Hidrocarburos
y ambiente en la Argentina: Misceláneas de una relación problemática, de los
pingüinos empetrolados al fracking
Hernán Scandizzo1
Resumen
Nos proponemos un
acercamiento a la problemática relación producción de hidrocarburos / ambiente,
partiendo de la necesidad de elaboraciones colectivas para intervenir en las
definiciones de la política energética. Decimos que es una relación
problemática por los impactos socio-ambientales resultantes de la actividad
-degradación y contaminación del suelo, agua y aire y sus derivaciones en la
salud de humanos y no humanos, etc.-, pero también por los abordajes que se
hacen de esta relación desde diferentes instancias gubernamentales y de la
sociedad civil.
A
partir del racconto de momentos de las últimas tres décadas en que se puso en
tensión la problemática relación hidrocarburos-ambiente nos detenemos en las
sensibilidades colectivas que se manifiestan en torno a los impactos de esta
actividad; las demandas de organizaciones políticas, indígenas y sindicales, y
también en los usos de lo ambiental en la relación estados-empresas.
Desde la década de 1980,
en diferentes puntos del país, grupos ecologistas impulsaron campañas contra la
construcción de represas, emprendimientos forestales y piscícolas; también
contra el agro-negocio, la instalación de centrales y repositorios nucleares y
de industrias petroquímicas, entre otros.2 Sin embargo, fue en los
primeros años de la década del 2000 en que, a fuerza de multitudinarias
movilizaciones, las luchas socioambientales irrumpieron para quedarse en la agenda
política. Dos hitos de aquel momento fueron el No a la Mina en Esquel, Chubut;3
y la oposición a la instalación de dos plantas de producción de pasta de
celulosa en Fray Bentos (Uruguay), frente a la ciudad entrerriana de
Gualeguaychú.4 En ese auge de las luchas socio-ambientales
proliferaron espacios de participación/militancia como asambleas, foros y
multisectoriales, desde los que se problematizó el modelo productivo y se
impulsaron campañas.
Por
entonces, la crítica a los impactos de la explotación de hidrocarburos tenía un
lugar marginal en esa agenda; más que el cuestionamiento a la dependencia de
una matriz energética preponderantemente fósil (gas, petróleo y carbón), se
repudiaba al saqueo de éstos, perpetrado por empresas transnacionales como Repsol
YPF. Una consecuencia de la privatización de la petrolera nacional, Yacimientos
Petrolíferos Fiscales (YPF), y la liberalización del sector. En las décadas de
1990 y de 2000 la producción de hidrocarburos fue puesta en tensión en diversos
momentos por conflictos territoriales y denuncias de contaminación que
afectaban la calidad de vida de poblaciones humanas y no humanas. Sin embargo,
recién 2012, con la irrupción de la técnica de fracturación hidráulica o
fracking5, aplicada en yacimientos no convencionales, la crítica a
esta actividad logró insertarse plenamente en la agenda socio-ambiental. Las
fuertes campañas de rechazo al fracking, principalmente en Europa y Estados
Unidos -por los riesgos e impactos ambientales asociados a su aplicación- contribuyeron
a poner el tema en ese lugar, y se generaron fuertes movimientos de oposición
en regiones sin antecedentes de extracción de gas y petróleo, como es el caso
de las provincias de Entre Ríos y Buenos Aires.
