EL PAIS › EL INVESTIGADOR BRUNO NAPOLI
HABLA DEL ROL DEL CAPITAL FINANCIERO EN LA ULTIMA DICTADURA
“Decidían qué leyes salían”
20 de octubre de 2015
El coautor de La Dictadura del Capital Financiero. El golpe
militar corporativo y la trama bursátil cuenta cómo el terrorismo de Estado no
sólo benefició a las grandes empresas sino que sus representantes tomaban las
decisiones.
Por Eduardo Febbro
Desde París
La verdad tiene muchos vericuetos e
interpretaciones. Pero hay uno inapelable: el financiero, el dinero. En un libro
presentado en la embajada argentina en París, La Dictadura del Capital
Financiero. El golpe militar corporativo y la trama bursátil, los
investigadores Celeste Perosino, Bruno Nápoli y Walter Bosisio desmenuzan el
papel que jugaron las finanzas en el dispositivo represor de la última
dictadura. De esta investigación, basada en el análisis de documentos
exclusivos, los autores extraen una conclusión: las corporaciones empresariales
y financieras de la Argentina le dictaban a las Fuerzas Armadas las leyes que
más le convenían al capital. Este libro viene a desnudar uno de los aspectos
menos conocidos de la relación entre las burguesías financieras locales y el
poder militar. Ambos trabajaban en tareas distintas: los primeros ganando
dinero y desmantelando al país, los segundos asesinando en beneficio de los
primeros. El ensayo contiene momentos clave de la elaboración de dispositivos
económicos nocivos como las leyes de Entidades Financieras, Inversiones
Extranjeras y Descentralización de Depósitos y la forma en que se crearon
empresas y compañías financieras desde la misma ESMA.
Este libro completa dos trabajos
anteriores: el informe de 2013 Economía, Política y Sistema Financiero-La
última dictadura cívico militar en la Comisión Nacional
de Valores. Y el libro Cuentas Pendientes, de Horacio Verbitsky y Juan Pablo
Bohoslavsky.
–¿En qué documentación se basaron para
realizar este trabajo? –preguntó Página/12 a Nápoli.
–En 2013, la Comisión Nacional
de Valores decidió abrir sus archivos. Fue el primer archivo del sistema
financiero en la Argentina que se abrió a investigadores que no eran ni
economistas ni abogados. Estos materiales y este libro permitieron la
reapertura de causas contra funcionarios civiles de la Comisión Nacional
de Valores.
–El libro muestra un proceso político
con una acción, decidida, planeada y ejecutada a cualquier precio.
–Trata de reflejar que, para que
funcione la dictadura del capital financiero o el gobierno de las finanzas,
tiene que haber gobiernos, tanto civiles como militares, que hagan leyes que
beneficien al gran capital. Nada se hace por fuera de la ley para hacer los
grandes negocios entre Estado y corporaciones. Pero también es cierto que el
negocio financiero siempre va a estar ligado a algún tipo de delito. Corre
siempre un paso delante de la misma legislación. Por eso es tan complejo
perseguir la delincuencia financiera. Se trata de un proceso político que
entendieron los empresarios. En la Argentina, a partir de la dictadura de
Onganía, los empresarios comprendieron que si querían hacer negocios privados
había que ocupar el Estado. En el Onganiato hay más de treinta funcionarios
civiles, todos cabezas de empresas. Luego, bajo Videla, hay 15 funcionarios,
todos representantes de las más grandes corporaciones financieras y empresariales
de la
Argentina. Entendieron que podían combinar negocios privados
con la función pública.
–¿Cuántas empresas están detrás del
diseño de la última dictadura?
–Nosotros la definimos como una
dictadura militar corporativa, no cívico-militar. Los civiles que ocuparon
cargos económicos fueron elegidos como representantes de las principales
corporaciones. Por ejemplo, los representantes de los bancos en la Argentina se
quedan con el Banco Central y con el Banco Nación. El Consejo Económico argentino
se queda con el Ministerio de Economía, gente de la Bolsa de Comercio se queda
con la programación técnica y a la Sociedad Rural le dan la secretaría de
Agricultura Ganadería y Pesca. Es increíble la transición de esos empresarios
oriundos de unas 15 corporaciones que intervienen en el diseño de esa dictadura
y también en el diseño legal de la misma. Discuten palmo a palmo los empresarios con
los militares, les dicen qué leyes tienen que aprobar para beneficiar a los 63
bancos que había en ese momento y a las 15 grandes corporaciones. Los 10
principales bancos eran privados y esos son los que, en el 77, dictan la ley de
Entidades financieras, que, con algunos cambios y parches sigue vigente. Lo
mismo ocurre con la ley de Inversiones Extranjeras que permitía la fuga de
capitales millonaria, una ley que siguió vigente hasta 2012, o la ley de
Privatizaciones, que siguió hasta 2009. Todas estas leyes fueron escritas por
Videla y Martínez de Hoz.
–¿Cuál fue la función de la deuda en
ese dispositivo?
–Su función fue lograr que los
mecanismos económicos y productivos fueran absolutamente dependientes de un
capital extranjero. La otra función fue la fuga constante de capitales hacia el
exterior. Las 500 principales empresas de la Argentina tomaron deuda en dólares
y le avisaron al Estado que no la iban a pagar. El Estado se hizo cargo en un
proceso de tres pasos: seguro de cambio, una deuda consolidada y finalmente la
nacionalización de la
deuda. Así se pudieron enriquecer. Todos esos préstamos en
dólares los terminó pagando el Estado. Se trató de una sumisión del aparato
productivo a los grandes espacios financieros internacionales. La dictadura
comienza con el terror de los cuerpos y la desaparición y finaliza con el
terror de los cuerpos a partir de los cuerpos endeudados. Viene a cerrar un
proceso muy extenso que comienza con la dictadura de Onganía y las primeras
leyes, por ejemplo la ley de Defensa Nacional, que es la primera ley que dice
que para que haya desarrollo económico tiene que haber represión del cuerpo
subversivo que está en contra de la economía. Lo único que hicieron fue cerrar un
esquema y dejar la legislación hacia el futuro para asegurar el poder económico
de las grandes corporaciones financistas de la Argentina.
–Ese poder es, paradójicamente, nacional.
La intervención extranjera parece limitada.
–Las entidades convocadas a discutir
qué leyes había que promulgar son entidades nacionales, grupos financieros
locales. Los militares se encargan de la matanza y la parte empresarial de
legislar hacia futuro y asegurar la continuidad del capital financiero.
–En la Argentina también se da un
sistema de acumulación financiera, una suerte de oligopolio pequeño pero muy
eficaz.
–Hoy hay sólo 63 bancos que manejan 11
millones de sueldos. El mercado de capitales del país, o sea la compra venta de
acciones, está manejado por 185 agentes que manejan un monto de 200 mil
millones al año. Tienen un poder de fuego muy grande porque de hecho alimentan
al Estado de dinero. Los bancos le prestan dinero al Estado y cuando el mismo
Estado saca un bono se lo compra el mercado de capitales. En suma, el mercado
de capitales financia a los Estados y después no quieren que lo regulen. Es muy
difícil regular a quien presta dinero. Por eso vemos esa continuidad: algo que
la dictadura firmó con una matanza y con leyes específicas la democracia no
puede sacárselo de encima. Además, todo ese mercado financiero está
entrelazado. Cuando no pueden hacer una operación acá la hacen en la bolsa de
Tokio. El capital no se siente soberano ni con una nacionalidad. Es
internacional, circula y en ese espacio es muy difícil hacer un control.
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-284219-2015-10-20.html
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