PROYECTO X: INFILTRACIÓN Y ESPIONAJE CONTRA LOS LUCHADORES
Una
metodología dirigida desde la Presidencia
10 MAY 2012 | Según documentos
de la propia
Gendarmería , el espionaje y la infiltración son prácticas
habituales contra delegados y luchadores, organizaciones gremiales y
estudiantiles combativas, organismos de derechos humanos y partidos de
izquierda.
A seis
meses de iniciada la causa contra Gendarmería por parte de los obreros de Kraft
(acompañados por el PTS y varios organismos de derechos humanos) cada vez son
más evidentes las mentiras del gobierno. Sobre todo de Nilda Garré, ministra de
Seguridad, quien el 24 de febrero dijo en conferencia de prensa que podía “decir en condiciones
absolutamente seguras que [el
Proyecto X] no se utilizó nunca en intervenciones de Gendarmería en
manifestaciones sociales”. Dos meses después, su propio ministerio
presentó documentación que desmiente aquellas palabras.
El Protocolo de la Gendarmería Nacional Para
Normar la Actuación del Personal en el Control de Manifestaciones Públicas fue entregado al juez Oyarbide el 17
de abril, luego de que éste le pidiera al Ministerio de Seguridad información
sobre cómo actúa esta fuerza frente a la protesta social. Este documento (11
páginas y 4 anexos) no hace más que confirmar que Gendarmería viola la Ley de
Inteligencia Interna.
Allí
se afirma que, según el reglamento “contra disturbios”, se hace inteligencia
previa para identificar a los dirigentes sociales. En el punto Interrupción de calles,
avenidas y rutas, según la directiva 01/2009 escrita por el jefe de
Gendarmería, Héctor Schenone, se afirma que se reúne información “a fin de identificar a los
dirigentes o delegados y/o representantes ‘líderes’ del grupo de manifestantes
tratando de documentar todo mediante tomas fotográficas, filmaciones,
grabaciones, etc.” Desde
ya, ese “etcétera” abarca todo tipo de operaciones, como pinchaduras de
teléfonos y mails e infiltración en las organizaciones.
El
documento también demuestra que Garré mintió cuando dijo que Gendarmería solo
actúa a pedido de la
Justicia. El texto dice que “se establece la conformación de un equipo de registro fílmico y
fotográfico, cuya misión es la de captar imágenes de lo que sucede dentro de
una manifestación para, eventualmente ser utilizadas, de ser necesario, ante un
proceso judicial”. Es decir que Gendarmería actúa por propia
iniciativa, espía y almacena datos, y después, si ve que se puede imputar de
algún delito a los espiados, avisa al juez de turno y le entrega información
que luego será ‘prueba’ acusatoria en procesos judiciales. La criminalización
de los que luchan por sus derechos es evidente. Se pone bajo la lupa cada
lucha, cada paro, huelga de hambre, estado de alerta y movilización, “delitos”
que van más allá de lo estipulado por el archireaccionario Código Penal. Así se
invierte el propio principio burgués de presunción de inocencia hasta que se
demuestre lo contrario. Pertenecer a una organización obrera, piquetera, una
interna combativa, un partido de izquierda o un centro de estudiantes justifica
la sospecha, la persecución y el espionaje (lo que se ve agravado hoy con la sancionada Ley
Antiterrorista ).
Los
hechos escandalosos alrededor del Proyecto X no
se detienen. El juez Oyarbide ordenó el peritaje a la base de datos seis meses
después de recibir la denuncia judicial. Para ello se designó un perito de la
Secretaría de Inteligencia (ex SIDE), con lo cual el Poder Ejecutivo se
peritará a sí mismo, ya que la SI depende de Presidencia y Gendarmería (fuerza
predilecta de Cristina y Garré) también. Y por si fuera poco, la querella no
puede observar ni determinar la calidad del perito ya que éste tiene “identidad
reservada”.
Mientras tanto avanzan las causas penales armadas con el espionaje ilegal. En el caso de los luchadores de Kraft, ya se pidió la elevación a juicio contra “Poke” Hermosilla y Ramón Bogado.
Mientras tanto avanzan las causas penales armadas con el espionaje ilegal. En el caso de los luchadores de Kraft, ya se pidió la elevación a juicio contra “Poke” Hermosilla y Ramón Bogado.
En el
programa de TN A Dos Voces del
último miércoles, Christian Castillo compartió la mesa con Néstor Pitrola (PO),
María del Carmen Verdú (CORREPI) y Vilma Ripoll (MST), representantes de
organizaciones de izquierda que, junto a otras organizaciones obreras y
populares, engrosan la lista de 5.000 procesados por luchar. Pitrola y Ripoll
fueron procesados por apoyar la lucha de Kraft (finalmente recibieron “falta de
mérito”, aunque la causa sigue contra los obreros de Kraft y PepsiCo). En la
mesa los dirigentes coincidieron en la necesidad de movilizarnos en las calles
para lograr la destrucción del Proyecto X y otras bases de datos en manos de
fuerzas estatales o paraestatales, así como la anulación de la Ley Antiterrorista
y de las causas o condenas contra los luchadores (en especial las causas
armadas por Gendarmería en la histórica lucha de Kraft). Exigieron también la
inmediata realización del juicio oral y público contra Pedraza y su patota por
el asesinato de Mariano Ferreyra.
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