Argentina.- Ser gobierno, Ser poder:
Dilemas frente al triunfo de Macri
Por Javier Castellanos y
Pilar Ramos. Congreso de los Pueblos/Trochando Fronteras/ Resumen Latinoamericano /
27 de Nov. 2015.-
En Argentina se definió la segunda vuelta de las
elecciones presidenciales a favor del candidato de derecha Mauricio Macri. El
fin del ciclo Kirchnerista y el inicio del gobierno de “Cambiemos”, tendrá
repercusiones geopolíticas no solo para los argentinos sino para Colombia y el
conjunto del continente y, a la vez, representa un desafío político para los
movimientos populares, obligándonos a discutir y definir posiciones y acciones
frente a la apuesta táctica de ser gobierno y el objetivo estratégico de ser
poder. El debate está abierto.
El nuevo ascenso de la derecha
latinoamericana y la profundización del modelo neoliberal y represivo(…)
Lecciones para el movimiento popular
Las políticas de colaboración entre los gobiernos y
sectores económicos poderosos de Argentina y Colombia, incluso dentro del
período Kirchner, en materia de seguridad y modelo económico agroindustrial no
son un secreto. Sin duda dicha colaboración, con la llegada de Macri, se
profundizará en función de los intereses de acumulación de capital. Los
actuales gobiernos y el empresariado de las dos naciones venían realizando
acuerdos políticos y económicos (Juan Manuel Santos ya cuenta con el poderoso
empresario Sojero Gustavo
Grobocopatel como asesor de cabecera pensando en el plan de expansión
agroindustrial para el escenario tras el proceso de paz). Pero además de la
cooperación gubernamental, es clave resaltar que Uribe visitaba frecuentemente
a Macri con la finalidad de exportar su política para “enfrentar” al
narcotráfico y al “castrochavismo” en clara alianza política que ahora se
cimenta sobre bases firmes con el triunfo de la derecha en Argentina.
Comprobemos cuál es la función principal de la democracia tutelada y de la integración sudamericana en:
"Las políticas de colaboración entre los gobiernos y sectores económicos poderosos de Argentina y Colombia, incluso dentro del período Kirchner, en materia de seguridad y modelo económico agroindustrial no son un secreto. Sin duda dicha colaboración, con la llegada de Macri, se profundizará en función de los intereses de acumulación de capital. Los actuales gobiernos y el empresariado de las dos naciones venían realizando acuerdos políticos y económicos (Juan Manuel Santos ya cuenta con el poderoso empresario Sojero Gustavo Grobocopatel como asesor de cabecera pensando en el plan de expansión agroindustrial para el escenario tras el proceso de paz)".
La alianza de gobiernos con los poderes locales e imperialistas se da contra:
Reforma
agraria y agua
Colombia:
Declaración Política Cumbre
Agraria Campesina, Étnica y Popular
18 Marzo 2014
“Sembrando dignidad, labrando esperanza y cosechando país”
Por convocatoria de la Mesa de Interlocución Agraria - MIA, la Marcha
Patriótica, el Coordinador Nacional Agrario - CNA, el Congreso de los Pueblos,
el Proceso de Comunidades Negras - PCN, la Mesa de Unidad Agraria - MUA, la
Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia - COMOSOC, la
Organización Nacional Indígena de Colombia - ONIC, el Movimiento por la
Constituyente Popular - MCP, Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria,
FENSUAGRO, Asociación nacional de Zonas de Reserva Campesina – ANZORC y
Asociación Campesina Popular- se realizó en la ciudad de Bogotá, del 15 al 17 de
marzo, la Cumbre Agraria: campesina, étnica y popular. La Cumbre reunió a 30 mil
personas provenientes de todas las regiones del país.
· La
Cumbre es un proceso que ha venido construyéndose a partir de los paros agrarios
e indígenas del 2013, movilizaciones que cobraron la vida de 19 compañeros,
otros 600 resultaron heridos y decenas fueron detenidos y encarcelados. El
gobierno nacional se sentó a concertar una serie de pliegos y acuerdos en mesas
de interlocución y negociación. La Cumbre nace porque después de esta “rebelión
de las ruanas, los ponchos y bastones” que suscitó el más amplio respaldo
nacional e internacional, el presidente Santos convocó a un Pacto Agrario con
las élites agroindustriales y gremiales del campo, excluyendo con esto al
movimiento agrario de las definiciones y medidas a adoptar en materia de
política agraria nacional.
