Argentina
extractiva:
el
cambio era la profundización
20 de diciembre de 2016
Por Darío Aranda*.
El
primer año del nuevo gobierno mostró continuidad y profundización del modelo
extractivo. Beneficios para el agronegocios y la megaminería.
Desfinanciamiento , vulneración de derecho y criminalización
para campesinos, indígenas y asambleas socioambientales.
Pergamino.
Corazón de la pampa húmeda, las mejores tierras de Argentina. El presidente
Mauricio Macri viajó junto a su gabinete y anunció el quite total a las
retenciones (impuesto a las exportaciones) agropecuarias y rebaja de cinco
puntos para la soja.
San Juan , provincia cordillerana. El Presidente anunció el
quite total a las retenciones a la megaminería (que eran de entre 5 y 10 por
ciento). Las dos medidas fueron tomadas en el primero mes de gobierno.
Macri,
que llegó al gobierno con las promesas de “cambio”, mostró continuidad y
profundización en las políticas extractivas.
Agronegocios
Al
frente del Ministerio de Agricultura nombró a Ricardo Buryaile, propietario de
estancias en Formosa, ex vicepresidente de CRA (Confederaciones Rurales
Argentinas), una de las entidades productoras de soja. Su primera medida
fue rebautizar el ministerio: pasó a llamarse de Agroindustria. También nombró
a Guillermo Bernaudo como jefe de Gabinete (de la Asociación Argentina
de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola -Aacrea-), Néstor Roulet
como secretario de Valor Agregado (de CRA), Ricardo Negri como secretario de
Agricultura (Aacrea -asociación de empresarios del agro-), Beatriz “Pilu”
Giraudo en la
flamante Coordinación de Políticas Públicas para el
Desarrollo Sustentable (presidenta de la poderosa Asociación
de Productores de Siembra Directa -Aapresid-).
Aacrea
y Aapresid son engranaje fundamental del agronegocios, empresarios mentores
ideológicos y de lobby transgénico. Nunca sus cúpulas habían formado parte del
Gobierno.
A
cinco días días de asumir la presidencia, Macri viajó a Pergamino y anunció el
quite de retenciones para los productos agropecuarios. Un medida de 10.000
millones de pesos, según el gobierno. Sin embargo, desde el diario económico El
Cronista estimaron, en base a la devaluación, un cifra distinta: 60.000
millones de pesos.
En
un cambio con el gobierno kirchnerista (que estuvo enfrentado con sectores del
campo, desde 2008), el macrismo estableció alianzas y amplió los beneficios
para el agronegocio, que en Argentina toma forma de transgénicos (soja, maíz,
algodón), uso masivo de agroquímicos y concentración de tierras en pocas manos.
Una
muestra en ese sentido fue el envío de un proyecto para nueva ley de semillas.
El sector empresario exige desde hace una década una nueva legislación, que
limite el “uso propio” (práctica tan ancestral como la agricultura, que implica
cosechar, guardar parte de esas semillas y volver a sembrar).
En
2012 el gobierno de Cristina Fernández intentó, en acuerdo con Monsanto,
modificar la ley, pero tuvo resistencias incluso dentro del Frente para la Victoria (FPV) y no pudo tratarla en el Congreso
Nacional.
En
abril pasado, la máxima autoridad de Monsanto, Brett Begemann, viajó desde
Estados Unidos directo a Buenos Aires para reunirse con el ministro Buryaile.
Reclamó el cobro de regalías extendidas (no quieren sólo cobrar al
momento de la venta, sino también cada vez que se reutilicen las semillas).
Brett Begemann destacó que “fue una buena reunión, porque tenemos una visión
común sobre el valor de las tecnologías, y tuvimos la oportunidad de compartir
la necesidad de contar con un sistema confiable para el reconocimiento de los
derechos de propiedad intelectual y el cobro de regalías por cada uso de
semillas con tecnologías patentadas”.
