Buenas Prácticas Agrícolas (BPA): O como maquillar
un genocidio
4 noviembre 2019
Por Multisectorial Paren de
Fumigarnos – Santa Fe
En los últimos 20 años, la cantidad de
agrotóxicos arrojados en la parte más poblada de la Argentina, aumentó en más
del 1000 % pasando ya cómodamente los 500 millones de litros anuales. La
resistencia de las malezas aumenta, las inundaciones se hacen cíclicas y el
cambio climático se hace sentir. La deforestación y la pérdida de biodiversidad
son incesantes. Todo inherente y consecuencia de este modelo agrícola químico
dependiente, inventado por las corporaciones y avalado por todos los gobiernos
de turno.
Los
39 campamentos sanitarios implementados por la Facultad de Ciencias Médicas de
la UNR como práctica final para que los alumnos se reciban de médicos, nos
informan permanentemente del crecimiento de las enfermedades en pueblos de 4
provincias, que duplican o triplican los índices medios nacionales, y que solo
tienen en común el modelo agroindustrial y las fumigaciones con
agrotóxicos.
Los
estudios de ingenieros como Marcos Tomasoni, son claros con respecto a las
fumigaciones: hay varios tipos de derivas y son incontrolables. No en vano el
Conicet encontró atrazina y endozulfan en el aire de la Antártida.
El
modelo transgénico, casi un monocultivo, destruyó la diversidad productiva y el
monte nativo, expulsando en las últimas décadas por hambre y necesidad a varios
millones de habitantes, a los arrabales de las ciudades a sobrevivir en la
jungla de cemento. Actualmente, con la tecnología disponible, con un
trabajador se atienden laboralmente 500 has y según estudios del INTA de Marcos
Juárez, el monte nativo absorbe por hora 300ml de agua de lluvia y un cultivo
de soja transgénica, fumigado e impermeabilizado por estas sustancias, solo 30
ml por hora.
De
los químicos utilizados en estas prácticas agrícolas industriales, el glifosato
(+ de 300 millones de litros anuales aprox.) es la estrella máxima, pero la
ciencia y la OMS, a través del IARC nos hablan claramente de su toxicidad: son
productos categorizados como probables cancerigenos. Ademas, estos venenos son
teratogénicos (afectan al embrión en su desarrollo pudiendo causar
malformaciones congénitas) y disruptores endocrinos (afectan al sistema
hormonal y producen daños irreversibles).
Este
breve resumen, no puede expresar o visibilizar la desesperación de los enfermos
ni el dolor por los fallecidos. Pero pretende ser claro, sin ambigüedades. Las
buenas prácticas agrícolas son un intento a algo parecido a humanizar la guerra
a través de pactos internacionales, que de paso nadie cumple. En la guerra las
armas matan, en este modelo los tóxicos intoxican y a la larga matan. No se
debe humanizar la guerra: no debe haber guerra. No debe haber un modelo que
envenena, debe haber uno que respete la vida.
No
hay forma de evitar los efectos de este modelo. Solo cambiarlo por otro que sea
amigable con la naturaleza y con la vida. Las Buenas Prácticas Agropecuarias o
Agrícolas no son una respuesta a todas las agresiones de este modelo. Son solo
una estrategia de las corporaciones agroindustriales con la complicidad de los
gobiernos, para lograr consenso social, confundir a la población y seguir
ganando dinero para un sector concentrado del capital agroindustrial,
financiero y especulador, en detrimento de la salud y el bienestar de un
pueblo.
¡No
maquillemos este genocidio silencioso de personas y especies naturales -
transformemos este modelo en uno agroecológico!
¡En Santa Fe y en DEFENSA PROPIA,
queremos leyes que nos protejan, en el camino al cambio de modelo!
Que se traten y aprueben nuestros
proyectos de:
*MODIFICACIÓN DE LA LEY N.º 11273 (mal llamada
de fitosanitarios).
* LEY DE SILOS.
*LEY de FOMENTO DE LA AGROECOLOGÍA.
Basta
es basta
¡Gobierne
quien gobierne, la salud no se negocia!
Santa Fe, 4 de noviembre de 2019.
MULTISECTORIAL PAREN DE
FUMIGARNOS
Contactos:
Daniel Romano –
3416258581
Mauricio Cornaglia
- 3413575363
Luciana Luraschi –
3464447285
Patricio Acuña –
3498426153
Carlos A. Manessi –
3426145532
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Cuestión
de todxs
Buenas
Prácticas….
¿para
el agronegocio?
17 de
octubre de 2019
Durante el día miércoles 16, la Legislatura de Córdoba le
dio carácter de Ley a lo que era el Programa de Buenas Prácticas Agrícolas.
