Las cárceles, el feminismo y
la delgada línea del punitivismo
1 de mayo de 2020
¿Realmente la sociedad se da el debate de pensar quiénes
deben acceder al arresto domiciliario y quienes no? ¿Por qué causa más
indignación este planteo que los beneficios y tratos especiales a criminales de
lesa humanidad? ¿Se está cuestionando tras la pandemia la función de las
cárceles, la criminalidad penitenciaria y policial, y la inoperancia del poder
judicial? Las pantallas y las redes estallan de indignación por la supuesta
“liberación masiva de presos” que en realidad, hilando fino, resulta ser muy
selectiva. En general, las cárceles no están ni en la agenda ni en los
discursos políticamente correctos porque, como bien decimos las feministas, lo
que no se nombra no existe, y dentro de la (súper) población carcelaria, las
mujeres y disidencias también son invisibilizadas como en todos los aspectos
sociales. ¿Alguien está hablando de las mujeres con hijos, las embarazadas y
las personas con enfermedades inmunosupresoras en contexto de encierro?
Por Natalia Tangona para ANRed.
Siempre ha sucedido que ciertas noticias
recién demandan atención cuando explotan “del lado de adentro de la Gral. Paz ”. En los
últimos días la situación del penal de Devoto acaparó las pantallas, siendo que
las cárceles del interior comenzaron sus demandas, sus comunicados, sus huelgas
de hambre, desde hace casi un mes. Los internos advirtieron de la presencia de
agentes penitenciarios infectados mucho antes de la confirmación de casos
positivos en Bariloche , Olmos,
Campana y Devoto. Advirtieron de los traslados de internos desde cárceles
ubicadas en zonas de riesgo hacia penales del interior en pueblos donde no se
registraban casos, como Junín. De hecho, el 16 de marzo las mujeres privadas de
la libertad en la cárcel de Batán fueron las primeras en tomar la iniciativa de
solicitar que se suspendieran las visitas por prevención y cuidado teniendo en
cuenta que sus familias viajan horas en transportes masivos para verlas.
En general, las cárceles no están ni en la agenda ni en los
discursos políticamente correctos porque, como bien decimos las feministas, lo
que no se nombra no existe. Y si los muros ya hacen su parte evitándonos poder
ver y los medios tergiversan las voces para no escuchar lo que realmente
deberíamos escuchar, el silencio es el remate final para legitimar la barbarie
en los sótanos del Estado. Barbarie es la palabra que resume a la concepción
del sistema carcelario como centros de hacinamiento, de tortura, violaciones,
infecciones y asesinatos declarados por la versión oficial como “suicidios” o
“enfrentamientos” entre reclusxs, y archivados como “muertes dudosas”.
El punitivismo es una de las cuestiones más
teorizadas y debatidas por los feminismos, en este último tiempo, a partir de
la práctica del escrache a abusadores, golpeadores y femicidas. La delgada
línea del punitivismo serpentea entre los justificativos, los discursos éticos
y el dolor. Lo cierto es que los feminismos no buscamos generar el mismo dolor
al escrachado ni venganza, sino advertir, exigir, gritar, no olvidar, cuidar y
aplicar la condena social en tanto no haya políticas efectivas de prevención y
contención ni justicia. Porque ellos, los pedófilos, los violadores, los
femicidas, en su mayoría, no están presos (la mayor parte de los internos en
las penitenciarias federales cumplen condenas por robo y narcotráfico, sólo el
5% corresponde a delitos sexuales y el 6% a homicidios). Y por eso, en tanto no
haya justicia efectiva, habrá escrache. Muy diferente es entender a la justicia
como el ejercicio de la tortura y el asesinato sistemáticos.
