LO
SUCEDIDO EN ESTAS JORNADAS
Por Leónidas F. Ceruti
En distintos artículos
en los últimos meses (1) hemos planteado que en la Argentina las clases
dominantes han tenido desde siempre una vocación de utilizar la violencia para
resolver los conflictos sociales, económicos y políticos. Y que la presidenta Cristina
Fernández de Kirchner, desde hace un tiempo, se ha dedicado a
atacar a los trabajadores, a sus formas de protesta y reclamos. Mientras tanto,
tolera los negociados de grandes empresarios, de las mineras, banqueros de
distinto pelaje, multinacionales del agro y popes de la UIA, entre otros. Mientras
los ataques a los trabajadores continúan, Ella ha decidido ser complaciente y
socia del capital y sus intereses.
Esta semana ambas cosas
se han vuelto a repetir. Así vimos la movilización de la Gendarmería para
enfrentar a los huelguistas, militarizar el conflicto entre los camioneros y
los empresarios del transporte. Debemos sumar los pronunciamientos antiobreros
de ministros, diputados y funcionarios del gobierno nacional y la
judicialización de la protesta con la denuncia penal contra un dirigente
sindical por convocar a una huelga de su sindicato.
Además, en el momento
de mayor tensión con el gremio de camioneros, cuando la Gendarmería forcejeaba
con los hombres de Hugo Moyano en la planta de YPF, en todos los regimientos
del Ejército se recibió un plan de emergencia. Pasadas las 21 horas del
miércoles 20 se envió un mensaje -radiograma en la jerga castrense- numerado
6912. Calificado como “urgente y reservado”, en ese despacho se ordenó
confeccionar listas de conductores “con licencia nacional profesional, licencia
para el transporte de mercancías peligrosas y licencia de transporte de carga
general”. La orden del Gobierno era emplear a militares en lugar de los
camioneros. Luego llegó otro mensaje con el pedido de camiones cisterna y de
carga general que no fueron usados finalmente; pero un problema mayor se
hubiese presentado en el escenario previsto: los camiones militares no están en
regla. El año pasado, la
Inspección General del Ejército había elevado un informe
crítico sobre el estado de los vehículos, con la aclaración de que no cumplían
las normas de tránsito nacionales como consecuencia de su antigüedad y, por lo
tanto, tenían problemas con los seguros.
Por todo eso, es que
haremos un repaso de algunos de los tantos momentos de la historia en que los
trabajadores fueron movilizados militarmente, cuando distintos gobiernos
recurrieron a la gendarmería y a las Fuerzas Armadas para intervenir en
huelgas, en conflictos entre el capital y el trabajo.
PERON Y LA MILITARIZACIÓN DE LOS
FERROVIARIOS
Durante el primer
gobierno peronista, los sindicatos ferroviarios realizaron una huelga que
comenzó en 1950 y recrudeció en 1951, en reclamo de aumentos salariales. El 24
de enero de 1951, Perón ante un conjunto de dirigentes sindicales declaraba: “No creí jamás que llegara a
producirse en nuestros ferrocarriles una cosa como la que se está produciendo,
que es el producto de mil o dos mil agitadores y de ciento cuarenta mil de
indecisos. Voy a decretar la movilización militar de todo el personal que se niega
a concurrir a sus tareas. Decretada la movilización, el que concurra a su
trabajo está movilizado en él, el que no concurra tendrá que ser procesado e
irá a los cuarteles, se incorporará bajo el régimen militar y será juzgado por
la justicia militar de acuerdo con el Código de Justicia Militar”.
Se sancionó el decreto
de movilización militar. La misma noche del 24 de enero la policía asalto
centenares de hogares ferroviarios y de militantes de otros gremios,
deteniéndolos y encarcelamiento, millares de obreros fueron cesanteados. La
movilización militar y la tremenda represión desatada obligaron a los obreros a
volver al trabajo. Se despidió y encarceló a los líderes de la huelga, y más
tarde dispuso la detención de 2000 trabajadores, de los cuales 300 quedaron
presos.
