13 de febrero de 2016

Recordemos, a 10 años, la represión K a la histórica pueblada que tuvo lugar el 7 de febrero del año 2006, en la localidad petrolera de Las Heras, en el norte de la provincia de Santa Cruz. Que derivó en un juicio lleno de irregularidades para conseguir la condena a perpetua de trabajadores petroleros en beneficio de las corporaciones petroleras.

Militarizan una lucha histórica
TERRORISMO DE ESTADO EN LAS HERAS
16 de marzo de 2006 | #937 | Publicado por Partido Obrero

Por Alejandro Guerrero

Todas las caretas, ajadas ya por el uso, han vuelto a caer: el que se hace llamar “hijo de las Madres”, el que hizo descolgar el retrato de Videla en el Colegio Militar, el Presidente “nacional y popular”, ha impuesto en su provincia un régimen formal de terrorismo de Estado.
“Si las Madres de Plaza de Mayo se han quedado sin trabajo en Buenos Aires, que vengan acá”, ha dicho el presbítero Luis Bicego, cura párroco de Las Heras, quien tiene más de cien personas refugiadas en su parroquia (“el único lugar seguro... por ahora”, añadió). Esa iglesia está rodeada por tropas policiales y de Gendarmería.
El lunes 13 de febrero, ya eran 19 los trabajadores detenidos por la muerte del oficial de policía Jorge Sayago, desparramados en distintas unidades carcelarias de casi todos los confines de la provincia, torturados, golpeados, amenazados bárbaramente durante el viaje, como sucedió, por ejemplo, con el menor Alexis Gómez, a quien le sacaron medio cuerpo de la camioneta que lo trasladaba y le prometieron, mientras los canas intercambiaban risotadas entre ellos, arrojarlo a la ruta desde ese vehículo que circulaba a más de 100 kilómetros por hora. El chico llegó a Pico Truncado en tal estado que la propia policía debió suministrarle atención médica para no tener un problema mayor.
El domingo 11 de marzo, efectivos de Gendarmería irrumpieron en una asamblea de trabajadores de la petrolera Indus y detuvieron allí a nueve compañeros. La soldadesca no mostró orden de arresto alguna, que fueron exigidas inútilmente por los abogados (entre ellos los de Apel y de otras organizaciones). También sin orden judicial, la Policía y Gendarmería detienen personas por la calle, y sólo después la jueza Graciela Ruate de Leone firma la orden de captura, por lo cual el párroco exige juicio político contra ella.
“Desde los tiempos de la dictadura no se veía algo así”, subrayó el presbítero. No le falta razón: desde el fin de semana Las Heras está sin Internet y han desprovisto de señal a los teléfonos celulares, de modo que el pueblo quedó incomunicado. Algo muy parecido a la recordada “Noche del Apagón”, en Jujuy, cuando la dictadura secuestró a la comisión interna y a todos los activistas de Altos Hornos Zapla que no habían logrado huir. Ahora, el mismo gobierno que bate el parche por las caras tapadas con que marchan algunas organizaciones piqueteras, envía a reprimir al temible GOE (Grupo de Operaciones Especiales) de la policía santacruceña, todos sin identificación y encapuchados con pasamontañas.
En cuanto a la muerte de Sayago, el mismo Bicego declaró: “Para encontrar a los verdaderos culpables hay que mirar la película desde el comienzo. ¿Y cuál fue?: el justo reclamo de los trabajadores”. El cura agregó: “Yo primero le echo la culpa de todo lo que pasó y de la muerte del policía a quien dio la orden de detener a (Mario) Navarro (delegado petrolero). Eso provocó la bronca. Luego ¿quién dio orden de reprimir aquella noche? ¿y quién da ahora la orden de detener a la gente? Porque detrás de la jueza hay alguien que está empujando...”.

Un desastre provocado
En ese punto, conviene recordar que la noche de la pueblada la concejala oficialista Roxana Totino, quien intentó mediar cuando empezó la represión, fue golpeada por la policía. En otras palabras: alguien había tomado la decisión política de reprimir y no sólo de reprimir; además, se quería provocar un desastre como el que ocurrió. A Sayago sus compañeros lo dejaron extrañamente solo y nunca podrá saberse de dónde le llegó el tiro y el fierrazo que lo mató, sobre todo cuando ya se ha hecho pública una interna policial feroz, tan feroz como la interna política que ha fracturado al bloque oficialista en la Legislatura provincial (por ejemplo, se eligió a un vicepresidente de la Cámara y al día siguiente, después de la ceremonia y los discursos, fue reemplazado por otra diputada amiga de Kirchner y enfrentada con el gobernador Acevedo, lo cual indica pugnas mayores en la trastienda del asunto).
La noche en que los trabajadores de Las Heras liberaron a Navarro, recuerda Bicego, “estuvo medio pueblo. Entonces... ¡que detengan a medio pueblo!”. El párroco también subraya que fue una noche neblinosa, que no se veía casi nada, que del video en poder de la Side no pudo extraerse dato alguno. En definitiva, no hay ni puede haber pruebas contra nadie.
Entretanto, las empresas aprovechan el terror estatal, la militarización general, para incumplir todos sus acuerdos con los trabajadores y, aún más, pretenden que ese terror destruya cualquier asomo de organización sindical y política de sus obreros.