Lo irrefutable es que para los genocidas y para estos hijos sanos
del patriarcado el único lugar posible es la cárcel. Entre éstos
hay un conjunto en común de crímenes cometidos contra mujeres, adolescentes y
niñas. Aún así, muchos criminales de la dictadura cumplen la preventiva en
cárceles vip como la de Campo
de Mayo o gozan de prisión domiciliaria. ¿Acaso hablamos de que deben tener
todos los mismos beneficios por igual?, no. Se deben regularizar las
condiciones sanitarias básicas de las cárceles comunes y allí deben permanecer
todos ellos cumplimentando sus penas y los protocolos de prevención ante la
pandemia, tal como debe asegurarlo un Estado de derecho que respeta las
garantías constitucionales incluso de los que representan las violencias que
combatimos quienes luchamos por los derechos humanos. El beneficio del arresto
domiciliario frente a los riegos de contagio del coronavirus se aplica a
personas con condenas menores o pertenecientes a la población de riesgo, sin
embargo quienes deberían acceder a ello aún se encuentran hacinados en las
cárceles mientras que genocidas, violadores y femicidas ya están en sus
domicilios y, en varios casos, sin previa notificación a las víctimas o sus
familiares. Mientras tanto, presxs políticos, presxs por causas armadas, presxs
por cultivar cannabis para uso medicinal, o por portación de cantidades
insignificantes, por robos menores, con prisiones preventivas por doquier,
están en penitenciarías y comisarías colapsadas frente un inminente contagio masivo
y devastador que, además, puede extenderse más allá de los muros y calabozos.
Dentro de la (súper)población carcelaria, las
mujeres y disidencias también son invisibilizadas como en todos los aspectos
sociales. ¿Alguien está hablando de las mujeres con hijos, las embarazadas y
las personas con enfermedades inmunosupresoras en contexto de encierro?
En el caso de las mujeres privadas de la
libertad la primera causa de detención es el menudeo y transporte de
estupefacientes. El 70% se encuentra en prisión preventiva a la espera del
inicio de un juicio. Capítulo aparte, o un libro entero, merecerían las causas
armadas por el aparato policial y los periplos del horror que padecen quienes
no han hecho absolutamente nada y están presxs.
En Argentina no hay un registro sistematizado
ni actualizado de datos sobre presas por aborto. El Código Penal establece una
pena de 1 a
4 años pero la libre interpretación de jueces y juezas hace que muchos casos se
caratulen como “Homicidio agravado por el vínculo”. Ésto, sumado a la falta de
relevamientos completos, contribuye a la total invisibilización de las mujeres
condenadas por abortar. ¿Cuántas están en prisión a la espera de un juicio
caratulado vaya a saber de qué forma?.
El 8 de abril, el juez de la Cámara de
Casación Penal bonaerense, Víctor Violini , dispuso mediante una resolución el
beneficio del arresto domiciliario a detenidos por delitos leves y en riesgo
sanitario. Según él mismo declaró no lo permite a quienes están presxs por
delitos cometidos con armas, delitos de violencia de género, delitos de abuso
sexual o delitos cometidos con violencia. Sin embargo, la realidad siempre es
bien distinta cuando el poder judicial es deshumanizado y patriarcal.
En un artículo publicado por Página 12, el 18
de marzo, Adriana Meyer resumió claramente estas desigualdades: “La ley 24.660
indica en el artículo 32 que los jueces pueden disponer la prisión domiciliaria
a las mujeres embarazadas y a las que tienen hijes pequeñes a su cargo. Pero el
cumplimiento queda a la arbitrariedad de jueces y juezas. La selectividad del
sistema penal se ve con claridad en estos casos, cuando en gran medida se le
concede con facilidad la domiciliaria a los genocidas, pero a las mujeres
pobres y con hijxs, no. También se pidió que se revisen las causas por
homicidios agravados o intentos de homicidio en los que las mujeres están
detenidas por defenderse de sus parejas.”
La feminización de la pobreza, la criminalización de las mujeres y
disidencias y la justicia patriarcal se complementan y retroalimentan calando
tan hondo que ni en los discursos ni las agendas de los feminismos más
representativos las presas y les preses están presentes. En la última reunión
informativa por videoconferencia de la Comisión de Mujeres y Diversidad con del
Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad ninguna de las asistentes, ni
la ministra siquiera, dijeron una sola palabra sobre la situación de las
encarceladas ante la pandemia de Covid 19, siendo que ya el 20 de abril, las
internas de la Unidad
Penitenciaria n°33 de Los Hornos habían emitido un comunicado
donde expresaron “un penal que no sólo aloja mujeres sino también a sus hijos
hasta los cuatro años de edad; a adultas mayores; con VIH; con enfermedades
respiratorias (…)
Pedimos ser contempladas en el Plan de Emergencia Sanitaria y que
las malas condiciones en nuestra situación de encierro sean tenidas en cuenta
en el contexto actual de pandemia por COVID 19. La cárcel no está preparada
para atendernos si nos enfermamos y los efectos serían devastadores (..)
