La República Unida de
la Soja recargada
12 de junio de 2013
Por GRAIN | A contrapelo
En el año 2003, la corporación Syngenta
publicó un aviso publicitando sus servicios en los suplementos rurales de los
diarios argentinos Clarín y La Nación bautizando con el nombre de “República
Unida de la Soja” a los territorios del Cono Sur en los que se sembraba soja
-Integrados por Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia-. A partir de
allí, esta declaración explícita de neocolonialismo quedó como “marca de
fábrica” del proyecto que desde las corporaciones se estaba instrumentando.
Durante el año 2012 se
produjo en estos países una embestida de las corporaciones del agronegocio sobre
los territorios y las instituciones imponiendo nuevos transgénicos, mayores
riesgos por aplicación de agrotóxicos y cambios en las políticas que sólo tiene
precedentes en la primera imposición de los transgénicos, durante la segunda
mitad de los años 90. Esta nueva avanzada corporativa se da en un marco
distinto, ya que ahora ocurre con la presencia en toda la región (por lo menos
hasta junio del año pasado) de gobiernos “progresistas” críticos del
neoliberalismo y que en algunas de sus políticas han comenzado a modificar las
políticas neoliberales impuestas en los años 90 con una mayor presencia del
Estado regulando la economía y asumiendo un rol activo en aspectos sociales,
educativos y sanitarios.
Sin embargo, en
términos de modelo agrícola y producción de alimentos no sólo no ha habido en
todo este tiempo un cambio de modelo ni una autocrítica a los problemas
producidos por la implantación masiva del cultivo de soja transgénica con alto
altos niveles de uso de agrotóxicos. Por el contrario, este modelo se ha ido
consolidando y es defendido a rajatabla por todos los gobiernos de la región
que lo asumen como política de Estado, en todos los casos. Los graves problemas
que han surgido o se han agudizado, tales como los impactos de los agrotóxicos,
los desplazamientos de campesinos y pueblos originarios, la concentración de la
tierra o la pérdida de producciones locales, son considerados “efectos
colaterales” y se abordan, cuando la presión social lo consigue, de manera
fragmentada y puntual. No incluimos en este análisis a Bolivia, pues si bien la
región de la “medialuna”, con Santa Cruz de la Sierra a la cabeza, es parte de la “República Unida
de la Soja” las posiciones, políticas y debates planteados desde el Gobierno de
Evo Morales se diferencian ampliamente del resto de los gobiernos (y esto le
vale el enfrentamiento con estos sectores del poder de la medialuna que
claramente han planteado su intención separatista).
Ya en otros A
Contrapelo 1 2 3 hemos
ido denunciando que este avance fue consolidando la imposición del modelo
productivo de los agronegocios, y el Cono Sur se ha convertido en la región
donde más transgénicos se siembran en el mundo y en la que mayor cantidad de
agrotóxicos se aplican per cápita a nivel global. En este A Contrapelo
intentaremos brindar algunas luces que ayuden a comprender cómo se está
produciendo este avance y sus consecuencias a nivel de las comunidades
campesinas y la sociedad en general.
Los impactos del
“modelo” no reconocen fronteras entre el campo y la ciudad y se sienten
profundamente en ambos espacios: las poblaciones fumigadas en los territorios
rurales y en las zonas periféricas de las ciudades, las y los campesinas/os
desplazadas que día a día migran para engrosar los cordones de pobreza de las
grandes urbes, las economías regionales destrozadas con su correlato de los
altos precios de los alimentos en las ciudades, los alimentos contaminados
enfermando a unos y a otros. En fin, una catástrofe socio-ambiental que hace
agua por todas partes y que ya no permite “mirar para otro lado”.
Los responsables de
esta cadena destructiva son un puñado y tienen nombre y apellido: Monsanto y
algunas corporaciones biotecnológicas más a la cabeza (Syngenta, Bayer);
terratenientes y pooles de siembra que controlan millones de hectáreas (Los
Grobo, CRESUD, El Tejar, Maggi son algunos de los principales); Cargill, ADM y
Bunge transportando los granos al otro lado del mundo. Y, por supuesto, los
gobiernos de cada uno de los países que apoyan de manera entusiasta este
modelo. A ellos se suman un extenso número de empresas que aprovechan el
“derrame” y proveen servicios, maquinaria agrícola, fumigaciones, insumos, etc.
