Las
“puebladas” argentinas a partir del “santiagueñazo”
de 1993.
27 de noviembre de 2006 | Biblioteca,Ciencias Sociales
Tradición
histórica y nuevas formas de lucha
Rubén Laufer* y Claudio Spiguel**
INTRODUCCIÓN
Los grandes cambios económicos producidos en la Argentina a
partir de 1989 como consecuencia de las políticas neoliberales practicadas por
el presidente Menem han profundizado los rasgos de atraso y dependencia que
caracterizan la estructura del país, reforzando tendencias fundamentales en la
economía y la sociedad argentina vigentes desde la implantación de la dictadura
militar en 1976.
Al tiempo que se acentuó notablemente la
concentración productiva, comercial y financiera, han desaparecido ramas enteras de la
producción nacional, muchas de ellas correspondientes a sectores de tecnología
avanzada y decisivos para un potencial desarrollo independiente de la economía
argentina. La apertura indiscriminada a la importación masiva de artículos que
produce la industria nacional ha llevado a la quiebra a numerosas empresas
industriales pequeñas y medianas en ramas tradicionales como la metalúrgica y la textil. A lo largo de un
quinquenio fue prácticamente destruido el capitalismo de Estado y se impuso el
modelo “neoliberal” (Azpiazu, 1998; Muchnik, 1993).
Las consecuencias
sociales han sido profundas y graves: la desocupación castiga a una parte
sustancial de la población económicamente activa; las cifras gubernamentales
admiten una tasa de desempleo de alrededor del 17%, pero es bien conocido que
en las zonas de mayor concentración obrera como el Gran Buenos Aires y el área
de influencia de las principales ciudades del interior del país (Rosario, Santa
Fe, Córdoba) esos índices superan holgadamente el 20 por ciento (MEOSP, 1997;
Mancebo, 1998: p. 186; Rofman, 1996). La llamada “reforma del estado” expulsó a
decenas de miles de empleados estatales, al tiempo que las políticas de
restricción presupuestaria precarizaron aún más la situación ya grave de la
educación y la salud públicas (CELS, 1998, pp. 325-345).
En el plano laboral, la política vigente se ha
dirigido en forma explícita a eliminar o retrogradar sustancialmente la
legislación del trabajo, producto de más de un siglo de luchas obreras. Las
nuevas normas y los nuevos convenios bilaterales entre patronales y sindicatos
introdujeron a pleno los métodos laborales basados en la precarización y
“flexibilización” de las condiciones de trabajo y salariales (contratos
transitorios, privatización del sistema jubilatorio, drástica reducción de
indemnizaciones por accidente y por despido, etc.) (Kesselman, 1996, pp. 21-30;
Carcar, 1998, pp. 150 y 163-4). Se ha dado paso a una intensificación sin
precedentes de la explotación de los trabajadores, reforzada por la presión que
sobre el mercado laboral ejerce el enorme “ejército de reserva” de desocupados.
El hambre, la desnutrición infantil y otros males consiguientes a este proceso
alcanzan niveles inéditos para la Argentina, en particular en las zonas urbanas
(Carcar, 1998: p. 140; Mancebo, 1998, pp. 187-88).
Se ha agravado
notablemente la penetración del capital extranjero y, con ella, la
monopolización de casi todas las palancas decisivas de la economía argentina en
desmedro de la independencia económica del país y de su soberanía política (CEPAL-CEP, 1997).
Consorcios norteamericanos, italianos, franceses, ingleses, rusos, alemanes y
españoles, directamente o en asociación con capitales intermediarios locales,
han sido los principales beneficiarios de la privatización de las empresas
estatales de transporte aéreo y ferroviario, telecomunicaciones, correos,
servicios de electricidad, gas, aguas corrientes, etc. En la mayoría de los
casos las concesiones se llevaron a cabo bajo condiciones de privilegio en
cuanto a monopolio del mercado, subsidios estatales, precio y plazos de pago,
exenciones impositivas, etc. (Azpiazu, 1998: pp. 47-69).
Pese a las
privatizaciones -que aportaron alrededor de 30.000 millones de dólares-, y pese
a las reducciones acordadas por el Plan Brady, la deuda externa pública se ha
incrementado en forma exponencial, rondando en 1997 los 100.000 millones de
dólares (MEOSP, 1998; Nochteff, 1998, pp. 33-36; Muchnik, 1993, pp. 119-126).
El gobierno de Menem subordinó casi sin mediación su política a las
recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otras
instituciones financieras bajo control de las grandes potencias. La política
exterior ha seguido los mismos parámetros mediante lo que el canciller Di Tella
denominó “relaciones carnales” con los Estados Unidos, con las conocidas
implicancias en el plano interamericano y mundial.
La pretendida
“modernización” económica que el gobierno menemista reclama haber logrado a lo
largo de casi una década no es progresista sino reaccionaria. Su efecto ha sido
la agudización de las deformaciones estructurales de la economía argentina. El
crecimiento del producto bruto nacional ha tenido como contrapartida necesaria
una ingente destrucción de fuerzas productivas, la asfixia de las economías
regionales, y transformaciones profundamente regresivas en el tejido social. La
concentración económica, a su vez, ha conllevado una paralela concentración del
poder político que -pese a la vigencia de las instituciones formales de la
democracia- se manifiesta, por un lado, en la enajenación de esas instituciones
respecto de la capacidad de decisión y participación de vastísimos sectores de
la población, y por el otro en los crecientes fenómenos de corrupción económica
y política que inficiona y moldea el aparato estatal y el funcionamiento global
de la economía.
Un nuevo período en el
movimiento social y político
La crisis económica
incubó en la Argentina durante 1994, y salió violentamente a la luz con el
llamado “Santiagueñazo” de diciembre de ese año. Para entonces, como resultado
de las políticas del equipo Menem-Cavallo, el desempleo total o parcial
afectaba a más de 4 millones de argentinos (sobre una PEA de 14 millones y un
total de 33 millones de habitantes) (MTSS, 1995; Beccaria y López, 1996: pp.
31-45).
El gobierno respondió a
la crisis profundizando la política de ajuste, privatización y enajenación del
patrimonio nacional, “flexibilización” laboral y eliminación de las conquistas
históricas de los trabajadores.
Aunque políticamente
debilitado en 1994 en las elecciones a Asamblea Constituyente por los
sustanciales niveles de abstencionismo electoral y voto en blanco y por el
avance de la oposición, Menem pudo lograr la reelección en mayo de 1995, en
base a un exhaustivo uso del aparato estatal y cabalgando sobre el generalizado
temor a una posible repetición de la hiperinflación desatada durante el último
tramo de la presidencia de Raúl Alfonsín y los primeros dos años de la suya
propia (Palermo y Novaro, 1996: pp. 450-9). El partido oficial fue, sin
embargo, nuevamente derrotado en los comicios para gobierno de la Capital Federal en
junio de 1996, y duramente castigado en las elecciones legislativas nacionales
de octubre de 1997, no sólo con el triunfo de la alianza opositora sino,
también, con muy altos índices de abstención y votoblanquismo[1].
El 16 de diciembre de
1993 se produjo el “Santiagueñazo”[2].
Los trabajadores estatales y el pueblo de las mayores ciudades de la provincia
de Santiago del Estero, cansados de un gobierno corrupto y que hacía oídos
sordos a los reclamos populares, tomaron por asalto e incendiaron la Casa de
Gobierno provincial, la Legislatura, los Tribunales -es decir, los tres poderes
característicos de la democracia republicana- y, venciendo la resistencia de
las fuerzas represivas, incendiaron también las casas de los políticos
peronistas más corruptos y asediaron durante horas la del principal dirigente
local del partido Radical. El gobierno nacional -con el apoyo de la oposición
radical y de la dirigencia nacional del Frente País Solidario (FREPASO)-
intervino la provincia, y debió hacer importantes concesiones a los reclamos de
los estatales y de otros sectores de la población santiagueña[3].
Con el “Santiagueñazo”
llegó a su fin un período de reflujo del movimiento social, a que dio paso el
abandono y la reversión, por parte de la dirección menemista, del programa de
perfil nacional-industrialista, mercadointernista y tercermundista -perfil
característico del peronismo tradicional- que llevó al triunfo la candidatura
de Menem a la cabeza del Frente Justicialista Popular (FREJUPO) en mayo de
1989. El período entre 1990 y 1992 había sido un período de retroceso
generalizado en el número, masividad y combatividad de las luchas y reclamos
populares, y de derrota de muchos de ellos; un período en que las clases
dominantes avanzaron a fondo en las políticas antes descriptas (Palermo y
Novaro, 1996). Ofensiva reaccionaria que se vio favorecida por un escenario
internacional dominado por la desintegración del ex imperio soviético y el
sinceramiento de la restauración capitalista en ese país y en China, y por el
consiguiente apogeo mundial del llamado “neoliberalismo”.
