Estado y 
  grandes empresarios en la Argentina de la postconvertibilidad
Por Ana Castellani 
  (CONICET/IDAES-UNSAM y FCS-UBA) 
En este trabajo nos 
  proponemos retomar algunas de las ideas desarrolladas en el artículo de 
  Gastón Varesi publicado en este volumen dedicado a analizar la 
  naturaleza del modelo de la postconvertibilidad, con la intención de 
  contribuir al debate sobre las continuidades y rupturas que supone este 
  “nuevo” modelo de acumulación y sus principales consecuencias sobre el 
  desenvolvimiento económico general y sobre la configuración de las 
  distintas fracciones de clase. 
En especial, nos interesa abordar el tema de la relación 
  entre el Estado y los grandes empresarios, para demostrar la 
  persistencia de una particular modalidad de articulación entre estos dos 
  actores que obstruye las posibilidades de construir un proceso de 
  desarrollo sostenido. Proceso de desarrollo que no sólo acreciente la 
  dotación de capital, sino que además conlleve una mejora sustantiva en 
  la calidad de vida de amplios sectores de la población terriblemente 
  perjudicados por las políticas neoliberales de los años noventa y por la 
  feroz devaluación que siguió a la crisis de la convertibilidad. Según 
  Varesi, el modelo que se fue configurando a partir de 2002 permitió la 
  armonización de las relaciones al interior de la clase dominante, a 
  través de diversas transferencias de ingresos públicos hacia las 
  diversas fracciones del capital. 
El autor destaca seis políticas iniciales que posibilitaron estas transferencias (devaluación, retenciones a las exportaciones primarias, pesificación asimétrica de las deudas privadas, “salvataje” al sector financiero, cesación de pagos externos y control de las tarifas de los servicios públicos) a las que debería agregársele el vasto plan de obras públicas puesto en marcha desde los inicios de la gestión kirchnerista, la reimplantación de subsidios diversos a la producción de ciertos bienes y servicios, y la intervención directa en las actividades productivas a través de procesos de “reestatización” o de creación de empresas públicas. Como analizaremos más adelante, todas estas políticas permitieron acrecentar los márgenes de beneficios de las grandes empresas locales, pero además facilitaron el crecimiento exponencial de otras que antes ocupaban lugares marginales en la dinámica de acumulación general, en algo que vulgarmente se ha dado en llamar “capitalismo de los amigos”.
  La relación Estado/empresarios y las 
  restricciones al desarrollo.
  Es muy abundante la literatura que reconoce la 
  importancia de los factores endógenos a la hora de explicar los procesos 
  de desarrollo sostenido en los países de industrialización tardía (Amdsen 
  1992, 2001, 2004; Evans, 1996 y 1995; Sikkink, 1993). Todos estos 
  autores coinciden en señalar dos factores centrales a la hora de 
  explicar estos procesos: a) la realización de intervenciones económicas 
  estatales de alta calidad, es decir: que sean coherentes, estables, 
  relativamente autónomas, eficientes en cuanto al diseño y eficaces a la 
  hora de la implementación de las diversas políticas; y b) la existencia 
  de una clase capitalista “disciplinada” y comprometida activamente con 
  el desarrollo nacional, dispuesta a colocar sus excedentes fronteras 
  adentro, a realizar innovaciones de productos y procesos que permita 
  menguar la dependencia tecnológica y proclive a realizar inversiones 
  productivas que le permitan competir en el mediano plazo en el mercado 
  internacional, al menos en algunos nichos estratégicamente 
  seleccionados. Concretamente, una articulación entre el Estado y los 
  empresarios que facilite la construcción de un proyecto de desarrollo 
  sostenido requiere la estabilidad en la orientación de políticas 
  públicas que promuevan el desarrollo de ciertas ramas estratégicas de 
  actividad, la existencia de reglas de juego claras para el capital, la 
  construcción de canales institucionales de diálogo duraderos entre 
  funcionarios y capitalistas para definir el contenido de esas cruciales 
  intervenciones públicas, y el disciplinamiento del capital por parte del 
  Estado, para garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos 
  oportunamente. 
