Plantea
objetivos:
"Este informe pretende ser un aporte a
la plena vigencia del derecho a luchar, a la conquista de todas las
reivindicaciones populares y al juicio y castigo a todos los responsables de
los crímenes contra el pueblo".
Informe sobre criminalización de la
protesta
Marzo 2012
Asociación de
Ex-Detenidos Desaparecidos - AEDD Asociación de Profesionales en Lucha -
APEL Centro de Abogados por los Derechos Humanos -CADHU Centro de
Profesionales por los Derechos Humanos - CEPRODH Coordinadora
Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo - CADEP Coordinadora contra
la Represión Policial e Institucional - CORREPI Liberpueblo
Presentación del Informe
Desde el Encuentro
Memoria, Verdad y Justicia siempre hemos sostenido la lucha contra la
impunidad de ayer y de hoy, y contra el avasallamiento de los derechos
básicos y por eso venimos realizando una intensa campaña contra la
criminalización de la protesta y la persecución y asesinatos de
luchadores populares. Este primer informe que aquí presentamos es el
resultado de la sistematización de la situación de causas abiertas en
todo el país entre el 2001 y el 2012 contra los sectores populares
movilizados: contra organizaciones sindicales, de derechos humanos,
partidarias, contra movimientos de trabajadores desocupados,
territoriales, estudiantiles, contra comunidades indígenas y grupos
ambientalistas, entre otros. Actualmente existen en nuestro país más de
4000 personas criminalizadas y judicializadas, y el número de víctimas
asesinadas por luchar desde el año 2001 asciende a más de 70.
En la coyuntura actual entendemos que es fundamental
insistir en la defensa y reivindicar el legítimo derecho a la protesta,
ya que es la base para la preservación de todos los demás derechos. Si
este derecho nos falta, todos los demás derechos están en riesgo.
¿Qué entendemos por criminalización de la protesta? La
criminalización de la protesta es una estrategia política que presenta
ante la sociedad a la lucha por los derechos sociales como delitos y a
los sectores que las promueven como delincuentes. La protesta por lograr
conquistas favorables a diferentes sectores populares, es un derecho que
no requiere permiso ni acepta censura. A lo largo de nuestra historia,
nuestro pueblo se ha manifestado en las calles, se ha organizado de
diversas maneras para hacer escuchar su voz y defender sus reclamos. La
criminalización de las luchas es una de las formas que asume la
represión para inmovilizar a las organizaciones populares y amedrentar a
todos aquéllos que se hacen cargo del legítimo derecho de organizarse y
exigir la resolución de sus necesidades. En algunos casos es utilizada
como paso previo a la represión abierta, directa, y en otros,
articuladamente con ésta. Son diferentes mecanismos con el mismo fin de
dominación y control social. Como exponemos en este informe la
criminalización de las luchas es un instrumento que ha sido utilizado
con diferentes intensidades por todos los gobiernos de turno y que hoy
aplica el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner para intentar
disciplinar y amedrentar a todos aquellos que cuestionan la miseria y la
opresión, y para frenar la organización y las luchas desplegadas por los
trabajadores y por los diferentes movimientos populares. Hoy se pretende
sancionar a las organizaciones populares a través de la persecución
penal de sus integrantes y dirigentes, y el encarcelamiento es utilizado
como “castigo ejemplificador”.
¿Qué se busca con la criminalización
de la protesta? Con la criminalización de
la protesta el Estado apunta a varios objetivos al mismo tiempo. Por un
lado, frenar el conflicto social, acallando, disciplinando, atomizando y
domesticando las disidencias. Por otro, correr el eje de la injusticia
denunciada por diferentes sectores movilizados hasta plantear que lo que
está sucediendo es un “delito”, una “amenaza para el orden legal”, una
“violación a la ley”, deslegitimando la lucha. Esa operación mediática y
política sobre la opinión pública es más intensa cuanto más lejos se
está de querer resolver la situación que dio origen a la protesta. Las
metodologías para criminalizar la protesta varían pero los objetivos se
mantienen. A partir del repudio popular a los asesinatos de Darío y Maxi
en junio de 2002, y de las condiciones políticas heredadas del 2001, el
gobierno de Néstor Kirchner se vio obligado a apelar a un abanico de
metodologías: desde la cooptación hasta la judicialización, y desde la
vía libre al accionar de las patotas hasta la represión estatal directa,
para quebrar las redes y lazos de solidaridad que se habían desarrollado
entre las organizaciones movilizadas. Se acentuó la criminalización
política y mediática de las organizaciones independientes del Estado.