En respuesta a Bicego, la nueva ministra de Gobierno de la provincia, Elsa Capuchinelli, le ha pedido al párroco que se ocupe “de las cosas de Dios, no de las cosas de la Tierra”. Las cuestiones terrenales, según parece, consisten en poner al aparato represivo del Estado en condición de esbirros de las petroleras, de las grandes depredadoras de las riquezas naturales del país, y aterrorizar para eso a los trabajadores y a toda la población.

El asunto tiene su lógica. El conflicto de Las Heras, un pueblo aparentemente perdido en la zona desértica del norte santacruceño, tiene una particularidad histórica: está desarrollando una lucha formidable, ejemplar, contra la flexibilización laboral y contra el impuesto al trabajo que afecta a 700 mil trabajadores del país. En otras palabras: la huelga apunta al corazón de la política antiobrera del gobierno. Por eso exhibe tan claramente hasta dónde es capaz de llegar Kirchner en materia de represión, por eso desnuda la miseria terminal de las burocracias de la CGT y la CTA, por eso muestra la necesidad imperiosa de una central obrera independiente de burócratas, patrones y gobierno.


El posterior juicio significó la tácita prohibición de  organizar sindicatos contra la precarización laboral, la tercerización y el impuesto al salario que fue el objetivo de la huelga de trabajadores petroleros.

 
Petroleros de Las Heras. Fiscal pidió “apartarse de las leyes” por condenas ejemplares
9 de septiembre de 2013 

 
Por reenvío Agencia Walsh
(AW) Se acerca el final del juicio a los trabajadores petroleros de Las Heras, todos sabemos de qué se trata. Este montaje perverso tiene un destinatario, la lucha unitaria de los trabajadores, contra la precarización y el impuesto al salario. Queda claro también quiénes están detrás de todo este montaje con el objetivo de disciplinar las luchas. El estado, las petroleras y sus lacayos judiciales, con el dedo alzado para decidir la vida o la muerte de sus rehenes, los trabajadores.
Durante el juicio, quedó probado que las declaraciones de los imputados fueron arrancadas bajo tortura. 
El mismo poder judicial que hoy pide condenas perpetuas avaló el terrorismo de estado que se vivió durante y después de la pueblada del año 2006. 
Quedaron en evidencia también las contradicciones de los testigos. 
El Fiscal Iglesias convocó al tribunal a “apartarse de las leyes” para dictar condenas ejemplares. 
Y esto es una total redundancia. 
La precarización laboral, la tercerización y el impuesto al salario que sufrían los trabajadores petroleros, será parte de estas las leyes? 
Encarcelar a un delegado en pleno conflicto será apartarse de las leyes? 
Reprimir con salvajismo una pueblada que reclamaba los derechos de sus trabajadores es apartarse de las leyes? 
Allanar, torturar, golpear a viejos y niños delante de funcionarios judiciales, será apartarse de las leyes? 
Militarizar una ciudad, instalando el terrorismo de estado, tomar declaraciones bajo amenazas y torturas, apretar y amenazar a testigos será parte de este pedido del fiscal? 
Cuando se refiere a condenas ejemplares, a quienes querrá dar el ejemplo? 
A quien quiere amedrentar el estado, avalando tanta ilegalidad? 
Quien se beneficia si los compañeros son condenados? 
La conclusión es ya conocida por todos nosotros, y es parte de esta política de estado con su discursete progre, pero en clara defensa de los intereses de las corporaciones patronales y sus manos extendidas con el código penal y el garrote, para aplastar los conflictos sociales y los reclamos de los trabajadores.-- ( Rosana Trad) 

Transcribimos (Comité de apoyo por la absolución de los petroleros de Las Heras). 
Claudia Ferrero (Apel) 

El juicio ha dejado al desnudo el régimen de excepción que vivieron sus habitantes después del hecho, marcado por el terror y la militarización de la ciudad. Ello no sólo por la presencia de efectivos de Gendarmería, sino también por una brigada de investigación de la policía de la provincia que amedrentaba a la población y circulaba de civil y en autos no identificados. 
Toda la instrucción estuvo marcada por los apremios a testigos y la constante violación de todos los derechos de los imputados, que incluso fueron víctimas de torturas durante sus traslados y detenciones. 
Luego de tres meses de juicio son abundantes las pruebas de irregularidades en toda la instrucción, mientras que fueron derrumbándose todas las evidencias contra los imputados. 
A pesar de ello, el escenario hace temer una condena, dirigida a legitimar el accionar del Estado y su poder judicial. 
Sin rubor, el fiscal de la causa ha llamado al tribunal “a apartarse de las leyes de fondo en pos de la búsqueda de la verdad”, lo cual implica un llamamiento al tribunal a consagrar el estado de excepción en pos de una condena. 
El 5 de septiembre se realizará una marcha del Obelisco a la casa de Santa Cruz, donde será recibida una delegación que entregará un pronunciamiento por la absolución de todos los acusados. 
Se ha lanzado además una campaña de petitorios para ser enviados por fax a la Cámara del Crimen de Caleta Olivia, con ese mismo pedido. 
Enviar a: 
Sres. jueces de la Cámara Criminal de Caleta Olivia 
Dres. Cristina Lembeya, Humberto Monelos y Juan Pablo Olivera 
Tel. Fax. (0297- 4852063) 
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Condenaron a los trabajadores de Las Heras
9 de diciembre de 2013 | #1298 | Publicado por Partido Obrero

Claudia Ferrero (Apel) 
En Caleta Olivia, la Cámara del Crimen terminó condenando con severas penas a diez trabajadores de Las Heras.
Los condenados habían sido llevados a juicio por el asesinato del oficial Sayago, en el marco de una pueblada provocada por la detención de un referente petrolero en 2006. La movilización petrolera reclamaba por la derogación del impuesto al salario y por la situación de trabajadores petroleros tercerizados, que revistaban bajo el convenio de UOCRA.
La Cámara condenó a los trabajadores Cortez Rosales y González a cadena perpetua por homicidio agravado, por el carácter de policía del muerto. También condenaron al joven Padilla, quien en el momento de los hechos era menor. Sólo por eso, difirió la fijación de la pena a una evaluación del tribunal de menores.
También se condenó a cinco años a Darío Cuatrihuala por lesiones graves, y la misma pena a los cinco imputados por coacción agravada. Varias de las condenas no fueron por unanimidad: la presidente del tribunal voto por la absolución de Cortez y de Padilla, quienes fueron condenados por el voto de la mayoría, integrada entre otros por el juez Olivera -del grupo progubernamental "Justicia legítima".

Apremios y espionaje
Esta condena, arbitraria por donde se la mire, tuvo que recurrir para su fundamentación a testimonios vertidos en la instrucción, que no fueron ni incorporados por lectura ni ratificados en el juicio. Ello torna a la condena sin sustento jurídico alguno, y sólo es explicable por su sentido político.
En primer lugar, pretende respaldar al aparato represivo de Santa Cruz. Todos los jueces desestimaron los apremios y las torturas efectuados en la investigación, al igual que las acusaciones de apremios presentadas contra los investigadores. Los jueces rechazaron explícitamente que la utilización de fotografías de los petroleros obtenidas en conflictos anteriores, para el reconocimiento de supuestos autores del asesinato, haya violado la prohibición de realizar inteligencia previa. En cambio, consideraron a esa actividad de espionaje como una atribución preventiva de las fuerzas policiales. En ese marco, la condena constituye un apoyo claro a cualquier acción de espionaje y represión del pasado y del futuro de la policía provincial.
La condena, por otra parte, es un ataque directo a todo el movimiento petrolero que combate por sus reivindicaciones y por la recuperación de sus organizaciones de lucha, contra las corporaciones petroleras y la burocracia sindical. La condena es un tiro por elevación a la lucha de los petroleros por la eliminación del impuesto al salario y en contra de la tercerización laboral, los ejes de la huelga de febrero de 2006 que dio origen a los hechos juzgados, pero que están plenamente vigentes.
La nutrida marcha que se concretó en Caleta, con la presencia de los diputados nacionales del Frente de Izquierda, los organismos de derechos humanos, delegaciones de comisiones internas y de trabajadores que viajaron de Buenos Aires, y los militantes del Partido Obrero de Santa Cruz, repudió la condena, y ayudó a establecer los pilares de una gran campaña nacional para su absolución.


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