Documento a 8 años de
la desaparición
de Jorge Julio López
18 de septiembre de 2014
18 de septiembre de 2014
Encuentro Memoria, Verdad y Justicia
Estamos en esta
Plaza, enfrentando el silencio y la negación oficial, para denunciar que Julio
López, sobreviviente de los campos de concentración de la dictadura, fue
secuestrado y desaparecido por segunda vez hace 8 años, cuando culminaba el
Juicio a Etchecolatz .
Estamos hoy aquí, en
la lucha contra la impunidad de ayer y de hoy, exigiendo al Estado Nacional su
aparición con vida.
El 18 de septiembre de
2006 Julio López, que después de muchos años de silencio puso en palabras el
horror vivido en los campos de concentración de la dictadura, para cumplir su
compromiso con quienes fueron sus compañeros de lucha, no llegó a la sala de
audiencias, en la que se daría la sentencia de prisión perpetua al genocida
Etchecolatz.
La respuesta de
nuestro pueblo a la desaparición de Julio no se hizo esperar y miles salimos a
las calles reclamando su aparición con vida YA!
La respuesta del poder
también fue inmediata: el gobernador Solá, y sus funcionarios Arslanián y
Binstock, declararon frente a los organismos de derechos humanos que reclamamos
por Julio que
su preocupación era la gobernabilidad de la policía bonaerense. Hoy, después de
8 años, es indiscutible que esa ha sido la principal preocupación de todos los
poderes del Estado. Por eso en la causa López no hay sospechosos, ni imputados, ni
detenidos.
Por eso denunciamos
que, desde el primer momento, los funcionarios nacionales y provinciales
renunciaron a encontrar a nuestro compañero Jorge Julio López y por lo tanto
renunciaron también a detener, juzgar y condenar a los responsables de su
secuestro.
La Policía de la
Provincia de Buenos aires, al momento de la segunda desaparición de López,
tenía en sus filas más de 9.000 efectivos que habían actuado durante la dictadura. Ningún
gobierno constitucional los separó ni investigó.
El gobierno nacional y
el de la provincia de Buenos Aires desplegaron desde el primer momento un
discurso plagado de cinismo. Durante el primer año decían que buscaban a Julio
como si hablaran de un niño perdido camino a su casa y en los últimos años nos
dicen que tenemos que aceptar que Julio está muerto pero no dicen quién lo
secuestró, quién lo mató, quién dio la orden y quien la ejecutó. Nunca
quisieron investigar y ahora, después de 8 años de inacción y de impunidad,
usan el nombre de Julio para bautizar una plaza o lo declaran “ciudadano
ilustre” pretendiendo naturalizar su desaparición y disimular la impunidad de
los autores políticos y materiales de su secuestro.
En todos estos años,
aunque el rostro de Julio estuvo y está presente permanentemente en la denuncia
y el reclamo de justicia de nuestro pueblo, hemos recibido por única respuesta
el silencio de la impunidad, el silencio de la complicidad.
Julio López no fue
el primer desaparecido posterior a la dictadura: Miguel Bru, Andrés Nuñez,
entre otros, son prueba de ello. Su desaparición reinstaló la desaparición como práctica genocida, poniendo en jaque al llamado Nunca Más..
Fue una confirmación más de lo que siempre dijimos: la impunidad sólo genera más
impunidad.
La persistencia de la impunidad es la que
permite que López esté desaparecido. La responsabilidad criminal es, sin duda, de
los autores materiales y políticos del secuestro.. Pero la responsabilidad
política de que Julio aparezca con vida, como señalamos desde un primer
momento, es de los gobiernos nacional y provincial.
El Estado, con total intencionalidad, no
realizó una investigación, y cada fuerza simuló una búsqueda por su cuenta,
ocultando sus pasos las unas a las otras.
Por eso decimos que el gobierno tiene
que responder por el encubrimiento y complicidad por parte de los organismos de seguridad que dependen del
Poder Ejecutivo Nacional y Provincial: la SIDE, el Servicio Penitenciario
Federal, la Policía
Bonaerense y la Federal.
Nunca se investigaron
las pistas que involucraban a Etchecolatz y a la bonaerense, y al día de hoy no
han esclarecido ninguna de las innumerables amenazas y agresiones que sufrieron
durante el juicio y siguen sufriendo testigos, querellantes, familiares de
desaparecidos, jueces, fiscales. Tampoco se han resuelto los secuestros
posteriores a testigos como Geréz, Puthod, Martínez, ni el asesinato de Silvia
Suppo. Ha sido precisamente la persistente impunidad del secuestro y
desaparición de Julio la que fomentó que las amenazas a los testigos, los
abogados y a los militantes vinculados a los juicios a los genocidas
continuaran y se agravaran, transformándose en agresiones y secuestros.