Con el “Santiagueñazo”
se abrió en el país un nuevo período de intensificación y ascenso de la
movilización obrera y popular. Allí, y en la verdadera oleada de puebladas[4] y rebeliones provinciales que le
siguió, comenzaron a recuperarse -en nuevas condiciones históricas- algunos de
los rasgos que habían caracterizado en la Argentina el anterior auge de masas
de las décadas del ’60 y ’70.
Pocos días después, el
1º de enero de 1994, se produjo el levantamiento campesino-indígena del
Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas, México, en un marco
continental de creciente oposición y resistencia a las políticas neoliberales.
A comienzos de 1994 se
produjeron grandes movilizaciones de trabajadores estatales argentinos en las
provincias de La Rioja, Jujuy, Salta, Chaco, Tucumán y Entre Ríos. Jujuy sería,
durante 1994 y 1995, el centro de importantes luchas de los trabajadores
municipales y estatales, con gran apoyo popular y un elevado nivel de
organización para enfrentar la represión policial[5].
La lucha del pueblo de Jujuy, que venía desarrollándose desde principios de los
’90, forzó la renuncia de tres gobernadores (Ogando y Borgogno, 1994;
Santillán, 1994). En el curso de ese movimiento comenzaría a descollar una
nueva camada de dirigentes sindicales clasistas y combativos -encarnada en la
figura del municipal jujeño Carlos “el Perro” Santillán-, revitalizando una
corriente sindical de peso en los años ‘60 y ‘70. Simultáneamente, la provincia
de Catamarca sería escenario de las mayores manifestaciones de su historia,
exigiendo el esclarecimiento del asesinato de la adolescente María Soledad Morales en una turbia
trama de corrupción que remonta sus hilos hasta los más altos niveles del poder
político y económico provincial (Morandini, 1991, pp. 71-94).
El alza de la
combatividad popular contribuyó a la reactivación del movimiento obrero. Las
luchas de mayor repercusión fueron las que llevaron a cabo los metalúrgicos de
las plantas fabriles de Tierra del Fuego, en el extremo sur del continente.
Entre 1994 y 1995, su lucha se centró en el reclamo de aumentos salariales y
contra los intentos patronales de “racionalizar” sus inversiones mediante
despidos masivos y cierre de plantas. En una de esas movilizaciones, en abril
de 1995, cayó víctima de la represión el obrero de la construcción Víctor
Choque[6]. Los trabajadores de la mina carbonífera de Río
Turbio (en la sureña provincia de Santa Cruz) tomaron el yacimiento en defensa
de su fuente de trabajo, con apoyo del conjunto de la población local[7].
También se reactivó el
movimiento agrario. En 1994 se llevó a cabo un paro nacional agrario, con
participación de pequeños y medianos productores -con centro en la región de la
Pampa húmeda, que constituye el corazón cerealero del país-, que se destacó por
su masividad y combatividad. En 1995 surgió el Movimiento de Mujeres en Lucha
(MML), que desde su fundación organizó, pueblo por pueblo, principalmente en la
provincia de La Pampa (donde nació), y en las de Buenos Aires, Santa Fe y
Córdoba, a miles de mujeres del campo para impedir el remate judicial de sus parcelas
por falta de pago de las deudas acumuladas[8].
En esos años tomaron creciente masividad los Encuentros Nacionales de Mujeres;
el IXº Encuentro, realizado en 1994 en la ciudad de Corrientes reunió a
alrededor de 7.000 mujeres que adhirieron, mayoritariamente, a la Marcha Federal a
realizarse en el mes de julio. El Xº, en 1995, congregó una cantidad similar en
Jujuy, mientras que fueron 12.000 las que tomaron parte en el XIº Encuentro llevado
a cabo en 1996 en Buenos Aires. Los Encuentros Nacionales de Mujeres
constituyen una experiencia de avanzada por su grado de desarrollo y
continuidad, constituyendo un movimiento autoconvocado, autónomo y horizontal
en el que participan mujeres de todas las edades y estratos sociales de
diversas pertenencias políticas, gremiales, étnicas, comunitarias y religiosas[9].
Otro sector que tuvo un
rol de primera línea es el de los jubilados, quienes manifiestan semanalmente
frente al Congreso nacional, surgiendo y consolidándose organizaciones
combativas de esos trabajadores, que cobraron gran impulso, especialmente al
plantear consecuentemente la angustiosa situación de ese sector y traerlo a la
luz pública mediante la toma de supermercados, oficinas gubernamentales,
edificios históricos, etc.[10]
La oleada de
combatividad que emergió con el “Santiagueñazo” creó las condiciones para la
realización de la
“Marcha Federal ” en julio de 1994, que expresó a un amplio
arco de fuerzas opositoras a la política menemista y abrió paso a la
unificación a nivel nacional de numerosos conflictos y luchas que venían
desarrollándose en forma dispersa en distintas provincias y localidades (ATE,
1994). Retomando la experiencia de la “Marcha Blanca ” de los docentes en 1987, nutridas
columnas de trabajadores provenientes de cuatro regiones nucleares del país
convergieron, tras dos días de traslado en diversos medios
y atravesando las principales ciudades argentinas, hacia un acto central en la
Plaza de Mayo de Buenos Aires[11]. Estos hechos abrieron paso a una creciente
coordinación de las fuerzas del movimiento obrero que a nivel nacional
enfrentaban la política de ajuste, a través de la conformación de una Mesa de
Enlace entre las diversas corrientes sindicales (Movimiento de Trabajadores
Argentinos, Congreso de los Trabajadores Argentinos, Corriente Clasista y
Combativa) opositoras a las jerarquías propatronales enquistadas en la
conducción de la
Confederación General del Trabajo[12]. Dicha coordinación permitió a su vez la
unidad en algunas iniciativas de reclamo con otras organizaciones populares
como la
Federación Universitaria Argentina y la Federación Agraria ,
como la gran concentración del 20 de noviembre de 1995 en la Plaza de Mayo[13]. El 24 de marzo de 1996, 20º aniversario de la
instauración de la feroz dictadura del gral. Videla, tuvieron lugar
multitudinarias manifestaciones en repudio al golpe de Estado fascista de 1976.
Todo el año 1995 y los
primeros meses de 1996 estuvieron recorridos por un verdadero reguero de luchas
de trabajadores estatales en casi todas las provincias del país[14]. Se dieron las primeras manifestaciones de
resistencia de pequeños comerciantes de localidades del interior del país a la
insoportable presión impositiva; en algunos casos se expulsó violentamente de
esas localidades a los inspectores de impuestos[15]. Hubo puebladas en la provincia de San Juan y
en ciudades de la de Río
Negro. Comenzaron a constituirse organismos multisectoriales
para coordinar la resistencia popular a las políticas de ajuste.
En 1995 se reactivó
también el movimiento estudiantil universitario, que ocupó facultades y ganó
las calles en repudio a las reformas proyectadas por el Ministerio de Educación
nacional siguiendo las “recomendaciones” del Banco Mundial. Coincidentemente,
los docentes de numerosas provincias (Río Negro, San Juan, Neuquén, Buenos
Aires) iniciaron un proceso de movilizaciones por salarios dignos y en reclamo
de una Ley de Financiamiento Educativo, que culminaría el 2 de abril de 1997
con la instalación de la llamada “Carpa Blanca” frente al Parlamento nacional[16], y que se convirtió desde entonces en centro
de convocatoria de numerosas iniciativas opositoras en el plano educativo,
cultural y de derechos humanos contra las políticas liberales del gobierno. En
1996, la oposición a la
Reforma Educativa motivó un gran movimiento de los
estudiantes secundarios, que marcharon en numerosas ciudades del país.
Todo este proceso no se
manifestó en forma lineal. La reelección de Menem en mayo del ’95 (cuya
factibilidad constitucional se abrió paso a raíz del previo “pacto de Olivos”
entre el ex presidente Alfonsín y Carlos Menem), significó un baldazo de agua
fría sobre la combatividad popular. Esta, sin embargo, volvió a cobrar fuerza
transcurridas apenas algunas semanas.