· La
Cumbre realizó un balance del incumplimiento del gobierno nacional ante los
compromisos adquiridos, los pliegos y acuerdos firmados; avanzó en el proceso de
unidad del movimiento agrario en Colombia y desde éste; definió una ruta
unificada de la movilización y mecanismos para una negociación articulada y
unitaria. La Cumbre definió los caminos para enfrentar conjuntamente las
nefastas políticas neoliberales aplicadas por los gobiernos de turno y a sembrar
dignidad, labrar esperanza y cosechar un nuevo país desde las iniciativas de las
organizaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes.
· La
Cumbre considera que mediante un ejercicio de soberanía, debemos ser los pueblos
y las comunidades quienes ordenemos el territorio, definamos sus usos y las
distintas maneras de habitarlo. Este ordenamiento territorial popular debe
armonizar la conservación del medio ambiente con el aprovechamiento que de él
hagan, las comunidades agrarias para su pervivencia.
Nuestras propuestas territoriales exigen el respeto de las figuras colectivas de
gobierno propio y la defensa de los territorios de las comunidades campesinas,
indígenas y afrocolombianas.
La reforma agraria integral sigue siendo para nosotros la solución estructural
para los problemas de acceso a la tierra, formalización de la propiedad y
desarrollo rural, con inversión social y políticas públicas.
En este propósito es preciso detener el modelo extractivista que concentra la
propiedad de la tierra, la entrega a empresas multinacionales, acaba con la
economía campesina y destruye la vida.
La Cumbre propone un modelo económico que garantice la pervivencia de los
pueblos a través del fortalecimiento de las economías campesinas, indígena,
afrodescendientes y de los sectores populares. La autonomía territorial es un
factor determinante en la construcción de una política económica y de producción
de alimentos soberana. Para tal fin se debe derogar la normatividad que permite
el monopolio transnacional sobre las semillas y el conocimiento ancestral.
El acceso a la riqueza minero-energética conlleva al respeto por los bienes de
la madre tierra, su explotación debe ser una decisión consultada a las
comunidades y desarrollada como ejercicio de soberanía nacional.
El plantearnos una alternativa a los cultivos de coca, amapola y marihuana, nos
llama a rechazar el prohibicionismo que admite tratamientos represivos, las
fumigaciones indiscriminadas, la erradicación forzada y el encarcelamiento de
los cultivadores como solución. Entendemos el reconocimiento de su uso
tradicional, ancestral y los usos alternativos. Proponemos programas de
sustitución autónoma, gradual y concertada, el impulso a los cultivos
alternativos con garantías de comercialización.
Para el pueblo colombiano es imperativo conocer la verdad, complementarla con
mecanismos de justicia y reparación; la memoria histórica es un aporte
importante para avanzar hacia la no repetición.
Las garantías políticas incluyen la no criminalización y judicialización de la
protesta social, el desmonte del fuero penal militar. Se debe permitir la
participación amplia, efectiva y con carácter decisorio en las instancias de
planeación y definición de la políticas de producción agropecuaria y de
desarrollo rural, teniendo en cuenta las propuestas construidas por las
comunidades de manera autónoma.
Los pueblos tenemos derecho a la vida digna y a que se nos garanticen las
condiciones materiales necesarias. Se debe apropiar un presupuesto especial para
garantizar la financiación de las iniciativas territoriales, con mecanismos
autónomos de ejecución.
El Estado debe reconocer que muchas de las problemáticas que viven las ciudades
son una consecuencia de la aplicación de modelos económicos y de despojo en el
sector rural.
El impulso a las economías agrarias y populares tiene un soporte importante en
el apoyo que reciba de los grandes centros poblados, es necesario adelantar
pactos entre las grandes capitales y los municipios que le aportan los alimentos
de la canasta familiar.
