Las directivas de la represión
14 de octubre de 2012
La dictadura de
Lanusse decidió en 1971 atacar a la subversión “en las bases de su accionar”.
Así quedó documentado en papeles desclasificados e incorporados al juicio por
los fusilamientos en la
Base Almirante Zar , en el que mañana se dictará sentencia.
Por Victoria Ginzberg
El 14 de junio de
1971, la Junta de Comandantes en Jefe emitió la directiva “para el pasaje a la
ofensiva en la lucha contra la subversión”. Allí se señalaba que “el PEN ha
resuelto atacar la subversión en las bases de su accionar, mediante la
incentivación de medidas concretas en todos los campos del quehacer nacional y,
en particular, con la intervención del poder militar. El documento, caratulado
como “secreto”, fue desclasificado por el Ministerio de Defensa y aportado por
la Unidad de
Coordinación y
Seguimiento de las causas vinculadas con el terrorismo de Estado de la
Procuración a la investigación por la Masacre de Trelew junto con muchos otros
papeles similares de la Armada, elaborados en los primeros años de la década
del ’70. Este material sirve para enmarcar los fusilamientos de los presos en la Base Almirante Zar
del 22 de agosto de 1972 en un contexto de persecución política general e interpretar
el crimen no como un hecho aislado y descolocado, sino como una consecuencia
lógica de decisiones que se tomaron en el más alto nivel del Estado. Además, da
cuenta del proceso mediante el cual las Fuerzas Armadas fueron perfeccionando
su participación y adecuando sus estructuras para la represión del “enemigo
interno”.
En junio de 1970
una junta militar desplaza al dictador Juan Carlos Onganía y nombra a Roberto
Livingston, que en ese momento era agregado militar en la Embajada argentina en
los Estados Unidos. Esta presidencia de facto dura menos de un año. A fines de
marzo de 1971 asume el poder el comandante en jefe del Ejército Alejandro
Agustín Lanusse. Es en medio de estos cambios que se producen algunos de los
documentos secretos que estaban en manos de la Marina y que fueron agregados al
juicio por la Masacre de Trelew.
El 7 de agosto de
1970, el director general de Seguridad del Conase (Comisión Nacional de
Seguridad), el coronel Pérez Velázquez, juntó a representantes del Ejército, la Fuerza Aérea , la
Prefectura y la Armada para tratar un asunto por pedido del “presidente”: “la
forma en que las Fuerzas Armadas podrían presentar apoyo a las fuerzas
policiales en la lucha contra la subversión”. A fines de septiembre, como
consecuencia de aquel diálogo, se conforma en el ámbito del Ministerio de
Interior la
“Comisión Coordinadora para el Apoyo de las Fuerzas Armadas y
de Seguridad a las Fuerzas Policiales”, que luego fue rebautizada como
“Comisión Coordinadora para la Acción de las Fuerzas Policiales de la Nación”.
En uno de los
papeles, la Armada analiza el funcionamiento de ese organismo y señala que “la
lucha contra la subversión se librará en dos campos: el de las causas y el de
los efectos. En el campo de los efectos, y con el fin de “neutralizarlos”,
determina que se procederá a:
- “Mantener la
integridad del patrimonio nacional y privado.”
- “Garantizar el
estricto mantenimiento del orden y la paz interior.”
- “Individualizar y
destruir la estructura subversiva.”
“Se reprimirá todo
acto subversivo –define– inicialmente mediante el empleo de las fuerzas de
Policía y de Seguridad y cuando éstas sean sobrepasadas o bien cuando la
magnitud presumible de dichos actos lo imponga, con el empleo de las Fuerzas
Armadas en la represión (...) se utilizarán todos los medios
y recursos aptos que la Nación dispone, incluso el uso violento del poder
militar, para mantener o reimplantar la paz interior.”