Las “puebladas”
A mediados de 1996, la
oleada de luchas populares contra el “modelo” -que seguía agravando las
condiciones de desocupación, miseria y desesperanza de las mayorías populares-
tuvo un punto culminante en el histórico levantamiento de los pobladores de
Cutral Co y Plaza Huincul, dos ciudades próximas enclavadas en el corazón
petrolero de la provincia patagónica de Neuquén. Más de 20.000 personas en
total tomaron parte en las barricadas y cortes de ruta, en “piquetes” y en
distintas formas de autodefensa de masas[17]. Estos “piquetes” se constituyeron en
dirección efectiva de la mayoría de la población, y ejercieron esa conducción
-y el poder de hecho que impuso la pueblada- a través de delegados o
representantes revocables, electos y basados en asambleas populares. Este poder
paralelo dejó al margen durante seis días a los intendentes, concejales y demás
autoridades propias de la democracia burguesa tradicional. Obligó a las
autoridades provinciales a negociar con él, y a que se le reconociera la
potestad de controlar el cumplimiento de los acuerdos a que se llegó con el
gobierno neuquino[18]. Todo este proceso tuvo marcada repercusión
nacional, especialmente a través de su difusión por los distintos medios de comunicación (Stein y Stein, 1996).
La “pueblada” de Cutral
Co / Plaza Huincul confluyó con el crecimiento de la lucha sindical. Superando
la difícil situación generada por los despidos masivos y la hegemonía de las
jerarquías gremiales propatronales y oficialistas, el 8 de agosto se llevó a
cabo una jornada de paro con movilizaciones a lo largo y ancho del país en el
que, por primera vez en la presente etapa, jugó un papel relevante la clase
obrera industrial de las grandes plantas fabriles de Buenos Aires, Rosario y
Córdoba.
En esta nueva situación
se acentuaron las contradicciones en el seno del gobierno y del partido
oficialista, e incluso se fisuró el núcleo empresarial que había sustentado la
política gubernamental. Menem destituyó al ministro de Economía Domingo
Cavallo, abriéndose así un período de crisis política.
La nueva huelga -ahora
de 36 horas- cumplida los días 26 y 27 de septiembre de 1996 ratificó la
centralidad de la clase obrera en la escena política nacional, liderando el
repudio mayoritario a la política del gobierno. Comenzaron a generalizarse los
piquetes de huelga; fueron a la huelga varias de las principales empresas del
país, en algunos casos por encima de las poderosas cúpulas sindicales
oficialistas[19].
El “Cutralcazo” y los
paros del 8 de agosto y del 26 y 27 de septiembre significaron un punto de
inflexión en el proceso abierto con el “Santiagueñazo”. La situación en su
conjunto experimentó un cambio cualitativo.
Entre diciembre de 1996
y abril de 1997 se movilizaron los profesionales y empleados de los Institutos Nacionales
de Salud, en defensa de la fuente de trabajo y la salud pública; los obreros de
la Editorial
Atlántida , que cortaron la ruta Panamericana
en defensa de sus empleos y contra la flexibilización laboral; los jubilados,
ocupando supermercados de firmas multinacionales como el Wal Mart y el
Carrefour de distintas localidades; los docentes y estudiantes de todos los
niveles educativos, que el 14 de abril de 1997 protagonizaron un masivo paro
nacional.
En 1997 la
efervescencia popular en la Argentina contra las políticas de hambre y entrega
nacional propias del ajuste liberal experimentó un cambio cualitativo. En la
primera mitad del año tuvieron lugar -aparte de numerosos movimientos de menor
proyección nacional, pero de profunda significación provincial o regional- un
segundo “Cutralcazo” en Neuquén, y masivas “puebladas” en el norte del país,
como las de Tartagal / General Mosconi (Salta) y Libertador General San Martín
(Jujuy) (Ramírez, 1997; Valerdi, 1998).
La dura represión a la
movilización docente y estudiantil en Neuquén cobró la vida de Teresa
Rodríguez, cuyo asesinato levantó una gran oleada nacional de indignación, que
fue el marco de una segunda pueblada en Cutral Co/Plaza Huincul. Aquí, el
levantamiento popular configuró un nuevo salto cualitativo al derrotar a la
gendarmería y a la policía provincial en la lucha callejera[20].
Allí, la lucha docente
fue el detonante de un segundo levantamiento popular, cuyo eje central volvió a
ser el reclamo de puestos de trabajo. El 9 de abril, a un mes de iniciado el
conflicto del magisterio y ante el incumplimiento de las promesas formuladas
por el gobernador Sapag en la “pueblada” de junio de 1996, volvieron a
realizarse cortes de ruta en distintos lugares de la provincia. Frente
a la represión, en pocas horas se formaron piquetes. La práctica social de las
masas sublevadas acuñó un nuevo término (“fogoneros”) para aludir al sector
juvenil que mantuvo con mayor decisión combativa el corte de ruta frente al
embate policial y de la Gendarmería[21].
El reclamo docente pasó
a formar parte de un conjunto mayor de reivindicaciones, y el núcleo combativo
se engrosó con estudiantes secundarios, universitarios y padres de alumnos. En
la madrugada del sábado 12 de abril, el avance de 400 efectivos de Gendarmería
sobre la ruta ocupada se topó con una verdadera lluvia de piedras y bombas
“molotov”; a medida que la fuerza represiva avanzaba, se constituían nuevos
“piquetes” a sus espaldas. Cuando la represión se volcó sobre los barrios
aledaños, varios miles de pobladores detuvieron e hicieron retroceder a
pedradas a los gendarmes. Los refuerzos de la policía provincial respondieron
con palos, gases, balas de goma y de plomo. Allí cayó asesinada la joven
trabajadora Teresa Rodríguez. La noticia de su muerte se difundió en pleno
combate de la población con las fuerzas represivas, y de inmediato se convirtió
en síntesis y bandera de la lucha.
Hacia las 10 de la
mañana, los enfrentamientos se habían generalizado en Cutral Co y Plaza
Huincul: la población enfrentaba a los gendarmes, se dispersaba y volvía a
reagruparse dispuesta al enfrentamiento. La gente se nucleaba en la ruta, y
desde allí se volcaba hacia el descampado. Las granadas lacrimógenas que caían
eran inmediatamente cubiertas con tierra. Vecinos en motocicleta auxiliaban con
bidones de agua a quienes, en la primera línea, padecían el efecto de los
gases.
Por la tarde, una asamblea
de 300 pobladores decidió persistir con los piquetes hasta obtener soluciones;
allí se debatió y aprobó un petitorio de 8 puntos que incluía el reclamo
docente y la derogación de la
Ley Federal de Educación. La asamblea designó una comisión
negociadora compuesta por padres de estudiantes, algunos referentes políticos
locales y tres “fogoneros”. Ante la masividad del movimiento, los intendentes
de ambas localidades y concejales y diputados opositores optaron por sumarse a
la comisión.
Las negociaciones
directas con el gobernador provincial, y las gestiones personales de éste ante
el gobierno nacional desembocaron, el día 17 de abril, en la obtención de 1.800
contratos de trabajo temporales (por 4 meses) correspondientes a distintos
programas gubernamentales de empleo. Al día siguiente, diversos sectores
políticos presionaron en favor del levantamiento del corte de ruta, y algunos
diputados y concejales firmaron un acta-acuerdo con las autoridades
provinciales. En una nueva asamblea, pese al notorio descontento de un sector
de los “fogoneros” por la insuficiencia del compromiso oficial, se resuelve
aceptar lo propuesto, al tiempo que se establecen plazos de cumplimiento y se
constituye una Comisión de control de los acuerdos.
En mayo, el profundo descontento
popular estalló en la norteña provincia de Salta. Los centros fueron Tartagal y
General Mosconi, dos poblaciones del departamento General San Martín, zona
petrolera y gasífera que al igual que su similar de Neuquén, se convirtió en
población “fantasma” como consecuencia de la privatización de la empresa
estatal YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales) (Rofman, 1996). Allí la
desocupación ronda el 80%[22].
Al igual que el
“Cutralcazo”, la pueblada de Tartagal / General Mosconi reveló la existencia de
un notorio nivel de organización previa al estallido, que también aparecería
reflejado en la conjunción de un heterogéneo espectro de sectores populares
detrás del programa de la pueblada; un programa que, centrado en la exigencia
de subsidios y trabajo para los desocupados, recogió las principales
reivindicaciones de diferentes grupos sociales (desempleados, comerciantes,
industriales madereros). El alto grado de unidad se manifestó también en la
organización de los “piquetes” para el corte de ruta y para su sostenimiento a
través de “ollas populares”, y en la autodefensa de los piquetes, en la que se
consideró la preparación para la eventualidad de un enfrentamiento violento a
la represión de la
Gendarmería. Estas características -basadas en la masividad
de la protesta- estuvieron en el trasfondo del retroceso y de las concesiones
otorgadas por los gobiernos nacional y provincial[23].