El
14 de octubre, el Ministerio de Agroindustria anunció: “El proyecto de ley de
semillas ingresó al Congreso”. Afirmó que se busca “garantizar la
investigación, tecnología y productividad”. El Ministerio remarcó que “desde el
Estado Nacional se trabajó en alcanzar los consensos necesarios con todos los
actores del sector público y privado, con el objetivo de regularizar el mercado
de semillas”.
No
fueron convocados ni se escuchó la opinión de organizaciones campesinas,
pueblos indígenas, académicos críticos al modelo ni de consumidores.
En
el Congreso Nacional no se logró acuerdo para su tratamiento. Incluso
organizaciones del agronegocios (como CRA y Sociedad Rural Argentina)
rechazaron que las grandes semilleras quieran cobrar las regalías extendidas.
Se
conformó la Multisectorial contra la Ley Monsanto de Semillas. Se trata de medio
centenar de organizaciones sociales, campesinas, ambientales y académicas que
cuestiona que el proyecto enviado por el Ministerio de Agroindustria “es
producto de las negociaciones entre el gobierno de Macri, las corporaciones
transnacionales y los grandes productores”.
En
2003, cuando Néstor Kirchner llegó a la presidencia, la superficie con soja era
de 12 millones de hectáreas. En 2015 fue de 20 millones, un crecimiento
geométrico. La estimación oficial para 2017 marca un aumento a 20,6 millones.
El maíz pasó de tres millones de hectáreas (2003) a 6,9 millones (2015). Para
2017 se aumentará a 7,3 millones. El trigo pasó de 6,3 millones en 2003 a (sojización mediante)
4,4 en 2015. Las proyecciones para 2017 es aumentar a 5 millones. En todos los
casos hay uso masivo de agroquímicos y el aumento de la superficie
(“corrimiento de la frontera agropecuaria”) implica avance sobre campesinos,
indígenas y desmontes masivos (en Argentina se desforestan un promedio de 32 hectáreas por
hora).
Campesinos
En
la Secretaría de Agricultura Familiar (SAF –área dedicada a la agricultura
campesina e indígena–) fue nombrado Oscar Alloatti. Despidió 250 trabajadores
en diez meses y realizó (bajo la órbita del ministro Buryaile) un ajuste
económico que dejó el área sin financiamiento. Renunció en octubre. Y el área
aún sigue acéfala.
“Hemos
vivido un año durísimo y muy negativo por el embate continuo del sector
empresarial hacia nuestros territorios, con mucha violencia e impunidad,
notando mayor intensidad que años anteriores. Se nota el gran envalentonamiento
a raíz del gran apoyo que sintieron del actual gobierno nacional, que ha
respaldado al agronegonegocio y a la megaminería en desmedro del sector
campesino-indígena”, afirmó Roger Almaraz, del Movimiento Campesino de Santiago
del Estero (Mocase).
Ciencia
El
Gobierno confirmó en sus cargos al ministro de Ciencia, Lino Barañao, y al
director de Biotecnología, Martín Lema, hombre clave en la aprobación de
transgénicos en el país. Barañao es reconocido promotor y aliados de las
empresas de transgénicos y agroquímicos. Llegó a afirmar que el “el glifosato
es como agua con sal” y, otra de sus máxima en defensa del herbicida, fue en
diciembre pasado: “De acuerdo con el prospecto de los plaguicidas, no hay
peligro”.
Lema
está al frente de la
Comisión Nacional de Biotecnología (Conabia), espacio
fundamental para autorizar las nuevas semillas transgénicas (en base a estudios
de las propias empresas). En 2016 aprobaron seis transgénicos de soja y maíz.
Las empresas beneficiadas fueron Syngenta, DowAgroSciences, Pioneer y Monsanto.
Minería
Por
decreto número 160/2015, el 21 de diciembre de 2015 el Presidente eliminó las
retenciones a las exportaciones mineras. El diputado nacional del Pro Eduardo
Cáceres, vicepresidente de la Comisión de Minería de Cámara de Diputados, había
adelantado la medida luego de una reunión con el ministro de Energía, Juan José
Aranguren (ex CEO de Shell): “Esto le abre la puerta de par en par a las
inversiones mineras”. Y aclaró que entre los proyectos en carpeta sobresalen
Agua Rica (Catamarca) y Potasio Río Colorado (Mendoza).