Distintas voces vienen expresándose respecto a esta iniciativa que, como
acostumbra a suceder cuando de cuestiones ambientales se trata, desconoció la
participación ciudadana en el debate referido al tema. En esta nota retomamos
algunas de las expresiones que se suman a gritar por un reclamo popular: ¡paren
de fumigarnos! ¡la única buena práctica es no usar agrotóxicos!
Darío Ávila, abogado ambientalista había informado el pasado
martes 15, es decir un día antes de que la Legislatura cordobesa definiera como
ley al proyecto sobre Buenas Prácticas Agropecuarias (BPAs), que habían
presentado una petición formal al Presidente Provisional de la Legislatura para
que la suspensión, prórroga o exclusión del orden del día al tratamiento de
este proyecto del Gobierno de Córdoba, abordado a través del Ministerio de
Agricultura y Ganadería.
El principal motivo de esta solicitud, tal como lo describe
Ávila en una publicación en sus redes sociales, se fundaba en el hecho de que
no se había habilitado la instancia de “participación ciudadana” y por tanto el
reclamo consiste en que puedan intervenir con sus voces y experiencias en el
debate de este proyecto, aquellxs actorxs sociales involucradxs, damnificadxs o
afectadxs, universidades públicas, agrónomxs, investigadorxs, biólogxs,
asambleas de vecinxs, ONG, entre otros. Desde el Ministerio señalado aseguraban
que el propósito es ofrecer un marco legal que respalde esta iniciativa sin
precedentes en Argentina y que será “de vanguardia en todo el territorio
nacional e internacional”. Pero, una vez más, el gobierno pasó por alto
los reclamos populares.
El Programa de BPAs ya existe en Córdoba desde hace dos
años, productorxs y empresarixs inscriptxs (recordamos que tiene carácter
voluntario), reciben un beneficio económico por hacer “bien las cosas”. En su
artículo n° 2 el proyecto de ley se expresa en las intenciones de “generar un
cambio cultural en el sistema productivo”. Desde las organizaciones, vecinxs
autoconvocados, asambleas ambientalistas y abogados especialistas en la
temática, sostienen que el modelo no hará otra cosa que seguir perpetuando al
agronegocio, poniendo en riesgo la salud y vida de las personas en mano de las
fumigaciones.
Darío Ávila expresó a través de una publicación que, con
esta ley se legaliza el sistema de envenenamiento masivo, cuestionado en todo
el mundo.
Desde la Multisectorial contra la ley Monsanto Bayer ,
expresaron su enérgico rechazo ante esta propuesta, justificándose en una
postura que advierte de la necesidad de transformación del modelo
agroalimentario, entendiendo que la agricultura debe alejarse de las premisas
del agronegocio y su imposición de transgénicos y agrotóxicos. Uno de los primeros puntos en su repudio, recae en
lo mencionado anteriormente, el proyecto se trató a puertas cerradas, sin la
participación de todxs lxs ciudadanxs y espacios que podrían haber aportado su
opinión al respecto.Desde este espacio, afirman que lo que se aprobó consolida
el modelo agroindustrial avalado por las corporaciones, ya que considera que el
uso racional de los agrotóxicos garantiza la sostenibilidad ambiental.
Al respecto, sostienen que distintos Organismos de Derechos
Humanos vienen manifestando la necesidad de revisar el sistema de agricultura
dominante en Argentina e iniciar un proceso de transformación real en donde se
prioricen los derechos humanos, por sobre los intereses económicos del
agronegocio. “Su aprobación implica consentir el uso de agrotóxicos y
transgénicos, desconociendo todos los efectos perjudiciales que han ocasionado
y siguen ocasionando a la salud, al ambiente y la diversidad biológica y
genética”, aseguran en su pronunciamiento. Y agregan: “No existe buena práctica
agrícola alguna que conlleve el uso de cultivos transgénicos y agrotóxicos”.
Por otra parte, un vecino de Dique Chico alzó su voz con una
explicación cuando se encontraban fuera de la Legislatura en repudio de este
proyecto. Este material fue difundido por la Asamblea en Defensa del Ambiente
Córdoba Capital. En este relato, el vecino manifiesta que dicen presente en la
Legislatura para repudiar este proyecto, “la ley de Buenas Prácticas Agrícolas,
es decir, pasar el programa que tenía la provincia, la cual permitía a los
productores agropecuarios aplicar a través de fumigaciones, tanto terrestres
como áreas, productos de clase 3, 4, como son el glifosato, la atrazina, el 2,4
D, entre otros herbicidas a 0
metros de las casas”, afirma.
