Un dictamen a favor de Chevron
28 de mayo de 2013
La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, se
pronunció a favor del levantamiento del embargo que la Justicia trabó contra
activos de la
petrolera Chevron en Argentina. Esa medida contra la firma
norteamericana derivó de una causa iniciada en Ecuador, donde también fueron
embargados los bienes de la
petrolera. El pronunciamiento, que no tiene carácter
vinculante, fue rubricado por la procuradora el 22 de mayo pasado. La causa
llegó a la Corte Suprema
de Justicia luego de que la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmara la
sentencia del juez de primera instancia Adrián Elcuj Miranda. Mientras el caso
se dirime en la Justicia, Chevron y la petrolera estatal YPF están terminando
de delinear un acuerdo estratégico para llevar adelante la explotación conjunta
de yacimientos de petróleo no convencional en Vaca Muerta.
“El caso reviste gravedad institucional. La traba de un embargo
por un monto de 19.021.522.000 de dólares sobre los activos y, en particular,
las cuentas bancarias de sujetos que desarrollan una actividad de notorio
interés público, como la exploración y explotación de hidrocarburos, puede
producir perjuicios irreparables”, resalta Gils Carbó en un dictamen enviado a la Corte Suprema de
Justicia. La causa había llegado a la Corte Suprema de Justicia luego de que la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Civil confirmara el embargo del juez de primera instancia
Adrián Elcuj Miranda sobre los activos de la petrolera Chevron
en la Argentina bajo el amparo de un tratado internacional.
La causa se remonta a la acción de un grupo de abogados
estadounidenses que hizo una presentación en 1993 reclamando una “Acción de
clase” a favor de 30.000 residentes de la región de la Amazonia ecuatoriana,
presuntamente afectados por cuestiones ambientales relacionadas con la
explotación de hidrocarburos, una figura jurídica que no existe en ese país. El
juicio se inició contra la
petrolera Texaco , que cesó su actividad en Ecuador en 1992 y
que Chevron compró en 2001, por lo que en base a esta temporalidad, entre otras
cuestiones, la petrolera sostuvo que no tiene nada que ver con ese reclamo.
El juez Elcuj Miranda dispuso el embargo sobre los activos de la petrolera Chevron ,
los dividendos y el 40 por ciento de los depósitos bancarios futuros que
recibiera la empresa por poco más de 19.000 millones de dólares, al reconocer
una medida idéntica de la Justicia ecuatoriana. En su pronunciamiento, Gils
Carbó entendió que el perjuicio está vinculado con “la política energética y el
desarrollo económico del país, así como con las finanzas públicas”.
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