Pero
el mayor exponente público de la minería no provino del Ministerio de Energía
(donde depende la actividad). “La minería es una actividad productiva que el
gobierno nacional apoya y desarrolla. Las posiciones extremas terminan
politizando y desprestigiando actividades productivas que, cuando se hacen
seriamente, traen bienestar para la comunidad”, señaló el ministro de Ambiente,
Sergio Bergman.
Durante
todo el primer semestre el Ministro de Ambiente visitó ciudades claves en el
rechazo a la megaminería: Chubut (Esquel, Trelew, Rawson, Pirámides), Catamarca
(Andalgalá), San Juan (Jáchal) y La Rioja (Famatina y Chilecito).
En
todas las provincias Bergman repitió el mismo libreto. Propuso “debates serios,
diálogo” sobre minería y señaló que el problema era la “falta de controles”.
Rosario Carranza, de la Asamblea El Algarrobo de Andalgalá, explicitó
cómo se define a Bergman en las asambleas socioambientales: “Es un lobbista de
las mineras”.
En
2003, cuando el kirchnerismo llegó al poder, había en Argentina 40 proyectos
mineros en estudio. En 2015, antes de dejar el gobierno, el ministro de
Infraestructura, Julio De Vido, celebró que existían 800 proyectos en estudio.
El
nuevo Gobierno mantiene la misma línea e impulsa la puesta en marcha de una
decena de proyectos mineros. De extracción de litio en Jujuy y Salta, Pascua
Lama (San Juan), San Jorge y Potasio Río Colorado (Mendoza), Suyai y Navidad
(Chubut), Agua Rica y Filo Colorado (Catamarca), entre otros. En todos los
casos, existen rechazos de las comunidades locales.
“La
política extractiva se mantiene. La minería es política de Estado. Los
funcionarios siguen jugando para las mineras”, resume Aldo Flores, de la Asamblea El Algarrobo
de Andalgalá. Hace veinte años que allí está instalada Minera Alumbrera y no ha
cumplido con ninguna de las promesas (trabajo, desarrollo local, cuidado del
ambiente). La población no quiere más minería y rechaza un nuevo proyecto
(llamado Agua Rica), tres veces más grande que Alumbrera y a sólo 17 kilómetros de la
ciudad, donde nacen las fuentes de agua.
En
2010 cerraron el paso a los camiones de Agua Rica. Una feroz represión cayó
sobre los habitantes de Andalgalá y sobrevino una pueblada. Luego un juez local
suspendió el proyecto minero y la causa escaló hasta la Corte Suprema de
Justicia de la Nación (con dos acampes de los asambleístas en Buenos Aires,
para que los jueces no duerman la causa). En septiembre pasado, el Concejo
Deliberante de Andalgalá prohibió la megaminería en la localidad.
“Las
mineras ahora tienen perfil bajo acá, saben que no son queridas, pero aparecen
los políticos y dan la cara por ellos, son títeres adictos a la corrupción que
les proponen las mineras. Ahí anda la gobernadora (Lucía Corpacci) diciendo que
Agua Rica se hará sí o sí”, cuestiona Flores, pero antes de terminar la llamada
avisa: “Acá estamos decididos a defender el territorio. Nos van a reprimir, lo
sabemos, pero no van a pasar”.
En
Esquel, lugar emblemático donde en 2003 el 80 por ciento de la población votó
en contra de la actividad, y aún se mantiene en lucha. Corina Milán es parte de
la Asamblea de Vecinos Autoconvocados Esquel y de la Unión de Asambleas
Ciudadanas de Chubut, no tiene dudas del accionar del gobierno nacional en su
primer año: “Muy negativa”. Cuestionó la quita a las retenciones y destacó el
“cambio de estrategia” al enviar al ministro de Ambiente, Bergman, “que repite
slogans coucheados por publicistas, tratando de plantear que ‘la minería es una
actividad productiva'”. Recordó que en Esquel llegó a reconocer que su objetivo
era “sacarlos de la calle (a las asambleas)”.