Vinimos a pagar una condena, no a morir en una cárcel.” Además, el pasado 24 de
abril, las mujeres privadas de la libertad en la Unidad Penitenciaria
n°3 del Borbollón, en Mendoza, fueron reprimidas por el grupo masculino de
choque del Complejo Boulogne Sur Mer con golpizas y disparos, tras iniciar un
reclamo sonoro ante una nueva negativa de parte de las autoridades a sus notas
solicitando garantías de higiene y celulares para comunicarse con sus hijes
(beneficios que sí se habían otorgado en el Complejo de varones).
Por su parte, el Ministerio de Justicia,
Seguridad y Derechos Humanos elaboró recomendaciones irrisorias al Servicio
Penitenciario Federal, como si el actual estado de las prisiones cumpliera con
los mínimos requisitos de sanidad y como si la idiosincrasia del personal
carcelario guardara algo de respeto por la dignidad humana cuando se trata de
presxs comunes y pobres. A nadie se le ocurre considerar la formación de
género.
En las últimas horas, cinco de los seis
módulos del Complejo IV de Mujeres de Ezeiza comenzaron una protesta pacífica
exigiendo el cumplimiento del protocolo de salud y que se tomen medidas para
descomprimir la
superpoblación. Las internas del Centro de Rehabilitación de
Drogadependientes (CRD) denuncian que se relizan requisas excesivas (30
requisas para 11 mujeres, obligándolas a quitarse la ropa y tocándolas a todas
con los mismos guantes) y el recrudecimiento de la falta de insumos sanitarios
como guantes, barbijos y botas para las encargadas de la limpieza de los
pabellones.
En lo que va de la cuarentena se contabilizan
oficialmente los asesinatos de José Candía, en Corrientes, y Federico Rey, en
Florencio Varela, ambos a balazos, por parte del SPF. Se sospecha de otras dos
posibles muertes más en Devoto. Y en la Unidad 40 de Lomas de Zamora, Magalí
Saraco, de 27 años, fue hallada ahorcada en una celda de castigo, estando a
días de recuperar la libertad y
reencontrarse con sus hijes. También hubo “suicidios” en San Luis: Florencia Magalí Morales, de 39 años, en la
comisaría 25ª de Santa Rosa de Conlara y un chico de 16 años en la Comisaría de
Atención a la Niñez, Adolescencia y Familia, de Villa Mercedes.
¿Realmente la sociedad se da el debate
de pensar quiénes deben acceder al arresto domiciliario y quienes no? ¿Por qué
causa más indignación este planteo que los beneficios y tratos especiales a
criminales de lesa humanidad? ¿Se está cuestionando tras la pandemia la función
de las cárceles, la criminalidad penitenciaria y policial, y la inoperancia del
poder judicial?
Mientras las
pantallas y las redes estallan de indignación por la supuesta “liberación
masiva de presos” que en realidad, hilando fino, resulta ser muy selectiva,
Miguel Ángel Pierri es designado
como colaborador de Sergio Berni, en el Ministerio de Seguridad Bonaerense.
Pierri fue el abogado defensor del femicida de Ángeles Rawson, Jorge Mangieri;
participó de la defensa del padre Julio Grassi e incluso estuvo detenido por
encubrimiento en esta causa. Al parecer, el Estado está muy lejos aún de
discusiones y acciones estructurales en torno a las cárceles y la perspectiva
de género, demasiado distante de las representaciones no sesgadas y por demás
enviciado con la misma doble vara de la justicia patriarcal, de la cual no se
eximen legisladores y mandatarixs escudadxs en el discurso de la división de
poderes.
“Del otro lado de
la reja está la realidad, de este lado de la reja también está la realidad”,
pero lo que no puede ni quiere verse, ni escucharse, ni pensarse, no puede ser
puesto en palabras. En nuestros feminismos tan llenos de voces desapresadas y
no olvidadas habrá que escuchar con los ojos y observar las voces a través de
los muros donde “la
libertad es real aunque no se sabe bien si pertenece al mundo de los vivos, al
mundo de los muertos, al mundo de las fantasías o al mundo de la vigilia” Después
de todo, si hay algo que nosotres sabemos muy bien es que “la
única irreal es la reja.”*
*Fragmentos de Paco Urondo.