LA CGT, LOS
TRABAJADORES Y EL PLAN CONINTES
La conflictividad
social y política durante el gobierno de Frondizi había ido en aumento, con
varias huelgas y el gobierno nacional se decidió por la represión y aprobó la
Ley de Organización de la Nación para Tiempos de Guerra y, en marzo de 1960,
decretó la aplicación del Plan CONINTES (Conmoción Interna del Estado), que
permitía dividir el país en zonas de operaciones. A partir de esa fecha los
actos calificados de terrorismo podían ser sometidos a la jurisdicción de los
tribunales militares, mientras que el Articulo 15 preveía la aplicación de la
ley marcial, que implicaba -previo juicio sumarísimo- el fusilamiento de las
personas halladas culpables de actos de terrorismo. El plan fue un acuerdo
general de ministros y nombraba como autoridades de ejecución a los Comandantes
en Jefe de las Fuerzas Armadas y colocaba bajo su subordinación a las policías
provinciales. Hubo más de 2000 detenidos, 500 condenados y se registraron
numerosos despidos gremiales. Se produjo además una purga de activistas de base
y depuración de delegados de las fábricas, al tiempo que comenzaron a circular
las listas negras.
El 16 de marzo de 1960,
el ministro de Interior Alfredo Vitólo manifestaba que"los tribunales
castrenses pueden declarar zona de guerra y la autoridad militar puede tomar
determinaciones serias y graves cuando la situación lo requiera". En
esa ocasión, agregó además que "los
responsables de la agitación eran los peronistas y comunistas
especialmente". En verdad, lo que sucedía era que los trabajadores se
habían puesto en pie de lucha contra el plan económico diseñado por el
superministro de Economía de ese entonces, el capitán ingeniero Álvaro
Alsogaray.
La primera vez que
Frondizi recurrió a las Fuerzas Armadas y de gendarmería para reprimir a los
trabajadores fue a mediados de enero de 1959, durante la ocupación del
frigorífico Lisandro de la Torre, cuando los obreros se oponían a la
privatización de ese establecimiento y luchaban contra la política "antipopular
y antiargentina" que llevaba adelante el gobierno desarrollista, según la
calificación hecha entonces por la CGT y las 62 Organizaciones. En esa ocasión
se utilizaron para la represión desde la infantería de la policía hasta tanques
de guerra del Ejército.
LA MOVILIZACION MILITAR DE LOS FERROVIARIOS Y EL
II ROSARIAZO
La dictadura del Gral.
Ongania había intervenido “La Unión Ferroviaria ”, anulando los convenios y
conquistas y rebajando categorías y sueldos. Por haberse plegado a distintos
paros, 116.000 empleados y obreros fueron castigados de diversas maneras. Se
aplicó la Ley 17.401 de represión al comunismo, y se encarceló a numerosos
dirigentes.
El 8 de septiembre de
1969, el Cuerpo de Delegados Ferroviarios de la Seccional Rosario
del Ferrocarril Mitre y de la Comisión Coordinadora de la Unión Ferroviaria
anunciaban que “se iniciaba
una huelga de brazos caídos en los lugares de trabajo”, a causa de la
suspensión del delegado administrativo Mario J. Horat por su negativa de
notificarse de su suspensión a la adhesión a varios paros nacionales. Ese día,
respaldaron el paro los 1500 trabajadores de los Talleres de Rosario y los 2500
de Pérez, de Villa Diego, personal administrativo y del Galpón de Alistamiento
de Máquinas Diesel. Por la noche, en una numerosa asamblea se decide continuar
la huelga, esta vez por 72 horas, con la adhesión de La Fraternidad.