También
cuestionó que el Gobierno incluyó en el presupuesto 2017 la construcción de una
planta de uranio en Chubut, sin tener en cuenta que está vigente la ley 5001
que prohíbe esa actividad.
Pasteras
Una
lucha socioambiental que marcó la última década se dio en la ciudad de
Gualeguaychú (Entre Ríos) y motivó un conflicto binacional. En febrero de 2005,
el gobierno uruguayo autorizó la construcción de una planta de celulosa
de la empresa finlandesa Botnia (luego UPM) en el margen del río compartido con
Argentina. La población entrerriana rechazó el emprendimiento, con numerosas
pruebas de la contaminación de ese tipo de plantas. En enero de 2006, miles de
entrerrianos desbordaron el puente General San Martín (que une los dos países).
La marea de gente sorprendió a los propios vecinos de la tranquila Gualeguaychú.
El “conflicto por las papeleras” encontró su punto alto en la
agenda nacional y la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú
comenzó un corte en el puente.
El
presidente Néstor Kirchner visitó Gualeguaychú el 5 de mayo de 2006. En el
escenario del Corsódromo, ante unas 35.000 personas, el Presidente prometió:
“Es una cuestión ambiental que atañe a todo el país”. Cuestionó a los países de
primer mundo por trasladar sus industrias contaminantes: “No pueden traernos
como solución a la pobreza la creación de puestos de trabajo a costa de nuestra
degradación ambiental”.
El
Gobierno fue tomando distancia del reclamo y pactó “controles” conjuntos con
Uruguay. La Asamblea de Gualeguaychú cuestionó al Ejecutivo Nacional (primero a
Néstor Kirchner, luego a Cristina Fernández) por haber negociado con Uruguay y
los acusaron de darle la espalda a los entrerrianos.
En
diciembre de 2011, la Asamblea de Gualeguaychú emitió el comunicado “1500 días
de Botnia”. El subtítulo fue “con las emisiones tóxicas, se va confirmando lo
anunciado”. Puntualizó doce ítems de contaminación, derrames, dioxinas,
vertidos al Río Uruguay, emisiones de gas sulfhídrico, daños en flora y aumento
de la temperatura de los efluentes, entre otros.
La
última escalada gubernamental fue en 2013, cuando Uruguay autorizó a UPM-Botnia
a aumentar la producción a 1,2 millones de toneladas anuales (cien mil
toneladas más de pasta de celulosa al año). Argentina retrucó el mismo día. El
canciller Héctor Timerman hizo público el informe de científicos que confirmaba
la contaminación de la pastera en el Río Uruguay. Altas temperaturas de
efluentes, exceso de fósforo en el agua (36 veces más de lo permitido),
pesticidas, cromo y fenoles (400 por ciento más de lo establecido por ley). El
estudio era responsabilidad de la Comisión Administradora
del Río Uruguay (CARU), integrada por uruguayos y argentinos.
Con
seis años de funcionamiento, el Gobierno aseguró que la pastera contaminó con
fenoles, fósforo, níquel y cromo. Y precisó que volcó por día 61 millones de
litros de efluentes que superan en un 60 por ciento la temperatura permitida
(32 grados sobre los 20 grados del río). Y recordó lo insólito de la manera de
controlar a Botnia: las autoridades deben avisar a la empresa y, recién diez
días después, los científicos podían visitar la planta.
La
asamblea de Gualeguaychú apuntó contra ambos gobiernos y UPM-Botnia. Cuestionó
que se hayan ocultado durante cuatro años los estudios que confirman la
contaminación.
