Detrás
de la campaña antimapuche
Extractivismo, medios y
un genocidio que no termina
11 de
agosto de 2017
Por
Darío Aranda
(lavaca)
“Los indígenas no aceptamos el extractivismo.
Y
vamos a morir luchando contra las mineras, petroleras, empresas transgénicas. Por eso nos consideran un peligro”. Los líderes mapuches
se defienden y contestan los discursos que los tratan de separatistas,
terroristas o cosas peores.
“La plurinacionalidad no es una propuesta
separatista ni excluyente. Por el contrario, es una herramienta para la
unidad en la diversidad”.
Se encargan de explicar lo que – parecía- ya
estaba dado: la propia legislación argentina reconoce los derechos de
los pueblos originarios. Pero no se cumple. Por qué: las presiones de
terratenientes y empresas como Benetton. La operación de los medios.
El rol del modelo económico. Y un genocidio que no
termina. Darío Aranda explica en esta nota el marco de la avanzada del
gobierno contra los mapuches, en medio de la desaparición de Santiago
Maldonado.
El modelo extractivo: petrolero, minero,
agropecuario, forestal.
Una multinacional (Benetton) con directa
influencia en el poder político y judicial.
Políticas de Estado de despojo y sometimiento.
Un genocidio que jamás tuvo su “nunca más”.
Sólo algunos de los elementos detrás de la
campaña que pide represión para el Pueblo Mapuche.
Extractivo
Durante el menemismo se aprobó la ingeniería
legal que dio pie a la profundización del extractivismo en Argentina:
leyes mineras, privatización de YPF, ley forestal, aprobación de
transgénicos con uso de agrotóxicos. Pero la implementación en los
territorios se dio durante el kirchnerismo. Dos ejemplos: se pasó de 40
proyectos mineros en estudios (en 2003) a 800 proyectos (en 2015); de 12
millones de hectáreas con soja transgénica se pasó a 20 millones (22 en
la actualidad).
El macrismo continúa esa línea: quite de
retenciones a la minería, baja de retenciones al agro, flexibilización
laboral para trabajadores petroleros. Más extractivismo, más avance
sobre territorios rurales, donde viven pueblos indígenas y campesinos.
Amnistía Internacional contabilizó un piso de
250 casos conflictivos, entre los que detectó un punto en común: detrás
siempre hay empresas (agropecuarias, petroleras y mineras, entre otras),
que actúan en complicidad, por acción u omisión, de los gobiernos.
Cómo sucedió con la Campaña del Desierto, que
tenía como fin económico incluir tierras al mercado capitalista, la
Argentina del Siglo XXI repite la historia de avanzar sobre los pueblos
indígenas.
Preexistente
“Mapuche” significa en mapuzungun “gente de la
tierra”. Los mapuches, como todos los pueblos indígenas del continente,
son a partir del vínculo con el territorio. De allí proviene su
historia, su cultura, su filosofía, su vida y de ese territorio dependen
sus hijos, nietos y su futuro como pueblo.
Un argumento falaz para atacar a los indígenas
del sur es que decir que son chilenos. Los pueblos indígenas tienen
miles de años de historia, y el Pueblo Mapuche en particular existe
desde muchos antes de la conformación de los Estado-nación. Es decir,
son previos a la existencia de Argentina y Chile. El artículo 75 de la
Constitución Nacional lo reconoce:
“Reconocer la preexistencia étnica y
cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su
identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural;
reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y
propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y
regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo
humano (…). Asegurar la participación en la gestión referida a sus
recursos naturales y a los demás intereses que los afecten”.
Ante cada campaña mediática de ataque a los mapuches, académicos repudian las falsedades de sectores periodísticos. En enero pasado, investigadores del Conicet escribieron un texto que resume cientos de estudios académicos: “Afirmamos que los mapuches no son araucanos de origen chileno y no exterminaron a los tehuelches (…) Los mapuches no son “indios chilenos”, sino pueblos preexistentes. Esto significa que vivían en estos territorios antes de que existieran los Estados y que había mapuches en lo que hoy es Argentina”.
Periodismo represivo
“Denuncian vínculos de grupos mapuches con las
FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia)”, tituló el diario
Perfil el domingo 8 de enero en un extenso artículo, referido al
conflicto del Lof (comunidad) Resistencia Cushamen con la empresa
Benetton. La nota, firmada por Cecilia Moncalvo, acusó: “A medida que
aparecen más datos, la acción de (Facundo) Huala y su grupo puede ser
leída como el germen de una forma violenta de protestar y de hacer
política. Hay datos, como que en zonas limítrofes la Gendarmería envió
más personal, mientras que diputados chilenos y periodistas y
productores argentinos mencionan a las FARC colombianas como parte de la
financiación del grupo (…). Abre interrogantes sobre una zona liberada
previamente y de tráfico de armas de Argentina a Chile. Facundo Jones
Huala sería el nexo”.