Innumerables manifestaciones de la protesta popular se han desarrollado
durante estos años: puebladas; movilizaciones; cortes de ruta; huelgas;
escraches a genocidas; acampes; piquetes; ocupaciones de fábricas, de
tierras y de edificios públicos, han sido distintas expresiones de la
protesta de nuestro pueblo. En las fábricas y empresas avanza un proceso
de organización independiente del Estado y las patronales, que pone en
pie las asambleas y cuerpos de delegados en oposición a las burocracias
de los sindicatos. Por su parte el Ministerio de Trabajo es una correa
de transmisión de esta política a través de conciliaciones obligatorias,
declaración de ilegalidad de las huelgas, desconocimiento de los cuerpos
de delegados y de los nuevos sindicatos a favor de la burocracia
sindical y los intereses empresariales. A casi nueve años de la asunción
de Kirchner y ya atravesando el segundo mandato de Cristina Fernández,
afirmamos que la impunidad, la represión y la persecución a los
luchadores sigue siendo una finalidad de las políticas de Estado, porque
la criminalización de la protesta social es una herramienta necesaria
para sostener un sistema que privilegia las ganancias de una pequeña
minoría a costa de las necesidades y sufrimientos de las mayorías
populares. Denunciamos por eso que este gobierno, que se presenta como
defensor de los derechos humanos y dice condenar los crímenes cometidos
durante la última dictadura militar, en los hechos descarga el peso del
aparato judicial para perseguir la protesta social del presente. Al día
de hoy solamente hay 850 genocidas procesados, y más de 4000 luchadores
criminalizados.
Desde junio de 2010
han sido asesinados 18 luchadores populares y estos crímenes permanecen
impunes.
En los últimos años
existe una tendencia a agravar las imputaciones utilizando figuras
penales gravísimas que penden como una amenaza sobre la libertad de
dirigentes y luchadores, cuestionando derechos como el derecho a la
huelga y a la movilización popular.
El Gobierno Nacional
impulsa esta política de criminalización como lo demuestran las
declaraciones de sus funcionarios: Aníbal Fernández con su amenaza “a
los que saquen los pies del plato los perseguiremos con el código penal
en la mano”, la ministra Garré acusando de “desestabilizadores” a los
desocupados que se oponen al clientelismo, y la misma presidenta
calificando de extorsivos los reclamos y las huelgas de los
trabajadores. Ha quedado al descubierto en la causa Kraft el espionaje
de este gobierno sobre las organizaciones populares a través del
Proyecto X de Gendarmería y de otros organismos de Inteligencia con el
reconocimiento de la Ministra de Seguridad, y ha quedado demostrado que
se utiliza ese espionaje para armar las causas judiciales con las que
son perseguidos numerosos trabajadores y luchadores.
Desde diciembre de 2011, la ampliación de la Ley
Antiterrorista que había sido sancionada en 2007, representa un peligro
que merece el más enérgico repudio y torna urgente la exigencia de su
derogación. La mayoría oficialista que ha votado en tiempo record los
tratados internacionales contra el terrorismo y dos leyes
antiterroristas, se ha negado sistemáticamente en los últimos nueve años
a tratar los diferentes proyectos de ley contra la criminalización de la
protesta.
La profundización de la represión
intenta frenar el proceso de organización de los sectores populares en
un año que se presenta con topes salariales, aumento de tarifas y
ajuste. Este informe pretende ser un aporte
a la plena vigencia del derecho a luchar, a la conquista de todas las
reivindicaciones populares y al juicio y castigo a todos los
responsables de los crímenes contra el pueblo. Por todo ello decimos:
·
Cierre
de las causas y anulación de las condenas a los más de 4000 luchadores
populares procesados.
·
Derogación de la ley antiterrorista.
·
Castigo
a todos los responsables políticos y materiales de los asesinados por
luchar.
·
Basta
de espionaje a los luchadores obreros y populares.
Asociación de
Ex-Detenidos Desaparecidos - AEDD Asociación de Profesionales en Lucha -
APEL Centro de Abogados por los Derechos Humanos -CADHU Centro de
Profesionales por los Derechos Humanos - CEPRODH Coordinadora
Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo - CADEP Coordinadora contra
la Represión Policial e Institucional - CORREPI LiberpuebloFuente:
http://www.anred.org/IMG/pdf/Informe_Criminalizacion_de_la_Protesta.pdf
Levanta:
"una
tribuna en la Plaza de Mayo para denunciar la represión a las luchas obreras
y populares que recorren el país por parte del gobierno nacional y de los
gobiernos provinciales de variado signo político".