En números concretos,
esta región cubre en la actualidad una superficie de más de 46 millones de
hectáreas de monocultivo de soja transgénica, fumigadas con más de 600 millones
de litros de glifosato y provoca una deforestación de -como mínimo- 500 mil
hectáreas por año.
Si bien las consecuencias
de este modelo se expresan a nivel regional de manera contundente e
interconectada, intentaremos diseccionar sus impactos para analizarlos de
manera más profunda. El telón de fondo del golpe de Estado en el Paraguay
resulta insoslayable, pues es allí donde los poderes fácticos han actuado de
manera más brutal y explícita. Sin embargo, su carácter ejemplificador es
válido para toda la región y sin duda ha intentado marcar un rumbo y un límite
a los gobiernos de la región.
Repasemos un decálogo
(con complementos) de los resultados concretos e indiscutibles de esta última
embestida del agronegocio.
El agronegocio mata
Este hecho se ha
expresado de manera continua durante estos últimos años y, tal como lo hemos
expresado, fue en Paraguay donde más duramente se han sentido sus impactos.
Quizás podamos ubicar el pico de violencia en la matanza de Curuguaty,
perpetrada el 15 de junio del 2012 en donde –y como resultado de tensiones y
represión estatal y paraestatal- murieron once campesinos y seis policías. La matanza
fue utilizada para emprender el juicio político y dar el golpe institucional
que terminó con la gestión del presidente Lugo.
Previo al Golpe, y más
aun posteriormente, se desencadenó una ola represiva sobre los dirigentes
campesinos que -en la nueva etapa- se comenzó a expresar bajo la forma de
asesinatos selectivos que cobraron la vida de los líderes campesinos Sixto
Pérez, Vidal Vega y Benjamín Lezcano, acribillados en un lapso de 8 meses de
gobierno de Federico Franco.4 La
CONAMURI (Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas) ha dicho que en
el caso del asesinato de Benjamín Lezcano se observa “el mismo modus operandi
que se practicó en los casos de Sixto Pérez –el 1°de septiembre pasado, en
Puentesiño (Dpto. Concepción)– y de Vidal Vega –el 1°de diciembre último, en
Curuguaty (Dpto. Canindeyú). El objetivo, igualmente, parece ser común:
descabezar las organizaciones campesinas”.5
En Argentina, durante
los últimos tres años se produjeron en Santiago del Estero tres asesinatos de
campesinos ligados directamente al avance del modelo sojero (Sandra Ely Juárez,
Cristian Ferreyra y Miguel Galván) y en la provincias de Formosa y Salta el
hostigamiento a las comunidades es permanente y sostenido.6
En Brasil, también el
movimiento campesino y especialmente el MST (Movimiento de los Trabajadores Sin
Tierra) han sufrido la violencia del agronegocio y recientemente la Comisión Pastoral
de la Tierra (CPT) divulgó un informe preliminar de la violencia en 2012
contabilizando 36 muertes motivadas por conflictos agrarios.7 Durante
el año 2013 ya son tres los dirigentes del MST que han sido asesinados (Cícero
Guedes dos Santos, Regina dos Santos Pinho y Fabio dos Santos Silva).
Todo esto se da en el
marco de una avanzada de la criminalización de las luchas sociales que no sólo
se expresa en la persecución y estigmatización de los movimientos sino también
en forma concreta en la avanzada de leyes represivas. El caso de la aprobación
de la Ley antiterrorista en Argentina en diciembre del 2011 se suma a las leyes
ya existentes en varios de los países de la región.