El año anterior,
desocupados de Gral. Mosconi habían ocupado la Legislatura local, medida
suspendida luego ante las promesas de creación de fuentes de trabajo. Un
“sindicato” de desocupados cuenta con un padrón de 5.000 trabajadores sin empleo.
El 7 de mayo tuvo lugar un “tractorazo” de productores rurales contra la deuda
exigida por el Banco de la
Nación. Por la noche, una asamblea de 4.000 vecinos aprobó la
propuesta de cortar la ruta, a ejemplo de lo sucedido en Cutral Co; el reclamo
central es: trabajo. De viva voz se formula un pliego reivindicativo, y se
repudia y desconoce a los políticos locales. La asamblea se autoasigna
atributos de poder soberano (Ramírez, 1997).
Los cortes que se
llevan a cabo son dos, uno a la altura de Tartagal y otro en Gral. Mosconi. El
8 de mayo las actividades económicas y comerciales, así como las escuelas,
están paralizadas. Al día siguiente, las personas nucleadas sobre la ruta
llegan a 12.000. Se verifican asambleas y cortes de ruta de adhesión en la capital
provincial y en la ciudad de Orán. Una nueva asamblea el sábado 10 elige a los
integrantes de una Comisión de Diálogo, representando a sectores tan variados
como docentes, la vecina localidad de Aguaray, pequeños y medianos
productores, la Cámara de Industria de Gral. Mosconi, el sindicato de
desocupados, trabajadores de salud, madereros, aborígenes, juventud (incluyendo
estudiantes), deudores del Banco Hipotecario, vecinos y piqueteros. Se resuelve
que las negociaciones con los funcionarios se harán sobre la ruta: los
representantes no podrán tomar decisión alguna sin previa consulta a la asamblea. Una
asamblea de 3.000 personas por la tarde rechaza los raquíticos ofrecimientos
del gobernador Romero.
“¿Y si viene la Gendarmería? -interroga un medio de prensa a un militante del Justicialismo. “Y
bueno -es la
respuesta-, mi decisión personal es que
voy a estar hasta las últimas consecuencias. Yo
voy a estar hasta la muerte(…) Creo que si tenemos que morir vamos a morir por
querer justicia, por las reivindicaciones sociales y para que nunca más un
político nos ponga la cabeza en el suelo y nos pise como gusanos. Queremos la
muerte antes que eso”[24].
La nueva asamblea, a
las 18 hs., es multitudinaria: congrega a 20.000 personas de múltiples
sectores. Se decide continuar con el corte de rutas y exigir la presencia del
gobernador Romero y del ministro de Interior del gobierno nacional Carlos
Corach. El día 12, los sitios de “corte” reciben a una caravana de 2.500
personas proveniente de Tartagal, organizada por los trabajadores madereros. Al
día siguiente el gobierno hace llegar una propuesta que contempla parte de las
demandas, en particular las del sector empresarial, generando un comienzo de
división entre la gente sobre el que operan agentes del gobierno y la amenaza
de desalojo de la ruta por tropas de Gendarmería. Pero la insuficiencia de los
puestos de trabajo ofrecidos lleva a los dirigentes del sindicato de
desocupados a insistir en la continuidad de los cortes de ruta: esa noche
permanece en los piquetes más gente que en las anteriores, organizando una
potencial resistencia. Las negociaciones concluyen a media mañana del miércoles
14 de mayo. Los piqueteros celebran lo logrado: 5.000 puestos de trabajo
temporarios de 200 pesos mensuales; refinanciación a los deudores del Banco
Nación, con el compromiso de los mismos de crear 3 nuevos puestos laborales
cada uno, unos 900 puestos en total. Se realiza un gran festejo popular sobre
la ruta tomada.
“Veníamos de derrota en derrota -expresa un dirigente-; ahora ganamos, y esto nos fortalece. Si no cumplen volvemos a la
ruta, porque es la única forma de que nos escuchen”[25].
También en mayo, la
pueblada de Libertador General San Martín (Jujuy), extendida en la
implementación de 21 cortes de ruta en distintas localidades a nivel
provincial, configuró un verdadero “Jujeñazo”[26]. Los cortes de ruta iniciados en Libertador se
propagaron luego a las poblaciones de Palpalá, Perico, Abra Pampa, Alto
Comedero, La Quiaca, Humahuaca, Tilcara, El Talar y Vinalito, etc. Se
multiplicaron las “ollas populares” y las multisectoriales. La represión brutal
a los lugareños por medio de la Gendarmería enardeció aún más los ánimos. Se
perfiló así la posibilidad de un levantamiento generalizado en toda la
provincia
En el caso de
Libertador, el movimiento -que se extendió a lo largo de 12 días- reflejó un
nivel de confrontación superior; en algunos casos la represión de la
Gendarmería fue respondida con armas de fuego, en un marco de elevada
participación popular en la
protesta. En ello tuvo importancia decisiva la activa adhesión
-por medio de la huelga- de los trabajadores nucleados en el Frente de Gremios
Estatales y, en particular, el paro por tiempo indeterminado resuelto por la
asamblea de los trabajadores municipales de la provincia.
El 30 de mayo se
conformó una ”Comisión Coordinadora de Piqueteros y Desocupados de la
Provincia de Jujuy”.
“Los presentes, integrantes de
esta Comisión -se declaraba en su
acta constitutiva- ordenan que la misma deberá representar a todo desocupado
existente en la provincia, actuando como un cuerpo orgánico(…) Se deja expresa
constancia de que todos los beneficios, puestos de trabajo, subsidios, deberán
ser manejados exclusivamente por esta Comisión, con la sola intermediación de
la Iglesia(…)”.
El mismo día se
estableció una “Mesa de concertación”; participarían en ella el gobernador
provincial, Ferraro, un representante de la Iglesia, uno del Frente de Gremios
Estatales, representantes de los “piqueteros” (uno con voz y voto más dos
acompañantes, por cada uno de los cortes de ruta) y un representante de los
partidos de la oposición parlamentaria.
En la reunión de
“concertación”, llevada a cabo en la sede del Obispado de Jujuy, el gobernador
Ferraro y el ministro de Obras Públicas de la provincia leyeron su propuesta de
puestos de trabajo por localidad: 2.597 en total, menos del 20% de lo
reclamado. La televisión nacional registró la dureza de los delegados
piqueteros frente al poder político:
“Queremos que el gobernador,
frente a todos los piqueteros que están acá y a todos los desocupados que están
cortando ruta -interpeló Pablo- nos
diga porqué… qué le pasó por la cabeza… para habernos reprimido de esa
manera(…) Le voy a decir gobernador que si estos pedidos no son cumplidos como
nosotros queremos, y los compañeros dicen no aceptamos esta propuesta del
gobierno, vamos a volver a cortar la ruta”.
Nancy, por su parte,
mostró las heridas de balas de goma: “Yo
salí a la ruta no a pedir cosas injustas sino un trabajo“. La noche se pasa en vela. Operadores del gobierno
“sugieren” a los piqueteros de Libertador y San Pedro “repartirse” entre ambas
localidades todo el “paquete” ofrecido, a cambio del levantamiento del corte de
rutas: la respuesta es no. En la mañana del 31 de mayo se anuncia el
acta-acuerdo aceptada por la gobernación: los puestos de trabajo comprometidos
suman ahora 12.579. El acta compromete un multifacético cuerpo de garantías,
así como esbozos de medidas de gobierno en favor de los sectores populares,
reflejo del amplísimo carácter multisectorial de los reclamos: integridad física
de los “piqueteros” e indemnización a los afectados por la represión;
incentivos fiscales a la radicación de industrias en la provincia;
efectivización del Plan Quinquenal de Obras y Servicios Públicos; entrega en 30
días y sin discriminaciones políticas de las viviendas construidas y aún no
asignadas; asignación de 1.000 becas para estudiantes de la Quebrada y Puna;
control de la distribución de las cajas de ayuda social por la Iglesia y la
Comisión de Desocupados; adhesión a las propuestas del Frente de Gremios
Estatales sobre Emergencia Impositiva; adhesión al documento del Equipo de
Pastoral Social sobre tierras públicas y privadas ociosas; elevación de los
subsidios por desempleo, con prioridad para las mujeres; etc.