El
6 de enero de 2016, Macri se reunió con su par uruguayo, Tabaré Vázquez y le
propuso “dar vuelta la página” en el conflicto por las pasteras. Acordaron un
“monitoreo medioambiental de ríos y espacios comunes”. Vázquez anunció “la
creación de un laboratorio de última generación de control medioambiental”.
En
julio, el presidente de Uruguay Tabaré Vázquez anunció la instalación de una
nueva planta de pasta de celulosa en la zona del río Uruguay. Y en noviembre se
dio a conocer un informe conjunto, entre Uruguay y Argentina (de la Comisión Administradora
del Río Uruguay –CARU–) que confirma que Botnia-UPM contamina pero también
señala que “Gualeguaychú contamina más”. Así lo divulgó el discurso oficial (de
ambos gobiernos) y así lo replicaron los grandes medios
de comunicación de Buenos Aires.
Horacio
Melo, ex delegado argentino en la Comisión Administradora
del Río Uruguay (entre 2005 y 2016), rechazó el informe por “inconsistente”.
Explicó que el trabajo difundido “hizo “desaparecer el 90 por ciento de las
exigencias” vigentes en materia de control ambiental y denunció que ambos
gobiernos “utilizaron normas uruguayas dictadas exclusivamente para la empresa UPM-Botnia ”.
Denunció
que la delegación del gobierno argentina (en la CARU) prestó acuerdo para
archivar decenas de denuncias sobre emanaciones gaseosas contaminantes por
parte de UPM, que se tramitaron a través de la Comisión. “Desde Uruguay
se insiste con anuncios en continuar el modelo extractivo con nuevas plantas
celulósicas, y desde el gobierno argentino lo miran hasta con cierta envidia.
La depredación nunca cesó, pero hoy muestra los dientes por la calle sin
ninguna vergüenza”, afirmó Rivollier.
Criminalización
Corina
Milán, de la Asamblea de Esquel, destacó la preocupación por “el escenario de
criminalización de la protesta social que se está planteando y que debe ser
leído en sintonía con la avanzada extractivista que se promueve”.
En
el mismo sentido, un centenar de organizaciones de derechos humanos y de
pueblos indígenas emitió un comunicado conjunto en noviembre. “La lucha
indígena no es delito. Estigmatización y persecución al pueblo mapuche”, es el
título del documento emitido por Amnistía Internacional, el Servicio de Paz y
Justicia (Serpaj), la
Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) y
organizaciones pueblos originarios.
Es
una respuesta al Ministerio de Seguridad de la Nación, que en su informe de
gestión acusó a los pueblos indígenas de la Patagonia de delitos federales y
los responsabiliza de hechos delictivos (sin aportar pruebas).
“Manifestamos
profunda preocupación por el tratamiento de los reclamos del pueblo mapuche. El
ministerio de Seguridad coloca a las reivindicaciones territoriales mapuches
como amenazas para la seguridad social”, denunció el comunicado de los
organismos de derechos humanos. También denunciaron la situación en la
formación petrolera Vaca Muerta (provincia de Neuquén), una de las mayores
reservas de hidrocarburos no convencional del mundo. “El Estado privilegia los
intereses de las petroleras y criminaliza al pueblo mapuche”, cuestionan
Amnistía Internacional, APDH, la Confederación Mapuche
de Neuquén y el Parlamento Mapuche de Río Negro, entre otras organizaciones.
El
gobierno nacional había acusado a los mapuches de “armar comunidades indígenas
y tomar tierras en zonas petroleras”. El ministerio de Seguridad hizo propio el
discurso de las empresas petroleras, que argumentan la “usurpación” que
realizarían comunidades indígenas sobre campos de hidrocarburos.
“El
pueblo mapuche es preexistente a la conformación de los Estados, de acuerdo a
lo reconocido por la
Constitución Nacional (artículo 75, inciso 17). Son las
petroleras, mineras y grandes estancias las que se han instalado, muchas veces
por la fuerza, en territorios comunitarios, profundizando el despojo”,
denuncian las organizaciones de derechos humanos y pueblos originarios.