BASTA DE REPRESIÓN,
NO A LA CRIMINALIZACIÓN
DE LA PROTESTA, NI AJUSTE-NI REPRESIÓN
24 de Julio de 2014
(AW)
Una multitud marchó hoy a Plaza de Mayo, denunciando la represión a
todas las luchas sociales. Como mecanismo evidente para imponer el
sistemático plan de ajuste que pesa sobre todo el pueblo y frenar la
resistencia y organización obrera anti burocrática, que cambie el rol de
sumisión a los designios patronales; de suspensiones, despidos hambre y
exclusión y muerte.
Tatsa
Emfer, Paty, Gestamp.Lear, Calsa, Multisectorial del Chaco, Jujuy,
Salta,… y sus consecuencias de persecución y judicialización que
mantiene presos a decenas de luchadores,Presos de ATE de Santa Cruz, Corral e Bustos, Esteche y E Boli Lescano,
la condena ejemplificadora de los petroleros de Las Heras, las
desapariciones y muertes de nuestros pibes, como el asesinato de
nuestros compañeros en lucha.
La
represión sistemática también a los que se oponen a este modelo
extractivo de muerte y despojo, Chevron, Monsanto, Las mineras, el
desmonte,El
robo persecución, abandono y asesinatos de nuestros hermanos
originarios y el despojo de sus tierras y dignidad.
Repudiaron la hipocresía de continuar con las relaciones comerciales con
El estado de Israel, que con sus aliados imperiales continua avanzando
sobre la sangre y la vida de un pueblo devastado y que hoy vive y
resiste un holocausto, el heroico pueblo Palestino.
El
acto cerro con la consigna de reencontrarnos en las calles y en cada
lucha, de los que están tomando el presente en sus manos, y se organizan
con sus banderas de futuro y dignidad para todos.
Transcribimos el documento leído en el acto, consensuado por cientos de
organizaciones pertenecientes al Encuentro MVJ.
24
de julio de 2014
Documento Encuentro Memoria Verdad y Justicia
Compañeras y compañeros
Hoy
levantamos esta tribuna en la Plaza de Mayo para denunciar la represión
a las luchas obreras y populares que recorren el país por parte del
gobierno nacional y de los gobiernos provinciales de variado signo
político.
Las
organizaciones de derechos humanos, políticas, sociales, gremiales y
estudiantiles reunidas en el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia
convocamos a esta jornada nacional contra la represión y la
criminalización de la protesta y en defensa de los trabajadores que
resisten los despidos y suspensiones, que luchan en defensa de sus
salarios y contra la confiscación que implica el mal llamado impuesto a
las ganancias; de los pueblos originarios y de los campesinos que
enfrentan el despojo de sus tierras a manos de los monopolios agrícolas;
de los que luchan por tierra y vivienda; de los pueblos que denuncian el
envenenamiento a manos de Monsanto, el frackingy la megaminería
contaminante; de los trabajadores petroleros que sufren la persecución
de gobernadores, intendentes, jueces y policías que actúan a cuenta de
las multinacionales saqueadoras de los recursos del país.
A
medida que se profundiza el ajuste y la entrega, el gobierno avanza en
la criminalización de la protesta y de las luchas sociales para acallar
la creciente respuesta obrera y popular a sus políticas.
En
las últimas semanas, hemos asistido a la militarización de los
conflictos obreros. El gobierno responde a la lucha de los trabajadores
enviando a la Policía Federal y la Gendarmería al mando de Sergio Berni.
Es lo que ha ocurrido recientemente en Lear y en Emfer-TATSA y, poco
antes, en Gestamp, Paty y Kromberg. Este gobierno-que se dice nacional y
popular- pone las fuerzas represivas al servicio de empresas
imperialistas y de vaciadores ferroviarios como los hermanos
Cirigliano.Pretende de ese modo darles a las patronales la señal de que
podrán despedir ysuspender a discreción, sin que sus ganancias ni
derechos de propiedad vayan a ser afectados. En EMFER los trabajadores
fueron procesados por haber denunciado la responsabilidad de la patronal
en la masacre de Once. La multinacional LEAR incumple toda la
legislación laboral argentina con la complicidad de Ministerio de
Trabajo. En ambos casos la política del gobierno nacional ha sido la de
amparar a la patronal y reprimir la resistencia de los trabajadores.
Las patotas de la burocracia sindical complementan la fuerza de choque
del gobierno contra el movimiento obrero.Pignanelli–al igual que José
Pedraza y que el buchón de la dictadura militar Gerardo Martínez- actúan
como una pata más del Estado contra la iniciativa y la lucha de los
trabajadores. La semana pasada la burocracia del SMATA, con la
complicidad de la patronal y bajo amenaza de despido, realizó un
verdadero secuestro de los trabajadores de la planta de LEAR. Los
trabajadores, fueron trasladados a la Sede Central del SMATA, dónde se
fraguó una asamblea con la presencia del Ministerio de Trabajo para
conseguir la destitución de la actual Comisión Interna.