Fuente: https://www.anred.org/2020/05/01/las-carceles-el-feminismo-y-la-delgada-linea-del-punitivismo
Observemos que el capitalismo hoy
completamente mundializado no sólo expropia bienes comunes y derechos a una
creciente mayoría sino también llena sus cárceles de esos desposeídos. Cárceles
bajo estado de excepción desde décadas y aisladas, aceptadas por nosotres, les
diverses de abajo sin fronteras.
Voces de Guayaquil, epicentro de la
pandemia en Ecuador (XIII)
«Es más fácil presentar
a los
encarcelados como
desadaptados a los que
temer,
que como personas con
necesidades»
5 de mayo de 2020
Por Silvia Arana (Rebelión)
En la décima tercera entrega de la serie, la
docente de cine que imparte talleres en dos cárceles de Guayaquil, Priscilla
Aguirre, se refiere a la situación de las personas privadas de libertad durante
la pandemia.
Advierte de que incluso si se implementara la necesaria
liberación por razones humanitarias de los presos poco peligrosos, pero al
mismo tiempo se continuara enviando a la cárcel a otras personas (por incumplir
la cuarentena, por ejemplo) no se estaría modificando sustancialmente la
situación de hacinamiento y, por ende, de extremo peligro a contagio del
coronavirus dentro de las cárceles.
Entrevista a Priscilla Aguirre, docente de
cine y documentalista. Imparte (en tiempos normales) talleres de cine y
fotografía en dos cárceles de Guayaquil.
¿Podría hablarnos de su trabajo como
educadora en centros de detención de Guayaquil?
Llevo trabajando desde marzo de 2018 con el
Centro de Privación de Libertad Femenino de Guayaquil y desde agosto de 2019
con el Centro de Adolescentes Infractores Varones de Guayaquil. En ambos
centros imparto dos talleres de cine documental y fotografía. Es por este
motivo que he desarrollado un profundo interés por la situación de las personas
privadas de libertad y sus familias. Me une una gran amistad y un gran cariño
con todos/as mis estudiantes en ambos centros y por eso me preocupa la
situación de las cárceles en el país.
¿De qué rango de edad son las mujeres
que asisten a los talleres?
Mis estudiantes en la cárcel de mujeres tienen
entre 21 y 56 años.
¿Y los adolescentes estaban por
microtráfico de droga o por varias razones?
Los adolescentes casi todos eran por sicariato
tristemente.
Según las autoridades penitenciarias
hubo “motines” de presos el 20 de marzo en Lago Agrio-Sucumbíos, el 22 de
marzo en Ibarra y el 19 de abril de 2020 en Ambato. Dado que ni familiares ni
abogados pueden ingresar a las cárceles por la emergencia sanitaria y el estado
de excepción, ¿alguien ha podido corroborar las causas de las protestas de los
presos?
Yo en verdad no tengo datos concretos sobre
esos motines, lo que sí podría decir al respecto es que desde que desapareció
el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, institución que regía
antes las cárceles del país, varios acontecimientos de este tipo empezaron a
suscitarse que iban encaminados a exigir mejoras en la calidad de vida de las
personas privadas de libertad dentro de los centros.
Muchas cosas cambiaron con la eliminación de
este ministerio. Muchos presupuestos se redujeron para este sector de atención
prioritaria, y las consecuencias se vieron en la serie de actos violentos que
ocurrieron durante el año pasado en varias cárceles del país. Esto no sé si
recuerdan, desencadenó que se instaure un estado de excepción en todo el
sistema de rehabilitación social, medida que trajo muchas consecuencias. Podría
suponer que estos motines están relacionados a pedidos parecidos a los de aquel
entonces. Muchas personas privadas de libertad están solicitando más protocolos
preventivos para los guías penitenciarios y el personal que entrega las
comidas, que entra y sale a diario de los centros. También tengo entendido que
les preocupa con justa razón el hacinamiento en este contexto. Entonces uno de
los motivos que podría haber detrás de los descontentos de la población
penitenciaria es la atención que desean que se establezca:
1) Que no se llenen las cárceles de personas
que sean apresadas por no cumplir las reglas del confinamiento, 2) Que liberen
a las personas sin sentencia o con penas leves, 3) Que se creen espacios
adecuados de aislamiento para posibles contagiados.
En resumen, no desean contagiarse ni morir de
esa forma, pues conocen que acceder a medicina y atención médica de calidad en
ese contexto, es sumamente complejo.