El agronegocio
contamina
Una de las grandes
mentiras que desde las corporaciones, los medios masivos y un sector de la
academia se utilizó para justificar la introducción de las semillas
transgénicas, fue que las mismas ayudarían a emplear menos agrotóxicos en la agricultura. Tal
como muchas organizaciones lo anunciaron durante las últimas dos décadas, la
realidad ha marcado absolutamente lo contrario y hoy en día el incremento del
uso de agrotóxicos es cada vez más alarmante y sus impactos en toda la región son
cada vez más difíciles de ocultar.
Todo esto no puede
extrañarnos si asumimos el hecho evidente de que quienes impulsan las semillas
transgénicas son las corporaciones dedicadas a la venta de agrotóxicos, con
Monsanto a la cabeza, y que las semillas transgénicas que más se cultivan tienen como característica diferencial la
resistencia a herbicidas.
Brasil está al frente
de las estadísticas convirtiéndose desde el año 2008 en el mayor consumidor per
capita de agrotóxicos del mundo y responsable del 20 % de todos los agrotóxicos
usados en el planeta; con un consumo per cápita de 5,2 litros de
agrotóxicos cada año.8 9. La escalofriante cifra de 853 millones de
litros de agrotóxicos empleados durante el año 2011, con un crecimiento del
mercado brasileño del 190 % en la última década, es más que elocuente. El 55 %
de este consumo de agrotóxicos se empleó en cultivos de soja y maíz, siendo la
soja responsable del 40% del consumo total.10Solamente el glifosato representa cerca
del 40% del consumo de agrotóxicos en Brasil.
Argentina no se ha
quedado atrás. Durante el año 2011 se aplicaron 238 millones de litros de
glifosato que implican un incremento del 1190 % con respecto a la cantidad
utilizada en el año 1996, año en que se introdujo la soja transgénica
resistente al glifosato en el país.11
En Paraguay, que es el
sexto productor mundial de soja transgénica, el uso de glifosato en las cifras
del año 2007 significó la aplicación de más de 13 millones de litros de este
agrotóxico.12
En Uruguay, también de
la mano del avance de la soja transgénica las cifras llegan a un mínimo en el
año 2010 de más de 12 millones de litros.13 Es
justamente en Uruguay donde en la actualidad, y a raíz de la contaminación del
agua en la ciudad de Montevideo, la población urbana está comenzando a
reaccionar con alarma frente a la falta de disponibilidad de agua potable para
el consumo.
El balance regional
nos permite suponer un mínimo de aplicación de más de 600 millones de litros de
glifosato, cifra escalofriante y que tiene su correlato en las innumerables
denuncias que se producen cada día por los daños ya mencionados a la salud, a
los ecosistemas, a la agricultura y a las comunidades que semejante baño de
agrotóxicos produce.
Pero tan grave como
estas cifras, son las del incremento del uso de otros agrotóxicos que se
emplean asociados al glifosato o para compensar su falta de acción frente al
surgimiento inevitable de malezas resistentes. Así es como el empleo del
paraquat ha crecido llegando a utilizarse 1,2 millones de litros en Argentina y
3,32 millones en los cinco países productores de soja. Es importante recordar
que el paraquat está vinculado a desórdenes neurológicos y por esta razón fue
prohibido en 13 países de la
Unión Europea en el año 2003.14
Sin lugar a dudas, el
empleo de agrotóxicos es otra de las formas que tiene el agronegocio de matar.
El agronegocio impone
los transgénicos
La introducción de
nuevos transgénicos ligados al uso de nuevos agrotóxicos es parte de la
estrategia de las corporaciones, y ha estado a la orden del día durante el año
2012.
El anuncio oficial de
la presidenta argentina Cristina Fernández en el Council of Americas el 15 de
junio del 2012 sobre las nuevas inversiones de Monsanto en Argentina preanunció
lo que sería durante el resto de año una catarata de proyectos, anuncios e
intentos de modificación de la legislación que marcó la agenda oficial y
corporativa durante los meses siguientes.
Así fue que en agosto
del 2012 el Ministro de Agricultura Norberto Yahuar anunció junto a ejecutivos
de Monsanto la aprobación de la nueva soja rr2 “Intacta”, que trae como novedad
la acumulación de la resistencia al glifosato con la producción de la toxina Bt. O sea que
la única novedad es la conjunción de las dos únicas características que la
industria biotecnológica logró poner en el mercado en 20 años de existencia.