En
materia represiva los gobiernos provinciales no se quedan atrás. El
gobierno de Bacileff, en el Chaco, ha impuesto un estado policial que
tuvo su máxima expresión el 4 de junio, en la feroz represión contra
los pueblos originarios, los trabajadores estatales, de la salud, los
docentes y los desocupados que se movilizaron desde distintos puntos de
la provincia a la ciudad de Resistencia por sus reclamos y que culminó
en una cacería de manifestantes y en una persecución a dirigentes que
continua hasta hoy. Del mismo modo actuó De la Sota contra quienes se
oponían a la sanción de la ley Monsanto. Gravísimas represiones se
vivieron también durante los últimos meses en Jujuy, Santiago del Estero
y Misiones. El 16 de julio fueron reprimidos y atacados con balas de
goma campesinos y pequeños productores de las quintas cercanas a La
Plata. Todos estos atropellos fueron acompañados, además, por ataques,
amenazas de desafuero y pedidos de sanción contra los diputados de la
izquierda, como los que aun sufren los legisladores Cintia Frencia en
Córdoba y Claudio del Pla en Salta y de dirigentes políticos y
sindicales en diferentes lugares del país. Se trata de una variante de
represión política contra los que luchan.
En
la Ciudad de Buenos Aires, Macri utilizó la Metropolitana contra los
pacientes, los trabajadores y vecinos en el Borda donde fueron
procesados compañeros que sufrieron la salvaje represión macrista. El
jefe de gobierno porteño debería estar preso por organizar una red de
espionaje contra los trabajadores. Hace unos días fueron absueltos los
policías procesados por la represión en el Indoamericano mientras siguen
procesados los dirigentes sociales del lugar. Las policías municipales
de Scioli reforzarán la trama de corrupción y gatillo fácil en la que
conviven con la Bonaerense los intendentes y punteros. El Secretario de
Seguridad de la Provincia Granados ha incorporado recientemente a los
policías apartados de la policía bonaerense por el secuestro de Luciano
Arruga.
El
gobierno pretende que la crisis recaiga sobre las espaldas de los
trabajadores mientras todos estos años subsidió y sostuvo las ganancias
de las grandes empresas privatizadas, las multinacionales y la banca.
Durante una década, los Kirchner pagaron religiosamente a los buitres
financieros y al FMI en base al sacrificio de los jubilados, a la
precarización laboral de los jóvenes y a la consolidación de altísimos
niveles de pobreza y miseria de nuestro pueblo. Diez años después, la
deuda externa se ha duplicado. El gobierno se sometió al Banco Mundial,
a Repsol y al Club de París.Hoy van en el mismo camino ante los buitres
que no entraron a los canjes de deuda de 2005 y de 2010. De concretarse
esta nueva entrega que cuenta con la complicidad de gran parte de la
oposición, implicará más inflación, más tarifazos , más ajuste contra el
pueblo.
El
reforzamiento de la legislación represiva que el Frente para la Victoria
pretende acordar en el Congreso tiene la mirada puesta en la
conflictividad social suscitada por la entrega y el ajuste.
El
bloque oficialista avanza en comprometer políticamente al PRO, al Frente
Renovador de Massa y a gran parte del radicalismo, opositores que son
cómplices en la entrega y la represión, para sancionar la llamada ley
anti piquetes. En sentido contrario, el Encuentro Memoria, Verdad y
Justicia ha impulsado un proyecto de ley Contra la Criminalización de la
Protesta que plantea la extinción de toda acción penal y de toda condena
que tengan su raíz en protestas sociales. Exigimos su aprobación
inmediata, por los más de cinco mil luchadores procesados que hay en el
país, por los compañeros condenados y por los trabajadores y militantes
presos por luchar,por Fernando Esteche y Raul "Boli" Lescano, por los
municipales de Río Gallegos presos y los compañeros de Las Heras
condenados,por los compañeros de Corral de Bustos. Asimismo, repudiamos
el chantaje de la diputada Diana Conti, del Frente para la Victoria, que
pretende canjear la aprobación de una ley represiva por una amnistía
fraudulenta.
Desde esta plaza,reivindicamos la lucha de nuestro pueblo en defensa de
sus derechos, y reivindicamos el piquete como un método histórico de las
clases explotadas,desde los inicios del movimiento obrero argentino, que
fue ratificado a una escala monumental por el movimiento de desocupados
que enfrentó a Menem y De la Rúa; que fue adoptado por los pobladores de
Gualeguaychú y Fray Bentos contra la instalación de las pasteras sobre
el río Uruguay, por Famatina, Andalgalá y todos los pueblos que
enfrentaron a la Barrick y demás empresas imperialistas de la
megaminería contaminante, por los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires
contra los cortes de luz durante el verano pasado, entre centenares de
ejemplos protagonizados por trabajadores ocupados y desocupados,
estudiantes y pueblos enteros.