La medida se extendió a
las Secciónales de Arroyo Seco, Empalme, Villa Constitución, San Nicolás,
Cañada de Gómez y Casilda. La empresa anunció suspensiones masivas, la CGT Rosario se declaró
en estado de alerta y convocó a un plenario, mientras los delegados
ferroviarios declaraban “la huelga por tiempo indeterminado” a partir del día
12.
En tanto la solidaridad
del resto de los ferroviarios se extendía por todo el país a través de paros,
la empresa amenazaba y el gobierno nacional por medio del CONASE (Consejo
Nacional de Seguridad) advertía primeramente a los huelguistas y luego, por el
decreto 5324/69, ordenaba la aplicación de la “Ley de Defensa Civil”, por el cual todo el
personal ferroviario era movilizado, con convocatoria militar y les sería
aplicado el Código de Justicia Militar.
Los diarios titulaban
“Se dispuso movilización del personal ferroviario”, y el decreto entre otros
conceptos planteaba que “el personal masculino convocado, mayor de 18 años,
queda sometido a las disposiciones del código de justicia militar, a su
reglamentación y por lo que el incumplimiento de las órdenes que reciba para la
realización de las tareas y las demás infracciones delictivas o disciplinarias
en las que incurriere será reprimido...”.
Las amenazas y los
decretos no impidieron que la solidaridad ante el conflicto ya no provendría
solo de los ferroviarios, sino que tras un plenario de la “CGT Unificada de
Rosario”, con la presencia de 37 gremios y de 6000 ferroviarios, se resolvió
“realizar un paro activo por 38 horas” los días 16 y 17. El II Rosariazo, el
“hecho maldito de la historia rosarina”, estaba en marcha.
DESDE EL 73 AL 75:
REPRESION A LOS GREMIOS Y LOS TRABAJADORES
Luego del 25 de mayo de
1973, tras la asunción del gobierno popular que encabezó Héctor Cámpora, toda
la legislación represiva sancionada por el régimen militar fue derogada y se
disolvió el fuero antisubversivo.
Pero esa primavera duró
poco y dio comienzo una escalada represiva, iniciándose con el envió del Poder
Ejecutivo a las Cámaras para reformar el Código Penal. La reforma fue
considerada de la misma naturaleza que la legislación promulgada por el régimen
militar que gobernó el país entre 1966-73.
La primera respuesta
vino del Gral. Perón que advirtió que si la ley no era aprobada se apelaría a
las mismas armas que se buscaba combatir. El 23 de enero de 1974 declaró al
diario La Nación: “Nosotros
vamos a proceder de acuerdo a la necesidad, cualquiera sean los medios. Si no
hay ley, fuera de la ley, también lo vamos a hacer y lo vamos a hacer
violentamente. Porque a la violencia no se le puede oponer otra cosa que la
propia violencia. Eso es una cosa que la gente debe tener en claro, pero lo vamos
a hacer, no tenga la menor duda”.
Después se tomaron
distintas medidas represivas. En septiembre de 1974 se aprobó la ley de
represión del terrorismo, que penaba la difusión de información relacionadas
con esos hechos y la obstrucción al trabajo cuando el conflicto era declarado
ilegal. De acuerdo a esa ley, el Ministerio de Trabajo prohibió las huelgas por
motivos salariales, los paros y ocupaciones de plantas y comenzó a intimar,
amenazar y suspender personerías gremiales con más frecuencia que antes. En el
mes de noviembre se implementó el estado de sitio en todo el país y se
encarceló a cientos de activistas gremiales y políticos, abogados laboralistas,
estudiantes.
Hasta ese momento la
participación de las Fuerzas Armadas en forma abierta era evitada y la lucha
era encabezada por grupos paramilitares “ejecutores del trabajo sucio”, a
través de la Triple A.
Pero al poco tiempo, el
Ejecutivo Nacional sancionó el Decreto Nº 261, en el que se anunció
oficialmente que se había ordenado a las Fuerzas Armadas tomar intervención en
la “lucha antisubversiva”, firmado por la presidenta María Estela
de Perón y los ministros Rocamora, Ivanissevic, Vignes, Savino, López Rega,
Gómez Morales, Otero. En el Articulo Nº 1 se decía que “El comando General del
Ejercito procederá a ejecutar todas las operaciones militares que sean
necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos
subversivos…”.
En octubre de ese año,
se sancionó el decreto 2770, por el cual se creó el Consejo de Seguridad Interna,
fijando sus atribuciones, y el Consejo de Defensa. Ese decreto llevó la firma
del presidente provisional Italo Luder y los ministros Arauz Castex, Vottero,
Ruckauf, Emery, Cafiero y Robledo.
La represión a la clase
obrera apareció con toda su magnitud el 20 de marzo de 1975, en Villa
Constitución, cuando las fuerzas conjuntas reclutadas por la SIDE incluían a la Policía Federal ,
Provincial, Ejército y Gendarmería, grupos de choque -entre los cuales iban
armados los guardias blancos pagados por las acerías de Martínez de Hoz-, y
miembros de la Triple A.
Las órdenes firmadas por Rocamora, Savino y López Rega eran
claras: ahogar en sangre a los obreros y activistas desde Villa Constitución a
Puerto San Martín. Isabel de Perón, desde el gobierno nacional, denunció un
"complot de características inusuales en la Argentina”.
En esos meses, muchos
fueron los gremios intervenidos, los sindicalistas y militantes gremiales
encarcelados, otros asesinados y perseguidos.
LA DICTADURA MILITAR DE CACERIA
Con el golpe del 24 de
marzo de 1976, la sociedad toda fue militarizada, desde las fábricas, las
escuelas, los medios de comunicación, hasta la vida cotidiana de todos los
argentinos.
La clase obrera, desde
un tiempo antes del golpe militar del 24 de marzo, venía soportando una dura
represión, pero desde ese día se inició la mayor persecución desde sus orígenes
en el siglo XIX. Nunca como en el período 1976-83 se alcanzó lo que ahora
conocemos como terrorismo de estado, nunca como entonces se llegó al nivel de
exterminio de miles de hombres, mujeres y niños. La sociedad argentina se vio
sometida por la dictadura militar, que llevó al paroxismo la persecución
política, la cárcel, la tortura y la desaparición de personas.
MENEM Y MARIA JULIA LO
HICIERON
En la primera semana de
enero de 1990, se movilizaron los telefónicos de Buenos Aires por el rechazo de
la política salarial y contra la privatización de ENTEL. La medida fue tomada
por los delegados después que la semana anterior Menem firmara el pase de la
telefónica nacional a manos privadas.
El conflicto que
enfrentaba a los trabajadores telefónicos con el Gobierno se encaminaba hacia
una eventual militarización, al revelar que se estaba “coordinando” con los
ministerios del Interior y de Defensa la participación de fuerzas policiales y
de seguridad en la “protección” de los bienes de la empresa. Fiel a la
línea marcada por el presidente Carlos Menem, quien había lanzado un ultimátum
a los telefónicos en huelga, María Julia Alsogaray inició una ofensiva sobre
los trabajadores y comenzó una tarea de ablande. Primero fueron declaraciones
radiales en las que adelantó que pediría la intervención de las Fuerzas Armadas
para garantizar "el ingreso a los edificios de ENTEL de todos aquellos que
quieran trabajar".
“Militares en acción”,
anticipaban los diarios. "Queremos que nos ayuden en materia de
comunicaciones y también proteger a quienes quieran trabajar", dijo la Sra. Alsogaray al
referirse al pedido de intervención de las fuerzas policiales y de seguridad en
el conflicto, que ingresaba así en un terreno peligroso y que no se registraba
en la Argentina desde aquella noche de julio de 1985, cuando el entonces
presidente Raúl Alfonsín envió un verdadero ejército policial a la fábrica Ford de
General Pacheco ocupada por sus trabajadores. La respuesta de los trabajadores
fue una masiva marcha de más de 5 mil trabajadores telefónicos que repudiaron
los despidos.
El 6 de septiembre de
1990 fue un día que deben recordar todos los telefónicos: volvían las Fuerzas
Armadas a copar los lugares de trabajo como durante la huelga del 57, como en
el 76. Y nada menos que un 6 de septiembre, cuando los militares daban el
primer golpe de la era moderna en el país en 1930. Como se preveía, la dureza
del gobierno nacional se concretó cuando dispuso la anunciada intervención de
fuerzas de seguridad en los edificios de ENTEL para “garantizar el normal
funcionamiento del servicio”, mientras proseguía el envío de telegramas de
despido y el paro por tiempo indeterminado de los trabajadores.
Una de las crónicas de
esa jornada en las oficinas de los telefónicos llevaba como título “El día que
los militares hicieron de telefonistas”, donde se comentaba que “A las 16 de
ayer, elementos de las Fuerzas Armadas y de seguridad cumplimentaron el reclamo
formulado en la antevíspera por la interventora en ENTEL, María Julia
Alsogaray, ocupando algunas de las plazas dejadas vacantes por los cesanteados
y huelguistas de la telefónica estatal. Ataviados con uniforme y en medio del
repudio generalizado de los trabajadores apostados a la entrada del edificio
Cuyo. Los enviados por el Ministerio de Defensa estuvieron 6 horas en ese
local. Los ingresantes al edifico desde donde se opera el sofisticado mecanismo
del Centro Internacional Buenos Aires, al parecer capacitándose en el manejo de
las computadoras que controlan la emisión y recepción de las llamadas hacia y
desde el exterior. Al retirarse del edificio los militares fueron apostrofados
sin miramiento por los trabajadores (…) “De nada había servido el ardid de
Ricardo Fox, asesor de la interventora, quien momentos antes había asegurado
que los uniformados ya se habían retirado del lugar por una puerta lateral.
Así, los militares debieron armarse de valor y emigrar del local con más
rapidez que marcialidad”.
Si bien la decisión no
estaba tomada, Menem la analizaba no tanto por la eventual prolongación del
pleito telefónico sino ante la situación planteada por gremios como La
Fraternidad y la
Unión Tranviarios Automotor , cuyos conflictos se hallaban
encuadrados dentro de los términos de la conciliación obligatoria y cuyo curso
de acción final era imprevisible. Los medios oficiales se aseguraban que, si
tras los plazos de la conciliación se desataban conflictos en forma conjunta,
sería la oportunidad de aplicar el ex Plan Conintes, que contemplaba “la
intervención de fuerzas de seguridad y militares para reprimir actividades
insurreccionales de carácter principalmente político y gremial".
Apremiado por estas
circunstancias, el Presidente estaba dispuesto a desempolvar el Plan Conintes
como manera de garantizar que los servicios públicos no sufran ninguna
alteración en su funcionamiento y para demostrar que no toleraría ningún
escollo que complicara el ajuste económico y las privatizaciones.
El conflicto
telefónico, hacia el 11 de septiembre, ingresó en una nueva etapa por las
resoluciones que adoptaría el gremio durante un plenario de delegados. El
presidente Carlos Menem reiteró su postura inflexible frente al conflicto y el
Sindicato de Buenos Aires continuaba reclamando la reincorporación de los
cesanteados por la
interventora María Julia Alsogaray.
El titular del Poder
Ejecutivo insistía en la necesidad de que los telefónicos depusieran primero
las medidas de fuerza para retomar las negociaciones y volvió a repetir su
remanida muletilla de que "el que no trabaja no cobra", mientras
exhortó a los dirigentes sindicales, políticos y empresarios a "trabajar
para levantar definitivamente el país. El gobierno nacional no dialoga con
quienes paralizan sus actividades".
Mientras tanto los
efectivos de las tres fuerzas armadas designados para operar las comunicaciones
internacionales continuaron desarrollando sus tareas, al tiempo que la policía
y el personal de custodia privada, contratado por la intervención, impidió el
acceso a los trabajadores en los edificios Ciha I y Ciha.
En medio del conflicto,
cuando los militares se hicieron cargo de operar los equipos de las
comunicaciones, sucedió este diálogo entre un militar que hacía de operador y
un cliente:
Buenos días, quisiera saber si se puede
hacer una llamada con cobro revertido a Babilonia. Un segundito que le averiguo...
El diálogo, que bien
podría haber sido el fruto de un absurdo intercambio de palabras entre un
bromista y un infaltable desprevenido, tuvo sin embargo como protagonistas a un
operador despedido del Centro Internacional Buenos Aires (Ciba I) y a uno de
los militares que manejan las comunicaciones, con el implícito objetivo de
poner a prueba la idoneidad de los militares-telefónistas.
Pero la proporción de
la disparatada anécdota -relatada por un telefónico cesanteado- hubiera sido
menor si el integrante de las Fuerzas Armadas no hubiera demorado largos
minutos revisando planillas, para luego responder: "Babilonia no está en
el catálogo". Más allá de las sonrisas que pueda despertar, el hecho
reviste la seriedad que impone el alto costo de las comunicaciones
internacionales. La presencia militar en Ciba I, denunciada como intimidatoria
por los trabajadores, podría extenderse por tiempo indeterminado pese al
rechazo de los operadores, los más castigados por la interventora de ENTEL,
María Julia Alsogaray, con la andanada de telegramas de despidos.
“Usurpan nuestros
lugares de trabajo y no lo vamos a permitir”, se quejó una delegada del
personal del Cíba 1. Los telefónicos, que habían planteado como condición para
retornar al trabajo el retiro del lugar de las fuerzas del orden, amenazaron en
principio con no cumplir con sus tareas; pero finalmente una asamblea de los
que aún conservaban su fuente de labor, desechó la medida.
Voceros de los
trabajadores describieron como irrespirable el clima que se vivía en el
edificio de ENTEL de Talcahuano y Rivadavia. “El personal de la seguridad
privada nos acompaña hasta el baño y hay milicos por todas partes”, indicaron.
En un intento por
refutar los elogios de la interventora de la empresa nacional de telecomunicaciones
a la actuación de los uniformados ("lo están hacienda bien y pueden
seguir"), los portavoces apuntaron que por ineficacia de los noveles
telefónicos “el país pierde cuantiosas sumas de dinero, ya que, por ejemplo, en
el caso de llamadas de cobro revertido no se realizan las verificaciones
correspondientes cuando hay comunicaciones con cabinas públicas”.
LAS AMENAZAS O LA REPRESION NUNCA
PARALIZARON A LOS TRABAJADORES
En su larga historia de
reclamos, huelgas, conflictos y las más variadas formas de lucha, los
asalariados fueron sancionados, suspendidos, despedidos, perseguidos,
encarcelados, deportados, torturados, asesinados, reprimidos, desaparecidos,
denunciados ante la justicia, les aplicaron planes económicos contra sus
intereses, leyes represivas y movilizados militarmente para ir a trabajar para
el capital.
Pero también es larga
la resistencia obrera, es extensa la lista de gestas proletarias de
enfrentamientos a las fuerzas de represión de las clases dominantes y a los
grupos parapoliciales como la Liga Patriótica o la Triple A.
Por todo eso, es que
por más que los reten o los amenacen desde el atril, saquen la Ley Antiterrorista ,
apliquen el Proyecto X, judicialicen la protesta, manden la gendarmería o las
patotas que reprimen en “nombre de”, los trabajadores seguirán protestando en
las calles, plazas, rutas o lugares de trabajo, protagonizando huelgas, y
movilizándose.
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