Evo y los empresarios pactan una "alianza
productiva" para alimentar al pueblo
El giro agroindustrial del “proceso de cambio”
10
de febrero de 2011
SENA-Fobomade *
El gobierno
boliviano y el empresariado agroindustrial consolidaron una “alianza
productiva” y comenzaron a diseñar un plan estratégico conjunto para garantizar
el abastecimiento de alimentos en el mercado interno, y al mismo tiempo
aumentar las exportaciones agrícolas, en un intento de aprovechar la crisis
alimentaria global como una “oportunidad” de negocio.
Al cumplir su primer
año de gestión como Presidente del Estado Plurinacional el 22 de enero de 2010,
Evo Morales propuso articular una alianza con todos los productores del país
con el objetivo de tomar medidas frente a las inundaciones, sequías y otros
efectos del cambio climático, y delinear una estrategia que garantice la
seguridad alimentaria nacional.
“Hay culpables (las
naciones ricas), cómplices y víctimas de la crisis alimentaria”, comentó el
Presidente Morales, pero afirmó que su gobierno no esperará a que los países
industrializados cambien sus políticas de desarrollo sino que fomentará la
producción local de alimentos.
El Presidente se
reunió primero con los agroindustriales de la Cámara de Industria, Comercio,
Turismo y Servicios de Santa Cruz (Cainco), y con ellos comenzó a organizar la
alianza productiva el 19 de enero en Palacio Quemado, relegando a los pequeños
cultivadores indígenas y campesinos a un segundo plano.
Morales escuchó las
sugerencias de productores de la Confederación Sindical
Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) y de la Confederación Nacional
de Ayllus y Marqas del Qullasuyu (Conamaq), pero poco tiempo después
conformó con la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) el
primer “Consejo Consultivo” público-privado encargado de “fortalecer” las
políticas de desarrollo económico y resolver los problemas alimentarios.
“Se ha creado un
consejo que va a empezar a resolver los problemas del día a día, como el de la
planificación, para evitar problemas como la escasez de azúcar y otro tipo de
problemas que eventualmente se podrían presentar… Estamos construyendo
soluciones, estamos generando temas de inversión para que podamos generar más
empleo”, informó el presidente de la CEPB Daniel Sánchez
luego de reunirse con el Presidente, junto a una veintena de empresarios.
El dirigente del
gremio patronal aseguró que los empresarios de la Cainco, de la Cámara Agropecuaria
del Oriente (CAO), y la
Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo
(Anapo) “están también con el Presidente tratando de solucionar los problemas”
que afectan a la población boliviana. Según los empresarios, Morales está muy
preocupado por la crisis alimentaria y por el cada vez mayor peso de las
importaciones agrícolas.
Las importaciones
agroindustriales se incrementaron durante los últimos años hasta alcanzar las
871.328 toneladas en 2007, cifra que casi se compara con el nivel más alto de
los tiempos neoliberales de Hugo Banzer Suárez (2000), cuando se importaron
893.218 toneladas. Es tal la carencia de alimentos que el gobierno se vio
obligado a comprar 90 mil toneladas de carne al régimen golpista hondureño, y
comenzó a importar azúcar de Brasil y Colombia.
Morales se declaró
satisfecho por la “sinceridad y confianza” expresadas por los empresarios y
anticipó que los objetivos prioritarios de la alianza productiva son asegurar
respaldo financiero y revisar la legislación agraria, especialmente los alcances
de la Función
Económica Social (FES) de la tierra. De esta forma,
el Presidente dejó en manos de los sectores privados la seguridad alimentaria
del país y dio un giro a la política agraria de su gobierno.
Uno de los objetivos
de la
Revolución Agropecuaria y Forestal impulsada por el
Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente desde 2007 era
construir un patrón de desarrollo agrario con base en la “soberanía
alimentaria” y asentada en sistemas de producción agrícola comunitario, asociativo
e individual, para que Bolivia deje de depender de las importaciones y más bien
fortalezca “el rol de la agricultura familiar campesina, indígena y originaria
con base comunitaria”.