Por eso decimos que el
gobierno nacional es responsable por la aparición con vida de Julio y que debió
haber dado los pasos precisos y contundentes que siempre le exigimos: exonerar
y denunciar ante la justicia a todos los integrantes de las fuerzas armadas y
de seguridad que se desempeñaron durante la dictadura, promover la remoción de
jueces y fiscales cómplices, impulsar juicios por campo de concentración o por
circuito represivo donde se juzgue por el delito de genocidio a todos los
represores y a sus cómplices civiles.
Desde hace dos años,
la única novedad en la investigación judicial fue una denuncia contra las
querellas y los funcionarios judiciales que intervinieron en el juicio contra
Etchecolatz, en la que de forma aberrante se intentaba distorsionar las
responsabilidades de lo sucedido acusando a los compañeros de Julio de “no
haberlo cuidado”. Este año, el nuevo fiscal que tomó la causa dice que va a empezar
de cero y su primera medida es investigar……a los hijos de López.
Ante la inacción de la
Justicia, y el silencio del poder político, en los últimos años fuimos las
organizaciones que reclamamos por la aparición con vida de Julio las que
aportamos novedades a la causa.
El año pasado el
encuentro Memoria Verdad
y Justicia convocó a una campaña nacional de presentación masiva de Habeas
Corpus por Lopez. Todos fueron rechazados automáticamente, poniendo en
evidencia que no es preocupación de esta justicia terminar con la impunidad. En Puerto
Pirámides el juez Ricardo Sastre contestó al habeas corpus, diciendo que “el
señor Jorge Julio López NUNCA estuvo detenido en ninguna repartición
de las fuerzas de seguridad”, negando de este modo hasta el primer secuestro de
Jorge Julio López. Este año llevamos el caso ante la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos de la OEA, pidiendo se pronuncien sobre el tema, se
anoticien respecto de los 8 años de encubrimiento, se investiguen las
responsabilidades de esta situación de impunidad y se llame la atención al
Estado por el encubrimiento de este crimen.
Hoy, a 8 años de la
dolorosa desaparición de Julio, estamos en esta Plaza para ratificar la lucha
popular contra la impunidad, para denunciar el encubrimiento, para oponer voz
al silencio de los de arriba, para reclamar justicia. Para exigir cárcel común
y efectiva a sus secuestradores, a todos los represores y asesinos, a todos los
genocidas.
BASTA DE SILENCIO,
ENCUBRIMIENTO E IMPUNIDAD
Por eso exigimos al
gobierno:
Aparición con vida YA de Julio López
Juicio y castigo a los responsables
Compañeros y
compañeras:
La impunidad y el
encubrimiento que rodean la segunda desaparición de Julio López se conectan
directamente con la vigencia del aparato represivo de la dictadura y con la
represión actual a las luchas obreras y populares.
La negativa de los
gobiernos nacional y provincial a impulsar que se investigue entre las filas de
la Policía
Bonaerense y de los servicios de inteligencia del Estado
refleja el pacto de encubrimiento sobre los crímenes y negocios ilegales del
aparato represivo, que los sucesivos gobiernos han mantenido hasta el día de
hoy a cambio de contar con sus servicios a la hora de reprimir a los
trabajadores y el pueblo.
La política represiva
se agudiza ahora que el colapso de la política económica conduce al gobierno a
redoblar la entrega para pagar la deuda externa. Las designaciones de César
Milani al frente del Ejército y de Sergio Berni en la Secretaría de Seguridad
apuntan a quebrar mediante palos y provocaciones la resistencia obrera y
popular a los despidos, suspensiones, retrocesos salariales, ajustes, tarifazos
y recortes en la asistencia social que el gobierno impone para congraciarse con
el capital financiero internacional.
Eso se expresó en la
brutal represión que sufrieron los obreros que salieron a defender sus puestos
de trabajo, como ocurrió en Lear , Gestamp, Emfer, Calsa, Kromberg. Los
dispositivos represivos de las fuerzas de seguridad también estuvieron
presentes ante los piquetes realizados durante el paro general del 28 de
agosto.
