Argentina.
Las graves consecuencias
del modelo extractivista:
el envenenamiento y criminalización de nuestros pueblos e indígenas.
20 de octubre de 2015
·
· Por
Sebastian Polischuk,
Resumen Latinoamericano/.- A
pesar de que se pretenden acallar las voces de militantes sociales, sean
médicos, ambientalistas o pueblos indígenas, cada vez sale a la luz las
resistencias a las desastrosas consecuencias llevadas a cabo por la minería a
cielo abierto, la explotación de petróleo con el fracking (fractura hidráulica),
y el monocultivo de la soja con el agronegocio, siendo precisamente un año
particular de luchas contra este modelo.
Casos de
visibilización de la contaminación de la empresa Barrick Gold en la provincia de
San Juan O la lucha de médicos, abogados e indígenas que pelean contra el modelo
de los agronegocios (impulsor de cultivos con semillas transgénicas y el uso de
agroquímicos en la agricultura) han obligado a que en marzo la Organización
Mundial de la Salud recién considere a los agroquímicos tales como el glifosato,
peligroso para la salud. Siendo un modelo que afecta y que va a la par del
quite de tierras a pueblos como los qom, Pilagá, Wichí y Nivaclé, se mantienen
firmes en su lucha acampando por más de 8 meses en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en defensa y por la devolución de sus tierras. Lo mismo sucede con otros
pueblos como los mapuches y la comunidad Winkul Newen que resiste al avance de
las petroleras, donde a Relmu Ñamku (una de sus integrantes) la justicia
neuquina pretende condenarla a prisión, usando la Ley Antiterrorista.
El verdadero
modelo del agronegocio: Cánceres, abortos, y malformaciones en aumento
Alrededor de
13.400.000 de personas en Argentina conviven con la aplicación de más de 370
millones de litros anuales de agrotóxicos en lo que hace al 60% del territorio
cultivado por monocultivos como soja, que es principal producto de la economía
de nuestro país[1]. Según la Organización Mundial de la Salud y otras
instituciones, los agrotóxicos son causantes de graves daños en el ADN, además
de cáncer, alergias y enfermedades respiratorias, afectando de manera escalonada
a gran parte de la población que habita con estas plantaciones[2]. El
coordinador de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, Medardo Ávila Vásquez
aseguró que está “probado que en los poblados próximos a las áreas fumigadas el
número de muertes por cáncer, que en el país es de 1 cada 5, se eleva a una cada
tres y llega a una cada dos en los casos más graves”[3].
En la
localidades agrícolas, como la cordobesa de Monte Maíz, Ávila Vásquez reveló que
“casi el 10 por ciento de las mujeres embarazadas de entre 15 y 40 años
sufrieron abortos espontáneos en los últimos 10 años, cuando la media nacional
es del 3 por ciento; además de que el 3 por ciento de los niños vivos menores de
10 años habían nacido con malformaciones, mientras la media provincial era de
1,68 por ciento”[4]. Otro de los tantos ejemplos es el de la comunidad qom de
Avia Terai, cercana a Sáenz Peña (Chaco), donde está la planta CFM Mandiyú
Monsanto, la abogada Alejandra Gómez afirmó que en ese lugar, “el 31 por ciento
de las familias tuvieron parientes con cáncer en los últimos 10 años”[5].
La intomable
agua y desertificación que deja la minería a cielo abierto
En la provincia
de San Juan la empresa minera Barrick Gold, provocó el 12 de septiembre, el
derrame de más de un millón de solución cianurica. Profesionales de la
Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) analizaron inmediatamente el agua de las
localidades de Jáchal e iglesia cercanas a la minera Veladero. En esos estudios
comprobaron que si bien el cianuro no estuvo presente en las muestras, se
detectó gran cantidad de metales pesados dañinos para la salud. Según el geólogo
de esa universidad Marcelo Giraud, estos componentes “superan un porcentaje muy
significativo, hasta 1400 veces por encima de los máximos establecidos por la
Ley Nº 24.051 sobre residuos tóxicos y la Ley Nº 24.585 de protección ambiental
minera, y son valores que también corresponden a los del código alimentario
argentino. Los resultados establecieron que el agua no es apta ni para consumo
humano, ni tampoco para riego, ni para bebida de ganado”[6].
El intento de
aplicar la Ley Antiterrorista a los mapuches en su resistencia a las petroleras
Tanto Relmu
Ñamku como Martín Maliqueo y Mauricio Rain deberán afrontar, a partir del 26 de
octubre al 5 de noviembre un juicio por haber resistido a uno de los tantos
desalojos que padecía la comunidad Winkul Newen, frente a la empresa petrolera
Apache (hoy YPF, empresa estatal aliada a la estadounidense Chevron) en
diciembre de 2012, en el que resultó herida una oficial de policía, mientras
velaban a un bebé muerto por malformaciones, producto de la contaminación. Para
este caso la fiscalía los imputó sin indagar en los maltratos y la violencia que
la empresa y la policía ejercían contra la comunidad en reiteradas ocasiones. A
Relmu la acusan de “tentativa homicidio” basándose en Ley antiterrorista (Ley
26.734) y pretenden darle más de 15 años de prisión en un juicio que va a ser
por jurado, mientras que a los otros dos imputados los acusan por “daño”. Y lo
grave es, como ella afirma por esta causa que: “vemos que detrás de nosotros se
va a ampliar a todos los que estamos luchando y eso es lo peligroso”.
Todos estos
casos son innumerables ejemplos de cómo está operando el modelo extractivista
que actúa bajo la complicidad estatal, donde por más que intenten no podrán
acallar la resistencia y el combate de los y las que luchan.
No hay comentarios:
Publicar un comentario