La conquista del nuevo desierto
En los primeros años de la
década de 1990 se inició un proceso simultáneo de privatización, desregulación,
federalización y transnacionalización del sector. La empresa estatal YPF fue
convertida en una sociedad anónima y sus acciones –en principio en poder de la Nación
y las provincias productoras- fueron vendidas hasta que, en 1999, fue
controlada casi en su totalidad por la compañía española Repsol -el Estado
mantuvo el derecho a participar de las decisiones del consejo directivo y el
poder de veto. En tanto el dominio del gas y el petróleo pasó de la Nación a
las provincias -en un proceso que comenzó con la sanción de la Ley 24.145 en
1992, conocida como Ley de Federalización de Hidrocarburos y Privatización de
YPF, continuó con la reforma de la Constitución Nacional
en 1994 y culminó en 2006 con la sanción de la ley 26.197, conocida como Ley
Corta. En ese marco de transformaciones, el gas y el petróleo perdieron su
carácter de recurso estratégico -uno de los puntales de la épica nacional
desarrollista argentina- para convertirse en un commodity;7 y se
incrementaron los niveles de extracción a partir de la puesta en producción de
áreas que habían sido exploradas por la empresa estatal y permanecían en
reserva. Este proceso de ampliación de la frontera extractiva, fue acompañado
por una serie de obras de infraestructura para el transporte y exportación.8
Una consecuencia de estas transformaciones fue el avance de la actividad
hidrocarburífera sobre territorios de comunidades indígenas, lo que desencadenó
una serie de conflictos.9 Conflictos que expresaban, además, la
emergencia política de estos pueblos.10
Uno de los casos hito fue
la lucha de la comunidad kolla Tinkunaku, en Orán, contra el tendido del
gasoducto NorAndino, que atraviesa las provincias de Salta y Jujuy, y tenía
como objetivo exportar gas a Chile. Los comuneros reclamaron el respeto a sus
derechos territoriales y la protección de la selva de yungas. La demanda tuvo
gran repercusión mediática, pero por la intervención de la organización
ecologista Greenpeace, quizá se la recuerde más como una de las primeras
cruzadas para evitar la extinción del yaguareté, cuyo hábitat era afectado por
el proyecto (di Risio y Scandizzo, H., 2012: 125-127).
Otro caso emblemático es
el de las comunidades mapuche Kaxipayin y Paynemil, en la provincia de Neuquén,
detonado por el Proyecto Mega: la construcción de una planta separadora de gas
y tendido de un gasoducto de 600
km hasta el polo petroquímico de Bahía Blanca (Gavaldà,
M., 2003: 32-42; Red DESC, s/d). La obra implicó una mayor ocupación del
territorio ambas comunidades, cercanas a la localidad de Añelo, que estaban
afectadas por la explotación del mayor yacimiento de gas del país: Loma La Lata. En el marco de ese
conflicto las familias mapuche denunciaron la contaminación a la que estaban
expuestas de manera crónica. Eran tales las concentraciones de condensados de
gasolina en las napas freáticas, de las que se abastecían los comuneros, que el
líquido que extraían ardía al acercarle fuego. La ampliación de la frontera
extractiva hacia áreas secundarias, que en algunos casos permanecían como
reservas, también generó un desplazamiento de los conflictos territoriales.
De Loma La Lata, el foco
de tensión se extendió a la zona centro de la provincia de Neuquén, a yacimientos
cercanos a las ciudades de Cutral Co y Zapala, donde las comunidades Logko
Puran y Gelay Ko protagonizaron cortes de ruta, bloqueos de locaciones y tomas
de instalaciones petroleras para detener la perforación de pozos y demandar la
implementación de los mecanismos de consulta y participación contemplados en el
Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la OIT. La respuesta estatal
fue la represión, judicialización y la estigmatización (Salgado, J.M.; Gomiz;
M.M. et al., 2010).
Control del recurso y apropiación social de la
renta
Los impactos
socioeconómicos de la privatización de YPF –desempleo por reducción de personal
y depresión de las economías regionales- se sintieron en las comarcas
petroleras de todo el país y dieron lugar a puebladas en Cutral Co y Plaza
Huincul, en la provincia de Neuquén, en junio de 1996 y abril de 1997; y en las
localidades salteñas de Tartagal y Gral. Mosconi, en mayo y noviembre de 2000 y
junio de 2001.