El país entero pudo
ver en detalle, gracias a las filmaciones de periodistas y militantes, las
provocaciones de la Gendarmería contra los trabajadores de Lear. La expulsión
del Ministerio de Seguridad Nacional del ex carapintada Galeano, infiltrado en
las manifestaciones, fue una manera de ocultar que actuaba bajo las órdenes de
Berni, y por lo tanto, del gobierno nacional.
En los últimos años el
presupuesto destinado a inteligencia militar –bajo la tutela de Milani-
prácticamente se triplicó. Este genocida, premiado por el oficialismo con el
cargo de Jefe del Ejército, que debiera estar preso por su actuación durante la
dictadura, es el elegido por el gobierno nacional para encabezar un operativo
dirigido a rehabilitar la injerencia del Ejército en la seguridad interior. Por
eso hoy las leyes antiterroristas promovidas por el gobierno, se constituyen en
una amenaza cada vez más peligrosa a todos aquellos que luchan por sus
derechos.
El desalojo con métodos
nazis del barrio Papa Francisco, mostró, como ocurrió con el Indoamericano, la
complementariedad de las políticas represivas del gobierno nacional y las de
Macri en la Ciudad.
Arrasaron las viviendas y desalojaron a los más humildes
mientras dejaron instaladas a las bandas del narco.
Las declaraciones fascistas y xenófobas de
Berni tienen como objetivo dividir al pueblo y conseguir piedra libre para
sacar de las calles a los que enfrentan la política del ajuste.
Mientras Macri mantiene su propio aparato de
espionaje, la justicia de la ciudad lleva a juicio a los dirigentes barriales
Diosnel Pérez y Luciano “Tano “
Nardelli, por el único delito de ser solidarios.
La Metropolitana reprime con balas de plomo
–como lo hemos comprobado en el Indoamericano y en el desalojo de la Sala Alberdi- del
mismo modo que ocurre en Formosa, Jujuy y Chaco con gobernadores alineados con
Cristina Fernández, donde se ha reprimido salvajemente a docentes, estatales,
jubilados, desocupados y pueblos originarios. En Córdoba fueron reprimidas
vigilias y marchas contra el monopolio envenenador Monsanto.
En
estos 11 años de gobierno kirchnerista ,
suman 22 los compañeros asesinados a
raíz de la protesta social.
La política de “mano
dura” , en cuya aplicación coinciden el gobierno nacional, Scioli, Massa y
otros sectores del oficialismo y la oposición tiene como objetivo profundizar
la criminalización de la pobreza y no sólo no resolverá los problemas de
inseguridad sino que reforzará la represión a las luchas, el gatillo fácil y la
corrupción policial. La militarización de los barrios y la creación de policías
comunales no ha hecho más que agravar la situación de los miles de habitantes
de los barrios más humildes.
Actualmente son más de
5000 los procesados por luchar. El bloque de diputados oficialista promueve la
sanción de una ley contra las manifestaciones, que fue reclamada por Cristina
Fernández en el Congreso y aplaudida a rabiar por el bloque macrista.
El proyecto de ley
contra la criminalización de la protesta, promovido por el Encuentro Memoria Verdad y Justicia
y presentado a la Cámara de Diputados con la firma de más de 20 legisladores,
permanece ignorado por el oficialismo y por la mayoría de la supuesta
oposición. Rechazamos la pretensión de la diputada Diana Conti
de canjear el apoyo a la ley que persigue las manifestaciones por una amnistía
fraudulenta.
Reclamamos el cierre
de las causas, la anulación de las condenas y la libertad de los presos
políticos de Corral de Bustos, de los compañeros Fernando Esteche y Raúl “Boli”
Lescano, de los cinco hermanos wichí de la provincia de Formosa y de los cinco
compañeros de Ate Rio Gallegos arbitrariamente detenidos desde octubre del año
pasado.
Desde este acto,
exigimos una vez más la absolución de los compañeros de Las Heras, condenados a
prisión perpetua al término de un juicio infame.
Las denuncias del
fiscal contra los compañeros de la comisión interna de Lear y de dirigentes
políticos solidarios con su lucha, el procesamiento de los delegados de
Emfer-Tatsa, los pedidos de desalojo contra la ocupación de Donnelley y la
gestión cooperativa del Bauen son expresiones de la judicialización de la
protesta social.
La militarización de
los conflictos obreros tiene otro punto de apoyo en el accionar de las patotas
de la burocracia sindical. Las provocaciones de Pignanelli contra los
trabajadores de Lear son las mismas que utilizaron Pedraza y sus matones contra
los trabajadores tercerizados del ferrocarril Roca y que finalmente derivaron
en el crimen de Mariano Ferreyra. El gobierno nacional utiliza ante cada
conflicto a estos verdugos de los trabajadores para tratar de frenar el
surgimiento de cientos de jóvenes dirigentes que se organizan democráticamente
para reclamar por sus derechos enfrentando a sus patrones aliados con la
burocracia sindical.