“En este momento quieren hacer ley esas recomendaciones que
hace el agronegocio a la producción agrícola, es decir, establecer como ley que
te puedan fumigar a 0
metros de tu casa, con productos como el glifosato entre
otros herbicidas”, refiere.
Ante la pregunta acerca de cómo influye esto en las
localidades, el vecino de Dique Chico, indica que no influye en tanto siga
vigente la ley de fitosanitario, “no influye en las zonas de resguardo y en las
resoluciones u ordenanzas que tienen las comunas y pueblos hacia el tejido que
tiene cada uno”, responde. Agrega que, de cualquier manera, el proyecto
“legitima más las buenas prácticas agrícolas, transformándolas en ley, van a
ser política de Estado, con sus presupuestos, habilitar estas prácticas que
ellos la llaman buenas y que nosotros decimos que no existen las buenas
practicas agrícolas, existen las producciones con agrotóxicos y sin
agrotóxicos”.
Para acceder al debate completo: (…) Leer
¿Buenas Prácticas Agrícolas
para todos y todas?
Durante
años, las corporaciones sostuvieron la inocuidad de los agrotóxicos para la
salud y el ambiente. Con esa mentira hecha añicos, las empresas sacaron de
la galera el discurso de las llamadas “buenas prácticas agrícolas”. Con ellas,
un modelo que contamina y enferma se lava la cara y consolida su hegemonía
transformado en política pública. Pero esta política marco debe bajar a cada
territorio y encontrar allí su encarnadura concreta.
Hasta no
hace mucho palabras como “agrotóxicos” no figuraban en el vocabulario de la
enorme mayoría de la población de las grande ciudades o incluso en los pueblos
de las zonas agrícolas del interior de la Argentina. Fue a
partir de las denuncias y la lucha de pequeños grupos de vecinos aquí y allá
que consiguieron instalarlas en boca de todos, vinculando el uso masivo de
estos venenos en la producción agroindustrial y la explosión de determinadas
enfermedades: cáncer, tiroidismos , asmas y problemas respiratorios,
nacimientos con malformaciones y pérdida de embarazos, entre otros.
Según la
reconstrucción de Naturaleza de Derechos (porque no hay datos oficiales), hoy
en nuestro país se liberan al ambiente cerca de 500
millones de litros de agrotóxicos por año. Glifosato, Atrazina,
2,4-d, Cipermetrina, Paraquat, Glufosinato de amonio, Clorpirifos… son cientos
de principios activos en miles de formulados comerciales; muchos de los cuales
están prohibidos en otros países y han sido clasificados como altamente
peligrosos. Moléculas que el SENASA aprueba para su venta con criterios
fuertemente cuestionados, y sobre cuyo comportamiento en el ambiente una vez
liberadas o sus sinergias con otras moléculas, sabemos muy poco o absolutamente
nada.
Los agrotóxicos
están en la base de la agroindustria transgénica y durante años las
corporaciones que desarrollaron y alentaron este “paquete tecnológico”
sostuvieron su inocuidad para la salud y el ambiente.
Mientras
aquí se comparaba al glifosato, el herbicida de mayor uso en nuestro país, con
“agua con sal” o se decía que eran “tan cancerígeno como el mate” el IARC-OMS
determinó que era “probablemente cancerígeno para humanos, cancerígeno en
animales y genotóxico”. Los llamados Monsanto Papers vienen a demostrar que las empresas
siempre supieron sobre su toxicidad y el peligro que acarreaba su liberación
para las poblaciones expuestas, y hoy enfrentan juicios multimillonarios por
los daños a la salud de decenas de miles de personas en las potencias globales,
entre un universo que abarca a millones en todo el mundo.
Con la mentira de la inocuidad hecha añicos,
las empresas sacaron de la galera el discurso de las llamadas “buenas prácticas
agrícolas” (BPAs), buscando desembarazarse de responsabilidades y
endilgándoselas a los productores. Con este nuevo mantra del marketing corporativo
desataron una nueva ofensiva para deslegitimar la voz de las comunidades
afectadas y desarmar las regulaciones y restricciones al uso de agrotóxicos.
Al mismo
tiempo montaron una plataforma desde la que influir en las políticas públicas: la Red BPA.
El hito más
importante de este derrotero en nuestro país es el Informe
Interministerialpresentado en julio de 2018 por los ministros
de Agroindustria, Salud, Ciencia y Tecnología, y Ambiente, que construye una
serie de recomendaciones para el desarrollo de políticas y legislaciones basado
en esta criatura de marketing empresarial, cuyos referentes ya habían
colonizado los organigramas estatales.