En la carpeta que
trata sobre “el pasaje a la ofensiva en la lucha contra la subversión”, del 14 de
junio de 1971, se afirma que existe una “falta de rapidez y severidad de la
Justicia en el régimen procesal y penal, sobre todo en lo que hace al
juzgamiento de delitos económicos y subversivos” y que eso “ha afectado el
accionar de las Fuerzas de Seguridad y en alguna medida la cohesión de las
Fuerzas Armadas” y que por lo tanto, el “PEN ha resuelto atacar la subversión
en las bases de su accionar, mediante la incentivación de medidas concretas en
todos los campos del quehacer nacional y en particular, con la intervención del
poder militar”. También en junio de ese año empieza a funcionar la Cámara Federal en
lo Penal, conocida como Camarón, un tribunal especial que entendía en los casos
que involucraban a presos políticos en todo el país. “Hubo dos años y medio de
planificación antes de la Masacre de Trelew. No fue un hecho aislado que se le
ocurrió a (el capitán Luis Emilio) Sosa. Se produce en un contexto en el que el
Estado viene preparando y adecuando su estructura represiva para luchar contra la subversión. Es una
estructura inicialmente no clandestina que en algún momento empieza a cometer
actos ilegales”, señala Alberto Saavedra, antropólogo e investigador de la Unidad Fiscal de
Coordinación y Seguimiento de las causas vinculadas al terrorismo de Estado.
Saavedra define que a partir del Cordobazo (29 de mayo de 1969) es que desde
los más altos niveles del Estado “se genera la necesidad de readecuar las
estructuras represivas en base a la lucha interna” y se define como misión
prioritaria la individualización y destrucción de la “subversión”, con
creciente intervención de las Fuerzas Armadas en esa tarea.
En diciembre de
1970, según un informe de inteligencia secreto que tiene el membrete del
Ministerio del Interior, “el enemigo” estaba “constituido principalmente por el
comunismo revolucionario, grupos religiosos tercermundistas, sectores del
peronismo ortodoxo y otras corrientes izquierdistas” y buscaba “la captación de
los sectores estudiantiles y gremiales para una acción subversiva que se manifiesta
en importantes zonas pobladas del interior del país, preferentemente”.
Prioridad I
Algunos de los
documentos reflejan el involucramiento que en ese proceso de profundización de
la represión interna tuvo la Armada, la fuerza que ejecutó los fusilamientos de
los presos políticos que habían escapado de la cárcel de Rawson pero que no
consiguieron subirse al avión que debía sacarlos del país.
Un papel fechado en
Puerto Belgrano el 16 de septiembre de 1971, dirigido al “señor director
general del personal naval” y firmado por Raúl Francos, vicealmirante,
comandante, y caratulado como “secreto”, revela que:
- “El 14 de junio
del corriente año, luego de un análisis de la situación insurreccional que
conmueve al país, la Junta de Comandantes en jefe emite la Directiva N 2/71 para
el pasaje a la ofensiva en la lucha contra la subversión.”
- “Como
consecuencia de ello, por orden del señor comandante en jefe de la Armada,
emití la Operación
Martillo , que sustenta su eficacia en la capacidad de
obtención de Inteligencia del enemigo.”
- “Por la
mencionada operación, se modifican las prioridades en el Adiestramiento de toda
la Armada, pasando la
prioridad I la concerniente a satisfacer la Hipótesis de
Guerra. Marco Interno.”
- “Por esta circunstancia y no existiendo indicios que permitan suponer un cambio sustancial de la situación, solicito se prevea para los próximos pases generales de personal superior que todos aquellos capacitados en Inteligencia sean asignados a esta tarea, con la sola excepción de los que deben cumplir con requisitos impostergables de comando, embarco o escuela.”
Ataques
Los documentos
aportados ante el tribunal que debe fallar sobre los fusilamientos de 1972 son
material de debate histórico y a la vez prueba judicial. Los jueces que se decidirán
sobre la suerte de cinco represores acusados por 16 asesinatos y tres intentos
de asesinato deberán expedirse acerca de si estos hechos constituyen o no
crímenes contra la
humanidad. En ese sentido, Pablo Parenti, que dirige la Unidad Fiscal de
Coordinación y Seguimiento de los expedientes relacionados con la represión
ilegal junto a Jorge Auat recuerda que un delito de lesa humanidad es una
acción cometida como parte de “un ataque generalizado o sistemático contra la
población civil” y que a la luz de las pruebas reunidas se puede pensar que la
Masacre de Trelew se perpetró cuando ese ataque estaba empezando.
Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-205559-2012-10-14.html
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