La solución política al conflicto social y armado sigue siendo un anhelo de la
sociedad en la búsqueda de la paz con justicia social, por esa razón es
fundamental y urgente, que se inicie un proceso de diálogo con las insurgencias
del ELN y el EPL. Respaldamos los diálogos de La Habana entre el gobierno y las
FARC. Resaltamos el papel que debemos jugar las organizaciones y procesos como
movimiento social con voz propia. Los diálogos regionales son una herramienta
importante para avanzar en la construcción de la agenda social y política por la
paz. La Cumbre Agraria asume el impulso a un gran movimiento social que trabaje
por la paz como condiciones de vida y exija garantías para la participación de
la sociedad.
La Cumbre Agraria logró, por primera vez en la historia de los movimientos
sociales del país, construir un pliego unitario de las organizaciones
campesinas, indígenas y afrocolombianas. El
pliego unitario representa las exigencias políticas, económicas, sociales,
ambientales, culturales y territoriales de comunidades históricamente marginadas
y excluidas, es un llamado de atención al gobierno nacional sobre la urgencia de
atender estructuralmente a un mundo rural que reclama ser sujeto de derechos. La
Cumbre propone también una mesa única de negociación, un escenario que permita
cualificar el nivel de interlocución, evitar la dilación y dispersión
gubernamental y lograr acuerdos ejecutables en el corto y mediano plazo. La
unidad alcanzada hoy es también la unidad de acción, contamos ahora con una ruta
de movilización social que haga exigibles y alcanzables los derechos negados. La
Cumbre y sus propuestas son una apuesta definitiva por el logro de la paz. Una
paz, que para ser estable y duradera requiere de ser construida desde abajo, con
nosotros y nosotras, una paz socialmente incluyente, basada en la verdad, la
justicia, la efectiva participación política y la vigencia plena de los derechos
humanos en los campos de Colombia.
La Cumbre es parte transitoria de un proceso constituyente caminado de la mano
de la Minga indígena, los congresos de los pueblos, consejos territoriales del
pueblo, los procesos constituyentes por la paz con justicia social, los
mecanismos de participación directa y la autonomía que a diario ejercen las
comunidades del campo y la ciudad que reclaman ser reconocidas. El acuerdo
político y social que edifique la paz deberá ser la parte culminante de este
proceso constituyente. La posibilidad de un proceso de asamblea nacional
constituyente está en el horizonte de reflexión de la sociedad colombiana en su
conjunto. Estamos construyendo una ruta propia desde el movimiento popular para
llegar a este momento. El camino hacia la paz, requiere, mientras tanto, de un
decidido y vigoroso movimiento social por la paz, al cual convocamos a todos los
sectores políticos y sociales del país. La paz incluyente no se construye con
“acuerdos de élites y corbatas” que desconocen a los de poncho, a los de ruana,
a los de azadón y machete, a los sujetos políticos y sociales del campo y sus
propuestas.
Ante el reiterado incumplimiento del gobierno nacional frente a la palabra y los
compromisos adquiridos para levantar el paro agrario del año pasado, la decisión
de la Cumbre Agraria: Campesina, Étnica y Popular es la de volver al paro
nacional agrario, cuya hora cero dependerá de la respuesta gubernamental. La
Cumbre extiende un plazo al gobierno hasta la primera semana de mayo. A partir
de este momento la Cumbre bajará a los resguardos indígenas y a las veredas de
los territorios afros y campesinos, a las barriadas y organizaciones sociales de
las ciudades, a los sindicatos, a organizar los comités de paro y a convocar a
todos los sectores sociales y populares en conflicto para acordar una dinámica
coordinada en perspectiva de bloque popular.
Las propuestas del gobierno no son soluciones.
El Pacto Agrario es una repartija más de recursos públicos con fines
clientelares y electoreros. El gobierno nacional tiene la oportunidad histórica
de solucionar la crisis estructural del campo a partir de nuestras propuestas
recogidas en el pliego unitario, creemos en el diálogo social como la ruta para
alcanzar la justicia social y la anhelada paz estable y duradera para Colombia.
Nuestras propuestas están sobre la mesa, le queda la responsabilidad histórica
al gobierno de atenderlas.
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