27 de octubre de 2013

“Dijimos Nunca Más pero de los más de 200 casos de desapariciones forzadas desde el ’83, 79 pertenecen a la década K”.

¿Dónde están?
La desaparición forzada de personas no es un hecho histórico e inamovible de la dictadura militar que concluyó con la llegada de la democracia. Muy por el contrario, se ha puesto en jaque el “Nunca más” con nombres que resuenan día a día: Miguel Bru, Julio López, Luciano Arruga, Daniel Solano, Marita Verón. La exigencia de aparición con vida, ayer y hoy, es parte del reclamo de quienes no dejan de preguntar “¿dónde están?”. 

Por ANRed.

En marzo de 1976, parte de los argentinos asumió el golpe de Estado encabezado por Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Rubén Agosti como una nueva intervención en el orden legal constitucional. La sociedad parecía acostumbrarse a este tipo de accionar cada vez que las Fuerzas Armadas consideraban que el país transitaba una especie de "desgobierno".
Desde septiembre de 1975, los jefes militares acordaron la implementación de un modelo económico neoliberal y, en consecuencia, definieron una estrategia clandestina que neutralizara y exterminara físicamente a los integrantes de las organizaciones guerrilleras, del sindicalismo combativo, de las organizaciones populares, del cristianismo de base y a los potenciales opositores. La represión fue sistemática y metódica; imperó un plan de aniquilamiento: secuestros, torturas, asesinatos, desapariciones.

Esta metodología apuntó a la impunidad no sólo en el presente sino también en el futuro. La desaparición eliminaba el cuerpo del delito y, a la vez, al testigo. Por lo tanto, no había crimen, tampoco culpable. Aquí entró la complicidad del poder judicial, ya que los jueces rechazaron los miles de habeas corpus presentados por familiares de los detenidos ilegalmente.

El documento final del golpe, del 28 de abril de 1983, estableció que sería el "juicio histórico" el que consideraría sus acciones y presentó la muerte genérica, global, innominada de los desaparecidos, sin culpable alguno.

Los sucesivos gobiernos de la “democracia” contribuyeron a la construcción de la impunidad. Durante el gobierno de Raúl Alfonsín no sólo se sentaron las bases de la teoría de los dos demonios al igualar responsabilidades –como así sucedió con los Decretos nº 157 y nº 158- sino que también se sancionaron las leyes de punto final y de obediencia debida. Por aquellos años, Osvaldo Bayer afirmaba: "El gobierno radical nos entrega un futuro de corrupción, de inmoralidad. El capitán torturador, ladrón, asesino del pasado, será el general del futuro. ¿Qué futuro moral puede tener la República con políticos que perdonan asesinos y con asesinos que continuarán usando armas y uniformes?".

Luego, con Carlos Menem en la presidencia, llegarían los indultos simultáneos a guerrilleros y a militares. Nuevamente se ratificaba la teoría de los dos demonios con listados híbridos que pretendían equilibrar las críticas políticas y de una parte de la sociedad.

Recién en el 2005, durante la presidencia de Néstor Kirchner, la Corte declaró la inconstitucionalidad de las leyes de punto final y de obediencia debida, tras años de lucha y de exigencia de organismos de derechos humanos y organizaciones sociales y políticas.
La imagen de Kirchner dando la orden de bajar los cuadros de Videla y de Bignone en el Colegio Militar forma parte de un discurso pro Derechos Humanos que termina en palabras y en sus filas: entre mayo de 2003 y mayo de 2013, 2280 personas fueron asesinadas por gatillo fácil, por tortura en cárceles y comisarías y por desapariciones (Fuente: Correpi).