La algarabía es
incontenible, pero los piqueteros exigen que las cámaras de televisión
registren la firma del gobernador, que se retira precipitadamente entre
insultos y empujones.
El programa-petitorio
levantado por la Coordinadora de Piqueteros de toda la provincia fue el núcleo
de una convergencia multisectorial que bocetó, en los hechos, un “doble poder”
a nivel provincial, al establecerse una comisión negociadora en la que, además
del gobierno, los partidos opositores, y representantes del empresariado, de la
Iglesia y del Frente de Gremios Estatales, se integraron un delegado y dos
acompañantes por piquete.
En este sentido tuvo
gran trascendencia la propuesta que el Frente de Gremios Estatales -a través de
su asesor Carlos Aramayo- elevó a consideración de las asambleas populares, acerca
del camino a seguir para conseguir fondos para abordar la cuestión del
desempleo y reactivar la producción (Aramayo, 1994, p. 4). En breve síntesis,
el programa postulaba:
1. Ley de Emergencia
Impositiva, de carácter progresivo, determinado en base al impuesto a los
ingresos brutos y al impuesto inmobiliario, con centro en las empresas
privatizadas (telefónicas, gas, energía eléctrica, aerolíneas) y en las
compañías azucareras -en especial los grandes terratenientes de la provincia-,
y sin afectar a la actividad comercial minorista, a los pequeños y medianos
productores agropecuarios, industriales o mineros, ni a los trabajadores. Este
impuesto conduciría prácticamente a la duplicación de la recaudación fiscal de
la provincia, con destino al fondo de desempleo (50%) y a un fondo de
recuperación de la actividad económica productiva (50%).
2. Acta de la asamblea dirigida
al gobierno nacional para que éste se haga cargo de la amortización de Bonos
del Tesoro a partir del 1º de julio. Por esta vía el gobierno provincial
dejaría de transferirle al poder federal el equivalente a 2,5 millones de
dólares mensuales, con el mismo destino enunciado en el punto anterior.
3. Petición de la asamblea al
Ministerio de Economía de la Nación, solicitando la exención a partir del mes
de julio del aporte, por la provincia de Jujuy, del 15% de su presupuesto que
se le exige en virtud del llamado “Pacto Fiscal” (equivalente a aproximadamente
4 millones de dólares mensuales).
El alzamiento de
Libertador volvió a destacar características comunes a las puebladas
anteriores: un severo y generalizado cuestionamiento a las instituciones
formales del poder político (concejos municipales, intendentes, legislaturas y
gobiernos provinciales) y, al mismo tiempo, una profunda desconfianza en las
promesas de la dirigencia política tradicional, tanto oficialista como de la
oposición parlamentaria. Este cuestionamiento no se atuvo a los límites de la
crítica verbal; se encarriló más bien a través de la práctica de una democracia
directa, basada en el protagonismo masivo en la adopción de formulaciones
programáticas, en las decisiones de acción, y en la elección de representantes
o delegados de piquetes con mandatos explícitamente conferidos en asamblea y
revocables en cualquier momento.
La configuración de un
“poder paralelo” dejó de ser una perspectiva puramente teórica, pergeñada desde
fuera del movimiento social concreto, y adquirió la contundencia de una
creación fáctica de las masas que, abonada por la experiencia histórica, constituye
la base material de toda verdadera elaboración de teoría social vinculada al
cambio social. La población jujeña adquirió conciencia de haber puesto “en
jaque” a los gobiernos provincial y nacional, combatiendo y haciendo retroceder
a la Gendarmería, constituyéndose circunstancialmente en un poder real, capaz
de imponer negociaciones al poder político-legal y de sostenerlas y extenderlas
hasta obtener satisfacciones mínimas, así como de constituirse -a través de la
Coordinadora de Piqueteros y Desocupados- en fiscalía del cumplimiento de los
compromisos impuestos al gobierno.
El 28 de mayo,
convocada por la Federación Universitaria Argentina (FUA) y la Confederación Nacional
de Docentes Universitarios (CONADU) y con la adhesión activa de las tres
corrientes opositoras del movimiento obrero, tuvo lugar una gran Marcha
Educativa, que congregó a 25.000 personas frente a la sede del gobierno
nacional en rechazo a la reforma educacional oficial. El 20 de junio, la Plaza
de Mayo volvió a atestiguar el vasto descontento que impera en el gremio
docente[27].
Ambos acontecimientos
constituyeron un escalón político y organizativo que se sumó al impacto de las
grandes “puebladas” para la realización de la segunda Marcha Federal ,
ahora bajo la denominación “Marcha por Trabajo para Todos”, entre el 8 y el 11
de julio de 1997. Desde los cuatro puntos cardinales del país, con
enormes sacrificios, 70.000 personas -entre las que se destacaban los grupos de
“piqueteros” provenientes de los alejados focos de lucha del interior del país
(Jujuy, Cutral Co, Tierra del Fuego) y el componente obrero de los gremios
metalúrgico, petrolero, petroquímico, papelero, rurales, de astilleros, etc.-
se movilizaron hacia la
Capital Federal , convergiendo el día 11 en el principal
escenario político del país[28]. En la efectivización de la nueva Marcha tuvo
importancia decisiva la convocatoria unitaria desde la Mesa de Enlace que
coordina a las corrientes del sindicalismo opositor y al movimiento estudiantil
organizado, así como la participación de un sector de la dirigencia obrera que
vacila entre las posiciones del nucleamiento gremial oficialista y las de la oposición
combativa, y la adhesión de importantes sectores políticos de la oposición al
menemismo. Así, el acto tuvo gran repercusión nacional, por la magnitud de su
concurrencia, por la amplitud del arco de unidad opositora que expresó, y por
la convocatoria unitaria emergida en la ocasión para la realización de un Paro
nacional con cortes de ruta, que tendría lugar el 14 de agosto[29].
El paro activo castigó
duramente la política menemista. Tuvo importante acatamiento en el proletariado
industrial de los principales gremios y en los grandes centros de concentración
fabril, y nutrida participación de desocupados, jubilados y estudiantes en los
actos y variadas formas de protesta. Su significación estuvo dada, además, por
la combatividad que le confirió un centenar de cortes de rutas y calles en todo
el país.
Causas y contenido social de
las “puebladas”
El proceso descripto es
el que permite comprender el fenómeno particular de las “puebladas”, rebeliones
urbanas desatadas en localidades del interior del país, algunas de las cuales
se proyectaron a escala provincial (caso de Libertador / Jujuy). Este fenómeno
debe ser enfocado como parte y experiencia más destacada de un movimiento social
y político más amplio y polifacético, con diversos afluentes sociales,
contenidos y formas de lucha: movimientos barriales y de desocupados, marchas
sindicales y reclamos salariales, paros y “tractorazos” agrarios[30], movimientos populares contra los abusos de
los servicios privatizados, movimiento democrático muy amplio y activo
contra la impunidad de los genocidas de la dictadura de 1976-83 y de exigencia
de justicia frente a la impune violencia policial y de sectores vinculados al
poder político y económico (desde el caso de la adolescente María Soledad Morales en la provincia de
Catamarca, hasta el alevoso asesinato del periodista gráfico José Luis Cabezas,
pasando por un sinnúmero de casos de “gatillo fácil”, particularmente contra
los jóvenes) (CELS, 1998, pp. 20-31; 58-62; 63-82).
Las “puebladas”,
analizadas en este contexto, por un lado, expresan un patrón de movilización y
lucha con raíces en la historia y en la estructura social argentina. Por el
otro, poniendo en crisis a dirigencias y prácticas políticas tradicionales,
perfilan la búsqueda social de nuevos caminos de participación y protagonismo
que apuntan a transformar profundamente el esquema económico, social y político
vigente.
Estas rebeliones han
emergido en localidades y provincias en las que se han agudizado al máximo las
contradicciones sociales como efecto de la política gubernamental.
La “apertura” de la
economía -y como parte de ella el rumbo de la integración regional en el
Mercosur- confina a provincias enteras a la categoría de “inviables”, según los
términos de los propios funcionarios del área económica del gobierno. A la vez,
el proceso privatizador y de trasnacionalización monopólica generó, en el lapso
de muy pocos años, un enorme contingente de obreros desocupados (por ejemplo
los petroleros en Cutral Co / Plaza Huincul y Tartagal / Mosconi; obreros de la
construcción, siderúrgicos, etc.). La concentración latifundista agrava la
crisis productiva y social: en Jujuy, tres grandes ingenios azucareros y dos
sociedades concentran el 49% de las valuaciones fiscales inmobiliarias de la
provincia (Santillán, 1998, p. 5-7). A esto se suman los efectos de la llamada
“reforma del Estado”, que transfirió servicios educativos, sanitarios y
previsionales a las administraciones provinciales, mientras redujo su
participación federal en los impuestos nacionales, con la consiguiente asfixia
del federalismo y reducción de los gobiernos locales a la condición de
apéndices del poder central y de sus planes de ajuste.
En esas provincias,
además, es más débil el aparato estatal y represivo, así como las estructuras
jerárquicas del sindicalismo oficialista. En la provincia de Buenos Aires,
donde se halla lo principal del aparato industrial y de la población del país,
en cambio, se concentra también la fuerza del poder estatal y se han venido
aplicando políticas asistencialistas dirigidas a la prevención de “estallidos”
sociales.
Las “puebladas” no han
emergido en forma súbita y puramente espontánea. En todos los casos estuvieron
prologadas por movilizaciones y reclamos protagonizados -a lo largo de muchos
meses- sobre todo por empleados estatales y municipales, docentes, etc. Esto
fue así incluso en el “Santiagueñazo” de diciembre de 1993, que inauguró la serie. En los casos de
Cutral Co y Gral. Mosconi, los obreros petroleros habían desarrollado huelgas y
movilizaciones contra la privatización de la empresa petrolera estatal y sus
efectos. Estos estallidos populares han influido sucesivamente unos sobre
otros, en un proceso de aprendizaje social multifacético.
Por otra parte, las
prácticas desplegadas y las representaciones sociales de sus protagonistas
recuperan tradiciones y formas de lucha históricas del movimiento popular argentino,
y particularmente del movimiento obrero. Desde la “Semana Trágica ”
de 1919, en que los trabajadores de Buenos Aires mantuvieron ocupadas,
desbordando la represión policial, zonas enteras de la ciudad hasta la
intervención del Ejército, hasta el “Cordobazo” de mayo de 1969, protagonizado
por los obreros industriales -particularmente del automotor-, los estudiantes y
amplios sectores populares de la ciudad mediterránea, y otras rebeliones
urbanas de fines de los años ’60 y principios de los ’70, la forma más elevada
del conflicto social se ha expresado en la Argentina bajo la forma de masivas
rebeliones urbanas, de carácter amplio y con fuerte peso de la clase obrera
industrial. Incluso la huelga -forma típica de la lucha obrera- ha sido
adoptada como vía de expresión de reclamos por otros sectores populares, como
los pequeños y medianos productores del campo y de la ciudad (Bilsky, 1984;
Villar, 1971; Fierro, 1998).
Esta tendencia se ha
verificado aún en localidades vinculadas a la actividad agropecuaria. En la
Argentina, el 80 por ciento de la población vive en ciudades, grandes o
pequeñas, característica estructural que constituye la base fundamental de esta
tradición histórica (Torrado, 1992).
La proyección de las
“puebladas” no ha quedado confinada a regiones con las características
descriptas, constituyendo “bolsones” aislados. Por el contrario, muy
rápidamente, han influido de modo determinante sobre todo el movimiento
sindical y político a escala nacional, contribuyendo a la convergencia en la
acción de muy amplios sectores sociales y fuerzas sindicales y políticas contra
la política oficial: el primer “Cutralcazo”, en 1996, fue el prólogo inmediato
de una gran concentración obrera frente a la Casa de Gobierno en el mes de
mayo, de la crisis política que desembocó en la renuncia del ministro de
Economía Domingo Cavallo, del fortalecimiento de las corrientes sindicales
opositoras y combativas y de los paros nacionales de agosto y septiembre, en
los que irrumpieron masivamente en la escena política los obreros del cordón
industrial de las grandes ciudades. Lo mismo ocurrió en ocasión de las
“puebladas” de 1997, que se articularían con la realización de una segunda
Marcha Federal y con el paro nacional con cortes de ruta llevado a cabo en
agosto. La protesta emergente en las “puebladas” impregna asimismo el
crecimiento del activismo sindical en las grandes plantas industriales y nuevas
oleadas de luchas salariales y contra los despidos, así como el desarrollo de
nuevas formas de lucha de los desocupados y organizaciones barriales y de
jubilados.
En las “puebladas” se
manifestó crecientemente la convergencia de la lucha de los tres sectores del
movimiento obrero (activos, desempleados y jubilados). La confección de censos
de desocupados desempeñó un papel de relevancia en la organización de los
cortes de ruta. Se hizo visible que los protagonistas de las múltiples
puebladas producidas en el país, en su inmensa mayoría, no fueron “marginales”
(categoría que muchas veces pretende tipificar lo que comúnmente se conoce como
“desclasados” o “lúmpenes”), sino obreros petroleros, ferroviarios, azucareros,
de la construcción, etc., despedidos por el ajuste menemista. Además, en esas
“puebladas” se perfiló un conjunto de sectores sociales cuyos reclamos programáticos
y cuyos métodos trascendieron la oposición al llamado “modelo” y sus efectos
“excluyentes”, para atacar las bases mismas del “sistema”.
Por eso, las
“puebladas” no pueden ser explicados en base a la lógica de
“excluidos”/”incluidos” correspondiente a teorías hoy en boga, que conciben la
llamada “marginalidad” como origen de los nuevos sujetos y movimientos sociales
del presente. La práctica y formas de conciencia de sus protagonistas, y la
base material de la cual emergen, resultan convergentes con el conjunto del
movimiento social. Si en el último período se había verificado un mermado
protagonismo del proletariado industrial respecto de otros sectores de
trabajadores -desocupados, estatales, jubilados-, ello no se debió a una
pretendida “desaparición” o “extinción” de la clase obrera y del trabajo en
general (o incluso a la “integración” de dicha clase al “sistema”) sino a la
doble tenaza impuesta por la amenaza del desempleo y el compromiso de la cúpula
de la dirigencia sindical -en su mayoría de origen peronista- con las políticas
neoliberales del menemismo (Laufer, 1998; Mateu, 1998).
Cortes de ruta, piqueteros y
asambleas populares: democracia y poder
La mayor parte de las
“puebladas” se inició y desarrolló utilizando como instrumento central los
cortes de rutas, acciones que luego se extenderían a los movimientos de
desocupados y jubilados en el gran Buenos Aires, al movimiento agrario en la
pampa húmeda, y al activismo sindical del gran Rosario. En los cortes
confluyeron multitudes con diferentes niveles de organización. En ellos hubo
núcleos más activos, oscilando entre un centenar y 500 pobladores en los
momentos iniciales, varios miles de personas en los momentos decisivos, y más
de 20.000 personas en las grandes asambleas y en los festejos luego de triunfos
parciales (retirada de la Gendarmería, logro de reivindicaciones en las
negociaciones impuestas a los gobiernos, etc.).
Así, los cortes de ruta
se constituyeron en escenario de confluencia y articulación de diversos
sectores sociales de las ciudades a cuya vera pasa la ruta.
La denominación de
“piquete”, utilizada por primera vez en Cutral-Co para designar al núcleo a
cargo de cada corte (allí y en Mosconi hubo varios cortes simultáneos a lo
largo de la ruta) posee una larga tradición en la historia de las luchas
obreras en el país, unida al concepto de organización para la lucha: piquete de
huelga, grupo organizado de activistas, etc. Los piquetes y piqueteros (sus
integrantes y en particular sus representantes electos directamente en asamblea
con mandato imperativo de las mismas y revocables por ellas) jugaron el doble
papel de organizaciones para la lucha y centros de decisiones políticas,
con la participación principal de los desocupados y una presencia muy activa de
mujeres, jóvenes y adolescentes. En el curso del conflicto se sumaron a los
piquetes amplios sectores populares: trabajadores municipales, docentes,
pequeños comerciantes y productores, columnas de los barrios y organizaciones
vecinales, centros de jubilados, estudiantes, profesionales, familias enteras.