El Artículo 406 de la
Constitución indica que “El Estado garantizará el desarrollo rural integral
sustentable por medio de políticas, planes, programas y proyectos integrales de
fomento a la producción agropecuaria, artesanal, forestal y al turismo, con el
objetivo de obtener el mejor aprovechamiento, transformación, industrialización
y comercialización de los recursos naturales renovables”. Añade que “El Estado
promoverá y fortalecerá las organizaciones económicas productivas rurales,
entre ellas a los artesanos, las cooperativas, las asociaciones de productores
agropecuarios y manufactureros, y las micro, pequeñas y medianas empresas
comunitarias agropecuarias, que contribuyan al desarrollo económico social del
país, de acuerdo a su identidad cultural y productiva”.
La flamante ministra
de Desarrollo Productivo y Economía Plural Ana Teresa Morales reconoció que los
pequeños productores fueron los menos favorecidos por el Estado. “El equilibrio
en los eslabones es básico para desarrollar las cadenas productivas, porque no
puede ser que se impulse solamente los eslabones grandes y los pequeños sigan
sometidos a los mayores índices de pobreza; no puede haber crecimiento
productivo sin equidad, ese es un principio de nuestro Gobierno”, comentó y
prometió diseñar una estrategia de “salvataje” de la economía popular,
optimizando los incentivos estatales en el aparato productivo de alimentos,
fundamentalmente del pequeño productor urbano y/o rural.
Pero, ¿quiénes
controlan la producción alimentaria en el país? Un reciente informe del Centro
de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla-“Soberanía Alimentaria
en Bolivia entre el discurso y la realidad”, noviembre 2010) revela que en la
gestión 2008/2009 la producción capitalista en Bolivia incrementó la
concentración de superficie cultivada para llegar a 82,5% y los volúmenes de
producción hasta 82,3%. Este incremento, si bien obedece a una modificación en
los hábitos alimenticios de los bolivianos, refleja una cada vez menor
importancia de la producción campesina.
A fines del siglo XX,
las pequeñas unidades agrícolas aportaban el 80% en la provisión de alimentos.
Los campesinos sostenían el 50% de la producción no industrial de trigo, arroz
y maíz, pero estos niveles fueron disminuyendo en el gobierno indígena de Evo
Morales. Con estos datos se infiere que la convocatoria a conformar una alianza
estratégica no se dirige a los pequeños cultivadores, sino a los grandes
productores capitalistas, más propiamente al poderoso sector agroindustrial de
Santa Cruz que concentra la producción agrícola, y que controla, junto a la
burguesía de Beni, más del 80% de la producción de carne bovina.
La propuesta del
agronegocio
Los empresarios
afirman que la escasez y la especulación es la factura que paga el Presidente
por haber confrontado al sector productivo y a los inversionistas privados. El
presidente de Anapo Demetrio Pérez recordó que en este último tiempo no hubo
comunicación con su gremio, “no sabemos las razones del porqué; según nos
dijeron, tenían otra agenda u otra prioridad”.
El vicepresidente de
la Confederación de Ganaderos de Bolivia (Congabol) Cristian Satori criticó la
falta de apoyo del gobierno, alertó que los productores nacionales están
desincentivados por la inseguridad jurídica, y dijo que a consecuencia de los
fenómenos naturales la oferta de carne se verá reducida, sin descartar un
incremento de precios en los próximos meses. El consumo interno de carne es de
aproximadamente 180 mil toneladas y la oferta para 2011 será de 170 mil
toneladas.
En un Foro celebrado
en 2008 en La Paz, el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) advirtió
sobre las serias consecuencias de una crisis alimentaria a nivel mundial que
afectaría a Bolivia, y aconsejó al gobierno que no tome decisiones “reactivas”
y “cortoplacistas” (prohibiciones de exportación, establecimiento de cupos, licencias
previas y control de precios internos), sino medidas inteligentes y
“proactivas” que no solo garanticen el abastecimiento interno, sino que generen
saldos exportables.
El IBCE, un “tanque de
ideas” que defiende los intereses de la burguesía agroindustrial, señala que
desde 2007 el gobierno aprobó más de 13 decretos supremos para restringir las
exportaciones de carne de pollo, aceite de soya y girasol, maíz, trigo y otros
productos.
El representante de la
Organización para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas (FAO)
en Bolivia Gonzalo Flores comentó que las restricciones a las exportaciones, el
control de precios y la intromisión del Estado en la producción de aceite
“generaron un efecto boomerang” que desincentivó la producción de alimentos en
el país.
“Los productores de
maíz, de arroz y otros granos fueron desincentivados porque plantaban con una
expectativa de rentabilidad, sabían que podían exportar una parte de lo que
producían, pero al no poder exportar hacen un uso alternativo de su dinero y lo
colocan en otros rubros, principalmente construcción de bienes inmuebles”,
declaró Flores al diario La Razón.
El IBCE identificó
tres condiciones clave para fomentar la producción de alimentos en el país: a)
Seguridad jurídica para la tierra y las inversiones en el agro; b) Eliminar las
fijaciones de precios y las restricciones a la exportación; c) Mecanización,
riego y uso de la biotecnología para enfrentar de mejor forma el cambio
climático y aumentar la productividad.
Los agricultores
empresariales dicen que limitaron sus inversiones debido a la inseguridad
jurídica que existe en el país, como por ejemplo el cumplimiento de la FES para
las tierras productivas, condicionalidad establecida por la Ley del Instituto
Nacional de Reforma Agraria (INRA). “La FES está aprobada por dos años, pero un
financiamiento se produce para entre ocho y diez años”, argumentaron.
Los industriales están
presionando para que se modifique la legislación agraria. El Presidente de
Anapo pidió al gobierno que “flexibilice” la normativa de reversión de tierras
por causal de desmontes ilegales, y permita la expansión de la frontera
agrícola. “Algunos productores desmontaron áreas para sembrar más pero han sido
declarados ilegales; nosotros pedimos flexibilizar las normas para, de alguna
manera, regularizar ese desmonte y no recortar la producción”. Pérez aclaró que
no se trata de “deforestar”, sino de aprovechar racionalmente el suelo para
cultivar alimentos.
Según el dirigente
empresarial, antes de aplicar la letra muerta de la ley que manda revertir
propiedades y concesiones forestales cambiadas a usos agrícolas sin
consentimiento legal, primero se debería realizar un estudio técnico y
científico, y distinguir zonas con alto potencial para el cultivo de alimentos.
En Bolivia hay 15
millones de hectáreas aptas para cultivos agrícolas, pero se cultivan menos de 3 millones; deberíamos aprovechar la
nueva realidad mundial y dedicarnos a producir más alimentos (oleaginosas,
cereales, carnes) no solo para garantizar su propio abastecimiento, sino para
generar saldos exportables y con ello crear empleos, ingresos y soberanía
alimentaria, plantean los empresarios.
“El mundo tiene hambre
y Bolivia puede ayudar al mundo a producir más alimentos, generando para sí
soberanía alimentaria y más empleos”, fue la principal conclusión del Foro
Crisis Alimentaria Mundial: Oportunidades y Desafíos, organizado por el IBCE en
2008, donde se abrió la posibilidad de convertir la “amenaza” de la crisis
alimentaria en una “oportunidad” para Bolivia.