¿Nos
podría comentar sobre las cárceles de mujeres en Guayaquil? ¿Cómo era la
situación previa al coronavirus? ¿Y actualmente?
La cárcel de mujeres de Guayaquil suele
albergar entre 800 y 900 mujeres, casi el doble de su capacidad. En ella
existen mujeres con todo tipo de casos y sentencias que conviven en cinco áreas
de pabellones. En su día a día se ofrecían dentro del centro penitenciario
clases de educación primaria, secundaria e institutos tecnológicos. A su vez
existían cursos de manualidades, deportes, música, cine, fotografía, teatro y
sesiones de diferentes iglesias que trabajaban en el centro también. En estos
espacios las chicas podían aprender cosas nuevas y entretenerse. A partir del
coronavirus, toda actividad se vio interrumpida, así como el ingreso de
visitas. Las últimas visitas permitidas en este centro fueron la primera semana
de marzo. Es decir, hoy se siente el
encierro mucho más porque una cosa es no poder salir de tu casa y estar con tu
familia, y otra es no poder salir de tu celda o pabellón y tener la angustia de
no entender bien lo que ocurre afuera. Tengo entendido que el personal
administrativo de este centro tampoco está asistiendo a realizar trabajo
presencial, por tanto hay muchas dudas de las privadas de libertad sobre la
situación que les depara en todo sentido, y sobre todo en torno a los casos de
personas que tienen ya sentencias cumplidas y no pueden salir porque no se les
da trámite a sus casos y demás.
Según información proporcionada por la madre
de una de mis alumnas privadas de libertad, en los inicios de la pandemia, se
permitió el ingreso de medicinas que los familiares podían llevarles, pero
ahora eso también está restringido. Varias de ellas han estado con gripes y
otro tipo de dolores, y el acceso a atención médica dentro del centro está
también complicado por el contexto. Sin embargo, también por testimonio de
familiares de privadas de libertad, se que se considera de cierto modo la
privación de la libertad como algo «ventajoso» en estos momentos debido a que
al menos en esa situación las personas tienen las tres comidas diarias
aseguradas, en contraste con muchos ecuatorianos de a pie que se encuentran
luchando por conseguir cómo alimentarse una vez al día.
¿El SNAI ha tomado medidas de prevención
adecuadas contra el contagio de COVID-19?
Sí, tengo entendido que se han proporcionado
mascarillas y guantes al personal de guías penitenciarios, sin embargo he
estado leyendo en la prensa, reportajes donde indican que no existen
suficientes implementos de bioseguridad como en muchos sectores del país.
Adicional a esto, las personas privadas de libertad se organizan en brigadas
por pabellones para limpiar y desinfectar sus áreas comunes. También se han
extendido los turnos de los guías para que duren 24 horas y así tengan que
salir y entrar con menos frecuencia. Sin embargo ya se ha registrado un muerto
privado de libertad por COVID-19 en el CDP (Centro de Detención Provisional)
del Inca, en Quito. A su vez el
director del SNAI Edmundo Moncayo, ha indicado que (hasta el 17 de abril) solo
había dos casos de guías penitenciarios con COVID-19 positivo. Es decir, se
vuelve evidente que los guías penitenciarios que deben entrar y salir para
cambios de turno, constituyen los principales agentes de riesgo para el
contagio del COVID-19 en las cárceles, lamentablemente.
¿Tiene conocimiento de que haya ocurrido
una protesta en alguna cárcel de mujeres?
No tengo conocimiento sobre esto. Lo que sé es
que en la cárcel de mujeres de Guayaquil el ambiente se ha mantenido pacífico.
Este centro de mujeres es muy pacífico en general. En él aún no se detectan
casos de contagio y espero de corazón que así se mantenga. A ellas lo que les
preocupa sobremanera es que no vaya a entrar el virus a través del personal que
ingresa a diario, sus familiares en el exterior y que las personas sin
sentencias ejecutoriadas o con sentencias cumplidas, no puedan tener el debido
proceso en sus trámites.
Debido a la pandemia
de COVID-19, diversos países (incluido EE.UU., el país con mayor población
carcelaria por habitante del mundo) han dejado en libertad en el último mes a
miles de personas que habían sido detenidas por delitos menores o próximas a
cumplir su condena -siguiendo el pedido humanitario de la ONU de liberar a los
presos poco peligrosos. ¿Qué está sucediendo en Ecuador con los detenidos por
causas menores entre la población carcelaria de 40.000 personas?