En
ese contexto cobraron fuerza las movilizaciones de sindicatos y organizaciones
políticas y populares que reclamaban la re-estatización de YPF y denunciaban el
saqueo de los hidrocarburos; se focalizaban en el control del recurso y la
apropiación social de la
renta. La prórroga de la concesión del yacimiento Loma La Lata-Sierra Barrosa
a Repsol YPF, firmada en 2000 por el entonces presidente de la Nación Fernando De
la Rúa, diecisiete años antes de que venciera el contrato, funcionó como uno de
los catalizadores de esa lucha (Dellatorre, 2000). De igual modo funcionaron la
sanción de la
llamada Ley Corta ; 11 la renovación anticipada de
la concesión del yacimiento Cerro Dragón a Pan American Energy, en 2007;12
y la prórroga anticipada de contratos petroleros implementada por el gobierno
de Neuquén, en 2008.13
En el marco de esos
procesos de movilización se conformaron organizaciones como el Movimiento por
la Recuperación de la Energía Nacional Orientadora (Moreno), en 2001,
constituido por un grupo de “militantes de distintas extracciones políticas,
sociales y gremiales”, que “brega por el derecho del pueblo a la energía y la
recuperación de todos nuestros recursos naturales” (Moreno, 2009); y el Nuevo
Pensamiento Energético Latinoamericano (NPEL), en 2005, para “la generación de
análisis y políticas que tengan como epicentro la integración de los
trabajadores y que de su elaboración se desprenda la búsqueda de la puesta de
los recursos naturales al servicio de la clase obrera y los pueblos” (NPEL,
2007: 13). La
Confederación Mapuche del Neuquén -que nuclea a las
comunidades de esa provincia-, también intervino en esas coyunturas, en sus
planteos enfatizaba la violación de derechos territoriales y los impactos
sanitarios, ambientales y culturales derivados de la extracción de
hidrocarburos. Impactos que, a pesar de su magnitud, aparecían como un aspecto
periférico en las críticas a las políticas hidrocarburíferas sostenidas por las
organizaciones no indígenas.14
En 2008, con la creación
del Observatorio Petrolero Sur (OPSur), se constituyó un colectivo que propone
incorporar la perspectiva socio-ambiental a la lucha por el control público de
los hidrocarburos y la apropiación social de la renta. En sus
postulados, plantea además, la necesidad de democratizar la gestión de la
energía y diversificar y desfosilizar la matriz (OPSur s/d).
Pingüinos y liberalización del sector
Más arriba se hacía
referencia a que mientras la comunidad Tinkunaku del Pueblo Kolla planteaba la
defensa de su territorio y la protección de la selva de yungas como eje de la
oposición al trazado del gasoducto NorAndino, la organización ecologista
Greenpeace ponía el acento en que se afectaba el hábitat del yaguareté, una
especie amenazada (Greenpeace Argentina, 2002; Clarín, 1998; La Nación 1998a y
1998b). La atención puesta en el impacto de la actividad hidrocarburífera sobre
la vida silvestre no se dio sólo en ese caso, sino que fue el enfoque
preponderante en las coberturas periodísticas de comienzos de la década de
1990, al menos de la prensa de Buenos Aires. La aparición masiva de pingüinos
empetrolados en las costas del Atlántico Sur, en 1991, tuvo un abordaje
similar. Incluso se pusieron en cuestión prácticas extendidas hasta ese momento
en la producción de hidrocarburos como el uso de piletas de purga15, porque se
transformaban en trampas mortales para las aves, que las confundían con espejos
de agua en sus rutas migratorias. Estas referencias no son en función de
caricaturizar ni de desestimar la defensa de vidas no humanas, sino marcar la
ausencia de un abordaje integral de la problemática, que por una estrategia
comunicacional o por convicción, ponía el acento en los impactos sobre la vida
silvestre y no sobre el conjunto.16 ¿Qué expresaba la aparición masiva de
pingüinos en esas condiciones? Según investigaciones posteriores, eran un
emergente del proceso de privatizaciones y liberalización del mercado
hidrocarburífero. El biólogo Pablo García Borboroglu, del Centro Nacional
Patagónico —dependiente del Conicet— y su colega Dee Boersma, de la Universidad
de Washington, analizaron los relevamientos de 26 instituciones que registran
y/o rehabilitan aves marinas empetroladas, desde Fortaleza (Brasil) hasta San
Antonio Oeste (Argentina). A la luz de los datos de explotación y comercio de
crudo, observaron "un dramático incremento [de pingüinos empetrolados] a
mediados de los 90, coincidente con el crecimiento exponencial de exportaciones
de petróleo en Argentina" (Borboroglu, P., Boersma, P. Reyes, L. et al.,
2008).17 El foco sólo en los pingüinos -y otras especies no humanas empetroladas
o en riesgo- funcionó para plantear un tema novedoso para quienes vivían
alejados de los yacimientos: la producción de petróleo afecta a la Naturaleza. Naturaleza
de la que no eran parte los seres humanos.