La
política represiva del gobierno avanza en una escalada sostenida.
-
Primero, cuando se llenaba la boca hablando de los derechos humanos y de una supuesta seguridad democrática que nunca existió, tercerizaba la represión a través de las patotas sindicales.
-
Luego, su bloque legislativo aprobó la llamada ley antiterrorista reclamada por el imperialismo, dotándose de nuevas herramientas legales para atacar las luchas sociales. El Proyecto X, el nombramiento de Berni y del genocida César Milani al frente del Ejército para hacer intervenir a las fuerzas armadas en la represión interior, representaron un nuevo salto. El apoyo de la Presidenta a la sentencia a prisión perpetua de los trabajadores de Las Heras –sometidos a un juicio infame y condenados por un crimen que no cometieron- y su reclamo al Congreso de la sanción de la ley contra los piquetes y luchas durante su discurso del 1 de marzo fueron la ratificación de ese curso represivo.
Mientras se criminalizan las luchas, el gobierno hizo aprobar una ley de
irresponsabilidad del Estado que consagra la impunidad de sus
funcionarios, acosados por denuncias de corrupción, malversación de
fondos y complicidad con fraudes varios, incluido el vaciamiento que
condujo a la masacre de Once.
La represión, la judicialización de la protesta, la intimidación pública, la acción ilegal de los funcionarios del Ministerio de Trabajo contra los delegados combativos y la campaña mediática para estigmatizar las movilizaciones populares buscan, en definitiva, acallar la respuesta de los trabajadores al ajuste y bloquear su organización independiente.
Las
huelgas docentes que recorrieron el país, el paro nacional del 10 de
abril, las luchas obreras y populares en curso como LEAR y EMFER
demuestran la disposición de lucha de nuestro pueblo para enfrentar la
política de ajuste.
Desde el
Encuentro Memoria Verdad y Justicia hoy estamos aquí, al igual que
los compañeros que en las distintas provincias se están manifestando en
esta Jornada Nacional Contra la Criminalización de la
Protesta, levantando esta
tribuna
unitaria para defender el derecho a luchar contra la explotación, la
opresión y la entrega. Por eso,
reafirmamos:
NO A
LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA!
NI
AJUSTE NI ENTREGA!
POR
EL TRIUNFO DE TODAS LAS LUCHAS OBRERAS Y POPULARES!
BASTA DE REPRESIÓN!
Asume el 24 de marzo:
"para repudiar el golpe genocida más brutal en la historia de nuestro
pueblo, para reivindicar las banderas de nuestros 30.000 compañeros
detenidos desaparecidos y para ratificar nuestro compromiso en la lucha
contra la impunidad de ayer y de hoy".
Hoy, a 39 años del 24 de marzo de 1976, estamos en esta plaza para repudiar el golpe genocida más brutal en la historia de nuestro pueblo, para reivindicar las banderas de nuestros 30.000 compañeros detenidos desaparecidos y para ratificar nuestro compromiso en la lucha contra la impunidad de ayer y de hoy.
Repudiamos a la dictadura que buscó destruir todas las formas de organización de los trabajadores y el pueblo para profundizar la entrega y el endeudamiento, la explotación y el hambre al servicio de un régimen económico y político a beneficio de los monopolios y las potencias imperialistas.
30.000 detenidos-desaparecidos, asesinatos cotidianos de militantes, más de 600 campos de concentración, miles de presos políticos, exilio, secuestro, tortura y robo de niños, constituyó el genocidio racional y planificado desarrollado contra nuestro pueblo.
El terror dictatorial tuvo el objetivo de aniquilar el gigantesco despliegue del movimiento obrero y popular que, desde los tiempos del Cordobazo, se proponía terminar con la opresión y la explotación.
A pesar del terror y del silencio impuesto, nuestro pueblo resistió. Las Madres de Plaza de Mayo fueron la avanzada, y se convirtieron en el símbolo de esa resistencia que armó lazos de solidaridad y que llegó a expresarse en paros generales y movilizaciones realizadas en las peores condiciones de la represión genocida.
Esa lucha tuvo su continuidad en estos casi 40 años de presencia en las calles, en los que varias generaciones expresamos nuestra voluntad inquebrantable de conseguir castigo a los genocidas y terminar con la impunidad de ayer y de hoy.
Nuestro pueblo luchó incansablemente contra las infames leyes de impunidad de Alfonsín y los indultos de Menem.