Pero además de este
anuncio existen aprobaciones y ensayos de campo de otros transgénicos, entre
los que destacan los de soja y maíz resistentes a nuevos herbicidas, entre
ellos el glufosinato y el 2,4 D. Andrés Carrasco, investigador del CONICET
(Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) de Argentina
planteaba hace pocos meses con claridad la problemática: “hay un aspecto
interesante a considerar en lo inmediato en la Argentina, es que 5 de esos 10
eventos transgénicos aprobados, 3 de maíz y 2 de soja, combinan la resistencia
al glifosato con otra al glufosinato de amonio (un bloqueante de la síntesis
del aminoácido glutamina) para reforzar los efectos de aquel. La necesidad de
asociar en las nuevas semillas el glifosato con el glufosinato, da cuenta de
las inconsistencias de la tecnología de los transgénicos tanto en su
construcción como en su comportamiento en el tiempo. Sin embargo, se sigue
huyendo hacia delante intentando remediar las debilidades conceptuales de la
tecnología transgénica, con soluciones que tienden a ser cada vez más
peligrosas”.15
En Paraguay, a pocos
meses del golpe institucional, el Ministerio de Agricultura aprobó el maíz
transgénico que venía siendo resistido por las autoridades del gobierno
depuesto y que enfrenta un rechazo explícito y contundente por parte de las
organizaciones campesinas, debido a la amenaza que representa para las muchas
variedades locales de maíz cultivadas por pueblos indígenas y campesinos. Así
fue como en octubre del 2012 se aprobaron cuatro variedades de maíz transgénico
de Monsanto, Dow, Agrotec y Syngenta.16 Ya
en el mes de agosto el presidente de facto Franco había autorizado por decreto
la importación de semillas de algodón Bt-rr, probando claramente para quién
gobernaba.
En Brasil la escalada
comenzó a fines del año 2011 cuando se anunció la aprobación por parte de la
CTNBio (Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad) del primer frijol
transgénico comercial “íntegramente desarrollado en Brasil” y resistente al
mosaico dorado del frijol. Este evento, por ser desarrollado por una
institución pública como el Embrapa y por poseer características distintas a
los transgénicos más difundidos (Bt y rr) fue utilizado como bandera pro transgénica
destacando su importancia “social y alimenticia”.17 Sin
embargo, su aprobación ha sido fuertemente cuestionada por funcionarios públicos,
la comunidad científica y la sociedad civil. Así es que Renato Maluf,
presidente del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional
(Consea), cuestiona su rápida liberación en respeto al principio de la
precaución. "Creemos que es una temeridad la prisa por liberar un producto
que consumirá toda la población y sobre el cual no tenemos certeza de seguridad
alimenticia y nutricional", lamentó. Mientras tanto, Ana Carolina Brolo,
asesora jurídica de la organización humanitaria Tierra de Derechos, coincidió
con Maluf al indicar que "fue una aprobación comercial que tuvo como
característica la falta de respeto a la legislación nacional e internacional de
bioseguridad".18
El balance general es
que la avalancha de nuevos transgénicos se ha intensificado y en la mayor parte
de los casos la misma implica su cultivo ligado a agrotóxicos, en algunos casos
los mismos que ya se están utilizando (glifosato fundamentalmente) y, en otros,
la introducción de nuevos herbicidas aún más tóxicos y peligrosos (dicamba,
glufosinato, 2,4 D). En Brasil el Movimiento de Pequeños Agricultores (MPA),
integrante de la Vía
Campesina , denunció en abril del 2012 la pronta aprobación de
semillas transgénicas de soja y maíz resistentes al herbicida 2,4 D.19 Estas mismas semillas ya se encuentran
en etapa de experimentación a campo en Argentina.
El agronegocio se
propone controlar de manera absoluta las semillas
La imposición de
nuevas leyes de semillas también ha estado a la orden del día en toda América
Latina, pero tuvo en Argentina, y con una ligazón directa al acuerdo con
Monsanto antes mencionado, uno de los focos de acción más visibles y activos.