Pueblos empetrolados
En la segunda mitad de la
década de 1990 tomaron estado público dos casos de poblaciones empetroladas:
las comunidades mapuche Kaxipayiñ y Paynemil, en Neuquén, y Koluel Kaike, en
Santa Cruz. En ambos se denunció la contaminación con hidrocarburos de las
aguas subterráneas utilizadas para consumo. Quizá que los casos de las
poblaciones empetroladas no sean tan recordados, como el de los pingüinos u
otras especies -a pesar de que también tuvieron cobertura mediática-, de alguna
manera habilita a que se repitan situaciones similares, como las denunciadas
por vecinos de Caleta Córdova tras el derrame de crudo de diciembre de 2007, e
incluso también se cuestione la legitimidad de las personas empetroladas,
cuando demandan que se garanticen sus derechos. Loma La Lata y los olvidos
selectivos En Loma La Lata, cien kilómetros al norte de Neuquén capital, se
explota el yacimiento gasífero más importante del país. Su descubrimiento y
puesta en producción, a cargo de YPF estatal en 1978, fue un punto de inflexión
para la economía neuquina y marcó la preeminencia de la provincia en el sector.
Este yacimiento abarca ocho mil hectáreas del territorio de las comunidades
mapuche Paynemil y Kaxipayiñ. En 1995 los Paynemil constataron que el agua de
las napas que extraían para consumo tenía una particularidad: era inflamable
-luego se confirmó la presencia de hidrocarburos.18 Al año siguiente el Estado
provincial, a través de estudios realizados por la Subsecretaría Provincial
de Salud, certificó que los comuneros tenían elevados niveles de metales pesados
en sus cuerpos (La Nación, 2002).
En 1997 la entonces Defensora
de la Niñez y la Adolescencia de Neuquén, Nara Osés, denunció al Estado
provincial por no garantizar un medioambiente sano y la salud de la población. Obtuvo
un fallo favorable del Tribunal Superior de Justicia neuquino, pero la inacción
del Ejecutivo local hizo que el caso llegara a la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos –instancia que aceptó la denuncia (caso 12.010) e intimó a
la provincia y a Repsol-YPF a garantizar la provisión de agua segura (OPSur,
2010 y 2011).