  Este tipo virtuoso de articulación permite la 
  construcción de lo que podríamosdenominarámbitos de acumulación 
  estratégicos,basados en la existencia de privilegios selectivos, 
  transitorios, consensuados e institucionalizados, que en el largo 
  plazo,logran incrementar la dotación de capital físico, el desarrollo de 
  innovaciones tecnológicas (tanto de productos como de procesos), la 
  productividad del capital y la competitividad internacional. Diversas 
  experiencias de este tipo se registraron en los países del sudeste 
  asiático a partir de los años sesenta, y dentro de la región 
  latinoamericana, Brasil constituye un buen ejemplo de esta modalidad de 
  articulación, que claramente está dando sus frutos en la actualidad.
  
Por el contrario, el análisis del caso argentino nos muestra la ausencia de procesos de desarrollo sostenido. En su lugar se suceden alternativamente ciclos de crecimiento y decrecimiento del producto y la inversión, acompañados de una persistente salida de capitales y escasas articulaciones de las empresas con el sistema nacional de innovación. Estos rasgos sobresalientes de la dinámica de acumulación argentina estarían dando cuenta de una particular modalidad de relación entre el Estado y los grandes empresarios, un vínculo proclive a la generación y sostenimiento de diversos ámbitos privilegiados de acumulación. En efecto, como hemos analizado en otros trabajos (Castellani, 2006, 2008a y b, 2009), durante varias décadas la perversa articulación entre ciertas políticas públicas destinadas a financiar directamente o indirectamente al capital local y diversas acciones desplegadas por los grandes empresarios permitieron que un reducido grupo de firmas lograra internalizar amplios márgenes de beneficios extraordinarios al calor de estos ámbitos.
  Pero ¿qué 
  se entiende exactamente por ámbitos privilegiados de acumulación? 
  Es posible pensar este concepto como un 
  espacio virtual articulado por diversas prácticas que permiten la 
  generación de ganancias extraordinarias para un conjunto de empresas 
  privadas, beneficios que se sostienen en la existencia de múltiples y 
  diversos privilegios (que pueden o no estar institucionalizados). Si se 
  los define por su función este tipo de ámbitos constituyen una fuente de 
  generación de cuasi rentas de privilegio1 (Nochteff, 1994) para las 
  empresas que operar en él; si se los define por su forma, pueden 
  pensarse como un entramado de relaciones y/o prácticas que involucran 
  actores públicos y privados que se sostienen a lo largo del tiempo2
  . Ahora bien, la difusión de diversos ámbitos privilegiados en 
  distintos sectores de la economía restringen las posibilidades de 
  desarrollo en tanto: 
  ● Desalientan la competencia empresaria por la 
  obtención de cuasi rentas tecnológicas3 , ya que a nivel 
  micro resulta mucho más razonable intentar conseguir (y luego mantener) 
  ciertos privilegios derivados del accionar estatal que garanticen 
  rentabilidades positivas elevadas, antes que invertir en desarrollos 
  innovativos de más riesgo. 
  ● Generan procesos de crecimiento “burbuja” 
  basados en opciones blandas (Nochteff, 1994). Desde el punto de vista de 
  la economía en su conjunto, estas opciones no permiten iniciar un 
  proceso de desarrollo sostenido sino una sucesión de booms o burbujasque 
  cuando se terminan dejan sólo unas “gotas” aisladas de capacidades 
  tecnológicas que impiden iniciar un nuevo ciclo de desarrollo. Esto 
  conduce a un menor crecimiento del ingreso en el largo plazo4 .