La rebelión popular del 19 y 20 de diciembre, y la lucha inclaudicable de tantos años contra la impunidad, fueron factores fundamentales para conseguir la anulación de las leyes de punto final y obediencia debida, que permitió la reapertura de las causas contra los genocidas.
Lo decimos una vez más con orgullo: los juicios a los genocidas son un logro histórico de nuestro pueblo.
Denunciamos también en esta plaza, como lo venimos haciendo todos estos años, las enormes limitaciones de estos juicios, que se desarrollan a cuentagotas. Cientos de represores mueren antes de ser juzgados.
El Poder Ejecutivo tuvo y tiene la posibilidad de impulsar las medidas necesarias para acelerar los juicios y no lo hace. Los genocidas que hoy son juzgados son solamente aquellos que formaban parte de la cadena de mandos o los pocos que fueron reconocidos por los sobrevivientes a pesar de sus condiciones de detención.
El Estado no ha entregado hasta ahora las listas de los genocidas que actuaron en cada Campo de Concentración. El Poder judicial no investiga ni aporta pruebas para juzgarlos. Sólo las víctimas, familiares y organismos de derechos humanos que luchamos contra la impunidad presentamos pruebas e impulsamos las causas para que los represores sean juzgados por el delito que cometieron: genocidio.
No hay 900 condenados como dijo la Presidenta en su discurso del 1º de marzo. La realidad es que existen, hasta hoy, sólo 538 condenas, de las cuales muchas corresponden a un mismo procesado. Hay menos de un condenado por campo de concentración. Apenas el 20% de esas sentencias se encuentran firmes. El 68% de los condenados y la mitad de los procesados cumplen prisión domiciliaria, que además violan sistemáticamente.
Los cómplices civiles y empresarios del genocidio gozan de absoluta
impunidad. Lo mismo ocurre con los dirigentes sindicales
colaboracionistas y entregadores, y con los jueces y fiscales que fueron
cómplices del genocidio y que aún continúan en funciones. Repudiamos los
fallos que en las últimas semanas beneficiaron, entre otros, al
latifundista Pedro Blaquier –dueño del Ingenio Ledesma-, a Vicente
Massot, dueño del diario La Nueva Provincia y a Alejandro Bottinelli,
del staff editorial de Atlántida.
Exigimos:
¡¡¡CARCEL YA A TODOS LOS GENOCIDAS!!!
¡¡¡APERTURA DE TODOS LOS ARCHIVOS DE LA DICTADURA!!!
¡¡¡RESTITUCIÓN DE LA IDENTIDAD DE LOS JOVENES APROPIADOS!!!
El nombramiento del genocida Milani al frente del Ejército revela, definitivamente, hasta donde llega la hipocresía del gobierno K en materia de derechos humanos.
Milani ya había sido denunciado en 1984, en el informe de la Conadep de La Rioja. Las pruebas contra él por su participación en el Operativo Independencia, en la desaparición del conscripto Alberto Ledo, en el secuestro y tortura de Pedro Adán Olivera y a su hijo, Ramón Alfredo, en el secuestro y tortura de Verónica Matta y el periodista Schaller, son abrumadoras. Denunciamos al juez Bejas, de Tucumán, que se negó a llamar a indagatoria a Milani, bajo los argumentos de la obediencia debida. También denunciamos al juez federal de La Rioja Daniel Herrera Piedrabuena por declarar nula la causa Olivera.
Milani es un ejemplo paradigmático de los miles de represores que permanecen en las fuerzas de seguridad sin ser juzgados por sus crímenes durante la dictadura.
El empeño del gobierno en sostener a Milani, a pesar de las contundentes evidencias en su contra, se explica por su rol en la reorganización de un aparato de inteligencia dirigido al espionaje interno. La nueva ley de inteligencia le otorga un poder y un presupuesto fenomenales.
La presidenta, por cadena nacional, y en presencia de Milani, llamó a superar los prejuicios hacia los militares. Su objetivo es naturalizar la ingerencia de las fuerzas armadas en la seguridad interior. Mostró, una vez más, su política de reconciliación con los genocidas.
¡¡FUERA MILANI!!
Desde esta plaza denunciamos la política de entrega y ajuste del gobierno nacional y de los gobiernos locales, respaldada por las grandes patronales y la burocracia sindical, que descarga la crisis sobre los trabajadores y el pueblo.
Repudiamos el pago de la fraudulenta e ilegítima deuda externa, la megaminería a cielo abierto, la presencia de Monsanto, los acuerdos con Chevrón y con China y la instalación de una base militar china en nuestro territorio.