Las demandas contra la
provincia y la operadora del yacimiento no impidieron que en 2000 se prorrogara
por diez años la concesión de Loma La Lata-Sierra Barrosa
a Repsol-YPF. Dos años más tarde en la comunidad Kaxipayiñ
se registró un caso de anencefalia (La Nación, 2002). La exposición crónica a
un ambiente tóxico se había manifestado, también, a través de diferentes tipos
de cáncer, pérdida de embarazos, afecciones en la piel, vista, aparato
digestivo y sistema nervioso, que fueron constatados en estudios realizados en
2001, uno coordinado por el abogado Carlos Falaschi, con participación de la Asamblea Permanente
por los Derechos Humanos de Neuquén y la Universidad Nacional
del Comahue, y otro por
los laboratorios privados
Umweltschutz Argentina, Umweltschutz Nord GmbH y Caro Biotechnik GmbH. A pesar
de las consecuencias sanitarias de vivir en un yacimiento en explotación, la comunidad Kaxipayiñ
y, particularmente, su werken (vocero), Gabriel Cherqui, han sido instalados en
el imaginario neuquino como el paradigma del mapuche que realiza denuncias
ambientales y demandas territoriales para obtener réditos económicos (La
Nación, 2000). Un estigma abonado desde hace casi dos décadas y reafirmado
periódicamente tanto por medios de prensa (Clarín, 2017), como por funcionarios
nacionales (Parlamentario.com, 2014). Sobre el deterioro de la salud de los
comuneros y la degradación de su territorio campea el olvido. Koluel Kaike, un
recuerdo difuso En 1999, a
partir de una causa judicial iniciada en el juzgado federal de Comodoro
Rivadavia, tomó estado público la situación ambiental de la localidad de Koluel
Kaike, derivada de la explotación del área Piedra Clavada, a cargo de la empresa Pan American
Energy (La Nación, 1999). A partir de una serie de pericias ordenadas por la
Justicia se determinó que la población de la localidad del norte de Santa Cruz
estaba expuesta a compuestos tóxicos acumulados en el suelo y aguas
subterráneas. El caso se instaló en la agenda pública y desde el Senado de la
Nación, en dos oportunidades, se presentaron pedidos de informes al Poder
Ejecutivo Nacional. La causa judicial no prosperó, no por falta de elementos
sino porque quedó paralizada por cuestiones burocráticas en 2006. La empresa
aseguró que la denuncia de contaminación era parte de un intento de extorsión,
sin embargo, instaló una planta de ósmosis inversa para tratar el agua con que
se abastece a la localidad (OPI Santa Cruz, 2008). Luego de esa primera
denuncia se sucedieron otras más, la última en 2013, en todas se destaca la
lentitud de la operadora para remediar daños y adoptar normas de protección del
ambiente (La Opinión
Austral , 2013; Tiempo Sur, 2009).
La contaminación en Piedra
Clavada fue tomada en 2007 como elemento para cuestionar la prórroga anticipada
del contrato de concesión a PAE. Casi dos décadas más tarde el recuerdo de la
contaminación en Koluel Kaike se vuelve difuso.
Caleta Córdova, queremos ser pingüinos
El 26 de diciembre de 2007
se produjo un derrame de hidrocarburos en Caleta Córdova, veinte kilómetros al
norte del centro de Comodoro Rivadavia, durante la maniobra de carga de un
buque de la
empresa Antares Naviera en la monoboya de Termap S.A.
Trescientos metros cúbicos de petróleo tiñeron de negro siete kilómetros de
playas, acantilados, pesquerías; flora, fauna y gente. El hecho impactó en la
memoria de los pobladores de la caleta de pescadores. En una entrevista
realizada en 2011, Rosa Montecino, aseguró que a partir de ese episodio en el
vecindario empezaron a contar los derrames. “A partir de ahí empezamos a tener
una mirada un poco más profunda. Entonces empezamos a hilar más gente un poco
más chico. Ahí fue donde impactó en la memoria, esa gran ola que llegó hasta la
costa, pero siempre hubo derrames.” La llegada del petróleo a la costa, según
Montecino, posibilitó que los vecinos y vecinas desnaturalizaran los derrames y
que además percibieran otros impactos más allá de la marea negra. “No hay una
mirada desde el Estado sobre cómo impacta el petróleo en la salud de la
población que está en contacto directo. Sí hubo una mirada hacia los pingüinos,
porque no solamente hay una contaminación de la vida de ese animal sino que hay
una contaminación visual.