El mismo día del anuncio de la aprobación de la soja rr2 “intacta” el Ministro
de Agricultura anunció el envío de un Proyecto de Ley de Semillas para que
fuera tratado en el Congreso antes de fines del 2012.
El proyecto nunca se
hizo oficialmente público, ni se sometió a un debate amplio, si no que fue
discutido a puertas cerradas dentro del Ministerio de Agricultura por una parte
de los sectores del agronegocio argentino. Sin embargo, su contenido trascendió
las fronteras del Ministerio y su análisis permitió confirmar lo que ya se
podía presumir luego del anuncio oficial: la nueva Ley busca
subordinar la política nacional de semillas a las exigencias de la UPOV y las
transnacionales.
El Movimiento Nacional
Campesino Indígena (MNCI) denunció que “La ley propuesta no protege los
conocimientos ni la biodiversidad, sólo fomenta la privatización y protege la
propiedad sobre lo que es un patrimonio colectivo de los pueblos, especialmente
de las comunidades campesinas y los pueblos indígenas; abre las puertas para
que se profundice la expropiación y privatización de la biodiversidad agrícola
y silvestre de Argentina; ilegaliza o restringe gravemente prácticas que han
estado en vigencia desde los inicios de la agricultura, como es el seleccionar,
mejorar, obtener, guardar, multiplicar e intercambiar semilla libremente a
partir de la cosecha anterior; fortalece las condiciones para que se profundice
la introducción de nuevos cultivos transgénicos y su expansión, al otorgar
propiedad sobre variedades sin exigir prueba efectiva de mejoramiento y en base
a la simple expresión de un carácter y otorga a las empresas semilleras el
poder de policía, ya que deja en sus manos el asegurar que las disposiciones de
la ley se observen adecuadamente”.20
La movilización de
diversos sectores logró que se postergara su presentación y debate en el
Congreso Nacional; pero la amenaza de su imposición permanece latente.
Es muy claro que
controlar este primer eslabón de la agricultura es uno de los objetivos
principales de las corporaciones para de esta manera poder tener control sobre
todo el sistema agroalimentario y garantizarse así un monopolio sin fisuras. Y
también es claro que este control impacta de manera directa sobre los pueblos,
impidiendo el ejercicio de la soberanía alimentaria y condenando al hambre a
millones.
El agronegocio
destruye los bosques
La deforestación en
toda la región ha cobrado una escala dramática y aún con medidas que intentan
detenerla (como la Ley de Bosques en Argentina o las regulaciones que se
generan en Brasil) la misma no sólo no se ha detenido sino que durante estos
últimos años se ha intensificado, teniendo como principal detonante el avance
de la frontera agrícola (o el desplazamiento de la frontera ganadera como
consecuencia de lo anterior).
Un vez más, Brasil
encabeza las posiciones con 28 millones de hectáreas de pérdida neta de bosques
para el período 2000-201021 con una desaparición de 641.800 hectáreas
de bosques amazónicos entre agosto del 2010 y julio del 201122 festejada como un gran triunfo por las
autoridades nacionales.
Las cifras para
Argentina nos dicen que “entre 2004 y 2012 las topadoras arrasaron 2.501.912 hectáreas ,
el equivalente a 124 veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires. Otra
forma de decir lo mismo: en Argentina se arrasan 36 canchas de fútbol por hora.
Los datos surgen del cruce de relevamientos oficiales y de oenegés. El último
informe de la Secretaría de Ambiente de la Nación relevó el período 2006/2011 y
contabilizó que se arrasaron 1.779.360 hectáreas
de monte nativo”.23
En Paraguay la
situación es quizás una de las más graves en términos de porcentaje de
deforestación: por un lado, la deforestación histórica en la región oriental
que significó que entre 1945 y 1997 se perdiera el 76.3% de la cobertura
boscosa original por su conversión a tierras para la producción agropecuaria.24 Y por otro, la actual deforestación en
le región occidental (bosque chaqueño) donde el año 2011 culminó con una
pérdida de 286.742
hectáreas de bosques, lo que superó en un 23% a la cifra
de 232.000
hectáreas deforestadas durante 2010.25
Una mirada global a
esta tragedia nos permite cobrar mejor dimensión de los que está ocurriendo: un
estudio publicado por la FAO en el año 2011 26 señala que el promedio anual de
pérdida neta de bosque en el período 1990 y 2005 es de cerca de 5 millones de
hectáreas (en el mundo), de los cuales 4 millones se encuentran en Sudamérica.