Denunciamos el ataque cotidiano a los derechos básicos a la vivienda, al trabajo, a salarios y jubilaciones acordes a la canasta familiar, a la salud y la educación. Nos solidarizamos activamente con todas las luchas populares, con los obreros industriales, con los docentes, con los trabajadores de la salud, con los desocupados y con los jubilados.
El asesinato de numerosos luchadores populares, la sanción de la ley antiterrorista, la criminalización de la protesta, con presos políticos y miles de procesados, los trabajadores de Las Heras condenados a cadena perpetua y la persecución a los pueblos originarios que luchan en defensa de sus territorios ancestrales y de su cultura; el espionaje a las organizaciones y militantes obreros, estudiantiles y populares, la represión a las movilizaciones de desocupados, la militarización de los barrios y la criminalización de la pobreza, como en el desalojo del Barrio papa Francisco, y la complicidad del Estado con los distintos grupos narcos que operan en el país, han sido la marca de la política en materia de libertades democráticas del gobierno kirchnerista.
Con Berni al frente de la represión, durante el último año se agudizó la militarización de los conflictos obreros que comenzó con Gestamp, continuó en Emfer y se profundizó con las 18 represiones en la Panamericana contra los obreros de Lear. Este avance represivo es producto del acuerdo entre el gobierno, estas patronales y la burocracia sindical.
La masacre de Cromañón, la tragedia de Once y el incendio intencional de Iron Mountain desenmascararon los grandes negociados y la corrupción que atraviesa impunemente al Estado y que pagamos con la vida de cientos de jóvenes y hombres y mujeres trabajadores. Denunciamos la complicidad de todos los estamentos del Estado con el narcotráfico y la trata de personas. Centenares de mujeres permanecen desaparecidas víctimas del negocio de la trata.
La muerte de miles de jóvenes a manos del gatillo fácil y de la represión policial y de todas las fuerzas de seguridad, la tortura y muerte en cárceles y comisarías, con la complicidad de jueces y fiscales, marcan también dolorosamente la impunidad del presente.
Son más de 4350 los jóvenes asesinados desde 1983.
El crimen de Luciano Arruga puso de manifiesto con claridad la red de encubrimiento y complicidades entre el poder político, la justicia y la policía. Luciano fue encontrado después de seis años de lucha, durante los cuales la policía de Scioli, Casal y Granados se dedicó a espiar y amedrentar a sus familiares y amigos. No fue un accidente. A Luciano lo mató la policía y lo desapareció el Estado.
BASTA DE CRIMINALIZAR LA PROTESTA Y LA POBREZA
FUERA BERNI
Como cada 24 de marzo, denunciamos la represión y la impunidad promovida por los gobiernos provinciales y el gobierno de Macri. Estos gobiernos, a pesar de sus disputas, coinciden en dar una respuesta represiva a las luchas obreras y populares.
Denunciamos la responsabilidad del gobierno nacional y los gobiernos de las provincias de Buenos Aires y Santa Fe, en el encubrimiento de la bonaerense y en la impunidad de los responsables de la segunda desaparición de Julio López y del asesinato de Silvia Suppo.
APARICIÓN CON VIDA YA DE JULIO LÓPEZ
ESCLARECIMIENTO DEL ASESINATO DE SILVIA SUPPO
La muerte del fiscal Nisman confirmó lo que venimos denunciando hace años: la impunidad es política de Estado. Sacó a la luz la feroz disputa entre diferentes sectores del aparato represivo, los servicios de inteligencia y de las clases dominantes.
La muerte de Nisman es una muerte política, inscripta en los 21 años de encubrimiento y manipulación, por parte del Estado y la justicia, de la causa que investiga la masacre de la Amia.
El gobierno nacional no puede negar su relación y colaboración directa durante más de 10 años con Stiusso y Nisman, que operaban con la CIA y el MOSSAD, y con los servicios que hoy cuestiona.
En su discurso del 1º de marzo, la Presidenta mostró que el Estado argentino sigue poniendo el atentado a la AMIA al servicio de las políticas de las grandes potencias imperialistas. Pretende desligar la responsabilidad del Estado Nacional en la masacre y en la trama de impunidad y encubrimiento de la conexión local, sostenida desde el mismo momento del atentado por los diferentes gobiernos y la justicia cómplice.
La apertura de los archivos anunciado por la presidenta es una farsa. Los archivos permanecen cerrados. Para arribar a la verdad, es imprescindible la formación de una Comisión Investigadora Independiente con plenos poderes y que se abran todos los archivos secretos de la causa. De los 21 años de impunidad, doce corresponden a los gobiernos kirchneristas.
