La otra campaña:
cómo es el plan
contra los pueblos originarios
28 de julio de
2017
Por Darío Aranda (lavaca)
Desalojos y represión contra pueblos originarios. Cárcel a sus
referentes y militarización de territorios. Leyes que se violan y empresas
extractivas que avanzan con complicidad política y judicial. Políticas de Estado
contra los pueblos indígenas. Y comunidades que resisten. Cómo es el plan
sistemático contra los pueblos originarios.
Agustín Santillán, wichí de Formosa, lleva tres
meses preso.
Facundo Jones
Huala, mapuche, fue encarcelado en Chubut de forma arbitraria por una causa que
ya había sido juzgado, hace pocas semanas.
En San Pedro de Colalao, Tucumán, un
megaoperativo policial desalojó a familias diaguitas.
Toda una comunidad mbyá de Misiones fue testigo
de la destrucción de sus viviendas, con motosierras e incendio incluido.
En Salta, 26 wichís murieron en 23 días por
causas evitables.
Éste es el plan sistemático contra los pueblos
originarios.
Los detenidos
Ingeniero Juárez está ubicado en el extremo
oeste de Formosa, una provincia donde pocas voces se alzan contra el gobernador
Gildo Insfrán, gobernador desde 1995. Agustín Santillán es una de esas voces,
que reclama los derechos del pueblo wichí.
Santillán fue detenido el 14 de abril: tiene
más de veinte causas armadas. Desde hace tres meses está en la cárcel de Las
Lomitas. Recibió maltratos, amenazas de muerte y su futuro es complejo. “Son
causas armadas. Es un preso político. Quieren aleccionar para que nadie más
levante la voz”, resumió Daniel Cabrera, su abogado.
“Repudiamos la creciente criminalización que
sufren las comunidades indígenas en el país. Un ejemplo claro de esta realidad
es la actual privación de la libertad de Agustín Santillán, que se encuentra
detenido por demandar el goce de sus derechos”, denunció una escrito público
firmado por la Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI), el Servicio de
Paz y Justicia (Serpaj), Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), Red
Agroforestal Chaco Argentina (Redaf), el Grupo de Acceso Jurídico de Acceso a la
Tierra (Gajat), el Consejo Consultivo y Participativo de los Pueblos Indígenas,
la Confederación Mapuche de Neuquén, la Unión de los Pueblos de la Nación
Diaguita en Tucumán (Upndt), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y
la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), entre otros.
También en la cárcel se encuentra Facundo Jones
Huala, lonko (autoridad) del Lof Cushamen, en Chubut. Su comunidad cometió el
pecado en 2015 de recuperar tierras en la estancia Leleque, propiedad de la
multinacional Benetton, el mayor terrateniente de Argentina con un millón de
hectáreas. Sobrevinieron denuncias, juicios, represiones hasta que en 2016 Jones
Huala fue enjuiciado por un antiguo pedido de extradición a Chile. El juez
confirmó la existencia de tortura a testigos, liberó a Huala y la causa
tramitada en la Corte Suprema. El 27 de junio, luego de una reunión entre los
presidentes Mauricio Macri y Michelle Bachelet, el lonko mapuche fue detenido en
un retén de Gendarmería por el mismo pedido de extradición, y trasladado a
Esquel. “Estoy preso de forma ilegal. No se respeta el debido proceso, nadie
puede ser juzgado dos veces por la misma causa. Los jueces están violando el
estado de derecho, su propia legislación”, denunció Jones Huala.
Desalojados
El 26 de junio la Comunidad Indio Colalao de
Tucumán sufrió un violento desalojo de 16 familias. A pesar de la vigencia de la
Ley Nacional 26160 (que declara la emergencia en materia de posesión y propiedad
de tierras indígenas y por ello frena los desalojos de este tipo), decenas de
policías, policía montada e infantería llegaron hasta el territorio y avanzaron
contra la comunidad. El operativo estuvo avalado por la fiscal Adriana Cuello
Reinoso y al juez Eudoro Albo.