Dos días después, el martes 10 de enero, hubo
feroces represiones sobre el Lof Mapuche. Una por la mañana (Gendarmería
Nacional). Otra por la tarde (policía de Chubut). El miércoles se
produjo un tercer operativo violento. Tres represiones en dos días. Una
cacería de mapuches. Una decena de presos. Otro tanto de heridos. Dos de
gravedad. La imagen de Fausto Jones Huala, con un balazo en el cuello,
recorrió el país.
A la campaña anti-indígena se sumó el diario
Clarín, con un extenso artículo anunciado en tapa el domingo 22 de enero
y doble página interna. “Facundo Jones Huala, el mapuche violento que le
declaró la guerra a la Argentina y Chile”, fue el título, firmado por
Gonzalo Sánchez. Citó en seis oportunidades voces oficiales del
Ministerio de Seguridad de Nación, Cancillería y Secretaría de
Seguridad. Todas voces en “off”, sin nombre ni apellido, que acusan al
Lof Cushamen de hechos tan insólitos como ajenos a la realidad. Según
Clarín:
-Los mapuches están vinculados a grupos kurdos
y a la ETA del país Vasco.
-Recibieron financiamiento del kirchnerismo.
-Afirma que el Lof Cushamen ocasionó incendios,
secuestro de personas e intento de asesinatos, entre otros hechos.
No se aporta ninguna prueba de todos estos
hechos. Sólo la opinión del gobernador Mario Das Neves y voces en off.
Gonzalo Sánchez, autor de la nota y editor del
diario, repite lo de Cecilia Moncalvo en Perfil: vincula al Lof Cushamen
(y a Jones Huala) con la organización Resistencia Ancestral Mapuche (RAM),
cuando la comunidad nunca ha declarado ser parte de esa organización.
Segunda coincidencia: Sánchez no otorga ni una línea a la voz del Lof
Cushamen, ni de sus abogados, ni de las organizaciones de derechos
humanos que acompañan.
Infobae no se quedó atrás. “Violencia, anarquía
y apoyo externo: el perfil de dos grupos mapuches que tienen en vilo a
Chile y la Argentina”, tituló el 9 de agosto un artículo de Martín
Dinatale, con todas voces en off y ninguna entrevista a mapuches. Un
artículo que podría haber sido escrito por Patricia Bullrich.
Insólita la nota de Claudia Peiró en Infobae.
Acusó a los mapuches de estar financiados por ingleses. “The Mapuche
Nation, el pueblo originario con sede en Bristol, Inglaterra”. No aporta
una sola prueba que acredite esa relación.
Clarín retrucó. “Jones Huala redobla la
apuesta: llamó a la rebelión y la lucha armada. Desde el penal donde
está detenido, el referente mapuche convocó abiertamente a la acción
violenta”. Firmada por el corresponsal el Bariloche, Claudio Andrade,
conocido de las organizaciones mapuches por sus continuas que rozan el
racismo.
Por otro lado, también sobresalen comunicadores, intelectuales, artistas y políticos no dudaban en echar sospechas sobre el líder qom Félix Díaz de Formosa y, al mismo tiempo, silenciar las atrocidades del gobierno feudal de Gildo Insfrán. Figuras radiales afines al kirchnerismo relativizaban el reclamo qom y hasta hacían entrevistas condescendientes a Insfrán. En el “mejor de los casos”, se llamaban a silencio ante la violación de derechos. El periodismo afín al kirchnerismo apoyó fervientemente la explotación petrolera en Vaca Muerta, aunque allí se violaban derechos indígenas y también se reprimía (y se reprime). Con el macrismo en el poder, esos mismos periodistas, intelectuales y artistas se horrorizan y repudian la violencia que sufren los mapuches.
Periodistas de uno y otro lado tienen una
coincidencia: escriben sobre un hecho sin recorrer el territorio. No
visitan (ni visitarán) las comunidades indígenas. Son periodistas de
escritorio. Y sus mentiras repercuten de la peor manera: legitiman
represiones.
Genocidio
Robo de bebés. Desaparición de personas.
Torturas. Campos de concentración. Asesinatos.
Lo sufrió la sociedad argentina en manos de la
última dictadura cívico-militar.
Lo sufrió el pueblo judío en manos del nazismo.