 

Dijimos Nunca Más

De los más de 200 casos de desapariciones forzadas desde el ’83, 79 pertenecen a la “década K”.
En el artículo “Desaparecidos en democracia”, que forma parte de una publicación de la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos sobre Jorge Julio López, puede leerse: “la metodología de la ‘desaparición’ lleva consigo un mensaje siniestro a la sociedad, con el significado de la desaparición, la incertidumbre ante la ausencia de la persona y la falta de indicios para su búsqueda; y aún cuando se lo considere muerto, la ausencia del cuerpo, de las causas de su muerte y la ausencia del derecho al duelo. ‘No están vivos ni muertos, están desaparecidos’ es la frase de Jorge Rafael Videla que sintetiza este concepto”.
“Hoy afortunadamente nadie puede desaparecer de ningún lado”, sostuvo la Presidenta Cristina Fernández durante un acto en La Plata en mayo de este año. No piensan lo mismo los compañeros, familiares y amigos de Julio López, de Luciano Arruga, de Daniel Solano. Ellos encarnan tres casos, lamentablemente emblemáticos, de desaparecidos en democracia.
El 18 de septiembre se cumplieron siete años de la segunda desaparición de Jorge Julio López. Su primera desaparición tuvo lugar durante la última dictatura militar, cuando el 27 de octubre de 1976 fue detenido ilegalmente y mantenido en cautiverio hasta el 25 de junio de 1979. Estuvo secuestrado en los Centros Clandestinos de Detención que funcionaron en cuatrerismo de Arana, en el "Pozo de Arana" y en las comisarías 5º y 8º de La Plata. Finalmente fue puesto a disposición del PEN en la Unidad 9 del Servicio Penitenciario Bonaerense. Como testigo y querellante del juicio que condenó a Miguel Osvaldo Etchecolatz a la pena de reclusión perpetua por delitos de lesa humanidad en el marco del genocidio, Julio López brindó su testimonio. El día anterior a la lectura del veredicto, el 18 de septiembre de 2006, se produce su segunda desaparición en la Ciudad de La Plata. Nunca más se supo de él.
Dieciséis años tenía Luciano Arruga cuando desapareció. Antes de ser secuestrado, efectivos del ahora ex Destacamento policial de Lomas del Mirador, en la Provincia de Buenos Aires, le habían ofrecido robar para ellos en zonas liberadas. Luciano dijo “no” y comenzó a ser sistemáticamente demorado y hostigado. El 31 de enero de 2009, fue detenido por policías bonaerenses, trasladado a dicho destacamento y golpeado brutalmente. Nunca más se supo de él.

Daniel Solano, trabajador salteño, desapareció en Choele Choel, Río Negro, el 5 de noviembre de 2011. El joven fue llevado como jornalero por la empresa Agrocosecha SRL para trabajar en las plantaciones de manzanas de la empresa belga Expofrut, como sucede con los llamados “trabajadores golondrina”. Frente a la explotación y tercerización laboral, los obreros comenzaron a organizarse y la empresa pretendió que Solano les informara sobre este incipiente panorama. Daniel no sólo se negó sino que se unió activamente a la pelea por trabajo digno. El día de su desaparición, había cobrado el trabajo de una semana, salió a bailar con sus amigos y a la salida del boliche lo detuvo la policía de la Comisaría 8va. Nunca más se supo de él.
A sus nombres se les unen el de decenas más. Entre ellos, el de mujeres y niñas secuestradas y desaparecidas para ser explotadas en la prostitución.

El silencio cómplice, la invisibilización, el encubrimiento han sido la respuestas de los gobiernos y de los funcionarios del poder judicial. No importa si los desaparecieron por ser testigos contra los genocidas, por negarse a robar para la policía, por organizarse por trabajo digno o por ser víctimas de la explotación sexual: la falta de investigación, las dilaciones en las causas, la protección a los acusados, sólo han vuelto a desaparecer a las víctimas.
Frente a la falta de respuesta oficial, siempre hubo réplicas de familiares, amigos, organizaciones políticas y sociales y de organismos de Derechos Humanos: marchas para exigir la aparición con vida, huelgas de hambre, intervenciones artísticas, vigilias, mesas debate, actos, reclamo incesante de nunca más.


Hoy, se cumplen 10 días de vigilia de familiares y amigos de Arruga en el ex Destacamento Policial de Lomas del Mirador. Diez días más de tortura y angustia por el derecho a saber dónde está Luciano y dónde está Julio, dónde está Daniel… Derecho que merece una respuesta. Leer

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