En San Ignacio, Misiones, el 8 de julio, una
patota atacó a la comunidad Tekoa Kokuere’i. Con machetes y motosierras
derribaron las viviendas y luego las incendiaron en presencia de niños y
mujeres. “Llaman la atención las frecuentes asociaciones entre la Municipalidad
y los propietarios aparentes o empresas cuando se trata de lastimar, atropellar
y despojar a las comunidades Mbya de los derechos que tienen como pueblos
preexistentes”, denunció el Equipo Nacional de la Pastoral Aborigen (Endepa).
Incluso confirmó que la comunidad cuenta con documentos oficiales que muestran
que se trata de territorio ancestral indígena.
La ley y la trampa
Ante cada desalojo a campesinos e indígenas
suele las comunidades suelen responsabilizar al poder político y al empresario.
Pero también interviene un actor de perfil más bajo: el Poder Judicial, el más
conservador y vitalicio de los tres poderes del Estado. Y el único que no es
elegido por votación de la población.
Argentina tiene frondosa legislación que
favorece a los pueblos indígenas: desde la Constitución Nacional (Artículo 75,
inciso 17), constituciones provinciales, Convenio 169 de la OIT y la
Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas.
De la mano de jueces y fiscales, no se cumplen.
“La ley es como un hacha sin filo”, resume un
dicho del Pueblo Wichí. Puede ser una herramienta deseada, ideal, pero si no se
implementa, no sirve.
El Pueblo Diaguita de Tucumán marchó el 6 de
julio a los tribunales de la provincia. Identificó como responsable de sus
abusos al Poder Judicial. Recordaron que desde 2009, cuando asesinaron al
diaguita Javier Chocobar, esperan un juicio que nunca llega. Y repudiaron a
jueces y fiscales que dan luz verde a los desalojos indígenas.
“Nosotros somos un pueblo preexistente y reclamamos lo que es nuestro. Lo que quieren los empresarios es quitarnos nuestras tierras, despojarnos de lo que nos queda. Hoy decimos basta y nos revelamos ante el poder judicial porque esto no puede volver a ocurrir”, denunció desde la marcha la vocera diaguita Ivana Morales, a la Agencia de Prensa Alternativa (APA!).
Fernando Kosovsky, director del Grupo de Apoyo
Jurídico por el Acceso a la Tierra (Gajat) y parte de la Asociación de Abogados
de Derecho Indígena (AADI), presentó la situación Argentina en el Mecanismo de
Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas (que
sesionó entre el 10 y 14 de julio en Ginebra) y se entrevistó con la Relatora
Especial de la ONU, Victoria Tauili Corpuz. Kosovsky entregó documentación que
confirma casos de violaciones graves a los derechos de las comunidades,
vulneración de los derechos territoriales e incumplimientos sistemáticos de
estado argentino en garantizar la seguridad jurídica de los territorios.
Gajat recordó que la Ley 26.160 (que en 2006
instó relevar los territorios indígenas y prohibió nuevos desalojos) vence este
año y el Gobierno aún no ha confirmado la prórroga. “Pasados diez años, menos
del 30 por ciento de los territorios fueron relevados.
Amnistía Internacional realiza desde hace dos
años un mapa de conflictos territoriales (disponible en
www.territorioindigena.com.ar). Contabilizan un piso de 250 casos, donde el
punto común son empresas (agropecuarias, petroleras y mineras, entre otras), que
actúan en complicidad, por acción u omisión, de los gobiernos.
“Existe en Argentina una significativa distancia entre los derechos vigentes en
leyes provinciales, nacionales y tratados internacionales de derechos humanos y
su efectiva aplicación. No obstante los avances en el reconocimiento jurídico de
los derechos de los pueblos indígenas, la Argentina debe asumir su historia para
poder transformar las prácticas que siguen reafirmando patrones de
discriminación y exclusión”, alertó Amnistía Internacional.
Matar al indio
Carmen Lobo de Quiroga, abuela campesina de
Santiago del Estero, falleció en el marco de un intento de desalojo el 25 de
junio, en la localidad de La Florida (sudoeste provincial). Su familia denunció
que “murió de angustia” ante la posibilidad de perder su tierra, cuando
empresarios quisieron hacerse de la tierra campesina.
