La Policía Federal Argentina (PFA), más que una policía ciudadana, es un sofisticado instrumento de control político y social al servicio de los gobiernos. Durante los últimos 60 años, ha sido tallada a medida por el poder político argentino. Las sucesivas dictaduras militares se sirvieron de ella para desarrollar una fabulosa trama de espionaje político y de control social, y para montar un eficiente dispositivo de represión política de la disidencia y de los opositores, recibieran éstos el mote de "peronistas", "comunistas" o "subversivos". Y los gobiernos democráticos -algunos, sólo limitadamente democráticos- que transcurrieron desde entonces hasta los años 70, también hicieron uso de ella para lo mismo, aunque con una intensidad y una envergadura menores a las observadas durante los gobiernos castrenses.
En cambio, desde la instauración democrática de 1983, la PFA dejó paulatinamente de ser un instrumento de represión política pero, al amparo de la indiferencia, la ignorancia o el aval tácito de los gobiernos democráticos, se ha perpetuado como un dispositivo de regulación política y social también al servicio de éstos y de sus propias cúpulas.
Disciplinamiento socialLas bases institucionales de la PFA son una obra de cuño militar. Fue creada en diciembre de 1943 a través del Decreto 17.750/43 y fue puesta en funcionamiento en enero de 1945 mediante el Decreto 33.265/44. Asienta sus bases institucionales en el Decreto-Ley 333/59 y en sus normas complementarias. En esta norma de la “Revolución Libertadora”, se estableció que la PFA debe cumplir funciones de “policía de seguridad y judicial” dentro del territorio de la Capital Federal y también dentro de la jurisdicción federal, a través del mantenimiento del orden público, la prevención de delitos y la intervención en la investigación de los mismos.
La reglamentación de aquella vieja norma fue más allá en materia funcional y le atribuyó a la PFA un conjunto de tareas que la convirtieron en una verdadera instancia de disciplinamiento social. En efecto, en el Decreto 6.580/58, se dispuso que debía "velar por el mantenimiento del orden público y las buenas costumbres garantizando la tranquilidad de la población y reprimir el juego ilícito". (...) Todo esto dio lugar a los ya históricos "edictos policiales" cuya vigencia por más de tres décadas le permitió a la PFA legislar, establecer conductas prohibidas, imponer sanciones y también recaudar fondos provenientes de aquellas conductas formalmente prohibidas aunque soterradamente permitidas y reguladas por sus huestes. (...)
Asimismo, en materia de prevención, la PFA debía mantener la "vigilancia especial sobre las personas cuyos antecedentes y costumbres susciten sospechas y aquéllas que frecuenten su trato personal y comercial", prestando especial atención a "los lugares o locales en que se reúnan o realicen sus operaciones". (...)
Todo ello, en fin, ha sido -y es- posible porque la PFA cuenta desde el año 1963 con un sistema de inteligencia interna relativamente protegido y sofisticado. En efecto, el Decreto-Ley 9.021/63 instituye la "Orgánica del Cuerpo de Informaciones de Policía Federal Argentina", posteriormente reglamentado a través del Decreto 2.322/67. Este cuerpo, que sigue funcionando a pleno, constituye un verdadero servicio paraestatal de informaciones e inteligencia compuesto por "agentes secretos" .(...)
Salvo los "edictos policiales", todas estas normas, disposiciones y facultades están vigentes y sirven de andamiaje institucional para convertir y legitimar a la PFA como un instrumento oficialista de vigilancia y control político y social.
¿Por qué, desde la instauración democrática de 1983, la PFA no ha sido objeto de ningún tipo de reforma o modernización institucional que erradique sus enclaves autoritarios y la ponga a tono con los parámetros de la seguridad pública democrática? Por dos razones diferentes que, desde entonces, han primado entre las sucesivas gestiones gubernamentales.
- Por un lado, porque, como mecanismo de vigilancia y control político y social, la PFA constituye una herramienta útil para gobernar.
- Y por otro lado, porque los "costos" políticos de emprender un proceso de reforma institucional son percibido por los actores político como altos, o más altos que los del mantenimiento del statu quo. La actual gestión gubernamental es un buen ejemplo de ello.
Durante 2009, la PFA gastó 51.600.000 pesos en labores de inteligencia. En alguna medida, esas labores estuvieron destinadas a producir conocimientos sobre el delito. Pero también permitieron la provisión de información sensible para el gobierno y otro tanto para el comisariato que la conduce. Pues si no, ¿qué razón habría para mantener vigente y activo aquel servicio paraestatal de informaciones creado en los años 60? (...)
La PFA fue adquiriendo un grado de autonomía institucional e independencia operacional “por abajo” . Es su propia cúpula la que ejerce el gobierno sobre la institución en todo lo atinente a sus parámetros doctrinales, organizativos y funcionales y lo hace sin ningún tipo de injerencia o control gubernamental real. Y en el marco de esa autonomía, el Comisariato articula y gestiona una fabulosa red de financiamiento institucional proveniente de las actividades delictivas reguladas por la propia policía. Esas actividades son reguladas porque suponen una combinación compleja de acciones tendientes a permitirlas y protegerlas y al mismo tiempo, a desarticularlas o reprimirlas, cuando ello es necesario. En la Ciudad de Buenos Aires, los diversificados y rentables mercados minoristas de drogas ilegales, de autopartes desguazadas de automóviles robados y de servicios sexuales garantizados a través de «la trata de personas», tienen protección policial, como también la tienen las actividades ilícitas llevadas a cabo por la principales "barrabravas" de los clubes de fútbol más grandes del ámbito porteño. Estas últimas son las fuentes más rentables de recaudación ilegal regenteadas por la PFA. El armado de causas judiciales fraguadas contra personas inocentes, la prostitución del barrio, la permisión de actividades económicas y comerciales "flojitas de papeles" y de ciertas diversiones nocturnas (...)sólo alimentan el circuito pequeño de la recaudación ilegal de fondos (...)".*Profesor e investigador de la Universidad Nacional de Quilmes". Fuente: Le Monde diplomatique/ el Dipló 129/ marzo 2010
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