafia.
Los medios
de comunicación utilizan diferentes expresiones para definir este nuevo
fenómeno criminal: bandas, P3, P4, juntas de negocios, etc.
Pero más allá de la variedad de términos
y eventos, el elemento estructural constante es la presencia simultánea en cada
una de estas estructuras criminales de políticos, funcionarios públicos,
empresarios y comerciantes vinculados a la mafia, todos de acuerdo en utilizar
la influencia política y administrativa junto a capitales legales y capitales
ilegales de origen mafioso para enriquecerse en diversos ámbitos,
distorsionando las reglas del mercado y de la administración pública.
Así que hoy ya no estamos en condiciones
de determinar si la verdadera emergencia nacional está constituida por la
mafia, por la corrupción o por una mezcla letal de ambas.
La corrupción se ha convertido en el
caldo de cultivo de cualquier ilegalidad, incluidas las de tipo mafioso, debido
a una serie de reformas y de leyes promulgadas en Italia en los últimos años
que han contribuido a aumentar el grado de impunidad en este ámbito.
Se trata de leyes que han quitado a los
jueces penales la posibilidad de controlar el mal uso del poder público, de
leyes que han reducido los plazos de prescripción de muchos delitos de cuello
blanco y que, por lo tanto, se declaran extinguidos antes de que se pueda
lograr una sentencia definitiva de condena, e incluso de leyes que han
perdonado las penas por delitos graves, incluido el delito de tráfico electoral
político-mafioso previsto en el Artículo 616 de Código Penal.
Además, el Estado italiano no ha puesto
en marcha la Convención del Consejo de Europa sobre la corrupción después de
haberla firmado en 1999. Por tal motivo muchos comportamientos ilegales, como
el tráfico de influencias, no son objeto de persecución penal.
También hay que señalar que se aprobaron
leyes que han permitido la regularización fiscal (N.deT: blanqueo) de capitales
de origen ilegal exportados al extranjero con garantías de anonimato y de
secreto, para evitar que los jueces y las fuerzas policiales puedan determinar
si alguno esos capitales así regularizados eran también capitales mafiosos.
Por último, la candidatura al Parlamento
y la designación para importantes cargos de gobierno de personajes ya
condenados o investigados por corrupción o por delitos mafiosos constituye un
hecho gravemente desmoralizador que, sin duda, no ayuda al crecimiento de la
cultura de la legalidad en la sociedad civil.
Como suelde decirse en Francia, los
niños no se educan con palabras, sino con el ejemplo. Lo mismo vale en la
relación entre gobernantes y gobernados. Es difícil pretender en los gobernados
una tasa de moralidad pública superior a la de los gobernantes.
Por lo tanto, si no se pone freno a la
corrupción, la guerra contra la mafia está perdida antes de empezar y la
detención de cientos de miembros de la mafia y la confiscación de grandes
propiedades sólo cumplirá una mera función de contención.
Sería un error creer que los fenómenos
que he descrito pertenecen sólo a la realidad italiana.
En Italia estos fenómenos salieron a la
luz porque, gracias a la Constitución de 1948, hay un poder judicial que ahora
goza de independencia y de autonomía con respecto al poder político y que,
además, puede contar con una policía altamente profesional y herramientas de
investigación muy penetrantes como las interceptaciones.
En otros países donde estas condiciones no
existen, totalmente o en parte, el mismo fenómeno se propaga de una manera
oculta.
Por ejemplo ahora se reconoce
universalmente que el capitalismo soviético es un capitalismo mafioso en un
porcentaje que equivale a entre sesenta y setenta por ciento.
De hecho, fuentes del gobierno ruso
afirman que alrededor del 40% de las empresas privadas, el 60% del Estado, el
85% de los bancos rusos y el 70% de las actividades comerciales están sujetos a
infiltraciones o bajo la influencia de organizaciones criminales, y que casi
todas las empresas comerciales en las principales ciudades están controladas
directa o indirectamente por los grupos delictivos.
Y con las últimas elecciones esta
situación ha empeorado.
Muchos mafiosos se han convertido en
asistentes parlamentarios, previo pago de una suma de dinero. Y ahora, en
Rusia, los 450 diputados de la Duma tienen unos quince mil asistentes, algunos
de los cuales han sido asesinados a causa de los conflictos entre los grupos
criminales locales.
Ahora la mafia rusa se sienta en el
corazón de las finanzas internacionales y se ha convertido en uno de los
componentes estructurales del capitalismo global, de un nuevo poder privado
capaz de influir en el orden económico y geopolítico internacional.
