16 de abril de 2018

III. El Estado de represión, control e inteligencia tanto progresistas como neoliberales.

PROYECTO X: INFILTRACIÓN Y ESPIONAJE CONTRA LOS LUCHADORES

Una metodología dirigida desde la Presidencia

10 MAY 2012 | Según documentos de la propia Gendarmería, el espionaje y la infiltración son prácticas habituales contra delegados y luchadores, organizaciones gremiales y estudiantiles combativas, organismos de derechos humanos y partidos de izquierda.

A seis meses de iniciada la causa contra Gendarmería por parte de los obreros de Kraft (acompañados por el PTS y varios organismos de derechos humanos) cada vez son más evidentes las mentiras del gobierno. Sobre todo de Nilda Garré, ministra de Seguridad, quien el 24 de febrero dijo en conferencia de prensa que podía “decir en condiciones absolutamente seguras que [el Proyecto X] no se utilizó nunca en intervenciones de Gendarmería en manifestaciones sociales”. Dos meses después, su propio ministerio presentó documentación que desmiente aquellas palabras.
El Protocolo de la Gendarmería Nacional Para Normar la Actuación del Personal en el Control de Manifestaciones Públicas fue entregado al juez Oyarbide el 17 de abril, luego de que éste le pidiera al Ministerio de Seguridad información sobre cómo actúa esta fuerza frente a la protesta social. Este documento (11 páginas y 4 anexos) no hace más que confirmar que Gendarmería viola la Ley de Inteligencia Interna.
Allí se afirma que, según el reglamento “contra disturbios”, se hace inteligencia previa para identificar a los dirigentes sociales. En el punto Interrupción de calles, avenidas y rutas, según la directiva 01/2009 escrita por el jefe de Gendarmería, Héctor Schenone, se afirma que se reúne información “a fin de identificar a los dirigentes o delegados y/o representantes ‘líderes’ del grupo de manifestantes tratando de documentar todo mediante tomas fotográficas, filmaciones, grabaciones, etc.” Desde ya, ese “etcétera” abarca todo tipo de operaciones, como pinchaduras de teléfonos y mails e infiltración en las organizaciones.
El documento también demuestra que Garré mintió cuando dijo que Gendarmería solo actúa a pedido de la Justicia. El texto dice que “se establece la conformación de un equipo de registro fílmico y fotográfico, cuya misión es la de captar imágenes de lo que sucede dentro de una manifestación para, eventualmente ser utilizadas, de ser necesario, ante un proceso judicial”. Es decir que Gendarmería actúa por propia iniciativa, espía y almacena datos, y después, si ve que se puede imputar de algún delito a los espiados, avisa al juez de turno y le entrega información que luego será ‘prueba’ acusatoria en procesos judiciales. La criminalización de los que luchan por sus derechos es evidente. Se pone bajo la lupa cada lucha, cada paro, huelga de hambre, estado de alerta y movilización, “delitos” que van más allá de lo estipulado por el archireaccionario Código Penal. Así se invierte el propio principio burgués de presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario. Pertenecer a una organización obrera, piquetera, una interna combativa, un partido de izquierda o un centro de estudiantes justifica la sospecha, la persecución y el espionaje (lo que se ve agravado hoy con la sancionada Ley Antiterrorista).
Los hechos escandalosos alrededor del Proyecto X no se detienen. El juez Oyarbide ordenó el peritaje a la base de datos seis meses después de recibir la denuncia judicial. Para ello se designó un perito de la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE), con lo cual el Poder Ejecutivo se peritará a sí mismo, ya que la SI depende de Presidencia y Gendarmería (fuerza predilecta de Cristina y Garré) también. Y por si fuera poco, la querella no puede observar ni determinar la calidad del perito ya que éste tiene “identidad reservada”.
Mientras tanto avanzan las causas penales armadas con el espionaje ilegal. En el caso de los luchadores de Kraft, ya se pidió la elevación a juicio contra “Poke” Hermosilla y Ramón Bogado.
En el programa de TN A Dos Voces del último miércoles, Christian Castillo compartió la mesa con Néstor Pitrola (PO), María del Carmen Verdú (CORREPI) y Vilma Ripoll (MST), representantes de organizaciones de izquierda que, junto a otras organizaciones obreras y populares, engrosan la lista de 5.000 procesados por luchar. Pitrola y Ripoll fueron procesados por apoyar la lucha de Kraft (finalmente recibieron “falta de mérito”, aunque la causa sigue contra los obreros de Kraft y PepsiCo). En la mesa los dirigentes coincidieron en la necesidad de movilizarnos en las calles para lograr la destrucción del Proyecto X y otras bases de datos en manos de fuerzas estatales o paraestatales, así como la anulación de la Ley Antiterrorista y de las causas o condenas contra los luchadores (en especial las causas armadas por Gendarmería en la histórica lucha de Kraft). Exigieron también la inmediata realización del juicio oral y público contra Pedraza y su patota por el asesinato de Mariano Ferreyra.
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Fuente: http://www.pts.org.ar/Una-metodologia-dirigida-desde-la-Presidencia

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