● Favorecen la 
  difusión de comportamientos rentísticos (rent seeking) entre los 
  funcionarios públicos y los empresarios (inclusive en burócratas de 
  posiciones menores en el entramado estatal). 
● Deterioran las 
  diversas capacidades del Estado dificultando las posibilidades de 
  intervención futura de alta calidad. 
● Profundizan el alto 
  grado de inestabilidad e incoherencia de la intervención económica 
  estatal, en tanto ésta se vuelve cada vez más heterónoma por la gran 
  cuota de poder que acumulan los grandes capitalistas. 
● Conspiran contra la 
  posibilidad de construir un proyecto nacional de desarrollo estable al 
  interior del empresariado ya que las firmas orientan su accionar a la 
  obtención de privilegios que le permitan sostener procesos de 
  acumulación acelerados, favoreciendo estrategias cortoplacistas que 
  dificultan la construcción de proyectos colectivos. 
  Estado/empresarios durante la postconvertibilidad: la persistencia de 
  los ámbitos privilegiados de acumulación 
A la hora de analizar 
  las intervenciones estatales realizadas durante los primeros años de 
  esta década y el comportamiento y desempeño de los grandes agentes 
  económicos se observan ciertas constantes que ponen en cuestión la 
  ruptura del denominado “modelo postconvertibilidad” y que permiten 
  inferir la permanencia de los ámbitos privilegiados de acumulación como 
  tipo predominante de articulación público-privada. En cuanto a las 
  acciones estatales, las evidencias disponibles muestran que se 
  incrementaron las transferencias públicas destinadas al capital 
  concentrado local a través de diversos mecanismos, entre los que se 
  destacan la obra pública y diferentes subsidios directos e indirectos a 
  ciertas ramas de la industria. En efecto, el gasto público en servicios 
  económicos en general, se incrementó en valores constantes en un 103% 
  entre 2003 y 2006 (cuadro 1). En el sector transporte y en el sector 
  energético estos incrementos fueron aún mucho mayores (188% y 418% 
  respectivamente) para sostener las tarifas de los servicios públicos y 
  para ampliar la infraestructura, en particular en el sector eléctrico.
Estos cuantiosos recursos se canalizaron principalmente a través del Ministerio de Planificación, a cargo de Julio De Vido, uno de los hombres de mayor confianza del ex presidente Kirchner. Los fondos administrados por este ministerio pasaron de representar el 3,8% del PBI en 2003, al 18,7% en 2007. Una parte considerable de los mismos se destinaron a la realización de vastos planes de obra pública, entre los que se destacan el Plan Federal de la Vivienda y el Plan Federal de Transporte Eléctrico. En todos estos planes se vieron involucradas empresas de escasa trayectoria en el sector pero cuyos dueños contaban con gran llegada al Gobierno (Electroingeniería, de Marcelo Mindlin y Gotti SA y Austral Construcciones SA de Lázaro Báez) junto con otras de mayor antigüedad, como Skanska (ex SADE), Techint y Roggio. Claramente, en un país como éste con un déficit de infraestructura importante, la obra pública constituye una intervención estratégica y necesaria para el desarrollo económico y para mejorar la calidad de vida de la población.
  El 
  problema es que cuando esa intervención se da en un marco de 
  interrelación entre funcionarios y empresarios proclives a la obtención 
  de ganancias extraordinarias o de “retornos” necesarios para sostener la 
  “caja grande de la política”, se desvirtúa la orientación de esa 
  intervención (y por ende, sus resultados)5 
  .El escándalo generado en torno del “caso Skanska”, donde se 
  descubrieron pagos de sobornos mediante la utilización de facturas 
  apócrifas en el que se vieron involucrados diversos funcionarios y 
  empresarios afines al Gobierno, es una muestra clara de este tipo de 
  vínculos viciados entre el sector público y el privado. Ahora bien, 
  además de las transferencias derivadas de la inversión pú- blica 
  directa, durante estos años se implementó un régimen de “promoción a la 
  inversión industrial” mediante una serie de desgravaciones impositivas, 
  que terminó favoreciendo a las más grandes empresas extranjeras y 
  nacionales que operan en ramas de la industria que generan escaso valor 
  agregado. 
