El TIPNIS y la
tozuda obsesión contra
la naturaleza y los derechos indígenas
2 de agosto de
2017
Por
Arturo D. Villanueva Imaña
(Rebelión)
Parece como si existiese una misteriosa fuerza que muy a pesar de
los signos en contrario, se empeñara tercamente en impulsar su (propia)
destrucción.
Desde el mes de agosto del año 2011 cuando se
inicia la VIII Marcha de pueblos indígenas en contra de la construcción de una
carretera por el corazón del territorio indígena y parque nacional, el caso del
TIPNIS se ha convertido en un hito referencial de profundas implicaciones en
diversos ámbitos.
Refutando lo que se espera para un gobierno autodefinido como
“revolucionario”, los acontecimientos sucedidos delatan un momento de quiebre
para su imagen e identidad política. Marcan el uso de la fuerza y la violencia
represiva como respuesta a las legítimas y justas demandas indígenas en defensa
de sus derechos conculcados; la clara defección y traición a sus propios
postulados relacionados con el Estado plurinacional, la protección a los
derechos de la naturaleza y de los pueblos indígenas; así como
su indisimulada
voluntad por imponer un modelo extractivista y desarrollista, cuya mayor
expresión autoritaria se ha patentizado en la frase presidencial del “quieran o
no quieran” que pronunció como anuncio y amenaza.
Es decir, que a la luz de los enormes costos
políticos que contrajo, pero sobre todo por la gravedad de las medidas que el
gobierno decidió adoptar para imponer la carretera;
el TIPNIS marca mucho más
que el terco empeño por hacer prevalecer intereses de inversión internacional
comprometida o, como se ha dicho, hacer realidad un antiguo anhelo de
vinculación carretera (aun a costa de partir por la mitad un área protegida).
De lo que se trata a fin de cuentas, es más
bien imponer (así sea a la fuerza), un modelo económico desarrollista y
extractivista, nada menos que partiendo el corazón (literal y simbólicamente),
en el centro del país y de los propios pueblos indígenas del Estado
Plurinacional. Y como si eso no fuese suficiente, el TIPNIS y las comunidades
indígenas no sólo se verían amenazados por todas las consecuencias y efectos
negativos (para la naturaleza, la biodiversidad, la cultura, e inclusive la
acumulación de desperdicios y la enorme contaminación) que contrae la
construcción y apertura de carreteras, sino por la expansión de la producción de
coca.
Debe
mencionarse que (no pudiendo entenderse como un hecho casual), la superficie
“legal” de cultivo ha sido recientemente ampliada en la nueva ley de la coca
(impugnada como anticonstitucional), y cuyos principales productores
“excedentarios” y principales proponentes de una ley que busca anular la ley 180
de protección del TIPNIS, son nada menos que colindantes con el territorio
indígena y parque nacional.
Los nuevos factores de atropellamiento e
imposición
Desde el 2011 han pasado prácticamente 6 años,
y a pesar de haberse promulgado la ley 180 de protección del TIPNIS, donde se
prohíbe expresamente la construcción de la carretera, se establece la
intangibilidad y la prohibición de asentamientos humanos ilegales y ocupaciones
de hecho ajenos a los titulares del territorio; sin embargo, no han cesado los
intentos por deshacer aquello que aprobaron y promulgaron con propia mano.
Reafirmando aquella terca e intimidante
expresión del presidente Evo Morales en sentido de que la carretera por medio
del TIPNIS se construiría “quieran o no quieran”, y que desde entonces se ha
convertido en una de las peores amenazas para la vida de las comunidades
indígenas que lo habitan, así como para la conservación de las culturas, la
naturaleza y la biodiversidad que encierra dicho territorio; en recientes días
el país se ha visto ingratamente sorprendido ante el nuevo intento por revivir
dicho proyecto que fue repudiado y rechazado por el pueblo boliviano en
reiteradas ocasiones.
Amparados y fortalecidos por nuevas y recientes declaraciones
presidenciales que reiteraron su voluntad de llevar adelante tan nefasto
proyecto, pero sobre todo por la aprobación de la nueva ley de la coca que
autoriza y permite ampliar más la extensión de la superficie destinada a dicho
cultivo en el Chapare (cosa que exacerbará la presión para que dichos cultivos
se realicen precisamente dentro del TIPNIS, en vista de la inocultable como
antigua pretensión de los colonizadores que se encuentran asentados en el mismo
lugar); es que en esta ocasión se ha puesto en marcha un nuevo intento para
efectivizar semejante despropósito.
El proyecto de ley que ha sido puesto en consideración de la
Asamblea Legislativa, no sólo ha sido impulsada interesadamente por asambleístas
del oficialismo y colonos asentados en el Polígono 7 (cuyas comunidades
expresamente decidieron apartarse del territorio indígena y constituirse como
entidades individuales ajenas durante el proceso de saneamiento de tierras), por
lo que no tienen ninguna legitimidad ni representatividad legal sobre el TIPNIS;
sino que actúan a espaldas del país, van en contra de los innumerables
pronunciamientos de la sociedad civil, e inclusive desconocen las resoluciones y
determinaciones expresas de sus autoridades originarias y sus organizaciones
legítimamente representativas. Las mismas rechazan completamente el tratamiento
y aprobación de ese proyecto de ley eufemísticamente denominado como ”protección
y desarrollo integral del TIPNIS” .