Como castigo por su
participación en el paro nacional del 28 de agosto, Randazzo, en sociedad con
los jerarcas de la
Unión Ferroviaria , impulsa el desafuero de los delegados de la línea Sarmiento y
sanciones a los activistas del Mitre.
La presencia de la
patota del Smata en la tribuna del Congreso para insultar a los diputados de la
izquierda –con la complicidad del presidente de la Cámara, Julián Domínguez-
confirma que estas bandas están hoy al servicio del gobierno nacional. Las
amenazas de sanciones y expulsiones en las legislaturas provinciales contra los
diputados de la izquierda se inscriben como otra variante de represión
política.
Por eso decimos:
basta de ajuste, despidos y suspensiones. Reincorporación ya de todos los
despedidos.
Basta de represión,
muertes y patotas. Cierre de las causas y anulación de las condenas contra los
luchadores. Libertad a los presos políticos. Fuera Berni.
Hoy, el gobierno
nacional pretende apropiarse del prestigio y los recursos del Banco Nacional de
Datos Genéticos para ponerlo al servicio de un negociado con los laboratorios
privados de la medicina genómica. Este Banco fue clave en la identificación de
la mayoría de los 115 nietos recuperados.
Por otra parte, al
limitar la competencia del Banco a los casos de lesa humanidad anteriores al 10
de diciembre de 1983, quedan desprotegidas miles de personas que buscan su
identidad y los más de 200 casos de desapariciones posteriores al 83, como
Miguel Bru, Luciano Arruga, Daniel
Solano en río Negro y, por supuesto, Julio López.
Por eso decimos: No
a la privatización del Banco Nacional de Datos Genéticos, acceso universal al
derecho a la identidad!!!!
En defensa de la
memoria, nos oponemos a transformar los Centros Clandestinos de Detención en
lugares de recreación, porque las generaciones que nos siguen deben saber que
allí se torturó a hombres, mujeres y hasta niños, para lograr imponer en
nuestro país un orden político y económico en contra de las mayorías populares.
El gobierno nacional
se adueñó de los sitios de memoria de la ciudad de Buenos Aires, después de
haber logrado, en alianza con el macrismo , la disolución del Instituto Espacio
para la Memoria. Y
ahora el Secretario de Derechos Humanos, Miguel Ángel Fresneda,ha decidido que
el Servicio Penitenciario Federal sea el encargado de la custodia de los Ex
Centros Clandestinos de Detención de la Ciudad de Buenos Aires.
Durante años
participamos y acompañamos las luchas populares por la señalización de
estos sitios, por la expulsión de las fuerzas represivas de los mismos,
por la construcción de proyectos de memoria que recuperen las
historias de vida de nuestros compañeros desaparecidos y que denuncien las
violaciones a los derechos humanos de ayer y de hoy.
Estos hechos no hacen
más que seguir desvirtuando la memoria de lo ocurrido durante la
dictadura militar y apuntalan los proyectos de reconciliación con las fuerzas
represivas que se pretende llevar adelante desde el gobierno nacional, de la
mano del genocida Milani.
Compañeros y
compañeros
El testimonio de
Julio no sólo sirvió para que Etchecolatz fuera condenado por genocida, sino
que es parte de la construcción de una memoria y una historia que, además de
poner al desnudo la crueldad y brutalidad del poder, rescata las luchas, las
banderas y los objetivos por los que lucharon los 30000 compañeros detenidos
desaparecidos: un país sin opresión, sin explotación, sin injusticia, sin
represión.
En este 18 de
septiembre reafirmamos:
No olvidamos a Julio y
por eso con su presencia y su ausencia , estamos en esta plaza exigiendo
justicia por su desaparición.
No olvidamos el
compromiso de Julio con sus compañeros de ayer y tampoco olvidamos nuestro
compromiso con los que luchan hoy.
No olvidamos que el
proyecto genocida vino a terminar con una generación de luchadores que quería
construir un país sin opresión y sin explotación.
No perdonamos a los
genocidas y sus cómplices que siguen gozando de libertad y de impunidad y que
están hoy al servicio de la represión contra el pueblo.
No nos reconciliamos
con nuestros verdugos de ayer, ni tampoco con nuestros verdugos de hoy.
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