27 de agosto de 2012

II. Recordemos qué significa neofeudalismo en nuestro país y solidaricémosnos


La vieja receta de El Tabacal
El sábado por la tarde fuerzas policiales reprimieron el corte de la ruta nacional 50, en San martín del Tabacal, cerca de Orán (Salta). Trabajadores del Ingenio El Tabacal protestaban contra el despido de 57 trabajadores por reclamos salariales. La medida de fuerza continúa. 

El Tabacal es uno de esos nombres que traen consigo en la memoria de nuestro pueblo algunos de los peores sustantivos de nuestra lengua: superexplotación, represión, oligarquía, desalojo, contaminación, esclavitud. Y por si fuera poco lleva asociado su nombre al de Robustiano Patrón Costas, una de las figuras más notorias de las clases dominantes argentinas, su fundador en 1918. Se trata de una empresa que es dueña de 25.000 hectáreas de caña de azúcar, y es una de las principales productoras de alcoholes y azúcares. Una de sus marcas más conocidas en las góndolas de los supermercados es “Chango”, con su conocida imagen de un hombre con poncho rojo. Desde 1996 la empresa está en manos de la norteamericana Seabord Corporation, un enorme conglomerado agroindustrial y de transporte marítimo que dice emplear a más de 14.000 trabajadores en todo el mundo. Con el desarrollo vertiginoso de los agronegocios en el país y los altos precios del azúcar en el mercado mundial, la empresa tomó en los últimos años un importante impulso y también se expandió al sector de los biocombustibles.
Su presidente, el ingeniero Hugo Daniel Rossi, presidente de la firma, decía a fines de 2010 que “una de mis principales prioridades al frente de la empresa es que nuestros trabajadores tengan empleos de calidad. Esto no es simplemente un buen salario, es también buenas condiciones de trabajo y descanso.” Es que una de las necesidades que se plantea para lograr los objetivos de su producción es tener “relaciones laborales llevadas con equidad, racionalidad y diálogo”.
A la vista de lo sucedido en los últimos días queda en evidencia el valor de estas palabras. El sábado por la tarde, tras varios días de corte de la ruta nacional 50, la Policía de Salta desató una violenta represión con gases lacrimógenos, balas de goma y también de plomo, palos y tanques hidrantes. Según denunciaron los manifestantes junto a la Guardia de Infantería de la policía provincial también se encontraba personal de Gendarmería Nacional, a pesar de que la presidenta había afirmado el mes pasado que estas fuerzas ya no participarían de la represión al conflicto social. Un saldo de alrededor de 40 heridos debieron ser atendidos en hospitales de la zona y de la ciudad de Orán. Entre los manifestantes se encontraban mujeres y niños, algo que no fue contemplado por el gobernador salteño Juan Manuel Urtubey, quien consideró como “actitudes intransigentes” a las posiciones de los obreros. Sin embargo, a pesar de la represión los manifestantes continúan con el corte a la altura del acceso a la planta azucarera.
Lejos de la palabrería de los gerentes de recursos humanos, el objetivo de la empresa es quebrar la organización gremial. Por eso afirmó que los paros decididos por el sindicato local en medio de las negociaciones paritarias eran ilegales y dictó un lock out total cerrando las puertas del Ingenio, envió casi 60 telegramas de despidos, amenazó con denuncias penales contra los activistas, desconoció a los delegados electos y hasta ofreció retirar las demandas judiciales si la comisión directiva permitía alrededor de 100 despidos de empleados que serían recontratados mediante tercerizaciones que flexibilizarían sus condiciones de trabajo, según denuncian los dirigentes sindicales.     
Llamaron la atención las palabras del ministro de trabajo salteño, quien megáfono en mano se acercó al corte tras la represión y afirmó “vengo a garantizar la seguridad y la paz”. Acto seguido aseguró que él “hablaba con el sindicato y el Gobierno Nacional era la encargada de hablar con la empresa Tabacal SA”, pero que a partir de ese momento el gobierno provincial se iba a encargar de tratar con la empresa.
La CTA opositora denunció mediante un comunicado que la violencia y la represión "son consecuencia directa de la sanción dela Ley Antiterrorista impulsada por el Gobierno Nacional a instancias de organismos internacionales". Además afirmó que “hay que terminar con la criminalización de la protesta social”. Por su parte, el dirigente del Partido Obrero y diputado provincial Claudio Del Pla denunció que “la militarización ordenada por Urtubey en el Norte, es por cuenta y orden de la Seabord Corporation”.       
Durante el día de hoy en la Ciudad de Buenos Aires, organizaciones sociales y políticas se movilizarán hacia la Casa de la provincia de Salta en el microcentro porteño para solidarizarse con los trabajadores en huelga.

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