Pero en mí o en mis hijos,
el petróleo no va a dejar una contaminación visual, seguramente va a dejar una
contaminación residual, que puede llegar a provocar un cáncer”.19 Vecinos de
Caleta Córdova denunciaron que tras el derrame comenzaron a registrarse
enfermedades crónicas entre los pobladores y las adjudicaban a los diluyentes
utilizados en la limpieza del crudo. A mediados de 2011 fue entregada a la
Oficina de Protección de Derechos y Garantías de la Niñez, la Adultez y la
Familia de Comodoro Rivadavia una lista de niños que sufrían afecciones en la
piel y las vías respiratorias. El organismo convocó a autoridades del sistema
de salud municipal y provincial, y al Foro Ambiental y Social de la Patagonia a
integrar una mesa de trabajo. “Eran 18 niñitos con cuestiones respiratorias,
alergias y cuadros dermatológicos varios”, recordó Liliana Murgas, que entonces
trabajaba en la Oficina de Protección de Derechos y Garantías.20 “Cuando
vinieron los vecinos empezamos a reunirnos con distintos profesionales para que
nos dijeran qué pasaba. Lo que queríamos era que se hiciera un diagnóstico de
esos chicos, pero no por el Centro de Salud del barrio, dependiente de la
Municipalidad, sino por un dermatólogo infantil. Logramos que se acordara el
traslado de esos chicos al Hospital Regional, que fueran vistos por un dermatólogo
y un perito de parte. Todo con la firma de la directora del Hospital. ¿Y qué
pasó? Nos enteramos que hicieron ese traslado, revisaron a los chicos y no
convocaron a la Oficina de Derechos y Garantías ni al perito de parte, y luego
dijeron que no había ningún tipo de problema. Lamentablemente no pudimos
avanzar de ahí.”
Territorios de incertidumbre
Estos son algunos ejemplos
de daños ambientales que tenían o podían tener impacto directo en la salud de
la población, donde no eran pingüinos sino personas empetroladas. A dos décadas
de las primeras denuncias, la invisibilización de estas problemáticas alimenta,
en la población de ciudades y localidades yacimientos, la convicción de una
mayor prevalencia de ciertas patologías respecto de otras regiones del país.
“Lamentablemente hay poco trabajo [epidemiológico en Argentina] en relación a
los problemas ambientales y a relacionar el ambiente con enfermedades no
transmisibles, como el cáncer u otro tipo de enfermedades hemato-oncológicas,
anemias importantes, perniciosas. Hay mucha información sobre los daños sobre
la salud provocados por determinados contaminantes ambientales derivados del
petróleo. Está bastante estudiado a nivel internacional, pero hay un gran
déficit de estudios epidemiológicos locales, que uno pueda demostrar daños
sobre la salud que provocaron determinadas situaciones ambientales”, se explayó
la médica generalista Susana Muñoz, docente y coordinadora de la Tecnicatura Superior
en Salud Comunitaria, en una entrevista realizada en 2016.21 “Comodoro
[Rivadavia] estaría en una situación casi ideal para hacer eso, hay importantes
sectores de la población que se podrían estudiar, que han estado en contacto,
que siguen estando, porque viven en zonas donde había pozos petroleros o por
contactos laborales. Hay muchas condiciones, pero no ha habido desarrollo”, se
lamentó.
Emergencia y muerte de la cuestión ambiental en
Neuquén
Por lo general los daños y
pasivos ambientales de la actividad petrolera han sido invisibilizados por las
diferentes instancias gubernamentales (municipal, provincial y nacional),
aunque en contextos particulares asumen la existencia de tales impactos.
