I. Fundamentemos cómo la expansión extractivista de más de una dekada hizo al poder de las transnacionales y a los ecocidios-etnocidios y genocidios.

El auge de la Minería transnacional en América Latina. De la ecología política del neoliberalismo a la anatomía política del colonialismo*.

Horacio Machado Aráoz

(…)Neoliberalismo o la geopolítica del Imperio. Una genealogía del “boom” minero de los noventa
(…)Ahora bien, desde el punto de vista específico de la “cuestión minera”, ésta ha desempeñado un rol emblemático e impulsor en todo este proceso. En este sentido, la genealogía de la minería neoliberal en América Latina tiene su epicentro neurálgico en el régimen de Pinochet (1973-1988). Dada su crucial relevancia histórica como “país minero”–un país que respecto del cobre tiene de por sí la relevancia equivalente a lo que constituye la OPEP en el mercado mundial del petróleo y que, hacia el interior de su sociedad, la economía del cobre es considerada el “sueldo de Chile”–, el “Chile de Pinochet” oficiaría como escenario social de experimentación e implementación paradigmática del conjunto de reformas institucionales que, a la postre, funcionarían como los dispositivos legales del nuevo gran saqueo minero de los noventa. El Decreto Ley 600 que sanciona un nuevo Estatuto de Inversión Extranjera (1974), seguido de la Ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras (Ley 18.097, 1° de diciembre de 1981), la reforma del Código de Aguas (1981) y la propia reforma del Código de Minería (1983), serían los marcos legales claves que no sólo permitirían la progresiva privatización encubierta de la gran minería del cobre en Chile (Caputo y Galarce, 2007), sino que también luego, se aplicarían luego como “modelo exitoso” en los restantes países de la región a fin de abrirlos a las grandes corporaciones mineras transnacionales y crear políticamente las condiciones de rentabilidad de sus procesos extractivos. Tres fueron los pilares centrales que establecieron las bases polí- ticas de estas reformas:

1. Plena seguridad jurídica sobre la propiedad de las concesiones mineras (imprescriptibilidad y transabilidad de las concesiones mineras; preeminencia de la propiedad minera sobre los derechos superficiarios; total garantía legal y judicial de las inversiones extranjeras, hasta el extremo de reconocer la competencia originaria de los juzgados de los países de origen de las inversiones en caso de controversias).

2. Grandes beneficios fiscales y comerciales (estabilidad jurídica por períodos de entre 25 y 30 años; eliminación de tasas de importación y exportación; libre disponibilidad comercial de productos; amortización acelerada de inversiones; desgravación de impuestos internos y de regalías mineras o su limitación a tasas insignificantes; libre disponibilidad de divisas y desregulación total sobre la remisión de utilidades; concentración de impuestos por “resultados” en base a declaraciones juradas de las empresas, etcétera).

3. Una legislación y sistema de controles ambientales extremadamente laxos (entre los que se destaca la supresión de fondos de garantías por impactos ambientales; vacíos legales en relación a los procesos de cierre de minas y al tratamiento de los pasivos ambientales mineros; estándares ambientales de calidad de agua, aire y suelo sistemáticamente inferiores a las disposiciones de la Organización Mundial de la Salud y a las regulaciones de los paí- ses del Norte; descentralización y fragmentación de los organismos de control y fiscalización ambiental, etcétera). Estas nuevas bases legales e institucionales convertirían al extenso territorio de la región en una increíble “oportunidad” para el desarrollo de los intereses mineros globales. El Banco Mundial ofrecería frondosos créditos para agilizar la “modernización” institucional y la reforma de los marcos legales relativos a las explotaciones mineras. Así, sucesivamente Perú (1991), Bolivia (1991), Ecuador (1991), México (1992), y más tarde Brasil (1996), Guatemala (1997), Honduras (1998) y Colombia (2001), introdujeron sendas modificaciones en sus legislaciones mineras adoptando uniformemente los nuevos criterios impuestos. En Argentina, tales reformas se impusieron bajo el gobierno de Menem con la Ley 24.196 (1993) y otras reformas complementarias⁹.