La compenetración entre el capitalismo
legal y el capitalismo mafioso, así como el crecimiento turbulento de la
estructura criminal también es una trágica realidad en algunos países europeos
nacidos a partir del colapso del imperio soviético, en los que la fusión entre
los representantes de la «nomenklatura» y las mafias en el poder es tan fuerte
que algunos estudiosos para definir a estos países utilizan los términos
«regímenes criminocráticos« y «Estados de la mafia».
Situaciones similares se encuentran en
varios países de África y de América Latina.
Por último, en el corazón de Europa el
blanqueo de los capitales mafiosos que se invierten en los más diversos
sectores es un fenómeno creciente y el riesgo de una invisible colonización
económico-mafiosa en áreas cada vez mayores del territorio europeo no debe
subestimarse.
La lección que cabe extraer de la
propagación de las mafias en las regiones del norte de Italia que se
consideraban inmunizadas, es una señal de alarma que no sólo suena en Italia,
sino también en toda Europa, especialmente en un período histórico como el
actual, en el que la hegemonía mundial de un turbo-capitalismo mundial,
refractario a todas las reglas y controles, ha creado grandes áreas de anomia y
desregulación que constituyen un terreno fértil para la expansión tanto de la
denominada «economía canalla» como de la economía mafiosa.
Todas las razones mencionadas ayudan a
entender por qué, como he mencionado antes, la acción penal es sólo una parte
de una estrategia de defensa y respuesta contra la economía criminal que, para
ser eficaz, debe pasar a un nivel global y sistémico
El espacio de este informe no me permite
referirme a esta cuestión esencial que requiere un desarrollo articulado y de
extrema complejidad.
Me limitaré a mencionar un solo ejemplo
entre muchos.
La construcción progresiva de un derecho
penal comunitario contra la delincuencia organizada internacional, que prevea
un listado homogéneo de delitos, de instrumentos de investigación y de
incautación de bienes, es un objetivo clave a mediano plazo.
Pero este objetivo es probable que sea
totalmente inútil si dentro de los países no existen, o no se mantienen
vigentes, normativas estatales que garanticen la independencia y la autonomía
de los jueces y fiscales ante el peligro de condicionamientos por parte de
centros de poder externos.
Los tribunales italianos no habrían
podido lograr resultados significativos contra la mafia y la corrupción
concretados en las últimas dos décadas, si su independencia no estuviera
garantizada por la Constitución de 1948 aprobada después de la derrota de la Segunda Guerra Mundial
y de la caída del fascismo.
Son muchos los jueces italianos, entre
ellos Giovanni Falcone y Paolo Borsellino, asesinados por la mafia con sus
guardaespaldas en 1992, que han debido sufrir graves ataques del mundo político
porque con sus investigaciones ponían en peligro los intereses de las
estructuras criminales que actuaban en diversas partes del país, o por parte de
hombres muy poderosos.
En los últimos años los ataques contra
la justicia italiana se han vuelto cada vez más violentos y prepotentes.
Están en el orden del día una serie de
proyectos de ley que proponen enmiendas a la Constitución y a las leyes
ordinarias, pero con una sustancia constitucional, que pretenden llevar al
poder judicial bajo el control del poder político y a quitar al ministerio
público la posibilidad de investigar delitos, reservando esta facultad sólo a
las fuerzas policiales subordinadas jerárquicamente al poder ejecutivo y, por
lo tanto, al poder político.
También están en discusión proyectos de
ley que pretenden limitar la utilización de instrumentos de investigación
esenciales como las escuchas telefónicas.
Teniendo en cuenta la compleja realidad
que hemos descrito, es comprensible que las reformas de esta naturaleza no se
limitarían a afectar únicamente a algunas estructuras internas de la
legislación italiana, sino que podrían llevar a una severa reducción de la
capacidad global de respuesta del Estado italiano en su lucha contra la
corrupción, contra las estructuras criminales, contra los líderes mafiosos y
contra el crimen con fines de lucro, creando en el corazón de Europa un
peligroso foco de infección.
Nota del traductor:
(1) La 'Ndrangheta es una organización criminal de
Italia cuya zona de actuación predominante es Calabria. A pesar de que no es
tan conocida internacionalmente como la Cosa Nostra siciliana y de que se considera más
rural en comparación con la Camorra napolitana o la Sacra Corona Unita
de Apulia, la 'Ndrangheta
se ha convertido en el elemento criminal más poderoso de Italia desde los años
90. Aunque en ocasiones se la asocia incorrectamente a la mafia siciliana, la 'Ndrangheta opera de
modo independiente de los sicilianos, si bien existen contactos entre ambas
dada la proximidad geográfica entre Calabria y Sicilia.
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