  Firmas líderes de rubros ampliamente beneficiados 
  por la devaluación de la moneda (commodities y “armaduría automotriz”, 
  por ejemplo), con inserción exportadora, acceso al financiamiento, y 
  posición oligopólica en sus respectivos mercados. Tal como sostienen 
  Ortiz y Schorr: 
  Se trató de una fenomenal transferencia de 
  recursos públicos hacia Aluar, Techint, Aceitera General Deheza, 
  Repsol-YPF y las terminales automotrices, entre otros capitales 
  oligopólicos; es decir, hacia empresas y conglomerados económicos que 
  conforman el núcleo de los grandes ganadores del “modelo de dólar alto” 
  y con capacidad de inversión propia. 
  Ello ha tendido a profundizar un perfil de 
  especialización de escasas potencialidades, limitados efectos difusores 
  y dependiente de las estrategias desplegadas por las transnacionales y, 
  en menor grado, un conjunto selecto de grupos económicos nacionales. 
  (2009a: 18.) 
  A estas 
  transferencias dirigidas al capital concentrado local, se le suman otras 
  facilidades derivadas de la apertura de nuevos negocios 
  (por ejemplo, en torno de la creación de ENARSA o 
  en la adjudicación de licencias para abrir salas de juegos que favoreció 
  al empresario “amigo” Cristóbal López) o de la aplicación de 
  regulaciones que convalidan el amplio grado de concentración de la 
  economía argentina6 . Por razones de espacio no podemos tampoco 
  detenernos en otro tipo de “negocios” propios de esta época derivados de 
  la “reestatización” y creación de empresas públicas, en donde la compra 
  de Transener por parte de ENARSA y otros socios privados, y el ingreso 
  del empresario Eskenazi (Grupo Petersen) como propietario minoritario de 
  Repsol-YPF de manos del Estado, aparecen como los más relevantes.
Los diversos mecanismos de transferencia de recursos públicos que mencionamos permitieron que la mayor parte de las grandes empresas que operan en el mercado local incrementaran la relación entre sus utilidades y el valor de su producción (especialmente notable en el caso de las industriales) incluso por encima de los niveles alcanzados en la década del noventa (grá- fico 1). Al considerar la evolución de la rentabilidad sobre ventas de las empresas más grandes que cotizan en la Bolsa de Valores, se corroboran estos indicios de recomposición de las utilidades empresarias, ya que las mismas pasaron del 7% al 13,2% entre 2003 y 2007 (Ortiz y Schorr, 2009b). Esta sustantiva mejora no se tradujo, sin embargo, en un incremento sustantivo del acervo productivo local; por el contrario, gran parte de esos activos líquidos se fugaron progresiva y constantemente hacia el exterior.
  Esta revitalización del papel del Estado en la 
  economía durante el período no vino acompañada de un aumento en la 
  calidad de sus intervenciones, más bien por el contrario se observa, al 
  igual que en los años noventa, una importante distancia entre cantidad y 
  calidad de la intervención económica estatal, bruscos cambios en la 
  orientación de esas intervenciones, incoherencias e ineficiencias a la 
  hora de diseñar las políticas, y baja calidad a la hora de 
  implementarlas. Estas deficiencias en la calidad de la intervención 
  estatal resultan sumamente funcionales al crecimiento económico no sólo 
  de los empresarios privilegiados por las políticas públicas 
  implementadas, sino también para los principales funcionarios 
  gubernamentales que, más allá de enriquecerse a título personal, con sus 
  acciones contribuyen al armado de “la caja” necesaria para el 
  “financiamiento de la política”7 . 