Aquí también el
agronegocio vuelve a matar: a los ecosistemas únicos de la región y a todos los
pueblos que durante milenios han vivido, crecido y convivido con los bosques,
cuidándolos y alimentándolos.
El agronegocio
concentra la tierra en pocas manos
La concentración de la
tierra es otro de los fenómenos que ha caracterizado los últimos años de
implantación de la soja transgénica en todo el Cono Sur. Países en los que ya
la concentración de la tierra era enorme vieron durante estos años como esa
concentración se profundizaba y se reducía el número de manos que la
controlaban.
Fue también Paraguay,
uno de los países con peor distribución de la tierra en América Latina, donde
el impacto se hizo sentir más y hoy ostenta la escalofriante cifra de un 2 % de
los productores controlando el 85 % de la superficie agrícola. Esta situación
se agrava aún más cuando desde los países vecinos - fundamentalmente Brasil,
pero también Argentina- se está produciendo una embestida sobre sus territorios
para avanzar con el cultivo de soja transgénica.
El modelo impuesto ha
significado una profunda transformación en la forma en que se produce la
concentración de la tierra ya que en la actualidad y en su mayor parte la misma
no es adquirida si no arrendada por los grandes productores. Por otro lado, los
productores ya no son personas físicas identificables sino pooles de siembra
alimentados en su mayor parte por grupos de inversión especulativos.
Las consecuencias para
las comunidades locales, campesinos y pueblos indígenas son siempre las mismas:
la expulsión de sus territorios, en muchísimos casos a través del uso directo
de la violencia, como ya hemos compartido analizando otras facetas de este
modelo.
Si bien las cifras de
los expulsados son difíciles de evaluar porque no existen estadísticas certeras
para cada país y mucho menos a nivel regional, algunos investigadores han
encontrado, por ejemplo, que en Paraguay el avance de la soja llevaría a una
cantidad de familias campesinas expulsadas que alcanzaría el número de 143 mil,
más de la mitad de las 280 mil fincas con menos de 20 hectáreas
registradas en el censo agropecuario de 1991 28 como consecuencia del avance de las
soja para alcanzar las 4 millones de hectáreas que el agronegocio se propone.
Para Argentina este modelo ha generado un éxodo rural sin precedentes que para
el año 2007 ya suponía la expulsión de más de 200.000 agricultores y
trabajadores rurales con sus familias del agro argentino (26). En Brasil, desde
la década de los años setenta del siglo XX la producción de soja ha desplazado
a 2,5 millones de personas en el estado de Paraná y a 300.000 en el de Río
Grande do Sul.29
El agronegocio busca
consolidarse como dictador en la República Unida de la Soja
El golpe institucional
en Paraguay demuestra cómo el agronegocio, con las corporaciones actuando junto
a los terratenientes y cómplices a nivel nacional, no se detiene frente a los
avances y los límites, que aun tímidamente, intentan instrumentar algunos
gobiernos.
En Paraguay el
gobierno del presidente Lugo, aún con minoría parlamentaria, intentó desde
algunas áreas de gobierno (Ministerio de Salud, Ministerio de Medio Ambiente,
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas - Senave) poner
límites a algunas cuestiones graves como lo son los impactos de las fumigaciones
y la aprobación de nuevos transgénicos, en especial el maíz rr y el algodón Bt.
También estableció un diálogo con las organizaciones campesinas en la búsqueda
de frenar la histórica violencia existente en el campo fruto de la tremenda
concentración de la tierra que existe en el país.