Con el
discurso de las llamadas BPAs, un modelo que contamina y enferma se lava la
cara, profundiza su inserción territorial y consolida su hegemonía transformado
en palabra oficial y política pública. Pero esta política marco debe bajar a
cada territorio y encontrar allí su encarnadura concreta.
La “Resolución del Veneno” en Buenos
Aires
El 17 de
octubre del 2018 el Ministro de Agroindustria de Buenos Aires (ex? Monsanto)
Leonardo Sarquís, firmó la
resolución N ° 246-MAGP-18 que establece pautas de aplicación
de agrotóxicos según los criterios de las llamadas “Buenas Prácticas Agrícolas”
(BPAs). La misma fue publicada en diciembre y debía entrar en vigor el primero
de enero de este año.
La misma
fue bautizada inmediatamente como la “Resolución del Veneno”, y se basaba en el
informe interministerial de julio de 2018.
Habilitaba la aplicación de plaguicidas en lo
que denomina como “zona de amortiguamiento”, que en las normativas locales
corresponde a “zonas de exclusión”, o sea donde no pueden utilizarse estos
venenos: “Lotes contiguos al área urbana, zona residencial extraurbana, área de
población dispersa, márgenes de cursos o cuerpos de agua, zonas de bombeo,
establecimientos educativos, áreas de esparcimiento y reservas naturales“.
Permitía
fumigar al lado de las escuelas rurales “fuera del horario escolar”, como si
con esa restricción alcanzara para que los niños y niñas que jueguen en esas
hamacas rociadas estuviesen a salvo. Médicos de Pueblos Fumigados declaró: “Sin
duda ser víctima de la deriva primaria (la nube de plaguicidas que se disemina
apenas es liberada por el fumigador) es muy grave y desagradable, pero fumigar
con la escuela cerrada no impide que el ambiente escolar quede contaminado con
esos agrotóxicos que sostendrán la exposición de alumnos y maestros cuando
éstos regresen a la misma.
Las escuelas deben ser lugares seguros para contener a los
niños”, en sintonía con los pronunciamientos de la Red Federal de
Docentes por la Vida.
La presión de las organizaciones socio
ambientales y de la opinión pública no se hizo esperar, y obligó a
Agroindustria a retroceder: en febrero, a través de la Resolución N ° 76-CGP-19,
se suspendió la Resolución 246 por un año. Oportunamente festejamos este paso
atrás, pero llamamos a mantenemos alertas, ya que la resolución 76/19 solo deja
a la 246 en stand by, y crea un equipo técnico para elaborar un “protocolo de
aplicación en la zona de amortiguamiento” en el marco de las BPAs. Como los
mosquitos fumigadores que se esconden en el monte de la policía rural (cuando
aparece) esperando para seguir fumigando, Agroindustria se agazapaba para
volver.
A la
Resolución 246 los municipios debían adherir voluntariamente. De hecho, de la
presentación que se realizó con pompa en el Parque Pereyra Iraola participaron
una buena cantidad de intendentes que ahora buscan la reelección. Muchos
adhirieron aún cuando en sus municipios rigen ordenanzas que establecen zonas
de exclusión.
Santa Fé
En esta
provincia se encuentra el complejo industrial de procesamiento de soja y maíz
más grande del mundo, y de sus puertos sale la gran mayoría de la producción
agroindustrial que se exporta.
En ese
marco, la
Gobernación Provincial , y la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional
del Litoral (UNL) participan de la
“Red BPA ”. En Noviembre de 2018, el ministerio de la
producción provincial lanzó un programa de BPAs para dar cumplimiento a dos
leyes: la ley provincial “de fitosanitarios” (11.273) y de “uso y conservación
de suelos” (10.552). Mediante este programa designaron coordinadores para el
sur, centro y norte de la provincia, y una red de asesores por cada
departamento para relevar problemáticas locales y difundir este discurso en las
comunas.
Las
escuelas entrerrianas
En la
provincia continúa la batalla legal y política en torno a la distancia de
protección a las escuelas rurales. Después de los fallos del Superior Tribunal
de Justicia Provincial, que establece distancias de 1.000 y 3.000 metros para
fumigaciones terrestres y aéreas respectivamente, el Ejecutivo provincial a
cargo del reelecto Gustavo Bordet,
emitió sendos decretos recortándolas significativamente.
Con el argumento de que esta protección dejaba “sin posibilidades
de producir” cerca de 300.000
hectáreas , las organizaciones de la Mesa de Enlace
Provincial se movilizaron y amenazaron con cortar rutas. Los decretos contra
De los fallos impugnatorios de los decretos
del ejecutivo se desprende con claridad que el discurso de las BPAs esgrimido
por el agronegocio no pudo sostenerse frente a las evidencias presentadas por
las organizaciones agrupadas en la Campaña ¡Basta es Basta!