El IBCE advirtió que
no se podrá resolver la crisis alimentaria sin el uso de biotecnología para
mejorar rendimientos, combatir plagas y enfrentar los impactos del cambio
climático. Aseguró que para Bolivia es insuficiente el concepto de “seguridad alimentaria”,
el cual puede ser una trampa porque puede alentar las donaciones e
importaciones, como ocurrió con el trigo y la harina de trigo que convirtieron
a Bolivia en un país dependiente del abastecimiento externo.
Evo cumple con los
agroindustriales
El incremento del
precio de los carburantes fue el anticipo de lo que en realidad quiso decir el
Presidente hace cinco años cuando afirmó que “gobernar es hacer buenos
negocios”. Con el fallido gasolinazo de Navidad, Evo “cambió” el rumbo del
proceso de nacionalización de los hidrocarburos, y ahora pacta con el
agronegocio y desvía el proceso de reconducción comunitaria de la reforma
agraria.
“Mandar obedeciendo al
pueblo” es la consigna central de las gigantografías oficialistas que
proliferan en todas las ciudades capitales del país; mientras el Ejecutivo mima
a los empresarios y apuntala en silencio a la agroindustria exportadora. La ministra Morales
resaltó que “si alguien merece un reconocimiento importante y serio es el
empresariado que logra el propósito de exportar”. Y como muestra de su
reconocimiento otorgó el Premio Bolivia Exportadora 2010 a más de 50
exportadores que generan valor agregado, empleos e ingresos para la economía
nacional.
El gobierno reconoció
a los empresarios que exportaron aparatos para silvicultura y procesamiento de
carnes, aspersores y goteros para sistemas de riego, quinua orgánica roja,
manjar blanco o dulce de leche, granos aplastados y copos de avena, estevia
procesada y vinagres para mesa. Entre las empresas y emprendimientos
reconocidos figuran la Empresa Metalúrgica Vinto , Exportadores
Bolivianos SRL, Compañía de Productos de Camélidos. (Coproca), Asociación de
Productores de Quinua (Apquisa), Creaciones Paola, Boliviana de Aviación (BOA),
Albergue Ecoturístico Comunitario Pampalarama, entre otros. También destacan la Empresa Boliviana
de Almendras y Derivados (EBA) e Insumos Bolivia, ambas pertenecientes al
Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural.
“Las políticas
públicas de nuestro gobierno aunque no hayan sido ideales, se han esforzado
seriamente en el proceso de promover las exportaciones. Si en ese afán no hemos
sido perfectos aquí estamos para servirles y para perfeccionar cualquier
mecanismo de política pública, porque el exportador debe ser un actor privilegiado
en nuestra economía”, proclamó Morales luego de destacar el esfuerzo quijotesco
de los exportadores.
La vieja consigna
neoliberal de “exportar o morir” empieza a sonar fuerte en Palacio de Gobierno.
Hace exactamente un año Evo prohibía la exportación de alimentos básicos; hoy
su gobierno acelera la construcción de caminos, puentes y corredores
biocéanicos contemplados por la IIRSA con el fin de fomentar las exportaciones
agroindustriales y petroleras.
El gobernante indígena
tiene un nuevo lema: “Tenemos que buscar los caminos más adecuados para superar
la crisis alimentaria que abate al mundo, y que puede convertirse en una
oportunidad para Bolivia y otras naciones poseedoras de recursos naturales para
que se conviertan en abastecedoras de alimentos”.
El gobierno coincide plenamente con los
empresarios que piden ampliar la frontera agrícola para “garantizar
alimentos para el pueblo”. “Hay que producir más de lo que se produce ahora, en
este momento la capacidad productora del sector privado solamente satisface los
lujos temporales de la población y no sirve para la acumulación y el
almacenamiento de alimentos”, dijo el ministro de Economía Luis Arce
Para incentivar la
producción agrícola, el Estado comprará arroz, maíz y trigo pagando 10% más que
el precio de mercado y garantizará el seguro agrícola para todos los sectores
productivos, incluidos los grandes empresarios del agronegocio.