También se esbozó una
incipiente participación de obreros rurales y campesinos, con particularidades
según los lugares. En Tartagal-Mosconi se sumaron en caravana columnas de siete
comunidades aborígenes demandantes de tierras y fuentes de trabajo. La posible
proyección del estallido a la zona rural, selvática, y el importante grado de
organización alcanzado por los desocupados petroleros y obreros de la
construcción y su ubicación junto a plantas de empresas petroleras y gasíferas
y a un importante gasoducto pueden haber operado para que la gendarmería se
abstuviera de reprimir allí. La incipiente articulación con la población rural
es significativa en un país de características predominantemente urbanas, pero
con gran peso del latifundio (Basualdo y Khavisse, 1993). En algunas regiones
tienen un peso significativo los campesinos pobres, especialmente en el
Noroeste y el Noreste, donde ha habido recientemente algunas experiencias de
ocupaciones de tierras y movimientos aborígenes de reivindicación de las
mismas; se trata, además, de regiones muy conectadas con los países vecinos
(Brasil, Paraguay, Bolivia) y en las que existe un influjo concreto de las
experiencias de las grandes ocupaciones de Brasil y Paraguay.
Los piquetes eligieron
representantes con mandato y revocables que operaron como dirección en la lucha
y como voceros, estableciendo instancias más generales de coordinación y para
las negociaciones con los gobiernos (Coordinadora de representantes de los cortes
de ruta de Jujuy). Se reprodujo así, una y otra vez, una forma de organización
para la lucha y de democracia directa que ha caracterizado al movimiento obrero
argentino durante décadas (cuerpos de delegados de sección o subunidad de
trabajo) como organización de base de la estructura sindical, y jugado un papel
destacado en el proceso anterior a 1976, impregnando como modalidad a otros
sectores populares: movimiento estudiantil secundario y universitario,
organizaciones barriales, etc. [31].
Finalmente, y en base a
esta forma de organización y decisión, operaban fuerzas organizadas (sindicato
de desocupados, representantes de gremios, militantes políticos). Radios
“abiertas” a la vera de la ruta, radios FM y la televisión local jugaron un
papel importante en la información del conflicto, e incluso, en ciertos casos,
de coordinación y convocatoria a las asambleas, abriendo sus micrófonos a
piqueteros y representantes.
Los piquetes llegaron a
desarrollar grados importantes de organización: grupos de enlace y de reserva,
puestos sanitarios y de prensa y difusión, organización de cuadernos de
inscripción de desocupados, puestos de donaciones y solidaridad, carpas. La
instalación de “ollas populares” hacía posible un amplio nucleamiento de la
gente más pauperizada y alimentar a los piqueteros sin que tuvieran que
abandonar la ruta. Su
funcionamiento se aseguraba por las donaciones de los comerciantes, productores
agrarios y capas medias de la localidad, y con el trabajo de cocina de
jubilados y amas de casa.
Las rutas fueron
cortadas en lugares que afectaban decisivamente la actividad económica
provincial y nacional, y aseguraban la rápida difusión en los medios de prensa y TV. A la vez estaban a la vera de
barriadas populares, lo que permitió el repliegue ante los embates de las
fuerzas represivas. Cuando éstas entraron en los barrios, en Libertador y en el
segundo Cutral Co, donde la confrontación violenta se desarrolló en el más alto
grado, ello provocó gran indignación y la respuesta masiva de decenas de miles
de habitantes que en ambos casos obligó a la retirada de la gendarmería
luego de días de enfrentamiento.
A escala local y
provincial, las fuerzas represivas movilizaron entre 300 y 2.000 efectivos.
Actuaron escuadrones de gendarmería enviados por el estado nacional -fuerza
militar originariamente destinada al cuidado de las fronteras-, y cuerpos
especiales de la policía federal y provinciales. Operaron con camiones
hidrantes, gases lacrimógenos y vomitivos, armas con balas de goma. La
autodefensa de los cortes se realizó con la masiva utilización de piedras y
hondas con proyectiles de piedra y metal. Los pobladores utilizaron pañuelos
con limón, baldes con agua para neutralizar los gases, y elementos para
volverlos a arrojar contra las fuerzas represivas. Se construyeron barricadas
“escalonadas” a lo largo de la ruta y se utilizaron parcialmente bombas
molotov. Los habitantes de Libertador (Jujuy), luego de la derrota de la gendarmería
celebraron el 25 de mayo, día de la revolución de 1810 que dio origen a la
lucha emancipadora en Argentina, con un desfile popular en el que homenajearon
a contingentes de “piedreros”, “honderos” y “balderos” (niños y mujeres que con
baldes de agua neutralizaban los gases) organizados en el curso de los
enfrentamientos.
Al respecto, es
interesante destacar cómo se reflejaron los acontecimientos en las
representaciones sociales. Los protagonistas los vincularon no sólo con la
experiencia de luchas obreras y populares de años o décadas anteriores, sino
incluso con el proceso de la emancipación americana en el siglo pasado. Así lo
mostraron diversos hechos: los festejos señalados, en una región (el Noroeste)
donde aquel proceso tuvo el más elevado grado de participación popular y
perdura en la memoria histórica como componente de las tradiciones populares,
más allá de las celebraciones oficiales; la identificación de las asambleas
populares con las deliberaciones del congreso de 1816 que declaró la independencia
de la Argentina; la apropiación simbólica de la bandera nacional en la
confrontación con el poder estatal; la utilización de pasamontañas y pañuelos
por los piqueteros, tanto para protección frente a los gases lacrimógenos como
para preservación del anonimato y clandestinidad frente a las fuerzas
represivas, que evocaban la difundida imagen de los Zapatistas; también la
realización posterior, en escuelas de Cutral Co, de trabajos de docentes y
alumnos sobre los hechos expuestos al público, donde “el bueno y el malo de la
historia han cambiado de lugar: los héroes son los piqueteros y los villanos
son los gendarmes” (Sánchez, 1997, p. 37).
Los cortes de ruta
-desencadenante, lugar de confrontación e instrumento organizador en las
puebladas- se articularon en diversos modos con huelgas generales o parciales
que contribuyeron a generalizar el conflicto: en Tartagal-Mosconi, esa
generalización -pese a los movimientos solidarios en otros puntos- se vio
obstaculizada al circunscribirse la huelga a ese solo departamento. En
Libertador, en cambio, la extensión del movimiento a decenas de cortes de ruta
en otros puntos de Jujuy se vio favorecida por las huelgas de obreros y
empleados municipales y estatales de la provincia. La
segunda pueblada de Cutral Co emergió articulándose con el paro docente
provincial y las movilizaciones populares solidarias con el mismo.
La extensión de las
puebladas desde los cortes de ruta a sectores populares más amplios se sostuvo
y materializó en nuevas formas organizativas de participación de las mayorías.
En la mayor parte de los procesos de movilización y protesta popular de los
últimos años fueron surgiendo en muchas localidades y provincias las llamadas
“multisectoriales”, formas de coordinación en las que intervienen desde
organizaciones sindicales opositoras, campesinas y estudiantiles hasta cámaras
de comerciantes y asociaciones de pequeños y medianos empresarios de las
provincias, personalidades eclesiásticas, organismos de derechos humanos,
partidos políticos de izquierda y alas de los partidos tradicionales. El
protagonismo adquirido por las “multisectoriales” reflejó la incapacidad de las
instituciones legislativas y de los representates parlamentarios para expresar
políticamente al movimiento social; tendieron a convertirse en organismos de
acción unitaria y en instrumento de consecución de las demandas populares en el
transcurso de los procesos de lucha. También fueron escenario de agudas
disputas políticas entre quienes buscaban profundizar la confrontación hasta arrancar
triunfos y aislar a los gobernantes y aquellos que ponían el acento en la
conciliación y la pacificación una vez logradas ciertas reivindicaciones
sectoriales.
Las puebladas, también,
generalizaron las asambleas populares, gestadas en torno a los cortes de ruta.
Convocadas hasta varias veces por día en el curso de la lucha, participaban en
ellas desde miles hasta decenas de miles de pobladores en los momentos
culminantes. Se convirtieron en instancia de deliberación y de toma de
decisiones (programáticas, sobre resistir o no la represión y la forma de
hacerlo, sobre el curso y los resultados de las negociaciones, etc.)[32]. En las asambleas se unificaban los programas
o listas de reivindicaciones del conjunto de sectores populares y fueron
fundamentales para el respaldo de las mismas en la negociación con las
autoridades, frente a los intentos de manipulación y a las propuestas más
conciliadoras. Al respecto, fue intensa en su seno la discusión y disputa en
torno a dos posiciones: sostener su carácter soberano, o por el contrario
delegar las decisiones en representantes de determinados organismos, en
elementos ligados al poder local o en personalidades políticas o religiosas en
función de mediadoras. Las asambleas elegían representantes o voceros con
mandato imperativo, responsables ante ellas y revocables por las mismas, que
planteaban las exigencias a las autoridades formales. Frente a la norma
constitucional argentina según la cual “el pueblo no delibera ni gobierna sino
por medio de sus representantes”, las asambleas se erigieron en un embrión de
poder paralelo que desbordó, neutralizó o enfrentó a las autoridades y, en el
transcurso de la lucha, hizo efectivas sus propias decisiones.