Las
irregularidades no se limitan únicamente a ello. También se pretende
legitimar y hacer prevalecer como legalmente válidos y favorables los resultados
distorsionados de la consulta, el procedimiento seguido y el propio protocolo de
consulta
a los pueblos indígenas. Debe destacarse que el proceso de
consulta, su aplicación amañada y claramente distorsionada, ya han sido
denunciados en los informes de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de
Bolivia (APDHB), así como de la Federación Internacional
de Derechos Humanos (FIDH), el año 2013. Es más, su total invalidez también han
sido corroborados como resultado del análisis de los propios informes oficiales
del gobierno, que se han plasmado en el Informe Final del proceso de consulta
efectuado por el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda (2012) y el
Informe de Observación y Acompañamiento de la consulta realizado por el Servicio
Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE) del mismo año 2012.
La impugnación y rechazo de los resultados de
la consulta que pretenden ser mostrados como favorables, se explican porque el
proceso seguido claramente incumple los estándares internacionales y legales
mínimos de consulta. Es decir,
que no ha sido libre, previa, informada, de buena fe y con
procedimientos propios de los pueblos indígenas. Ello se corrobora con el
protocolo amañado que fue utilizado y que con seguridad pretende convertirse en
un precedente que avale otros procesos de consulta a los pueblos indígenas en el
país.
Por otra parte, también es imposible dejar de impugnar y rechazar
el intento que, bajo el argumento de “protección y desarrollo del TIPNIS”,
pretende imponer una visión y un enfoque ajeno y totalmente contrapuesto a la
forma de vida y el tipo de relacionamiento que las comunidades indígenas del
TIPNIS tienen con la naturaleza y su entorno, porque claramente se pretende
asimilarla, supeditarla y hacerla funcional al modelo depredador de carácter
extractivista y desarrollista que impulsa el gobierno, y cuyo enfoque es
respaldado y busca ser generalizado en el TIPNIS por los productores de coca del
Chapare.
Tal es el despropósito, que el proyecto de ley tiene un
indisimulado carácter colonial, paternalista e impositivo. Por ejemplo y yendo
totalmente en contra de su misma exposición de motivos donde se cita al Art. 307
de la Constitución Política [i] /
para fundamentar la necesidad de la ley, no se les ocurre mejor idea que bajo el
nombre de “desarrollo integral y sustentable”, se busque imponer un modelo
extractivista (con “aprovechamiento y participación de privados” o “acuerdos y
distribución de ganancias”, por ejemplo), que es totalmente ajeno a los
principios, prácticas y cosmovisión de los pueblos indígenas. Para reforzar el
indisimulado intento colonial y de sometimiento, también se incluye una
disposición transitoria única en la que “se establece un plazo de 180 días para
la elaboración del plan de protección del TIPNIS, el plan integral de transporte
del TIPNIS y la agenda del desarrollo para el Vivir Bien de los pueblos
indígenas del TIPNIS de acuerdo a los resultados de la consulta. En tanto se
aprueben estos documentos, serán aplicables los instrumentos de planificación y
manejo del TIPNIS, siempre que no contradigan lo establecido en la presente ley
y los acuerdos resultado de la consulta”. Es decir, que no solo se desconoce y
anula los propios instrumentos de planificación y desarrollo que las comunidades
indígenas han elaborado y utilizan bajo su propia cosmovisión y cultura, sino
que buscan imponer 3 instrumentos ajenos a la propia normativa vigente.
No es menos llamativo el contenido del Art. 11
del proyecto de ley referido a la “transferencia y conocimiento y tecnología”,
donde se señala textualmente: “el aprovechamiento de los recursos naturales
renovables deberá permitir la transmisión de conocimientos y transferencia de
tecnología de los privados a favor de los pueblos indígenas que habitan el
TIPNIS como requisito indispensable para la suscripción de acuerdos y
asociaciones”, en una muy clara actitud colonial de supremacía y dominación “de
los privados” (como si los pueblos indígenas no tuviesen ninguna otra capacidad
que no sea la de recibir y asimilar “conocimiento y tecnología” que viene de
fuera).
En fin, observando integralmente la
problemática, el TIPNIS constituye otro caso emblemático (junto al Bala-Chepete,
Tariquía, Rositas, Takovo Mora, Energía atómica, etc.), de la obsesiva intención
por llevar adelante un modelo extractivista y desarrollista, frente al expreso
rechazo y resistencia del conjunto de la sociedad civil, las comunidades
indígenas y los movimientos populares, que luchamos por construir una relación
armoniosa y no depredatoria con la naturaleza, los recursos naturales y el
entorno socioambiental en el que convivimos todos.
Ya no se trata de un caso aislado de defensa de
algún área protegida, un derecho humano, o contra algún proyecto extractivista
en particular; sino de la convicción y lucha por evitar la destrucción, la
explotación salvaje y los daños irreversibles que se producen contra la
naturaleza y las condiciones materiales que permiten la vida de todos. Es decir,
se encuentra en juego el futuro del país por la terca intención gubernamental de
imponer y hacer prevalecer su modelo, muy a pesar de los evidentes y graves
daños que el pueblo ha tenido que soportar y continúa sufriendo.
Esta tozuda obsesión contra la naturaleza, los
derechos humanos y de los pueblos indígenas,
está
poniendo en juego la destrucción misma de las bases materiales de la vida y la
naturaleza en nuestro país. En vista de la gravedad y consecuencias que ello
implica, es hora de que el gobierno se dé cuenta de la magnitud de las
decisiones de este tipo y dé marcha atrás.
Arturo D.
Villanueva Imaña, Sociólogo, boliviano.
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