El Pueblo Mapuche también padeció robo de
bebés, desaparición de personas, torturas, campos de concentración,
asesinatos. Pero no hubo jamás pedido de perdón, tampoco reparación ni
justicia. No hubo un “nunca más” para lo sufrido por los pueblos
indígenas.
Diana Lenton, doctora en antropología y docente
de la UBA, lo resume así:
“El Estado se construyó sobre un
genocidio. Se requirió que no hubiera más diversidad interna. Se anulan
los tratados con los indígenas, el Estado se garantizó que no iban a
interferir en la constitución de ese Estado. Es lo que se llama
genocidio constituyente, son genocidios que dan origen a un Estado”.
Recuperaciones
“Wiñomüleiñ ta iñ mapu meu” significa en idioma
mapuche “territorios recuperados”. Es un anhelo, una práctica
reivindicatoria y, sobre todo, un derecho de los pueblos originarios
volver a parcelas que les fueron arrebatadas en el pasado. En los
últimos quince años, y luego de agotar la instancia administrativa y
judicial, el Pueblo Mapuche recuperó 250 mil hectáreas que estaban en
manos de grandes terratenientes.
Los pequeños burgueses urbanos deben permanecer
tranquilos: los indígenas no ocuparán los departamentos en Palermo o
Recoleta, ni les interesan las mansiones de Nordelta. Sólo vuelven a las
tierras de sus antepasados que hoy están en manos de grandes empresas.
Los legalistas también deben estar conformes:
las recuperaciones territoriales están respaldadas por tratados
internacionales, que tienen rango superior a las leyes locales.
“Siempre que sea posible, los pueblos indígenas
deberán tener el derecho de regresar a sus tierras tradicionales en
cuanto dejen de existir las causas que motivaron su traslado y
reubicación”, detalla el artículo 16 del Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), que tiene rango superior a las leyes
nacionales. El artículo 14 también apunta: “Deberán tomarse medidas para
salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras
que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan
tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de
subsistencia”.
La Declaración de las Naciones Unidas (ONU)
sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada en septiembre de 2007,
remarca en su artículo 10 “la opción del regreso” frente a los
desplazamientos forzados y, en su artículo 28, legisla que “tienen
derecho a la reparación, por medios que pueden incluir la restitución
(…) por los territorios y los recursos que tradicionalmente hayan
poseído u ocupado o utilizado de otra forma y que hayan sido
confiscados, tomados, ocupados, utilizados o dañados”.
“Las comunidades indígenas en la jurisprudencia
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)” es el título del
trabajo sobre Derecho internacional de Rolando Gialdino, ex secretario
de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el
máximo tribunal del país. Al analizar la acción de la CIDH, abordó la
posesión ancestral: “Los miembros de los pueblos indígenas que
involuntariamente han perdido la posesión de sus tierras, y éstas han
sido trasladadas legítimamente a terceros inocentes, tienen derecho de
recuperarlas o a obtener otras tierras de igual extensión y calidad”.
La recuperación territorial implica mucho más que hectáreas: instala una concepción diferente de la tierra, que interpela el concepto de propiedad individual en busca de rentabilidad y lo suplanta por un espacio de ocupación colectivo, “territorio ancestral”, imprescindible para el desarrollo como pueblo originario.
Benetton
En 2007, la comunidad mapuche Santa Rosa
Leleque volvió al territorio indígena: recuperó 625 hectáreas dentro de
lo que entonces era parte de la estancia Leleque de Compañía de Tierras
Sud Argentino (Grupo Benetton), ubicada entre Esquel y El Bolsón. El
caso tomó repercusión nacional e internacional. Rosa Rúa Nahuelquir y
Atilio Curiñanco, autoridades de la comunidad, viajaron a Roma junto al
Premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel. Se entrevistaron con la familia
Benetton, que prometió la donación de tierras dentro de Chubut. Pero la
compañía sólo ofreció parcelas que eran improductivas.
La comunidad no aceptó y aclaró que los pueblos
indígenas no aceptaban “donación” sino “restitución” por tierras que
habían sido robados por privados. La causa avanzó en tribunales, hubo
intento de desalojos, pero la comunidad permaneció en el lugar. Benetton
nunca aceptó la derrota entre otras cosas porque habilitaría que otras
comunidades repitieran la acción.
En noviembre de 2014, el Estado (provincial y
nacional) finalizó el relevamiento territorial de la comunidad Santa
Rosa Leleque. En el marco de la Ley Nacional 26.160 reconoció la
posesión y uso de las 625 hectáreas por parte del Pueblo Mapuche. La
comunidad siempre denunció las irregularidades en el título que adquirió
la compañía Benetton (explicadas en detalle en el libro “Ese ajeno sur”,
del investigador Ramón Minieri).