Las puebladas
estallaron a partir de urgencias reivindicativas; no se propusieron derrocar a
los intendentes o gobernadores ni tomar el poder. Sin embargo en los hechos se
produjo una verdadera situación de “acefalía” y, durante días, frente al poder
de las autoridades y de las fuerzas represivas, las asambleas populares y sus
representantes fueron el centro de decisión y único poder reconocido por
la población que lo avaló en asambleas multitudinarias y lo respaldó frente a
la represión (en Cutral Co, hasta 35.000 pobladores sobre una totalidad de
58.000 habitantes)[33].
Estos esbozos de un
centro de decisión y poder paralelo y contrapuesto a las autoridades formales,
constituyeron un fenómeno reiterado, percibido por autoridades y comentaristas.
La jueza federal que concurrió con la gendarmería a desalojar la ruta en la
primera pueblada de Neuquén debió negociar con una asamblea de decenas de miles
sin la presencia de las fuerzas represivas; la funcionaria formuló así el
argumento jurídico para convalidar su retiro ante la evidente disposición a
resistir y superioridad de fuerzas de la población movilizada:
“…Yo pensé: ‘Acá no es un
grupo, no es una fracción de un partido político, no es un gremio, acá hay un
pueblo’… Yo les preguntaba: ‘¿Dónde hay un concejal?’, y me respondían:
‘No queremos ningún político, ningún funcionario; al único que queremos aquí es
al gobernador Sapag” -que se negaba a
concurrir desde la capital a negociar con ‘delincuentes’-. “…Entonces pensé: ‘No tienen representantes, están actuando por
aquellos que eligieron, por ellos mismos’. Me acordé de… una figura penal que
está dentro del título de sedición, que es el motín, y que habla de la asamblea
de los pueblos, aquél que se constituye en asamblea sin reconocer a sus
representantes y pide o actúa por él. Y ahí fue cuando pensé que estaba ante
una figura penal mayor-que la de la obstrucción de la libre
circulación de la ruta nacional- “ … Era
incompetente y me retiré”[34]. Un periodista escribió sobre los mismos
sucesos: “Esto ya parece la Comuna de
París, dijo uno de los más lúcidos representantes intelectuales del ‘gabinete
en la sombra’ que tiene Felipe Sapag… Como en aquella rebelión parisina…
surgieron en Cutral Co ‘representantes’ directos del pueblo, fuera de las
instituciones que lo representan según la Constitución y la ley. Estos
‘representantes’, los piqueteros, tienen por ahora el poder de contralor sobre
las acciones del gobierno”[35].
Las autoridades
provinciales calificaron a la situación como fuera de control, tildándola de
“caos y anarquía” provocados por “un asambleísmo sin orden ni lógica”; y
apelaron al envío de las fuerzas de represión del gobierno federal, hasta verse
obligadas finalmente a aceptar el inicio de negociaciones con los pobladores y
sus representantes (Ramírez, 1997, pp 15-16).
También los protagonistas
expresaron su percepción sobre el propio poder de decisión, así como la
deslegitimación de las autoridades y dirigencias políticas formales: “Si
venía uno que era autoridad, ¡chau, fuiste! [expresión
coloquial]”, graficaba un piquetero en Cutral Co. Todos eran escuchados, con
una sola excepción:
“Te dabas cuenta cuando alguien
quería mandonear o versear: lo echabas”. “…no tenemos instituciones, y las tenemos que crear nosotros.
Asumir otro rol, otra responsabilidad… Ahora cada noche hay que pensar como si
cada uno fuera intendente, cada uno fuera concejal…” (Sánchez, 1997, p.19 y 37).
Un final abierto
El ejercicio de la
soberanía popular alternativo al poder oficial evidenció y profundizó la “crisis de credibilidad”
de las autoridades y de las dirigencias tradicionales, expresada en los hechos
y formulaciones de repudio a “los políticos”. Se fue revelando una escisión
profunda entre las necesidades y caminos del movimiento popular y lo que
habitualmente se considera la esfera de “la política”.
Tal escisión remite a
dos fenómenos. Por un lado, la subordinación absoluta de las instituciones
republicanas respecto de un poder económico y político extremadamente
concentrado, que impone márgenes programáticos y mecanismos de acción política
cada vez más contradictorios con las demandas populares (Mancebo, 1998, pp.
191-201). Por el otro, el modelo económico impuesto por ese poder y defendido a
rajatabla por el gobierno no es cuestionado en sus fundamentos por la Alianza
opositora, que ha coincidido en sostener la “gobernabilidad” hasta las
elecciones presidenciales de 1999, prometiendo mantener los “logros” del
“modelo”. A esto se suman los recurrentes planes de perpetuación
anticonstitucional del menemismo y de “fujimorización”. Todo ello configura
perspectivas crecientemente contradictorias con las necesidades de cambios
económicos y sociales profundos que los reclamos del movimiento social
evidencian. Esa contradicción constituye el terreno de la creciente
desconfianza en el camino electoral como medio para satisfacer aquellas
necesidades.
La separación entre la
esfera de la acción electoral-parlamentaria y los movimientos populares
expresados en las puebladas, está lejos de expresar una presunta “apoliticidad”
de éstos. La actividad y la lucha política han atravesado desde el principio
hasta el fin todos los procesos descriptos. La mayor parte de los estallidos
sociales surgieron facilitados o alentados por la disputa política entre
diversos sectores del poder municipal o nacional, o a partir de la búsqueda de
rédito electoral por parte de fuerzas opositoras. El movimiento popular
desbordó por completo esos objetivos, y fuerzas y exponentes que inicialmente
habían avalado el desencadenamiento de los conflictos, se ubicaron luego en
oposición activa al desarrollo de las puebladas y a sus potenciales
proyecciones. En segundo lugar, como ya hemos señalado, en el propio seno de
los movimientos se reflejaron agudas confrontaciones entre quienes propugnaban
su profundización y generalización, y los partidarios de subordinarlos a
estrategias futuras de confrontación electoral con el gobierno. Por
último, estos movimientos contribuyeron decisivamente al aislamiento político
del gobierno y a su derrota en las elecciones. A la vez el plano electoral no
ha operado como aglutinador de los sectores sociales y políticos protagonistas
de esos procesos de protesta popular; por el contrario, ha tendido más bien a
fragmentarlos. Inversamente, esos movimientos de protesta tuvieron una
proyección política inmediata y de gran envergadura, favoreciendo decisivamente
el aglutinamiento social y político opositor -expresado en las diversas
instancias de coordinación de corrientes sindicales, organizaciones sociales y
partidos políticos-, y en las marchas federales y paros, que se convirtieron en
iniciativas convocantes de un amplísimo y heterogéneo espectro de sectores
sociales y corrientes políticas de oposición.
Las perspectivas del
proceso socio-político argentino dependerán de los caminos que se recorran para
resolver las contradicciones económicas y sociales que la política menemista ha
agudizado al extremo, a lo que se suma un horizonte de crisis económica y aguda
“vulnerabilidad” externa. La generalización nacional de la protesta popular
será determinante en la gestación de caminos alternativos para abrir paso a
cambios profundos. Contribuyen a esa búsqueda de nuevos caminos las nuevas
experiencias de movilización social y política en América del Sur, desde los
movimientos de campesinos sin tierra en Brasil y Paraguay hasta las
gigantescas movilizaciones del pueblo ecuatoriano contra el plan neoliberal de
ajuste estructural y privatizaciones. Contradiciendo el carácter de ineluctable
que un pretendido “pensamiento único” atribuye a esas políticas, el proceso
ecuatoriano ha sido el primero que logró frenar su aplicación -provisional pero
exitosamente- al imponer con su lucha la destitución del propio presidente
Bucaram, electo pocos meses antes.
Ante la acrecentada
brecha entre las necesidades sociales y las políticas y caminos ofrecidos como
los únicos posibles, las puebladas argentinas desde 1993 a la fecha reflejan la
creciente disposición popular a convertir en posible lo que es cada vez más
imperiosamente necesario.
Buenos Aires, 1999.
Bibliografía y fuentes consultadas (…)
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