Bajo ese extraordinario marco de “incentivos”, América Latina se convirtió en el centro de destino privilegiado para las grandes transnacionales mineras. Mientras las empresas transnacionales del sector afrontaban un fuerte proceso de reconversión¹⁰ destinada a recuperar las tasas de rendimiento de sus inversiones, estas reformas ponían a su disponibilidad el vasto patrimonio geológico de la región para tales objetivos. Se verifica, en este marco, el ingreso masivo de las grandes corporaciones mineras transnacionales a la región: las canadienses Barrick Gold, Aur Resources, Placer Dome, Falcon Bridge, Yamana Gold; las estadounidenses Phelps Dodge, Newmont, Exxon; Río Tinto (Inglaterra); BHP-Billiton, de Australia; Sumimoto y Mitsubishi, de Japón; Anglo American Ashanti, de Sudáfrica, y Xstrata Cooper de Suiza, entre las más importantes.
El ingreso de las transnacionales como los principales actores del boom minero de los noventa estuvo apalancado también por la acelerada privatización de grandes empresas mineras estatales, nacionalizadas precisamente en la ola de reivindicaciones de los sesenta¹¹. Las inversiones en exploración minera pasaron pronto de los US$ 200 millones en 1990 (en su mayoría localizado en Chile) a los US$ 1.300 millones anuales en 1998. Mientras que entre 1990 y 1997 las inversiones en exploración minera crecieron en un 90% a nivel mundial, en América Latina lo hicieron en 400%, totalizando una inversión acumulada por US$ 17.300 millones. Con ello, la región se convertía en la principal “receptora” mundial de capitales mineros, representando el 30% del total de las inversiones mundiales. Al cabo de la década, cuatro de los diez países con mayores inversiones mineras a nivel mundial, eran de la región: Chile, en primer lugar, luego Perú (sexto), Argentina (noveno) y México (décimo); entre éstos, los tres primeros concentraron el 72% de las inversiones realizadas.
Las estimaciones proyectadas para el período 2004-2015 calculan que América Latina llegará a absorber el 40% del total de las inversiones mundiales del sector, unos US$ 50.000 millones que se radicarían principalmente en Chile (35%), Perú (28%) y Argentina (12%). (Sánchez Albavera et al., 1998; Sánchez Albavera y Lardé, 2006; Prado, 2005; Bebbington et al., 2007). Alentadas por estas grandes diferencias en las tasas de rendimiento¹², la creciente radicación de inversiones mineras provocó un crecimiento voraz en la tasa de extracción de recursos, de modo tal que, al cabo de la década, América Latina se convirtió en la principal proveedora de buena parte de los recursos mineros demandados a nivel mundial. La proporción mundial que representaba la producción regional de oro pasó del 5% en 1980, al 10,3% en 1990 y al 14,9% en el 2004; igualmente, en el período comprendido entre 1990 y 2004 la producción regional de cobre pasó de 24,4% al 47,3% del total mundial; en el caso de la plata, del 34,2% al 41,4%; del 16,8% al 22% en la producción de zinc; del 23 al 27% en el caso de la bauxita; del 22 al 29% en la producción de mineral de hierro y del 11,5 al 16% en la de níquel (Sánchez Albavera y Lardé, 2006: 109). Asimismo, de la mano de la megaminería, los avances del capital sobre los territorios han alcanzado dimensiones inusitadas, llegando a cubrir, al cabo de los noventa, más del 10% de toda la región (Cifuentes Villarroel, 2006). En el caso de Chile, la superficie concesionada a grandes explotaciones mineras alcanzaba, en el año 2003, al 10,6% de total del territorio nacional (unos 80 mil km²). En el Perú, los denuncios mineros aumentaron de 4 millones de hectáreas en 1992 a 22 millones de hectáreas en el año 2000, alrededor del 10% de la superficie total (110 mil km²). En el caso de Ecuador, la superficie concesionada a grandes corporaciones mineras pasó del 5% en el año 2000 al 16,7% de la superficie territorial total en el 2004 (unos 46 mil km²). En Panamá, al cabo de la década, el 45% de su territorio nacional estaba ya concesionado a empresas mineras; mientras que en Argentina, las exploraciones mineras llegaron a cubrir una superficie de más de 187.500 km2 (Guajardo, 2007; Bury, 2007; Cifuentes Villarroel, 2006; Prado, 2005).