El 13 de marzo de 2015 se produjo una nueva
recuperación territorial en la estancia Leleque de Benetton.
“Actuamos
ante la situación de pobreza de nuestras comunidades, la falta de agua,
el acorralamiento forzado hacia tierras improductivas y el despojo que
se viene realizando desde la mal llamada Conquista del Desierto hasta la
actualidad por parte del Estado y grandes terratenientes. Sumado a esto
la inmensa cantidad de reiñma (familias) sin tierra donde poder siquiera
subsistir dignamente”, explicó como fundamento de la acción el
comunicado firmado por Lof en Resistencia del departamento de Cushamen y
el Movimiento Mapuche Autónomo (MAP).
Ya no era un sólo mal ejemplo. Ya eran dos. Y
pueden ser más.
Benetton descargó todo su maquinaria legal
contra los mapuches y contrató una agencia internacional de prensa y
lobby (JeffreyGroup) para una campaña mediática, tanto a nivel
provincial como nacional. El responsable en Argentina de JeffreyGroup es
Diego Campal, que se presenta como “especialista en resolución de
conflictos y gestión de crisis”.
Periódicamente llegaban las gacetillas de
prensa y fotos en alta definición de los “atentados” que sufría la
estancia Benetton. Sus principales destinatarios: el diario Jornada
(Chubut), Río Negro (el más leído de la Patagonia), Clarín y La Nación.
Los mismos comunicados llegaban al despacho del gobernador de Chubut,
Mario Das Neves, y sus ministros.
La campaña mediático daba sus primeros pasos y
vinculaba a los mapuches con grupos paramilitares (ETA, FARC).
Enemigo interno
En diciembre de 2016, el gobernador Das Neves
pidió juicio político para el juez Guido Otranto por no haber condenado
a Facundo Jones Huala (lonko del Lof en Resistencia de Cushamen). “No
queremos jueces federales que actúen en connivencia con delincuentes”,
refirió en relación a mapuches. Además, instó a que la población
desobedezca al juez: “Que la gente reaccione, que no permita, por más
que sea un juez, llevar a cabo este tipo de acciones”.
El Ministerio de Seguridad, conducido por
Patricia Bullrich, acusó en un informe interno de agosto de 2016 a los
pueblos originarios de la Patagonia de delitos federales y los
responsabilizó de hechos delictivos sin aportar ninguna prueba. El
informe interno fue titulado “Revalorización de la ley. Problemática en
territorio mapuche” y reconocía que la Policía de Seguridad
Aeroportuaria (PSA) realiza “tareas de investigación” ilegales y
catalogaba los reclamos como “amenazas para la seguridad social”. El
Ministerio de Seguridad hizo propio el discurso de las empresas
petroleras, que argumentaron la “usurpación” que realizarían comunidades
indígenas sobre campos petroleros.
Un centenar de organizaciones de pueblos
originarios, Amnistía Internacional, el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj)
y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) emitieron un
comunicado para alertar sobre la “estigmatización y persecución al
Pueblo Mapuche”. El texto, titulado “La lucha indígena no es delito”,
cuestionó al gobierno: “El ministerio de Seguridad coloca a las
reivindicaciones territoriales mapuches como amenazas para la seguridad
social (…) El Estado privilegia los intereses de las petroleras y
criminaliza al pueblo mapuche”.
El 21 de junio pasado, un centenar de efectivos
de gendarmería nacional llegó hasta la comunidad mapuche Campo Maripe
(en Vaca Muerta, Neuquén), cerró los caminos internos y escoltó a
cuadrillas de YPF para realizar una nueva perforación petrolera. Los
integrantes de la comunidad pidieron explicaciones, solicitaron que
exhiban la orden judicial (nunca se las mostraron) y exigieron que se
retiren del territorio indígena.
La Gendarmería incluso impidió que la comunidad
abandonara su propia tierra. “YPF usa la Gendarmería para entrar
ilegalmente a territorio mapuche. Ingresaron sin consulta, ni
autorización, con un procedimiento totalmente desmedido, sin mediar
palabra, ni exhibir orden judicial. Los miembros del lof (comunidad)
fueron amenazados y fueron rehenes en su propio territorio”, denunció el
Consejo Zonal Xawvn Ko de la Confederación Mapuche de Neuquén, que
cuestionó la “militarización” del lugar y acusó a la ministra de
Seguridad, Patricia Bullrich, de una “escalada de represión”.