La frutilla cordobesa
El 17 de octubre pasado, la Legislatura cordobesa aprobó el “Programa de
Buenas Prácticas Agropecuarias de Córdoba” (10.663) con los votos afirmativos de
todos los bloques a excepción del FIT.
En la provincia de la lucha histórica de las Madres del Barrio
Ituzaingó Anexo, y donde se logró echar a Monsanto, funciona desde hace 3 años
un programa que otorga beneficios económicos a productores ajustados a las
llamadas BPAs. Del mismo participan pequeños y medianos productores, incluso de
la agricultura familiar y campesina. El plan mediterráneo fomenta prácticas
como cultivos de cobertura, instalación de colmenas, planes de manejo de monte;
en producciones agroecológicas, orgánicas y biodinámicas. Este paraguas
abarcaba incluso las producciones de familias integrantes del Movimiento
Campesino de Córdoba (MCC) que acompañó la iniciativa, pocas semanas después de
votada la Ley de Agricultura Familiar de la provincia.
Con la sanción de la 10.663 lo que era
un programa impulsado desde el ejecutivo se convierte en norma provincial. Es
el primer caso en que las llamadas BPAs, que son una creación del agronegocio,
adquieren fuerza de ley; sentando un precedente muy grave para lo que pueda
plantearse en el resto del país.
Otro modelo agropecuario implica otra correlación de fuerzas
La breve recorrida por estas 4 provincias, donde se concentra la
enorme mayoría de la producción de commodities de exportación, permite
reconocer que en torno a las llamadas BPAs se libra en términos simbólicos y
políticos el grueso del enfrentamiento entre el agronegocio, que huye hacia
adelante derramando cada vez mayores cantidades de agrotóxicos en nuestros
territorios, y las comunidades. Son los pueblos fumigados, que defienden la
salud y el ambiente; y también las producciones agroecológicas y orgánicas, del
campesinado y pequeña producción que reclaman por otro modelo agropecuario.
Incluir a la agroecología bajo el paraguas de las BPAs es algo que
aparece sistemáticamente en el discurso del agronegocio, sobre todo desde el
impulso que se le empezó a dar desde organismos internacionales como la FAO.
En paralelo desde distintos ámbitos se reedita el discurso que
habla de la posibilidad de “la convivencia” entre el agronegocio, y la
producción agroecológica y familiar-campesina. Más de 20 años de desarrollo de
la agroindustria transgénica en nuestro país demuestra claramente lo contrario:
hemos perdido extensiones enormes de bosques nativos, vemos el impacto de los
agrotóxicos sobre la biodiversidad, los ecosistemas y la salud de nuestras
comunidades. Estamos en niveles críticos de pérdida de fertilidad de suelos, y
los restos de agrotóxicos llegan con cada producto que la industria alimentaria
asociada nos vende. El censo nacional agropecuario de 2018 nos habla de
la pérdida de miles de pequeños y medianos establecimientos y mayor
concentración de la tierra. Sigue
la expulsión de población rural y originaria a las periferias urbanas. Más
concentración, más desigualdad y más violencia; menos alimentos sanos, y
posibilidades de vivir como lo hicimos durante generaciones en nuestros campos
y pueblos.
¿Qué hacer? Para romper la hegemonía
que el agronegocio instaló en nuestra sociedad necesitamos desenmascarar el
discurso de las llamadas BPAs y de la Convivencia de modelos, al tiempo que
acompañamos el fortalecimiento de prácticas agroecológicas, de otros modos de
distribución y consumo; peleando por la democratización de la tierra y los
medios de producción.
¿Cómo se construye una correlación de fuerzas que lo haga posible?
Plantearlo seriamente implica reconocer la necesidad de enhebrar una confluencia
social amplia que,
a nuestro entender, debe incluir a las organizaciones campesinas y comunidades
originarias, al movimiento de lucha socio-ambiental, al sector chacarero y
cooperativo que retoma su historia, y los sectores urbanos que demandan por
alimentos sanos. Creemos que no se puede prescindir de ninguno de estos
sectores. Sabemos que este tipo de confluencia es difícil pero las experiencias
como la de Red
de Municipios y comunidades que fomentan la agroecología (RENAMA), los Encuentros
de Pueblos Fumigados y sobre todo el Foro Nacional por un Programa Agrario
Soberano y Popular demuestran que es posible.
Avanzar hacia otro modelo agropecuario significa hacerlo hacia
otra sociedad; y eso, de fondo, es lo que está en disputa.
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