De todas formas, las reformas mineras no son, como se dijo, un caso aislado, sino más bien, un sector señero y emblemático del más general proceso de reprimarización y extranjerización del aparato productivo regional que se operó como fase culminante de las reformas neoliberales. En efecto, al cabo de la década de los noventa y bajo el `liderazgo” de las reformas mineras, el capital transnacional ha producido una drástica reconfiguración territorial de la región con la creación de mega zonas de monocultivos, la instalación de prótesis extractivas de gran escala (Plan Puebla-Panamá e IIRSA) y la redefinición radical de las funcionalidades sociales y ecológicas de los territorios. Sólo a modo de ejemplo cabe consignar que entre 1990 y 2000, la expansión de la agroindustria y la minería significaron la deforestación de 467 mil km2 en toda la región; sólo en la Amazonia brasileña, en 2004 se llegó al lamentable récord de 26 mil km2 de bosque nativo arrasado. De la mano de las grandes industrias celulósicas y de las transnacionales agroindustriales, los monocultivos forestales alcanzaron a cubrir más de 5 millones de hectáreas en Brasil y la agricultura transgénica llegó a ocupar 140 mil km² en la Argentina. En Paraguay, la superficie de estos cultivos de exportación pasaron de ocupar 8 mil km² a 20 mil km² entre 1995 y 2003, en tanto que en Bolivia se incrementaron en 10 mil km2 , en el mismo período (CEPAL, 2005; Cifuentes Villarroel, 2006; Alimonda, 2005).

Se completa con ellas un ciclo de transformaciones en las que tiene lugar la recomposición de la estructura colonial del mundo. Al cabo de un período, trágico para la historia de los pueblos del Sur, que va desde inicios de los setenta hasta mediados de los noventa, la reconversión neoliberal del régimen de acumulación global significó la imposición de un nuevo esquema de gubernamentabilidad colonial, una transformación de las modalidades y vínculos a través de los cuales el capital opera la apropiación y disposición diferencial de cuerpos y territorios como objetos de explotación y medios de acumulación.

Sintomáticamente, en el plano de los discursos hegemónicos globales, simultáneamente al “perfeccionamiento” de la globalización neoliberal, la retórica ambiental dominante expresa un giro paradigmático, recuperando la mítica referencia al “crecimiento ilimitado”: el nuevo Informe Meadows publicado en 1991, lleva ya el sugestivo título Beyond the Limits y, en su pró- logo, el premio Nobel de Economía, Jan Timbergen, lo pondera porque “clarifica las condiciones bajo las cuales el crecimiento sostenido, un medio ambiente limpio e ingresos equitativos pueden ser organizados” (Meadows, 1991; citado por Naredo, 2006). 

En todo este proceso, la genealogía del reciente auge minero en la región, tiene la particular “virtud” de evidenciar de modo meridianamente claro los ciclos de la violencia colonial que condujeron a su realización: drásticamente iniciado con la violencia extrema de los terrorismos de estado, se prolonga y profundiza en la violencia expropiatoria de la “deuda externa”, los “ajustes” y las “reformas estructurales de los ochenta y los noventa. Apenas disimuladas bajo retóricas “nacionaldesarrollistas”, esos mismos dispositivos expropiatorios continúan funcionando en nuestros días, alternando entre la violencia simbólica del fetichismo del “crecimiento sostenible” y la violencia extrema de la represión/criminalización. El carácter emblemático de la “minería” como fenómeno colonial permite también tomarla como base de análisis para ahondar en las nuevas dinámicas contemporáneas de la expropiación.

*Héctor Alimonda (coord) 2011 Naturaleza Colonizada. Ecología política y minería en América Latina (Buenos Aires: CLACSO/CICCUS)

Fuente: http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20120319035504/natura.pdf