Sólo la insistencia del periodista Eduardo
Duschatzky posibilitó que la agencia oficial Telam emitiera la noticia. Ningún
“gran medio” se hizo eco. La Mesa de Tierras Choya-Guasayán, del Movimiento
Campesino de Santiago del Estero, denunció el hecho y alertó que los empresarios
están con vía libre de parte del poder político y judicial. También resaltaron
el aumento de la conflictividad en los parajes Zorro Huarcuna, Sol de Mayo, San
José y Santo Domingo.
La abuela Carmen Lobo
de Quiroga se suma a una larga y silenciada lista de asesinatos rurales: Javier
Chocobar (octubre de 2009, diaguita de Tucumán), Sandra Juárez (marzo de 2012,
Santiago del Estero), Roberto López (noviembre de 2010, qom de Formosa), Mario
López (noviembre de 2010, pilagá de Formosa), Mártires López (junio de 2011, de
Chaco), Cristian Ferreyra (noviembre de 2011, de Santiago del Estero), Miguel
Galván (octubre de 2012, lule-vilela de Santiago del Estero), Celestina Jara y
Lila Coyipé –beba de 10 meses– (ambas qom de La Primavera, Formosa), Imer Flores
(enero de 2013, qom de Chaco), Juan Daniel Díaz Asijak (enero de 2013, qom de La
Primavera), Florentín Díaz (22 de mayo, qom de Chaco), entre otros.
En Santa Victoria Este, región norte de Salta,
murieron 26 personas en 23 días, todas por causas evitables y falta de atención
básica de salud. Lo denunció la comunidad wichí Cruce Buena Fe Cañaveral, según
describió la periodista Laura Álvarez Chamale (en el diario El Tribuno).
“No olvidamos que entre el 16 de diciembre y el
31 de diciembre murieron 16 personas en Santa Victoria Este. Y hasta el 7 de
enero murieron 10 más, sumando 26. Esta mortandad es un profundo dolor que quedó
en nuestras comunidades”, lamentó el dirigente wichí Pedro Lozano. Y precisó que
se trató de cinco adultos y 21 niños, todos menores de 2 años.
Las comunidades indígenas y familias criollas
cortaron la ruta provincial 54. Denunciaron a la jefa de enfermería, la falta de
insumos básicos y la carencia de agua (con temperaturas de más de 40 grados).
El secretario de Servicios de Salud de Salta,
Francisco Marinaro Rodó, reconoció las 26 muertes, pero culpó a los indígenas: “Lo
que ocurre en verano es que beben agua de los madrejones y eso les provoca
diarrea y deshidratación grave. Son los hábitos higiénicos dietéticos de las
comunidades wichís, más que ninguna otra etnia, los que generan estas
problemáticas (…) Mi gran ambición es que aprendan a lavarse las manos, a hacer
hervir el agua, a cocinar y darles a sus hijos agua y comida segura”.
El funcionario no mencionó la falta de agua
potable, la falta de trabajo, la pobreza, ni el histórico y permanente despojo
de tierras, que acorrala a las comunidades en pequeñas parcelas donde es muy
difícil reproducir su vida.
Enemigo interno
El Ministerio de Seguridad, conducido por
Patricia Bullrich, acusó (en un informe interno de agosto de 2016) a los pueblos
originarios de la Patagonia de delitos federales y los responsabilizó de hechos
delictivos sin aportar pruebas. El informe interno fue titulado “Revalorización
de la ley. Problemática en territorio mapuche” y reconoce que la Policía de
Seguridad Aeroportuaria (PSA) realiza “tareas de investigación” ilegales. El
Ministerio de Seguridad hizo propio el discurso de las empresas petroleras, que
argumentaron la “usurpación” que realizarían comunidades indígenas sobre campos
petroleros.
Un centenar de organizaciones de pueblos
originarios, Amnistía Internacional, el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) y la
Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) emitieron un comunicado para
alertar sobre la “estigmatización y persecución al Pueblo Mapuche”. El texto,
titulado “La lucha indígena no es delito”, apunta al gobierno: “El ministerio de
Seguridad coloca a las reivindicaciones territoriales mapuches como amenazas
para la seguridad social (…) El Estado privilegia los intereses de las
petroleras y criminaliza al pueblo mapuche”.