Luchas
La
comunidad mapuche Campo Maripe lleva seis meses de bloqueo a YPF-Chevron en
Vaca Muerta. En un contexto de criminalización (e invisibilización) exigen el
cumplimiento de los derechos indígenas (consulta previa y consentimiento libre,
previo e informado). El gobierno impulsa la llegada de nuevas empresas, donde
viven más de veinte comunidades mapuches. Anuncio de mayor conflictividad para
2017.
Entre
el 8 y el 11 de diciembre se realizó en La Rioja el 27 Encuentro de la Unión de
Asambleas Ciudadanas (UAC), espacio que reúne a organizaciones de todos el país
que luchan contra el extractivismo (muchas vinculadas a la megaminería, pero
también contra el agronegocios, pasteras y contaminación urbana). “En el mundo
se consolidan gobiernos de derecha que ya no ocultan la decisión de destruir y
saquear nuestros bienes comunes como países periféricos, pero al mismo tiempo
también avanza nuestra resistencia y nuestras propuestas para construir ese
mundo que queremos. Nosotros nos constituimos como una alternativa a partir de
otra manera de organizarnos”, explicó Cecilia Matta, integrante de la Asamblea Riojana Capital.
Participaron
más de 300 asambleas y organizaciones sociales, remarcaron los logros de este
año, entre ellos el sostenimiento de la Ley 7722, que protege el agua en
Mendoza (y que las empresas extractivas intentaron dar de baja), el freno a las
compañías mineras en La Rioja y la paralización del proyecto Agua Rica en
Catamarca. El encuentro de la UAC, considerado una “asamblea de asambleas”,
finalizó con un documento que invita al optimismo: “Se potencia la construcción
de una forma diferente de hacer política, impulsando la defensa del territorio
y el derecho a decidir”.
Quizá
el mayor hito de las luchas de 2016 de Argentina provenga de la localidad de
Malvinas Argentinas (en Córdoba). En 2012, la presidenta Cristina
Fernández de Kirchner había anunciado la llegada de Monsanto,
con su mayor planta de maíz transgénico del continente. Los vecinos comenzaron
a organizarse, nació la Asamblea de Vecinos Malvinas Lucha por la Vida y
rechazaron la instalación de Monsanto.
Fueron
cuatro años de resistencia, medio docena de represiones, judicialización,
amenazas y bloqueos al predio de treinta hectáreas de la empresa. Desde 2014
estaba suspendida por un fallo judicial (solicitado por los vecinos) y por el
rechazo (por parte de la Secretaría de Ambiente de Córdoba) del informe de
impacto ambiental presentado por la compañía. Pero Monsanto
insistía en el proyecto, con apoyo del Municipio, la Provincia y Nación.
En
septiembre circularon versiones sobre la partida de la compañía. En
noviembre, la intendenta, Silvina González, confirmó que la empresa AMG Obras
Civiles había adquirido el predio de Monsanto.
El
4 de diciembre hubo festejos en Malvinas Argentinas. La invitación destacaba:
“Luchamos, resistimos, triunfamos. Llegó el momento de celebrar”. No es para
menos. Los vecinos de la pequeña localidad cordobesa lograron lo que parecía
imposible: derrotar a la mayor empresa del agronegocio del mundo.
Sobre el autor
Darío Aranda, periodista argentino especializado en extractivismo.
Trabaja en el diario Página/12, la cooperativa de comunicación La Vaca y las radios FM Kalewche (Esquel), laCooperativa
La Brújula (Rosario) y Los
Ludditas (FM La
Tribu).
Colaboró con el Observatorio de Derechos Humanos de
Pueblos Indígenas (Odhpi).Escribe en el diario La Jornada de México
(suplemento “Del Campo”) y es consultor deAmnistía Internacional.
Las opiniones vertidas en este artículo pertenecen
exclusivamente a su autor.
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Fuente: http://www.opsur.org.ar/blog/2016/12/20/argentina-extractiva-el-cambio-era-la-profundizacion/
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