Los poderosos sectores
del agronegocio agrupados en la UGP (Unión de Gremios de la Producción), que
cuenta con el apoyo de corporaciones como Monsanto y Cargill, desató una guerra
contra las autoridades responsables de estas áreas, pidiendo su cabeza y
amenazando y ejecutando acciones públicas en ese sentido.
La matanza de
Curuguaty fue la excusa que encontraron para derrocar -de la mano de sus
aliados parlamentarios- al presidente Lugo en menos de dos horas de sesión y
así imponer sus intereses en todos los ámbitos.
Así fue como junto con
el presidente Lugo salieron todos los funcionarios comprometidos con estos
procesos de cambio y rápidamente se impusieron las medidas que el agronegocio
pretendía: fin a los límites a las fumigaciones, aprobación de nuevos
transgénicos, promesas de cambio en la Ley de Semillas, etc.
La reciente elección
que consagró al empresario Horacio Cartés como nuevo presidente llevando
nuevamente al gobierno al partido Colorado fue el último paso para consagrar la
impunidad y el poder ilimitado del agronegocio.
Sin embargo, en el
resto de los países de la región la situación - si bien no presenta la cruda
realidad de Paraguay- también es evidente la manera en que el agronegocio
establece las políticas públicas en las cuestiones referidas al agro y la
alimentación e interfiere en cualquier intento de modificación de las mismas
desde otras perspectivas diferentes a las de sus intereses corporativos.
Todo esto confirma
algo que a nivel global se está haciendo evidente y que se denuncia en todo el
mundo: la democracia es incompatible con el dominio del control corporativo y
es necesario desmantelar sus estructuras para poder pensar y avanzar en
cualquier proceso de democratización que privilegie el bien común.
El agronegocio somete
y coloniza a las instituciones de investigación y que regulan la ciencia y
tecnología en cada país
Las universidades e
institutos de investigación de toda la región, salvo honrosas excepciones, se
encuentran colonizadas por el poder y los fondos de las corporaciones del
agronegocio que las utilizan como engranaje para imponer sus transgénicos y sus
modelos de producción industrializados.
Durante el año 2012
cobró estado público y fue denunciado por la sociedad civil el acuerdo de
Monsanto con el INIA (Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria) en
Uruguay para incluir en el germoplasma de soja local que maneja el instituto
transgenes propiedad de la empresa.30 La firma del acuerdo fue cuestionada
por la Comisión
Nacional de Fomento Rural (CNFR), la gremial que agrupa y
representa a los productores familiares en la Junta Directiva
del INIA y por diversas organizaciones de la sociedad civil, entre ellas
REDES-Amigos de la Tierra.
El convenio, no accesible al público, suscitó un pedido de
informes por parte de legisladores del Frente Amplio (FA).
También con
posterioridad al golpe en Paraguay, el nuevo ministro de Agricultura y
Ganadería del país guaraní, Enzo Cardozo anunció que “Paraguay va a producir su
propia semilla transgénica que va a estar a disposición de todos los
productores”. La producción estaría a cargo del Instituto Paraguayo de
Tecnología Agropecuaria (IPTA), que recibiría “transferencia tecnológica” de
Monsanto, para la cual el gobierno comandado por el presidente de facto
Federico Franco pagaría un monto a convenirse.31
Pero Monsanto ya posee
acuerdos de “cooperación” con instituciones públicas en Argentina, Paraguay,
Uruguay y Brasil desde mucho antes de esta última avanzada y las utiliza como
mano de obra barata para sus investigaciones y como cadena directa para
realizar la “extensión rural” de sus transgénicos. De la misma manera muchos de
los funcionarios políticos actúan como brazo ideológico de las corporaciones en
sus intentos de imponerse, siendo un caso paradigmático el del Ministro argentino
de Ciencia y Tecnología Lino Barañao, que no pierde ocasión para ejercer su
descarado lobby pro-transgénico.
El agronegocio es una
forma más de extractivismo que está saqueando los territorios
La agricultura
industrial es una actividad extractivista porque sus principios se basan en
considerar a los suelos un sustrato inerte del que se extraen nutrientes
(proteínas y minerales) sobre la base de la utilización de tecnología y
productos químicos sin respetar a los suelos como organismos vivos ni reponer
los nutrientes extraídos de forma natural.