El 21 de junio, un centenar de efectivos de
gendarmería nacional llegó hasta la comunidad mapuche Campo Maripe (en Vaca
Muerta), cerró los caminos internos y escoltó a cuadrillas de YPF para realizar
una nueva perforación petrolera. Los integrantes de la comunidad pidieron
explicaciones, solicitaron que exhiban la orden judicial (nunca se las
mostraron) y exigieron que se retiren del territorio indígena.
La Gendarmería incluso impidió que la comunidad
abandonara su propia tierra. “YPF usa la Gendarmería para entrar ilegalmente a
territorio mapuche. Ingresaron sin consulta, ni autorización, con un
procedimiento totalmente desmedido, sin mediar palabra, ni exhibir orden
judicial. Los miembros del lof (comunidad) fueron amenazados y fueron rehenes en
su propio territorio”, denunció el Consejo Zonal Xawvn Ko de la Confederación
Mapuche de Neuquén, que cuestionó la “militarización” del lugar y acusó a la
ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de una “escalada de represión”.
La unión
Ivana Morales, de la comunidad India Colalao de
Tucumán, invitó: “Pedimos a todas las comunidades que nos unamos. Continuamos
resistiendo, esto no termina. Llevamos 525 años resistiendo y en el año 2017
continúa esta lucha. Que la Pachamama nos proteja”.
Facundo Jones
Huala, desde la cárcel, apuntó a una de las causas de fondo: “Los gobiernos ven
un peligro en la organización y levantamiento de los pueblos indígenas. Tenemos
formas de vida que se contraponen al sistema capitalista, han mantenido vidas
comunitarias, sostenibles, sin intervención del Estado. Los pueblos indígenas
son una alternativa para estos modelos de vida modernos e inhumanos. Por eso se
ve a los indígenas como un peligro para el capitalismo”.
La Confederación Mapuche
de Neuquén está dividida en seis regiones.
Puntualizó los hechos represivos de las últimas
semanas, las detenciones arbitrarias de Santillán en Formosa y de Jones Huala en
Chubut.
Dice: “Nuestra condena y repudio a los
acontecimientos que demuestran que la escalada de violencia. Como organización
Mapuche expresamos nuestra condena y repudio al accionar terrorista de este
Gobierno, que además de hambrear al pueblo, ha iniciado una cacería sobre todo
pueblo indígena que se oponga a su modelo capitalista , extractivista,
saqueador, racista y represor”, remarca. El comunicado finaliza: “Por nuestra
libre determinación. ¡Marici wew! (Diez veces venceremos)”.
Las tres patas
El audio es de sólo tres minutos. Circuló por
WhastsApp y pertenece a Marcos Pastrana, histórico luchador diaguita de Tafí del
Valle (Tucumán), uno de los pioneros en enfrentar a Minera Alumbrera en el norte
argentino. Con simpleza, Pastrana realiza un análisis pedagógico, profundo y
conmovedor de la situación indígena de Argentina. “Una política de Estado tiene
tres patas esenciales: voluntad política, decisión administrativa y presupuesto
– dice-. Los desalojos contra pueblos indígenas son claramente una política de
estado, actual y desde siempre del estado argentino. Porque los desalojos tienen
una voluntad política, por eso se hacen. Tiene una decisión administrativa
porque ponen todos los medios a disposición para que se ejecuten. Y tiene
presupuesto, donde se moviliza todo el aparato necesario”.
Pastrana, que se lo escucha sereno pero también
firme, resume: “La política del Estado argentino y del Estado provincial y
municipal es desalojar y hacer desaparecer a las comunidades y pueblos
indígenas. Es la triste realidad”.
Enumera las leyes vigentes que no se cumplen,
cuestiona a los tres poderes del Estado y llama a organizarse y luchar. Así
resume los últimos 200 años de Argentina: “No son políticos, no son gobernantes,
ni son funcionarios. Son gerentes ejecutores de las multinacionales y de los
terratenientes”.
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