Contextos particulares que tienen en común la fugacidad y que lo ambiental es
instrumentado como variable de presión en negociaciones con empresas. En
algunos casos eso explicitado en medios de prensa, como en mayo de 2006, cuando
el Gobierno del Neuquén le quitó a la compañía Pioneer Natural
Resources la licencia ambiental sobre tres áreas. En esa oportunidad el diario
Río Negro destacó: “La sanción fue resuelta en el contexto de la ofensiva
lanzada desde mediados del año pasado por [el gobernador Jorge] Sobisch contra
las petroleras, cuando las intimó a liquidar las regalías sin deducir las
retenciones a las exportaciones” (Río Negro, 2006). También se dio el caso de
autoridades que lo expresaron en declaraciones a la prensa. En octubre de
2012 el entonces intendente de Comodoro Rivadavia, Néstor Di Pierro, se refirió
a la creación de un fondo solidario a través del cual las empresas petroleras
canalizarían aportes voluntarios al municipio. Consultado si creía que las
operadoras acompañarían la iniciativa, el mandatario afirmó: “Tienen un
problema: o se comprometen o nosotros las vamos a denunciar en todos los
lugares donde podamos denunciarlas. Y vamos a avanzar muy fuertemente en el
control del daño ambiental... El Estado tiene herramientas” (MU, 2012:4).
Y en el plano nacional esa
situación se manifestó en 2012 y 2013, durante el proceso de expropiación del
51% de las acciones de Repsol YPF; los pasivos ambientales funcionaron como
variable para negociar el monto de la compensación que se pagaría a la
petrolera española (OPSur, 2013).
Neuquén, planes de diversificación productiva
En 1997 Felipe Sapag, en
su quinto y último mandato como gobernador, lanzó el Plan Neuquén 2020. La
provincia atravesaba un escenario contradictorio, por un lado los hidrocarburos
se habían consolidado como el sector dominante del Producto Geográfico Bruto;
por el otro, se registraba una baja del precio de barril de crudo, las reservas
estaban en caída y se presagiaba un cercano fin del petróleo. Como telón de
fondo, se robustecía una alta conflictividad social producto de la
implementación de políticas de ajuste fiscal, tanto a nivel nacional como
subnacional. La alternativa que proponía el Plan era diversificar la matriz
productiva, apostando al desarrollo agroindustrial. En ese marco el Gobierno
neuquino también advirtió, por primera vez, que la degradación del territorio
por la explotación de hidrocarburos podía convertirse en un condicionante del
desarrollo productivo. La afirmación del mandatario surgía de la conclusión de
un informe elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) realizado por pedido de la provincia. El organismo había convocado para
evaluar los daños ambientales en la localidad de Rincón de los Sauces luego de
una serie de derrames que habían afectado la cuenca del río Colorado. Los
pasivos ambientales y económicos de tres áreas petroleras fueron valuados en
949 millones pesos/dólares, que la Provincia reclamó sin suerte a las
petroleras YPF, Pérez Companc y San Jorge (PNUD, 1998: 54). Una década más
tarde, el primer avance del informe El riesgo de desastres en la planificación
del territorio, también elaborado por el PNUD, advertía: “Los procesos de
degradación que afectan la base productiva (sobre todo el recurso suelo) son de
importancia central, si se tiene en cuenta que el modelo deseado territorial
planteado por Neuquén propone un cambio en la matriz productiva, pasando de una
economía basada en la actividad hidrocarburífera a otra más diversificada e
integrada verticalmente, con predominio de la actividad agroindustrial. Este
cambio también supone, hacia el futuro, una acción sobre los problemas de contaminación
ligados a la explotación de hidrocarburos” (PNUD, 2010: 313). Diagnósticos
similares fueron realizados en 2006 por el Concejo de Planificación y Acción
para el Desarrollo (Copade) de la provincia, en el marco del Plan Estratégico
Territorial, Argentina 2016. Sin embargo, los planes de diversificación
productiva y la preocupación por los procesos de degradación de los suelos
perdieron lugar en las prioridades de la agenda gubernamental a medida que el
potencial de yacimientos no convencionales de gas y petróleo adjudicado a
Neuquén auspiciaba años de bonanza.