Este extractivismo se
expresa de manera brutal con el cultivo de soja transgénica pues ni el discurso
de la “siembra directa” puede encubrir la cruda realidad de que la soja no
devuelve ni remotamente la cantidad de nutrientes que extrae a los suelos, ni
puede la siembra directa sostener la estructura y capacidad de retención de
agua de los mismos.
Ya en otros documentos
hemos compartido la forma en que en Argentina se están degradando los suelos y
se están extrayendo millones de toneladas de nutrientes y miles de millones de
litros de agua.32
El agronegocio actúa
en complicidad con los grandes medios masivos de comunicación
Todo este proceso de
imposición cuenta en toda la región con un aliado poderoso: los medios de
comunicación corporativos y dominantes que actúan como brazo comunicacional
incondicional del agronegocio (la única condición son la millonarias
publicidades con que se llenan páginas y horas de radio y televisión).
Los mecanismos con los
que funciona esta alianza se reducen a algunos lineamientos básicos que podemos
resumir en:
- La ponderación
absoluta de la agroindustria como panacea para la producción de alimentos
creando una ligazón absoluta con el “progreso”, el “desarrollo” y el bienestar
de la sociedad.
- La cooptación del
discurso del desarrollo sustentable para convertir, desde la propaganda, en
“sustentable” cualquier iniciativa desde miradas parciales y fragmentarias.
- La negación absoluta
de todo debate o información sobre las luchas sociales de resistencia, los
debates científicos o económicos o los impactos en las comunidades y en el
ambiente.
- La estigmatización y
criminalización de los movimientos y organizaciones sociales mostrándolos como
“subversivos”, violentos, antisociales o “atados al pasado”.
Quizás uno de los
países donde esta alianza es más evidente es en Paraguay, donde la mencionada UGP está
vinculada al Grupo Zuccolillo, dueño del poderoso diario ABC Color que fue uno
de los medios desde donde se montó la campaña golpista contra Lugo. Zuccolillo
es además presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa SIP.33
Y por si esto fuera
poco: el agronegocio cambia el clima
El vínculo entre la Crisis Climática
que estamos sufriendo a nivel global y la agricultura industrial se halla
ampliamente demostrado y presenta cifras alarmantes: como mínimo, entre el 44 y
el 57 % de los Gases de Efecto Invernadero (GEI) se deben a la cadena de
producción agroindustrial en sus distintas etapas.
Es evidente que un
territorio donde la agricultura industrial se ha impuesto de manera brutal
tiene que ser uno de los principales contribuyentes a esta crisis global. Pero
también resulta evidente en toda la región que la conjunción de los problemas
globales con aquellos regionales tal como la deforestación están trayendo consecuencias
gravísimas, que se sufren en las zonas rurales con extensos periodos de sequía
y ciclos de inundaciones, y en las ciudades con lluvias, fenómenos climáticos
extremos e inundaciones para los cuales no existe infraestructura capaz de
contener y cuyas principales víctimas son justamente los expulsados del campo.
Consideraciones
finales
Esta dramática
realidad encuentra en toda la región una amplia y articulada movilización que
está enfrentando el despojo desde la resistencia local, la movilización, la denuncia
pública, la construcción de alternativas y la lucha en todos los frentes
posibles que van desde las vías legales hasta la desobediencia civil y la
recuperación de territorios por parte de las comunidades despojadas.
Si bien es cierto que
existe aún una gran fragmentación de las luchas sociales, también es una
realidad que ninguna de ellas se queda en el análisis, en la mera lucha
puntual, sino que se está construyendo una mirada integral que pone a la
soberanía alimentaria en el centro de las luchas y a la autonomía y el bien
común como horizontes.
Esperamos que este A
Contrapelo sume una semilla a los nuevos cultivos y culturas que en el Cono Sur
están germinando.
Notas: (…)
Fuente: https://www.grain.org/es/article/4739-la-republica-unida-de-la-soja-recargada
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