La orientación que los distintos gobiernos postdictadura dieron a los servicios de inteligencia fue dirigirlos hacia la infiltración y el espionaje interno. Lejos de ayudar al esclarecimiento del atentado a la AMIA o de la voladura de la fábrica de armas de Río Tercero, han contribuido a su encubrimiento. Estos mismos servicios estuvieron activamente involucrados en la masacre de La Tablada, de Puente Pueyrredón, en la desaparición de Julio López y en tantos otros crímenes contra el pueblo.
El gobierno de los Kirchner continuó y profundizó esas prácticas, con las leyes antiterroristas y el proyecto X con el que espió e infiltró a obreros en lucha, con el espionaje a estudiantes secundarios, a militantes de derechos humanos y de diferentes movimientos sociales y partidos políticos y a todos los que luchan en defensa de los derechos populares.
Exigimos:
DESMANTELAMIENTO DEL APARATO REPRESIVO Y DE ESPIONAJE. NI SIDE – NI AFI.
NO AL PROYECTO X -NO A LA LEY ANTITERRORISTA.
BASTA DE MANIPULACIÓN Y ENCUBRIMIENTO DEL ESTADO Y LA JUSTICIA EN LA CAUSA AMIA.
COMISIÓN INVESTIGADORA INDEPENDIENTE
Existe una disputa entre el gobierno y sectores de la oposición tradicional por el control de un aparato judicial que siempre utilizaron contra los trabajadores. Esta pelea fracturó como nunca el poder judicial. Seamos claros: el poder judicial está dividido entre un sector dirigido por el gobierno y otro hegemonizado por jueces y fiscales involucrados también con la impunidad y la criminalización de la protesta, apoyados por sectores reaccionarios como Macri -que fundó la Metropolitana con el Fino Palacios y creó su propio servicio de espionaje- y por Massa, cuyo jefe de campaña es Juan José Álvarez, uno de los responsables de la masacre de Puente Pueyrredón y hombre de los servicios de inteligencia.
Sin ningún rubor, la presidenta denunció la existencia de un partido judicial cuando muchos de los funcionarios y jueces que denuncia le fueron funcionales durante estos doce años de gobierno e incluso fueron nombrados a iniciativa del Ejecutivo. El gobierno no dudó en manipular jueces y fiscales a su antojo para frenar causas que lo involucraban en hechos de corrupción.
Más que nunca, hoy es evidente para millones de argentinos aquello que desde hace años venimos reclamando desde el Encuentro MVJ: la necesidad de liquidar los aparatos de inteligencia heredados de la dictadura y la apertura de todos sus archivos secretos.
Sólo se ha abierto un número mínimo, de contenido casi inocuo, de aquellos archivos. Esto es particularmente grave, porque con ellos sería posible conocer el destino de nuestros compañeros desaparecidos y recuperar la identidad de sus hijos nacidos en cautiverio y apropiados. También sería posible descubrir infiltrados en el movimiento popular, como se demostró con los agentes del Batallón 601 Gerardo Martínez y Raúl Tarifeño de Neuquén.
APERTURA DE TODOS LOS ARCHIVOS DE INTELIGENCIA
La recuperación de la identidad de los hijos de desaparecidos es una
necesidad y un derecho del presente. Es una responsabilidad del Estado y
no puede depender de la voluntad individual de cada joven.
El traslado del Banco Nacional de datos genéticos del Hospital Durand y
su privatización no sólo abre la puerta a un gran negociado sino que
además acota el acceso al derecho a la identidad.
Del mismo modo, afirmamos: la memoria popular es una construcción colectiva y por eso denunciamos la manipulación del gobierno nacional sobre los sitios de memoria, manipulación que resulta coherente con su política de reconciliación con los genocidas, como lo demuestra su cerrada defensa del genocida Milani.
Compañeras y compañeros:
En esta marcha popular, queremos repudiar la brutal amenaza del imperialismo yanqui a Venezuela y expresamos toda nuestra solidaridad con el pueblo venezolano.
La dictadura genocida que estamos repudiando en esta plaza se propuso terminar con la lucha de los trabajadores y el pueblo por conquistar un país con pan, trabajo, tierra, salud, educación, vivienda para todos, por una niñez y una vejez protegidas, por una juventud con futuro.
Hoy, luchando contra la impunidad de ayer y de hoy y contra las distintas formas de represión y persecución a los trabajadores y el pueblo afirmamos que las banderas por las que lucharon nuestros 30000 compañeros detenidos desaparecidos están vigentes cada día más. Ratificamos nuestro compromiso de continuar la lucha por conquistar una Argentina sin opresión, sin represión y sin explotación.
30.000 compañeros detenidos desaparecidos ¡¡¡Presente!!!
Fuente:
http://encuentromvyj.org
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