  ¿Y qué sucede con las grandes firmas?¿Qué 
  transformaciones se observan en su perfil y desempeño durante estos 
  años? Hay ciertas características que sobresalen y que muestran la 
  persistencia de algunos rasgos propios del modelo anterior. Antes que 
  nada se observa un alto grado de inestabilidad en la composición de la 
  cúpula empresaria, acompañado por varios fenómenos conexos: el 
  crecimiento vertiginoso de ciertas empresas, fuertes cambios en cuanto 
  al origen del capital de las grandes firmas (procesos de 
  extranjerización de la cúpula)y en cuanto a la actividad que desarrollan 
  (progresivo vuelco hacia las actividades primarias). También se mantiene 
  un alto grado de concentración de la economía, especialmente en el 
  sector industrial y en la fracción exportadora de la cúpula empresaria. 
  Tal como señalan Ortiz y Schorr: (…)
A estas 
  características de tipo perfil estructural hay que sumar otros rasgos 
  preocupantes como la continua salida de capitales desde el sector 
  privado (tanto financiero como no financiero), el incremento de la 
  dotación de los activos líquidos en la cartera de las principales 
  firmas, la existencia de grandes empresarios industriales convertidos en 
  rentistas financieros, inmobiliarios y/o terratenientes, y el importante 
  crecimiento de empresas (y empresarios) estrechamente vinculados con el 
  sector público (por ejemplo el Grupo Petersen, Pampa Holding, 
  Electroingeniería, Cristobal López y el Grupo Sigman) . Pero el tipo de 
  comportamiento desplegado por los grandes capitalistas locales no puede 
  atribuirse a una conducta “irracional” ni a la existencia de un “patrón 
  cultural argentino” poco proclive al riesgo. Por el contrario, la 
  ausencia de un empresariado comprometido con el desarrollo económico del 
  país (burguesía nacional en los términos establecidos por Poulantzas) y 
  la consolidación de un patrón de comportamiento cuasi-rentístico y 
  cortoplacista, es el resultado de un proceso histórico de articulación 
  muy particular entre el Estado y los capitalistas, que se dio en el 
  marco de un deterioro progresivo de los niveles de autonomía relativa 
  del Estado y que permitió mantener el perfil adaptativo del patrón de 
  acumulación generando consecuencias perniciosas (y en varios momentos 
  devastadoras) sobre el conjunto social y sobre el propio aparato 
  estatal. En ese sentido, los rasgos que adquiere un patrón de 
  acumulación en determinado momento histórico, son producto de los 
  condicionamientos ideológicos, políticos y económicos que genera el 
  contexto estructural, pero fundamentalmente, de las múltiples 
  articulaciones que se establecen entre las diferentes fracciones de 
  clases entre sí y entre éstas y el Estado. Es precisamente en el 
  accionar del aparato estatal donde se expresa la correlación de fuerzas 
  existente entre las distintas fracciones y se garantiza a través de un 
  complejo sistema de transferencias, el sostenimiento de los principales 
  resortes de acumulación del capital concentrado local. Es por eso, que 
  al menos en ese punto, no encontramos una verdadera ruptura entre los 
  dos modelos. Cambia la orientación de la intervención, se modifican los 
  actores, se complejizan las prácticas, se diversifican los negocios, 
  pero el tipo de articulación prevaleciente sigue siendo la misma: 
  aquella que permite la difusión de los ámbitos privilegiados de 
  acumulación.
Bibliografía: (…)
Castellani, Ana 
  Gabriela 2009, no. 5-6, p. 223-234 Cuestiones de Sociología Cita 
  sugerida: Castellani, A. G. (2009) Estado y grandes empresarios en la 
  Argentina de la postconvertibilidad. Cuestiones de Sociología (5-6), 
  223-234. En Memoria Académica
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   Fuente: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.4059/pr.4059.pdf 
  Estado y grandes empresarios en la Argentina de la postconvertibilidad.
 
 
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario