Yacimientos no
convencionales, olor a Vaca Muerta
Por Hernán Scandizzo / OPSur (23-10-2012)
En diciembre de 2010 la empresa YPF –todavía controlada
por Repsol- anunció el descubrimiento de un mega-reservorio de shale gas en la formación Vaca Muerta ,
en Neuquén. La compañía estimó el potencial del yacimiento en 4,5 billones de
pies cúbicos (TCFs). Poco después el gobierno neuquino aclaró que esa era la
punta del iceberg, ya que en el subsuelo de la provincia se alojarían 257 TCFs,
es decir, un tercio del potencial de gas de yacimientos no convencionales del
país.
A partir de ese anuncio en torno a Vaca Muerta, y las
especulaciones sobre el potencial de esa formación, las autoridades públicas y
el sector empresario presentaron a los no convencionales como la
únicaalternativa para superar la crisis energética y proclamaron el comienzo de una era
dorada para los combustibles fósiles en el país. La buena
nueva era respaldada
por un estudio de la Administración de Información de Energía de Estados
Unidos, que sostiene que el potencial argentino de gas de yacimientos no
convencionales es de 774 TCFs, sólo superado a nivel mundial por China (1.275
TFCs) y EE.UU. (862 TFCs).
Tal es la relevancia adquirida por estos reservorios en el
país que ocuparon un lugar central en la Ley de Soberanía Hidrocarburífera,
promovida por el Poder Ejecutivo Nacional en abril pasado. Dicha norma no sólo
planteó la expropiación del 51% de las acciones de YPF, en manos de Repsol,
sino también alcanzar el autoabastecimiento y la generación de saldos
exportables a partir de la explotación de no convencionales. Es decir, mantener
a los combustibles fósiles como fuente principal de generación de energía –más
allá de que la crisis climática global demande avanzar hacia fuentes limpias y
renovables- y consolidar el modelo exportador de materias primas –que hoy se
manifiesta a través del agro-negocio y la mega-minería.
Emiratos sudacas
El despegue de los no convencionales reactualiza el proceso
de ampliación de la frontera hidrocarburífera, que se vislumbra desde 2006, con
la sanción de la Ley 26.197 –que concretó la transferencia del dominio de los
recursos de la Nación a las provincias. Esta ampliación de la frontera se da en
dos direcciones: por un lado, las 10 provincias tradicionalmente petroleras –Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra
del Fuego, Salta, Mendoza, Río Negro, La Pampa, Jujuy y Formosa- concesionaron
nuevas áreas para la exploración y explotación; por el otro, las 13 provincias
restantes modificaron su marco regulatorio para propiciar esta actividad y en
algunos casos avanzaron en planes de exploración –como Entre Ríos y Chaco. Sólo
la ciudad de Buenos Aires ha quedado al margen de esta avanzada.
En este contexto el gobernador neuquino Jorge Sapag es el
principal referente en favor de la explotación de no convencionales de las
provincias petroleras, mientras que el mandatario entrerriano Sergio Urribarri
se destaca en las jurisdicciones sin tradición hidrocarburífera. “Si Entre Ríos
pasa a formar parte de la Argentina petrolera esta será otra provincia en pocos
años[,] con recursos por regalías que la pondrán en otro lugar[,] incrementando
aún más su extraordinaria potencialidad y las oportunidades para el desarrollo
de su gente”, afirmó el gobernador luego de reunirse con técnicos de YPF. (1)
En dicho encuentro se anunció que en 2013 se iniciarían los
trabajos de exploración en dos zonas: Federación -que incluye el departamento
homónimo y parte de Concordia- y Paraná -que abarca a todo el departamento del
mismo nombre. Incluso el secretario de Energía de la provincia, Raúl Arroyo,
informó que se proyecta perforar un pozo a 4.500 metros .
Este último dato permite empezar a desentrañar qué son los
no convencionales. Entre Ríos registra sólo un antecedente de pozo
exploratorio, perforado a principios de la década de 1960 en Nogoyá, con una
profundidad de 2.000
metros . ¿Qué quiere decir esto? Por un lado, que se
buscan hidrocarburos a mayor profundidad, está claro, pero no es lo único.
También significa que se avanza sobre formaciones geológicas que requieren
mayor despliegue de infraestructura, inversión económica y consumo de otros
recursos –en este caso, agua- para su explotación.
Los yacimientos convencionales –a groso modo- son
formaciones esponjosas –permeables- donde se concentran gas, crudo y agua en
diversas proporciones, y generalmente sólo requieren una perforación vertical
hasta la trampa donde se encuentran confinados los hidrocarburos. Mientras que
con los no convencionales es distinto, primero porque bajo ese rótulo se hace
referencia a una diversidad de yacimientos –arcillas y arenas compactas, mantos
de carbón que alojan gas metano, arenas bituminosas, etc.- que requieren
diferentes técnicas de explotación. En el caso de las arenas y arcillas
compactas –la nueva promesa nacional, algo así como la soja
de los hidrocarburos- tienen muy baja o nula permeabilidad y los hidrocarburos
están dispersos. Para hacerlos fluir esas formaciones son fracturadas mediante
la inyección de agua a alta presión, a la que se agregan arenas especiales y un
coctel de alrededor de 600 productos químicos de diversa toxicidad.
Para tener una idea aproximada de los volúmenes de agua
podemos tomar el caso de Neuquén. En los próximos cinco años proyectan perforar
2500 pozos en yacimientos no convencionales, según informó en septiembre el
ministro de Energía, Ambiente y Servicios Públicos de esa provincia, Guillermo
Coco. Esos trabajos demandarían 50 millones de metros cúbicos de agua, a razón
de 20 mil metros cúbicos por pozo. 20 mil metros cúbicos es la capacidad de
almacenamiento de agua que tiene la ciudad neuquina de Cutral Có para abastecer
a su población de 35 mil habitantes.
Las autoridades provinciales aclaran que estas explotaciones
no competirán con el suministro de agua, ya que ocuparían sólo el 1% del caudal
disponible del río Neuquén, y que tampoco contaminarán los acuíferos –como
sucedió en Estados Unidos- porque las fuentes potables de agua subterránea
están muy distantes de las formaciones que se pretenden intervenir y, porque
además, se ha legislado para que ello no suceda… Una explicación bastante
insuficiente, esta última, si se toman en cuenta los niveles de contaminación
generados por la actividad petrolera en diferentes puntos de la provincia, a
pesar de que existe legislación ambiental y una dependencia pública encargada
de verificar su cumplimiento.
Por otra parte, la euforia en torno al potencial de los no
convencionales niega el problema del pico del petróleo; que no es el agotamiento
de los hidrocarburos sino el fin del petróleo barato y de fácil extracción. Es
decir, en adelante cada barril tendrá costos económicos y ambientales más
altos, en tanto la ‘producción’ no se incrementará a la par de los niveles de
consumo. Este escenario demanda otras medidas, como la diversificación de la
matriz energética y una substancial modificación en los niveles de consumo;
incluso revisar los esquemas de subsidios al gas y la electricidad, que
alientan el derroche. Sin embargo se ha decidido pisar el acelerador y
perpetuar una matriz hegemonizada por los combustibles fósiles –de las fuentes
primarias de energía, el 52% corresponde al gas y el 35% al crudo, según datos
del Balance Energético 2009 (2).
Argentina alcanzó sus mayores niveles de extracción de
petróleo y gas en 1998 y 2004 respectivamente. Aunque desde medios oficiales se explica la caída en la
extracción como consecuencia del incremento de la producción y la falta de
inversión del sector privado exploración –es decir, el saqueo-, el Plan
Estratégico de YPF, muy a su pesar, pone de relieve que esa no es la única
variable a tener en cuenta. Los objetivos de la empresa nacionalizada, para
elevar la producción, son: el rejuvenecimiento de yacimientos maduros –a partir
de diferentes técnicas (como la inyección de agua) se intenta aumentar la
extracción en yacimientos explotados durante décadas (recuperación secundaria y
terciaria)-, desarrollo de no convencionales, exploración en ‘cuencas nuevas’
–que en su momento fueron desestimadas por YPF estatal- y áreas offshore
(cuenca submarina). En buena medida se promete el esplendor a partir de raspar
el fondo de la olla.
Volviendo a la ampliación de la frontera extractiva hacia
regiones sin tradición petrolera, como la Cuenca Chaco Paranaense ,
la poca información existente sobre lo que guarda en sus entrañas y la
inexistente infraestructura y logística para el desarrollo de esta industria
–que demandaría a las empresas un mayor volumen de inversión- juegan en contra
de la materialización del soñado emirato. Por lo que no sería de extrañar que
las esas provincias ofrezcan beneficios (ventajas fiscales, subsidios, etc.)
para tentar a las empresas. Es decir, transferir fondos públicos al sector al
privado. Algo que, por ejemplo, contempla el recientemente sancionado Fondo de
Desarrollo Energético de Entre Ríos: financiar obras de desarrollo gasífero que
se declaren de interés provincial y estudios de exploración y explotación de
hidrocarburos.
Críticas emergentes
El avance de esta frontera extractiva genera la preocupación
y movilización de diferentes sectores, sobre todo por los impactos
socio-ambientales resultantes de ella, como la contaminación y el derroche de
agua. En algunos casos se han formado organizaciones a partir de la promoción
de los no convencionales –como la Asamblea Permanente
por el Agua del Comahue y el Movimiento por Entre Ríos Libre de Fracking-
mientras que en otros, son los espacios existentes los que han incorporado el
tema a su agenda –como las asambleas Popular de Zapala, Popular Ambiental de
Colón – Ruta 135, Ambiental de Río Gallegos o el Foro Ambiental y Social
de la Patagonia, en Comodoro Rivadavia. Incluso la CTA y el Movimiento por la
Recuperación del Petróleo en Neuquén han planteado sus objeciones al desarrollo
de estos yacimientos.
En provincias como Neuquén la emergencia de estos espacios
marca un avance significativo, ya que mayormente en los últimos 15 años fueron
las comunidades mapuche las que dieron batalla contra las empresas que
ingresaban a sus territorios. Esta resistencia se dio muchas veces en soledad y
sólo se conseguía una amplia solidaridad de otros sectores en caso de ser
reprimidas, ya que no siempre era compartida la crítica a la matriz productiva
(petrolera).
También partidos como Proyecto Sur, Frente Amplio
Progresista y Coalición Cívica – Ari están tomando el tema y en algunos casos
han impulsado proyectos para la prohibición de esta técnica, como es el caso de
la diputada María
Emma Bargagna (GEN-FAP) en Entre Ríos. Hay que destacar que
en esa provincia uno de las aristas más sensibles es el riesgo de contaminación
del Acuífero Guaraní, una de las mayores reservas de agua dulce del planeta que
Argentina comparte con Brasil, Paraguay y Uruguay. A su vez, a nivel nacional
fue presentado recientemente un proyecto de ley de prohibición firmado por los
diputados Fernando “Pino” Solanas, Alcira Argumedo y Jorge Cardelli -del
Movimiento Proyecto Sur- y Nora Iturraspe -de Unidad Popular.
A nivel internacional la técnica del fracking ya ha sido
prohibida en Francia y Bulgaria y en el estado de Vermont (EEUU). También se
han declarado moratorias –de alcance local o nacional- en Estados Unidos,
Canadá, República Checa, Alemania, Irlanda del Norte y Países Bajos, entre
otros. (3)
Soberanía corporativa
A fines de 2008, al borde de la crisis energética, el
gobierno nacional intentó mantener los horizontes de reserva y revertir la
creciente importación de hidrocarburos implementando los programas Gas Plus y
Petróleo Plus, con ellos se buscó promover la perforación de nuevos pozos o
reactivar aquellos que estuvieran paralizados. A través de éstos las operadoras
gozan de una serie de beneficios como poder vender lo extraído a un precio
diferencial, por ejemplo, entre 4 y 7 dólares el millón de BTU en lugar de 2,50
dólares, que es en promedio la cotización interna. De esta manera se garantizan
niveles de rentabilidad a las empresas del sector, mayoritariamente
transnacionales que operan en diferentes puntos del planeta y deciden sus
inversiones de acuerdo a los beneficios que obtengan en cada uno de los países.
De la algarabía en torno a los no convencionales de fines de
2010 -cuando los discursos oficiales vaticinaban el masivo desembarco de
grandes corporaciones deseosas de explotar las riquezas del país, trayendo la
felicidad del pueblo…- se pasa a un escenario donde las empresas exigen que se
les aseguren los beneficios que desean por cada dólar que traen al país. Caso
contrario, resulta más tentador invertir en el desarrollo de yacimientos no
convencionales en Sudáfrica, China, México o Colombia. Al menos en esos
términos giraron las conversaciones en l segundo congreso anual Shale
Gas & Tight Oil Argentina, realizado del 18 y 20 de septiembre
en el Hotel Hilton de Buenos Aires. La apretada se expresó claramente en la prensa, el
objetivo de la reunión fue “determinar de forma urgente si va a ser viable
desarrollar los recursos de shale [arcillas
compactas] en las cuencas del Neuquén, San Jorge, Austral y Chaco”. (4)
Según consignó el diario La Mañana Neuquén , las
cambiantes reglas del juego también
fueron tema de debate en el Hotel Hilton, en referencia al decreto que
reglamenta la Ley de Soberanía Hidrocarburífera, que impone la presentación de
planes de inversión, el control de precios y pone fin a la libre disponibilidad
para exportar lo extraído y liquidar utilidades en el exterior. (5) Además fue
una demanda común que se eleve el precio del millón de BTU en boca de pozo y se
planteó que 6 dólares el millón de BTU como un precio que equilibra las
diferentes posturas. (6) Es de subrayar esta posición en bloque de empresas,
cúpulas sindicales y gobiernos provinciales de incrementar la cotización del
barril de crudo y del millón de BTU. Según este razonamiento, al garantizarse
los beneficios a las corporaciones se asegura su permanencia e inversiones en el país y, por extensión, puestos
de trabajo y cobro de regalías. Eso sin importar el saqueo de nuestros bienes
comunes y que el peso de este esquema recaiga sobre los sectores más
vulnerables de la
población. Ya que el incremento de los costos son trasladados
de un eslabón a otro hasta el final de la cadena.
En esa posición también se encuentra YPF. A fines de agosto
el presidente de la compañía, Miguel Galuccio, en el Club del Petróleo, habló
de la necesidad de incrementar la cotización del millón de BTU a 4 o 5 dólares
(7). También se refirió a la necesidad de aumentar los precios de los
combustibles para garantizar la competitividad de la empresa frente a otras
firmas (8). Si bien un alza en los precios permitiría a YPF escapar al corsé
que implica la asociación con otras petroleras para desarrollar su Plan
Estratégico, esa ‘autonomía’ tampoco redunda en consolidar un proyecto
energético autónomo -que incluya la diversificación de la matriz- sino el
mantenimiento del existente y la profundización del modelo extractivo
exportador.
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