Duro informe de la situación carcelaria bonaerense

La Comisión Provincial por la Memoria presentó (entre el lunes 8 y el jueves 11 de marzo) ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas un informe en el que advierte sobre el agravamiento de la situación carcelaria en la Provincia y las consecuencias de las políticas de seguridad, pronunciándose en contra de la reforma del código contravencional y la limitación de las excarcelaciones que propone el Gobierno bonaerense.

En el informe, presentado en Nueva York, en el marco de la sesión 98 del Comité por los delegados de la Comisión, Alejandro Mosquera y Roberto Cipriano, consta que la Provincia concentra el 50 por ciento de todas las personas detenidas en el país, y que la población carcelaria supera los 30 mil detenidos. “La superpoblación en las cárceles es el marco que agrava la violencia institucional sobre los detenidos, y la tendencia es preocupante: actualmente, sólo en comisarías tenemos 4.700 detenidos”, explica.
En ese contexto, Mosquera afirma que “este panorama va a agravarse si se aprueba la iniciativa del gobernador Scioli de volver a endurecer el régimen de excarcelaciones y aún más si insiste con un código contravencional arcaico y basado en dotar de mayor poder arbitrario a la Policía bonaerense, tal como anunció en su discurso de apertura de la sesiones ordinarias de la Legislatura. Estas políticas ya han demostrado su ineficacia frente al delito y son promotoras de violaciones de los derechos humanos. Esta semana hemos tenido reuniones con legisladores de los distintos bloques advirtiendo sobre esta situación. Ahora lo haremos en los foros internacionales”.

La presentación ofrece una visión alternativa a la presentada por el Gobierno nacional ante las Naciones Unidas. “Puntualmente nos detenemos en la situación de la Provincia y las graves consecuencias de las políticas penitenciarias, de seguridad y niñez impulsadas en estos últimos dos años”, explicó Cipriano, coordinador del Comité contra la Tortura de la Comisión por la Memoria.
De este modo en Naciones Unidas además de la voz del Estado nacional, se escucharán las voces de otras instituciones y organizaciones no gubernamentales. Además de la Comisión por la Memoria también presentarán informes fuertemente críticos el CELS y la APDH.
GRAVES FALENCIAS
Según se consigna en el informe, el 76 por ciento de la población carcelaria bonaerense está procesada y en el caso de las mujeres, la cifra se eleva al 85 por ciento. “Hay un uso generalizado de la prisión preventiva como pena anticipada –señaló Cipriano- . La Provincia tiene uno de los porcentajes más altos del continente. Recientemente la Corte Nacional advirtió sobre el incumplimiento del fallo Verbitsky y expresó su preocupación por la persistencia de la violencia estructural y la falta de respeto de los estándares mínimos sobre condiciones de detención”, dijo.
El documento presentado ante las Naciones Unidas, hace una breve historia de las idas y vueltas de las políticas penitenciarias y de seguridad en la mayor de las provincias del país, donde hay alrededor de 30 mil personas privadas de su libertad (en 54 cárceles, 12 institutos penales de menores y 310 comisarías).
“El sistema penal es selectivo: los detenidos provienen de sectores excluidos de la sociedad, mayoritariamente pobres y jóvenes Las personas detenidas padecen la violencia institucional estructural, las torturas como práctica sistemática, la sobrepoblación, el abandono sanitario y la inexistencia de tratamientos resocializadores. El Poder Ejecutivo provincial no ha tomado decisiones político-institucionales tendientes a modificar esta realidad, por el contrario la ha profundizado” afirma el documento.
CUESTIONAMIENTOS A LA GESTION DE SEGURIDAD
Tras pasar revista a los dos intentos de reforma y democratización de la Policía bonaerense (1998 y 2004), el documento señala que a partir de la gestión del actual ministro de Seguridad, Carlos Stornelli se ha delegado el control político en la Policía y se ha vuelto al concepto de autogobierno de la fuerza.
En consonancia con estas caracterizaciones, los sucesivos relevamientos del estado de los derechos humanos en los sitios de detención de la Provincia han demostrado que los tratos crueles o aberrantes, los apremios ilegales y la tortura se repiten sistemáticamente en todos los establecimientos como un modo de control de los internos, así como las políticas de seguridad tienden a que, en lugar de perseguir al delito complejo y organizado, se utilice a la policía como medio de control de los sectores sociales más desfavorecidos.
“El resultado de las políticas de seguridad y penitenciaria de la administración Scioli –indica el documento- es el uso cada vez más extendido de prácticas como la ilegal detención por averiguación de antecedentes por parte de la Policía, y la repetición de casos de torturas (se ha probado en tres oportunidades el uso de picana eléctrica sobre presos, en ninguno de los casos se identificó y sancionó a los responsables), la desatención de personas enfermas, el recurso permanente al aislamiento como castigo, los suicidios sospechosos en sitios de detención. Cabe destacar que durante el año 2009 se presentaron 996 habeas corpus individuales por hechos graves de violencia ocurridos en 43 cárceles, 15 comisarías y 4 institutos de menores.
Además, resulta de extrema gravedad una nueva desaparición de persona: la del joven Luciano Arruga, visto por última vez en una comisaría de Lomas del Mirador". El documento desarrolla este caso -en el que existen evidencias acerca de la participación policial y el previo hostigamiento a la víctima- así como el de la desaparición de Jorge Julio López en 2006.
Asimismo, el documento hace hincapié en que uno de los graves problemas en la lucha contra la tortura es el posicionamiento de jueces y fiscales, que suelen negar los hechos, minimizarlos o no investigarlos. Una evidencia de esa forma de operar es que de 10.936 causas iniciadas entre 2000 y 2006, sólo trece fueron calificadas como torturas. De esas causas, un 37 por ciento se encuentra archivado y un 2 por ciento fue desestimado; sólo un 1 por ciento fue elevado a juicio. Fuente: http://www.diariojunin.com/ver_noticias.php?id_nota=17077 /8-3-2010