Peligro
“Ser indígena hoy es ser subversivo”, resumió
con simpleza en una mateada Jeremías Chauque, mapuche, músico, productor
de alimentos sanos (sin agrotóxicos). Y amplió: “Los indígenas no
aceptamos el extractivismo. Nunca lo aceptaremos. Y vamos a morir
luchando contra las mineras, petroleras, empresas transgénicas. Por eso
nos consideran un peligro”.
Facundo
Jones Huala, desde la cárcel de Esquel, fue en línea similar: “El Pueblo
Mapuche impulsa la reconstrucción de nuestro mundo, y la expulsión de
extractivas del territorio. Como mapuches no podemos ser en tierras
desbastadas, no podemos ser mapuche con pozos petroleros o con mineras.
Necesitamos nuestra tierra sana, en equilibrio y armonía. Restablecer
ese equilibrio es hoy revolucionario, es alterar el orden actual del
capitalismo extractivo. Por eso los mapuches somos un problema para el
poder”.
Disparen
Ante la desaparición de Santiago Maldonado, en
el marco de una represión de Gendarmería Nacional el 1 de agosto, la
ministra Patricia Bullrich apuntó contra las comunidades indígenas: “No
vamos a permitir una república autónoma y mapuche en el medio de la
Argentina. Esa es la lógica que están planteando, el desconocimiento del
Estado argentino, la lógica anarquista”.
La Sociedad Rural Argentina,
impulsora de la Campaña del Desierto y parte de la última dictadura
cívico-militar, aportó un comunicado: “Tiene que terminar la impunidad
para los grupos delictivos y violentos del Sur” (en referencia a los
mapuches).
La Confederación Mapuche
de Neuquén le contestó a la Ministra de Seguridad:
“La funcionaria
Patricia Bullrich en sus declaraciones cargadas de desprecio racial e
ignorancia, construye una verdadera ensalada de conceptos errados.
Desconoce conceptos básicos de estados modernos y evolucionados que se
asumen como Estados Plurinacionales. Nuestra condición de Nación Mapuche
está basada en la preexistencia milenaria que reconoce la propia
Constitución Argentina. Negar esta realidad es propia de los estados
autoritarios y colonialistas que desconocen la diversidad”.
“Un estado plurinacional no depende del permiso
de una funcionaria. Está relacionado a una existencia de miles de años,
ante un estado moderno de solo dos siglos de existencia”, explicó la
Confederación Mapuche y afirmó: “La plurinacionalidad no es una
propuesta separatista ni excluyente. Por el contrario, es una
herramienta para la unidad en la diversidad. Si los mapuches no
asumiéramos nuestra nacionalidad, seríamos un pueblo sin historia y peor
aún, seríamos un pueblo sin futuro”.
El Consejo Asesor Indígena (CAI), histórica organización mapuche de la Patagonia, también emitió un documento: “Repudiamos el accionar del Estado frente los hechos que han sucedidos (el Cushamen) y manifestamos nuestra solidaridad con las víctimas de la violencia estatal y sus familias. Exigimos la aparición con vida de Santiago Maldonado y responsabilizamos al Estado Nacional por la actual situación de militarización que sufren los pueblos originarios”.“No queremos que la actitud de Estado y la sociedad frente a nosotros sea de represión, discriminación y racismo”, precisó la organización indígena. Recordó que el Pueblo Mapuche ha sufrido incendios, persecuciones judiciales y policiales, amenazas de muerte, acosos, allanamientos e intentos de desalojo. Y el CAI dejó una aclaración: “Mantenemos nuestros reclamo y la firmeza en nuestra lucha”.
¿Solución?
Una pregunta recurrente es por dónde pasa la
solución. Y la respuesta indígena suele ser simple: “Que se respete la
ley”.
Argentina tiene frondosa legislación que
favorece a los pueblos indígenas: desde la Constitución Nacional
(Artículo 75, inciso 17), constituciones provinciales, Ley 26160 (freno
a los desalojos), Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones
Unidas sobre Pueblos Indígenas. La legislación vigente establece que los
pueblos indígenas deben contar con “tierras aptas y suficientes” y que
se debe realizar la “consulta libre, previa e informada” ante cualquier
hecho que los pudiera afectar. Traducido: ninguna empresa extractiva
puede ingresar a territorio indígena sin antes realizar todo un proceso
de consulta (que puede llevar hasta años) con la comunidad.
De la mano de jueces y fiscales, esas leyes no
se cumplen.
¿Por qué el incumplimiento? Porque es una
política de Estado que atraviesa a todos los gobiernos: violar los
derechos indígenas y beneficiar a petroleras, grandes estancieros,
empresas del agronegocio y mineras.
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