“Ese
parece ser el destino de Neuquén [proveer de energía al país], marcado por una
historia petrolera de un siglo y por oportunidades de sus cuantiosos recursos
hidrocarburíferos, hidráulicos, eólicos, solares y de biomasa. Pueden
plantearse otros derroteros, pero no han aparecido propuestas viables y
sustentables, capaces de dar trabajo a quienes habitan y habitarán la provincia
a la par de suministrar al país la energía que necesita para su desarrollo”,
escribió el ingeniero y diputado provincial Luis Sapag, en pleno auge de la
explotación de yacimientos no convencionales en la cuenca Neuquina
(2013: 137-138). Quizá esa afirmación sea la mejor síntesis del espíritu de
euforia que embargaba (y embriagaba) a la clase dirigente local en la primera
mitad de esta década.
Vaca Muerta
Al ponerse en marcha el
proceso de puesta en valor de Vaca Muerta se desestimaron las advertencias
realizadas por el PNUD en 1996 y 2010 en torno a los procesos de degradación de
suelos y de agua. En el Plan de Desarrollo Estratégico de la Región Vaca Muerta ,
elaborado por el Ministerio de Planificación Federal y los gobiernos de
Neuquén, Río Negro, Mendoza y La Pampa, no hay referencia al impacto ambiental
de la actividad hidrocarburífera. Tampoco se plantea como problemática la
ampliación de la frontera petrolera sobre tierras dedicadas a la producción
frutícola -como ocurre en el Alto Valle del río Negro-; sólo se advierte la
aceleración de los procesos de urbanización de esas tierras como resultante de
la explosión demográfica dinamizada por la explotación de yacimientos no
convencionales. En tiempos de Vaca Muerta, plantear en Neuquén objeciones a la
ampliación de la frontera petrolera, en sintonía con las advertencias hechas
por el PNUD o el mismo COPADE, era adjudicado por el gobernador Jorge Sapag y la vicegobernadora Ana
Pechén a campañas de terrorismo ambiental (Multisectorial
contra la Hidrofractura de Neuquén, 2013). No había lugar a criticar al
fracking. A modo de cierre Han pasado casi dos décadas desde la aparición
masiva de los pingüinos empetrolados y de las primeras denuncias de personas
empetroladas, y sin embargo siguen sin ser asumidos cabalmente los riesgos
sanitarios a los que están expuestos tanto las poblaciones urbanas, campesinas
e indígenas que conviven directamente con la actividad, como también los
trabajadores y trabajadoras del petróleo (quizá el sector más invisibilizado) y
la Naturaleza no humana. En los diferentes momentos en que desde estamentos
públicos se habilitó la discusión, el interés de fondo no siempre fue abordar la problemática. También
es cierto que recién en los últimos años comenzó a adquirir cierta centralidad
la problematización de la producción de hidrocarburos desde una perspectiva
socio-ambiental y, para buena parte de las organizaciones sociales, políticas y
sindicales la disputa central es por el control del recurso y la apropiación
social de la renta, en un sector que permanece fuertemente trasnacionalizado a
pesar de la estatización parcial de YPF. Como advertimos, a través de estás
misceláneas buscamos problematizar la relación producción de hidrocarburos /
ambiente, de ninguna manera agotamos las aristas posibles, y sabemos que cada
una de ellas merece un desarrollo más profundo. Pero más allá de los límites de
esta selección, intentamos presentar un panorama con elementos que no siempre
aparecen relacionados, que no se los pone en diálogo, por ejemplo, el
empetrolamiento de aves y pueblos como secuelas, también, del proceso de
privatización y trasnacionalización del sector hidrocarburífero en la década de
1990. Una lectura confluente que no resuelve la problemática relación pero
permite, al menos, acercar posiciones entre quienes piensan la producción de
los hidrocarburos más allá del mercado.
Bibliografía
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