En Ecuador se habló desde hace varias
semanas sobre este asunto. La información que tengo sobre el tema es la que
circula por la prensa y que indica que el Servicio Nacional de Atención
Integral a Privados de la Libertad (SNAI) para precautelar la salud de la
comunidad penitenciaria incrementó el envío de pedidos de prelibertad a los
jueces, quienes despachan estas solicitudes desde las unidades de
flagrancia a escala nacional. Según la entidad, solo en marzo se enviaron 700
solicitudes para que los juzgados los aprueben. Un mes antes se remitieron 279
expedientes. Por ende, en teoría se están haciendo esfuerzos para agilizar este
proceso…Lo que habría que pensar en este caso, es listo, gente sale con
prelibertad porque cumplen el 60% de sus sentencias. Pero ¿qué cantidad de
gente está ingresando al mismo tiempo a las cárceles? ¿Han disminuido los
crímenes y detenciones en este contexto? Pues si la respuesta es negativa
(es decir, si continúan deteniendo gente como antes), da un poco lo mismo todo
esto.
Una persona privada de la libertad (PPL)
de la cárcel de El Inca -donde los presos realizan una huelga de hambre y una
protesta en demanda de protección sanitaria (recordemos que el viernes 17 de abril falleció
un preso de esa prisión), dijo que los reportes
policiales de motines eran exageraciones. Que los presos entienden la medida de
aislamiento, que solo demandan protección para no morir contagiados. ¿Cómo ve
la situación?
No tengo mucho conocimiento sobre este caso y
no me gustaría decir que es una exageración o no. Lo que sí sé, por el
conocimiento que tengo del sistema penitenciario local, es que por lo general
intenta ser mostrado por el lado fácil. Es decir, es más fácil presentar a los
privados de libertad como desadaptados a los que hay que temer, en vez de seres
humanos con las mismas necesidades de quienes estamos afuera.
Independiente de lo que cada uno de ellos haya
cometido, dentro de las cárceles habitan seres humanos. Todos tienen familias,
seres queridos y merecen dignidad en su contexto de encierro. Si esto no se
cumple, y se sienten amenazados por el miedo al contagio, es probable que
puedan desatarse amotinamientos. Esto lo haría cualquier ser humano que se
siente olvidado, rechazado y en peligro.
«Voces de Guayaquil,
epicentro de la pandemia en Ecuador» consiste en una serie de entrevistas a
residentes días posteriores a que su ciudad estuvo en la primera plana de los
noticieros internacionales por los muertos sin sepultura y sus familiares
clamando por
ayuda a un Estado aparentemente inexistente. Trabajadores, artistas,
estudiantes, docentes comparten sus vivencias desde la ciudad que es el centro
económico y financiero del país y que paradójicamente también es la ciudad con
mayor concentración de pobreza. Se estima que un 17% de los 2.700.000
habitantes de la urbe viven en condiciones de pobreza. Recostada sobre las
aguas terrosas del río Guayas, con un clima muy cálido y húmedo que no hace
mella en la actividad intensa y el carácter hospitalario y amable de sus habitantes,
Guayaquil tiene la mayor densidad de población del país y el sistema de
transporte público con más usuarios. Estos elementos junto a las profundas
deficiencias del sistema de salud pública nacional cuyo presupuesto fue
reducido un 36% en el último año y la desorganización del gobierno municipal
son factores que ayudarían a explicar por qué la ciudad concentra el 70% de los
casos de COVID-19 en Ecuador y la mayor cantidad de contagios per cápita en
toda América Latina.
Libertad Gills coordinó la
realización de todas las entrevistas de esta serie.
Enlaces a las entrevistas previas de la serie:
https://rebelion.org/unas-3-000-familias-no-tienen-acceso-a-atencion-medica-para-el-covid-19-ni-para-cualquier-otra-enfermedad-en-este-sector-del-guasmo-sur/
Fuente: https://rebelion.org/es-mas-facil-presentar-a-los-privados-de-libertad-como-desadaptados-a-los-que-hay-que-temer-en-
Fuente: https://rebelion.org/es-mas-facil-presentar-a-los-privados-de-libertad-como-desadaptados-a-los-que-hay-que-temer-en-
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