El gobierno parece
dispuesto, inclusive, a autorizar el cultivo de transgénicos resistentes a
plagas, enfermedades y anomalías climáticas. “El hecho de que el gobierno haya
expresado su disposición a considerar y analizar el tema de la biotecnología
para su aplicación al proceso productivo es un avance importante”, destacó el
presidente de la
Cainco Eduardo Paz.
La Constitución
aprobada por la
Asamblea Constituyente en 2007 señalaba claramente en su
Artículo 408 que “se prohíbe la producción, importación y comercialización de
transgénicos”, pero la
Carta Magna aprobada por el Congreso Nacional y promulgada
por el presidente Evo Morales en 2009 abre la posibilidad de que en el país se
pueda recurrir a los transgénicos. El Artículo 409 señala: “la producción,
importación y comercialización de transgénicos será regulada por Ley”.
En síntesis, el nuevo
plan gubernamental ya no es garantizar la soberanía alimentaria sino la
“seguridad” alimentaria; promocionar las exportaciones y los transgénicos; y
sobre todo asegurar líneas de crédito diferenciado del Estado y de la banca
privada. La Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) abrió la
posibilidad de otorgar hasta 4 mil millones de dólares en créditos de fomento a
varios proyectos productivos estatales y privados, entre ellos los enclaves
agroexportadores.
El Vicepresidente García Linera se reunió esta
semana con dirigentes de la CEPB en La Paz, y prometió un retorno “rápido y
seguro” y una alta rentabilidad a los empresarios que inviertan en agricultura,
hidrocarburos, minería, electricidad y carreteras.
García Linera reveló
que el Estado tiene previsto invertir 5.000 millones de dólares hasta 2013, y
“esto tiene que ser aprovechado como una gran oportunidad para el sector
privado mediado, pequeño, grande”. Propuso a la CEPB conformar un “ensamblaje
virtuoso entre Estado e inversión privada boliviana para transformar
industriosamente nuestra economía”, y subrayó que la Constitución garantiza una
convivencia armónica entre el Estado y el capital privado nacional y extranjero.
El giro pro
empresarial del “gobierno del cambio” ha sido criticado por antiguos
colaboradores de Evo, entre ellos el ex viceministro de Tierras Alejandro
Almaraz, quien acusó al régimen de otorgar millonarios beneficios a las
transnacionales petroleras.
“Lo grave es no haber
salido del capitalismo dependiente, de un Estado periférico subordinado, de una
economía extractivista destinada a satisfacer la demanda del mercado
internacional; estamos lejos, muy lejos, de ingresar a un modelo productivo y
producente de un modelo alternativo; estamos lejos de una articulación
integrada de la economía plural, que se encamine a la economía social y
comunitaria…”, observó el ex viceministro de Planificación e ideólogo del
proceso de cambio Raúl Prada.
El ex vocero
presidencial Alex Contreras dijo que el Presidente gobierna obedeciendo a los
agroindustriales, a las transnacionales y a los contrabandistas que lucran con
los alimentos básicos. “Gobernar obedeciendo al pueblo es un simple eslogan que
nadie ya cree porque el gobierno perdió credibilidad”, lamentó.
Para muchos
economistas está claro que en el país continúan imperando el neoliberalismo y
los privilegios de los grandes empresarios que vivieron su mayor auge en el
período “neoliberal” iniciado en 1985, cuando el presidente Víctor Paz
Estenssoro dijo con voz cansada “Bolivia se nos muere”.
En una entrevista
con la red Erbol ,
el jefe de Investigaciones del CEDLA Enrique Ormachea comentó que “si el gobierno no cambia la política neoliberal, los
empresarios van a hacer lo que quieren (y) van a querer ajustar sus precios al
mercado internacional; no hay capitalistas que quieran ganar menos; no producen
por patriotismo, sino para ganar plata…”.
* Boletín N. 89 del
Servicio de Noticias Ambientales (SENA) del Fobomade.
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