Críticas
al modelo extractivo
16 de abril de 2012
Una
resolución del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Agrarias declara
“discrepancias con los lineamientos generales del PEA”. Sostiene que tendrá
impacto negativo al consolidar el modelo de los agronegocios y la industria
extractiva.
Por Darío Aranda
El Plan Estratégico
Agroalimentario (PEA) fue presentado el año pasado por el gobierno nacional.
Prevé metas productivas para los próximos diez años, entre ellas insta a
aumentar un 60 por ciento la producción granaria e incorporar nuevos
territorios al modelo de agronegocios. “El Consejo Directivo de la Facultad de
Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional
de La Plata declara su discrepancia con los lineamientos generales del PEA”,
destaca la resolución 048/2012 de la Facultad y advierte: “El Plan
Agroalimentario tendrá un profundo y negativo impacto en el complejo sistema
productivo de nuestro país, al consolidar el modelo de país
agroexportador basado en la agricultura industrial, pools de siembra,
agrotóxicos, monocultivos, despoblamiento rural y enormes ciudades
insustentables.”
El PEA está
plasmado en 160 carillas, repleto de estadísticas, cuadros y gráficos. Fue
presentado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en
septiembre ultimo en Tecnópolis. Contó con el apoyo de gobernadores y empresas
del sector. En la página 15 figuran las 43 “unidades académicas” que
“participan en la elaboración” del PEA, entre ellas Agronomía de La Plata –una
de las referentes en la formación de profesionales e investigadores de la
Argentina rural.
En la resolución, el
Consejo Superior de la Facultad identifica al “modelo dominante” en el país
como “agro-minero exportador” caracterizado por “una fuerte intervención del
capital financiero en la actividad, uso indiscriminado de insumos derivados del
petróleo, contaminación, exclusión de pequeños productores y pérdida de
biodiversidad”. Afirma que, en el modelo vigente, las ganancias “formidables
son para las cada vez más grandes empresas”.
“La agricultura
industrial tiene un fuerte impacto negativo sobre el ambiente, por merma de
nutrientes en el suelo, reducción de biodiversidad, uso indiscriminado de
agroquímicos y la introducción del riego en zonas donde el agua es un recurso
escaso. Se genera un modelo de agricultura sin agricultores”, alerta la
resolución.
Y precisa respecto al
plan oficial que “el PEA lejos está de promover políticas que vislumbren
modificaciones a las tendencias actuales del modelo productivo”. Explicita que
el Gobierno pretende aumentar la superficie sembrada de 32 millones de
hectáreas a 41 millones (27 por ciento más) y, en línea con organizaciones
campesinas, cuestiona que “Avanzará la frontera agrícola hacia territorios
donde hoy las comunidades campesinas e indígenas están resistiendo desalojos”.
“Todo indica que el
modelo antes descripto tenderá a profundizarse”, advierte la Facultad. Precisa
que el PEA promueve que la soja transgénica ocupe no menos del 45 por ciento de
la superficie a sembrar y que el maíz sea utilizado para producción de
agrocombustibles. “Ambas medidas están absolutamente enfrentadas a la defensa
de la soberanía y seguridad alimentaria de nuestro pueblo”, asegura la resolución, fechada el 23 de marzo último (la sesión
fue el 20 de diciembre), y que, en su parte resolutiva, crea una comisión
interclaustro para diseñar un “PEA alternativo”.
Augusto Calandrelli, consejero superior
por el claustro estudiantil, explicó que las universidades
participaron de debates y realizaron propuestas para la confección del PEA,
pero aclaró que “ninguno de los aspectos críticos al modelo” fueron tenidos en
cuenta por “la mesa chica del Ministerio de Agricultura” que redactó el
documento final. “El PEA no es una síntesis debatida con universidades ni con
organizaciones de la agricultura familiar, sino que es una decisión de
funcionarios del Gobierno”, explicó.
“La resolución de nuestra Facultad es un primer paso para cuestionar
un modelo de producción que mantiene profundas continuidades con el
neoliberalismo de los años ’90”, avisó el consejero superior.
La Facultad de Agronomía de La Plata, fundada en 1906 y
referente entre las casas de estudios, se sumó a las facultades que cuestionan el
modelo extractivo. La Universidad Nacional
de Córdoba y la de Río
Cuarto alertaron, en 2009 y 2010, sobre los efectos
ambientales y económicos de la megaminería. La Facultad
de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario denunció, en
marzo pasado, al modelo extractivo por sus “consecuencias comprobadas” en el
ambiente y en la salud de las poblaciones. Y la Universidad de Buenos Aires
también cuestionó la megaminería, el miércoles pasado, en una declaración de
apoyo del Consejo Superior (el más alto espacio político de la UBA): apuntó a
los efectos ambientales, pero también a la represión y violación de derechos
que padecen las poblaciones que rechazan la cuestionada actividad (puntualizó
casos de Catamarca y La Rioja).
“En las últimas
semanas, han sido vulnerados derechos constitucionales de ciudadanos y
ciudadanas de las regiones en conflicto al ser violentamente reprimidos por las
fuerzas de seguridad del Estado en los cortes selectivos contra la Minera Alumbrera
en las localidades de Belén, Amaicha del Valle y Tinogasta”, denunció la UBA y
coincidió con Agronomía de La Plata respecto de los agronegocios: “Este modelo productivo extractivo-exportador está íntimamente
asociado con el avance de la frontera agraria a costa del despojo de la tierra
a campesinos y el desmonte y deforestación, con la utilización excesiva de
agrotóxicos en las fumigaciones”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario